Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06658-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06658-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06658-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
1 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06658-00
Accionante: Germán Armando González Bustamante y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ INMEDIATEZ – No se presentó en un término razonable / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL la parte actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar
de acuerdo con lo decidido por el juez natural frente a la condena en costas – asunto
netamente económico.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del amparo constitucional formulado por Germán Armando, Edgar Iván y Mónica
Liliana González Bustamante contra el Consejo de Estado – Sección Primera.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 30 de octubre de 2023, Germán Armando, Edgar Iván y Mónica Liliana
González Bustamante presentaron demanda de tutela contra el Consejo de Estado
– Sección Primera, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, libertad, igualdad, trabajo,
debido proceso, “situación más favorable al trabajador en condición de abogado
litigante”, buena fe y “protección integral del derecho -recursos, acciones y
procedimientos-”. Consideran que tales prerrogativas fueron vulneradas por la
autoridad accionada al proferir la sentencia de 9 de marzo de 20232, al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 3 que promovieron contra el
Distrito Capital de Bogotá - Contraloría de Bogotá.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a que se ordene “a la Sección Primera del Consejo de Estado, proceso
25000234100020190024301, dentro del fallo adiado el 09 de marzo de 2023, dejar
sin ningún valor y efecto jurídico el numeral segundo que revoca la sentencia
proferida el 15 de abril de 2021, por el Tribunal de origen en lo que respecta a la
condena en costas y en su lugar de un lado se confirmen las mismas (…) y por el
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada el 16 de marzo de 2023.
3 Identificado con número de radicado: 25000234100020190024301.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06658-00
Accionante: Germán Armando González Bustamante y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
otro se condene en costas al extremo demandado CONTRALORÍA DISTRITAL DE
BOGOTÁ, en segunda instancia”.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- El señor Germán Armando González Bustamante, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra el
Distrito Capital de Bogotá- Contraloría de Bogotá, con el fin de que se declarara la
nulidad de los proveídos de 27 de agosto y 24 de septiembre de 2018, y 25 de
octubre de 2019, dictados dentro del proceso de responsabilidad fiscal que se
adelantó en su contra, por haber sido contratista de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas y presentarse un detrimento patrimonial en la misma. Como
restablecimiento del derecho solicitó la exclusión de su nombre del sistema de
información de registro de sanciones e inhabilidades de la Procuraduría General de
la Nación, ya que al ser consultado aparece con inhabilidad para contratar con el
Estado y para desempeñar cargos públicos por 5 años, así como una indemnización
por los daños sufridos y por los gastos en que incurrió para su representación judicial.
5.- El asunto lo conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, quien por sentencia de 15 de abril de 2021 accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la Contraloría de Bogotá.
6.- Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandada y
demandante presentaron sendos recursos de apelación, los cuales fueron resueltos
por el Consejo de Estado – Sección Primera, quien en fallo de 9 de marzo de 2023
confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, pues revocó la condena en
costas. Estimó que la parte demandante no tuvo el poder jurídico para manejar los
fondos o bienes afectados de la Universidad Distrital, de modo que el proceso
atinente al resarcimiento del perjuicio causado, respecto del contratista, no es el de
responsabilidad fiscal, por cuanto no se evidenció la existencia de un vínculo jurídico
entre alguno de estos y unos bienes o fondos específicamente definidos.
7.- Sumado a ello, expuso que la actuación del contratista no contribuyó de manera
eficiente al detrimento de los recursos de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, toda vez que la institución no desplegó ningún actuar para evitar el daño
patrimonial. Por otra parte, revocó la condena en costas al estimar que en el
expediente no aparece evidencia que demuestre los gastos en que incurrió el
demandante para su defensa.
8.- La parte accionante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en una
violación directa de la Constitución al revocar el numeral segundo del fallo de
primera instancia, relacionado con la condena en costas, sin tener en cuenta que el
señor González Bustamante estuvo siempre representado en el proceso judicial por
un apoderado de confianza.
9.- Alegaron que es una insensatez jurídica considerar que no se acreditó el pago
de los honorarios a los abogados que lo representaron, toda vez que es costumbre
que en la mayoría de los contratos por honorarios profesionales se pacte sobre un
porcentaje de acuerdo con el resultado favorable del proceso.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06658-00
Accionante: Germán Armando González Bustamante y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10.- Sostuvieron que el proceso ordinario duró más de 10 años, en donde el actor
estuvo permanentemente actuó por conducto de apoderado, quien finalmente ganó
jurídicamente, pero perdió económicamente, bajo el argumento de no haber probado
el pago de los honorarios de los abogados, pasando por el alto la autoridad judicial
accionada el principio general del derecho que indica que el derecho sustancial está
por encima del procesal. Por último, citó doctrina y apartes de una sentencia de
unificación (radicado 00036 de 2019 -sin fecha-), relacionadas con la condena en
costas.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
11.- Mediante auto de 3 de noviembre de 20234, se dispuso admitir la acción de
tutela, notificar a la autoridad accionada y vincular al Distrito Capital de Bogotá -
Contraloría de Bogotá, en calidad de tercero interesado. También se requirió al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que remitiera, en medio magnético,
copia del expediente identificado con el radicado número 25000-23-41-000-2019-
00243-00/01. Así mismo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Consejo de Estado – Sección Primera5
12.- Expuso que el asunto no cumple con el requisito general de inmediatez, en la
medida en que la sentencia se profirió el 9 de marzo de 2023, y quedó notificada el
22 de marzo de 2022, pero el actor presentó la acción de tutela el 31 de octubre de
2023, es decir superados los 6 meses previstos como plazo razonable.
13.- Adicional a ello, sostuvo que de considerarse superado el anterior requisito, el
asunto carece de relevancia constitucional, como quiera que la negativa de condenar
en costas es un asunto meramente legal y de carácter económico; sumado al hecho
que el actor pretende utilizar esta acción como instancia adicional.
(ii) Contraloría de Bogotá 6
14.- Manifestó que la parte actora no acredita, ni argumenta la existencia de las
causales especiales de procedibilidad requeridas para que proceda una tutela contra
una sentencia, pues solo se limitó a indicar los derechos fundamentales que
consideran violados. Además, que no obra dentro del escrito de tutela texto alguno
relacionado con la relevancia constitucional del caso, y no se cumple con el requisito
de inmediatez, teniendo en cuenta que ya han pasado más de 6 meses desde la
notificación del fallo acusado.
15.- Agregó que resulta evidente que en el caso no se está trasgrediendo ningún
derecho fundamental, sino que por el contrario se trata del cumplimiento estricto de
la norma aplicable en la materia, relacionadas con las costas procesales; de tal forma
que la falta de material probatorio por parte del demandante, a efecto de que le sean
reconocidas las costas, no puede ser atribuida al juez de conocimiento, quien no
puede hacer otra cosa que fallar conforme las normas procedimentales y
sustanciales de la materia.
4 Notificado el 8 de noviembre de 2023.
5 Intervención digital contenida en 11 folios.
6 Intervención digital contenida en 9 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06658-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
16.- En primera medida, la Sala advierte que existe falta de legitimación en la causa
por activa de Edgar Iván y Mónica Liliana González Bustamante, en la medida en
que aquellos no fungieron como demandantes, demandados o terceros con interés
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor
Germán Armando González Bustamante contra el Distrito Capital de Bogotá –
Contraloría de Bogotá. Los referidos señores fueron los apoderados judiciales del
demandante, tal como ellos mismos lo manifiestan en el escrito de tutela.
17.- Bajo este contexto, precisa la Sala que si bien fueron apoderados del entonces
demandante en el proceso ordinario, lo cierto es que eso no los convierte en sujetos
procesales y, por tanto no pueden pretender reclamar en nombre propio la protección
de derechos que le asisten exclusivamente a las partes de un proceso, esto dado
que no son los directamente afectados con la decisión de la autoridad judicial
accionada.
18.- Aún cuando lo que se reclama es la condena en costas, y en la misma habrían
de incluirse las agencias en derecho, esos valores son reconocidos a la parte
demandante sin perjuicio de las obligaciones de estirpe netamente convencional que
hubiere acordado con los apoderados.
D. Análisis del caso concreto
19.- De entrada, la Sala advierte que el presente asunto no cumple con el requisito
de inmediatez, presupuesto según el cual el plazo oportuno o razonable para
presentar la acción de tutela contra providencias judiciales es de 6 meses contados
desde la notificación de la decisión que se cuestiona, por cuanto es a partir del
conocimiento del proveído que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales7. De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente,
procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión 8,
únicamente en los casos en que se hubiese realizado un trámite adicional con
ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición
de sentencia o, incluso, un incidente de nulidad, siempre y cuando no sean
abiertamente improcedentes, pues los pronunciamientos que se dicten con ocasión
de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía
de tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de
cuestionamiento.
20.- La Sala encuentra que la providencia cuestionada -9 de marzo de 2023- fue
enviada a las partes por correo electrónico el jueves 16 de marzo de 20239, por lo
7 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente
110010315000201803905-01.
8 El artículo 302 del Código General del Proceso establece que “Las providencias proferidas en audiencia
adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante,
cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta
la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que
fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
9 Según información visible en el aplicativo SAMAI. Notificación 6248, 6249,6250 y 6251.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06658-00
Accionante: Germán Armando González Bustamante y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que de conformidad con el inciso 3º del artículo 8° de la Ley 2213 de 202210, la
sentencia fue notificada el 22 de marzo del año en curso. No obstante, la demanda
de tutela se formuló el 30 de octubre de 2023, es decir, 7 meses y 8 días después,
superando el término de 6 meses establecido en la jurisprudencia unificada, pacífica
y reiterada por esta Corporación.
21.- Aunado a lo anterior, se advierte que no se presentó ninguna solicitud adicional
posterior a la expedición del fallo cuestionado que tuviera la entidad de suspender el
término de ejecutoria o incidir decisivamente en el sentido del fallo, por lo que el
cómputo del término de 6 meses para interponer la demanda de tutela en un lapso
razonable y oportuno inició el 22 de marzo de 2023, es decir, dos días hábiles
siguiente al envío de la providencia objeto de reproche constitucional a los sujetos
procesales, y venció el 22 de septiembre siguiente. Pese a ello, la acción de tutela
fue formulada después del vencimiento del mencionado término, sin que la parte
actora hubiera expresado alguna justificación para dicho retardo.
22.- Así las cosas, cuando la parte actora acude al juez constitucional tiempo
después de haberse presentado la acción u omisión que estima vulneratoria de sus
derechos fundamentales, se desvirtúa el carácter urgente de la acción de tutela,
impidiendo con ello que el juzgador adopte una decisión que asegure la protección
inmediata de las prerrogativas iusfundamentales invocadas. Esta premisa, sin
perjuicio de que se acredite que deba considerarse un término distinto sobre la base
de la acreditación de que el sujeto afectado no pudo acudir en tiempo ante la
autoridad judicial.
23.- Por otra parte, también se advierte que el asunto carece de relevancia
constitucional, en la medida en que si bien el accionante acude a la acción de tutela
con el propósito de que el juez constitucional se pronuncie respecto de la condena
en costas que no se le impuso a la autoridad judicial demandada vencida en juicio -
Contraloría de Bogotá-, lo cierto es que no resulta procedente que por conducto de
esta acción constitucional se discutan asuntos que no involucran la vulneración o
afectación de derechos fundamentales11.
24.- Es claro que la inconformidad del actor tiene una esencia netamente
económica, ya que en últimas pretende que se le paguen unas costas procesales,
aspecto que no guarda ningún tipo de relación con la garantía de derechos
fundamentales12, lo que desdibuja el cumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional, proyectado en la vulneración de derechos fundamentales, tal como
lo ha sostenido esta Corporación13 (trascripción literal):
<<Por otra parte, el alegato de la actora respecto de que el tribunal demandado incurrió
en desconocimiento del precedente horizontal porque en otros casos se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida, para la Sala, carece de relevancia
constitucional. Aunque la demandante pretenda darle el cariz de vicio o defecto, es
10 “Artículo
8° - Notificaciones Personales: (…) la notificación personal se entenderá realizada una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el
iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje”.
Ver Consejo de Estado, Auto de unificación jurisprudencial del 29 de noviembre de 2022, Exp. 68001-23-33-000-
2013-00735-02 (68177).
11 Sentencias T-903 de 2014, T-260/18, entre otras.
12 En ese mismo sentido, se pronunció el Consejo de Estado en las sentencias de tutela proferidas el 24 de
febrero y 26 de agosto de 2021. (expedientes: 11001-03-15-000-2021-00303-00 y 11001-03-15-000-2021-01776-
01).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de julio de 2015,
expediente No. 11001-03-15-000-2014-03538-01, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06658-00
Accionante: Germán Armando González Bustamante y otros
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
evidente que se encuentra inconforme con la decisión de la autoridad judicial
demandada de condenarlo en costas. En últimas, esa inconformidad tiene un móvil
económico, pues, como se sabe, la condena en costas procesales implica el
reconocimiento a favor de la parte contraria de los gastos en que incurrió para impulsar
el proceso (expensas) y de los honorarios de abogado (agencias en derecho).
En suma, lo que pretende la actora al invocar el desconocimiento del precedente, como
causal de prosperidad de la tutela contra providencias judiciales, es que se la releve
de pagar los gastos derivados de la condena en costas que le impuso el tribunal
demandado por haber sido vencida en el proceso que promovió, circunstancia que, a
todas luces, no comporta la vulneración de ningún derecho fundamental y, por ende,
escapa al ámbito de protección del juez de tutela>> (subrayado fuera de texto original).
25.- Aunado a lo anterior, esta Corporación ha señalado que “lo referente a la
condena en costas desborda la competencia del juez constitucional para analizar los
asuntos sometidos a su conocimiento, pues se trata de un tema eminentemente
económico que carece de relevancia constitucional”14.
26.- Además de lo anterior, y para abundar en razones, la Sala observa que la
sentencia acusada fundó su decisión en la ley y la sana crítica, cuenta con una carga
argumentativa válida y razonable, a la luz de los elementos del régimen que gobierna
la condena en costas, y conforme a las reglas de la autonomía del operador judicial
frente a la apreciación de los supuestos que para su imposición o revocación ha
dispuesto el legislador; por lo que no puede suponerse que el hecho de que no se
impongan costas a la parte vencida en juicio, permita poner en tela de juicio la
decisión judicial y, con ello, su carácter inmutable, vinculante y definitivo para las
partes, por tratarse de un asunto que reviste efectos de cosa juzgada, institución que
se constituye en eje fundamental y garantía de la solución definitiva de los conflictos.
27.- De conformidad con lo anterior, la decisión que se adoptó en la sentencia
enjuiciada relacionada con no condenar en costas a la parte vencida en juicio, no
compromete ningún derecho fundamental del accionante, quien acude a la acción de
amparo con el propósito de reabrir un debate legal, razón por la cual el asunto de
referencia carece de relevancia constitucional.
28.- Por lo reseñado anteriormente, la acción de tutela que se examina no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional. En consecuencia, la Sala habrá
de declarar improcedente la solicitud de amparo.
29.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. – DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Edgar
Iván y Mónica Liliana González Bustamante.
SEGUNDO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.
TERCERO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
14 Expediente: 11001-03-15-000-2018-03286-00, C. P. César Palomino Cortés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06658-00
Accionante: Germán Armando González Bustamante y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
CUARTO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
15 VF
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