Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06819-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06819-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06819-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-06819-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE
AMPARAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
LA ACTORA. LAS AUTORIDADES JUDICIALES ACCIONADAS
OMITIERON REALIZAR ESTUDIO DEL ELEMENTO SUBJETIVO. NO
FUERON OBJETO DE ANÁLISIS LAS RAZONES EXPUESTAS EN LAS
SOLICITUDES DE INAPLICACIÓN DE LA SANCIÓN NI EN LOS
INFORMES RENDIDOS EN EL TRÁMITE INCIDENTAL. FACTORES
QUE DEBE TENER EN CUENTA EL JUEZ AL IMPONER SANCIÓN
POR DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL BUEN
NOMBRE.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la
sentencia de 4 de diciembre de 2023, mediante la cual la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
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Número único de radicación: 110010315000-2023-06819-01
Actora: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
ESTADO1 denegó la solicitud de amparo de la referencia.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
La señora MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTA MARTA2 y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA3 al proferir las
providencias de 21 de abril, 2 y 29 de mayo, 8 de junio, 12
de julio, 23 y 28 de agosto, 27 de septiembre y 3 de octubre
de 2023, respectivamente, dentro de los incidentes de desacato
identificados con los números únicos de radicación
470013333004-2023-00094-00/01/02/03/04 y 05.
I.2 Hechos
Indicó que el señor JOSÉ RAMON EBRATT NARANJO promovió
1
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.
2
En adelante el JUZGADO.
3
En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-06819-01
Actora: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
acción de tutela contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -en adelante
UARIV-, con el fin de que se amparara su derecho fundamental
de petición, por no informársele : i) el monto total con el que
contaba el fondo para la reparación de víctimas, perteneciente a
los recursos incautados y entregados por los postulados y ii) las
circunstancias de tiempo y modo en que se realizaría el pago de
la indemnización judicial por el hecho victimizante de homicidio
con radicado FRV-22415.
Refirió que a la solicitud de amparo le fue asignado el número
único de radicación 2023-00094-00 y le correspondió por reparto
en primera instancia al JUZGADO que, en sentencia de 27 de
marzo de 2023, accedió al amparo deprecado, por lo que ordenó
a la UARIV que, dentro del término de 48 horas siguientes a la
notificación de dicha sentencia, contestará al señor JOSÉ RAMÓN
EBRATT NARANJO la petición de fondo y de forma clara a sus
pedimentos.
Relató que el señor JOSÉ RAMÓN EBRATT NARANJO promovió
incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la orden
emitida dentro de la acción de tutela, por lo que el JUZGADO
mediante proveído de 10 de abril de 2023, dio apertura al trámite
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Número único de radicación: 110010315000-2023-06819-01
Actora: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
incidental en su contra, en calidad de Directora Técnica de
Reparaciones de la UARIV y le otorgó el término de tres (3) días
para que se pronunciara y allegara las pruebas necesarias para
hacer valer la defensa.
Comentó que el 18 de abril de 2023 allegó informe de las
actuaciones surtidas y del cumplimiento del fallo de tutela, para lo
cual indicó que mediante comunicación 2023-0579797-01 de 18
de abril de 2023 se le informó al beneficiario el procedimiento para
la liquidación y pago de las sentencias objeto de estudio del Fondo
de Reparaciones de Víctimas.
Adujo que el JUZGADO mediante auto de 21 de abril de 2023
decidió sancionarla con multa de un (1) SMLMV, al estimar que no
se había dado cumplimiento al fallo de tutela.
Afirmó que estándose surtiendo el grado jurisdiccional de
consulta, allegó informe tanto al JUZGADO como al TRIBUNAL,
por medio del cual reiteró el cumplimiento del fallo de tutela y,
además, que a la fecha hay 28.826 hechos victimizantes por un
valor de un billón setecientos cinco millones de pesos
($1.705.000.000) pendiente por cancelar e indemnizaciones
judiciales en favor de las víctimas por un valor de seiscientos ocho
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Actora: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
millones trescientos sesenta mil pesos ($608.360.000), por lo que
a la fecha no se cuentan con los recursos suficientes para llevar a
cabo el pago total de las indemnizaciones.
Expuso que, pese a lo anterior, el TRIBUNAL al conocer del grado
jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta, mediante
providencia de 2 de mayo de 2023, confirmó el auto consultado,
al estimar que no se había dado una fecha concreta o plazo
definido para efectuar el correspondiente pago de la
indemnización.
Manifestó que el JUZGADO, mediante auto de 15 de mayo de
2023 nuevamente dio apertura al incidente de desacato en su
contra, por lo que mediante memorial de 24 de mayo siguiente
allegó informe del desacato y solicitó la inaplicación de la sanción.
Sostuvo que el JUZGADO, mediante auto de 29 de mayo de 2023,
la sancionó por segunda vez con multa de un (1) smlmv, por lo
que el 30 de mayo siguiente presentó informe ante el JUZGADO
y el TRIBUNAL del cumplimiento de la sentencia.
Destacó que el TRIBUNAL mediante auto de 8 de junio de 2023
al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la decisión
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Número único de radicación: 110010315000-2023-06819-01
Actora: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
del JUZGADO, por lo que mediante memorial de 16 de junio de
2023 presentó solicitud de inaplicación de las sanciones
impuestas.
Advirtió que, nuevamente el JUZGADO dio apertura a un
incidente de desacato mediante auto de 29 de junio de 2023, por
lo que, pese a que el 11 de julio de 2023 presentó informe del
cumplimiento del fallo, a través de providencia de 12 de julio de
2023 fue sancionada por tercera ocasión con multa de un (1)
smlmv.
Refutó que, por lo anterior, presentó ante el JUZGADO y el
TRIBUNAL el 14 de julio de 2023, informe en el que demostró
que emitió una nueva comunicación al señor JOSÉ RAMÓN
EBRATT NARANJO en la que le indicó: i) lo referente al monto
total con el que cuenta el fondo para la reparación de las víctimas,
ii) lo relativo a las circunstancias en la que se pagará la reparación
judicial, iii) el sustento jurídico para la revocatoria de la sanción
por desacato y iv) la verificación del cumplimiento.
Sostuvo que el TRIBUNAL mediante auto de 12 de julio de 2023,
resolvió el grado jurisdiccional de consulta en el sentido de
confirmar la sanción impuesta, por lo que mediante memorial de
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Número único de radicación: 110010315000-2023-06819-01
Actora: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
24 de julio de 2023 presentó solicitud de inaplicación de la
sanción.
Precisó que el JUZGADO decidió mediante auto de 23 de agosto
de 2023 sancionarla por cuarta vez en desacato, con multa de un
(1) smlmv, por lo que una vez más radicó solicitud de inaplicación
de la sanción.
Indicó que mediante proveído de 28 de agosto de 2023 el
TRIBUNAL al resolver el grado jurisdiccional de consulta confirmó
la sanción impuesta.
Adujo que el JUZGADO por quinta ocasión, mediante auto de 27
de septiembre de 2023 la sancionó con multa de un (1) smlmv,
decisión confirmada por el TRIBUNAL dentro del grado
jurisdiccional de consulta en auto de 3 de octubre de 2023, pese
a que presentó informe de cumplimiento y solicitud de inaplicación
de las sanciones.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, la UARIV dio respuesta al señor JOSÉ
RAMÓN EBRATT NARANJO a través de las comunicaciones
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Número único de radicación: 110010315000-2023-06819-01
Actora: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
2023-0442921-1 de 22 de marzo, 2023-0499372-1 de 4 de abril,
2023-0579797-1 de 18 de abril y 2023-1543610-1 de 10 de
octubre de 2023 de fondo a las solicitudes presentadas; además,
a través de la Resolución núm. 1843 de 25 de mayo de 2023 se le
pagó al beneficiario un valor previo de ($12.887.000), que
corresponde a la indemnización judicial con recursos del
Presupuesto General de la Nación.
Manifestó que las decisiones cuestionadas incurrieron en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente establecido
en la sentencia SU-034 de 2018 por la Corte Constitucional, por
medio del cual se señaló expresamente las reglas
jurisprudenciales para que los jueces de tutela modulen el
cumplimiento del fallo.
Destacó que también se incurrió en defecto fáctico, toda vez que
se realizó una valoración defectuosa del material probatorio
allegado al expediente, y que daba cuenta que la UARIV emitió
respuesta de fondo a las solicitudes presentadas por el beneficiario
de la indemnización.
Refirió que las autoridades judiciales accionadas al valorar las
pruebas aportadas realizaron un estudio arbitrario, irracional y
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Número único de radicación: 110010315000-2023-06819-01
Actora: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
caprichoso, por lo que sin razón valedera se dio por no cumplida
la sentencia, sin tener en cuenta las manifestaciones hechas en
distintas oportunidades respecto del procedimiento para la
entrega de la indemnización administrativa a las víctimas del
conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre las demás
víctimas.
En ese mismo sentido, expresó que se incurrió en violación
directa de la Constitución, pues con las decisiones emitidas
tanto por el JUZGADO como el TRIBUNAL se ven abiertamente
afectados los principios constitucionales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima y a la
buena fe.
Afirmó que tanto la Corte Suprema de Justicia4 como el Consejo
de Estado5 en múltiples pronunciamientos, ampararon los
derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre y al
4
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 15 de diciembre de 2022,
radicación número: 11001-02-03- 000-2022-04143-00.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 9 de febrero de 2022, radicación
núm: 11001-02-03-000-2022- 00256-00.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 11 de noviembre de 2021,
radicación núm: 11001-02-04-000-2021-02222-00.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 12 de mayo de 2022, radicación
núm. 11001-02-04-000-2022-00841-00.
5
Consejo de Estado, Sección Primera, Subsección “A” sentencia de 31 de marzo de 2023, radicación
núm. 11001-03-15-000-2023-00973-00.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2021, radicación núm. 11001-
03-15-000-2020-04776-00.
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Actora: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
patrimonio en atención a la sanción impuesta por el no pago de la
indemnización administrativa.
Adujo que el asunto reviste relevancia constitucional, pues las
decisiones cuestionadas desconocen la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en especial, la sentencia t-025 de 2004 y los autos
de seguimiento, en concreto el auto 206 de 2017 que establece la
creación de un procedimiento para el pago de indemnizaciones,
por lo que su desconocimiento generaría un riesgo jurídico, de tal
forma que existen reglas claras para el pago.
Sumado a ello, destacó que ha agotado todos los mecanismos
judiciales a su alcance, pues ha solicitado el levantamiento de la
sanción de conformidad con lo expuesto en la sentencia SU-034
de 2018.
I.4. Pretensiones
La actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos
fundamentales invocados ut supra y, además:
“[…] En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTAN MARTA y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, inaplicar las siguientes
sanciones impuestas a la suscrita:
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Número único de radicación: 110010315000-2023-06819-01
Actora: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
2.1. sanción impuesta a través de auto fechado el 21 de abril de
2023, consistente en multa de un (1) S.M.M.L.V. confirmada por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, a través de
auto interlocutorio del 02 de mayo de 2023.
2.2. sanción impuesta a través de auto fechado el 29 de mayo
de 2023, consistente en multa de un (1) S.M.M.L.V. confirmada
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, a través
de auto interlocutorio del 08 de junio de 2023.
2.3. sanción impuesta a través de auto fechado el 12 de julio de
2023, consistente en multa de un (1) S.M.M.L.V. confirmada por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, a través de
auto interlocutorio del 12 de julio de 2023.
2.4. sanción impuesta a través de auto fechado el 23 de agosto
de 2023, consistente en multa de un (1) S.M.M.L.V. confirmada
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, a través
de auto interlocutorio del 28 de agosto de 2023.
2.5. sanción impuesta a través de auto fechado el 27 de
septiembre de 2023, consistente en multa de un (1) S.M.M.L.V.
confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA, a través de auto interlocutorio del 03 de octubre
de 2023.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO
ORAL DE SANTA MARTA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA, que, con los argumentos dados DECRETE la
declaratoria de cumplimiento de la providencia de instancia del
27 de marzo de 2023, dentro del radicado
470013333000420230009400.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO
ORAL DE SANTA MARTA o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA, que comunique a la autoridad encargada de la
ejecución de las sanciones pecuniarias, que las mismas se han
levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de
tutela […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL informó que las contestaciones allegadas
por la UARIV al beneficiario han sido evasivas y contradictorias
en lo que respecta a la fecha de pago de la indemnización, lo que
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continúa vulnerando el derecho fundamental de petición al no
brindar un plazo cierto o aproximado para cancelar la obligación.
Destacó que la conducta omisiva, negligente e injustificada de la
actora, configura el elemento subjetivo de la sanción, por lo que
solicitó denegar el amparo.
I.5.2.- El señor JOSÉ RAMÓN EBRATT NARANJO, en calidad de
interesado directo en el proceso, solicitó denegar el presente
amparo, toda vez que las respuestas dadas por la UARIV han sido
evasivas, contradictorias y descontextualizadas, como quiera que,
de una parte, siempre modifican las cifras con las que cuenta el
fondo para realizar el pago de la indemnización y, de otra, porque
inicialmente se le indicó que el pago se realizaría en vigencia del
año 2023, no obstante luego se informó que solo se realizarían los
pagos a las personas que no han recibido el primer pago, lo que
vulnera sus derechos fundamentales invocados.
I.5.3.- El JUZGADO pese a ser notificado en debida forma del
presente trámite constitucional, guardó silencio.
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II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 4 de diciembre de 2023, la SECCIÓN
SEGUNDA denegó el amparo solicitado al estimar que las
autoridades judiciales accionadas no vulneraron los derechos
fundamentales de la actora, pues no se demostró el defecto
sustantivo por desconocimiento de la sentencia SU-034 de 2018,
dado que los hechos expuestos en el presente asunto no son
similares a dicha providencia, toda vez que acá no se está
controvirtiendo si se fijó un turno o fecha de un pago de la
indemnización administrativa y que este no se cumplió, sino que
la UARIV no le ha indicado al señor JOSÉ RAMÓN EBRATT
cuando presuntamente se estaría cancelando la obligación,
situación que trasgrede el derecho de petición.
En efecto, afirmó que en la sentencia SU-034 de 2018 la Corte
Constitucional se pronunció sobre la validez constitucional de las
providencias que negaron el levantamiento de las sanciones por
desacato, por no entregar la indemnización administrativa
reclamada por las víctimas, que ordenaron el pago de dicha
medida, lo cual no ocurrió en el presente caso, en el que se ordenó
dar una respuesta de fondo respecto de cuándo será la fecha
posible para el pago de la indemnización administrativa.
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Sumado a lo anterior, resaltó que tampoco se encontró
demostrado el defecto fáctico, pues las accionadas valoraron las
pruebas allegadas en el trámite del incidente, de acuerdo con los
criterios de la sana crítica para determinar que no se dio una
respuesta de fondo a las peticiones del beneficiario, pues no se
estableció posible fecha de pago de la indemnización.
Así las cosas, sostuvo que las accionadas no vulneraron los
derechos fundamentales invocados ni incurrieron en los defectos
endilgados, por lo que denegó la solicitud de amparo de la
referencia.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia,
para lo cual argumentó lo siguiente:
Afirmó que, contrario a lo dispuesto por el a quo, si brindó una
respuesta de fondo a la petición del actor, la cual no siempre debe
ser favorable a las pretensiones del peticionario, sino que debe
cumplir con los requisitos de ser oportuna, resolver lo solicitado
de manera clara, precisa y congruente y además ser puesta en
conocimiento del solicitante, lo cual ocurrió a través de los
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comunicados 2023-0442921-1 de 22 de marzo, 2023-0499371-1
de 4 de abril, 2023-0579797-1 de 18 de abril y 2023-1543610-1
de 10 de octubre de 2023, de tal suerte que el hecho de que las
respuestas no colmen el intereses del beneficiario, no afecta la
prerrogativa constitucional.
Manifestó que dentro del reconocimiento de la indemnización
judicial el señor JOSÉ RAMÓN EBRATT NARANJO fue incluido
en la resolución de pago núm. 1843 de 25 de mayo de 2022,
mediante la cual se le reconoció la suma de veinte millones de
pesos $20.000.000, de los cuales ya se le canceló un valor de doce
millones ochocientos ochenta y siete mil pesos ($12.887.000),
que corresponde a indemnización administrativa con recursos del
Presupuesto General de la Nación, cumpliendo el tope de los 40
SMLMV.
Reiteró que con este componente de recursos del Presupuesto
General de la Nación no es posible realizar un nuevo pago,
teniendo en cuenta el principio de prohibición de doble reparación
y de compensación, de tal forma que los pagos que se realicen a
futuro se harán con componentes propios resultado de los bienes
entregados por el postulado, es decir, al monto que será
entregado a cada una de las víctimas como medida de reparación
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con cargo al rubro del Presupuesto General de la Nación que
conforma el Fondo para la Reparación de las Víctimas, le será
descontado el valor entregado con anterioridad.
Hizo especial énfasis en el hecho, según el cual, dentro de las
comunicaciones remitidas al señor JOSÉ RAMÓN EBRATT
NARANJO se le ha informado que los pagos de las
indemnizaciones judiciales se realizarán de conformidad con los
recursos disponibles para las resoluciones de pago, los cuales no
son suficientes a la fecha para atender la totalidad de las
indemnizaciones reconocidas y ascienden a setecientos veinte mil
setecientos veinticuatro millones seiscientos setenta y cinco mil
seiscientos cincuenta y dos pesos ($720.724.675.652), además,
a la fecha el Fondo para la Reparación de las Víctimas cuenta la
suma de veinticuatro millones seiscientos cuatro mil cuatrocientos
treinta y siete pesos ($24.604.437).
Finalmente, aseveró que las autoridades judiciales accionadas si
incurrieron en el defecto sustantivo por desconocimiento de la
sentencia SU-034 de 2018, por lo que solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda al amparo
solicitado.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo
de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García
González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica
y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es
procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando
se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales
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fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
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perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
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mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la
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eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)
De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
dictadas dentro del trámite incidental
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de
tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato o
solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera
excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
y, por tanto, se constate una vulneración o una amenaza a los
derechos fundamentales del sancionado”6.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos
requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al
momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia
SU- 034 de 20187, esa Corporación señaló:
«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la
providencia que resuelve un incidente de desacato, es
preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
6 Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
7 M.P. Alberto Rojas Ríos.
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i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es
improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite
–incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–
.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales y se
sustente, por lo menos, la configuración una de las causales
específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela
deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite
del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer
a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas
pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del
desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio […]».
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora
pretende que se dejen sin efecto las providencias de 21 de
abril, 29 de mayo, 12 de julio, 23 de agosto y 27 de
septiembre proferidas por el JUZGADO; y 2 de mayo, 8 de
junio, 12 de julio, 28 de agosto y 3 de octubre de 2023
proferidas por el TRIBUNAL, por medio de la cuales fue
sancionada, en calidad de Directora Técnica de Reparaciones de la
UARIV, por incumplimiento de la orden impartida mediante
sentencia de 27 de marzo de 2023 dentro de los incidentes de
desacato identificados con los números únicos de radicación 2023-
00094-00/01/02/03/04 y 05.
La controversia tiene origen en el hecho, según el cual, a la UARIV
no le ha sido posible indicarle al señor JOSÉ RAMÓN EBRATT
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NARANJO las condiciones de tiempo, modo y lugar en el cual se
efectuará el pago de la indemnización judicial reconocida por el
hecho victimizante de homicidio como víctima directa de su padre
el señor JOSÉ RAMÓN EBRATT NÚÑEZ Q.E.P.D.
Lo anterior, tiene su génesis en la sentencia de tutela de 27 de
marzo de 2023, proferida por el JUZGADO, por medio de la cual
amparó el derecho fundamental de petición del señor JOSÉ
RAMÓN EBRATT NARANJO.
Por lo anterior, a juicio de la parte actora, las providencias
acusadas incurrieron en los defectos: i) sustantivo por
desconocimiento del precedente, al pasar por alto la sentencia
SU-034 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, que señala
expresamente las reglas jurisprudenciales para que los jueces de
tutela de primera instancia modulen el cumplimiento del fallo; ii)
fáctico, por valoración indebida del material probatorio que daba
cuenta que dio respuesta a la petición presentada de forma
congruente y de fondo; y, iii) violación directa de la
Constitución, al desconocer abiertamente los principios
constitucionales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial y la buena
fe, pues no se tuvo en cuenta que la UARIV está imposibilitada
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para dar cumplimiento a la orden emitida en sede de tutela.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico
que debe resolver consiste en determinar si en el presente caso
se debe confirmar, modificar o revisar la decisión de primer grado,
para lo cual, en primer lugar se debe estudiar si el caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial dictada dentro del trámite
incidental y, de ser así, ii) determinar si el JUZGADO y el
TRIBUNAL vulneraron los derechos fundamentales invocados
dentro de los incidentes de desacato identificados con los números
únicos de radicación 2023-00094-00/01/02/03/04 y 05.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior,
la Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos
de procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la
decisión cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los
argumentos de la parte actora son consistentes con lo planteado
en el trámite de los incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, además de que se alega la configuración
de alguna causal específica.
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(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se
encuentra ejecutoriada
En el caso sub lite, el trámite incidental que se cuestiona finalizó
con las providencias de 2 de mayo, 8 de junio, 12 de julio, 28
de agosto y 3 de octubre de 2023 proferidas por el TRIBUNAL,
que resolvieron el grado jurisdiccional de consulta, por lo que este
requisito se encuentra cumplido.
(ii) Los argumentos de la parte actora son consistentes con
lo planteado en el trámite de los incidentes de desacato, en
tanto a) no trajo a colación alegaciones nuevas y b) no
solicitó nuevas pruebas.
La actora alega que dio respuesta de fondo a la petición
presentada por el señor JOSÉ RAMÓN EBRATT NARANJO, no
siendo posible brindar las condiciones de tiempo, modo y lugar en
el cual se efectuará el pago de la indemnización judicial
reconocida, comoquiera que el pago está supeditado a la entrega
de bienes que realice el postulado condenado el señor HERNAN
GIRALDO SERNA y los miembros del bloque resistencia Tayrona
de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC.
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Lo anterior es consistente con lo alegado durante el trámite
incidental, por lo cual la Sala estima que se cumplen los requisitos
para la procedencia de la acción de tutela.
(iii) Se acreditan los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y se
alega la configuración de al menos una de las causales
específicas (defectos)
Procede la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos
generales y causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, conforme a lo dispuesto en
la sentencia C-590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente sobre la
materia.
Se observa que la solicitud de amparo plantea un asunto de
relevancia constitucional, fundamentado en los presuntos yerros
en que incurrieron las providencias que confirmaron las sanciones
y denegaron la solicitud de levantamiento de las mismas,
incurriendo en los defectos sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, fáctico y violación directa de la Constitución;
la parte actora identifica los hechos y derechos que estima
lesionados; contra la decisión cuestionada no proceden recursos;
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la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable8; y la
solicitud no se dirige contra una sentencia de tutela.
En este orden, verificado el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad, la Sala procederá al estudio de fondo
de las providencias proferidas por el JUZGADO el 21 de abril, 9
de mayo, 12 de julio, 23 de agosto y 27 de septiembre de
2023; y por el TRIBUNAL el 2 de mayo, 8 de junio, 12 de
julio, 28 de agosto y 3 de octubre de 2023, dentro de los
incidentes de desacato identificados con los números únicos de
radicación 2023-00094-00/01/02/03/04 y 05, con el fin de
determinar si incurrieron en la violación de los derechos
fundamentales invocados.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial
En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a
las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras
jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de
8
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente:
doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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unificación y la extensión de la jurisprudencia.
Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º
de la Ley 169 de 31 de diciembre de 18969 y el 270 de la Ley 1437
de 18 de enero de 201110; así como su respaldo jurisprudencial
las sentencias C-836 de 9 de agosto de 200111; C-816 de 1o. de
noviembre de 201112; C-179 de 13 de abril de 201613; y T-102 de
25 de febrero de 201414.
En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha
desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial,
definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada,
al momento de dictar sentencia […].”15 (Destacado fuera
de texto).
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso
9
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
10
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el
Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de
unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas
al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado
por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
11
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(Doctrina probable).
12
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio González
Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial).
13
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez. (Sentencias de unificación jurisprudencial).
14
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente
jurisprudencial).
15
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
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determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y
derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la
seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez,
garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a
la administración de justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado
por la Corte Constitucional16, según el cual la actividad
interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la
autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la
igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran
atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el
asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior
jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente
horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de
mayo de 200817, indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de
16
Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-457 de 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los
hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del
pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos
del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y
(iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha
evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Destacado
fuera de texto).
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria18, la regla del respeto
del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación
judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni
petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver
una situación concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de
supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente
judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos
en pronunciamientos anteriores de la Sala19, a saber: i) la
disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina
el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una
transformación significativa de la situación social, política o
económica en la que se debe aplicar la regla definida con
anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
18
Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de
marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-
02074-00.
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constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones
adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o
consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como
referente; y v) la consideración de que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y
derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que “en los eventos referidos, el
juez que se separa del precedente asume una especial carga de
argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera
clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el
cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio
referirse a este, -al precedente-, analizarlo respecto del caso
concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas
en que se sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, solo el
desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar
a la configuración del defecto sustantivo, como causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales20.
20
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 13 de marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-
03-15-000-2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de
radicación 11001-03-15-000-2012-01797-00.
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Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 201321, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez
“toma una decisión, sin que se halle plenamente comprobado
el supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de
las pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de
la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un
alcance contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración
de las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos
en que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la
autonomía e independencia judicial, pues se basa en la
aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica. De
hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la
apreciación del material probatorio constitutivo del defecto
fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal
punto que en razón de él se desconozca “la realidad
probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta
aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el
juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez
de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia, porque ello sería contrario
al principio de que la tutela es un medio alternativo de
defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la
competencia y la autonomía de que son titulares las
21
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error
en el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante,
además con una incidencia directa en la decisión, en razón a que
el Juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales
de competencia.
Violación directa de la Constitución
En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, es
menester advertir que la Corte Constitucional en su sentencia SU-
024 de 5 de abril de 201822, manifestó que:
“[...] Todas las causales específicas de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales conllevan en sí mismas
un quebrantamiento de la Carta Fundamental; sin
embargo, esta Corte estableció una causal denominada
violación directa de la Constitución, originada en la
obligación que le asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la Carta Política, según el cual “la
Constitución es norma de normas”. De manera que en caso
de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
22
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales […]”
(Resaltado fuera de texto).
Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela se
estructura cuando el Juez adopta una decisión que desconoce la
Carta Política, ya sea porque: “(i) deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la Ley al
margen de los dictados de la Constitución”23.
En el primer caso, la Corte Constitucional ha dispuesto que
procede la tutela contra providencias judiciales por violación
directa de la Constitución: (a) cuando en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional; (b) cuando se trata de un
derecho fundamental de aplicación inmediata y; (c) cuando el
Juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme a la
Constitución24. En el segundo caso, ha dicho esa Corporación que,
en virtud del artículo 4º Superior, el Juez debe aplicar las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales,
23
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012. Magistrado ponente: doctor Luis Ernesto Vargas
Silva.
24
Ver entre otras, Sentencias T – 199 de 2005, Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-590 de 2009, Magistrado ponente: doctor Luís Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010,
Magistrado ponente: doctor Juan Carlos Henao Pérez.
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mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad,
cuando advierta incompatibilidad entre estas y aquellas.
La solución del caso concreto
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es necesario
hacer un recuento del trámite surtido dentro de los incidentes de
desacato identificados con los números de radicación 2023-00094-
00/01/02/03/04 y 05, objeto de estudio:
• El señor JOSÉ RAMÓN EBRATT NARANJO promovió
acción de tutela contra la UARIV, con el fin de que se ampara
su derecho fundamental de petición que estimó vulnerado al
no haber recibido respuesta a la siguiente solicitud:
“[…] SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior Se le ordene a
la UARIV que me informe cual es el monto total con el que cuenta
el fondo para la reparación de víctimas, perteneciente a los
recursos incautados y entregados por los postulados
anteriormente mencionados y que porcentaje de esos recursos
me pertenece.
TERCERA: se le ordene a la UARIV que me haga un pago total o
parcial de la indemnización judicial a la que tengo derecho, con
los Recursos que posee la unidad del rublo perteneciente de los
bienes y recursos entregados por los postulados. aplicación de la
Ley 975 de 2005 y con los Recursos del Fondo para la Reparación
de las Víctimas como lo estable la sentencia de la corte
anteriormente mencionada, (es pertinente aclarar que, no solicito
una doble reparación ya que, no me han terminado de cancelar la
totalidad de mi indemnización). Y con Recursos del Presupuesto
General de la Nación.
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CUARTA: Se le ordene a la UARIV que me informe las condiciones
de modo, tiempo y lugar en que se me va a realizar el pago […]”.
• El JUZGADO mediante fallo de tutela de 27 de marzo de
2023, amparó el derecho fundamental de petición del señor
JOSÉ RAMÓN EBRATT NARANJO, por lo que ordenó lo
siguiente:
“[…] “PRIMERO: Tutélese el derecho fundamental de petición de
la accionante, JOSE RAMON EBRATT NARANJO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.083.006.815, por las razones
expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: En consecuencia, ordénese al Representante Legal de
la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV) que, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, otorgue
una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente, a la petición
elevada por la accionante desde el pasado 17 de febrero de 2023
[…]”.
• El señor JOSÉ RAMÓN EBRATT NARANJO, al estimar que
la UARIV no ha dado cumplimiento al fallo de tutela de 27
de marzo de 2023, promovió múltiples incidentes de
desacato, a los cuales se les asignó los números únicos de
radicación 2023-00094-00/01/02/03/04 y 05.
• Mediante auto de 21 de abril de 2023 el JUZGADO dentro
del incidente de desacato identificado con el número único
de radicación 2023-00094-00, sancionó a la actora con
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multa de un (1) SMLMV, bajo los siguientes argumentos:
“[…] Pues bien, al respecto de lo anterior, debe indicar el
Despacho que la petición que dio origen al fallo de tutela
cuyo incumplimiento aduce el actor, se circunscribe a que la
entidad accionada informara al señor EBRATT NARANJO lo
siguiente: 1) El monto total con el que cuenta el fondo para
la reparación de víctimas, perteneciente a los recursos
incautados y entregados por los postulados anteriormente
mencionados y que porcentaje de esos recursos me
pertenece; 2) se le informara e informe las condiciones de
modo, tiempo y lugar en que va a realizar el pago total o
parcial de la indemnización judicial que le fue reconocida.
Ahora bien, pese a que al pronunciarse sobre el incidente de
desacato la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctima allegó constancia de haber emitido y notificado
al actor la respuesta a la petición, de la lectura de la misma
en criterio del despacho no se satisface la orden impartida
como quiera que la respuesta suministrada no resuelve de
fondo la petición presentada conforme pasa a indicarse
seguidamente.
[…]
Ahora bien, respecto al cumplimiento efectivo de la orden
contenida en la sentencia del veinticuatro (24) (sic) de
marzo de dos mil veintitrés (2023), encuentra el Juzgado
que al rendir el informe la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas se limitó a pronunciarse
respecto del PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN Y
PAGO DE LAS SENTENCIAS al cual se encentra sometido
dicha entidad, sin referirse puntualmente a la orden concreta
del Juez de Tutela. En efecto, la entidad enjuiciada
procede a pronunciarse sobre el procedimiento
dispuesto para la liquidación y pago de las sentencias,
sin hacer referencia a las condiciones de tiempo, modo
y lugar en el cual se efectuará el pago de la
indemnización judicial que fue reconocida a favor del
aquí actor.
Así las cosas, si bien dentro de la presente actuación se
aportó el oficio N° 2023 0579797-1 de fecha 18/04/2023 por
medio del cual aduce se dio respuesta al señor JOSE RAMON
EBRATT NARANJO, lo cierto es, que dicha respuesta no
desató de fondo los interrogantes efectuados por el actor en
la petición del (sic) del diecisiete (17) de marzo de dos mil
veintitrés (2023).
En consideración a lo expuesto, ha de concluirse que
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han concurrido los elementos objetivos y subjetivos,
factores estos que se constituyen como necesarios
para determinar el incumplimiento a una orden
judicial de tutela, habida cuenta que tal como quedó
evidenciado, a la fecha no se encuentra demostrado
que se han realizado las labora (sic) para informar al
actor las condiciones en las cuales se (sic) efectuar el
pago de la indemnización judicial que fue reconocida,
lo cual se (sic) petición el 17 de marzo de 2023, según
se ordenó en la sentencia de tutela, y se advierte un
desinterés o apatía por parte la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas de dar
cumplimiento a la orden de tutela, pues no se advierte
actuación alguna tendiente a informar el pago.
[…]” (Destacado fuera de texto).
De lo anterior es dable concluir que el JUZGADO sustentó
la imposición de la sanción en el hecho, según el cual, la
UARIV no ha dado cumplimiento al fallo de 27 de marzo de
2023, toda vez que aun cuando se pronunció sobre el
procedimiento para la liquidación y pago de la obligación,
omitió especificar las condiciones de modo, tiempo y lugar
en el que se efectuará el pago de la indemnización
reconocida al señor JOSÉ RAMÓN EBRATT NARANAJO, lo
cual sirvió de sustento igualmente en las providencias de 9
de mayo, 12 de julio, 23 de agosto y 27 de septiembre
de 2023, dentro de los incidentes de desacato 2023-00094-
01/02/03/04 y 05.
• Por su parte, el TRIBUNAL al resolver el grado jurisdiccional
de consulta, mediante proveído de 2 de mayo de 2023,
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confirmó la sanción impuesta por el a quo, bajo las
siguientes razones:
“[…] En este orden de ideas, se encuentra más que
acreditado el elemento objetivo necesario para imponer
sanción, esto es, el incumplimiento propiamente dicho de la
orden de tutela al no estar acreditada la respuesta de fondo
y en forma clara y precisa sobre la solicitud de entrega de la
indemnización judicial que elevó el accionante el 17 de
febrero de 2023, pues si bien se advierte que la accionada
ha brindado diversas respuestas al actor, lo cierto es que
ninguna resuelve de fondo sus peticiones, debido a que no
se le ha brindado fecha cierta o aproximada del pago de la
indemnización que está pendiente, dilatando este proceso y
dando como resultado que hasta el día de hoy el accionante
no tenga certeza del día en que se realizará dicha
cancelación.
En cuanto al elemento subjetivo, encuentra esta Sala que,
la señora PATRICIA TOBÓN YAGARÍ es quien funge como
Directora y Representante de la Unidad de Reparación a las
Victimas, por lo que debe resaltarse la conducta omisiva,
negligente e injustificada por su parte, al no haber dado
respuesta completa al accionante, omitiendo indicar la
fecha real o aproximada de pago, lo cual da cuenta de
la evasiva de la entidad accionada de dar
cumplimiento a la ordenación de la sentencia de
tutela, emitiendo una respuesta de fondo, clara y
precisa acerca de la solicitud de entrega de la
indemnización judicial realizada por el señor José
Ramón Ebratt Naranjo […]”.
• Lo anterior sirvió de razón también para proferir las
providencias de 8 de junio, 12 de julio, 28 de agosto y 3
de octubre de 2023, por medio de las cuales el TRIBUNAL
resolvió el grado jurisdiccional de consulta de cada una de
las sanciones impuestas a la actora.
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De lo hasta aquí expuesto es dable concluir que la tesis sostenida
tanto por el JUZGADO como por el TRIBUNAL consiste en que la
orden emitida en el fallo de tutela de 27 de marzo de 2023 no fue
cumplida, toda vez que no se le ha informado al señor JOSÉ
RAMÓN EBRATT NARANAJO las condiciones de modo, tiempo y
lugar en el que se efectuará el pago de la indemnización
reconocida.
En el asunto bajo examen, la actora alega que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de la
Constitución al haberla sancionado dentro de los mencionados
incidentes de desacato por incumplimiento de la orden de tutela
emitida el 27 de marzo de 2023 por el JUZGADO.
A efectos de dilucidar la controversia planteada, la Sala considera
necesario hacer referencia a la finalidad del incidente de desacato,
la cual, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional no es la
imposición de una sanción en sí misma, sino que debe
considerarse como una de las formas de buscar el cumplimiento
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de la respectiva sentencia. Al efecto, la sentencia T-652 de 30 de
agosto de 201025 de la Corte Constitucional destacó que:
“[…] El objetivo de la sanción de arresto y multa por
desacato es el de lograr la eficacia de las órdenes impartidas
por el Juez de amparo para la efectiva protección de los
derechos… El objeto del incidente de desacato, de acuerdo
a la Jurisprudencia de esta Corporación, se centra en
conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta en la
providencia… Por tal motivo, la finalidad del mencionado
incidente no es la imposición de una sanción en sí
misma sino una de las formas de buscar el
cumplimiento de la respectiva sentencia […]”.
(Resaltado fuera del texto).
Ahora bien, para la imposición de la sanción por desacato, es
necesario que el juez verifique la existencia de dos elementos, a
saber: el objetivo, que hace referencia al incumplimiento del fallo,
esto es, a que se compruebe que la decisión contenida en el mismo
no ha sido acatada por la persona o entidad responsable; y el
subjetivo, que dada la naturaleza disciplinaria de la sanción por
desacato, exige establecer que el responsable fue negligente
respecto de su obligación26.
25 Magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio, reiterada en la sentencia T-606 de
2011.
26 En la Sentencia T-763 de 1998, con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez
Caballero, la Corte Constitucional indicó: “[…] Es pues el desacato un ejercicio del poder
disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una
responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la
persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por
el solo hecho del incumplimiento […]”. (Resaltado fuera del texto).
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Bajo estos presupuestos, la providencia que decide el incidente de
desacato debe precisar con claridad (i) si se incumplió la orden,
para lo cual se debe examinar cuál era la conducta ordenada,
quién o quiénes debían cumplirla y dentro de qué término y (ii) si
existió responsabilidad subjetiva del demandado en la renuencia
para acatarla. Una vez determinado ello, el Juez procede a
imponer la sanción que podrá ser de “arresto hasta de seis (6)
meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales”,
la cual será consultada al superior jerárquico, quien deberá decidir
sobre la legalidad de la decisión.
En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha
precisado lo siguiente:
[…] El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra un
trámite incidental especial, el cual concluye con un auto que
no es susceptible del recurso de apelación pero que debe ser
objeto del grado de jurisdicción de consulta en efecto
suspensivo si dicho auto es sancionatorio. Todo lo cual
obedece a que la acción de tutela es un trámite especial,
preferente y sumario que busca la protección inmediata de
los derechos fundamentales; (iii) el incidente de desacato
procede a solicitud de parte y se deriva del incumplimiento
de una orden proferida por el juez de tutela en los términos
en los cuales ha sido establecido por la sentencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada27 y emana de los poderes
disciplinarios del juez constitucional; (iv) el juez que conoce
el desacato, en principio, no puede modificar el contenido
sustancial de la orden proferida o redefinir los alcances de la
protección concedida28, salvo que la orden proferida sea de
imposible cumplimiento o que se demuestre su absoluta
27
Ver entre otras la Sentencia T-459 de 2003.
28
Sentencias T-368 de 2005 y T-1113 de 2005.
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ineficacia para proteger el derecho fundamental amparado29;
(v) por razones muy excepcionales, el juez que resuelve el
incidente de desacato o la consulta30, con la finalidad de
asegurar la protección efectiva del derecho, puede proferir
órdenes adicionales a las originalmente impartidas o
introducir ajustes a la orden original, siempre y cuando se
respete el alcance de la protección y el principio de la cosa
juzgada31; (vi) el trámite de incidente de desacato debe
respetar las garantías del debido proceso y el derecho de
defensa de aquél de quien se afirma ha incurrido en
desacato32, quien no puede aducir hechos nuevos para
sustraerse de su cumplimiento33; (vii) el objetivo de la
sanción de arresto y multa por desacato es el de lograr
la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de
amparo para la efectiva protección de los derechos
fundamentales reclamados por los tutelantes, por lo
cual se diferencia de las sanciones penales que
pudieran ser impuestas34; (viii) el ámbito de acción del
juez, definido por la parte resolutiva del fallo correspondiente,
le obliga a verificar en el incidente de desacato: ‘(1) a quién
estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para
ejecutarla; (3) y el alcance de la misma. Esto, con el objeto
de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma
oportuna y completa (conducta esperada)’35. De existir el
incumplimiento “debe identificar las razones por las cuales se
produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para
proteger efectivamente el derecho y si existió o no
responsabilidad subjetiva de la persona obligada36 […].
La anterior posición fue reiterada, a su vez, en la sentencia SU –
034 de 2018, la cual la actora considera precisamente desconocida
y en la que se señaló lo siguiente:
«La tarea del juez que instruye un incidente de desacato
consiste, entonces, en examinar si la orden proferida para la
protección de un derecho fundamental fue cumplida, o no,
por su destinatario, en la forma prevista en la respectiva
29
Ibídem.
30
Sobre las facultades del juez de primera instancia, del juez del desacato y del juez de consulta para introducir
cambios accidentales a la orden original, Cfr. la sentencia T-086 de 2003.
31
Sentencia T-1113 de 2005.
32
Sentencias T-459 de 2003, T-368 de 2005 y T-1113 de 2005.
33
Sentencia T-343 de 1998.
34
Sentencias C-243 de 1996 y C-092 de 1997.
35
Sentencia T-553 de 2002.
36
Sentencia T-1113 de 2005.
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decisión judicial. Esto excluye que en el trámite del desacato
puedan hacerse valoraciones o juicios que hayan sido objeto
de debate en el respectivo proceso de tutela, pues ello
implicaría reabrir una controversia que ya ha concluido, en
detrimento de la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada.
En este orden de ideas, la autoridad que adelante el
incidente de desacato se debe limitar a verificar los
siguientes aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii)
en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la
misma, (iv) si efectivamente existió incumplimiento
parcial o integral de la orden dictada en la sentencia, y
de ser el caso (v) cuáles fueron las razones por las que
el accionado no obedeció lo ordenado dentro del
proceso.
(…)
Por otra parte, en el proceso de verificación que adelanta el
juez del desacato, es menester analizar, conforme al
principio constitucional de buena fe, si el conminado a
cumplir la orden se encuentra inmerso en una
circunstancia excepcional de fuerza mayor, caso
fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para
conducir su proceder según lo dispuesto en el fallo de
tutela. Bajo esa óptica, no habría lugar a imponer una
sanción por desacato en los casos en que (i) la orden
de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó
quién debía cumplirla o porque su contenido es difuso,
y/o (ii) el obligado ha adoptado alguna conducta
positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe, pero
no se le ha dado la oportunidad de hacerlo.
En este contexto cobra vertebral importancia un juicio
adecuado en torno a la responsabilidad subjetiva en cabeza
del destinatario de la orden de tutela, pues no basta con
constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso
para dar por supuesta una actitud indolente por parte del
mismo. Es por esto que se ha sostenido que “al ser el
desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de
las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales
pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto,
éstas tienen que seguir los principios del derecho
sancionador”.
De allí se desprende que corresponde a la autoridad
competente verificar si efectivamente existe una
responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la
orden judicial –lo que, a su vez, conlleva examinar si
se da un nexo causal fundado en la culpa o el dolo entre
el comportamiento del demandado y el resultado– pues
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si no hay contumacia o negligencia comprobadas –se
insiste– no puede presumirse la responsabilidad por el
solo hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es
procedente la sanción». [Subrayado de la Sala]
En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que, tal como lo
sostuvieron las autoridades judiciales accionadas, las órdenes
emitidas por el JUZGADO en la sentencia de 27 de marzo de 2023
fueron incumplidas, toda vez que en la mencionada providencia se
dispuso que la UARIV debía dar en un término de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del fallo, una respuesta de
fondo, clara, precisa y congruente a la petición presentada por el
señor JOSÉ RAMÓN EBRATT NARANJO el 17 de febrero de
2023, situación que no ha ocurrido.
Ello es así, toda vez que a la fecha no se le han indicado al
peticionario las condiciones de tiempo, modo y lugar en el cual se
efectuará el pago de la indemnización judicial reconocida,
situación que, además de ser advertida de las pruebas obrantes
en el expediente y de las providencias cuestionadas en el trámite
incidental, también fue confirmada por la actora en el escrito de
tutela.
Así las cosas, la Sala advierte que tanto el JUZGADO como el
TRIBUNAL al realizar un estudio para la imposición de la sanción,
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encontraron que se configuró el elemento objetivo pues, en
efecto, las órdenes impartidas en el fallo no han sido cumplidas en
su integridad.
Ahora, en lo atinente al elemento subjetivo de la sanción por
desacato, se observa que la actora mediante memoriales de 18 y
26 de abril, 24 de mayo, 11, 14 y 24 de julio, 17, 28 y 31 de
agosto, 15 y 29 de septiembre, 12 de octubre y 3 de noviembre
de 2023 presentó informes de cumplimiento, así como solicitudes
de inaplicación.
En efecto, mediante memorial de 18 de abril de 2023, la actora
presentó informe dentro del incidente de desacato identificado con
el número único de radicación 2023-00094-00, en el cual expuso:
“[…] En tal sentido, el Fondo para la Reparación de las
Víctimas se permite informar que al consultar la información
que reposa en la Entidad, se encontró que el señor José
Ramon Ebratt Naranjo identificado con Cedula de Ciudadanía
N. 1.083.006.815 fue incluido en Resolución No. 1843 del 25
de mayo de 2022 que ordenó pago de indemnización judicial,
por el hecho victimizante de HOMICIDIO como víctima
indirecta del su señor padre José Ramon Ebratt Núñez
Q.E.P.D, con reconocimiento de indemnización por la suma de
$20.000.000,00, con un componente de recursos PGN,
recursos que registran en estado cobrado del día 10 de junio
de 2022.
En adición a lo manifestado, es preciso manifestar que, a la
fecha se tienen 19 sentencias ejecutoriadas del Bloque Norte
de las Autodefensas Unidas de Colombia, de las cuales se
reconocen 28.826 hechos victimizantes, por un valor de $1
billón 705 mil millones de pesos.
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Que, con ocasión a ello, se tienen pendientes por cancelar
indemnizaciones judiciales en favor de las víctimas por un
valor de $608.360.000 millones de pesos, lo que permite
concluir que en la actualidad el Fondo de Reparación a las
Víctimas no cuenta con los recursos suficientes para
llevar a cabo el pago total de las indemnizaciones
reconocidas en favor de las victimas incluidas en la
sentencia del bloque norte de las AUC, precisando que
la solicitud del pago total de la indemnización en favor
de la víctima se debe realizar con estos recursos
propios y la distribución de estos recursos, es a
prorrata, es decir dependiendo del reconocimiento de
indemnización realizada por el Tribunal le corresponde
un valor en la distribución de los recursos propios
entregados por los postulados condenados y el Bloque
Norte.
[…]
PAGO DE INDEMNIZACIÓN JUDICIAL
Para proceder al pago de las indemnizaciones ordenadas en
las sentencias antes referidas, esta Entidad debe seguir el
procedimiento establecido, para lo cual se debe tener en
cuenta lo siguiente:
a. Liquidación y pago de los valores ordenados en la sentencia
Previo al trámite del pago de las indemnizaciones ordenadas
en los procesos de Justicia y Paz con los recursos que
administra el FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS, es importante precisar que la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas debe ceñirse al
procedimiento establecido en lo dispuesto en la sentencia C-
370/2006 de la Corte Constitucional, afectando los bienes de
acuerdo con el siguiente orden:
I. Recursos entregados por los postulados a la aplicación
de la Ley 975 de 2005.
II. Recursos de Nuevas Fuentes.
III. Recursos del Presupuesto General de la Nación.
Como sustento del primer orden de afectación de los bienes,
la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-370 del 18
de mayo de 2006, estableció que la satisfacción del principio
de reparación exige la observancia de un orden en la
afectación de los recursos que integran el Fondo, concluyendo
que:
“(…) Los primeros obligados a reparar son los perpetradores
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de los delitos, en subsidio y en virtud del principio de
solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los
perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado para la
reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores
de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que
respondan con su propio patrimonio por los daños
ocasionados a las víctimas de los delitos. El Estado ingresa en
esta secuencia sólo en un papel residual para dar una
cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a
aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el
monto de la indemnización al que tienen derecho (inciso
segundo del artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la
eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean
insuficientes (…)”.
[…]
Ahora bien, ante la insuficiencia de los recursos entregados
por el postulado y de nuevas fuentes para el pago de las
indemnizaciones judiciales, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas a través del Fondo, debe
afectar el tercer rubro de recursos relacionados dentro de la
precitada sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional,
es decir, los que componen el Presupuesto General de la
Nación.
Dichos recursos, deben ser distribuidos para la atención de las
diferentes sentencias que se profieran dentro de los procesos
tramitados ante las Salas de Justicia y Paz de los
correspondientes Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
Para el presente caso, dicha afectación deberá ceñirse al
sistema de montos establecido en el artículo 10º de la Ley
1448 de 2011(artículos 42 y 43 de la Ley 975 de 2005) y
reglamentado por el artículo 2.2.7.3.4 del Decreto 1084 de
2015, es decir, de acuerdo con los topes de reparación
administrativa, así:
[…]
Una vez aplicado el procedimiento arriba enunciado y
habiendo consolidado el correspondiente cuadro de pagos con
los valores a cancelar, se procede a la expedición de la
correspondiente resolución por medio de la cual el Fondo de
Reparación de las Víctimas da cumplimiento a la sentencia en
lo relacionado con el pago de la indemnización judicial […]”.
Mas adelante, en informe rendido el 11 de julio de 2023 allegado
al JUZGADO, la actora afirmó lo siguiente:
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“[…] El Fondo para la Reparación de las Víctimas le informa al
peticionario que se incluirá nuevamente en Resolución que
ordene el pago de la indemnización judicial, de conformidad
con el valor establecido en salarios mínimos mensuales
legales establecidos en la sentencia ejecutoriada establecida
en el numeral 3 del presente documento, en dicha resolución
únicamente se incluirá a las víctimas que estén identificadas,
ubicadas, que su indemnización se encuentre en firme por
parte de la Corte Suprema de Justicia, que no tengan solicitud
de aclaración respecto de errores en su nombre,
identificación, valor reconocido en fallo, entre otros.
Así mismo una vez se expida la resolución de pago, la entidad
informará al peticionario que se ha expedido la notificación
personal, mediante la cual podrá solicitar el pago ante el
banco que se le indique.
En virtud de lo expuesto se precisa que el pago de las
indemnizaciones judiciales se debe realizar con los
componentes de recursos propios, correspondiente a
los bienes muebles e inmuebles entregados por el
postulado condenado HERNAN GIRALDO SERNA y los
miembros del BLOQUE RESISTENCIA TAYRONA,
producto de la gestión de administración y
monetización que realiza el Fondo para la Reparación
de las Víctimas, sin embargo, es importante resaltar
que estos recursos deben ser distribuidos entre el
universo de víctimas incluidas en las diferentes
sentencias de justicia y paz debidamente
ejecutoriadas, recursos que a la fecha no son
suficientes para llevar a cabo el pago total de las
indemnizaciones reconocidas en dichas sentencias. En
concordancia con los argumentos expuestos anteriormente,
valga la pena reiterar que nuestra Entidad propende por
cancelar las indemnizaciones judiciales a las víctimas
reconocidas en procesos de Justicia y Paz.
Una vez se cuenten con recursos estos serán
destinados a cubrir el pago de cada indemnización.
Ahora bien, por estas razones, las fechas de pago,
corresponden a tiempos de cumplimiento estimados y
aproximados, no siendo esto excusa para la prórroga
indefinida en el cumplimiento de lo debido por parte del
Fondo para la Reparación de las Víctimas. Agradecemos
de sobre manera su paciencia y comprensión, somos
conscientes del dolor que las víctimas del conflicto han tenido
que padecer, y con nuestra gestión solo deseamos poder
contribuir de alguna manera en alivianar las fuertes cargas
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que ustedes han debido soportar […]”. (Destacado fuera de
texto).
En cuanto a la solicitud de inaplicación, en memorial de 24 de julio
de 2023 la actora explicó ante el JUZGADO que se han realizado
las gestiones pertinentes para dar cumplimiento al fallo, pues ha
propendido por pagar las indemnizaciones judiciales a las víctimas
reconocidas en procesos de Justicia y Paz, por lo que una vez
cuenten con estos recursos ellos serán destinados a cubrir el pago
total de cada indemnización, de tal forma que no es posible dar
fechas exactas, tal como se observa a continuación:
“[…] El Fondo para la Reparación de las Victimas tiene
destinado para el pago de las indemnizaciones judiciales del
Bloque Resistencia Tayrona $259.000.000 que se deben
distribuir entre el universo de víctimas del conflicto armado,
a la fecha se tiene 3 sentencias ejecutoriadas que reconocen
13.388 hechos victimizantes donde con recursos del Bloque
Resistencia Tayrona, se deben cancelar a 302.771 víctimas
reconocidas en sentencias judiciales. Por lo tanto, los
recursos no son suficientes a la fecha. Es pertinente
hacer énfasis en el numeral 2 de esta y las anteriores
respuestas entregadas al accionante que la Ley 1448
del 2011 en sus artículos 17 y 18 expone los principios
de Progresividad y Gradualidad, respectivamente,
evidencia que el pago de las indemnizaciones judiciales
reconocidas en el marco de procesos de Justicia y Paz,
de manera paulatina pero creciente. Esto no significa
que al accionante no se le cancelará el pago completo
de su indemnización.
[…]
El Fondo para la Reparación de las Víctimas le informó al
peticionario que se incluirá nuevamente en Resolución que
ordene el pago de la indemnización judicial, de conformidad
con el valor establecido en salarios mínimos mensuales
legales establecidos en la sentencia ejecutoriada establecida
en el numeral 3 del presente documento, en dicha resolución
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únicamente se incluirá a las víctimas que estén identificadas,
ubicadas, que su indemnización se encuentre en firme por
parte de la Corte Suprema de Justicia, que no tengan solicitud
de aclaración respecto de errores en su nombre,
identificación, valor reconocido en fallo, entre otros. Así
mismo una vez se expida la resolución de pago, la entidad
informará al peticionario que se ha expedido la notificación
personal, mediante la cual podrá solicitar el pago ante el
banco que se le indique.
En virtud de lo expuesto se precisa que el pago de las
indemnizaciones judiciales se debe realizar con los
componentes de recursos propios, correspondiente a
los bienes muebles e inmuebles entregados por el
postulado condenado HERNAN GIRALDO SERNA y los
miembros del BLOQUE RESISTENCIA TAYRONA,
producto de la gestión de administración y
monetización que realiza el Fondo para la Reparación
de las Víctimas, sin embargo, es importante resaltar
que estos recursos deben ser distribuidos entre el
universo de víctimas incluidas en las diferentes
sentencias de justicia y paz debidamente
ejecutoriadas, recursos que a la fecha no son
suficientes para llevar a cabo el pago total de las
indemnizaciones reconocidas en dichas sentencias.
En concordancia con los argumentos expuestos
anteriormente, valga la pena reiterar que nuestra Entidad
propende por cancelar las indemnizaciones judiciales a las
víctimas reconocidas en procesos de Justicia y Paz. Una vez
se cuenten con recursos estos serán destinados a cubrir
el pago de cada indemnización. Ahora bien, por estas
razones, las fechas de pago, corresponden a tiempos de
cumplimiento estimados y aproximados, no siendo esto
excusa para la prórroga indefinida en el cumplimiento
de lo debido por parte del Fondo para la Reparación de
las Víctimas […]”. (Destacado fuera de texto)
En ese mismo sentido, mediante solicitud de inaplicación de las
sanciones allegado el 28 de agosto de 2023, la actora explicó ante
el JUZGADO y el TRIBUNAL cada una de las respuestas emitidas
al beneficiario, así como también refirió que, en cuanto a la
entrega de una fecha cierta para el pago de la indemnización
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judicial, no era posible entregar dicha información por cuanto a la
fecha no cuenta con los fondos suficientes para las víctimas del
postulado HERNÁN GIRALDO SERNA, así:
“[…] En virtud del reconocimiento de indemnización Judicial
JOSE RAMON EBRATT NARANJO, fue incluido en la Resolución
de Pago No. 1843 del 25 de mayo de 2022, mediante la cual
se reconoció la suma de: $20.000.000, ahora bien, con
relación al valor antes mencionado, se evidencia que este
valor corresponde a recursos “PGN”, los cuales fueron
“Cobrados”
[…]
Así mismo, se le informó lo siguiente:
Respuesta No. 1: Actualmente el Fondo para la Reparación de
las Victimas tiene destinado para el pago de las
indemnizaciones judiciales del Bloque Resistencia Tayrona
$259.000.000 que se deben distribuir entre el universo de
víctimas del conflicto armado, a la fecha se tiene 3 sentencias
ejecutoriadas que reconocen 13.388 hechos victimizantes
donde con recursos del Bloque Resistencia Tayrona, se deben
cancelar a 302.771 víctimas reconocidas en sentencias
judiciales. Por lo tanto, los recursos no son suficientes a
la fecha. Los pagos de las indemnizaciones judiciales se
realizan según los recursos disponibles para las
resoluciones de pago, es decir que no se asignan
porcentajes de los recursos a las víctimas, porque los
recursos no son suficientes.
Es pertinente hacer énfasis en el numeral 2 de esta y las
anteriores respuestas entregadas al accionante que la Ley
1448 del 2011 en sus artículos 17 y 18 expone los principios
de Progresividad y Gradualidad, respectivamente, evidencia
que el pago de las indemnizaciones judiciales reconocidas en
el marco de procesos de Justicia y Paz, de manera paulatina
pero creciente. Esto no significa que al accionante no se le
cancelara el pago completo de su indemnización.
Respuesta No. 2: Como se ha mencionado en respuestas
anteriores, el pago de las indemnizaciones judiciales se
debe realizar con componentes de recursos propios y
recursos asignados por el Presupuesto General de la
Nación, el monto con el que se cuenta para cancelar las
indemnización de sentencias de justicia y paz debe ser
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utilizado para pagar al universo de víctimas incluidas
en diferentes sentencias, recursos que a la fecha no son
suficientes para pagar la totalidad de las víctimas, en
este momento el Fondo para la Reparación de las
Victimas se encuentra realizando las proyecciones para
las Resoluciones de pago del segundo semestre de
2023, incluyendo a las víctimas de sentencias que no
han recibido el primer pago de la indemnización
reconocida en sentencias ejecutoriadas, por lo tanto las
victimas que no cuentan con reconocimiento en
resolución de pago a la fecha son las que se incluye en
las resoluciones de pago 2023 por el momento, esto no
significa que no se vaya a cancelar el monto de indemnización
judicial que se adeuda a la fecha al peticionario.
Respuesta No. 3: Respecto a la solicitud de entregar una
fecha cierta para el pago de la indemnización judicial,
se le informa al peticionario que no es posible entregar
dicha información pues a la fecha no se cuenta con los
fondos suficientes para pagar a todas las víctimas del
postulado Hernán Giraldo Serna en sus 3 sentencias
ejecutoriadas, como se especificó anteriormente […]”.
(Destacado fuera de texto)
Los anteriores argumentos y razones de defensa fueron reiterados
por la actora en cada uno de los memoriales presentados ante el
JUZGADO y el TRIBUNAL, sin que las mencionadas autoridades
judiciales hubiesen resuelto de forma admisible las solicitudes de
inaplicación de la sanción.
En efecto, revisadas las pruebas obrantes en el expediente se
advierte que la UARIV advirtió que le fue informado al señor JOSÉ
RAMÓN EBRATT que el Fondo para la Reparación de las Víctimas
tiene destinado para el pago de las indemnizaciones judiciales del
Bloque Resistencia Tayrona un total de doscientos cincuenta y
nueve millones de pesos ($259.000.000) que deben ser
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cancelados a 302.771 víctimas reconocidas en sentencias
judiciales, por lo que a la fecha no cuenta con los recursos
suficientes para las resoluciones de pago.
Sumado a ello, explicó que el pago de las indemnizaciones
judiciales se debe realizar con componentes de recursos propios,
correspondientes a los bienes muebles e inmuebles entregados
por el postulado HERNÁN GIRALDO SERNA y los demás
miembros del Bloque Resistencia Tayrona, los cuales deben ser
distribuidos entre el universo de víctimas, recursos que a la fecha
no son suficientes para el pago total de las indemnizaciones
reconocidas en esas sentencias, de tal forma que no era posible
dar una fecha cierta de pago al beneficiario.
Ahora bien, para la Sala es forzoso concluir que aun cuando el
JUZGADO y el TRIBUNAL afirmaron encontrar acreditados los
elementos para la imposición de la sanción, revisadas las
providencias acusadas se advierte que en ellas únicamente se hizo
un estudio respecto del elemento objetivo, no así del subjetivo.
Lo anterior, toda vez que aun cuando la actora presentó informes
del cumplimiento del fallo y las razones por las cuales no le era
posible brindar una respuesta detallada en cuanto a las
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condiciones de tiempo en las que se realizará el pago de la
indemnización, las autoridades judiciales accionadas nada dijeron
sobre el particular, tan es así que omitieron resolver las solicitudes
de inaplicación, lo que demuestra una falta de estudio en cuanto
al elemento subjetivo.
Lo expuesto en precedencia permite a la Sala concluir que las
autoridades judiciales accionadas, al estudiar los elementos
constitutivos de la imposición de la sanción se limitaron a señalar
que se encontraron demostrados los elementos objetivo y
subjetivo, pues no se ha dado respuesta de fondo a la solicitud de
entrega de la indemnización al no dar una fecha real o aproximada
del pago, lo que evidencia una conducta omisiva, negligente e
injustificada de la actora, sin mediar análisis alguno en cuanto a
las razones emitidas en los memoriales allegados 18 y 26 de abril,
24 de mayo, 11, 14 y 24 de julio, 17, 28 y 31 de agosto, 15 y 29
de septiembre, 12 de octubre y 3 de noviembre de 2023.
Sobre el particular, la Sala37 en reciente providencia destacó que:
“[…] Teniendo en cuenta lo dicho por las autoridades
accionadas, es necesario precisar que la función y el análisis
que efectúa el juez constitucional al dictar el fallo de tutela es
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Germán Osorio
Cifuentes, sentencia de 12 de octubre de 2023 identificada con el número único de radicación
110010315000-2023-03870-00.
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completamente diferente al análisis que se hace al decidir
sobre el desacato de la sentencia. Esto es así porque al
momento de dictarse la sentencia se debe constatar la
existencia de una vulneración a una garantía constitucional,
identificar el responsable de la transgresión y adoptar las
medidas de restablecimiento. Mientras que al resolverse el
desacato se debe evaluar el cumplimiento de la orden
[elemento objetivo] y analizar si su incumplimiento obedece
al actuar omisivo y negligente del obligado [elemento
subjetivo].
Para mayor claridad de lo anterior, la Corte Constitucional en
el Auto 206 de 28 de abril de 201738 precisó lo siguiente:
«Como se desprende de la cita anterior, la jurisprudencia
constitucional diferenció el (in)cumplimiento del fallo y la
procedencia del incidente del desacato, bajo la siguiente
premisa: “todo desacato implica incumplimiento, pero no todo
incumplimiento conlleva a un desacato”. La diferencia
fundamental entre una y otra cosa radica en que el
(in)cumplimiento del fallo es una constatación objetiva,
mientras que la procedencia del incidente de desacato
presupone la configuración de una serie de elementos
de responsabilidad subjetiva. O en otros términos, el
sólo incumplimiento del fallo no presupone la
responsabilidad del destinatario de la orden de tutela,
sino que hace falta acreditar que haya incurrido en una
conducta culposa o dolosa. Esto implica considerar el
contenido de la orden (i.e. precisión, claridad,
viabilidad); la respuesta que desplegó el destinatario;
y la concurrencia de circunstancias eximentes de
responsabilidad.
Estas reglas fueron aplicadas en el marco de problemas
estructurales que impiden que una entidad ofrezca una
respuesta oportuna a las acciones de tutela, como ocurrió con
CAJANAL y COLPENSIONES. De una parte, la Corte resaltó que
en estas situaciones, la emisión masiva y generalizada de
órdenes por parte de los jueces de tutela puede traducirse en
la adopción de medidas “que resultan imposibles de cumplir
en los plazos previstos”» […]”.
De lo hasta aquí expuesto es dable concluir que el JUZGADO y el
TRIBUNAL no podían dejar de analizar los argumentos de
38
Corte Constitucional. Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 del 2004. Auto 206 de
28 de abril de 2017. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Actora: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
defensa manifestados por la actora al limitarse a referir que su
actuar fue negligente, pues precisamente dichos informes y
solicitudes de inaplicación de la sanción lo que pretendían era
demostrar que la imposibilidad de dar una fecha exacta del pago
total obedecía a problemas estructurales y financieros de la
entidad que desbordan su capacidad de acción.
Así las cosas, para la Sala tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL
incurrieron en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente
jurisprudencial proferido por la Corte Constitucional contenido en
la sentencia SU 034 de 2018, por medio del cual se precisó los
factores que debe considerar el juez al resolver el incidente de
desacato en tutela, pues omitieron valorar desde la óptica de la
responsabilidad subjetiva los informes de cumplimiento y las
solicitudes de inaplicación presentadas.
Consecuente con lo anterior, la Sala revocará la decisión del a quo
que denegó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia
y, en su lugar, amparará los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la actora y
dejará sin efecto las providencias de 21 de abril, 9 de mayo,
12 de julio, 23 de agosto y 27 de septiembre proferidas por
el JUZGADO; y 2 de mayo, 8 de junio, 12 de julio, 28 de
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agosto y 3 de octubre de 2023 proferidas por el TRIBUNAL,
por medio de las cuales fue sancionada por incumplimiento de la
orden impartida en sentencia de 27 de marzo de 2023, dentro de
los incidentes de desacato identificados con los números único de
radicación 2023-00094-00/01/02/03/04 y 05, por haberse omitió
el análisis del elemento subjetivo, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, se instará a la UARIV para que
continúe realizando las gestiones pertinentes, con el objeto de dar
cumplimiento a la sentencia de tutela de 27 de marzo de 2023 y
se logre la reparación integral a las víctimas, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada que denegó el
amparo solicitado y, en su lugar, AMPARAR los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
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de justicia de la actora, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las
providencias de 21 de abril, 29 de mayo, 12 de julio, 23 de
agosto y 27 de septiembre proferidas por el JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SANTA
MARTA; y 2 de mayo, 8 de junio, 12 de julio, 28 de agosto y
3 de octubre de 2023 proferidas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, dentro de los incidentes
de desacato identificados con los números únicos de radicación
470013333004-2023-00094-00/01/02/03/04 y 05, en cuanto
omitieron analizar el elemento subjetivo de la sanción impuesta,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA
que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de
esta providencia, dicte una decisión de reemplazo dentro de los
incidentes de desacato identificados con los números únicos de
radicación 470013333004-2023-00094-00/01/02/03/04 y 05, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
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CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de febrero
de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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