Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06070-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06070-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06070-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
7 de diciembre de 2023
Demandante: Oscar Enrique Rodríguez Aguilera
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06070-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Paipa, Boyacá, siete (07) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06070-00
Demandante: OSCAR ENRIQUE RODRÍGUEZ AGUILERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA TERCERA
DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no
superar el requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la acción de tutela presentada por el señor Oscar Enrique
Rodríguez Aguilera contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y los Decretos 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito remitido el 06 de octubre de 2023, el señor Oscar Enrique
Rodríguez Aguilera, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a los principios de «perpetuatio
jurisdictionis, seguridad jurídica y al desconocimiento del precedente judicial
vertical».
2. Las referidas garantías constitucionales son consideradas vulneradas
como resultado de la sentencia dictada el 01 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión. En esta providencia judicial
se confirmó la providencia de primera instancia proferida el 1° de febrero de 2023
por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo que negó
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
identificada con el número de radicado 70001-33-33-002-2022-00190-00/01.
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Demandante: Oscar Enrique Rodríguez Aguilera
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06070-00
1.2. Pretensiones
3. En virtud de lo anterior, el señor Rodríguez Aguilera solicitó lo siguiente:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia
proferida el día 01/08/2023, en el expediente rad.
No.70001333300920220019001, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL,
de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a
los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este
órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del
H.Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda,
de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes […] (Sic
a toda la cita).
1.3. Hechos
La Sala resume los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas
procesales aportadas al proceso.
4. El señor Oscar Enrique Rodríguez Aguilera se desempeña como docente
en una entidad territorial certificada en educación del departamento de Sucre,
después del año 1990.
5. Manifestó que el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación
Nacional no efectuó de manera oportuna la consignación correspondiente de las
cesantías, ni los intereses de estas a las cuales tiene derecho como servidor
público por haber laborado el año 2020, lo cual debió transferirse ante el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag).
6. Indicó que el 12 de julio de 2021, promovió una solicitud ante la Secretaría
de Educación del departamento de Sucre, en la que solicitó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria relacionada con la falta de consignación de las
cesantías y sus intereses al fondo correspondiente en el tiempo adecuado.
Además, también pidió la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975.
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7. Ante la falta de respuesta a su solicitud, el señor Oscar Enrique Rodríguez
Aguilera interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En esta pretendió la nulidad del acto administrativo
ficto negativo y pidió, a título de restablecimiento que se condenara a los
demandados a reconocer y pagar dichos conceptos.
8. La demanda correspondió al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo, autoridad judicial que el 1° de febrero de 2023 profirió
sentencia de primera instancia. En dicha decisión negó las pretensiones
contenidas en la demanda ordinaria.
9. Para respaldar su decisión, el juzgado llevó a cabo un análisis detallado
del régimen especial de las cesantías docentes, centrándose en la competencia
en el reconocimiento y pago de las cesantías para los docentes. Asimismo,
examinó la incompatibilidad del régimen especial de cesantías docentes con la
sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, así como la indemnización
contemplada en la Ley 52 de 1975.
10. En contra de la anterior providencia, el señor Rodríguez Aguilera presentó
recurso de apelación1. Este fue desatado por Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Tercera de Decisión en sentencia del 01 de agosto de 2023, en el sentido
de confirmar la decisión de primer grado.
11. En su fallo, el tribunal fundamentó su decisión en varios aspectos. Entre
ellos, destacó que estaba probado que el señor Rodríguez Aguilera es un docente
afiliado al Fomag y que su régimen de cesantías es el anualizado. Debido a esta
situación, consideró que, al ser afiliado a dicho fondo, el demandante goza de un
régimen especial para la consignación y liquidación de sus cesantías, por lo que
no procedía la imposición de la sanción moratoria derivada de la falta de
consignación de las cesantías.
12. Además, mencionó que, la posición fijada en la SU-098 de 2018, no es
vinculante. Esto se debe a que los hechos y supuestos aplicables al presente
caso son diferentes de los que se presentaron en la demanda ordinaria. En otras
palabras, la situación y las normas posteriores aplicables en el caso actual son
distintas a las consideradas en la sentencia de unificación mencionada, por lo
que no se pueden aplicar directamente a esta situación
13. Finalmente, señalo que, dado que no hay un precedente consolidado de
obligatoria aplicación en este caso, que sea similar a aquellos procesos en los
que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y este tribunal han aplicado la
sanción por favorabilidad que la parte demandante busca, dicha penalidad no
1
Como fundamento del recurso, el accionante manifestó que no solo la ley, sino la abundante
jurisprudencia constitucional de unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del
presente año, ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de
1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos
de Colombia.
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puede ser reconocida.
1.4. Sustento de la vulneración
14. El señor Oscar Enrique Rodríguez Aguilera mencionó que en el debate
planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de
la acción de tutela. En particular, refirió que el asunto goza de relevancia
constitucional.
15. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado el 23 de marzo de 2023, en la
cual se superó el análisis del requisito de relevancia constitucional, con
fundamento en el deber de analizar si la providencia enjuiciada desconoció los
derechos fundamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen
aplicable a los docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la
consignación del auxilio de cesantías.
16. Arguyo que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el
Fomag, los docentes no tienen garantía de la prestación, lo cual transgrede el
derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo
cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.
17. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al
derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que
gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando
estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste
relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó
de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección
inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto
eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no
pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.
18. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la
situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha
reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista
de regulación al no estar afiliados al Fomag. Igualmente, adujo que se
desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
19. En ese orden, el señor Oscar Enrique Rodríguez Aguilera refirió que la
providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento
del precedente. Con respecto al primero, el escrito de tutela no ahondó en
detalles, mientras que, frente al segundo, se indicó que el tribunal aplicó una
postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de
la Carta que consagra la situación más favorable al trabajador.
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20. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen
general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer
la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes del sector
oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C-741 de 2012, C-
486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.
21. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas
sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del
precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre
la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag y ha llegado
a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión.
22. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en
el numeral anterior por la parte actora:
Corte Constitucional
No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS FIRMANTES
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE
1 Exp. T- 17 de Dra. GLORIA STELLA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
6.736.200 octubre de ORTIZ DELGADO 098/2018 DE LA CORTE
2018 CONSTITUCIONAL
2 Exp. T- 25 de julio de Dr. GLORIA STELLA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
5904426 y 2019 ORTIZ DELGADO 332/2019 DE LA CORTE
otros CONSTITUCIONAL
3 Exp. T- 6 de febrero Dr. LUIS GUILLERMO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
7.182.312 y de 2020 GUERRERO PÉREZ 041/2020 DE LA CORTE
otros CONSTITUCIONAL
Consejo de Estado
No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS FIRMANTES
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE
1 08001-23-33- 6 de agosto Dra. SANDRA LISETH SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL
000-2013- de 2020 IBARRA CONSEJO DE ESTADO
00666-01
(0833-16)
2 76001-23-31- 24 de enero Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000- de 2019 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
200900867-
01, No.
Interno: 4854-
2014
3 11001-03-15- 17 de junio Dr. NICOLAS YEPES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
000-2018- de 2019 CORRALES NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ
04617-01 LUQUE
4 11001-03-15- 28 de junio DR. ROBERTO DRA. NUBIA MARGOTH PEÑA
000-2018- de 2019 AUGUSTO SERRATO GARZÓN – DR. HERNANDO
04679-01 VALDÉS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
5 11001-03-15- 29 de julio de Dr. NICOLAS YEPES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
000-2019- 2019 CORRALES NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ
03499-01 LUQUE
6 08001-23-33- 2 de Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2014- diciembre de FRANCISCO SUÁREZ DR. GABRIEL VALBUENA
2019 VARGAS HERNÁNDEZ
5
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Demandante: Oscar Enrique Rodríguez Aguilera
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06070-00
00173-01
(1688-16)
7 08001-23-33- 10 de junio Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2014- de 2020 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00208-01
8 08001-23-31- 22 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2014- octubre de HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00254-01 2020 HERNÁNDEZ
(4960-2017)
9 08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2014- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00132-01 de 2020 HERNÁNDEZ
10 08001 23 31 17 de junio Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000 2014 de 2021 VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
00815 01 HERNÁNDEZ VARGAS
(4979–2017)
11 08001-23-33- 17 de junio Dr. CÉSAR Dra. SANDRA LISSET IBARRA
000-2015- de 2021 PALOMINO CORTÉS VÉLEZ – Dr. CARMELO PERDOMO
00331-01 CUÉTER
12 19001-23-33- 4 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00445- de 2021 HERNÁNDEZ
02(0483-20)
13 08001-23-33- 25 de Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2014- noviembre IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
01127-01 de 2021
(1002-2021)
14 40001-23-40- 25 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2017- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00134-01 de 2021 HERNÁNDEZ
(2208-2020)
15 080001-23-40- 11 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
90008-01 de 2021 HERNÁNDEZ
(2387-2020)
16 080001-23-40- 11 de Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2014- noviembre VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
90022-01 de 2021 HERNÁNDEZ VARGAS
(5154-2016)
17 080001-23-33- 20 de enero Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2017- de 2022 VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
00931-01 HERNÁNDEZ VARGAS
(1001-2021)
18 080001-23-33- 3 de marzo Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL
000-2015- de 2022 HERNÁNDEZ GÓMEZ FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr.
00075-01 GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
(2660-2020)
19 76001-23-33- 28 de abril Dr. CARMELO Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2013- de 2022 PERDOMO CUÉTER Dra. SANDRA LISETH IBARRA
00756-01
(2224-2020)
20 080001-23-40- 9 de mayo Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2017- de 2022 FRANCISCO SUÁREZ Dr. GABRIEL VALBUENA
00795-01 VARGAS HERNÁNDEZ
(2659-2020)
21 47-001-23-33- 19 de mayo Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2019- de 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00359-01
(4004-2021)
6
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Demandante: Oscar Enrique Rodríguez Aguilera
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06070-00
22 47-001-23-33- 1 de julio de Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2019- 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00376-01
(4462-2021)
23 08001-23-33- 22 de agosto Dr. CÉSAR Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
000-2015- de 2022 PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO
00509-01 CUÉTER
(2140-2020)
24 08001-23-33- 22 de Dr. CESAR Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
000-2015- septiembre PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO
90124-01 de 2022 CUÉTER
(2394-2020)
25 76001-23-31- 19 de enero Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2012- de 2023 HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – DR. GABRIEL
00212-02 VALBUENA HERNÁNDEZ
(4470-2021)
26 47001-23-33- 26 de enero Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2018- de 2023 FRANCISCO GÓMEZ DR. GABRIEL VALBUENA
0231-01 HERNÁNDEZ
(0871-2020)
23. Frente a su contenido, la parte actora se limitó a citar textualmente
apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990
y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado.
24. Por último, el apoderado del señor Oscar Enrique Rodríguez Aguilera trajo
a colación las siguientes providencias de los juzgados administrativos del país:
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO
No. RADICADO F. DECISIÓN JUZGADO JUEZ
EXPEDIENTE
1 66001 3333 001 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO CRISTINA ISABEL
2022 0002000 DE PEREIRA SANCHEZ BRITO
2 05001 3333 019 29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL PATRICIA CÓRDOBA
2022 0009700 DEL CTO DE MEDELLÍN VALLEJO
3 70001 3333 002 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL LISSETE MAIRELY
2022 0007200 DEL CTO DE NOVA SANTOS
SINCELEJO
4 27001 3333 002 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL YUDY YINETH
2022 0014700 DEL CTO DE QUIBDÓ MORENO CORREA
5 76001 3333 002 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO JUAN MIGUEL MARTINEZ
2022 0006600 DE GUADALAJARA DE LONDOÑO
BUGA
6 76111 3333 003 28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL CTO LEIDY JOHANNA
2022 0006600 DE GUADALAJARA DE URIBE MOLINA
BUGA
7 68001 3333 002 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO ARLEY MENDEZ DE
2022 0006500 DE BUCARAMANGA LA ROSA
8 68001 3333 009 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO JAIRO GARCIA
2022 00010900 DE BUCARAMANGA SUAREZ
9 27001 3333 005 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO EMILSON
2022 0012200 DE QUIBDÓ MARMOLEJO
GARCIA
10 11001 3342 051 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL NORBERTO
2022 0009800 CTO DE BOGOTÁ MENDIVELSO
PINZON
1.5. Trámite de la acción de tutela
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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25. Mediante auto del 10 de octubre de 20232, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de referencia. En consecuencia, ordenó notificar
como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera de Decisión. A su vez, dispuso la vinculación como terceros con interés
del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo3, al
municipio de Sincelejo, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio4 y a la Fiduprevisora SA5.
26. Igualmente, en los términos del artículo 610 del Código General del
Proceso, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, con el fin de que, si lo considera necesario, interviniera en el presente
trámite.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A.
27. Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo
anterior con fundamento en que las autoridades judiciales que conocieron el
proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda alegarse
que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los
precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.
28. Por otro lado, destacó que no se ha presentado ninguna transgresión
contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado
las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las
actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los
procedimientos legales correspondientes. De hecho, los jueces involucrados en
el caso, teniendo la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo
hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo
en esa instancia. En consecuencia, concluyó que no existe vulneración alguna
de los derechos fundamentales de la accionante por parte del fondo.
29. Además, solicitó la desvinculación del presente trámite, debido a que no
está legitimado en la causa por pasiva. Esto con razón a que no es la parte
involucrada en el caso y, por lo tanto, no se le debe atribuir algún tipo de
responsabilidad en los hechos objeto de la demanda.
1.6.2. Ministerio de Educación Nacional
2
Notificado el 16 de noviembre de 2023.
3
Autoridad de primera instancia
4
Autoridades demandadas en el proceso ordinario
5
Entidad vocera y administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio
8
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Demandante: Oscar Enrique Rodríguez Aguilera
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06070-00
30. Señaló que la acción de tutela resulta improcedente comoquiera que dicha
cartera no vulneró los derechos fundamentales del señor Oscar Enrique
Rodríguez Aguilera y el asunto versa sobre una controversia estrictamente
económica que no representa un interés general, por lo que el debate carece de
relevancia constitucional.
1.6.3 Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo
31. La autoridad judicial de primera instancia se limitó a remitir el expediente
electrónico correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicado 70001-33-33-002-2022-00190-00/01, en
el que el señor Oscar Enrique Rodríguez Aguilera actuaba como demandante.
1.6.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el municipio de
Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre, pese a ser debidamente
notificados, optaron por guardaron silencio6.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
32. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por el señor Oscar Enrique Rodríguez Aguilera contra el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015 [modificado por el
artículo 1º del Decreto 333 de 2021], así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esa corporación.
2.2. Cuestión Previa - solicitud de desvinculación
33. En cuanto a la solicitud de desvinculación presentada por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – la Fiduprevisora S.A., la Sala
advierte que será negada. Esto se debe a que dicha entidad fue vinculada en
calidad de tercera debido a su interés en la decisión que se tome en esta acción
de tutela, ya que podría verse afectada por la misma.
2.3. Legitimación en la causa
34. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley
6
Cfr. Índice 8 Samai. Mediante oficio remitido el 24 de noviembre de 2023 por correo electrónico
y por intermedio de Secretaría General de la Corporación se requirió por segunda vez al Tribunal
Administrativo de Sucre, no obstante guardó silencio.
9
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Demandante: Oscar Enrique Rodríguez Aguilera
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06070-00
2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción de amparo por sí misma o
por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los
derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su
propia defensa.
35. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
36. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala observa que el señor
Oscar Enrique Rodríguez Aguilera quien figura como la parte accionante en esta
acción de tutela, también desempeñó el papel de demandante en el proceso
ordinario relacionado con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho bajo el número de radicado 70001-33-33-002-2022-00190-00/01. En
consecuencia, ostenta la condición de titular de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, de acceso a la administración
de justicia, y a los principios de «perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y
desconocimiento del precedente judicial vertical».
37. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Sala Tercera de
Decisión está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que
profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.4. Problema jurídico
38. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por el señor Oscar
Enrique Rodríguez Aguilera, las respectivas pretensiones elevadas, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos a
resolver en el caso son los siguientes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
39. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión vulneró los
derechos fundamentales invocados por el señor Oscar Enrique Rodríguez
Aguilera, al incurrir en los defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial con la sentencia
proferida el 1 de agosto de 2023, en la cual se confirmó lo resuelto por el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, en
providencia del 1° de febrero de 2023, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho?
10
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40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la
relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) estudio del
caso en concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales9.
42. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
12
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
11
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43. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) Inmediatez,
iii) Subsidiariedad,
iv) Relevancia constitucional,
v) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
44. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá:
I) Que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión
II) Que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
45. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.6.1. Relevancia constitucional
46. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200513. En esta
providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
13 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión
a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b)
que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una
decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto,
bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías
superiores.
12
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dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes 14.
(Subrayado fuera de texto).
47. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202215 y SU-573 de
201916 el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de
determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional.
48. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201417, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590
de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
49. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad
señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el
principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la
acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que
corresponde a otras jurisdicciones.
50. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202218
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
14
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
15
A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro
de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un
debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y,
(iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
16 Mediante esta determinación judicial, la Corte Constitucional ha señalado que el reconocimiento
de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías no puede ser considerado como un
derecho fundamental. En consecuencia, el caso carece de relevancia constitucional.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. N.° 11001-03-15-000-2012-02201-01.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
13
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que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
51. De esta manera, esta Sala de Decisión planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se
refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) Que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y
no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.
52. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.7. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional en el caso en concreto
53. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el señor
Oscar Enrique Rodríguez Aguilera cuestiona la sentencia del 01 de agosto de
2023 dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión.
Esta decisión se confirmó la decisión de primer grado que negó las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho relacionadas con el
reconocimiento de intereses por el pago tardío de sus cesantías.
54. En relación con este punto, es fundamental recordar que la parte
demandante acusa al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión
de haber incurrido en un defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial aplicable a la situación específica. Los
argumentos que sustentan estas alegaciones se basan en lo siguiente:
• Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución por cuanto en su
sentir, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación
completamente desmedida e inaceptable al dar un trato diferencial en lo
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que respecta al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías y la respectiva indemnización, en
consonancia con el artículo 53 de la Carta Política.
• Desconocimiento del precedente judicial de esta Corporación, por cuanto
la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta al momento de decidir,
alrededor de 30 de sentencias en las que se ha desarrollado el ámbito de
aplicación del artículo 1° de la Ley 52 de 1975 y Ley 50 de 1990.
55. Revisadas las piezas procesales, la Sala anticipa que declarará
improcedente la solicitud de amparo. Esto en atención a que el presente asunto
carece de relevancia constitucional. A continuación, se exponen las razones que
sustentan esta decisión.
56. Es importante resaltar que esta Sala reconoce relevancia constitucional a
toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una
controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental,
como lo son las prestaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las
cesantías siempre que se acreditan los demás requisitos. No obstante, en el caso
en concreto no se discute sobre la prestación social sino acerca de la sanción
establecida por su pago extemporáneo.
57. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza
de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que
lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital
y a la seguridad social del trabajador»19.
58. De acuerdo con el precedente establecido por la Alta Corte, el
reconocimiento y pago de las cesantías representan un derecho inalienable para
el trabajador, y su falta de pago implica una violación de garantías
constitucionales de carácter fundamental, como el derecho al mínimo vital y a la
seguridad social. No obstante, es importante aclarar que no se aplica el mismo
principio a la cuantía relacionada con la penalidad por la sanción moratoria
cuando el empleador no realiza el depósito de las cesantías en el plazo
estipulado. Esto se debe a que dicho monto tiene un carácter eminentemente
sancionatorio y legal, lo que excluye la intervención del juez constitucional.
59. Por lo expuesto, esta Sección reiterará la postura de la Corte
Constitucional y, en consecuencia, declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional. Es importante resaltar que esta posición ya ha sido adoptada por
esta Sala de decisión en varias providencias anteriores en las que también se
19
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
15
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controvirtió vía acción de tutela sentencias ordinarias en las que se habían
negado solicitudes de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías20.
60. En todo caso, para la Sala es importante resaltar que la Sección Segunda
del Consejo de Estado, como órgano de cierre especializado en la materia objeto
de estudio, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización
de la Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al FOMAG. Para el efecto,
mediante sentencia de 11 de octubre de 2023, dispuso lo siguiente:
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.
61. De conformidad con lo anterior, pese a que el asunto que se debate en
esta oportunidad se enmarca en aquellos que carecen de relevancia
constitucional para ser estudiados a través de este tipo de acciones
constitucionales, en todo caso, la Sección Segunda del Consejo de Estado
determinó en sede de unificación que los docentes estatales afiliados al FOMAG
no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías.
62. Lo anterior permite reforzar la postura de esta Sala de que el presente
asunto carece de relevancia constitucional porque la controversia planteada por
la actora se refiere a un tema que fue resuelto en sede de unificación por la
sección especializada.
2.8. Conclusión
63. Se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la referencia,
puesto que no supera el examen del requisito general de la relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
20
Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00,
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío
Araujo, proveído del 8.09.22 de la 11001-03-15-000-2022-04482-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
16
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III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – la Fiduprevisora S.A., por los
motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta el
señor Oscar Enrique Rodríguez Aguilera contra el Tribunal Administrativo de
Sucre.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
17
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