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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02508-00

Fecha
27 de julio de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02508-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición en cabeza del señor José Ignacio Suárez Merchán y conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca y al Archivo Central que en el término de veinte (20) días, computados a partir de la notificación de la presente decisión, remitan al Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá el expediente ordinario laboral 11001- 31-05-024-2016-00722-00. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura del presente trámite y conforme lo esbozado en la parte motiva de esta decisión. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02508-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

27 de julio de 2023

Demandante: José Ignacio Suárez Merchán
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
Archivo Central y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02508-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02508-00
Demandante: JOSÉ IGNACIO SUÁREZ MERCHÁN
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – ARCHIVO
CENTRAL y OTROS

Tema: Tutela de fondo – Derecho de Petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la demanda interpuesta, en ejercicio de la acción de
tutela, promovida por el señor José Ignacio Suárez Merchán contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Archivo Central, Oficina de Reparto y Archivo Central de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca y el Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los
Juzgados Civiles, Laborales y de Familia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y desarrollado mediante el Decreto 2591 de
1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado a través de correo electrónico el 12 de mayo de 2023,
el señor José Ignacio Suárez Merchán, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Archivo Central, Oficina
de Reparto y Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Cundinamarca y el Centro de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia, en la cual
pretende el amparo de sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso.

2. Desde el punto de vista de la parte accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales tiene sustento en la falta de respuesta a la solicitud de

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desarchivo de un expediente judicial, radicada el 18 de abril de 2022 y reiterada el
15 de junio del mismo año.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora pidió lo siguiente:

“PRIMERA: Que se tutelen mis derechos fundamentales de petición y al debido
proceso en conexidad con el acceso a la justicia.

SEGUNDA: Se ordene a la ACCIONADA, a proceder al desarchivo del proceso
archivado en la Caja 26 de 2020 correspondiente al expediente No.
11001310502420160072200 del Juzgado 24 laboral del Circuito de Bogotá.

TERCERO: Se ordene a la ACCIONADA a emitir respuesta a la petición
presentada el día 17 de abril de 2020.”1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor José Ignacio Suárez Merchán, fungió como apoderado judicial de
María Alejandra Suárez Merchán al interior del proceso 11001-31-05-024-2016-
00722-00 y en contra de la Fundación para el Desarrollo Integral Médico
Especializado Galenus y Orthohan SAS, asunto que correspondió por reparto al
Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá.

5. Informó que el 18 de abril de 2022 presentó ante el Archivo Central de la
Rama Judicial solicitud de desarchivo del citado expediente, trámite que quedó
radicado con el consecutivo 21-51507.

6. Precisó que la anterior solicitud se reiteró mediante correo electrónico el 15
de junio de 2022, por lo que el 24 del citado mes y año, recibió respuesta del Archivo
Central en la que se le informó que el expediente sería desarchivado
aproximadamente el 30 de junio de 2022.

7. Explicó que a la fecha de interposición de la acción de tutela no ha sido
posible obtener el desarchive del expediente antes mencionado, el cual, es
necesario, según afirma el accionante, para la interposición de un proceso ejecutivo.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

8. En criterio de la parte accionante, la conducta desplegada por la autoridad
accionada vulnera su derecho fundamental de petición, en la medida que ha

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Transcripción literal del texto original con posibles errores.

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transcurrido un tiempo más que prudencial para el desarchive del expediente
11001-31-05-024-2016-00722-00.

9. Asimismo, explicó que la tardanza injustificada en la atención de la solicitud
planteada, conlleva la vulneración de su derecho de acceso a la administración de
justicia, toda vez que requiere dicho expediente para poder promover un proceso
ejecutivo en contra de las personas que fueron demandadas en dicho proceso
ordinario.

1.5. Trámite de la acción de tutela

10. La magistrada ponente de la presente decisión, por auto de fecha 5 de junio
de 2023 resolvió: (i) admitir la acción de tutela, (ii) notificar en su condición de
autoridades accionadas al Consejo Superior de la Judicatura, Archivo Central,
Oficina de Reparto y Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca y el Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia,
(iii) vincular al Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá, a la señora María
Alejandra Suárez Merchan, Orthohand S.A.S., y la Fundación para el Desarrollo
Integral Médico Especializado Galenus, y (iv) oficiar a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, en su calidad de
operadora del Archivo Central para que rindiera un informe sobre el trámite dado a
la petición formulada por la parte accionante.

1.6. Intervenciones

11. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura

12. Explicó que en el presente caso no tiene legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que la administración de la Oficina de Archivo Central se encuentra en
cabeza únicamente de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

1.6.2. Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá

13. Por conducto de la titular del despacho judicial, explicó que el proceso
ordinario laboral 11001-31-05-024-2016-00722-00 de María Alejandra Suárez
Merchán contra de la Fundación para el Desarrollo Integral Médico Especializado
Galenus y Orthohan SAS, fue archivado el 9 de diciembre de 2020 en la caja 26 de
ese mismo año.

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14. Asimismo, puntualizó que dicha caja fue entregada a la Oficina de Archivo
Central en la citada fecha. Circunstancia por la cual, resalta que la autoridad judicial
no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte accionante.

1.6.3. Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

15. Informó que el 14 de junio de 2023 remitió comunicado dirigido a la parte
accionante, en el cual le indica que en el término de 90 días desplegará las acciones
pertinentes para lograr la ubicación de los documentos solicitados y una vez
cumplido el anterior plazo, le precisará sobre el resultado positivo o negativo
obtenido con dicha búsqueda.

16. A partir de lo anterior, explicó que en el presente caso se configuraba una
carencia actual de objeto por hecho superado, pues, considera que con la anterior
respuesta remitida a la parte accionante se satisface el derecho de petición por él
planteado.

17. La señora María Alejandra Suárez Merchan, Orthohand S.A.S., y la
Fundación para el Desarrollo Integral Médico Especializado Galenus, no
presentaron escrito alguno en el presente trámite.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

18. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela, interpuesta por
el señor José Ignacio Suárez Merchán, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991
y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

19. El Consejo Superior de la Judicatura, con su escrito de intervención alegó la
falta de legitimación en causa por pasiva.

20. La Sala, una vez estudiado los argumentos planteados por esta entidad,
advierte que le asiste la razón, toda vez que no se encuentra encargada del manejo
y funcionamiento del archivo central de la ciudad de Bogotá.

21. Asimismo, la petición no fue dirigida a esta autoridad, por lo que se dispondrá
en la parte resolutiva su desvinculación en el presente trámite.

2.3. Problema jurídico

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22. De conformidad con los hechos expuestos, la intervención presentada por las
demandadas y los medios de prueba arrimados al proceso, corresponde a la Sala
establecer si, ¿las autoridades accionadas vulneraron el derecho fundamental de
petición en cabeza del señor José Ignacio Suárez Merchán al no haber atendido la
solicitud formulada el 18 de abril de 2022 y reiterada el 15 de junio del mismo año?

23. Para resolver tales problemas jurídicos, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) aspectos
generales del derecho de petición; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Panorama general de la acción de tutela

24. El artículo 86 de la Constitución Política, estableció que las personas pueden
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en los casos previstos en
el Decreto 2591 de 1991.

25. Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia
de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar frente a un perjuicio
irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.5. Aspectos generales del derecho de petición

26. El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce
en la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para
obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las
autoridades correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa
respuesta a sus inquietudes.

27. La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991,
como de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos
inherentes a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como
para asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual
que los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros
derechos fundamentales.

28. Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los
presupuestos esenciales del derecho de petición de la siguiente forma: i) en la
posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés general o
particular y ii) en la obtención de una pronta resolución del asunto puesto en
consideración. Esos componentes del derecho de petición son inescindibles, esto
es, que el goce y satisfacción del mismo se realiza una vez ambos se verifiquen;

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por lo tanto, el derecho se concreta en la formulación de una petición, pero se
efectiviza con la resolución pronta y material, independientemente de si la respuesta
resulta o no favorable al sentido de la misma.

29. De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse
su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la
respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en
conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto
no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente.

30. Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que esta
trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de
interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería consigo
inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

31. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia
C-818 de 1º de noviembre de 2011, declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la
Ley 1437 de 2011, referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los
efectos de dicha sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con
el fin de que el Congreso expedida la Ley Estatutaria correspondiente.

32. Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015,
se reguló el derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que
entró en vigor a partir de la fecha de su publicación.

33. Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa
y congruente con lo solicitado. Ello significa que

[l]a respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por
la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada”

34. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “(…) los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante (…)”.

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35. Así pues, la contestación requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

36. De otra parte, es preciso mencionar que el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
prevé que en el evento en que la petición esté dirigida contra el funcionario que no
tiene competencia para atenderla, debe informársele “de inmediato al interesado si
este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró
por escrito”. Además, dentro del término señalado, la autoridad deberá remitir “la petición
al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará”.

2.6. Caso concreto

37. La Sala anticipa que concederá el amparo constitucional solicitado, pues, de
los escritos de intervención y los medios de prueba arrimados al trámite, se colige
que el derecho de petición en cabeza del señor Suárez Merchán fue vulnerado.

38. Lo anterior, por cuanto el término para dar respuesta a la solicitud se encuentra
más que vencido, teniendo en cuenta que el escrito contentivo de la petición data
del 18 de abril de 2022, y esta fue reiterada el 15 de junio del mismo año.

39. La Sala advierte que el accionante ha tenido que soportar injustificadamente
la omisión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, en su
calidad de operadora del Archivo Central, frente al trámite dado a la petición de
desarchivo del expediente 11001-31-05-024-2016-00722-00.

40. Incluso, la cadena de correos cruzados entre las partes permite evidenciar que
la Oficina de Archivo Central contestó lo siguiente:

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41. El señor Suárez Merchán tuvo una expectativa legítima y razonable en la cual,
el 30 de junio de 2022 el expediente citado iba a ser desarchivado y remitido al
Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá, lo cual, tal como se evidencia en el
presente asunto no ha sido hecho.

42. Ahora bien, la Sala no desconoce la situación presentada en el archivo central
de la ciudad de Bogotá, la cual tuvo eco en los medios de comunicación2. No
obstante, se reitera que dicha situación se dio en el año 2023, es decir cuando
habían pasado más de seis meses después de la respuesta dada por la propia
oficina de archivo central al accionante.

43. En lo que concierne a la Resolución No. DESAJBOR22-6741 del 1 de
diciembre de 2022, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Cundinamarca3,es claro que está situación no puede servir de
eximente de responsabilidad, pues, se reitera, para dicho momento la vulneración
al derecho fundamental de petición ya se había materializado.

44. Tampoco es procedente declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, como lo pretende la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Cundinamarca, toda vez que el comunicado de 14 de junio de
2023 dirigido al peticionario no resuelve de fondo su solicitud.

45. Lo anterior, en la medida que el objeto de la petición del accionante es que se
realice el desarchivo del expediente 11001-31-05-024-2016-00722-00, lo cual no se
satisface con el anterior comunicado. Así como tampoco resulta de recibo que se le
indique que solo pasados 90 días se le informará si fue posible encontrar la
documentación.

46. En este punto, la Sala estima razonable ordenar la búsqueda y remisión del
proceso ordinario laboral 11001-31-05-024-2016-00722-00, con destino al Juzgado
24 Laboral del Circuito de Bogotá, estableciendo un plazo prudencial y que consulte
la realidad que atraviesa actualmente la Oficina de Archivo Central de la ciudad de
Bogotá

2.7. Conclusión

47. Corolario de lo expuesto, la Sala concederá el amparo solicitado por la parte
accionante y ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá – Cundinamarca y al Archivo Central que en un término de veinte (20)
días remitan al Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá el expediente ordinario
laboral 11001-31-05-024-2016-00722-00.

2
https://caracol.com.co/2023/05/25/en-archivo-judicial-de-bogota-solo-se-ubican-3-de-cada-10-
expedientes/
3
Por medio de la cual se dispone el cierre temporal del archivo central a cargo de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición en cabeza del señor
José Ignacio Suárez Merchán y conforme lo expuesto en la parte considerativa de
la presente providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Cundinamarca y al Archivo Central que en el término de veinte
(20) días, computados a partir de la notificación de la presente decisión, remitan al
Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá el expediente ordinario laboral 11001-
31-05-024-2016-00722-00.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura del presente
trámite y conforme lo esbozado en la parte motiva de esta decisión.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la CorteConstitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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