Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04482-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04482-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04482-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de septiembre de 2022
Demandante: Sandra Liliana Vanegas Ángel
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04482-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04482-00
Demandante: SANDRA LILIANA VANEGAS ÁNGEL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Temas: Declara improcedente – Relevancia constitucional – Sanción
moratoria por pago tardío de cesantías.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por la señora
Sandra Liliana Vanegas Ángel contra el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A que mediante providencia del 3 de febrero de 2022 confirmó el fallo
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 17 de agosto de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Sandra Liliana
Vanegas Ángel, actuando mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia.
2. La accionante consideró violadas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia proferida el 3 de febrero de 2022 por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Mediante esta providencia se confirmó la
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Demandante: Sandra Liliana Vanegas Ángel
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
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decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E que negó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de cesantías causadas en
el año 2016 a favor de la peticionaria, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho1 presentada por ella en contra de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la accionante solicitó lo siguiente:
1. Amparar a SANDRA LILIANA VANEGAS ÁNGEL los derechos fundamentales a
la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, previstos en los
artículos 13, 29 y 228 de la Constitución Política de Colombia respectivamente, y en
consecuencia:
1.1. Dejar sin efectos las (sic) sentencia de segunda instancia proferida el 3 de
febrero de 2022 (notificada el 17 de febrero de 2022) por parte del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
mediante la cual confirmó en todo su contenido la providencia de primera instancia
emitida el 23 de agosto de 2019, por parte de la Subsección “E” de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso
promovido bajo radicado No. 25000-23-42-000-2018-02188-00 (01) contra la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
1.2. Se ordene al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, que profiera nueva providencia en la que
se tenga como fundamento el pago tardío, parcial e incompleto de las cesantías
causadas en el año 2016, efectuado por parte de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a la accionante; y como efecto se disponga el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el numeral 3º, del artículo
99 de la Ley 50 de 1990, por el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2017
y el 13 de diciembre de 2017 (fecha en la cual se realizó el pago completo de esta
prestación)2.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La señora Sandra Liliana Vanegas Ángel ha prestado sus servicios a la Rama
Judicial y se ha desempeñado en varios cargos, el último de ellos lo ejerce desde el
15 de mayo de 2015 hasta la actualidad, como sustanciadora nominada en el
Consejo de Estado.
1
Rad. 25000-23-42-000-2018-02188-01 (6664-2019).
2
Folios 1-2 del escrito de tutela cargado a SAMAI.
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5. La accionante advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
mediante Resolución 2302 del 31 de enero de 2017 le reconoció a su favor la suma
de $474.727 por concepto de cesantías anualizadas por el periodo comprendido
entre el 7 de diciembre y el 31 de diciembre de 2016.
6. El 28 de febrero de 2017, la peticionaria interpuso recurso de reposición en
contra de la anterior decisión y a través de la Resolución 6076 del 27 de septiembre
de 2017, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial modificó el acto
administrativo inicial en el sentido de reconocer por el referido concepto la suma de
$7.912.119.
7. La señora Vanegas Ángel indicó que la liquidación anterior fue consignada
en el fondo de cesantías el 13 de diciembre de 2017. Por lo tanto, el 29 de enero de
2018 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria causada desde el 15 de febrero de 2017 al 13 de diciembre del mismo
año, sin que su petición hubiera sido resuelta.
8. Por lo anterior, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
con el fin de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria respecto de las
cesantías causadas en el año 2016, puesto que, en principio, solo se tuvieron en
cuenta 24 días de trabajo de los 360 días que comprende el año laboral, luego se
corrigió el acto y se liquidó la prestación en la forma debida y el pago se efectuó de
manera extemporánea.
9. En primera instancia el asunto correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E. Esta Corporación judicial,
mediante sentencia del 23 de agosto de 2019, declaró la existencia del acto
administrativo presunto respecto de la petición presentada el 29 de enero de 2018
ante la entidad demandada, negó las demás súplicas de la demanda y condenó en
costas a la parte demandante, por los siguientes motivos:
10. En primer lugar, indicó que se demostró que la petición del 29 de enero de
2018 por medio de la cual la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990. Pese a esto, la Rama Judicial no
emitió pronunciamiento alguno, y en ese sentido, operó el silencio administrativo
negativo de que trata el artículo 83 de la Ley 1437 de 2011, por lo que se configuró
el acto presunto.
11. En segundo lugar, explicó que la señora Vanegas Ángel no demostró los
supuestos fácticos para ser beneficiaria de la sanción moratoria que reclama, al no
allegarse prueba que indique la fecha en que fueron consignadas las cesantías en
el año 2016.
12. Finalmente, resaltó que de la demanda se extrae que la inconformidad de la
actora radica en el valor que le fue consignado por concepto del auxilio de cesantías
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para la época –2016–; por lo que transcribió apartes de la sentencia proferida por
esta Corporación el 4 de octubre de 2018, para concluir que frente a la consignación
incompleta de las cesantías anualizadas no le es aplicable la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
13. Inconforme con ello, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
14. En segunda instancia el asunto lo conoció la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, que mediante sentencia del 3 de febrero de 2022
confirmó lo resuelto por el a quo.
15. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial accionada consideró
que: i) la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 no se causa por el
pago inoportuno de reajustes salariales o prestacionales; ii) dicho reajuste no hace
que se predique incompleto el pago del auxilio de cesantías efectuado con
anterioridad; y iii) la diferencia en el monto de la liquidación de la prestación social
no genera el derecho a reclamar el pago de la sanción moratoria correspondiente,
pues se trata de un supuesto fáctico que la norma aplicable al asunto no contempla.
1.4. Sustento de la vulneración
16. Con motivo de las anteriores circunstancias, la accionante consideró que se
incurrió en los siguientes defectos:
1.4.1. Defecto fáctico
17. La accionante consideró que se incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, debido a que estaba probado que:
i) estuvo vinculada durante el año 2016 en la Rama Judicial y en tal sentido
tiene derecho al pago de sus cesantías por todo el año;
ii) la entidad demandada consignó antes del 15 de febrero de 2017 el valor
de tal prestación social correspondiente a la liquidación del 5 al 31 de
diciembre de 2016, en total $474.727.00; y
iii) que mediante la Resolución No. 6076 del 27 de septiembre de 2017 se
corrigió el monto y se ordenó el pago restante, el cual se hizo efectivo el
13 de diciembre de 2017.
18. No obstante lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que el pago
efectuado en febrero fue la consignación de las cesantías de la accionante y lo que
hubo en diciembre siguiente fue el pago de una diferencia. Esto, en su sentir se
aleja de la realidad, puesto que según las pruebas aportadas, salta a la vista que el
caso concreto se circunscribe a un pago parcial de esta prestación y que lo
adeudado se efectuó de manera tardía.
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19. En ese orden, consideró que existió un error manifiesto, flagrante y ostensible
por parte del operador judicial, por cuanto centró el objeto del litigio en el
reconocimiento de una sanción moratoria proveniente de una reliquidación o pago
de diferencia de cesantías reconocida con posterioridad a la liquidación primigenia,
cuando al apreciar las pruebas en conjunto es posible concluir que se trata de un
pago incompleto de cesantías, sobre el cual sí procede la mentada sanción.
1.4.2. Violación directa de la Constitución
20. Al efecto, la accionante consideró que la sentencia de segunda instancia
“ignoró [sus] pedimentos (…) (pese al insistente énfasis y precisión que se vino
realizando en la apelación interpuesta y los alegatos de conclusión allegados) al
tener una fundamentación totalmente alejada de los razonamientos planteados, por
lo que al versen mancillados [sus] derechos fundamentales, se hace necesario
emitir pronunciamiento favorable a las pretensiones de la presente acción
constitucional, a fin de conjurar la vulneración en cuestión”3.
1.4.3. Defecto sustantivo
21. En su sentir, consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto sustantivo por la inaplicación del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 que describe un supuesto de hecho que fue demostrado en el proceso y la
motivación irrazonable de la decisión confutada, por fundamentarse en sentencias
que no contienen similitud fáctica ni jurídica.
1.5. Trámite de la acción de tutela
22. En auto del 22 de agosto de 2022, el magistrado ponente admitió la demanda,
dispuso su notificación a la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación. También ordenó la vinculación como terceros con interés de la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(autoridad judicial que conoció del proceso ordinario en primera instancia) y de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (entidad accionada en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho).
1.6. Intervenciones
23. Realizadas las notificaciones ordenadas, de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
3
Folio 20 del escrito de tutela cargado a SAMAI.
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1.6.1. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
24. Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo
de Estado, la autoridad judicial accionada solicitó que se nieguen las pretensiones
de la acción de tutela por los siguientes motivos.
25. Consideró que contrario a lo afirmado por el apoderado de la accionante, en
el presente caso no está demostrado que la sentencia objeto de tutela hubiese
incurrido en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues si bien es cierto
la señora Vanegas Ángel sí laboró la totalidad del 2016 en esta Corporación,
también lo es que según las certificaciones allegadas al expediente, y que también
se acompañaron a este escrito de tutela, se observa que tuvo al menos dos
vinculaciones diferentes para ese año con la entidad.
26. Tampoco se demostró la violación directa de la Constitución alegada, pues
la sentencia se fundó en múltiples precedentes jurisprudenciales de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por lo que no puede afirmarse que hubiese una
línea pacífica al interior de la corporación sobre la procedencia de la sanción
moratoria por pagos parciales de cesantías. Además, el concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil al cual se apega la parte accionante para sustentar la
procedencia de la acción de tutela es posterior a los hechos objeto de la litis y, de
igual forma, estos no son vinculantes salvo que la ley disponga lo contrario.
27. Frente al defecto sustantivo alegado, reiteró que no está demostrado que en
el fallo censurado hubiese sido abierta o manifiestamente irrazonable como adujo
la señora Vanegas Ángel, pues en su caso la decisión sí se fundamentó en
precedentes similares de ambas subsecciones de la sección segunda de la
corporación. Tampoco se probó que el fallo inaplicara normas en las cuales debía
fundarse, toda vez que, se repite, las disposiciones que regulan la sanción moratoria
por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas no prevé como
supuesto generador de la penalidad el pago incompleto del auxilio.
28. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E se limitó a allegar copia del expediente ordinario.
29. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pese a que fue notificada,
guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
30. Esta Sala es competente para conocer de la demanda presentada por la
señora Sandra Liliana Vanegas Ángel en contra de la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el
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artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991
y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
32. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU-454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en
la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda4.
33. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de la
legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva.
2.2.1. Legitimación en la causa por activa
34. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.
35. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
36. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
señora Sandra Liliana Vanegas Ángel se encuentra legitimada en la causa por
activa en razón a que figuró como demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión confutada.
4
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
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2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva
37. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente
la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En
la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se
predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad
accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del
derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello5.
38. En el caso concreto, la demanda se dirigió en contra de la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad judicial que profirió la decisión
reprochada. Por esto, se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
2.3. Problemas jurídicos
39. Con fundamento en el examen de la situación fáctica y de los argumentos
expuestos por la parte actora en el libelo introductorio y de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela invocadas, el primer problema jurídico que
subyace al caso concreto consiste en determinar si concurren los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de relevancia
constitucional.
40. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:
¿La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, con la sentencia proferida el 3 de febrero de 2022 que
confirmó la decisión de primera instancia que negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de cesantías causadas en el año 2016 a favor
de la accionante, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
adelantado en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial?
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
5
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2016.
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judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales8.
42. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20149. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia10 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial11.
43. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
44. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
45. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
46. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez, y, de
superarse, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.4.1. Análisis del requisito general de relevancia constitucional en el caso
concreto
47. La Sala anticipa que declarará improcedente la acción constitucional, dado
que el presente asunto carece de relevancia constitucional por las razones que a
continuación se exponen.
48. La presente acción de tutela fue interpuesta por la señora Sandra Liliana
Vanegas Ángel contra la providencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación. La actora consideró que la sentencia censurada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia, por no acceder a su pretensión de reconocer la
sanción moratoria por el pago tardío de cesantías causadas en el año 2016 a favor
de la accionante.
49. Es importante resaltar que esta Sala reconoce relevancia constitucional a
toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia
en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las
prestaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las cesantías. No
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Sandra Liliana Vanegas Ángel
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04482-00
obstante, en el caso en concreto no se discute sobre la prestación social sino acerca
de la sanción establecida por su pago extemporáneo.
50. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza de
prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, “solo en la medida en que lo
reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta
que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la
seguridad social del trabajador”12.
51. De acuerdo con el precedente establecido por esa Alta Corte, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de
garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social. No obstante, aclaró que no ocurre
lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria
cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías. Lo anterior porque este
monto tiene naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que no da lugar a
la intervención del juez constitucional.
52. Por lo expuesto, esta Sección reiterará la postura de la Corte Constitucional
y, en consecuencia, confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la presente acción de tutela por no cumplir con el requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional. Es importante resaltar que esta posición
ya ha sido adoptada por esta Sala de decisión en varias providencias anteriores en
las que también se controvirtió vía acción de tutela sentencias ordinarias en las que
se habían negado solicitudes de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías13.
2.5. Conclusión
53. En ese orden de ideas, para el caso en concreto, la Sala acoge la tesis
establecida a partir del precedente unificado de la Corte Constitucional, según el
cual, las pretensiones de índole meramente económico y cuya falta de
reconocimiento no comprometen un derecho fundamental carecen de relevancia
constitucional; por lo anterior, se declarará improcedente el amparo solicitado.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019.
13 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04482-00
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Sandra Liliana Vanegas Ángel por no superar el requisito general de procedibilidad
de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.
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