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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05387-00

Fecha
7 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05387-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DESVINCULAR a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del presente trámite constitucional, conforme a los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición y acceso a la administración de justicia del señor Samir Andrés González Largo, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas - Archivo Central que en el término de 20 días contados a partir de la notificación de la presente providencia proceda con el desarchivo del expediente identificado con radicado: 11001-40-22-733-2014-00613-00 ubicado en el paquete 54 de 2015, con destino al Juzgado 61 Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, e informe a las partes sobre el cumplimiento de éste. En el evento en que no sea posible cumplir con el término otorgado, la autoridad respectiva deberá poner en conocimiento del peticionario el tiempo que le tomará realizar el correspondiente desarchivo, sin que en todo caso, exceda el lapso de dos (2) meses. De no ser posible lo anterior, se procederá con la siguiente orden. CUARTO: ORDENAR al Juzgado 61 Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá que inicie con la reconstrucción del expediente identificado con radicado 11001-40-22-733-2014-00613-00, en el cual el Banco de Bogotá fungió como demandante y el señor Samir Andrés González Largo como demandado, siempre y cuando este último así lo disponga. Lo anterior, en el término más expedito posible, para que la accionante pueda ejercer de manera efectiva sus derechos fundamentales. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05387-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

7 de diciembre de 2023

Demandante: Samir Andrés González Largo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-05387-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05387-00
Demandante: SAMIR ANDRÉS GONZÁLEZ LARGO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE BOGOTÁ Y OTROS.

Tema: Derecho fundamental de petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El señor Samir Andrés González Largo, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Archivo Central2. Con la solicitud
de amparo pretende que se le proteja su derecho fundamental de petición.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a la omisión de la
autoridad accionada en dar respuesta a su solicitud del 15 de agosto de 2023,
relacionada con el desarchivo del proceso 11001-40-22-733-2014-00613-00 que

1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
El escrito fue radicado el 25 de septiembre de 2023.

1

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Demandante: Samir Andrés González Largo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-05387-00

cursó en el Juzgado 33 Civil municipal de mínima cuantía de Bogotá3, demandante:
Banco de Bogotá, archivado en el paquete 54 de 2015.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de sus derechos, así:

• Se declare que Centro Servicios Administrativos Civil Familia – Bogotá - Centro de
Documentación Judicial Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, ha
vulnerado mi derecho fundamental de petición.
• Se tutele mi derecho fundamental de petición.
• Se ordene al Centro Servicios Administrativos Civil Familia – Bogotá - Centro de
Documentación Judicial Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, el
desarchivo URGENTE del proceso 11001402273320140061300, archivado en el
paquete 54 de 2015 por el Juzgado 15 Civil Municipal de Descongestión de Mínima
Cuantía hoy 79 civil municipal de Bogotá del año 2015. El número de id interno es
5808 para que cese la vulneración de derechos.
• Como consecuencia, se ordene a Centro Servicios Administrativos Civil Familia –
Bogotá - Centro de Documentación Judicial Rama Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se
dé respuesta de fondo.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. En el Juzgado 33 Civil municipal de mínima cuantía de Bogotá cursó el
expediente número 11001-40-22-733-2014-00613-00 iniciado por el Banco de
Bogotá en contra de la señora Margoth Isabella Largo Erazo y el señor Samir Andrés
González Largo.

6. El accionante indicó que el proceso fue archivado por el Juzgado 15 Civil
Municipal de Mínima Cuantía de Descongestión en el paquete 54 de 2015. En
consecuencia, el 15 de agosto de 2023 radicó una petición ante el Consejo Superior
de la Judicatura – Archivo Central. En ella solicitó que se desarchivara ese proceso
ejecutivo.

7. Señaló que a la fecha de la interposición de tutela no se la ha otorgado
respuesta alguna a su solicitud.

3
Sobre el particular, sea del caso precisar que el expediente cursó en el extinto Juzgado 33 Civil
Municipal de mínima cuantía de Descongestión. De allí fue remitido al Juzgado 15 Civil Municipal de
Mínima Cuantía de Descongestión, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo CSBTA15-383
del 4 de febrero de 2015. Finalmente, en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo PSAA15-10402 de
2015, el Juzgado 79 Civil Municipal de Bogotá asumió la carga del extinto Juzgado 15 Civil Municipal
de Mínima Cuantía de Descongestión y hoy es el Juzgado 61 Civil Municipal de Pequeñas Causas
y Competencia Múltiple de Bogotá.

2

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1.4. Fundamentos de la solicitud

8. A juicio del actor la autoridad accionada transgredió su derecho fundamental
al derecho de petición. Refiere que es irrazonable e injustificado el retardo de la
demandada en el trámite de su solicitud.

9. Indicó que dicha situación ha impedido el uso y goce efectivo de su derecho
a la propiedad consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política. Esto, toda
vez que no ha podido disponer de su vehículo porque no se ha levantado la medida
cautelar de embargo sobre ese bien mueble. Situación que se va «acrecentado»
por la demora en el desarchivo del expediente.

1.5. Trámite de la acción

10. En providencia del 26 de septiembre de 2023, el despacho ponente admitió
la acción constitucional de la referencia y ordenó notificar como accionados al
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Bogotá – Archivo Central y al Centro de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia.

11. A su vez, dispuso la vinculación del Juzgado 33 Civil Municipal de Mínima
Cuantía de Bogotá y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los
términos del artículo 610 del CGP.

12. Con posterioridad y tras advertir un yerro en la notificación efectuada al
Juzgado que conoció del proceso ordinario cuyo desarchivo motivó la presente
acción constitucional4, mediante providencia del 26 de octubre de 2023 se ordenó a
Secretaría General dar cumplimiento a la providencia del 26 de septiembre del
corriente. Esto en el sentido de efectuar la notificación del Juzgado 33 Civil
Municipal de Descongestión o de Mínima Cuantía de Bogotá.

13. Adicionalmente, se negó la solicitud de vinculación de la oficina de Archivo
Central de la Dirección Seccional Ejecutiva de Administración Judicial presentada
el 4 de octubre de 2023 por el señor Samir Andrés González Largo5.

14. En atención a la providencia antes descrita, la Secretaría General solicitó al
Consejo Superior de la Judicatura en 3 oportunidades diferentes, información
relacionada con el canal de notificaciones «del Juzgado 33 Civil Municipal de
Descongestión o de Mínima Cuantía de Bogotá, o en caso de que este haya

4
La notificación inicialmente fue efectuada al Juzgado 33 Civil Municipal de Bogotá de Oralidad. No
obstante, de su escrito de intervención se logró corroborar que la autoridad judicial que tuvo a cargo
el proceso fue el Juzgado 33 Civil Municipal de Descongestión o de Mínima Cuantía de Bogotá (que
es diferente).
5
Cfr. Índice 14 Samai.
3

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desaparecido […] el nombre y dirección electrónica del juzgado que asumió el
conocimiento del proceso ejecutivo […]»6.

1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados
Civiles, Laborales y de Familia– Consejo Superior de la Judicatura

15. Informó que la tutela sería redirigida a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional de Bogotá por ser la competente para tal fin.

16. En ese sentido, en sendos memoriales refirió que la dependencia de Archivo
Central no hace parte del Centro de Servicios para los Juzgados laborales Civiles y
de familia, pues las solicitudes de des/archivo son atendidas directamente por dicha
dependencia.

1.6.2. Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) – Consejo Superior de la
Judicatura

17. Solicitó su desvinculación del presente trámite en la medida que no ha
vulnerado los derechos fundamentales del accionante. Esto, pues ni adelantó el
proceso judicial cuyo desarchivo se solicitó, ni tuvo conocimiento de las peticiones
aludidas.

18. En atención a los requerimientos efectuados por Secretaría General y
relacionados con el informe de la dirección de notificaciones del Juzgado que
conoció del proceso ordinario, señaló que dio traslado de la solicitud a la Unidad de
Desarrollo y Análisis estadístico – UDAE del Consejo Superior de la Judicatura, toda
vez que dicha dependencia no tiene facultad ni competencia para registrar,
diligenciar o modificar en el sistema de gestión procesal en la consulta de procesos.

19. Agregó que desde la división de sistemas de información y comunicaciones
de dicha dependencia se escaló el requerimiento a la mesa de ayuda de soporte del
correo electrónico institucional para que realizara las validaciones correspondientes.
En ese sentido, expuso que dicha dependencia manifestó que para el año 2014 el
Juzgado 33 Civil Municipal de Descongestión o de Mínima Cuantía de Bogotá no
tenía dirección electrónica asignada y solo la UDAE podía determinar el Juzgado
que asumió el conocimiento del proceso.

1.6.3. Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

6
Cfr. Índices 23, 26 y 28 Samai.
4

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20. El Director Seccional de Administración Judicial de Bogotá rindió informe el
3 de octubre de 2023, mediante oficio DESAJBOO23-4058 ,en el que solicitó que
se ampliara el término ordenado por el despacho en providencia del 26 de
septiembre de 2023 para contestar. Esto, para poder brindar una respuesta de fondo
que consultara las gestiones, verificaciones y demás trámites necesarios.

21. Fundamentó su solicitud en el hecho que, como es de público conocimiento,
a la fecha cuentan con un elevado número de peticiones de desarchivo de
expedientes judiciales que desborda su capacidad, pese a que están realizando
todas las gestiones con el ánimo de lograr la ubicación del proceso.

22. Con posterioridad aportó evidencia de la respuesta enviada al accionante en
correo electrónico del 15 de noviembre de 2023. Allí consta que el resultado de la
búsqueda fue negativo respecto al corto plazo. Sin embargo, le indicaron que hasta
dentro de 20 días hábiles le serían informados los resultados finales de la misma.
Ello sin perjuicio de que el proceso no se encuentre en el respectivo paquete.

1.6.4. Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura

23. Solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Para el
efecto, refirió que no es el llamado a responder o cumplir las órdenes que se expidan
con el fin de amparar las garantías constitucionales del accionante, máxime cuando
solo conocieron de la solicitud de desarchivo con ocasión al presente trámite
constitucional.

24. Agregó que, ante un eventual amparo al derecho fundamental deprecado, la
Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá es la autoridad llamada a
responder, toda vez que la oficina de archivo se encuentra adscrita a dicha
corporación de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo PCSJA17-10784 del 26
de septiembre de 2017 y en su defecto, la Dirección Ejecutiva Nivel Central, por ser
el superior jerárquico.

1.6.5. Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE)

25. En atención al requerimiento elevado por Secretaría General y los traslados
que le fueren efectuados por distintas dependencias del Consejo Superior de la
Judicatura, intervino en el presente trámite solo para esclarecer que el proceso que
cursó en el extinto Juzgado 33 Civil municipal de Descongestión derivó en el
Juzgado 79 Civil Municipal de Bogotá que hoy es Juzgado 61 Civil Municipal de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá con dirección electrónica:
cmpl79bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

26. Manifestó que se comunicó directamente con el Juzgado 79 Civil Municipal
5

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de Bogotá como el Juzgado 61 Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple de Bogotá, quien le informó que el expediente se encontraba archivado en
el paquete 54 de 2015.

1.6.3. El Juzgado 33 Civil Municipal de Mínima Cuantía, hoy Juzgado 61 Civil
Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, pese a que fue
notificado guardó silencio7.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por el señor Samir Andrés González Largo. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

29. La Sala advierte que el señor Samir Andrés González Largo se encuentra
legitimado en la causa por activa. Así, se evidencia que le asiste un interés directo
y personal en las resultas del proceso, pues es la persona que instauró la solicitud
de desarchivo ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bogotá – Archivo Central.

30. Por su parte, esta colegiatura encuentra que la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial Bogotá – Archivo Central y el Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia–
Consejo Superior de la Judicatura está legitimados en la causa por pasiva. Esto,
porque son las autoridades a las que se les atribuye la supuesta vulneración de las
garantías constitucionales antes mencionadas; y quienes poseen la aptitud legal
para dar respuesta a la solicitud instaurada por la parte actora.

31. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y el Centro de
Documentación Judicial (CENDOJ) de dicha corporación solicitaron que se

7
Cfr. Índices 17 y 38 Samai.

6

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declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se les
desvinculara del trámite de la presente acción de tutela. Al respecto, la Sala una vez
estudiados los argumentos planteados por estas dependencias, advierte que les
asiste razón, toda vez que no se encuentran encargadas del manejo y
funcionamiento del archivo central de la ciudad de Bogotá. Asimismo, se encuentra
que la petición no fue dirigida a esas autoridades, por lo que se dispondrá en la
parte resolutiva su desvinculación del presente trámite 8.

2.3. Problema jurídico

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Archivo Central vulneró el derecho fundamental9 invocado por el señor Samir
Andrés González Largo, con ocasión de la omisión de respuesta a la solicitud
de desarchivo identificado con radicado 11001-40-22-733-2014-00613-00?

33. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho de petición; (iii) acceso a la
administración de justicia; y (iv) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

34. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto Ley 2591 de 1991.

35. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

36. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro

8
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 27 de julio de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-02508-00.
9 El amparo constitucional exige que con el reclamo ante los jueces, en todo momento y lugar, se

pretenda una protección inmediata de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de
manera grave e inminente. En el caso que ocupa la atención de la Sala y de manera anticipada, se
advierte que la actuación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá podría tener
una repercusión en la efectividad no sólo del derecho de petición, sino también al debido proceso
administrativo.
7

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medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.

37. Sobre el caso que nos ocupa, salta a la vista que la parte accionante
considera vulnerado su derecho fundamental de petición, pues arguye que las
autoridades demandadas omitieron darle respuesta de fondo a su solicitud. En ese
sentido, para la Sala es viable concluir que la acción de tutela constituye el
instrumento idóneo para procurar la salvaguarda de dicha garantía constitucional,
máxime cuando el ordenamiento jurídico no prevé ningún recurso judicial para
proceder a su protección.

38. De igual manera se advierte que la parte accionante instauró la tutela el 25
de septiembre de 2023, es decir dentro de un plazo prudencial a la fecha en que se
habría configurado la vulneración de su derecho fundamental, por lo que no se
observa una tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción10.

2.5. Del derecho de petición

39. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución»11. El mismo artículo superior precisa que
el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.

40. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».12

41. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación
de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver
la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto
y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el
particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la

10
Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
11
Corte Constitucional, sentencia C-510 de 2014.
12
Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015.
8

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complejidad de la solicitud.

42. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y
coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada
con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada.»13

43. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»14.

44. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición
la Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado
que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión;
ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad
cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base
de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo 15.

45. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca16.

13
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2013.
14
Ibidem.
15
Corte Constitucional, sentencia T-161 de 2011.
16
Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor:
Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
9

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46. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota
en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento
o no del derecho subjetivo.

2.6. Del derecho al debido proceso administrativo

47. El derecho al debido proceso tiene por objeto la preservación y efectiva
realización de una justicia material, el cual ha sido ampliamente reconocido como
un límite al ejercicio de los poderes públicos, pues tal como lo establece la Carta
Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones
administrativas, como en las de carácter jurisdiccional17.

48. Al respecto, la Corte Constitucional ha expuesto en forma reiterativa, que el
derecho al debido proceso está conformado por un conjunto de garantías que
tienden por el respeto y protección de los derechos de los individuos que se
encuentran incursos en una determinada actuación de carácter judicial o
administrativa; y en virtud de las cuales, las autoridades estatales cuentan con la
obligación de ajustar su accionar conforme a los procedimientos contemplados para
cada tipo de trámite18.

49. El debido proceso administrativo impone a las entidades del Estado adelantar
cualquier actuación o procedimiento administrativo, cuyo propósito sea crear,
modificar o extinguir situaciones jurídicas, con la estricta observancia de los
lineamientos previamente consagrados por el legislador, esto con el objeto de
garantizar a los ciudadanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la
función pública, la protección de sus derechos de contradicción y defensa19. En este
orden, parte fundamental del debido proceso administrativo es que las actuaciones
y etapas se adelanten en los términos previstos por el legislador.

2.7. Caso concreto

50. Como se expuso en los antecedentes de este proveído y según se logra
evidenciar de los elementos de convicción que integran el expediente, el señor
Samir Andrés González Largo presentó una petición el 15 de agosto de 2023 ante
la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Seccional Bogotá. Con su solicitud, pretende el desarchivo del expediente ejecutivo

17
Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
18
Corte Constitucional, T 115 de 2018.
19
Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 2010.
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Demandante: Samir Andrés González Largo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-05387-00

identificado con el radicado 11001-40-22-733-2014-00613-00 tramitado ante el
extinto Juzgado 33 Civil Municipal de Mínima Cuantía en Descongestión de Bogotá.

51. Luego de surtidas las correspondientes notificaciones y traslados para que
las partes se pronunciaran sobre los hechos que sirven de sustento a la presente
acción, se recibió constancia de que la autoridad encargada del Archivo Central dio
trámite a la petición el pasado 15 de noviembre de 2023, esto es, durante el trámite
de la presente acción constitucional. Esta respuesta se dio en los siguientes
términos:

Me permito informar que, revisada la base de datos de solicitudes radicadas a través
delformulario en línea para requerir desarchives, se evidencia petición No. 23-5808,
en la cual sesolicita el desarchive del proceso 2014-613 del JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL DEDESCONGESTIÓN HOY 79 CIVIL MUNICIPAL donde figuran las
siguientes partes: Demandante:BANCO DE BOGOTÁ Demandado: SAMIR
ANDRÉS GONZALEZ LARGO.
De acuerdo a la información suministrada por la bodega SANTO DOMINGO, quien
elaboro laslabores administrativas de búsqueda se informa que, se presenta un
resultado NEGATIVO en labúsqueda a corto plazo. No obstante, en la bodega Santo
Domingo se continúa realizando lagestión de búsqueda, y en hasta 20 días hábiles
se informarán los resultados finales debúsqueda.
Finalmente, se precisa que, con este mensaje Archivo Central no acredita que de
encontrarseel paquete o caja el proceso se encuentre en su interior.

52. La anterior respuesta fue enviada por parte del grupo de archivo central de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Bogotá el día 15 de
noviembre de 2023, al correo electrónico del accionante
20
samirgonzalez2@hotmail.com como se evidencia a continuación:

20
Se encuentra que dicho correo electrónico coincide con la suministrada para efectos de
notificaciones del presente trámite constitucional.

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53. De lo anterior, sería del caso predicar que se configuró el fenómeno de la
carencia actual de objeto por hecho superado, en el sentido que al accionante se le
brindó una respuesta al requerimiento por él realizado el día 15 de agosto de 2023,
durante el trámite de la presente acción constitucional, esto es, el 15 de noviembre
de 2023.

54. Así, aunque entre la interposición de la petición y la respuesta emitida por
parte del grupo de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Seccional Bogotá, se superó el término legal establecido para responder
la solicitud del accionante relacionada con el desarchivo del proceso de la
referencia, la respuesta fue finalmente proporcionada al actor durante y con ocasión
del trámite de la presente acción de tutela.

55. No obstante lo anterior, una vez verificado el contenido del escrito que dio
trámite a la petición de la referencia, la Sala advierte que la misma no cumple con
los requisitos dispuestos por la ley y la jurisprudencia para entenderse como
satisfecha. Esto es así, porque la misma no es de fondo, definitiva, ni satisfactoria
en punto a los derechos fundamentales que le asisten al señor González Largo.

56. Conviene resaltar que el accionante tanto en el escrito de tutela como en las
diferentes manifestaciones que ha realizado al interior del proceso ha expuesto que
la necesidad del desarchivo del expediente obedece a que, a pesar de haber
cancelado una obligación con el Banco de Bogotá desde hace 9 años, a la fecha no
se ha levantado la medida cautelar de embargo impuesta a un bien rodante de su
propiedad.

57. Tal circunstancia ha impedido disfrutar de su derecho de propiedad sobre el
vehículo. En ese sentido, mencionó que no ha podido venderlo, ni hacer un gozo
efectivo del mismo. Expuso que es padre de un menor de dos años y no ha podido
llevarlo al jardín infantil «hasta el norte de la ciudad de Bogotá», motivo por el cual
les ha tocado transportarse en «Transmilenio».

58. Arguyó que necesita de un certificado que se encuentra en el proceso
ejecutivo archivado, para poder radicar todos los documentos en la oficina de
«Movilidad» de manera que se pueda levantar el embargo.

59. En esos términos, a pesar de que el señor González Largo recibió respuesta
a su solicitud, la misma no responde de fondo su requerimiento. Recuérdese que la
Dirección Seccional de Administración Judicial le puso de presente que el resultado
de la búsqueda de su expediente fue negativo. Además, le manifestó que en el
término de 20 días hábiles se le informarían los resultados finales de la
averiguación, los cuales, en todo caso, podrían arrojar que el expediente no está en
la caja.

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60. De manera que, para la Sala la solicitud presentada por el accionante no ha
sido desatada, pues se desconoce el paradero del expediente judicial del que fue
parte, sin que se le haya dado una razón de fondo, concreta y definitiva. De ahí que
sea factible concluir que el señor González Largo, a la fecha, está en imposibilidad
real y física de allegar las piezas procesales a las autoridades competentes para el
levantamiento de la medida cautelar que existe en su contra.

61. Desde ese panorama, se colige que el accionar de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá está conculcando, a su vez, la
garantía al debido proceso administrativo. Tal apreciación viene luego de considerar
que la dilación injustificada en el desarchivo del expediente, conlleva a que el
accionante no pueda desarrollar los trámites administrativos y/o judiciales a los que
hay lugar, de manera que finiquite el proceso judicial adelantado en su contra.

62. Este aspecto, sin mayor ilustración, implica que el mismo no pueda ejercer
sus derechos de contradicción y defensa respecto al levantamiento de la medida
cautelar impuesta en su contra, ni los de propiedad sobre el bien que le pertenece.

63. Así las cosas, la Sala considera menester que la autoridad accionada
adelante todas las actuaciones que considere pertinentes en aras de concretar la
petición del accionante. Se aclara que esta, solamente será satisfecha cuando; i)
se realice el desarchivo y se entreguen copias del expediente, ii) se informe el
término que tardará el correspondiente desarchivo del proceso judicial que motivó
la interposición de la tutela o, iii) se pongan de presente las razones de hecho o de
derecho por las cuales no se puede acceder a la solicitud.

64. Con todo, en este último evento el Juzgado 33 Civil municipal de
Descongestión que derivó en el Juzgado 79 Civil Municipal de Bogotá y que hoy es
Juzgado 61 Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá,
deberá proceder con el trámite dispuesto por el artículo 126 del Código General del
Proceso relacionado con la reconstrucción de expedientes:

ARTÍCULO 126. TRÁMITE PARA LA RECONSTRUCCIÓN. En caso de pérdida
total o parcial de un expediente se procederá así:

1. El apoderado de la parte interesada formulará su solicitud de reconstrucción y
expresará el estado en que se encontraba el proceso y la actuación surtida en él.
La reconstrucción también procederá de oficio.

2. El juez fijará fecha para audiencia con el objeto de comprobar la actuación surtida
y el estado en que se hallaba el proceso, para lo cual ordenará a las partes que
aporten las grabaciones y documentos que posean. En la misma audiencia
resolverá sobre la reconstrucción.

3. Si solo concurriere a la audiencia una de las partes o su apoderado, se declarará
reconstruido el expediente con base en la exposición jurada y las demás pruebas
que se aduzcan en ella.
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4. Cuando se trate de pérdida total del expediente y las partes no concurran a la
audiencia o la reconstrucción no fuere posible, o de pérdida parcial que impida la
continuación del proceso, el juez declarará terminado el proceso, quedando a salvo
el derecho que tenga el demandante a promoverlo de nuevo.

5. Reconstruido totalmente el expediente, o de manera parcial que no impida la
continuación del proceso, este se adelantará, incluso, con prescindencia de lo
perdido o destruido.

65. Para esta sala de decisión, el señor Samir Andrés González Largo no está
en el deber de soportar la omisión al deber de custodia que le asiste a la autoridad
accionada. En esos términos, la administración de justicia debe ofrecer las
respuestas a su solicitud. Así, se deberá proceder con la búsqueda exhaustiva del
expediente de la referencia, la cual tendrá que consultar la realidad que atraviesa
actualmente la Oficina de Archivo Central de la ciudad de Bogotá.

66. Si el resultado definitivo de la misma es negativo, la autoridad judicial que
conoció del proceso ejecutivo, o la que hace sus veces, deberá proceder con la
reconstrucción del mismo, de manera que el señor González Largo cuente con los
elementos que devienen en necesarios para los demás trámites administrativos y/o
judiciales a los que haya lugar.

67. Por lo anterior, se ampararán los derechos fundamentales de petición y
debido proceso administrativo del accionante para que la Dirección Seccional de
Administración Judicial, Archivo Central en el término de 20 días contados a partir
de la notificación de la presente providencia, realice el desarchivo del expediente
con radicado: 11001-40-22-733-2014-00613-00. Esté plazo consulta la realidad que
afronta dicha dependencia y además, es el definido por la misma autoridad en el
trámite de la presente tutela como el prudencial para adelantar la búsqueda del
proceso ejecutivo. Para el efecto, deberá remitir el expediente al Juzgado 61 Civil
Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá para que le
proporcione las copias al accionante.

68. En el evento en que ello no sea posible, la autoridad respectiva deberá
informar al peticionario el tiempo que le tomará realizar el correspondiente
desarchivo, sin que, en todo caso, exceda el lapso de dos (2) meses.

69. Finalmente, si el resultado de la búsqueda del proceso arroja una respuesta
negativa, el Juzgado 61 Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple de Bogotá deberá proceder con el trámite de reconstrucción del expediente,
si a bien lo tiene el actor.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DESVINCULAR a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
y el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del presente trámite
constitucional, conforme a los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición y acceso a la
administración de justicia del señor Samir Andrés González Largo, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas -
Archivo Central que en el término de 20 días contados a partir de la notificación de
la presente providencia proceda con el desarchivo del expediente identificado con
radicado: 11001-40-22-733-2014-00613-00 ubicado en el paquete 54 de 2015, con
destino al Juzgado 61 Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
de Bogotá, e informe a las partes sobre el cumplimiento de éste.

En el evento en que no sea posible cumplir con el término otorgado, la autoridad
respectiva deberá poner en conocimiento del peticionario el tiempo que le tomará
realizar el correspondiente desarchivo, sin que en todo caso, exceda el lapso de dos
(2) meses.

De no ser posible lo anterior, se procederá con la siguiente orden.

CUARTO: ORDENAR al Juzgado 61 Civil Municipal de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Bogotá que inicie con la reconstrucción del expediente
identificado con radicado 11001-40-22-733-2014-00613-00, en el cual el Banco de
Bogotá fungió como demandante y el señor Samir Andrés González Largo como
demandado, siempre y cuando este último así lo disponga.

Lo anterior, en el término más expedito posible, para que la accionante pueda
ejercer de manera efectiva sus derechos fundamentales.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
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eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SÚAREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

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