Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05647-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05647-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05647-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de octubre de 2023
Demandante: Diego Alejandro Rúa Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05647-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05647-00
Demandante: DIEGO ALEJANDRO RÚA GIRALDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional. Sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Diego Alejandro Rúa Giraldo, por medio de apoderado judicial, radicó
acción de tutela el 26 de septiembre de 2023, con el fin de que se le protejan
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia, «a la situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho, al principio constitucional de la perpetuatio
jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento del precedente judicial
vertical».
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la sentencia de 31 de julio de 2023, del Tribunal Administrativo de Antioquia
por medio de la cual se confirmó la decisión del Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín de 14 de marzo de 2023, que
denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que presentó contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de
Medellín, la cual se identificó con el radicado número 05001-33-33-014-2022-
00205-00/01.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones son las siguientes:
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Demandante: Diego Alejandro Rúa Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la
sentencia proferida el día 01/08/2023, en el expediente rad. No.
05001333301420220020500, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no
se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales
de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida
en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del
H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes: (…).1 (Negrillas y mayúsculas sostenidas originales)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta providencia:
1.3.1. El señor Diego Alejandro Rúa Giraldo labora como docente en el
municipio de Medellín, con posterioridad al año 1990, y se encuentra afiliado
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
1.3.2. El 15 de octubre de 2021, solicitó al referido fondo el pago de la sanción
moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la falta de
consignación oportuna de sus cesantías correspondientes al año 2020,
petición que le fue negada con respuesta del 25 de noviembre de 2021,
emanada de la Secretaría de Educación de Medellín.
1.3.3. En atención a la anterior situación, por intermedio de apoderado judicial,
el tutelante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la cual solicitó como peticiones de condena
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de
las cesantías, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
1.3.4. Del referido proceso conoció, en primera instancia, el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, bajo el radicado 05001-33-33-
014-2022-00205-00, autoridad judicial que, en sentencia de 14 de marzo de
2023, negó las pretensiones deprecadas, al considerar que en el régimen
especial del sector docente previsto en la Ley 91 de 1989, no existía
1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
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disposición alguna que ordenara la consignación anual de las cesantías, luego,
dicho personal no tenía derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la consignación tardía de aquellas, de que trata el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, comoquiera que todos los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, cubren las prestaciones sociales de los
maestros.
1.3.5. El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, para lo cual, iteró los argumentos de la demanda e hizo hincapié en
que no solo la ley sino la abundante jurisprudencia tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado, han avalado la aplicación de la
Ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que a los
demás empleados públicos.
1.3.6. El Tribunal Administrativo de Antioquia en fallo de 31 de julio de 2023,
confirmó la providencia recurrida, para lo cual indicó que, en atención a que el
demandante era un docente, necesariamente debía estar afiliado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme lo disponía la Ley
91 de 1989, sin que existiera una cuenta individual para cada maestro, luego,
no había fundamento legal para que las entidades demandadas se acogieran
al régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora, después de referirse ampliamente a la procedencia de este
mecanismo constitucional contra providencias judiciales alegó que se cumplía
con todos los requisitos generales señalados por la Corte Constitucional, en
especial, hizo énfasis en el de la relevancia constitucional, para lo cual citó in
extenso los fallos de tutela del 23 de marzo y 17 de abril de 2023, de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en un asunto
similar, lo encontró acreditado y estudió de fondo la solicitud de amparo.
Enseguida, hizo referencia a varios pronunciamientos judiciales sobre la
naturaleza y fin del auxilio de cesantías2 y posteriormente se refirió a la
aplicación del régimen anualizado de aquellas a los docentes vinculados
después de 1990 y 1996, así como al derecho a la sanción moratoria por su
pago tardío.
Indicó que, los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos,
razón por la cual, no era admisible la distinción con los demás servidores
públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo
es, el auxilio de cesantías «así, una interpretación contraria, conllevaría una
restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del
auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se
derivan de esa prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia
constitucional, ya que se está vulnerando el derecho fundamental a la igualdad
de los docentes, respecto de otros servidores públicos».
2Al respecto transcribió in extenso las sentencias C-432 y C-171 de 2020 de la Corte
Constitucional.
3
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Manifestó que se desconocieron las reglas fijadas por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-098 del 17 de octubre 2018, pues, en su sentir, a partir de
dicha providencia, el referido Alto Tribunal como el Consejo de Estado han
señalado reiteradamente que, en virtud del principio de favorabilidad, es
posible aplicar a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio las disposiciones consagradas en la Ley
50 de 1990, en particular, las referidas a la sanción moratoria por la
consignación extemporánea de las cesantías anuales.
Frente a la providencia cuestionada, el tutelante le endilgó la configuración de
los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento
de precedente, el primero por la inaplicación del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, el segundo por desatención del artículo 53 Superior, referido a la
interpretación de la situación más favorable para el trabajador y, el último por
ignorar las sentencias3 sobre este tema de la Sección Segunda del Consejo
de Estado4.
Señaló que, de la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de
cesantías a los docentes y, asimismo con base en la jurisprudencia
constitucional, era dable concluir que (i) el pago oportuno de las cesantías es
una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución y
que, (ii) los docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las
funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran
sometidos y la vinculación mediante nombramiento «y por lo tanto tienen
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación
tardía de las cesantías».
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 3 de octubre de 2023, el despacho sustanciador de esta
decisión admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Tribunal Administrativo
de Antioquia, en calidad de accionado, y le otorgó el término de dos días para
que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó al Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al municipio de
Medellín y a la Fiduciaria La Previsora S.A., para que, si lo consideraban del
caso, intervinieran en la presente acción, dentro de la misma oportunidad
concedida a la parte demandada.
De igual forma, ordenó a la oficina de sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la corporación, con la
3 Identificó varios fallos dictados por las Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de
Estado de los años 2019 a 2023.
4 La parte actora en la mayor parte del escrito se refirió al régimen anualizado de las cesantías,
para lo cual en acápites extensos se refirió a los antecedentes históricos sobre la obligación
del Ministerio de Educación Nacional de consignar las cesantías causadas de los docentes
vinculados antes y después del 1.° de enero de 1990 y la posición del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional en torno al estudio de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 1996.
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información de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros
interesados. También, requirió a las autoridades judiciales respectivas la
remisión digital del expediente del proceso ordinario donde se dictó la
providencia censurada.
Finalmente, reconoció al abogado Yobany Alberto López Quintero como
apoderado judicial del tutelante, de conformidad con el poder allegado
electrónicamente al expediente.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados
por correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
La titular del referido despacho judicial, en memorial radicado por la ventanilla
virtual el 6 de octubre de 2023, compartió el enlace de acceso al proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho e indicó que existían 6
acciones de tutela con diferentes actores que perseguían la protección de los
mismos derechos, luego, estaba a la espera de la decisión que tome el
despacho.
1.6.2. Fiduciaria La Previsora S.A.
La referida entidad se manifestó con escrito enviado por correo electrónico el
6 de octubre de 2023, en el cual pidió que se declarara improcedente la tutela
por cuanto no se presentó por parte de la autoridad judicial accionada violación
a algún derecho fundamental del accionante. Además, solicitó su
desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
1.6.3. Ministerio de Educación Nacional
Por medio de escrito enviado el 9 de octubre de la presente anualidad, se
pronunció la referida cartera en el sentido de solicitar la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela ante la ausencia del requisito de la
relevancia constitucional, pues, no se demostró la trasgresión de garantías
constitucionales, sumado a que el asunto de naturaleza estrictamente
económica que involucra intereses privados.
1.6.4. Tribunal Administrativo de Antioquía5
La colegiatura en referencia solicitó que se deniegue la solicitud de amparo,
en atención a que en la decisión cuestionada no se incurrió en ningún defecto
y, por lo tanto, no se trasgredió ningún derecho fundamental del tutelante.
5 Correo de 5 de octubre de 2023.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por el señor Diego Alejandro Rúa Giraldo, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestión previa
La Fiduciaria La Previsora S.A. en su escrito de intervención solicitó su
desvinculación del presente trámite, por no estar legitimada en la causa por
pasiva.
Al respecto, la colegiatura la negará comoquiera que la presencia de la
mentada entidad en esta acción constitucional, es en calidad de tercero con
interés y no como parte accionada, luego, debe permanecer en el proceso con
el fin de garantizar su derecho de defensa.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a esta Sección determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales del accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de la sentencia de 31 de julio de 2023, del Tribunal Administrativo de Antioquia,
por medio de la cual se confirmó la decisión de primera instancia de 14 de
marzo de 2023, del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que inició contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y el municipio de Medellín.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el
criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, (ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la
relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados, (iii) el caso
concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
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las distintas Secciones y ella misma habían adoptado posturas diversas sobre
el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la
referida Sala Plena, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente recordar que en principio esta
colegiatura otorgaba relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede
de tutela, estuviera relacionada con una controversia en torno al amparo de un
derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no
obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las
pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico,
al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de dicha naturaleza,
se tornan improcedentes frente al amparo constitucional10.
El anterior lineamiento acogido por esta magistratura se ha construido en
estricto seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-573 del año 201911, providencia cuyos elementos fácticos guardan
identidad con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de
amparo contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de
reconocer sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Ver fallos del 20 de febrero de 2020, proferido en el trámite del proceso N°11001-03-15-
000-2019-04788-01, y 7 de mayo de 2020, dictado en el expediente 11001-03-15-000-2019-
04762-01, ambos con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-573, 27.11.19, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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En el fallo en mención, el máximo tribunal Constitucional señaló que el carácter
irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como
prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona
que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, «solo en
la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría
procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración
del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador».
De acuerdo con lo anterior, precisó la referida Corte en aquella sentencia
unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad
buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad impuesta al
empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta con una
naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, no requiere la
acción del juez de tutela.
En efecto, con este precedente establecido por dicha autoridad judicial, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la
transgresión de garantías constitucionales de rango fundamental, como bien
podrían ser los derechos al mínimo vital y a la seguridad social; no obstante,
aclaró la Corte que no ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la
penalidad de la sanción moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo
tales cesantías, toda vez que, tal monto tiene el carácter de ser una simple
prestación adicional de naturaleza eminentemente patrimonial que no da lugar
a la intervención del juez constitucional12.
La anterior posición es reiterada por la misma corporación en la SU-215 de 16
de junio de 2022, en la cual se unificaron los criterios respecto al requisito de
la relevancia constitucional en los casos de tutela contra providencia judicial,
para lo cual se indicó:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
12 Así lo señaló el alto tribunal:
«La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona
que se queda temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago
conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter
netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela.».
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vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (Énfasis de
la Sala)
Adicionalmente, se precisa que, si bien la Sección Segunda del Consejo de
Estado como órgano de cierre especializado en la materia objeto de estudio
expidió la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 202313 en la
cual se unificó la postura respecto a la aplicabilidad de la sanción moratoria
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y a la indemnización de la
Ley 52 de 1975 a favor de los docentes, lo cierto es que lo hizo en los
siguientes términos:
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.
Así, en la solicitud que ocupa a esta colegiatura, el señor Diego Alejandro Rúa
Giraldo busca que se dicte una decisión que deje sin efectos la sentencia de
segunda instancia para que, en su lugar, se ordene en su favor el
reconocimiento del monto equivalente a la sanción moratoria por el pago
inoportuno de sus cesantías, lo que pone de presente que lo pretendido en
esta tutela es hacer efectiva una prestación de índole estrictamente
patrimonial, cuya ausencia de reconocimiento no configura un menoscabo o
vulneración de alguna garantía fundamental.
En ese orden, conforme a los pronunciamientos de unificación de la Corte
Constitucional antes referidos, los cuales son aplicados por esta judicatura, es
claro, sin que resulte necesario analizar otros aspectos, que la petición de
amparo en estudio resulta improcedente por incumplimiento del presupuesto
de la relevancia constitucional.
2.6. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, se declarará la improcedencia de la solicitud
de amparo comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
13 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Julián David Quintero
Agudelo contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y otros, expediente identificado
con el radicado 66001-33-33-001-2022-00016-01.
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FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiduciaria
La Previsora S.A.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Diego Alejandro Rúa Giraldo contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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