Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03125-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03125-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03125-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
11 de julio de 2024
Demandante: Complejo Internacional de Cirugía Plástica SA
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03125-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03125-00
Demandante: COMPLEJO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA SA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición – declara
carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La sociedad Complejo Internacional de Cirugía Plástica SA, actuando por
conducto de su representante legal, presentó acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura – Centro de Servicios Administrativos, Jurisdiccionales
para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia y el Juzgado Décimo Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá2. Con la solicitud de amparo
pretende la protección de los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, al buen nombre y «de
propiedad».
2. Estimó que la vulneración de los derechos mencionados deviene de la falta
de trámite a la solicitud de desarchivo del proceso ejecutivo con radicado 11001-
40-03-056-2016-000157-00, la cual presentó ante la oficina de Archivo Central
de Bogotá el 5 de agosto de 2022. Lo anterior, con el fin de solicitar y obtener el
levantamiento de las medidas cautelares decretadas al interior de dicho
expediente, dado que terminó por pago de la obligación demandada.
1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
Radicada el 18 de junio de 2024.
1
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1.2. Pretensiones
3. El tutelante solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Tutelar al COMPLEJO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA
S.A., el amparo fundamental al acceso a la administración de justicia vulnerado por
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, JURISDICCIONALES PARA
LOS JUZGADOS CIVILES, LABORALES Y DE FAMILIA-CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA y el JUZGADO DÉCIMO MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE BOGOTÁ, dada la no atención oportuna de las solicitudes de
desarchive citadas en los hechos de la presente acción.
SEGUNDO: ORDENAR a los accionados atender la SOLICITUD DE
DESARCHIVE RAD DESCLF 23-002849 del proceso
11001400305620160015700, presentada el 27 de mayo de 2023, como medio
indispensable para que cese la violación de los derechos fundamentales citados
en los hechos del presente escrito.
TERCERO: LAS DEMÁS que el señor Juez de Tutela considere necesarias y
pertinentes para proteger los Derechos Fundamentales invocados.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. Manifestó que se inició un proceso ejecutivo en su contra, al que se le
asignó el radicado 11001-40-03-056-2016-000157-00. De dicho mecanismo
conoció el Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogotá, el cual libró
mandamiento de pago a favor de la demandante el 3 de mayo de 2016.
6. Adujo que el 10 de mayo «se le entregaron a la PARTE DEMANDANTE
los oficios contentivos de las medidas cautelares decretadas, las cuales se
materializaron en embargos de cuentas de los DEMANDADOS y de un bien
inmueble».
7. Precisó que el 6 de diciembre de 2019 solicitó la terminación del proceso
por pago de la obligación. En ese sentido, el 3 de noviembre de 2020 se ordenó
el archivo definitivo del expediente, pero sin que se levantaran las medidas
cautelares realizadas.
8. Por lo anterior, el 5 de agosto de 2022 solicitó el desarchivo del proceso
ante la Oficina de Archivo Central de Bogotá, y a esta se le asignó el radicado
21-603388. No obstante, a la fecha de presentación de este mecanismo
constitucional no ha sido atendida su petición.
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1.4. Sustento de la vulneración
9. Refirió que ha desplegado todas las gestiones en procura de que se
desarchive el expediente en el que se decretaron medidas cautelares en su
contra con el fin de que se levanten, dado que ya se declaró la terminación del
proceso. No obstante, le están siendo vulnerados los derechos fundamentales
invocados, pues no ha podido acceder al sistema financiero por las medidas
cautelares que pesan en su contra y ello pone en riesgo la continuidad de la
sociedad por falta de recursos económicos.
1.5. Trámite de la tutela
10. Por auto del 19 de junio de 2024, el ponente de esta decisión admitió la
acción constitucional. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionados al Consejo Superior de la Judicatura – Centro de Servicios
Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia y al Juzgado
Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá. Adicionalmente,
vinculó como tercero con interés a la Oficina de Reparto y Archivo Central de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los
términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
1.6. Informes
1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura
11. Refirió que es el órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial,
por lo cual ejerce funciones netamente administrativas. Por ende, consideró que
no era viable endilgarle ningún tipo de responsabilidad en este asunto, pues las
acciones que generan la presunta transgresión de los derechos fundamentales
invocados recaen en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
12. Indicó que, de conformidad con el artículo 3.º del Acuerdo PCSJA17-10784
del 26 de septiembre de 2017 «existirán Archivos Centrales Seccionales de la
Judicatura, cuyo funcionamiento será responsabilidad de la respectiva Dirección
Ejecutiva Seccional de Coordinación». Así, insistió en que la aptitud legal para
responder por las conductas presuntamente vulneradoras de las garantías
constitucionales de la parte actora es la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá.
13. Aludió que, en un caso similar al presente, la Sección Quinta del Consejo
de Estado lo desvinculó del trámite tutelar3. En ese sentido, solicitó que se
declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.
3
Radicación 11001-03-15-000-2023-02508-00.
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1.6.2. Juzgado Décimo Civil, Municipal de Ejecución de Sentencias de
Bogotá
14. Informó que, tras la revisión del Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI,
figura una constancia secretarial del 3 de noviembre de 2020 en la que se dispone
que el expediente se encuentra en «archivo definitivo caja 359». Sin embargo,
con ocasión de la acción de tutela de la referencia, mediante auto del 21 de junio
de 2024, ofició al Coordinador de la Oficina de Archivo Central para que
procediera al respectivo desarchivo.
1.6.3. Servicios administrativos de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
15. Mediante memorial incorporado al expediente de la referencia el 8 de julio
de 2024, informó que procedió al desarchivo del proceso ejecutivo en cuestión.
Informó que archivo central no entregaría el expediente en físico y que estaría a
disposición del juzgado por cinco días. Aclaró que, «en caso de no recogerlo, se
remitirá a la bodega de origen para su re-archive», de lo cual informó también a
la parte actora mediante correo del 26 de junio de 2024.
1.6.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá – Oficina
de Reparto y Archivo Central y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado fueron debidamente vinculadas al trámite tutelar, pero guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
16. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo Superior de la Judicatura
• Centro de Servicios Administrativos, Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles,
Laborales y de Familia y el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Bogotá. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
17. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se le desvincule del
trámite tutelar, con fundamento en que los hechos que motivaron la solicitud de
tutela son de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
18. La Sala, una vez estudiado los argumentos planteados por esta entidad,
advierte que le asiste la razón, toda vez que no se encuentra encargada del
manejo y funcionamiento del archivo central de la ciudad de Bogotá. A la anterior
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conclusión ha llegado esta Sección en otras decisiones con similares supuestos
fácticos y jurídicos en el sentido de aceptar la desvinculación4.
2.3. Legitimación en la causa
19. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
20. La Sala advierte que el Complejo Internacional de Cirugía Plástica SA
está legitimado en la causa por activa. Lo anterior, por fungir como demandado
dentro del proceso ejecutivo con radicado 11001-40-03-056-2016-000157-00
21. Por otro lado, se evidencia que el Juzgado Décimo Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Bogotá se encuentra legitimado en la causa por
pasiva por ser la autoridad judicial que tramitó el proceso ejecutivo mencionado.
De igual forma, está legitimada por activa la Oficina de Reparto y Archivo Central
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, por ser la encargada de gestionar los expedientes que se
encuentran en estado de archivo.
2.4. Problema jurídico
22. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
• ¿El Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá
y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca – Oficina de Archivo Central de Bogotá vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la sociedad actora por no dar trámite a la solicitud
de desarchivo del 5 de agosto de 2022?
23. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela, (ii) caracterización del derecho de
petición, y (iii) el estudio del caso concreto.
2.5. Naturaleza de la acción de tutela
24. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
4
Ver, entre otras, la acción de tutela de radicado 11001-03-15-000-2024-01872-00.
5
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25. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.6. Del derecho de petición
26. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución»5. El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.
27. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho, así:
El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido6.
28. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la
contestación de la petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general
a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de
15 días para resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso,
la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el
cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de
dificultad o la complejidad de la solicitud.
29. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de
petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la
solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello
implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta
puede significar una aclaración plena de la respuesta dada»7.
5
Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
6
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30. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»8.
31. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse
cuando la respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la
autoridad competente. En palabras de la Corte Constitucional:
(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada9.
32. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de
petición la Corte Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo10.
33. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en
orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
34. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y
agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo.
8
Ibídem.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
7
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2.7. Caso concreto
35. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la
vulneración de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y al buen nombre invocados por esta vía
devienen de la solicitud de desarchivo del proceso ejecutivo de radicado 11001-
40-03-056-2016-000157-00, la cual fue presentada ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Oficina de Archivo Central de Bogotá el 5 de agosto de
2022, sin que a la fecha de presentación de este mecanismo constitucional se
haya resuelto el asunto.
36. El envío de la solicitud se constató con las pruebas arrimadas con el
escrito de tutela, y a la misma se le asignó un número interno, como se ilustra a
continuación:
37. De la imagen anexa en el párrafo anterior se visualiza que la Oficina de
Archivo Central indicó que realizaría la búsqueda del expediente dentro de los 90
días hábiles siguientes. Es decir que, para la fecha de interposición del presente
mecanismo constitucional -18 de junio de 2024- el término fijado por Archivo
Central ya se encontraba fenecido.
38. Sin embargo, mediante memorial incorporado a este expediente el 8 de
julio de 2024, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informó que
desarchivó el proceso ejecutivo en cuestión. Asimismo, de la verificación del
expediente en el aplicativo de consulta de procesos, se evidenció que lo que
motivó la interposición de esta tutela, esto es, el desarchivo del proceso ejecutivo
de radicado 11001-40-03-056-2016-000157-00, se materializó en el curso de
este mecanismo judicial, como se visualiza enseguida:
8
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39. Nótese que el desarchivo ocurrió el 3 de julio de 2024, y dos días después
se radicó una solicitud sobre el proceso.
40. Cabe precisar que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
informó a la parte actora sobre el desarchivo del proceso ejecutivo mediante
correo electrónico del 26 de junio de 2024, como se constata en la siguiente
imagen11:
41. De conformidad con lo expuesto, dado que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial desarchivó el proceso ejecutivo solicitado por la parte
actora mediante la petición del 5 de agosto de 2022, pero esto ocurrió por fuera
11
Se aclara que, de conformidad con el anexo visible en el folio 16 del escrito de tutela la parte
actora fue comunicada del radicado de su solicitud de desarchivo al mismo correo electrónico, es
decir, al buzón vigilanciajudicial.cj@gmail.com.
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del término que la propia entidad dispuso para el efecto y en el curso de esta
acción de tutela, se configura lo que la jurisprudencia ha denominado la carencia
actual de objeto por hecho superado. Tal figura se ha contextualizado así por la
Corte Constitucional:
(…) se configura cuando entre el momento de la interposición de la acción de
tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr
mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera
orden alguna12.
42. Así las cosas, esta Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado por haberse configurado tras haberse materializado el hecho cuya falta
de realización conllevó a la presentación de tutela, y a su vez, generaba la
vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se solicitó por esta
vía.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura del presente
trámite constitucional, conforme a los motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la tutela presentada por Complejo Internacional de Cirugía
Plástica SA.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
12
Sentencia SU-225 de 2013.
10
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
11
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