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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06110-00

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06110-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor David Antonio Osorio Castro contra el Tribunal Administrativo de Sucre. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06110-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de noviembre de 2023

Demandante: David Antonio Osorio Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06110-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06110-00
Demandante: DAVID ANTONIO OSORIO CASTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE – SALA CUARTA
DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no
superar el requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela presentada por el señor David Antonio Osorio
Castro contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los
Decretos 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito remitido el 6 de octubre de 2023, el señor David Antonio Osorio
Castro, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y a los principios de «perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y
al desconocimiento del precedente judicial vertical».

2. Las referidas garantías constitucionales son consideradas vulneradas
como resultado de la sentencia dictada el 26 de julio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión. En esta decisión judicial se
revocó la providencia de primera instancia proferida el 3 de noviembre de 2022
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con el número de radicado 70001-33-
33-002-2022-00162-00/01, para en su lugar denegar las suplicas del medio de

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Demandante: David Antonio Osorio Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06110-00

control.

1.2. Pretensiones

3. En virtud de lo anterior, el señor Osorio Castro solicitó lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia
proferida el día 26/7/2023, en el expediente rad. No.
70001333300220220016201, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA
A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la
accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano
de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra
vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en la
sentencia SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y
pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […]1.

1.3. Hechos

La Sala resume los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas
procesales aportadas al proceso.

4. El señor David Antonio Osorio Castro se desempeña como docente en una
entidad territorial certificada en educación del municipio de Sincelejo, después
del año 1990.

5. Manifestó que el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación
Nacional no efectuó de manera oportuna la consignación correspondiente de las
cesantías, ni los intereses de estas a las cuales tiene derecho como servidor
público por haber laborado el año 2020, lo cual debió transferirse ante el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag).

6. Indicó que el 26 de julio de 2021, promovió una solicitud ante la Secretaría
de Educación del municipio de Sincelejo, en la que pidió el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria relacionada con la falta de consignación de las cesantías
y sus intereses al fondo correspondiente en el tiempo adecuado. Además,
también pidió la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías

1 Transcripción original del texto que puede contener errores.

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Demandante: David Antonio Osorio Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
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prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975. No obstante, hasta la fecha de la
presentación de la acción de tutela, no recibió respuesta alguna, lo que llevó a la
configuración de un acto administrativo ficto o presunto.

7. Por lo tanto, el señor David Antonio Osorio Castro interpuso una demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En
esta solicitó la nulidad del acto administrativo reseñado en el numeral anterior y
solicitó, a título de restablecimiento que se condenara a los demandados a
reconocer y pagar dichos conceptos.

8. El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo profirió sentencia de primera instancia. En esta
providencia, se accedió parcialmente a las pretensiones contenidas en la
demanda ordinaria. En particular, se tomó la siguiente decisión:

i) Declarar la nulidad parcial del acto ficto o presunto negativo generado
debido a la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Educación
del municipio de Sincelejo. Este se relaciona con el reconocimiento de
la sanción por mora derivada del no pago oportuno de las cesantías,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 99, numeral 3° de la Ley 50
de 1990, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retraso.

ii) «A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN
– MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y el MUNCIPIO
DE SINCELEJO, al reconocimiento y pago de sanción moratoria que
se causaron a favor de la parte demándate, consistente en un (1) día
de salario por cada día de retardo, prevista en la Ley 50 de 1990,
articulo 99 numeral 3°, desde el 15 de febrero de 2021 hasta la fecha
en que se acredite el pago».

iii) No acceder a las demás solicitudes de la demanda.

9. En contra de la anterior decisión, la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presentó
recurso de apelación. Este fue desatado por Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Cuarta de Decisión, el cual, en sentencia del 26 de julio de 2023, optó por
revocar el fallo de primer grado y, en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda ordinaria.

10. En su fallo, el tribunal fundamentó su decisión en varios aspectos. Entre
ellos, destacó que estaba probado que el señor Osorio Castro es un docente
afiliado al Fomag y que su régimen de cesantías es el anualizado. Debido a esta
situación, consideró que, al ser afiliado a dicho fondo, el demandante goza de un
régimen especial para la consignación y liquidación de sus cesantías, por lo que
no procedía la imposición de la sanción moratoria derivada de la falta de

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consignación de las cesantías.

11. Además, mencionó que, la posición fijada en la SU-098 de 2018, no es
vinculante. Esto se debe a que los hechos y supuestos aplicables al presente
caso son diferentes de los que se presentaron en la demanda ordinaria. En otras
palabras, la situación y las normas posteriores aplicables en el caso actual son
distintas a las consideradas en la sentencia de unificación mencionada, por lo
que no se pueden aplicar directamente a esta situación

12. Finalmente, señaló que, dado que no hay un precedente consolidado de
obligatoria aplicación en este caso, que sea similar a aquellos procesos en los
que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y este tribunal han aplicado la
sanción por favorabilidad que la parte demandante busca, dicha penalidad no
puede ser reconocida.

1.4. Sustento de la vulneración

13. El señor David Antonio Osorio Castro mencionó que en el debate
planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de
la acción de tutela. En particular, refirió que el asunto goza de relevancia
constitucional.

14. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado el 23 de marzo de 2023, en la
cual se superó el análisis del requisito de relevancia constitucional, con
fundamento en el deber de analizar si la providencia enjuiciada desconoció los
derechos fundamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen
aplicable a los docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la
consignación del auxilio de cesantías.

15. Arguyó que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el
Fomag, los docentes no tienen garantía de la prestación, lo cual transgrede el
derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo
cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

16. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al
derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que
gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando
estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste
relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó
de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección
inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto
eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no
pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.

17. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la
situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha

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reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista
de regulación al no estar afiliados al Fomag. Igualmente, adujo que se
desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,

18. En ese orden, refirió que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto
sustantivo, en un desconocimiento del precedente. Con respecto al primero, el
escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, frente al segundo, se indicó
que el tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se
vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la situación más favorable al
trabajador.

19. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen
general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer
la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes del sector
oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C-741 de 2012, C-
486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.

20. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas
sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del
precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre
la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag y ha llegado
a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión.

21. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en
el numeral anterior por la parte actora:

Corte Constitucional

No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS FIRMANTES
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE
1 Exp. T- 17 de Dra. GLORIA STELLA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
6.736.200 octubre de ORTIZ DELGADO 098/2018 DE LA CORTE
2018 CONSTITUCIONAL
2 Exp. T- 25 de julio de Dr. GLORIA STELLA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
5904426 y 2019 ORTIZ DELGADO 332/2019 DE LA CORTE
otros CONSTITUCIONAL
3 Exp. T- 6 de febrero Dr. LUIS GUILLERMO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
7.182.312 y de 2020 GUERRERO PÉREZ 041/2020 DE LA CORTE
otros CONSTITUCIONAL

Consejo de Estado

No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS FIRMANTES
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE
1 08001-23-33- 6 de agosto Dra. SANDRA LISETH SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL
000-2013- de 2020 IBARRA CONSEJO DE ESTADO
00666-01
(0833-16)
2 76001-23-31- 24 de enero Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000- de 2019 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
200900867-

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Demandante: David Antonio Osorio Castro
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06110-00

01, No.
Interno: 4854-
2014
3 11001-03-15- 17 de junio Dr. NICOLAS YEPES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
000-2018- de 2019 CORRALES NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ
04617-01 LUQUE
4 11001-03-15- 28 de junio DR. ROBERTO DRA. NUBIA MARGOTH PEÑA
000-2018- de 2019 AUGUSTO SERRATO GARZÓN – DR. HERNANDO
04679-01 VALDÉS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
5 11001-03-15- 29 de julio de Dr. NICOLAS YEPES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
000-2019- 2019 CORRALES NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ
03499-01 LUQUE
6 08001-23-33- 2 de Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2014- diciembre de FRANCISCO SUÁREZ DR. GABRIEL VALBUENA
00173-01 2019 VARGAS HERNÁNDEZ
(1688-16)
7 08001-23-33- 10 de junio Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2014- de 2020 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00208-01
8 08001-23-31- 22 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2014- octubre de HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00254-01 2020 HERNÁNDEZ
(4960-2017)
9 08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2014- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00132-01 de 2020 HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 17 de junio Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000 2014 de 2021 VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
00815 01 HERNÁNDEZ VARGAS
(4979–2017)
11 08001-23-33- 17 de junio Dr. CÉSAR Dra. SANDRA LISSET IBARRA
000-2015- de 2021 PALOMINO CORTÉS VÉLEZ – Dr. CARMELO PERDOMO
00331-01 CUÉTER
12 19001-23-33- 4 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00445- de 2021 HERNÁNDEZ
02(0483-20)
13 08001-23-33- 25 de Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2014- noviembre IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
01127-01 de 2021
(1002-2021)
14 40001-23-40- 25 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2017- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00134-01 de 2021 HERNÁNDEZ
(2208-2020)
15 080001-23-40- 11 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
90008-01 de 2021 HERNÁNDEZ
(2387-2020)
16 080001-23-40- 11 de Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2014- noviembre VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
90022-01 de 2021 HERNÁNDEZ VARGAS
(5154-2016)
17 080001-23-33- 20 de enero Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2017- de 2022 VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
00931-01 HERNÁNDEZ VARGAS
(1001-2021)
18 080001-23-33- 3 de marzo Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL
000-2015- de 2022 HERNÁNDEZ GÓMEZ FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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Demandante: David Antonio Osorio Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06110-00

00075-01
(2660-2020)
19 76001-23-33- 28 de abril Dr. CARMELO Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2013- de 2022 PERDOMO CUÉTER Dra. SANDRA LISETH IBARRA
00756-01
(2224-2020)
20 080001-23-40- 9 de mayo Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2017- de 2022 FRANCISCO SUÁREZ Dr. GABRIEL VALBUENA
00795-01 VARGAS HERNÁNDEZ
(2659-2020)
21 47-001-23-33- 19 de mayo Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2019- de 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00359-01
(4004-2021)
22 47-001-23-33- 1 de julio de Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2019- 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00376-01
(4462-2021)
23 08001-23-33- 22 de agosto Dr. CÉSAR Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
000-2015- de 2022 PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO
00509-01 CUÉTER
(2140-2020)
24 08001-23-33- 22 de Dr. CESAR Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
000-2015- septiembre PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO
90124-01 de 2022 CUÉTER
(2394-2020)
25 76001-23-31- 19 de enero Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2012- de 2023 HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – DR. GABRIEL
00212-02 VALBUENA HERNÁNDEZ
(4470-2021)
26 47001-23-33- 26 de enero Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2018- de 2023 FRANCISCO GÓMEZ DR. GABRIEL VALBUENA
0231-01 HERNÁNDEZ
(0871-2020)

22. Frente a su contenido, la parte actora se limitó a citar textualmente
apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990
y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado.

23. Por último, el apoderado del accionante trajo a colación las siguientes
providencias de los juzgados administrativos del país:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO
No. RADICADO F. JUZGADO JUEZ
EXPEDIENTE DECISIÓN
1 66001 3333 001 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CRISTINA ISABEL
2022 0002000 CTO DE PEREIRA SANCHEZ BRITO
2 05001 3333 019 21/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL PATRICIA CÓRDOBA
2022 0009700 DEL CTO DE VALLEJO
MEDELLÍN
3 70001 3333 002 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL LISSETE MAIRELY
2022 0007200 DEL CTO DE NOVA SANTOS
SINCELEJO
4 27001 3333 002 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL YUDY YINETH
2022 0014700 DEL CTO DE QUIBDÓ MORENO CORREA
5 76001 3333 002 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL JUAN MIGUEL
2022 0006600 CTO MARTINEZ
DE GUADALAJARA LONDOÑO
DE
BUGA

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: David Antonio Osorio Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06110-00

6 76111 3333 003 28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL LEIDY JOHANNA
2022 0006600 CTO URIBE MOLINA
DE GUADALAJARA
DE
BUGA
7 68001 3333 002 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL ARLEY MENDEZ DE
2022 0006500 CTO LA ROSA
DE BUCARAMANGA
8 68001 3333 009 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL JAIRO GARCIA
2022 00010900 CTO SUAREZ
DE BUCARAMANGA
9 27001 3333 005 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL EMILSON
2022 0012200 CTO MARMOLEJO
DE QUIBDÓ GARCIA
10 11001 3342 051 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL NORBERTO
2022 0009800 CTO DE BOGOTÁ MENDIVELSO
PINZON

1.5. Trámite de la acción de tutela

24. Mediante auto del 9 de octubre de 20232, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar
como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Cuarta de Decisión. A su vez, dispuso la vinculación como terceros con interés
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo [autoridad
de primera instancia], al municipio de Sincelejo, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
[autoridades demandadas en el proceso ordinario] y a la Fiduprevisora S.A.
[entidad vocera y administradora de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio].

25. Igualmente, en los términos del artículo 610 del Código General del
Proceso, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, con el fin de que, si lo considera necesario, interviniera en el presente
trámite.

26. Por otro lado, con el fin de contar con todos los medios probatorios, se le
solicitó al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión y al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo para que
proporcionaran una copia digital del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho designado con el radicado 70001-23-33-002-2022-00162-00/01, en el
cual el señor David Antonio Osorio Castro actuaba como demandante.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Sucre

27. La autoridad judicial presentó un informe en el que solicitó que se declare
improcedente la presente acción de tutela. En su argumento, destacó que en la

2
Notificado el 12 de Octubre de 2023.

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Demandante: David Antonio Osorio Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06110-00

decisión en cuestión no se configuran los presupuestos procesales y materiales
para una sentencia de tutela favorable a los intereses del señor Osorio Castro.

28. Señalo que la situación descrita en la demanda difiere sustancialmente de
la analizada en la sentencia SU-098 de 2018 y en las sentencias del Consejo de
Estado en las que, por razones de favorabilidad, se aplicó la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes.

29. Destacó que la decisión adoptada se fundamentó en la evidencia aportada
en el expediente y se ajustó al régimen especial de cesantías aplicable a los
docentes afiliados al Fomag. Como resultado, mencionó que la sala en ejercicio
de la autonomía judicial, llegó a la conclusión de que la sanción moratoria
derivada de la no consignación de las cesantías correspondientes al año 2020
antes del 15 de febrero del año siguiente no era aplicable al accionante. Por
consiguiente, concluyó que procedía la consignación de dicha prestación en una
cuenta individual, dado que los fondos destinados para su pago se desembolsan
de manera global y se incorporan de forma mensual a lo largo del año.

30. En consecuencia, argumentó que la acción de tutela en cuestión debe ser
considerada improcedente, principalmente debido a la ausencia del requisito
fundamental de la relevancia constitucional. Esto se debe a que la parte
demandante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para
volver a debatir la decisión dictada en la providencia del 26 de julio de 2023.

1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo

31. La autoridad judicial de primera instancia remitió el expediente electrónico
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número de radicado 70001-33-33-002-2022-00162-00/01, en el que el
señor David Antonio Osorio Castro actuaba como demandante. Sin embargo, la
mencionada no emitió un pronunciamiento en relación con la presente acción
constitucional.

1.6.3. Ministerio de Educación Nacional

32. Señaló que la acción de tutela resulta improcedente comoquiera que dicha
cartera no vulneró los derechos fundamentales del señor David Antonio Osorio
Castro y que la acción de tutela pretende reabrir el debate agotado en el marco
del proceso ordinario, por lo que el debate carece de relevancia constitucional.

33. Indicó que los supuestos fácticos del presente caso se aproximan más a
los estudiados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 que a
los analizados en la sentencia SU-098 de 2018, por lo que no puede alegarse la
aplicabilidad de esta última como precedente.

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Demandante: David Antonio Osorio Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06110-00

1.6.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Fiduprevisora
y el municipio de Sincelejo, a pesar de haber sido notificados de manera
adecuada, optaron por guardaron silencio3.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por el señor David Antonio Osorio Castro contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015 [modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 2021], así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esa
corporación.

2.2. Legitimación en la causa

35. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley
2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción de amparo por sí misma o
por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los
derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su
propia defensa.

36. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

37. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala observa que el señor
David Antonio Osorio Castro, quien figura como la parte accionante en esta
acción de tutela, también desempeñó el papel de demandante en el proceso
ordinario relacionado con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho bajo el número de radicado 70001-33-33-002-2022-00162-00/01. En
consecuencia, ostenta la condición de titular de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, de acceso a la administración
de justicia, y a los principios de «perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y
desconocimiento del precedente judicial vertical».

3 Índice 8 Samai.

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38. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión
está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la
decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problema jurídico

39. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por el señor David
Antonio Osorio Castro, las respectivas pretensiones elevadas, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos a
resolver en el caso son los siguientes:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
40. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión vulneró los
derechos fundamentales invocados por el señor David Antonio Osorio
Castro, al incurrir en los defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial con la sentencia
proferida el 26 de julio de 2023, en la cual revocó lo resuelto por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, en providencia
del 3 de noviembre de 2022, que había accedido de manera parcial a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho?

41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la
relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) estudio del
caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales6.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.

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43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia8 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.

44. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

i) Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) Inmediatez,
iii) Subsidiariedad,
iv) Relevancia constitucional,
v) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

45. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del

05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá:

I) Que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión

II) Que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

46. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

47. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200510. En esta
providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes11.
(Subrayado fuera de texto).

48. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202212 y SU-573 de

10 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal

Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión
a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b)
que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una
decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto,
bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías
superiores.
11 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
12 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en

primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro
de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la

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201913 el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de
determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional.

49. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201414, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590
de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

50. En concreto, sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad
señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el
principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la
acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que
corresponde a otras jurisdicciones.

51. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 15
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

52. De esta manera, esta Sala de Decisión planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se
refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) Que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y
no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración

Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un
debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y,
(iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
13 Mediante esta determinación judicial, la Corte Constitucional ha señalado que el reconocimiento

de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías no puede ser considerado como un
derecho fundamental. En consecuencia, el caso carece de relevancia constitucional.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. N.° 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.

53. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional en el caso en concreto

54. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el señor
David Antonio Osorio Castro cuestiona la sentencia del 26 de julio de 2023
dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión. Esta
decisión revocó la decisión de primer grado que había accedido de manera
parcial a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho relacionadas con el reconocimiento de intereses por el pago tardío de
sus cesantías, y, en su lugar, negó la totalidad de tales pretensiones.

55. En relación con este punto, es fundamental recordar que la parte
demandante acusa al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión
de haber incurrido en un defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial aplicable a la situación específica. Los
argumentos que sustentan estas alegaciones se basan en lo siguiente:

• Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución por cuanto en su
sentir, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación
completamente desmedida e inaceptable al dar un trato diferencial en lo
que respecta al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías y la respectiva indemnización, en
consonancia con el artículo 53 de la Carta Política.

• Desconocimiento del precedente judicial de esta Corporación, por cuanto
la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta al momento de decidir,
alrededor de 30 de sentencias en las que se ha desarrollado el ámbito de
aplicación del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990.

56. Es importante resaltar que esta Sala reconoce la relevancia constitucional
a toda pretensión que, en el contexto de un proceso de tutela, esté vinculada a
una controversia en relación con la protección de un derecho o garantía de rango
fundamental. Esto incluye las prestaciones sociales, entre las que se encuentran
las cesantías, siempre y cuando se cumplan con los demás requisitos
pertinentes. Sin embargo, en el caso concreto, la cuestión en discusión no versa
sobre la prestación social en sí, sino sobre la sanción impuesta por su pago fuera
del plazo establecido.

57. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló

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que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza
de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que
lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital
y a la seguridad social del trabajador»16.

58. De acuerdo con el precedente establecido por la Alta Corte, el
reconocimiento y pago de las cesantías representan un derecho inalienable para
el trabajador, y su falta de pago implica una violación de garantías
constitucionales de carácter fundamental, como el derecho al mínimo vital y a la
seguridad social. No obstante, es importante aclarar que no se aplica el mismo
principio a la cuantía relacionada con la penalidad por la sanción moratoria
cuando el empleador no realiza el depósito de las cesantías en el plazo
estipulado. Esto se debe a que dicho monto tiene un carácter eminentemente
sancionatorio y legal, lo que excluye la intervención del juez constitucional.

59. Por lo expuesto, esta Sección reiterará la postura de la Corte
Constitucional y, en consecuencia, declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional. Es importante resaltar que esta posición ya ha sido adoptada por
esta Sala de decisión en varias providencias anteriores en las que también se
controvirtió vía acción de tutela sentencias ordinarias en las que se habían
negado solicitudes de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías17.

60. En todo caso, para la Sala es importante resaltar que la Sección Segunda
del Consejo de Estado, como órgano de cierre especializado en la materia objeto
de estudio, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización
de la Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al Fomag. Para el efecto,
mediante sentencia de 11 de octubre de 2023, dispuso o siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.

16 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
17 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00,
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío
Araujo, proveído del 8.09.22 de la 11001-03-15-000-2022-04482-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.

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61. De conformidad con lo anterior, pese a que el asunto que se debate en
esta oportunidad se enmarca en aquellos que carecen de relevancia
constitucional para ser estudiados a través de este tipo de acciones
constitucionales, en todo caso, la Sección Segunda del Consejo de Estado
determinó en sede de unificación que los docentes estatales afiliados al Fomag
no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías.

62. Lo anterior permite reforzar la postura de esta Sala de que el presente
asunto carece de relevancia constitucional porque la controversia planteada por
el actor se refiere a un tema que fue resuelto en sede de unificación por la sección
especializada.

2.7. Conclusión

63. Se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la referencia,
puesto que no supera el examen del requisito general de la relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor David Antonio Osorio Castro contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: David Antonio Osorio Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06110-00

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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