Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00578-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00578-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00578-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
2 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00578-00
Demandante: César Augusto Mendoza Acero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-00578-00
Demandante CÉSAR AUGUSTO MENDOZA ACERO
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Derecho de petición. Núcleo esencial del derecho. Ausencia de
respuesta a petición. Solicitud de desarchivo de expediente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por el señor César Augusto Mendoza Acero
de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de febrero de 20241, el señor César Augusto Mendoza Acero interpuso acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Archivo Central y la Oficina de Archivo
del Centro de Servicios Administrativos para Juzgados Civiles, Laborales y de
Familia, por estimar vulnerado su derecho fundamental de petición.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1º.- TUTELAR el derecho Constitucional fundamental de petición al accionante y en
consecuencia:
ORDENARLE al accionado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICTATURA- DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA –
OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARA JUZGADOS CIVILES, LABORALES Y DE FAMILIA, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo constitucional, resuleva de fondo,
concreta y completa al desarchive del proceso presentado por el accionante el día 15 de
mayo de 2023.
1.1.Que mediante esta acción se emita orden a la Oficina de Archivo Central de Bogotá de
los Juzgados Civiles, para que de respuesta al Derecho de Petición escrito presentado el
13 de septiembre de 2023 por el accionante, por cuenta de la omisión en el desarchivo
del proceso que se tramitó ante el Juzgado Octavo (8) Civil Municipal de Bogotá D.C.,
proceso ejecutivo de BANCO DAVIENDA S.A. contra ARLEY ALEXIS RUBIO URQUIJO,
proceso con radicado 11001400302420020098400, solicitud que cuenta con el radicado
interno No. 293 del 15 de mayo de 2023.
1.2.- En caso de respuesta del accionado sea que el expediente NO FUE HALLADO, se
compulse copias a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación
para que se investigue la pérdida de expedientes que está ocurriendo en el archivo de la
1 Samai, índice 2.
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rama judicial y el Juez de tutela adopte las demás decisiones que se consideren
necesarias y pertinentes para proteger el Derecho Fundamental conculcado.” (Sic a toda
la cita)
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Para el año 2002, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Bogotá conoció del
proceso Nro. 11001-40-03-024-2002-00984-00, en el cual actuó como
demandante el Banco Davivienda S.A. y como demandado el señor Arley
Alexis Rubio Urquijo.
2.2. El 14 de septiembre de 2015, el proceso fue archivado de forma definitiva en
la caja 378 (CJ 378/15), de conformidad con la información que obra en la
Página de la Rama Judicial.
2.3. El 15 de mayo de 2023, el señor César Augusto Mendoza Acero, en ejercicio
de su profesión como abogado, realizó la radicación de la solicitud de
desarchive del expediente, a través de la plataforma digital, y canceló ante el
Banco Agrario los gastos ordinarios correspondientes al mismo, por la suma
de $6.900.
2.4. Posteriormente, el señor Mendoza Acero se dirigió de forma presencial a la
Oficina de Archivo ubicada en la carrera 10 Nro. 14-33 de Bogotá, en donde
se le informó que a su solicitud de desarchivo se le asignó el radicado interno
Nro. 293 del 15 de mayo de 2023.
2.5. Pasados unos meses, el hoy accionante se dirigió nuevamente de forma
presencial a la Oficina de Archivo para preguntar sobre su trámite. Allí se le
informó que al haber pasado más de 90 días debía presentar una petición
solicitando información del desarchivo al siguiente correo electrónico:
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
2.6. El 13 de septiembre de 2023, el señor César Augusto remitió al mencionado
correo electrónico su petición, acompañada de los correspondientes anexos.
En la solicitud pidió lo siguiente:
“En virtud a lo anterior y estando en presencia de una demora injustificada en el desarchive
del expediente, comedidamente se solicita:
1- Se informe el motivo por el cual el proceso no ha sido desarchivado después de casi cuatro
meses de radicada la solicitud.
2- Se informe la fecha, para la cual la Oficina de Archivo finalmente desarchivará el proceso?”
(Sic a toda la cita)
2.7. El accionante afirmó que, al momento de radicar esta acción de tutela ya han
transcurrido más de nueve meses sin que se haya desarchivado el expediente,
y más de cuatro meses sin obtener respuesta a su petición.
3. Fundamentos de la acción
En el escrito de tutela se acusó la vulneración del derecho fundamental de petición
de la parte actora comoquiera que, al momento de interponer la solicitud de amparo,
el accionado no había dado respuesta a la petición presentada el 13 de septiembre
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de 2023, en la que se solicitaba información sobre la demora en el desarchivo del
expediente Nro. 11001-40-03-024-2002-00984-00.
Señaló que su interés en el desarchivo del proceso radica en la necesidad de
realizar una actuación judicial, y precisó que, el artículo 125 del Código General del
Proceso autoriza a los “interesados”, como es su caso, para que puedan realizar
esas solicitudes.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 16 de febrero de 20242, el despacho ponente requirió al señor
César Augusto Mendoza Acero para que aclarara su legitimación, y precisara
si estaba actuando en calidad de apoderado de alguna de las partes del
proceso Nro. 11001-40-03-024-2002-00984-00, caso en el cual debía aportar el
poder especial.
Con memorial del 21 de febrero de 20243, el señor Mendoza Acero subsanó lo
requerido indicando que: “[…] el derecho petición presentado a la accionada se
presentó a nombre propio como ciudadano interesado, en ese sentido, en la acción de
tutela de la referencia se actúa a nombre propio como interesado en el trámite de
desarchive, acción que interpongo por no dárseme respuesta a la petición presentada el
día 13 de septiembre de 2023 […]”.
4.2. El 8 de marzo de 20244, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela
presentada por el señor César Augusto Mendoza Acero, quien actúa en
nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá, la Oficina de Archivo de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá y la Oficina de Archivo Central
del Centro de Servicios Administrativos para Juzgados Civiles, Laborales y de
Familia; se vinculó en calidad de tercero con interés al banco Davivienda S.A.,
al señor Arley Alexis Rubio Urquijo, al Juzgado Octavo Civil Municipal de
Bogotá y al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Bogotá; se solicitó
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá un informe sobre
el estado actual de la solicitud de desarchivo del expediente Nro. 11001-40-
03-024-2002-00984-00 y de las actuaciones que se han surtido al respecto; y
se dispuso a efectuar las notificaciones correspondientes.
4.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial5 remitió dos memoriales, en los que solicitó que se
declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, porque las omisiones
que se alegan en la acción de tutela se refieren a funciones asignadas a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Como sustento de
lo anterior citó la sentencia T-416 de 1997 y una sentencia del 3 de marzo de
2010 proferida por la Consejera de Estado Ruth Stella Correa, haciendo
referencia a la legitimación en la causa como presupuesto necesario para que
el juez pueda adoptar una decisión de mérito.
Añadió que, el accionante debía verificar la cuenta electrónica que dispuso
para efectos de las notificaciones, “[…] al presumirse que la misma ya tuvo su
2 Samai, índice 4.
3 Samai, índice 8.
4 Samai, índice 11.
5 Samai, índice 17 y 30.
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respectivo trámite judicial, y no habérsele podido dar conocimiento al Accionante en virtud
del posible yerro en este data […]”.
La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura6, rindió informe en el
que también solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva de esa dependencia y se le desvincule del proceso, porque las acciones
y omisiones vulneradoras de derechos recaen únicamente en la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Esto, porque la oficina de
archivo se encuentra adscrita a dicha Corporación de conformidad con el
artículo 3° del Acuerdo PCSJA17-10784 del 26 de septiembre de 2017.
Añadió que el Consejo Superior de la Judicatura no es el llamado a cumplir las
órdenes que se expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales
del accionante, más aún cuando el actor manifestó que su petición fue dirigida
al correo electrónico solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
el cual es de dominio de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá.
4.4. El Juzgado Octavo Civil Municipal de Bogotá7, manifestó que allí cursó el
proceso promovido por Davivienda S.A. contra el señor Arley Alexis Rubio
Urquijo al cual le correspondió el radicado Nro. 11001-40-03-024-2002-00984-00,
proceso que terminó por desistimiento tácito el 9 de junio de 2015 y que fue
remitido al Archivo Central el 14 de septiembre de esa misma anualidad en la
caja 378.
Señaló que verificado el buzón electrónico no se encontraron solicitudes
pendientes por resolver, del referido asunto, y afirmó que aún no ha sido
desarchivado el expediente.
Con escrito del 19 de marzo de 20248, el juzgado informó que no es posible
notificar al señor Arley Alexis Rubio Urquijo, quien actuó como demandado
dentro del mencionado proceso, pues el juzgado no cuenta con dirección de
notificación alguna que permita dar cumplimiento a la orden, aunado a lo
anterior no existen copias de traslados del referido año 2002, ni proceso
digitalizado.
4.5. La Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá9
informó que el correo electrónico archivosdbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, le
pertenece a esa comisión, por lo que erradamente se remitió la comunicación
pensando que esta dirección era del Archivo Central de la DESAJ.
Añadió que realizó la búsqueda del accionante y accionado en el sistema de
información Siglo XXI sin encontrar algún expediente disciplinario relacionado
con esas partes.
4.6. La Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá10, informó que
el 18 de marzo de 2024, solicitó al Archivo Central de esa entidad, área
encargada de pronunciarse sobre estos hechos, el suministro de los
6 Samai, índice 21.
7 Samai, índice 19.
8 Samai, índice 29.
9 Samai, índice 20.
10 Samai, índice 23.
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respectivos insumos para atender esta solicitud, dependencia de la cual siguen
esperando dicha información.
Señaló que están realizando las gestiones tendientes para que los grupos de
trabajo atiendan de manera prioritaria las solicitudes de garantías de los
derechos fundamentales del señor Mendoza Acero, en los siguientes términos:
“[…] esta Dirección se encuentra adelantando las gestiones, trámites y verificaciones
necesarias, con el fin de dar cabal cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales,
para que a través de nuestros grupos de trabajo se atiendan de manera prioritaria las
solicitudes en garantía de los derechos fundamentales del aquí accionante, y se acaten todas
las órdenes judiciales en el término esperado [...]”.
Finalmente, informó que las personas encargadas de atender el cumplimiento
de esta orden y su eventual fallo son, el señor John Alexander Ramírez Bernal,
Líder del Grupo de Trabajo del Archivo Central, e Indira Elisa Pachón Serna,
Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos.
4.7. El Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de
Bogotá11, manifestó que en el escrito de tutela no se indicó cuáles fueron las
actuaciones con las que ese juzgado vulneró los derechos fundamentales,
pues el objeto de la acción es el desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-
024-2002-00984-00, lo cual debe ser resuelto por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional Bogotá, Archivo Central.
Indicó que la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de
Ejecución de Sentencias de Bogotá verificó la información obrante en el
Sistema Siglo XXI, advirtiendo que no aparece ningún proceso de su
conocimiento en donde sea parte el señor Arley Alexis Rubio Urquijo.
4.8. La Oficina de Apoyo Documental del Centro de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia12,
precisó que el grupo Archivo Central y el Centro de Servicios Administrativos
para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia son dos oficinas totalmente
independientes, por lo que no existe una oficina denominada "Archivo Central
del Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y de
Familia", como lo alude el accionante.
Dijo que en materia de desarchive la función está en cabeza del grupo de
Archivo Central, en cambio su labor se limita a la recepción de solicitudes de
desarchive por medio del formulario en línea y esta función termina con el
traslado de las solicitudes al grupo de Archivo el día hábil siguiente a su
recepción, momento en el que se pierde competencia sobre las mismas.
De conformidad con lo anterior, informó que el 15 de mayo de 2023 esa oficina
recibió la solicitud de desarchive del proceso Nro. 2002-00984-00 con el
consecutivo DESCLF23-00293, información que le fue notificada al actor. El
16 de mayo de esa misma anualidad, y señaló que remitió vía correo
electrónico al Archivo Central 336 solicitudes.
Añadió que la petición que el actor envió no fue radicada en ese grupo sino en
el Grupo de Archivo Central, por lo que se desconocen los motivos por los
cuales ese grupo no ha dado aún respuesta.
11 Samai, índice 24.
12 Samai, índice 26.
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Finalmente solicitó se declarara su falta de legitimación en la causa y en
consecuencia se le desvinculara del proceso.
4.9. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá13, manifestó que no existe
una acción u omisión por parte de esta autoridad que vulnere los derechos
fundamentales invocados por el actor. Sin embargo, realizó la revisión en el
Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales
SIGOBIUS, determinando a través de la certificación CSJBTCER24-89
expedida por el secretario general del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá, que no existe dentro de sus dependencias escrito radicado por el
señor Cesar Augusto Mendoza Acero o relacionado con el correo electrónico
abogadosespecializados21@hotmail.com.
Reiteró que la función del desarchivo de los expedientes le corresponde a la
Oficina de Archivo General de la Rama Judicial o de las correspondientes
Seccionales. Por lo que solicitó, se declarara improcedente la acción al existir
ausencia de su legitimación por pasiva.
4.10. El Banco Davivienda S.A.14, consideró que no hay acción u omisión por la
cual hubiera podido vulnerar los derechos fundamentales del actor. Por lo que,
solicitó su desvinculación del trámite.
4.11. La Oficina de Archivo de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Bogotá no dio respuesta a la acción de tutela, aunque fue
debidamente notificada sobre su existencia a los siguientes buzones de
notificación:
notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
dsajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co
archivosdbta@cendoj.ramajudicial.gov.co15
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
radicacionesarchivocentralbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
4.12. El señor Arley Alexis Rubio Urquijo, guardó silencio a pesar de haber sido
notificado en debida forma, de conformidad con el aviso que publicó la
Secretaría General de esta Corporación16.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199117, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
13 Samai, índice 27.
14 Samai, índice 32.
15
Este correo electrónico pertenece a la Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá,
de conformidad con la información que se aportó en la contestación.
16 Samai, índice 35.
17 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa
La Presidencia y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, la Oficina de Apoyo Documental del Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia
y el Banco Davivienda S.A. solicitaron que se declarara su falta de legitimación en
la causa por pasiva y, en consecuencia, se les desvinculara del trámite de la
presente acción de tutela.
Al respecto, estudiados los argumentos presentados por cada uno de ellos, se
observa que les asiste razón, toda vez que estas autoridades no se encuentran
encargadas del manejo y funcionamiento del Archivo Central de la ciudad de
Bogotá. A su vez, se advierte que la petición, no la remitió el accionante a esas
autoridades, por lo que se dispondrá en la parte resolutiva la respectiva
desvinculación.
3. Planteamiento del problema jurídico
Es del caso precisar que el sujeto pasivo del derecho fundamental de petición objeto
de análisis es la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, dado que
la petición del 13 de septiembre de 2023, en la cual se pedía información sobre la
demora en el desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-024-2002-00984-00,
corresponde a un proceso cuyo conocimiento tuvo el Juzgado Octavo Civil Municipal
de Bogotá.
Esto quiere decir que el encargado de la gestión pretendida es la Oficina de Archivo
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, tal como lo dispone
el Acuerdo 1213 de 200118. Por lo que, le corresponde a la Sala determinar si la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá incurrió en vulneración del
derecho fundamental de petición del señor César Augusto Mendoza Acero.
4. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia constitucional19, que ha dispuesto
18 "Por el cual se derogan los Acuerdos 992 de 2000 y 1159 de 2001, y se crean las Secciones de Archivo
Central en los Tribunales y Juzgados con sede en Bogotá".
19 Dentro de las providencias recientes se remite a lo dispuesto en la sentencia T-167 de 2013 (M.P. Nilson
Pinilla Pinilla), en la que se hace una presentación integral de este derecho y de una de sus especies, el
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que son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta
resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada
se le notifique al peticionario20.
En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre el
derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido.”21.
En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido22.
De conformidad con el inciso 2º del artículo 13 del CPACA23, “Toda actuación que
inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación
de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos,
formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos”.
En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la Corte
Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con diligencia para
que la su respuesta sea conocida por el interesado, gestión que denota lealtad y
publicidad de las actuaciones de la administración y permite materializar el derecho
al debido proceso del administrado, ya que es condición necesaria para que el
interesado ejerza su derecho de defensa y contradicción.
Además, la Corte Constitucional hace énfasis en que, “la administración tiene la carga
probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de esta
hace parte del intangible de ese derecho que no puede ser afectado”24.
5. Del contenido de la petición y el trámite impartido por la autoridad
accionada
5.1. Se tiene que, el señor César Augusto Mendoza Acero aseguró que el 15 de
mayo de 2023 diligenció el formulario de desarchive del expediente Nro.
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derecho de acceso a los documentos públicos (consagrado en el Art. 74 CP). Dentro de las providencias
iniciales, sin duda, debe tenerse presente lo dispuesto en la sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), en la que se hace un estudio preciso acerca de la determinación del núcleo esencial de
los derechos fundamentales y, en especial, del núcleo del derecho de petición.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
21 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
22 Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de julio de 2006.
23 Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental
de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
24 Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013.
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5.2. El accionante adjuntó un soporte de pago de gastos ordinarios del proceso
realizado ante el Banco Agrario, por la suma de $6.900, de fecha 8 de mayo
de 2023 a las 8:41:41 a.m., correspondiente al proceso en mención (Ref. 2),
así:
5.3. El 13 de septiembre de 2023 a las 10:51 a.m., el señor César Augusto
Mendoza Acero remitió una petición al correo electrónico:
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co que contenía dos
archivos adjuntos denominados “Derecho de Petición art.23 d..” y “JUAGADO 8
ARCHIVADO.PDF” (Sic), de conformidad con la captura de pantalla que anexó.
5.4. El accionante afirmó que, al momento de radicar esta acción de tutela ya han
transcurrido más de nueve meses sin que se haya desarchivado el expediente,
y más de cuatro meses sin obtener respuesta a su petición.
5.5. Ahora bien, los elementos de convicción aportados a esta acción de tutela dan
cuenta de que la petición la presentó vía electrónica el accionante el 13 de
septiembre de 2023, ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Bogotá, Archivo Central25, al ser la autoridad encargada del trámite de
desarchivo de procesos que fueron de conocimiento del Juzgado Octavo Civil
Municipal de Bogotá. Luego, ese es el parámetro para computar los términos
de respuesta del derecho de petición, que, para solicitudes de carácter
general, como la que nos ocupa, es de 15 días hábiles, conforme lo dispuesto
en el inciso primero del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. Este plazo se
cumplió el 4 de octubre de 2023, sin que el señor Mendoza Acero hubiera
obtenido respuesta.
Si bien la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá, rindió informe
en el que manifestó que se encontraban realizando las gestiones
correspondientes, pero que dependían de la información que aportara el área
encargada (la cual guardó silencio), lo cierto es que, al expediente de la
referencia no se remitió ninguna comunicación posterior en la que se informara
25 Se tiene que la dirección electrónica solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co es la que
se encuentra disponible para pedir información sobre el estado de las solicitudes de desarchivo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00578-00
Demandante: César Augusto Mendoza Acero
el estado actual de la respuesta de la petición, ni de la solicitud de desarchivo
del expediente Nro. 11001-40-03-024-2002-00984-00, ni la posible notificación al
solicitante de las actuaciones que se hubieran surtido, como tampoco se allegó
prueba de que se le hubiera informado al actor el estado actual de la solicitud.
Ahora, dado que la Oficina de Archivo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá no respondió la acción de tutela, debe
aplicarse la presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991 y tener por cierta la omisión de respuesta a la petición
presentada el 13 de septiembre de 2023, en la que se solicitaba información
sobre la demora en el desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-024-2002-
00984-00. En consecuencia, se encuentra acreditada la vulneración del
derecho fundamental de petición del accionante.
6. Conclusión
Dado este contexto, corresponde a la Sala amparar el derecho fundamental de
petición del señor César Augusto Mendoza Acero, vulnerado por el Archivo Central
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá.
En consecuencia, se ordenará a dicha autoridad que, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia y dentro del ámbito
de su competencia, proporcione una respuesta clara, congruente y de fondo a la
solicitud formulada por el señor César Augusto Mendoza Acero el 13 de septiembre
de 2023, la cual fue remitida a través del correo electrónico
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la que se solicita
información sobre el desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-024-2002-00984-00,
y para que la notifique al peticionario en los términos previstos en la Ley 1437 de
2011.
En el evento de no ser posible resolver la petición en el plazo anteriormente
señalado, la autoridad accionada deberá informar al señor César Augusto Mendoza
Acero los motivos de la demora, a su vez, deberá indicar el plazo razonable en el
que le dará respuesta a su petición, el cual no podrá exceder del doble del plazo
inicialmente previsto, que en este caso era de 15 días hábiles, de conformidad con
el parágrafo del artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo26.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
26
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena
de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su
recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que
la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos
documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo
deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad
debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder
del doble del inicialmente previsto.
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Demandante: César Augusto Mendoza Acero
FALLA
1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Oficina de Apoyo Documental del Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de
Familia y del Banco Davivienda S.A. y, en consecuencia, desvincularlos del
presente trámite constitucional, conforme a los argumentos expuestos.
2. Amparar el derecho fundamental de petición del señor César Augusto
Mendoza Acero, por las razones expuestas en la motivación precedente.
3. En consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Bogotá, Archivo Central, Coordinador del Grupo de Servicios
Administrativos y Líder del Grupo de Trabajo del Archivo Central, para que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente providencia, proporcione una respuesta clara, congruente y de fondo
a la solicitud formulada el 13 de septiembre de 2023, remitida a través del
correo electrónico solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la
que se solicitaba información sobre la demora en el desarchivo del expediente
Nro. 11001-40-03-024-2002-00984-00, y para que la notifique al peticionario
en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011.
En el evento de no ser posible resolver la petición en el plazo anteriormente
señalado, la autoridad accionada deberá informar al señor César Augusto
Mendoza Acero los motivos de la demora, a su vez, deberá indicar el plazo
razonable en el que le dará respuesta a su petición, el cual no podrá exceder
del doble del plazo inicialmente previsto, que en este caso era de 15 días
hábiles, de conformidad con el parágrafo del artículo 14 del CPACA.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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