Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01872-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01872-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01872-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
9 de mayo de 2024
Demandante: Óscar Alberto Castro Villarraga
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-01872-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01872-00
Demandante: ÓSCAR ALBERTO CASTRO VILLARRAGA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE BOGOTÁ Y OTROS.
Tema: Derecho fundamental de petición
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El señor Óscar Alberto Castro Villarraga, actuando en nombre propio,
instauró acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Archivo Central2. Con la solicitud
de amparo pretende que se le proteja su derecho fundamental de petición.
2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a la omisión de la
autoridad accionada en dar respuesta a su solicitud del 22 de enero de 2024,
relacionada con información del trámite de la petición radicada del 13 de junio de
2023 relacionada con el desarchivo del proceso 11001-40-03-049-2012-00576-00
que cursó en el Juzgado 15 Civil Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá,
1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
El escrito de tutela fue radicado el 18 de abril de 2024.
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Demandante: Óscar Alberto Castro Villarraga
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-01872-00
demandante: Conjunto Residencial Cantabria PK, archivado en el paquete 25 de
2016.
1.2. Pretensión constitucional
3. A pesar de que la parte actora no expuso de manera textual sus pretensiones,
la sala concluye que busca la protección constitucional de su derecho fundamental
de petición. En consecuencia, que se le dé respuesta de fondo a sus requerimientos
instaurados el 13 de junio de 2023 y el 22 de enero de 2024.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
5. En el Juzgado 15 Civil Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá cursó el
expediente número 11001-40-03-049-2012-00576-00 iniciado por Conjunto
Residencial Cantabria PH en contra de la señora Lilian Edith Betancourt de Cuervo.
6. El accionante indicó que el proceso fue archivado por el Juzgado 15 Civil
Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá en la caja 25 de 2016. En consecuencia,
el 13 de junio de 2023 radicó una petición ante el Consejo Superior de la Judicatura
– Archivo Central. En ella solicitó que se desarchivara ese proceso ordinario.
7. Ante la ausencia de respuesta de la autoridad a cargo, el 22 de enero de
2024 instauró solicitud de información sobre la petición del 13 de junio de 2023
relacionada con el desarchivo del mencionado expediente judicial.
8. Señaló que a la fecha de la interposición de la tutela no se la ha otorgado
respuesta alguna a su solicitud.
1.4. Fundamentos de la solicitud
9. A juicio del actor la autoridad accionada transgredió su derecho fundamental
al derecho de petición. Ello, en contravía de lo señalado en el artículo 23 de la
Constitución Política, 14 de la Ley 1755 de 2015 y 7 de la Ley 1437 de 2011.
1.5. Trámite de la acción
10. En providencia del 19 de abril de 2024, el despacho ponente admitió la acción
constitucional de la referencia y ordenó notificar como accionados al Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá
– Archivo Central y al Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los
Juzgados Civiles, Laborales y de Familia.
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11. A su vez, dispuso la vinculación del Juzgado 15 Civil Municipal de Pequeñas
Causas de Bogotá y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los
términos del artículo 610 del CGP.
1.6. Intervenciones e informes
1.6.1. Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados
Civiles, Laborales y de Familia– Consejo Superior de la Judicatura
12. Informó que la tutela sería redirigida a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional de Bogotá por ser la competente para tal fin.
13. En ese sentido, en sendos memoriales refirió que la dependencia de Archivo
Central no hace parte del Centro de Servicios para los Juzgados laborales Civiles y
de familia, pues las solicitudes de des/archivo son atendidas directamente por dicha
dependencia.
1.6.2. Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
14. Puso de presente que se encuentran adelantando las gestiones, trámites y
verificaciones necesarias para dar observancia a los mandatos constitucionales y
legales. En ese sentido, señaló que una vez den alcance a la solicitud, el área
encargada allegará la información del caso concreto. Además, relacionó las
personas encargadas de «dar cumplimiento a la citada orden y su eventual fallo».
1.6.3. Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
15. Solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Para el
efecto, refirió que no es el llamado a responder o cumplir las órdenes que se expidan
con el fin de amparar las garantías constitucionales del accionante, máxime cuando
solo conocieron de la solicitud de desarchivo con ocasión al presente trámite
constitucional.
16. Agregó que, ante un eventual amparo al derecho fundamental deprecado, la
Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá es la autoridad llamada a
responder, toda vez que la oficina de archivo se encuentra adscrita a dicha
corporación de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo PCSJA17-10784 del 26
de septiembre de 2017 y en su defecto, la Dirección Ejecutiva Nivel Central, por ser
el superior jerárquico.
1.6.4. Juzgado 15 Civil Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá
17. Informó que, como fue señalado por el accionante, en dicho despacho judicial
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se tramitó el proceso ejecutivo 11001-40-03-049-2012-00567-00, el cual fue
promovido por el Conjunto Residencial Cantabria P.H., en contra de la señora
Liliana Betancourt de Cuervo y finalizó por desistimiento tácito.
18. Agregó que dicho expediente fue archivado en la caja 25 del año 2015 a
nombre del Juzgado 15 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá
D.C, y a la fecha, de la información que reposa en el «visor de documentos CSJ»
no ha sido desarchivado.
19. Finalmente, expuso que no ha desarrollado ninguna actuación que vulnere
los derechos fundamentales del accionante.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
20. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por el señor Óscar Alberto Castro Villarraga. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Legitimación en la causa
21. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
22. La Sala advierte que el señor Óscar Alberto Castro Villarraga se encuentra
legitimado en la causa por activa. Así, se evidencia que le asiste un interés directo
y personal en las resultas del proceso, pues es la persona que instauró la solicitud
de desarchivo ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bogotá – Archivo Central.
23. Por su parte, esta colegiatura encuentra que la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial Bogotá – Archivo Central y el Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia–
Consejo Superior de la Judicatura está legitimados en la causa por pasiva. Esto,
porque son las autoridades a las que se les atribuye la supuesta vulneración de las
garantías constitucionales antes mencionadas; y quienes poseen la aptitud legal
para dar respuesta a la solicitud instaurada por la parte actora.
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24. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declarara
su falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se le
desvinculara del trámite de la presente acción de tutela. Al respecto, la Sala una vez
estudiados los argumentos planteados, advierte que le asiste razón, toda vez que
no se encuentra encargada del manejo y funcionamiento del archivo central de la
ciudad de Bogotá. En ese orden, se dispondrá en la parte resolutiva su
desvinculación del presente trámite3.
2.3. Problema jurídico
25. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:
• ¿La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Archivo Central vulneró el derecho fundamental de petición4 invocado por el
señor Óscar Alberto Castro Villarraga, con ocasión de la omisión de
respuesta a la solicitud de información sobre el desarchivo del expediente
identificado con radicado 11001-40-03-049-2012-00567-00?
26. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho de petición; y (iii) análisis del
caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
27. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto Ley 2591 de 1991.
28. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado.
3
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 27 de julio de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-02508-00.
4 El amparo constitucional exige que con el reclamo ante los jueces, en todo momento y lugar, se
pretenda una protección inmediata de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de
manera grave e inminente. En el caso que ocupa la atención de la Sala y de manera anticipada, se
advierte que la actuación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá podría tener
una repercusión en la efectividad no sólo del derecho de petición, sino también al debido proceso
administrativo.
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29. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.
30. Sobre el caso que nos ocupa, salta a la vista que la parte accionante
considera vulnerado su derecho fundamental de petición, pues arguye que las
autoridades demandadas omitieron darle respuesta de fondo a su solicitud. En ese
sentido, para la Sala es viable concluir que la acción de tutela constituye el
instrumento idóneo para procurar la salvaguarda de dicha garantía constitucional,
máxime cuando el ordenamiento jurídico no prevé ningún recurso judicial para
proceder a su protección.
31. De igual manera se advierte que la parte accionante instauró la tutela el 13
de abril de 2023, es decir dentro de un plazo prudencial a la fecha en que se habría
configurado la vulneración de su derecho fundamental, por lo que no se observa
una tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción5.
2.5. Del derecho de petición
32. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución»6. El mismo artículo superior precisa que
el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
33. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».7
34. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación
de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver
la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto
y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el
particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
5
Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
6
Corte Constitucional, sentencia C-510 de 2014.
7
Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015.
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determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
35. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y
coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada
con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada.»8
36. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»9.
37. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición
la Corte Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado
que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión;
ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad
cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base
de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo 10.
38. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
8
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2013.
9
Ibidem.
10
Corte Constitucional, sentencia T-161 de 2011.
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fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca11.
39. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota
en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento
o no del derecho subjetivo.
2.6. Caso concreto
40. Como se expuso en los antecedentes de este proveído y según se logra
evidenciar de los elementos de convicción que integran el expediente, el señor
Óscar Alberto Castro Villarraga presentó una petición el 13 de junio de 2023 ante el
Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles,
Laborales y de Familia– Consejo Superior de la Judicatura. Con su solicitud,
pretendía el desarchivo del expediente ejecutivo identificado con el radicado 11001-
40-03-049-2012-00567-00 tramitado en el Juzgado 15 Civil Municipal de Pequeñas
Causas de Bogotá.
41. La anterior petición fue recibida por parte de la autoridad mediante radicado
DESCLF23-4828 de la misma fecha, como se evidencia a continuación:
11
Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor:
Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
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42. Ante la omisión de respuesta por parte de la autoridad a cargo, el accionante
mediante memorial del 22 de enero de 2024 solicitó información sobre el trámite de
la petición del 13 de junio de 2023.
43. Luego de surtidas las correspondientes notificaciones y traslados para que
las partes se pronunciaran sobre los hechos que sirven de sustento a la presente
acción y, de ser el caso, formularan las objeciones que a bien tuvieran, no se recibió
constancia que de la autoridad encargada del Archivo Central diera trámite oportuno
y eficaz a la petición.
44. Si se tiene en consideración que el memorial se radicó el 13 de junio de 2023
y se reiteró el 22 de enero de 2024, a la fecha han transcurrido alrededor de diez
meses sin que el peticionario encuentre satisfecha su solicitud. Valga aclarar, que
ni se le ha informado los motivos por los cuales no se ha podido tramitar su petición
de desarchivo, digitalización y copias, ni se la ha proporcionado las mismas.
45. Así las cosas, la Sala encuentra que el accionante ha tenido que soportar
injustificadamente la omisión de la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Bogotá, en su calidad de operadora del Archivo Central, frente al trámite dado a
la solicitud de desarchivo del expediente adelantado por la jurisdicción ordinaria.
46. De manera que, para la Sala la solicitud presentada por el accionante no ha
sido desatada, pues se desconoce el paradero del expediente judicial, sin que se le
haya dado una razón de fondo, concreta y definitiva.
47. Desde ese panorama, se colige que el accionar de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá está conculcando, a su vez, la
garantía al debido proceso administrativo. Tal apreciación viene luego de considerar
que la dilación injustificada en el desarchivo del expediente, conlleva a que el
accionante no pueda desarrollar los trámites administrativos y/o judiciales a los que
hay lugar, de manera que finiquite el proceso judicial adelantado en su contra.
48. Así las cosas, la Sala considera menester que la autoridad accionada
adelante todas las actuaciones que considere pertinentes en aras de concretar la
petición del accionante. Se aclara que esta, solamente será satisfecha cuando; i)
se realice el desarchivo y se entreguen copias del expediente, ii) se informe el
término que tardará el correspondiente desarchivo del proceso judicial que motivó
la interposición de la tutela o, iii) se pongan de presente las razones de hecho o de
derecho por las cuales no se puede acceder a la solicitud.
49. Para esta sala de decisión, el señor Óscar Alberto Castro Villarraga no está
en el deber de soportar la omisión al deber de custodia que le asiste a la autoridad
accionada. En esos términos, la administración de justicia debe ofrecer las
respuestas a su solicitud. Así, se deberá proceder con la búsqueda exhaustiva del
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expediente de la referencia, la cual tendrá que consultar la realidad que atraviesa
actualmente la Oficina de Archivo Central de la ciudad de Bogotá.
50. Por lo anterior, se ampararán los derechos fundamentales de petición y
debido proceso administrativo del accionante para que la Dirección Seccional de
Administración Judicial, Archivo Central en el término de 20 días contados a partir
de la notificación de la presente providencia, realice el desarchivo del expediente
con radicado: 11001-40-03-049-2012-00567-00. Esté plazo consulta la realidad que
afronta dicha dependencia y además, es el definido por la misma autoridad en el
trámite de la presente tutela como el prudencial para adelantar la búsqueda del
proceso ejecutivo. Para el efecto, deberá remitir el expediente al Juzgado 15 Civil
Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá, quien una vez analice la legitimación, le
proporcionará copias al accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DESVINCULAR a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
del presente trámite constitucional, conforme a los motivos expuestos en esta
providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición y acceso a la
administración de justicia del señor Óscar Alberto Castro Villarraga, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas -
Archivo Central que en el término de 20 días contados a partir de la notificación de
la presente providencia proceda con el desarchivo del expediente identificado con
radicado: 11001-40-03-049-2012-00567-00 ubicado en el paquete 25 de 2016, con
destino al Juzgado 15 Civil Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá, e informe a
las partes sobre el cumplimiento de éste.
En el evento en que no sea posible cumplir con el término otorgado, la autoridad
respectiva deberá poner en conocimiento del peticionario el tiempo que le tomará
realizar el correspondiente desarchivo, sin que en todo caso, exceda el lapso de dos
(2) meses.
Dicha autoridad judicial deberá, una vez analizada la legitimación del señor Óscar
Alberto Castro Villarraga, proporcionarle las copias.
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Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otros
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CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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