Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01969-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01969-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01969-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
9 de mayo de 2024
Demandante: Hugo Ferney Echavarría Barreto
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01969-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01969-01
Demandante: HUGO FERNEY ECHAVARRÍA BARRETO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no
superar el requisito general de la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 2 de junio de 20231 por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que declaró improcedente esta
acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Hugo Ferney Echavarría Barreto, actuando por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Quindío. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.
2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a la sentencia de 30
de marzo de 2023, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de radicado 63001-3333-001-2022-0082-02. En esta decisión, se
confirmó el fallo de primera instancia dictado el 18 de agosto de 2022, por el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia, el cual
resultó desfavorable a las pretensiones propuestas.
1.2. Pretensión constitucional
3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales
referidos y, en consecuencia, se ordene lo siguiente:
1 El expediente ingresó al despacho para trámite de segunda instancia el 30 de abril de 2024.
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Demandante: Hugo Ferney Echavarría Barreto
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01969-01
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO en la sentencia proferida el día 30 de marzo de 2023, en el
expediente rad. No. 63001-3333-001-2022-00082-02, transgredió los derechos
fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL,
de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano
de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra
vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y
pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los
postulados establecidos en los siguientes expedientes:
(…). (Sic a toda la cita y negritas del texto original).
1.3. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:
4. El señor Echavarría Barreto se vinculó al departamento del Quindío como
docente con posterioridad al 1.º de enero de 1990. Por ello, se encuentra afiliado
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (de ahora en
adelante, FOMAG) y sus cesantías se liquidan anualmente.
5. Presentó una petición dirigida al Municipio de Armenia con el fin de que le
reconociera la sanción por mora por el pago tardío de sus cesantías, dado que la
entidad tenía hasta el 15 de febrero de 2021 para liquidar el monto de la citada
prestación por el periodo laborado 2020 y no cumplió con ello.
6. Ante la falta de respuesta a su solicitud, el señor Echavarría Barreto ejerció
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el respectivo
acto ficto negativo. Dentro de sus pretensiones, solicitó que se le reconociera la
sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990, equivalente a 1 día de salario
por cada día de retardo en el que ha incurrido el departamento de Quindío al no
consignar oportunamente sus cesantías correspondientes al año 2020.
7. La demanda fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia, en el sentido de negar las
pretensiones. En dicha providencia se explicó que lo pedido por la actora
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resultaba incompatible con el régimen especial de cesantías de los docentes del
sector público, consagrado en la Ley 91 de 1989.
8. La decisión de primer grado fue apelada por el accionante. No obstante,
en sentencia del 30 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Quindío la
confirmó. Esta autoridad aclaró que no existe una posición unificada del Consejo
de Estado y que hay disparidad de criterios al respecto. Por ello, acogió uno de
los criterios, y se inclinó por aquel consistente en que, teniendo en cuenta que
los docentes del sector público cuentan con un régimen de cesantías especial,
no les son aplicables las disposiciones de la Ley 50 de 1990.
1.4. Sustento de la vulneración
9. El tutelante mencionó que en el debate planteado se acreditan las
causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela. En
particular, refirió que el asunto goza de relevancia constitucional.
10. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado del 29 de julio de 2019, en la cual
se superó el análisis del requisito de procedencia, con fundamento en el deber
de analizar si la providencia enjuiciada desconoció los derechos fundamentales
de la accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes por el
pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías.
11. Arguyó que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el
FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación, lo que está
transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo
demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.
12. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al
derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que
gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías. Máxime cuando los
mismos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste
relevancia constitucional.
13. Refirió que el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos
por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, no
se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una
irregularidad procesal, ni de una tercera instancia y no es contra una sentencia
de la misma índole.
14. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto su
situación no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la
sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación
al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los
principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.
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15. Sostuvo que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo
y en violación directa de la Constitución. Con respecto al primero, el actor en
el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, respecto del segundo,
indicó que el tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo
que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la aplicación de la situación
más favorable al trabajador.
16. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen
general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer
la sanción moratoria a docentes oficializados, por el pago tardío de sus cesantías.
En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C-741 de 2012, C-486 de
2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.
17. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas
sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento
del precedente. A continuación, se relacionan textualmente las providencias
referidas en el numeral anterior por la parte actora:
Corte Constitucional
No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS FIRMANTES
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE
1 Exp. T- 17 de Dra. GLORIA STELLA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
6.736.200 octubre de ORTIZ DELGADO 098/2018 DE LA CORTE
2018 CONSTITUCIONAL
2 Exp. T- 25 de julio de Dr. GLORIA STELLA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
5904426 y 2019 ORTIZ DELGADO 332/2019 DE LA CORTE
otros CONSTITUCIONAL
3 Exp. T- 6 de febrero Dr. LUIS GUILLERMO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
7.182.312 y de 2020 GUERRERO PÉREZ 041/2020 DE LA CORTE
otros CONSTITUCIONAL
Consejo de Estado
No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS FIRMANTES
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE
1 08001-23-33- 6 de agosto Dra. SANDRA LISSET SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL
000-2013- de 2020 IBARRA CONSEJO DE ESTADO
00666-01
(0833-16)
2 76001-23-31- 24 de enero Dra. SANDRA LISSET Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
000- de 2019 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
200900867-
01, No.
Interno: 4854-
2014
3 11001-03-15- 17 de junio Dr. NICOLÁS YEPES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
000-2018- de 2019 CORRALES NAVAS – Dr. GUILLERMO SANCHEZ
04617-01 LUQUE
4 11001-03-15- 28 de junio Dr. ROBERTO Dra. NUBIA MARGOTH PEÑA
000-2018- de 2019 AUGUSTO SERRATO GARZÓN – Dr. HERNANDO
04679-01 VALDÉS SANCHEZ SÁNCHEZ
4
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Demandante: Hugo Ferney Echavarría Barreto
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01969-01
5 11001-0315- 29 de julio de Dr. NICOLÁS YEPES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
000-2018- 2019 CORRALES NAVAS - Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ
03499-01 LUQUE
6 08001 23 33 2 de Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000 2014 diciembre de FRANCISCO SUÁREZ Dr. GABRIEL VALBUENA
00173-01 2019 VARGAS HERNÁNDEZ
(1688-16)
7 08001-23-33- 10 de junio Dra. SANDRA LISSET Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
000-2014- de 2020 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00208-01
8 08001-23-31- 22 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2014- octubre de HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
00254-01 2020 HERNÁNDEZ
(4960-2017)
9 08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2014- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
00132-01 de 2020 HERNÁNDEZ
10 08001 23 31 17 de junio Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000 2014 de 2021 VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
00815 01 HERNÁNDEZ VARGAS
(4979–2017)
11 08001-23-33- 17 de junio Dr. CÉSAR Dra. SANDRA LISSET IBARRA
000-2015- de 2021 PALOMINO CORTÉS VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO
00331-01 CUÉTER
12 19001-23-33- 4 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
00445- de 2021 HERNÁNDEZ
02(0483-20)
13 08001-23-33- 25 de Dra. SANDRA LISSET Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
000-2014- noviembre IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
01127-01 de 2021
(1002-2021)
14 40001-23-40- 25 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2017- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
00134-01 de 2021 HERNÁNDEZ
(2208-2020)
15 080001-23-40- 11 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
90008-01 de 2021 HERNÁNDEZ
(2387-2020)
16 080001-23-40- 11 de Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000-2014- noviembre VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
90022-01 de 2021 HERNÁNDEZ VARGAS
(5154-2016)
17 080001-23-33- 20 de enero Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000-2017- de 2022 VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
00931-01 HERNÁNDEZ VARGAS
(1001-2021)
18 080001-23-33- 3 de marzo Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL
000-2015- de 2022 HERNÁNDEZ GÓMEZ FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr.
00075-01 GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
(2660-2020)
19 76001-23-33- 28 de abril Dr. CARMELO Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
000-2013- de 2022 PERDOMO CUÉTER Dra. SANDRA LISETH IBARRA
00756-01
(2224-2020)
20 080001-23-40- 9 de mayo Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000-2017- de 2022 FRANCISCO SUÁREZ Dr. GABRIEL VALBUENA
00795-01 VARGAS HERNÁNDEZ
(2659-2020)
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Demandante: Hugo Ferney Echavarría Barreto
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01969-01
21 47-001-23-33- 19 de mayo Dra. SANDRA LISSET Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
000-2019- de 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00359-01
(4004-2021)
22 47-001-23-33- 1 de julio de Dra. SANDRA LISSET Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
000-2019- 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00376-01
(4462-2021)
23 08001-23-33- 22 de Agosto Dr. CÉSAR Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
000-2015- de 2022 PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO
00509-01 CUÉTER
(2140-2020)
24 08001-23-33- 22 de Dr. CESAR Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
000-2015- Septiembre PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO
90124-01 de 2022 CUÉTER
(2394-2020)
25 76001-23-31- 19 de enero Dr. WILLIAM DR. RAFAEL FRANCISCO SUAREZ
000-2012- de 2023 HERNANDEZ GOMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00212-02 HERNANDEZ
(4470-2021)
26 47001-23-33- 26 de enero DR. RAFAEL DR. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
000-2018- 2023 FRANCISCO SUÁREZ – DR. GABRIEL VALBUENA
0231-01 HERNANDEZ
(0871-2020)
18. Hasta la sentencia número 26 enumerada, la parte actora se limitó a citar
textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley
50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al
Estado.
19. Por último, trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados
Administrativos del país, en las que se ha decidido sobre el tema en cuestión:
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO
No. RADICADO F. DECISIÓN JUZGADO
EXPEDIENTE
1 66001 3333 001 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO DE PEREIRA
2022 0002000
2 05001 3333 019 29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
2022 0009700
3 70001 3333 002 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE SINCELEJO
2022 0007200
4 27001 3333 002 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE QUIBDÓ
2022 0014700
5 68001 3333 009 30/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE
2022 0010900 BUGA
6 76111 3333 003 28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE
2022 0006600 BUGA
7 68001 3333 002 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA
2022 0006500
8 68001 3333 009 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ
2022 00010900
9 27001 3333 005 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ
2022 0012200
10 11001 3342 051 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL CTO DE BOGOTÁ
2022 0009800
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1.5. Trámite de la acción de tutela
20. Por auto de 25 de abril de 2023, el magistrado ponente de la decisión de
primera instancia admitió la acción constitucional de la referencia. En
consecuencia, se ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo de
Quindío. Asimismo, vinculó como terceros con interés al Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia, al Municipio de Armenia y al
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia
21. Remitió el expediente solicitado en préstamo.
1.6.6. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
el Municipio de Armenia y el Tribunal Administrativo de Quindío, pese a
haber sido vinculados en debida forma, guardaron silencio.
1.7. Sentencia de tutela de primera instancia
22. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 2 de junio de 2023, declaró la improcedencia de la acción por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
23. Sostuvo que los argumentos expuestos por la parte actora están dirigidos
a reabrir asuntos ya estudiados y resueltos en el trámite del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho. A su vez, consideró que el tutelante reiteró las
razones que fundamentaron el recurso de apelación interpuesto en el proceso
ordinario y que, por tanto, su intención es que el juez de tutela lleve a cabo un
estudio de la jurisprudencia que consideró como desconocida. Con esto, su
finalidad es simplemente que se adopte una decisión favorable a sus intereses.
24. En este orden de ideas, concluyó que el objetivo de este mecanismo de
amparo es revivir una controversia jurídica ya zanjada por el juez natural de la
causa, lo cual está vedado para el juez constitucional.
25. La sentencia de tutela de primera instancia fue notificada el 21 de junio de
2023.
1.8. Impugnación
26. Mediante memorial remitido el 26 de junio de 2023, la parte actora impugnó
el fallo de primera instancia y solicitó que se accediera a las pretensiones de la
demanda.
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27. Arguyó que no era cierto que no existiera una posición unificada al interior
del Consejo de Estado con respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes oficiales pues, a su juicio, esta posición está decantada desde el 2019.
De tal forma, reiteró todas las providencias referenciadas en el escrito inicial de
tutela.
28. Expuso que en la Sección Tercera existen pronunciamientos2 en trámites
de tutela por medio de los cuales se ha fijado una postura al respecto. Sostuvo
que esto permitía concluir que sí existe un criterio en la solución de asuntos como
el propuesto y que, en controversias similares, se ha aplicado el principio de
favorabilidad, según el cual, es necesaria la aplicación de la Ley 50 de 1990 en
materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías
actualizadas.
29. Trajo a colación las generalidades del requisito de relevancia
constitucional y afirmó que este se había cumplido, ya que se justificaron de
manera razonable los hechos que se consideraban como vulneradores de los
derechos fundamentales invocados al evidenciar el yerro en que se incurrió al no
reconocer la sanción moratoria alegada ni aplicar el principio de favorabilidad.
30. Señaló que el auxilio de cesantías implica una protección tanto al
trabajador como a su núcleo familiar, pues se configura como una ayuda
económica para suplir necesidades como la vivienda y la educación superior y
busca que el trabajador tenga un respaldo que no comprometa los recursos
necesarios para su mínimo vital. Por tanto, añadió que al no reconocerse el pago
de la sanción moratoria, se vulnera su derecho fundamental a la seguridad social,
debido a que es la consignación oportuna de dicha prestación la que lo garantiza.
31. Concluyó que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción
moratoria implica un trato desigual de los docentes frente a otros servidores
públicos que gozan de dicha retribución económica, dado que aquellos tendrían
un derecho limitado.
32. Mediante auto del 16 de abril de 2024, la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado concedió la impugnación presentada por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
33. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 2 de junio de
2023 por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. Lo anterior
2 Citó textualmente apartados de los siguientes fallos de tutela: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 17.06.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp.
11001-03-15- 000-2018- 04617-01.
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de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.3. Legitimación en la causa
34. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
35. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Hugo
Ferney Echavarría Barreto conformó el extremo accionante dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia
cuestionada. Por tanto, es titular de los derechos fundamentales que reclama por
esta vía y goza de legitimación en la causa por activa.
36. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Quindío
se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad
que dictó la decisión judicial objetada.
2.4. Problemas jurídicos
37. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
38. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
● ¿El Tribunal de Quindío vulneró los derechos fundamentales reclamados
por el señor Echavarría Barreto al proferir la sentencia de 30 de marzo de 2023,
en la que confirmó la decisión de primer grado que negó el reconocimiento del
pago de intereses por el pago tardío de sus cesantías como docente oficial
afiliada al FOMAG y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías?
39. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
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2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales5.
41. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia7 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial8.
42. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i).
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos
los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
8 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del procedimiento
establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son
los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta
cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la
Constitución.
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v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
43. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
44. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
45. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
46. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional9.
47. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre
de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
48. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
49. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
50. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
51. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6.1. Relevancia constitucional en el caso concreto
52. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
actora cuestiona la sentencia del 30 de marzo de 2023, en la que se confirmó la
decisión denegatoria de primer grado respecto al reconocimiento de intereses por
el pago tardío de sus cesantías y la indemnización por la mora en la cancelación
de los intereses de la misma prestación.
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53. Se recuerda que la parte accionante acusa al Tribunal Administrativo de
Quindío de haber incurrido en defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial aplicable a la situación en
particular. Los fundamentos de los yerros que planteó son brevemente los
siguientes:
• Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución por cuanto en su
sentir, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación
completamente desmedida e inaceptable al dar un trato diferencial en lo
que respecta al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de sus cesantías y la respectiva indemnización, en consonancia con
el artículo 53 de la Carta Política.
• Desconocimiento del precedente judicial de esta Corporación, por cuanto
la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta al momento de decidir,
alrededor de 30 de sentencias en las que se ha desarrollado el ámbito de
aplicación del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y el Decreto
Nacional 1176 de 1991.
54. Es importante resaltar que esta Sala reconoce relevancia constitucional a
toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una
controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental,
como lo son las prestaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las
cesantías. No obstante, en el caso en concreto no se discute sobre la prestación
social sino acerca de la sanción establecida por su pago extemporáneo.
55. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza
de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que
lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital
y a la seguridad social del trabajador»10.
56. De acuerdo con el precedente establecido por esa Alta Corte, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión
de garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social. No obstante, aclaró que no
ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción
moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías. Lo
anterior porque este monto tiene naturaleza sancionatoria y, eminentemente
legal, lo que no da lugar a la intervención del juez constitucional.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
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57. Por lo expuesto, esta Sección reiterará la postura de la Corte
Constitucional y, en consecuencia, confirmará la decisión de primera instancia
que declaró la improcedencia de la presente acción de tutela por no cumplir con
el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. Es importante
resaltar que esta posición ya ha sido adoptada por esta Sala de decisión en varias
providencias anteriores en las que también se controvirtió vía acción de tutela
sentencias ordinarias en las que se habían negado solicitudes de reconocimiento
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías11.
58. En todo caso, para la Sala es importante resaltar que la Sección Segunda
del Consejo de Estado, como órgano de cierre especializado en la materia objeto
de estudio, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización
de la Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al FOMAG. Para el efecto,
mediante sentencia de 11 de octubre de 2023, dispuso o siguiente:
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.
59. De conformidad con lo anterior, pese a que el asunto que se debate en
esta oportunidad se enmarca en aquellos que carecen de relevancia
constitucional para ser estudiados a través de este tipo de acciones
constitucionales, en todo caso, la Sección Segunda del Consejo de Estado
determinó en sede de unificación que los docentes estatales afiliados al FOMAG
no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías.
60. Lo anterior permite reforzar la postura de esta Sala de que el presente
asunto carece de relevancia constitucional porque la controversia planteada por
el actor se refiere a un tema que fue resuelto en sede de unificación por la sección
especializada.
2.7. Conclusión
61. Se confirmará la sentencia del 2 de junio de 2023, proferida por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que declaró la improcedencia del
mecanismo constitucional de la referencia, puesto que no supera el examen del
requisito general de la relevancia constitucional.
11 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araujo, proveído del 8.09.22 de la 11001-
03-15-000-2022-04482-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de junio de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por medio de la cual se
DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo, conforme a la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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