Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02571-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02571-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02571-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
13 de junio de 2024
Demandante: Yaneth Cecilia Meneses Hoyos
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02571-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02571-00
Demandante: YANETH CECILIA MENESES HOYOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA SEXTA DE
DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Yaneth Cecilia Meneses Hoyos, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta
de Decisión. Con la solicitud de amparo pretende la protección del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia y de los principios de la
confianza legítima y buena fe.
2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron quebrantadas
con la sentencia dictada el 23 de abril de 2024, por la autoridad judicial accionada,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
41001-33-33-001-2017-00265-012.
1.2. Pretensiones
3. La tutelante solicitó lo siguiente:
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 El medio de control fue instaurado por la señora Meneses Hoyos contra la ESE Carmen Emilia
Ospina.
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Demandante: Yaneth Cecilia Meneses Hoyos
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02571-00
PRIMERO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA - SALA SEXTA
DE DECISIÓN, dejar sin efecto su sentencia emitida el 23 de abril de 2O24,
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA - SALA SEXTA DE
DECISIÓN, dentro del proceso MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: YANETH CECILIA
MENESES HOYOS, DEMANDADO: E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA,
RADICACIÓN: 41 001 33 33 001 2017 00265 01, que denegó las demás
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Ordenar en consecuencia, al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA - SALA SEXTA DE DECISIÓN, que, en un término prudencial, emita una
sentencia complementaria conforme a las pretensiones de la demanda y
específicamente con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria conforme a
lo dispuesto en la ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de
2006, por el no pago oportuno de mis cesantías definitivas. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. La señora Meneses Hoyos se desempeñó en el cargo de almacenista en
la ESE Carmen Emilia Ospina hasta el 16 de junio de 2014, fecha en la que
renunció. Mediante la Resolución 197 de 2014 la ESE le reconoció los siguientes
rubros: indemnización por vacaciones, prima de vacaciones, bonificación
especial de recreación, prima de servicios y prima de navidad.
6. Tras una solicitud que presentó ante el Fondo Nacional del Ahorro (en
adelante FNA), tendiente a que se le cancelaran sus cesantías, se expidió el
Oficio del 28 de marzo de 2016. En esta oportunidad, la FNA le informó a la
tutelante que no tenía reporte alguno de pago de cesantías.
7. El 30 de marzo de 2017 la actora solicitó ante la ESE el pago de sus
cesantías por el periodo laboral que culminó en el 2014, junto con la
correspondiente sanción por mora. Mediante oficio del 21 de abril de 2017, la
ESE negó la reclamación presentada.
8. El 21 de abril de 2017 el FNA «efectuó una novedad de ajuste de retiro por
valor de $1.504.484» a favor de la señora Meneses Hoyos.
9. Sin embargo, la tutelante interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el oficio del 21 de abril
de 2017 expedido por la ESE. Como pretensión solicitó el pago de las cesantías
que se itera fueron canceladas el 21 de abril de 2017 por parte del FNA y la
sanción por mora respecto al pago de dicho monto.
10. En sentencia del 27 de junio de 2023, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Neiva declaró probada la excepción de cobro de lo no
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debido, negó las peticiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas
a la parte actora. Precisó que el régimen de cesantías no fue objeto de discusión,
el cual corresponde al administrado por el FNA y que, frente al pago de las
cesantías, estas fueron pagadas el 21 de abril de 2017. Finalmente, aclaró que
el monto fue consignado ante el fondo de cesantías de forma oportuna por parte
de la ESE.
11. La accionante apeló la decisión de primer grado. No obstante, el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión confirmó el fallo recurrido.
Explicó que, si bien es procedente el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, de conformidad con las disposiciones de la Ley 244 de 1995 y la Ley
1071 de 2006, a la actora no le asiste derecho a ello porque la ESE demandada
consignó dentro de la oportunidad correspondiente el monto de las cesantías que
beneficiarían a la señora Meneses Hoyos y el que se hayan pagado de forma
tardía solamente le es imputable al FNA.
1.4. Sustento de la vulneración
12. No especificó ningún cargo, pero mencionó que, de conformidad con el
parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, tanto los trabajadores particulares
afiliados al FNA, como los servidores públicos, tienen derecho al reconocimiento
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
13. Añadió que «el no realizar un examen más crítico respecto de las pruebas
allegadas se da un efecto determinante dentro de la sentencia y más
exactamente al no reconocer las sanciones correspondientes por el no pago
oportuno de las cesantías definitivas».
1.5. Trámite de la tutela
14. Por auto del 23 de mayo de 2024, el ponente de esta decisión admitió la
solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionado
al Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión. Asimismo, vinculó
como terceros con interés al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Neiva, a la ESE Carmen Emilia Ospina, al FNA y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
1.6. Informes
1.6.1. ESE Carmen Emilia Ospina
15. Refirió que la acción de tutela deviene en improcedente por falta de
relevancia constitucional cuando se utiliza para revivir el debate probatorio
zanjado en el proceso ordinario. En su sentir, lo que persigue la accionante es
revivir términos, interpretaciones y valoraciones probatorias que le sean
favorables.
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1.6.2. Fondo Nacional del Ahorro
16. Precisó que no es la responsable de la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, pues su función se limita a
administrar y pagar las cesantías del fondo que sean transferidas por los
empleadores.
17. Resaltó que no es la llamada a atender las súplicas de la tutelante, pues
no ha existido ninguna acción u omisión que le sea atribuible. Por ello, solicitó
que se declare improcedente el mecanismo judicial, máxime si existen otros
mecanismos para satisfacer los intereses perseguidos, sin que haya mencionado
cuál.
1.6.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado fueron notificados en debida forma
del auto admisorio, pero guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
18. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de Decisión. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
19. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
20. La Sala advierte que la señora Yaneth Cecilia Meneses Hoyos está
legitimada en la causa por activa para reclamar la protección del derecho
fundamental invocado. Ello, por cuanto fungió como accionante del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho cuya sentencia reprocha por esta vía.
21. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala
Sexta de Decisión se encuentra legitimado en la causa por pasiva, por haber
dictado el fallo del 23 de abril de 2024.
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2.3. Problema jurídico
22. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico
a resolver en el caso concreto es el siguiente:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
23. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
● ¿El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión vulneró el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la señora
Meneses Hoyos con la sentencia del 23 de abril de 2024?
24. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad del mecanismo
constitucional bajo estudio, y de superarse, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
25. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales5.
26. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta sentencia se
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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establecieron seis requisitos generales de procedencia7 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial8.
27. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) Inmediatez,
iii) Subsidiariedad,
iv) Relevancia constitucional,
v) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
28. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
7 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
8 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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29. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
30. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
31. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional9.
32. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
33. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
34. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
35. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
36. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.
2.5.1. Relevancia constitucional en el caso concreto
37. La parte actora cuestiona por esta vía la sentencia del 23 de abril de 2024,
en la que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión confirmó la
decisión de primer grado que negó el reconocimiento de los intereses por el
presunto pago tardío de las cesantías que le fueron canceladas a la señora
Meneses Hoyos el 21 de abril de 2017, tras su retiro de la ESE Carmen Emilia
Ospina el 16 de junio de 2014.
38. Pese a que la actora no precisó ningún defecto especial contra la
providencia judicial reprochada, adujo que la vulneración de su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia devenía de la falta de
reconocimiento de la sanción moratoria dispuesta en el artículo 2 de la Ley 244
de 1995.
39. Para la Sala, en el presente asunto no se supera el presupuesto en
cuestión, por las razones que pasan a exponerse.
40. Es importante resaltar que esta Sala reconoce relevancia constitucional a
toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una
controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental,
como lo son las prestaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las
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cesantías. No obstante, en el caso en concreto no se discute sobre la prestación
social sino acerca de la sanción establecida por su pago extemporáneo.
41. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza
de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que
lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital
y a la seguridad social del trabajador»10.
42. De acuerdo con el precedente establecido por esa Alta Corte, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión
de garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social. No obstante, aclaró que no
ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción
moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías. Lo
anterior porque este monto tiene naturaleza sancionatoria y, eminentemente
legal, lo que no da lugar a la intervención del juez constitucional.
43. Por lo expuesto, esta Sección reiterará la postura de la Corte
Constitucional y, en consecuencia, declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional. Es importante resaltar que esta posición ya ha sido adoptada por
esta Sala de decisión en varias providencias anteriores en las que también se
controvirtió vía acción de tutela sentencias ordinarias en las que se habían
negado solicitudes de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías11.
44. En todo caso, se precisa que los reproches relacionados en el escrito
tutelar no cuentan con una carga argumentativa mínima o con enfoque
constitucional que hagan viable la intromisión del juez de tutela. Lo anterior, en
tanto que la accionante se limitó a citar una norma con base en la cual, en su
sentir, debió ser favorable la sentencia que reprocha.
45. En vista de lo esbozado, corresponde declarar que este mecanismo
judicial es improcedente porque no reviste relevancia constitucional.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
11 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00,
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío
Araujo, proveído del 8.09.22 de la 11001-03-15-000-2022-04482-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE este mecanismo constitucional por
no satisfacer el requisito de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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