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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07402-00

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07402-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura del presente trámite constitucional, conforme a los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia, por las razones aquí expuestas. TERCERO: AMPARAR los derechos los derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo de la inmobiliaria Keralty S.A.S., y el Fideicomiso Fiduoccidente Country para que la Dirección Seccional de Administración Judicial – Archivo Central en el término de 20 días contados a partir de la notificación de la presente providencia realice el desarchivo del expediente 11001-31-03-016-2003- 00573-01 ubicado en la caja 42 de 2014 con destino al Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá, e informe a las partes sobre el cumplimiento de éste. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Fideicomiso Fiduoccidente – Country y otro Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo central y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-07402-00 En el evento en que no sea posible cumplir con el término otorgado, la autoridad respectiva deberá poner en conocimiento del peticionario el tiempo que le tomará realizar el correspondiente desarchivo, sin que en todo caso, exceda el lapso de 2 meses. De no ser posible lo anterior, se procederá con la siguiente orden: CUARTO: ORDENAR al Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá que inicie con la reconstrucción del expediente identificado con radicado 11001-31-03-016- 2003-00573-01, demandante: Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, siempre y cuando así lo disponga la parte interesada. Lo anterior, en el término más expedito posible, para que la parte accionante pueda ejercer de manera efectiva sus derechos fundamentales. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela dirigidas en contra del Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07402-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

25 de enero de 2024

Demandantes: Fideicomiso Fiduoccidente – Country y otro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo central y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07402-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C. veinticinco (25) de enero dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07402-00
Demandantes: FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE COUNTRY Y OTRO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ –
ARCHIVO CENTRAL Y OTRO

Tema: Derecho fundamental de petición – ampara y niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La inmobiliaria Keralty S.A.S., actuando a través de su representante legal y
el Fideicomiso Fiduoccidente Country2 actuando por intermedio de sus
representantes legales y judiciales, instauraron acción de tutela en contra del
Consejo Superior de la Judicatura, la Oficina de Archivo Central de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Bogotá y el Juzgado 16 Civil del
Circuito de Bogotá. Con la solicitud de amparo pretenden que se les proteja su
derecho fundamental de petición.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudican a la omisión de las
autoridades accionadas en dar respuesta a la solicitud del 20 de junio de 2023
reiterada el 3 de octubre de 2023, relacionada con el desarchivo del proceso 11001-
31-03-016-2003-00573-01 que cursó en el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá,

1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
Conformado por la inmobiliaria Keralty S.A.S. y la Fiduciaria de Occidente.

1

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Demandantes: Fideicomiso Fiduoccidente – Country y otro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo central y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07402-00

demandante: Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, archivado en el año 2014,
en la caja 42 de ese año.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de sus derechos, así:

1. Declare que el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central de Bogotá y el Juzgado 16
Civil del Circuito de Bogotá han vulnerado nuestro derecho fundamental de petición.

2. Como consecuencia, ordene al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración de Bogotá – Archivo Central y el Juzgado 16
Civil del Circuito de Bogotá que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
del fallo de tutela, se de respuesta de fondo a la petición que desarchivo el proceso
con radicado 110013103016-20030057301 de la Caja de Crédito Agrario Industrial
y Minero Caja Agraria en liquidación contra Planes Proyectos y Construcciones
Limitada radicada el 20 de junio de 2023 con radicado DESCLF23-005599.

1.3. Hechos

4. La sala resume los hechos relevantes mencionados en el escrito de la tutela
de la siguiente manera:

5. El 20 de junio de 2023, la inmobiliaria Keralty S.A.S. en calidad de
fideicomitente del Fideicomiso Fiduoccidente – Country radicó ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – archivo central y por medio del aplicativo
virtual habilitado para ello, la solicitud de desarchivo del expediente rad. 11001-31-
03-016-2003-00573-01 que en su momento conoció el Juzgado 16 Civil del Circuito
Judicial de Bogotá, sin que a la fecha se haya materializado la solicitud.

6. Asimismo, indicó que, el pasado 3 de octubre de 2023 a través del correo
electrónico notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co radicó solicitud de
información con relación al estado de la petición primigenia, sin recibir respuesta
alguna.

1.4. Fundamentos de la solicitud

7. A juicio de la parte accionante, las autoridades accionadas transgredieron su
derecho fundamental de petición, debido que a la fecha de radicación de la acción
de tutela no ha recibido un pronunciamiento de fondo, de manera clara, completa y
detallada a la solicitud de desarchive de un expediente judicial.

1.5. Trámite de la acción

8. En providencia del 11 de diciembre de 2023, el despacho ponente admitió la
acción constitucional de la referencia y ordenó notificar como accionado al Consejo
2

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Demandantes: Fideicomiso Fiduoccidente – Country y otro
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Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo central y otro
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Superior de la Judicatura, a la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial – Seccional Bogotá y al Juzgado 16 Civil del Circuito
Judicial de Bogotá. A su vez, dispuso la vinculación del Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia
de Bogotá.

1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Presidencia

9. Solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva. Para
el efecto, refirió que no es el llamado a responder o cumplir las órdenes que se
expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales del fideicomiso
accionante, máxime cuando de la prueba obrante en el proceso se puede establecer
que la petición del 3 de octubre de 2023 fue dirigida al correo electrónico
notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, mismo que corresponde su
dominio a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

10. En ese orden, agregó que la autoridad que se encuentra legitimada para
resolver la petición es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá, toda vez que la oficina de archivo se encuentra adscrita a dicha
corporación de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo PCSJA17-10784 del 26
de septiembre de 2017 y en su defecto, la Dirección Ejecutiva Nivel Central, por ser
el superior jerárquico.

1.6.2 Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá

11. La autoridad judicial accionada solicitó que se negaran las pretensiones de
la acción de tutela, pues no se demuestra acción u omisión alguna atribuible a ese
juzgado para que opere este mecanismo constitucional.

12. Lo anterior, por cuanto no esta probado que la parte demandante haya
elevado solicitud alguna ante dicha autoridad judicial. Por el contrario, dejó claro
que la gestión la ha llevado a cabo a través del aplicativo virtual habilitado por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de lo cual se logra inferir que ante el
juzgado no se ha intentado el desarchivo del asunto, aunque hay un trámite
dispuesto ante la Oficina de Archivo para tal efecto.

1.6.3. Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados
Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá

13. La autoridad vinculada rindió informe en el que solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional, toda vez que no es el grupo competente de atender
y emitir una respuesta de fondo respecto de la solicitud del fideicomiso accionante.
3

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Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo central y otro
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14. Al respecto, indicó que el Centro de Servicios se encarga de recibir las
solicitudes de archivo central, las cuales se remiten de manera inmediata a la oficina
competente Archivo Central, sin que esta última haga parte del Centro de Servicios
para los Juzgados Laborales, Civiles y de Familia en relación con el funcionamiento
interno y la atención a las solicitudes de desarchivo radicadas por los usuarios.

1.6.4. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Oficina de Archivo
Central

15. La entidad accionada rindió informe en el que solicitó que se declarara la
carencia actual de objeto por hecho superado. Esto, porque en su sentir «la
situación nociva o amenazante debe ser real y actual, no simplemente que ya se
haya presentado, pues no puede requerir un hecho subsanado, ni algo que se había
dejado de efectuar, pero ya se realizó».

16. Además de lo anterior, allegó la respuesta brindada a la petición presentada
por la inmobiliaria Keralty S.A.S., el día 24 de enero de 2024, la cual fue allegada a
la dirección de correo electrónico notificacionesjudiciales@keralty.com.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

17. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por la inmobiliaria Keralty S.A.S. y el Fideicomiso Fiduoccidente
Country. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 12 del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Legitimación en la causa y solicitud de desvinculación

18. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

2.2.1. Legitimación en la causa

19. La Sala advierte que la inmobiliaria Keralty S.A.S., se encuentra legitimada
en la causa por activa. Así, se evidencia que le asiste un interés directo y personal
en las resultas del proceso, pues es la persona jurídica que instauró la solicitud de
desarchivo.

4

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20. Igual suerte corre el Fideicomiso Fiduoccidente Country, en tanto que la
inmobiliaria Keralty S.A.S., tiene la calidad de fideicomitente y beneficiario del
mismo y en dicha condición aquella radicó la petición de desarchivo. Por este
motivo, le asiste interés en las resultas del proceso y, en consecuencia, se
encuentra legitimado en la causa por activa.

21. Por su parte, esta colegiatura encuentra que la Oficina de Archivo Central de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Bogotá está legitimada
en la causa por pasiva. Esto, porque es la autoridad a la que se le atribuye la
supuesta vulneración de las garantías constitucionales antes mencionadas; y quien
posee la aptitud legal para dar respuesta a la solicitud instaurada por la parte actora.

22. En el mismo sentido, la sala encuentra legitimación en la causa por pasiva al
Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá. Esto, en la medida que es la
autoridad judicial que conoció del proceso judicial cuyo desarchivo se solicita, razón
por la que le asiste un interés directo en las resultas del proceso.

23. Por otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declarara
su falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se le
desvinculara del trámite de la presente acción de tutela. Al respecto, la sala advierte
que le asiste razón, toda vez que no se encuentra encargada del manejo y
funcionamiento del archivo central de la ciudad de Bogotá. Asimismo, se encuentra
que la petición no fue dirigida a esta autoridad, por lo que se dispondrá en la parte
resolutiva su desvinculación del presente trámite3.

2.2.3. Solicitud de desvinculación del Centro de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá

24. El Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados
Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional; sin embargo, la sala negará tal petición, en tanto que se
encuentra acreditado que aquella recibió la petición de desarchivo del 20 de junio
de 2023, de la cual se solicita su respuesta y le correspondía darle trámite. Por esta
razón, se tendrá como tercero con interés en las resultas del proceso.

25. En este punto, es preciso indicar que tal como el mismo Centro de Servicios
lo advierte en su informe, a esta autoridad le corresponde recibir las solicitudes de
archivo central y remitirlas a la oficina competente Archivo Central.

2.3. Problema jurídico

26. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el

3
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 27 de julio de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-02508-00.
5

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material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Archivo Central y el Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá
vulneraron el derecho fundamental de petición invocado por la parte
accionante, con ocasión de la omisión de respuesta a del 20 de junio de 2023
reiterada el 3 de octubre de 2023, relacionada con el desarchivo del proceso
11001-31-03-016-2003-00573-01 que cursó en el Juzgado 16 Civil del
Circuito de Bogotá, demandante: Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero,
archivado en el año 2014, en la caja 42 de ese año?.

27. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho de petición; (iii) carencia actual
de objeto por hecho superado; y (iv) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

28. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto Ley 2591 de 1991.

29. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

30. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.

31. Sobre el caso que nos ocupa, salta a la vista que la parte accionante
considera vulnerado su derecho fundamental de petición, pues arguye que las
autoridades demandadas omitieron darle respuesta de fondo a su solicitud. En ese
sentido, para la Sala es viable concluir que la acción de tutela constituye el
instrumento idóneo para procurar la salvaguarda de dicha garantía constitucional,
máxime cuando el ordenamiento jurídico no prevé ningún recurso judicial para
proceder a su protección.

32. De igual manera se advierte que la parte accionante instauró la tutela 7 de
6

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diciembre de 2023, es decir dentro de un plazo prudencial a la fecha en que se
habría configurado la vulneración de su derecho fundamental, por lo que no se
observa una tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción4.

2.5. Del derecho de petición

33. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución»5. El mismo artículo superior precisa que
el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.

34. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».6

35. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación
de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver
la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto
y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el
particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

36. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y
coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada
con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada.»7

37. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento

4
Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
5
Corte Constitucional, sentencia C-510 de 2014.
6
Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015.
7
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2013.
7

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del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»8.

38. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición
la Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado
que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión;
ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad
cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base
de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo9.

39. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca10.

40. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota
en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento
o no del derecho subjetivo.

2.6. Del derecho al debido proceso administrativo

41. El derecho al debido proceso tiene por objeto la preservación y efectiva
realización de una justicia material, el cual ha sido ampliamente reconocido como
un límite al ejercicio de los poderes públicos, pues tal como lo establece la Carta
Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones
administrativas, como en las de carácter jurisdiccional11.

8
Ibidem.
9
Corte Constitucional, sentencia T-161 de 2011.
10
Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor:
Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
11
Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
8

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42. Al respecto, la Corte Constitucional ha expuesto en forma reiterativa, que el
derecho al debido proceso está conformado por un conjunto de garantías que
tienden por el respeto y protección de los derechos de los individuos que se
encuentran incursos en una determinada actuación de carácter judicial o
administrativa; y en virtud de las cuales, las autoridades estatales cuentan con la
obligación de ajustar su accionar conforme a los procedimientos contemplados para
cada tipo de trámite12.

43. El debido proceso administrativo impone a las entidades del Estado adelantar
cualquier actuación o procedimiento administrativo, cuyo propósito sea crear,
modificar o extinguir situaciones jurídicas, con la estricta observancia de los
lineamientos previamente consagrados por el legislador, esto con el objeto de
garantizar a los ciudadanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la
función pública, la protección de sus derechos de contradicción y defensa13. En este
orden, parte fundamental del debido proceso administrativo es que las actuaciones
y etapas se adelanten en los términos previstos por el legislador.

2.7. Caso concreto

44. La parte accionante consideró vulnerado su derecho fundamental de petición.
Esto, debido a que a la fecha no se le ha dado contestación de fondo a la solicitud
de desarchivo presentada el 20 de junio de 2023 por la inmobiliaria Keralty S.A.S.,
la cual fue recibida por parte del Centro de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia.

45. Planteado así el asunto, la sala estudiará las actuaciones de cada una de las
corporaciones accionadas y aquellas que conocieron de la solicitud, para determinar
si vulneraron el derecho fundamental de petición de la parte actora.

2.7.1. Estudio sobre la vulneración del derecho de petición por parte de la
Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Seccional Bogotá

46. Como viene de decirse, el día 20 de junio de 2023, la inmobiliaria accionante
presentó una petición en la que solicitó el desarchivo del expediente rad. 11001-31-
03-016-2003-00573-01 que en su momento conoció el Juzgado 16 Civil del Circuito
Judicial de Bogotá, la cual fue «recibida con éxito» por parte del Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia.

47. Posterior a ello, el día 3 de octubre de 2023, la parte accionante dirigió un
correo electrónico a la dirección suministrada por parte del del Centro de Servicios

12
Corte Constitucional, T 115 de 2018.
13
Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 2010.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Fideicomiso Fiduoccidente – Country y otro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo central y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07402-00

Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia
(notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co) en la que solicitó que se le
informara sobre el estado de su petición de desarchivo del 20 de junio de 2023; lo
cierto es que se encuentra que aquel no fue recibido por la autoridad accionada.

48. Pese a lo anterior, según las pruebas allegadas al plenario, se evidencia que
la entidad demandada tuvo conocimiento de la aludida petición y le dio respuesta a
aquella, en los siguientes términos:

Señores
FIDUCOMISO FIDUOCCIDENTE – COUNTRY

Cordial saludo,

En atención a la tutela de la referencia, me permito informar que, revisada la base
de datos de solicitudes radicadas a través del formulario en línea y módulo de
radicación física, se evidencia petición No. 23-07402 en la cual se solicitó el
desarchive del proceso 2003-00573-01 del JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO,
donde figuran las siguientes partes: Demandante: CAJA DE CREDITO AGRARIO
INDUSTRIAL Y MINERO CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN. Demandado:
PLANES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.

Por consiguiente, y en atención tutela se informa que, en bodega D06 SANTO
DOMINGO se ha realizado la búsqueda del proceso solicitado, no obstante a la
fecha no ha sido hallado en el acervo documental perteneciente a dicho juzgado.

Por lo anterior, en Bodega Santo Domingo se continúa realizando las actividades
pertinentes, una vez finalizada dicha labor se informarán los resultados finales de
búsqueda.

Nota: se precisa que la bodega Santo Domingo es objeto de organización y mapeo,
toda vez que se recibió en traslado el acervo documental de los despachos
judiciales que se encontraban en bodega Montevideo I y II.

49. Esta respuesta fue enviada por parte de la entidad demandada el día 24 de
enero de 2024 al correo electrónico del accionante
15
notificacionesjudiciales@keralty.com .

50. Del anterior recuento probatorio, sería del caso predicar que se configuró el
fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, en el sentido que a
la parte accionante se le brindó una respuesta al requerimiento por aquella realizado
desde el día 20 de junio de 2023, durante el trámite de la presente acción
constitucional, esto es, el 24 de enero de 2024.

15
Correo electrónico al que también el Centro de Servicios Jurisdiccionales para los Juzgados
Civiles, Laborales y de Familia dieron contestación a la petición; y que además figura como dirección
de notificaciones en el escrito de tutela.
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51. Así, aunque entre la interposición de la petición y la respuesta emitida por
parte del grupo de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Seccional Bogotá, se superó el término establecido para responder la
solicitud del accionante relacionada con el desarchivo del proceso de la referencia,
la respuesta fue finalmente proporcionada a la parte demandante durante y con
ocasión del presente trámite constitucional.

52. No obstante lo anterior, una vez verificado el contenido del escrito que dio
trámite a la petición de la referencia, la sala advierte que la misma no cumple con
los requisitos dispuestos por la ley y la jurisprudencia para entenderse como
satisfecha. Esto es así, porque la misma no es de fondo, definitiva, ni satisfactoria
en punto a los derechos fundamentales de la parte accionante.

53. En otras palabras, a pesar de que la inmobiliaria Keralty S.A.S., recibió
respuesta a su solicitud, la misma no responde de fondo a su requerimiento. En este
punto, conviene recordar que la Dirección Seccional de Administración Judicial le
puso de presente que el resultado de la búsqueda de su expediente fue negativo.
Además, que se continuarían realizando las actividades pertinentes, lo cual en todo
caso, podría arrojar que el expediente no está en la caja.

54. De manera que, para la sala, la solicitud presentada por la parte accionante
no ha sido desatada, pues se desconoce el paradero del expediente judicial del que
fue parte, sin que se le haya dado una razón de fondo, concreta y definitiva. De ahí
que sea factible concluir que la parte demandante, a la fecha está en imposibilidad
real y física de tener el desarchivo, con el fin como se advierte en la tutela de
adelantar los trámites de cancelación de una medida cautelar de inscripción de
demanda que se encuentra vigente en el certificado de libertad y tradición de un
inmueble que adquirió el fideicomiso.

55. Desde este panorama, se colige que el accionar de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá está conculcando, a su vez, la
garantía al debido proceso administrativo. Tal apreciación viene luego de considerar
que la dilación injustificada en el desarchivo del expediente, conlleva a que la parte
accionante no pueda desarrollar los trámites administrativos y/o judiciales a los que
hay lugar.

56. Así las cosas, la sala considera menester que la autoridad accionada
adelante todas las actuaciones que considere pertinente en aras de concretar la
petición de la parte accionante. Se aclara que esta, solamente será satisfecha
cuando: i) se realice el desarchivo y se entreguen copias del expediente; ii) se
informe el término que tardará el correspondiente desarchivo del proceso judicial
que motivó la interposición de la tutela; o iii) se ponga de presente las razones de
hecho o de derecho por las cuales no se puede acceder a la solicitud.

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57. Con todo, en este último evento el Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de
Bogotá, deberá proceder con el trámite dispuesto en el artículo 126 del Código
General del Proceso relacionado con la reconstrucción de expedientes:

ARTÍCULO 126. TRÁMITE PARA LA RECONSTRUCCIÓN. En caso de pérdida
total o parcial de un expediente se procederá así:

1. El apoderado de la parte interesada formulará su solicitud de reconstrucción y
expresará el estado en que se encontraba el proceso y la actuación surtida en él.
La reconstrucción también procederá de oficio.

2. El juez fijará fecha para audiencia con el objeto de comprobar la actuación surtida
y el estado en que se hallaba el proceso, para lo cual ordenará a las partes que
aporten las grabaciones y documentos que posean. En la misma audiencia
resolverá sobre la reconstrucción.

3. Si solo concurriere a la audiencia una de las partes o su apoderado, se declarará
reconstruido el expediente con base en la exposición jurada y las demás pruebas
que se aduzcan en ella.

4. Cuando se trate de pérdida total del expediente y las partes no concurran a la
audiencia o la reconstrucción no fuere posible, o de pérdida parcial que impida la
continuación del proceso, el juez declarará terminado el proceso, quedando a salvo
el derecho que tenga el demandante a promoverlo de nuevo.

5. Reconstruido totalmente el expediente, o de manera parcial que no impida la
continuación del proceso, este se adelantará, incluso, con prescindencia de lo
perdido o destruido.

58. Para esta sala de decisión, la parte actora no está en el deber de soportar la
omisión al deber de custodia que le asiste a la autoridad accionada. En estos
términos, la administración de justicia debe ofrecer las respuestas a su solicitud.
Así, se deberá proceder con la búsqueda exhaustiva del expediente de la referencia,
la cual tendrá que consultar la realidad que atraviesa actualmente la Oficina de
Archivo Central de la ciudad de Bogotá.

59. Si el resultado definitivo de la misma es negativo, la autoridad judicial que
conoció del proceso ordinario o la que hace sus veces, deberá proceder con la
reconstrucción del mismo, de manera que la inmobiliaria Keralty S.A.S., y el
Fideicomiso Fiduoccidente Country cuenten con los elementos que devienen en
necesarios para los demás trámites administrativos y/o judiciales a los que haya
lugar.

60. Por lo anterior, se ampararán los derechos fundamentales de petición y
debido proceso administrativo de la la inmobiliaria Keralty S.A.S., y el Fideicomiso
Fiduoccidente Country para que la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Bogotá - Archivo Central en el término de 20 días contados a partir de la
notificación de la presente providencia, realice el desarchivo del expediente con
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radicado: 11001-31-03-016-2003-00573-01. Este plazo consulta la realidad que
afronta dicha dependencia. Para el efecto, deberá remitir el expediente al Juzgado
16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá para que le proporcione las copias a la parte
accionante16.

61. En el evento en que ello no sea posible, la autoridad respectiva deberá
informar al peticionario el tiempo que le tomará realizar el correspondiente
desarchivo, sin que, en todo caso, exceda el lapso de 2 meses.

62. Finalmente, si el resultado de la búsqueda del proceso arroja una respuesta
negativa, el Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá deberá proceder con el
trámite de reconstrucción del expediente si a bien lo tiene la parte accionante.

2.7.2. Estudio sobre la vulneración del derecho de petición por parte del
Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá

63. No obstante lo mencionado en el numeral anterior, la sala considera que,
pese a que la parte accionante dirige la acción de tutela contra esta autoridad
judicial, que conoció del proceso ordinario del cual se solicita su desarchivo, pues
en su sentir también desconoció el derecho de petición; se evidencia que la
inmobiliaria Keralty S.A.S. solo dirigió la solicitud del 20 de junio de 2023 a la Oficina
de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional
Bogotá, la cual como viene de decirse fue recibida por el Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia.
Sin embargo, no obra prueba que aquella haya presentado su petición ante esta
autoridad judicial.

64. Por esta razón, esta sección negará las pretensiones de la acción de tutela
respecto del Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá. Esto, porque de ella
no se desprende la omisión en resolver la petición radicada por la parte accionante
el 20 de junio de 2023. Esto, sin perjuicio de la orden relativa a que como viene de
decirse, si el resultado de la búsqueda del expediente 11001-31-03-016-2003-
00573-01 arroja una respuesta negativa, el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá
deberá proceder con el trámite de reconstrucción del expediente, si a bien lo tiene
la parte accionante.

2.8. Conclusiones

65. En primer lugar, la sala procede a amparar los derechos fundamentales de
petición y al debido proceso administrativo de la inmobiliaria Keralty S.A.S., y el

16
En el mismo sentido, esta Sección se pronunció en una anterior oportunidad: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 7 de diciembre de 2023. Rad.
11001-03-15-000-2023-05387-00.

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Fideicomiso Fiduoccidente Country para que la Dirección Seccional de
Administración Judicial – Archivo Central en el término de 20 días contados a partir
de la notificación de la presente providencia realice el desarchivo del expediente
11001-31-03-016-2003-00573-01 ubicado en la caja 42 de 2014 con destino al
Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá, e informe a las partes sobre el
cumplimiento de éste.

66. En el evento, en que no sea posible cumplir con el término otorgado, la
respectiva autoridad deberá poner en conocimiento de la parte accionante el tiempo
que le tomará realizar el correspondiente desarchivo, sin que en todo caso exceda
el lapso de 2 meses y deberá ser enviado al juzgado para que le proporcione copias
al accionante.

67. De no ser posible lo anterior, se procederá a ordenar al Juzgado 16 Civil del
Circuito Judicial de Bogotá que inicie con la reconstrucción del expediente
identificado con radicado 11001-31-03-016-2003-00573-01, siempre y cuando los
actores así lo dispongan. Esto, en el término más expedito posible para que la parte
accionante pueda ejercer de manera efectiva sus derechos fundamentales.

68. En segundo lugar, la sala negará las demás pretensiones de la acción de
tutela, dirigidas en contra del Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura del presente
trámite constitucional, conforme a los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Centro de
Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de
Familia, por las razones aquí expuestas.

TERCERO: AMPARAR los derechos los derechos fundamentales de petición y al
debido proceso administrativo de la inmobiliaria Keralty S.A.S., y el Fideicomiso
Fiduoccidente Country para que la Dirección Seccional de Administración Judicial –
Archivo Central en el término de 20 días contados a partir de la notificación de la
presente providencia realice el desarchivo del expediente 11001-31-03-016-2003-
00573-01 ubicado en la caja 42 de 2014 con destino al Juzgado 16 Civil del Circuito
Judicial de Bogotá, e informe a las partes sobre el cumplimiento de éste.

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En el evento en que no sea posible cumplir con el término otorgado, la autoridad
respectiva deberá poner en conocimiento del peticionario el tiempo que le tomará
realizar el correspondiente desarchivo, sin que en todo caso, exceda el lapso de 2
meses.

De no ser posible lo anterior, se procederá con la siguiente orden:

CUARTO: ORDENAR al Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá que inicie
con la reconstrucción del expediente identificado con radicado 11001-31-03-016-
2003-00573-01, demandante: Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, siempre y
cuando así lo disponga la parte interesada.

Lo anterior, en el término más expedito posible, para que la parte accionante pueda
ejercer de manera efectiva sus derechos fundamentales.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela dirigidas en contra
del Juzgado 16 Civil del Circuito Judicial de Bogotá.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEPTIMO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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