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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00895-01

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00895-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00895-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00895-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ERNESTO GALVIS GÓMEZ

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. EL ACTOR NO
ACREDITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
EXCEPCIONALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA SENTENCIAS PROFERIDAS DENTRO DE UNA ACCIÓN DE LA
MISMA NATURALEZA.

DERECHO FUNDAMENTAL: ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor

contra la sentencia de 4 de abril de 2024, mediante la cual la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 rechazó por improcedente la solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00895-01
Actor: ERNESTO GALVIS GÓMEZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ERNESTO GALVIS GÓMEZ, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental

al acceso a la administración de justicia, el cual estima vulnerado por

la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE

ESTADO2 al proferir en segunda instancia la sentencia de 27 de

octubre de 2023, dentro de la acción constitucional de la misma

naturaleza identificada con el número único de radicación 11001-03-

15-000-2023-00791-01.

I.2.- Hechos

Pese a que no se planteó de manera expresa los hechos de la

demanda, del expediente la Sala pudo inferir como hechos

principales los siguientes:

2
En adelante la Sección Tercera- Subsección “C”.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00895-01
Actor: ERNESTO GALVIS GÓMEZ

Que el actor es piloto comercial, profesión que ejerció desde el año

1986.

Que el 28 de octubre de 2004 el actor fue habilitado como piloto de

aeronaves Antonov- AN-26 por la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, lo cual le permitió prestar sus

servicios en distintas entidades.

Que en el año 2010 el actor renunció a su labor como piloto con el

fin de desempeñarse como instructor, por lo que el 25 de agosto de

2010 le fue programado un vuelo de comprobación acompañado por

un inspector designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.

Que de acuerdo con el informe rendido por el inspector, el actor fue

inhabilitado para el ejercicio de su profesión y le fueron impuestos

entrenamientos adicionales, lo que dio lugar a la pérdida del contrato

de trabajo suscrito con la empresa AERCARIBE S.A., circunstancia

que le causó una serie de perjuicios económicos y morales.

Que en virtud de lo anterior, el actor presentó una demanda en

ejercicio del medio de control de reparación directa contra la

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Actor: ERNESTO GALVIS GÓMEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA

CIVIL con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de los

perjuicios de orden moral y patrimonial ocasionados por la

suspensión del ejercicio de su profesión.

Que la anterior demanda fue identificada con el número único de

radicación 11001-33-36-033-2012-00119-00 y le correspondió por

reparto en primera instancia al JUZGADO 33 ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ3 que, mediante sentencia

de 2 de diciembre de 2013, denegó las pretensiones, decisión que

fue confirmada por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- del

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA4 mediante

sentencia de 12 de mayo de 2016.

Que contra dichas decisiones el actor presentó recurso extraordinario

de revisión el cual fue identificado con el número único de radicación

11001-03-26-000-2012-00119-00 (59247) y atribuido para su

trámite a la SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “A” DEL

CONSEJO DE ESTADO5 que, mediante providencia de 27 de agosto

de 2021, declaró infundado el recurso y, condenó en costas a la parte

3
En adelante el Juzgado.
4
En adelante el Tribunal.
5
En adelante la Sección Tercera- Subsección “A”.

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demandante en favor de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE AERONÁUTICA CIVIL en la suma equivalente a tres (3) salarios

mínimos mensuales legales vigentes.

Que en firme la anterior decisión el JUZGADO mediante auto de 29

de abril de 2022, aprobó la liquidación de costas y agencias en

derecho.

Que el actor presentó acción de tutela contra el JUZGADO, el

TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “A” -, con el

fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia.

Que con dicha acción de tutela el actor procuraba que dejaran sin

efecto las providencias proferidas por las entidades judiciales

accionadas en el marco del medio de control de reparación directa y

el recurso extraordinario de revisión aludidos, al considerar que,

incurrieron en el defecto fáctico por la indebida valoración del

material probatorio.

Que la acción de tutela aludida fue identificada con el número único

de radicación 11001-03-15-000-2023-00791-00 y atribuida para su

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trámite en primera instancia a la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO

DE ESTADO que, mediante sentencia de 23 de marzo de 2023, i)

declaró la temeridad del actor respecto de los argumentos

formulados contra las sentencias de 2 de septiembre de 2013 y 12

de mayo de 2016 proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL

mediante las cuales se denegaron las pretensiones formuladas en el

medio de control de reparación directa y, ii) declaró improcedente la

acción de tutela respecto de las pretensiones formuladas contra la

sentencia de 27 de agosto de 2021 que declaró infundado el recurso

extraordinario de revisión y, el auto de 29 de abril de 2022 que

aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho, por no cumplir

los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez.

Que inconforme con lo anterior, el actor presentó escrito de

impugnación el cual fue resuelto por la SECCIÓN TERCERA-

SUBSECCIÓN “C” que, en providencia de 27 de octubre de 2023,

confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “C”

trasgredió su acceso efectivo a la administración de justicia, al

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declarar temeraria la solicitud de amparo formulada en el trámite de

la acción de tutela identificada con el número único de radicación

2023-00791-01.

Manifestó que la solicitud de amparo pretendía cuestionar el defecto

fáctico en el que incurrieron el JUZGADO y el TRIBUNAL, dada la

omisión en la práctica y valoración de las pruebas determinantes en

la resolución del litigio.

Señaló que la autoridad judicial accionada desconoció sin ninguna

justificación el precedente jurisprudencial constitucional emanado de

las sentencias SU-027 de 2021 y T-169 de 2011 al declarar temeraria

su solicitud de amparo y, aseguró que no se encuentra probada la

cosa juzgada constitucional, sino que, por el contrario, se le ha

sometido a una vulneración sistemática de sus derechos

fundamentales.

Agregó que los reproches probatorios esgrimidos contras las

sentencias proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, nunca han

sido resueltos y que, mediante una sentencia que calificó como

espuria y sin fundamento legal, de manera caprichosa se tiene por

acreditados los requisitos del cargo que no cumplió el inspector de

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operaciones de vuelo.

I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se ampare su derecho fundamental invocado

como vulnerado y, en consecuencia:

“[…] Solicito muy respetuosamente a la honorable corte
constitucional (sic), amparar mi derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia procediendo a la resolución de las
peticiones previo el análisis y ponderación de las pruebas y los
argumentos aquí expuestos, considerando la renuencia recurrente
de la rama judicial (sic) que sistemáticamente se sustrae al (sic)
deber de cumplir con el debido proceso mediante práctica y
valoración de las pruebas que fueron decretadas y que además
tienen la vocación de cambiar el sentido del fallo mediante una
valoración efectiva […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “C”, pese a ser

debidamente notificada del presente trámite constitucional, guardó

silencio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de amparo es

improcedente por cuanto el asunto carece de relevancia

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constitucional, toda vez que los argumentos del actor están

orientados a constituir una tercera instancia dentro del medio de

control de reparación directa, para lo cual no fue previsto el

mecanismo constitucional.

Igualmente, aseguró que no se cumplió el requisito de inmediatez,

habida cuenta que las providencias cuestionadas fueron proferidas

hace varios años y, el actor no justificó el motivo por el cual no se

interpuso la acción de tutela dentro de un plazo razonable.

I.6.2.- El JUZGADO manifestó que la actuación judicial proferida por

ese despacho no adolece de los defectos señalados en la solicitud,

por cuanto cada etapa procesal se adelantó observando el derecho

de defensa y contradicción, bajo los principios de publicidad y

celeridad.

Indicó que en el proceso se agotaron las instancias respectivas,

incluso se agotó el recurso extraordinario de revisión y, resaltó que

no es la primera vez que el actor ejerce este tipo de acciones frente

a las decisiones adoptadas.

Finalmente, aseguró que “[…] el medio de control, se adelantó bajo

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los lineamientos de las leyes sustanciales, la jurisprudencia y la

doctrina aplicables a este tipo de asuntos y se encuentra culminado

desde el 29 de abril de 2022 […]”.

I.6.3.- La SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “A” -, vinculada en

calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso,

pese a ser debidamente notificada del presente trámite

constitucional, guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 4 de abril de 2024, la SECCIÓN SEGUNDA

rechazó por improcedente el amparo solicitado, por tratarse de una

acción de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza.

Afirmó que las pretensiones de la solicitud de amparo están

encaminados a controvertir una decisión proferida dentro de una

acción de tutela, sin que se exponga la configuración de algún vicio

ritual o procedimental que hubiera trasgredido el derecho

fundamental del actor.

Sostuvo que el actor “[…] acude una vez más a la acción de tutela a

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ventilar el mismo argumento de inconformidad que ya ha sido

expuesto en varias ocasiones al juez constitucional, lo que torna

improcedente el amparo constitucional reclamado […]”.

Finalmente, concluyó que la improcedencia de la acción surge del

criterio jurisprudencial que ha reiterado la imposibilidad de acudir a

la acción constitucional para controvertir una decisión proferida

dentro de una acción de la misma naturaleza, pues de aceptarse tal

circunstancia se denigraría el principio de la seguridad jurídica y el

goce efectivo de los derechos fundamentales.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en

el escrito introductorio.

Señaló que “[…] de nada sirve que el consejo de estado (sic) haya

dado trámite a las tutelas anteriores si el fraude contenido en la

sentencia de primera instancia demandada ha permeado la órbita del

consejo de estado (sic) y se mantiene vigente y oculto en un

entramado fraudulento con apariencia de legalidad, y que en realidad

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la cosa juzgada del asunto sub lite, no es más que una mera ficción

lindante con la arbitrariedad, afectada por los defectos que se

sustentan en este memorial de impugnación […]”.

Por último, solicitó “[…] decretar lo que en derecho corresponda y

ordenar al juzgado de origen para que sobre la misma sentencia

corrija los yerros tanto fácticos como sustantivos y emita nueva

sentencia ajustada en todo al derecho en la forma que lo ordena la

carta política […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la |, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave

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lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o

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que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, el actor actuando en nombre propio, instauró

acción de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho

fundamental al acceso a la administración de justicia, el cual estima

vulnerado por la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “C” al haber

proferido la sentencia de 27 octubre de 2023, dentro de la acción

constitucional de la misma naturaleza identificada con el número

único de radicación 2023-00791-01.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración del derecho

fundamental deprecado, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad

judicial accionada trasgredió su acceso efectivo a la administración

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de justicia al declarar temeraria la solicitud de amparo formulada en

el trámite de la acción de tutela identificada con el número único de

radicación 2023-00791-01.

Manifestó que la solicitud de amparo pretendía cuestionar el defecto

fáctico en el que incurrieron el JUZGADO y el TRIBUNAL, dada la

omisión en la práctica y valoración de las pruebas determinantes en

la resolución del litigio.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante fallo de 4 de abril de 2024,

rechazó por improcedente el amparo solicitado por tratarse de una

acción de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia y, adujo que, de nada ha servido el trámite de las

anteriores acciones de tutela si, a su juicio, el fraude procesal

contenido en el proceso de origen se mantiene vigente y oculto con

apariencia de legalidad.

Precisado lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio al escrito de

impugnación y considera que el problema jurídico que debe resolver

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consiste en establecer si en el presente caso se debe confirmar,

modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo cual, en

primer lugar, se debe determinar si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN

TERCERA- SUBSECCIÓN “C” vulneró el derecho fundamental

deprecado.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en especial, el requisito de procedibilidad

adjetiva consistente en “que no se trate de tutela contra

decisión de tutela”.

Cabe resaltar que, en lo concerniente a la procedibilidad de la acción

de tutela contra providencias proferidas dentro de una acción de la

misma naturaleza, la Corte Constitucional unificó los criterios

jurisprudenciales sobre este aspecto, en la sentencia SU- 627 de

2015, en los siguientes términos:

“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y contra actuaciones de los jueces de tutelas
anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando

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Actor: ERNESTO GALVIS GÓMEZ

se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir
si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra
una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de
tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la
sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su
Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias,
que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro
juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente,
que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas
acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y
consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar,
notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la
demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y
se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en
dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de
obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional […]” (Destacado fuera del texto original).

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De acuerdo con la posición expuesta por la Corte en la sentencia

transcrita en precedencia, la regla general es la de la improcedencia

de la acción de tutela contra sentencias de tutela; sin embargo, la

jurisprudencia ha establecido como excepción a dicha regla que

cuando la sentencia sea proferida por cualquiera de los jueces o

tribunales de la República, la acción de tutela puede proceder,

siempre y cuando se logre acreditar que existió fraude y, por

tanto, que se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,

conforme lo antes expuesto.

En ese sentido, se observa que el actor tenía el deber de acreditar

que la decisión adoptada la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “C”

fue producto de una situación de fraude y, en consecuencia, que hubo

cosa juzgada fraudulenta, la cual: “[…] se predica de un proceso que

ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que

materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios

procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad

[…]”, circunstancia que no aparece demostrada dentro del presente

proceso.

En efecto, en el presente caso, el actor se limitó a reiterar los

argumentos presentados en la acción de tutela primigenia,

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manifestando nuevamente las razones por las cuales estimaba la

vulneración de sus derechos fundamentales en el curso del medio de

control de reparación directa en el que, a su juicio, le fueron

denegadas las pretensiones solicitadas, omitiendo la práctica y

valoración de las pruebas determinantes en la resolución del

problema jurídico, argumentaciones que no resultan suficientes para

demostrar que el juez de tutela incurrió en una actuación dolosa o

extremadamente negligente, que habilite al examen de fondo de la

citada providencia.

En ese sentido, sobre la necesidad de acreditar la existencia de una

situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra

sentencias proferidas dentro de una acción de la misma naturaleza,

la Corte Constitucional, en sentencia T 322 de 20196, sostuvo:

“[…] La jurisprudencia de este Tribunal permite identificar una
línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la revocatoria
de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una
exigente carga argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez
de tutela incumplió un deber básico de conducta que se
opone a los requerimientos medulares que se anudan a la
tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación
dolosa o extremadamente negligente y (ii) que la sentencia
cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta
evidentemente incorrecta, implicando además -en principio- una
afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte que esta
conclusión se desprende del análisis conjunto de las diferentes

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Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019. Expediente T-6.976.900. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.

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providencias que, de una u otra forma se han ocupado de la
materia. En adición a ello, es posible identificar un grupo de
eventos que, en principio, pueden ser considerados indicios de que
se ha configurado una situación fraudulenta.

En este sentido la parte interesada debe demostrar, con base
en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la
situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión
adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que
la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de
manera grave el patrimonio público). En este sentido, no serán de
recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o
inconformismo del solicitante por la sentencia atacada. Ese
presupuesto tiene fundamento en el principio de seguridad
jurídica y cosa juzgada constitucional […]” (Destacado fuera
del texto original).

Así las cosas, resulta evidente que la presente acción no cumple con

los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela

contra providencia judicial, ni las exigencias excepcionales previstas

para el efecto, cuando se incoan contra sentencias de la misma

naturaleza.

Consecuente con lo anterior, en la medida en que el a quo declaró

improcedente la acción de tutela de la referencia por tratarse de una

acción de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza, dicha

decisión será confirmada, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de mayo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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