Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05760-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05760-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05760-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
29 de febrero de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05760-01
Demandante: Norma Luz Riveira Castillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05760-01
Demandante: Norma Luz Riveira Castillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Temas: Tutela contra providencia judicial que negó la aplicación, por
favorabilidad laboral, de las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1972,
respecto de la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías anuales e indemnización por el pago inoportuno de los
intereses de las cesantías a docentes afiliados al Fomag. Ausencia
de los defectos desconocimiento de precedente jurisprudencial y
violación directa de la Constitución.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia
del 26 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que
declaró improcedente la acción de tutela.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Norma Luz Riveira Castillo, por intermedio de apoderado, promovió demanda
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Demandante: Norma Luz Riveira Castillo
en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la seguridad social, a
la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al principio de la perpetuatio
jurisdictionis y a la seguridad jurídica.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 24
de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de
Decisión Oral, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 70001-33-33-002-2022-00184-01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal
proferir una nueva decisión en la que se atienda la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el reconocimiento de la sanción moratoria ha edificado tanto la
Corte Constitucional como el Consejo de Estado.
1.1.2. Los hechos
El apoderado del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) La Norma Luz Riveira Castillo se vinculó como docente en el municipio de Sincelejo
después del año 1990, por lo que, atendiendo a la fecha de vinculación, tiene derecho
al reconocimiento y pago de sus cesantías bajo el régimen anualizado, con pago de
interés cada año.
ii) El 15 de febrero del año 2021, el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) no le consignó las cesantías
correspondientes a los servicios prestados en el año 2020.
iii) El 15 de julio de 2021, la señora Norma Luz Riveira Castillo solicitó al Fomag el
reconocimiento y pago de la sanción por mora, establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, modificado por el Decreto Nacional 1176 de 1991, al haber transcurrido
varios meses sin que fuera realizada su consignación efectiva de cesantías, así como
la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías, establecida en el
artículo 1 de la Ley 52 de 1975.
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Demandante: Norma Luz Riveira Castillo
iv) Comoquiera que la entidad nunca contestó a la petición, la señora Norma Luz
Riveira Castillo demandó el acto ficto negativo ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
v) El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo concedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
vi) El 24 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de
Decisión, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
El apoderado de la accionante refirió como argumentos de tutela, los siguientes:
i) El problema jurídico dentro del caso es de índole constitucional, por cuanto la sanción
moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que
necesariamente tiene un alcance en el derecho fundamental a la seguridad social, y la
única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con su consignación efectiva.
ii) De acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias SU-098 de
2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, en virtud del principio de igualdad e in dubio
pro operario no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50
de 1990, pues al tener también el carácter de servidores públicos son beneficiarios de
la sanción moratoria.
iii) En consideración con lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado a
través de varias sentencias expedidas en sus Subsecciones,1 acogió una
1 Concretamente, mencionó las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 76001-
23-31-000-2009-00867-01 y del 6 de agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, y
los pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de junio
de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-
000-2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173-01; 10 de junio
de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-
31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01; 17 de
junio de 2021, expedientes 08001-23-31-000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de
noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021,
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interpretación favorable en el sentido de indicar que sí le resulta aplicable la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales, por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344
de 1996, y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.
iv) Ahora, que la autoridad accionada manifieste que tanto la Sentencia SU-098 de
2018 como la jurisprudencia del Consejo de Estado no son aplicables al caso, por
estudiar situaciones fácticas y jurídicas distintas, esto es, porque los asuntos allí
analizados trataban de docentes no afiliados al Fomag, mientras que, en el sub judice,
el docente sí lo estaba, no resulta adecuado, toda vez que lo que castiga la Ley 50 de
1990 es la falta de consignación de las cesantías en el fondo donde esté afiliado el
trabajador, no la falta de afiliación a un fondo.
v) Con todo, expresar tal situación es tanto como permitir que las entidades territoriales
vincularan docentes sin autorización de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y
luego culpar a esta entidad de la no cancelación de las cesantías, cuando fue esto lo
que expresamente se prohibió desde la expedición del artículo 6 de la Ley 60 de 1993.
No puede vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal
que fueron aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación en
el sector educativo, sin que previamente estuviera autorizado por la Nación, pues
precisamente existía una vinculación automática al Fomag para que fueran
trasladadas las cesantías anualizadas, decretadas por la Ley 91 de 1989, a todos los
docentes, como es el caso del accionante, vinculado después del 1 de enero de 1990.
vi) Cuando en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se estableció que: «... los docentes
nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a
los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta
expedientes 080001-23-40-000-2015-90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre
de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-01127-01 y 40001-23-40-000-2017-00134-01; 20 de
enero de 2022, expediente 080001-23-33-000-2017-00931- 01; 3 de marzo de 2022, expediente
080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01;
9 de mayo de 2022, expediente 080001-23-40-000-2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente
47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47-001-23-33-000-2019-00376-01;
22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022,
expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-
00212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00231-01.
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ley», la intención directa era que se tratara igual a los maestros que ya eran nacionales
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, que se les consignara las cesantías y
que estos recursos se separaran de los recursos de la Nación–MEN como patrono.
vii) Causa extrañeza que el Tribunal profiera una decisión afectando derechos
fundamentales, pues, con justificación objetiva, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en los años 2021, 2022 y 2023 ha decidido unificar en sus dos Salas de
Decisión la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los
docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, lo que significa que el patrono,
en este caso el MEN, solo debe trasladar antes del 15 de febrero de 2021, del trabajo
del docente en el año 2020, sus cesantías al Fomag.
viii) Ahora bien, la obligación del traslado de los recursos a las cesantías que tenía
tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales, las Cajas Nacional y
Departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro a los docentes que se encontraban
vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 al Fomag —ya fuesen nacionalizados,
territoriales o nacionales—, no está en discusión, toda vez que esta fue la intención y
la orden impartida desde la creación de la Ley 91 de 1989, esto es, el Fomag debía
recibir esos recursos; sin embargo, en el caso se señaló que existe unidad de caja
entre los recursos del Ministerio de Educación y el Fomag, lo que no es cierto puesto
que los recursos ya fueron consignados a la entidad. Si bien es cierto en el artículo 57
de la Ley 1955 de 2019 se estableció la unidad de caja de los recursos del Fomag para
el pago de las prestaciones sociales por parte del Fondo, no significa que este principio
se predique de los recursos de Ministerio de Educación Nacional y el Fomag.
ix) Por tanto, a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968,
3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978, y las demás que se
expidieran en el futuro —pues así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como es el caso
de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, que son expresas en señalar la obligación del
patrono con la consignación de las cesantías a los docentes oficiales en el Fomag a
más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.
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x) En el presente asunto se configura una violación directa de la Constitución ante la
no aplicación del principio de favorabilidad, pues a los maestros se les debe tratar en
igualdad de condiciones que al resto de los empleados públicos del país.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 3 de octubre de 2023, el consejero Pedro Pablo Vanegas Gil admitió la acción
de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído, por medio más expedito y
eficaz, al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, en calidad
de demandados; así como a la Nación-Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduprevisora S. A., y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, como terceros interesados en las
resultas del proceso; y, asimismo, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso; ordenó
remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados y a los terceros interesados,
para que, dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de la
providencia, contestaran a la acción de tutela y allegaran los documentos que
pretendieran hacer valer como pruebas; tuvo como pruebas, con el valor que les
asigna la ley, los documentos aportados con la solicitud de tutela; requirió al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo para que enviara copia digital
del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado con el radicado
70001-33-33-002-2022-00184-00 [01]; reconoció personería jurídica al abogado
Yobany Alberto López Quintero, en los términos del poder aportado; y ordenó a la
Secretaría General de la corporación, publicar en la página web copia digital de la
demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y de la providencia, con el fin de
que cualquier persona que tuviera interés conociera de los referidos documentos y
pueda intervenir en el trámite constitucional de la referencia.
1.2.2. El 6 de octubre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído a la señora Norma Luz Riveira Castillo, al Tribunal Administrativo de
Sucre, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, al
Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag), a la Fiduprevisora S. A., al municipio de Sincelejo y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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1.2.3. El 11 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo remitió el enlace para consulta del expediente requerido.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral. El 9 de
octubre de 2023, el magistrado Rufo Arturo Carvajal Argoty solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, en atención de lo siguiente:
i) Lo que se evidencia en el asunto es que la parte actora pretende utilizar el
mecanismo de amparo como una tercera instancia, a efectos de controvertir lo resuelto
en el proceso ordinario.
ii) Es de tener en cuenta que en la actualidad no existe un precedente o una sentencia
de unificación que obligue a aplicar por favorabilidad la sanción moratoria de que trata
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag, cuyas cesantías
se han venido reportando en el fondo en alusión desde su afiliación.
iii) Además, la situación fáctica difiere en gran medida de la analizada en la sentencia
SU-098 de 2018 y en las sentencias del Consejo de Estado traídas de referente, pues
en estas se aplicó la favorabilidad laboral por la omisión de los entes territoriales de
realizar su afiliación al Fomag, trayendo como consecuencia que no se le reconocieran
y consignaran sus cesantías, como de trasladar su auxilio de cesantías al Fomag al
momento de su vinculación al mencionado fondo.
iv) La providencia objeto de censura se fundamentó en el material probatorio aportado
y conforme al régimen especial de cesantías de los docentes afiliados al Fomag, lo
cual permitió llegar a la conclusión, en el ejercicio de la autonomía judicial, que la
sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías del año 2020, antes
del 15 de febrero del año siguiente, no le era aplicable a la demandante, dado que sus
cesantías se vienen reportando al Fomag desde su afiliación, en cumplimiento del
régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, que funciona bajo el
concepto de unidad de caja, por lo que no procede la consignación de la citada
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prestación en una cuenta individual, pues, los recursos destinados para su pago son
girados de forma global e incorporados con una periodicidad mensual durante todo el
año.
1.3.2. El Ministerio de Educación Nacional. El 10 de octubre de 2023, el jefe de la
Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla Cáceres, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, dados los siguientes argumentos:
i) La pretensión del accionante es revivir por la vía de la acción de tutela un debate
jurídico que ya fue zanjado en la jurisdicción correspondiente, en aras de que el juez
constitucional actúe como una tercera instancia. Abrir tal posibilidad desconocería
principios fundamentales del Estado social de derecho en tanto ignoraría la
independencia y autonomía de la que gozan los jueces de la República.
ii) El argumento respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados
al Fomag no se encuentra resuelto de manera pacífica ni por la jurisdicción
constitucional ni por la de lo contencioso administrativo, ya que en ambas se han
expedido providencias que tienden a resolver el asunto en uno u otro sentido.
iii) Con el fin de zanjar de fondo esa discusión ante la jurisdicción competente, la
Procuraduría General de la Nación, por medio de su delegado, interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia en el proceso 66001-33-33-001-2022-
00016-01 (5746-2022), el cual fue admitido mediante auto de 24 de agosto de 2023, y
en la actualidad se encuentra pendiente de ser emitida la sentencia respectiva.2
1.3.3. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El 12 de octubre
de 2023, la Fiduprevisora S. A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó
declarar improcedente la acción y desvincular a la entidad del trámite de tutela al no
estar legitimados en la causa por pasiva. Señaló, lo siguiente:
2 Así se indicó en la contestación de la demanda, pese a que para la fecha en que se radicó el memorial
ya había sido adoptada la sentencia de unificación en la materia.
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i) Las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las que se fundan
las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para el accionante, ya que,
en su caso, no se cuestiona una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en
el retardo de la consignación de las cesantías, sino en el reclamo de la consignación
extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e
indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es imposible que
se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar
en el régimen especial de docentes, comoquiera que no es dable realizar una
consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.
ii) Es de advertir que por disposición del artículo 2 del Decreto 1582 de 1998, las
entidades administradoras de cesantías —creadas por la Ley 50 de 1990— podrán
administrar, en cuentas individuales, los recursos para el pago de las cesantías, no así
ocurre para el Fomag —creado mediante la Ley 91 de 1989— que se rige bajo el
principio de unidad de caja, por lo que es claro que las cesantías de los docentes no
se administran en cuentas individuales. Así, la imposibilidad física y jurídica de
apertura de cuentas individuales para cada docente afiliado al Fomag, se extiende
también a la figura de la «consignación de cesantías», pues en lugar de una
consignación, los docentes pueden retirar sus cesantías siempre que su solicitud
cumpla con el lleno de los requisitos.
1.4. Sentencia impugnada
El 26 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Quinta, negó la solicitud de
desvinculación presentada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y declaró improcedente la acción de tutela, dados los siguientes
considerandos:
i) Es del caso negar la solicitud de desvinculación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por cuanto su vinculación se dio en calidad de tercero con
interés, al poder verse afectada con la decisión que se adopte. En consecuencia, es
necesario asegurar una adecuada confrontación de argumentos.
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ii) En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el
carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza de
prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que lo
reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta
que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad
social del trabajador», y en el caso concreto, la cuestión en discusión no versa sobre
la prestación social en sí, sino sobre la sanción impuesta por su pago fuera del plazo
establecido, lo cual tiene un carácter eminentemente sancionatorio y legal, por lo que
se excluye la intervención del juez constitucional, al no cumplir con el requisito general
de procedibilidad de relevancia constitucional.
iii) Es de señalar que recientemente la Sección Segunda del Consejo de Estado
determinó en sede de unificación que los docentes estatales afiliados al Fomag no
tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, lo que permite reforzar que el asunto carece de relevancia constitucional
puesto que la controversia planteada se refiere a un tema que ya fue resuelto en sede
de unificación por la sección especializada.
1.5. Impugnación
El 1 de noviembre de 2023, el apoderado del accionante presentó escrito en el que
impugnó la decisión de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar,
se concedan las pretensiones. Par dichos efectos, reiteró lo expuesto en el escrito de
tutela y agregó lo siguiente:
i) En el asunto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, puesto
que se justificó de manera razonable los hechos considerados como vulneradores de
los derechos fundamentales invocados, y se dejó en evidencia el yerro en que incurrió
el Tribunal accionado, al no reconocer la sanción moratoria alegada, ni aplicar el
principio de favorabilidad.
ii) En el caso es aplicable el régimen anualizado de cesantías para los docentes
vinculados después de 1990 y 1996, ya que la consignación es la única manera de
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garantizar el acceso a la prestación; además, tal sistema solo puede ser equitativo si
los trabajadores pueden contar con su pago de forma oportuna para poder disponer
del auxilio en cualquiera de los eventos en que se permite su utilización, es decir, ante
el desempleo, financiar educación superior, y adquisición, construcción, mejora o
liberación de vivienda.
iii) Los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos, razón por la
cual no es admisible la distinción con los demás servidores públicos en cuanto a que
sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, una interpretación contraria
restringiría tanto la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de
cesantía, como de las protecciones que se derivan de esa prestación, lo que deviene
en una connotación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho
a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos.
1.6. Otras actuaciones
1.6.1. El 24 de noviembre de 2023, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez
manifestó encontrarse inmerso en la causal de impedimento prevista en el numeral 5
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, al sostener una relación de amistad
íntima y entrañable con la magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, quien suscribió la
decisión objeto de cuestionamiento.
1.6.2. El 1 de diciembre de 2023, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas solicitó
la designación de uno de los conjueces que integra la Sección Segunda del Consejo
de Estado para conocer del asunto de la referencia, al no existir para el momento
quorum decisorio.
1.6.3. El 6 de diciembre de 2023, se realizó diligencia virtual por el presidente de la
Sección Segunda, junto con la secretaria general de la corporación, siendo designado
por sorteo la conjuez Bertha Lucía del Socorro González Zúñiga.
1.6.4. El 25 de enero de 2024, la Sala de decisión declaró fundado el impedimento
manifestado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez y, en consecuencia, lo
separó del conocimiento del asunto.
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2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20193, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Quinta de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 24 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 70001-
33-33-002-2022-00184-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con
la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional4 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,5 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
3Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
4 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
5 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 70001-33-33-
002-2022-00184-01, la Sala establece lo siguiente:
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i) El 27 de abril de 2022, la señora Norma Luz Riveira Castillo, por intermedio de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación-Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y el municipio de Sincelejo, con el objeto de que se declarara
la nulidad del acto ficto configurado el 15 de octubre de 2021, producto de la falta de
respuesta del derecho de petición fechado 15 de julio de 2021, frente a la petición de
la demandante; y, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, que se condenara a las demandadas a reconocer, respecto de las cesantías
anualizadas que se causaron para el año 2020, la sanción moratoria que establece la
Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2021 hasta el día en que se efectuara la
consignación de la prestación, así como la indemnización que prevé la Ley 52 de 1975
por el pago extemporáneo de los intereses sobre las cesantías, equivalente al valor de
los intereses causados durante el año 2020.
ii) El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo concedió parcialmente las súplicas de la demanda.
iii) El 24 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de
Decisión Oral, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Estudio de procedibilidad de la acción
i) «Se cumple el requisito de relevancia constitucional». Es de precisar, sobre el
particular, que este despacho ponente, en anteriores oportunidades,6 venía acogiendo
el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019 en la que se indicó que la discusión
relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 no comportaba
un asunto de relevancia constitucional «i) por versar sobre un asunto meramente legal
con una connotación patrimonial privada, ii) no tener una relación directa con la
6 Procesos de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-02216-00, 11001-03-15-000-2023-01500-01
y 11001-03-15-000-2023-04027-00, entre otros.
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presunta afectación de un derecho fundamental y iii) buscar reabrir el debate concluido
por el juez ordinario».
Sin embargo, a partir de la sentencia del 26 de octubre de 2023 emitida dentro del
expediente de tutela 11001-03-15-000-2023-03988, este despacho ponente modificó
la anterior posición y acogió el criterio mayoritario de la Sala de decisión respecto del
cumplimiento del referido requisito, atendiendo a la expedición de la Sentencia de
Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por parte de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
Así las cosas, la Sala considera que en el caso concurre el requisito de relevancia
constitucional para analizar la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados, por presunto desconocimiento a) de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado en torno al reconocimiento de la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas a los docentes
oficiales afiliados al Fomag, y junto con ello, b) de los principios de favorabilidad en
materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, eventos que de hallarse
acreditados conducirían a encontrar lesionados los intereses de la parte actora.
ii) «Se cumple con el requisito de subsidiariedad», ya que de los hechos y argumentos
narrados no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión
previstas en el artículo 250 del CPACA.
iii) «Se presentó con inmediatez», toda vez que la sentencia objeto de censura data
del 24 de mayo de 2023, y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico
de la Secretaría General del Consejo de Estado el 2 de octubre de 2023, esto es,
dentro del término de los seis meses previstos por esta corporación como prudencial
para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.7
7 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
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iv) «No se cuestionó una irregularidad procesal» sino el hecho de resolverse el asunto
bajo una indebida aplicación jurisprudencial.
v) «Se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se
alegó vulneración, en tanto la parte actora narró de manera clara los hechos sujetos a
examen, los derechos que estima vulnerados y de las inconformidades planteadas
puede advertirse la controversia de los defectos desconocimiento de precedente
jurisprudencial y violación directa de la Constitución.
vi) «No se cuestionó una sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así, al encontrarse cumplidos en el caso los requisitos de procedibilidad de la acción,
se impone abordar el estudio de los argumentos expuestos por el accionante, con
fundamento en los cuales solicita el amparo de sus derechos fundamentales.
2.5.2. Análisis de procedencia del amparo invocado
2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial respecto de la sanción moratoria de que trata
la Ley 50 de 1990 por la consignación inoportuna del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al Fomag
En un primer momento, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que los
docentes no estaban amparados por las disposiciones de liquidación anual de las
cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales
previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de 1996, en
cuyo artículo 13 dispuso la aplicación de las normas vigentes en materia de cesantías,
pero hizo la salvedad de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de
1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.
Postura que también había sido desarrollada por la Corte, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia C-928 de
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20068 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a favor de los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no era
igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó que no se configuraba
violación del derecho a la igualdad porque «simplemente la manera como se liquidan
y pagan aquellos9 es distinta a la regulada en la Ley 50 de 1990, sin que por ello se
configure discriminación alguna».
Posteriormente, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-098 de 2018, al estudiar
la procedencia de la aplicación de la sanción moratoria a un docente oficial que no fue
afiliado al FOMAG por parte del ente territorial, refirió que el «hecho de que los docentes
se encuentren amparados por un régimen especial, no implica el desconocimiento de
su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata de la aplicación de una
norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la
interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado, pues esta será la que
se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política»; por lo cual, en esa
oportunidad consideró que «los despachos judiciales accionados desconocieron que
aunque la norma que establece la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías en los términos que contempla el numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998,
y el Decreto 1252 de 2000, no esté expresamente consagrada a favor de los miembros
del Magisterio, en virtud del principio de interpretación conforme a la Constitución y
favorabilidad en materia laboral, les correspondía aplicar la interpretación más
beneficiosa para el trabajador, esto es, que los docentes sí son destinatarios de la
norma que consagra la referida sanción, pues esta es la interpretación que más se
ajusta a la Constitución».
Con fundamento en el anterior pronunciamiento, las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad aplicado en sede
constitucional, para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de
8 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
9 Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.
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sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 199010.
No obstante, por medio de la sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional
declaró improcedente las acciones de tutela interpuestas contra fallos del Consejo de
Estado sobre este asunto e indicó que la regla jurisprudencial fijada por medio de la
sentencia SU-098 de 2018 solo constituye precedente en el evento en que se omita la
afiliación del docente al Fomag, de manera que en los casos que se pretende la
sanción por la falta de consignación de las cesantías a los beneficiarios del señalado
fondo, no existe una providencia de unificación con efectos vinculantes que pueda
aplicarse a las situaciones con similitud fáctica y jurídica.
Por lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente, con el fin
de unificar o sentar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de Unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, expediente 66001-33-33-001-2022-
00016-01 (5746-2022), en la que expuso lo siguiente:
«[…] 156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es
incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía del
auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece unas
normas acordes con su funcionamiento.
157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al FOMAG
el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el reconocimiento de los
intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no existiría, de
modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento
en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del
empleador.
158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91
de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado
10 Ver Sentencias del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01 (1689-
2018); del 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), entre otras.
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al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.
159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del sistema
general de liquidación anualizada de la prestación económica.
160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la
Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias en las
que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la sentencia
SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de los docentes
afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada por el artículo 99
de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio de cesantías, tal y como
se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento
del asunto.
161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU573
de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a la Sala a
unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de interpretación aquí
definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y razonado de los sistemas
administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir que el primero resulta incompatible
con la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las cesantías […]»
En suma, se colige que la posición actual de la Sección Segunda del Consejo de
Estado consiste en que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a
la sanción moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989.
2.5.2.2. Caso concreto
En el sub judice, la señora Norma Luz Riveira Castillo solicita la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en
materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, los cuales consideró
vulnerados con la sentencia del 24 de mayo de 2023, adoptada por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral.
Alega que la anterior providencia desconoció i) la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado en la que se determinó que a los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio puede aplicárseles
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la Ley 50 de 1990 y, por ello, recibir la sanción moratoria definida en el artículo 99
ejusdem, derivada de la consignación tardía de las cesantías anuales; ii) así como el
principio de favorabilidad laboral, al no realizarse una interpretación constitucional
favorable a los derechos del trabajador.
Pues bien, en la providencia objeto de reproche, el Tribunal accionado presentó las
siguientes consideraciones:
Pues bien, teniendo en cuenta el régimen normativo y la pauta marcada por la
jurisprudencia puesta de presente, considera la Sala que los docentes afiliados al FOMAG
cuentan con un régimen especial para la consignación y liquidación de sus cesantías,
que es el previsto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998, el cual, funciona
bajo el concepto de unidad de caja, sin que proceda la consignación de la citada
prestación a cada docente en una cuenta individual, pues, los recursos destinados para
su pago son girados de forma global e incorporados con una periodicidad mensual
durante todo el año.
De manera que, los recursos comunes relacionados con el pago auxilio de cesantías de
los docentes a fecha 31 de diciembre del año de su causación reposan en el FOMAG, no
obstante, la liquidación individual de las cesantías de cada docente es realizada por las
secretarías de educación territorial en el término establecido por el FOMAG, que para el
auxilio de cesantías correspondiente al año 2020, fue el 5 de febrero de 2021, según lo
estipulado en el Comunicado No. 008 del 11 de diciembre de 202042, liquidación que se
efectúa con el único fin de pagar los intereses de las cesantías, más no para efectos de
consignar esta prestación social en una cuenta individual antes del 15 de febrero del año
siguiente, como sucede en el régimen anualizado de cesantías de la Ley 50 de 1990,
iterando que las cesantías de los docentes en atención al principio de unidad de caja se
reportan en el FOMAG de manera conjunta.
Por ello y como quiera que las cesantías de la demandante se vienen reportando en el
FOMAG desde su afiliación al precitado fondo, la Sala considera que no le es aplicable la
sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías antes del 15 de
febrero del año siguiente, que se encuentra prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990.
En este punto se precisa, que en el presente caso no es vinculante la posición fijada en
la SU-098 de 2018 y en las sentencias del Honorable Consejo de Estado en las que por
favorabilidad se ha aplicado a los docentes la sanción moratoria de que trata el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, por la omisión de los entes territoriales de i) realizar su afiliación
al FOMAG, trayendo ello, como consecuencia que no se le reconozcan y consignen sus
cesantías y de ii) trasladar su auxilio de cesantías al FOMAG al momento de su
vinculación, que este Tribunal ha aplicado en casos semejantes, toda vez que, los
supuestos fácticos en el presente proceso son distintos, por pretenderse el
reconocimiento de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación del
auxilio de cesantías de la demandante correspondiente al año 2020 antes del 15 de
febrero de 2021, quien es un docente afiliado al FOMAG, cuyas cesantías se han venido
reportando en el fondo en alusión desde el 1994 a 2020, como da cuenta el Extracto de
Intereses a las Cesantías, emanado del FOMAG. […]
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Por lo tanto, la demandante no es beneficiario de la sanción moratoria contenida en la
Ley 50 de 1990, pues, tal penalidad no está instituida en el régimen especial que regula
el reconocimiento de las cesantías de los docentes, que no es otro que el previsto en la
Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998, en el cual, se administran los recursos
conforme al principio de unidad de caja, además, por no existir un precedente
consolidado de obligatoria aplicación en este asunto, que se itera es disímil a aquellos
procesos en que la Honorable Corte Constitucional, el Honorable Consejo de Estado y
este Tribunal han aplicado por favorabilidad la sanción cuyo reconocimiento persigue la
parte demandante.
Siguiendo los anteriores derroteros, la Sala puede extraer que, al denegarse el
reconocimiento de la sanción moratoria de qué trata la Ley 50 de 1990, e
indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías prevista en la Ley
52 de 1975, el Tribunal no desconoció la jurisprudencia traída como referente, por el
contrario, fue claro en señalar el por qué no era aplicable a los docentes oficiales
afiliados al Fomag, cumpliendo con la carga argumentativa que le corresponde.
Si bien, la parte actora considera que en el caso se desconocieron las Sentencias de
Unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, lo cierto es que
ninguno de estos pronunciamientos constituyen precedente judicial aplicable al caso,
pues: i) en la Sentencia SU-098 de 2018, tal como lo refirió el Tribunal accionado, solo
se examinó lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes
no afiliados al Fomag; y ii) en las Sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, se
analizó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías definitivas, prevista por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006, y no así el pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por la Ley 50 de 1990.
Asimismo, es dable apreciar que las sentencias del Consejo de Estado traídas como
referente no constituyen jurisprudencia en vigor, ya que, aunque en una de ellas se
acogió lo relacionado con el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley
50 de 1990,11 no lo es menos que en otras se analizaron las circunstancias fácticas de
11 Expediente 0871-2020.
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docentes no afiliados al Fomag,12 como la liquidación de cesantías,13 y en la mayoría
se trató lo relativo al término de prescripción de la sanción moratoria.14
De esta forma, puede concluirse, entonces, que para el momento en que se profirió la
sentencia aquí censurada no existía criterio consolidado ni sentencia de unificación a
aplicar sobre el particular y que, por tanto, la autoridad judicial accionada, en ejercicio
de sus facultades de autonomía e independencia judicial, reconocidas en los artículos
228 y 230 de la Constitución Política, podía optar por la posición que consideraba más
apropiada para resolver el asunto, tal como ocurrió, ya que luego de revisar las
posiciones jurisprudenciales desarrolladas en la materia, consideró —en cumplimiento
de los principios de transparencia y de razón suficiente que exigen del operador jurídico
una especial carga argumentativa—,15 que en el caso no había lugar al reconocimiento
y pago de la penalidad suplicada.
En igual sentido, en el caso tampoco se advierte desconocido el principio de
favorabilidad laboral, toda vez que la autoridad accionada se encargó de explicar que
los docentes solo cuentan con una fuente normativa que es la contenida en la Ley 91
de 1989, en la cual se establece, claramente, tanto el reconocimiento de la prestación
y de sus intereses, como su forma de liquidación, y que dicha norma no admite
diversas interpretaciones ni tampoco se encuentra enfrentada con otra que regule el
régimen docente. Además, que de acuerdo con la referida norma, el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta especial de la Nación a quien
le corresponde manejar las prestaciones sociales de los docentes a través de una
fiducia y no contempla la posibilidad de que cada afiliado tenga una cuenta individual,
como ocurre en las sociedades administradoras de fondos privados de cesantías
(artículo 99-6 la Ley 50 de 1990 y artículo 2 del Decreto 1582 de 1998).
12 Expedientes 4854-2014, 2224-2020 y 4004-2021.
13 Expediente 0483-20.
14 Expediente 0833-2016, 1002-2021, 2208-2020, 2387-2020, 5154-2016, 1001-2021, 4462-2021 y
2394-2020.
15 En las Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022 la Corte Constitucional señaló que «[e]l principio
de transparencia exige que el juez haga «referencia al precedente que abandona, lo que significa que
no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido» y el principio de
razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera
que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior
jerarquía».
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Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
debidamente motivada y justificada, y que, por tanto, no le asiste razón a la parte actora
al afirmar que le era aplicable el régimen de la Ley 50 de 1990, relacionado con la
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales dispuesta para
el régimen general de los servidores públicos, pues, se itera, dentro del régimen
especial de docentes —Ley 91 de 1989—, se establece una forma diferente de
liquidación y pago bajo un procedimiento propio.
Además, se avizora que el criterio acogido por el Tribunal coincide con la regla
jurisprudencial establecida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en la que
se indicó que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción
moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989.
Así las cosas, se tiene que las conclusiones a las que arribó el Tribunal no comportan
para esta Sala de decisión una actuación incursa en vía de hecho que vulnere los
derechos fundamentales invocados, ya que que luego de analizar el desarrollo
normativo dispuesto en la materia como la diferente jurisprudencia proferida en torno
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990,
e indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías prevista en la Ley
52 de 1975, presentó una argumentación razonable del por qué en el caso no era dable
su reconocimiento a docentes oficiales afiliados al Fomag.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala revocará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, denegará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
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F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela, en atención a
las consideraciones que preceden. En su lugar, se dispone:
Segundo. Denegar el amparo solicitado por la señora Norma Luz Riveira Castillo, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
BERTHA LUCÍA DEL SOCORRO GONZÁLEZ ZÚÑIGA
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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