Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00791-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00791-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00791-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
23 de marzo de 2023
Demandante: Ernesto Galvis Gómez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-00791-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00791-00
Demandante: ERNESTO GALVIS GÓMEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la temeridad y la
improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1. Petición de amparo constitucional
Mediante correo remitido el 8 de febrero de 20231 por la Secretaría General de
la Corte Suprema de Justicia a la Secretaría General del Consejo de Estado, el
señor Ernesto Galvis Gómez, quien actúa en nombre propio, interpuso acción
de tutela contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A; el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y, el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C.,
con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Sostuvo que dichas garantías le han sido vulneradas por las autoridades
1
Conforme se reporta en el documento 7 del expediente digital del aplicativo Samai. El
expediente inicialmente fue radicado ante la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente
mediante proveído de cúmplase del 10 de febrero de 2023, dispuso su remisión al Consejo de
Estado (documento 10, ib).
1
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Demandante: Ernesto Galvis Gómez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera y otros
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accionadas, al negarle el recurso extraordinario de revisión de los fallos
proferidos el 12 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y el 2 de diciembre de 2013 por
el Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
D.C., a través de los cuales se negaron las pretensiones dentro del medio de
reparación directa instaurado por el actor contra la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil.
En consecuencia, solicitó lo siguiente:
“1- efectuando un estudio sistemático de la prueba documental omitida (fl-40-c2),
documento p[ú]blico No.5200-14512-2012021458, en el marco de las reglas de la
sana crítica, y en el contexto de los reglamentos Aeronáuticos Colombianos, para
determinar el defecto factico expuesto en la parte motiva de este memorial.
2- Estudiar y valorar las pruebas documentales que obran legítimamente en el
plenario (fls-2t9-30-41c4) las cuales permiten demostrar que efectivamente el
actor capitán ERNESTO GALVIS, s[í] fue suspendido de sus actividades de vuelo
quedando demostrada la vía de hecho del magistrado en segunda instancia por
la falta de valoración de las pruebas decretadas y presentadas por la entidad
demandada Aeronáutica Civil.
3- Como consecuencia del resultado y valoración de las pruebas omitidas, se
proceda a decretar la nulidad de la sentencia y las demás acciones que
correspondan en derecho, conforme lo ha señalado por la corte constitucional en
la sentencia SU-477/97.”2
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos3
La parte actora sostuvo que junto con su grupo familiar4 presentaron una
demanda de reparación directa en contra de la UAE Aeronáutica Civil, con la
finalidad de que se declarara su responsabilidad por los daños y perjuicios
sufridos con la supuesta suspensión de las actividades de vuelo, al no permitirle
ejercer como instructor de vuelo de aeronaves Antonov AN-26, en virtud del
reporte contenido en el documento 51012022010027195. Este proceso se
identificó con el radicado 110013336033201200119 00/01.
Indicó que el 2 de septiembre de 2013, el Juzgado Treinta y Tres Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá dictó sentencia de primera instancia con la cual
2
Se transcribe como en el texto original.
3
Los hechos que se relatan a continuación corresponden a la revisión integran de la demanda
de tutela y de las pruebas aportadas.
4
Los señores Claudia Elmira Fajardo Gracia, María José y Juan Ernesto Galvis Fajardo. Frente
a los que, se declaró de oficio en primera instancia del proceso ordinario, en la audiencia inicial
del 10 de mayo de 2013, que carecían de legitimación en la causa por activa.
2
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negó las pretensiones de la demanda, al no encontrar probada la
responsabilidad de la mencionada unidad administrativa especial ni los daños
que se alegó como causados, pues no se logró demostrar la falla del servicio, el
nexo causal y la supuesta irregularidad cometida por la entidad demandada.
Mencionó que apeló la anterior decisión y que, a través de proveído del 12 de
mayo de 2016, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo apelado, al considerar que,
del material probatorio obrante en el plenario, se podía establecer que no se
incurrió en la falla alegada por la parte actora. A su vez, agregó:
“En la sentencia de primera instancia, a diferencia de lo señalado por el
recurrente, el a quo planteó en debida forma el problema jurídico y con
fundamentos en los medios de prueba resolvió la falla del servicio imputada
a la entidad demandada.
El A-quo valoró las pruebas debidamente aportadas, tanto documentales
como testimoniales que se allegaron al proceso, encontrándose que el
inspector del vuelo de comprobación de fecha 25 de agosto de 2010,
cumplía con los requisitos de competencia exigidos por la Aeronáutica Civil
para realizar la inspección y que el documento No. 5101 202 2010 027195,
no suspendió al demandante para ejercer su profesión como piloto,
comandante e Instructor de las Aeronaves Antonov AN 26.”5
Adujo que presentó recurso extraordinario de revisión en contra de la
providencia de segunda instancia, con fundamento en la causal 5ª de revisión
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es decir, por “existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”. Esto, al considerar que el mencionado tribunal generó una nulidad
en la sentencia por falta de aplicación del artículo 2º del Decreto 4353 de 2005
y la indebida valoración del material probatorio, pues a su juicio, el inspector de
vuelo no cumplía con las condiciones técnicas y médicas para esa labor. Este
expediente se identificó con el radicado 11001333603320120011901.
Manifestó que, mediante providencia del 27 de agosto de 2021, la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el señor Ernesto Galvis Gómez en
contra de la sentencia de 12 de mayo de 2016, proferida por la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En concreto,
en dicha providencia se indicó:
“En suma, se insiste, la Sala advierte de forma evidente que la finalidad
perseguida por los recurrentes es reabrir el debate probatorio y jurídico, para
cuestionar las conclusiones y valoraciones del juzgador de segunda
5
Se transcribe como en el texto original.
3
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instancia, lo cual está vedado por la naturaleza extraordinaria del recurso de
revisión.
…
Tampoco se acreditó que la sentencia hubiera restringido o vulnerado los
derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva del recurrente. Por
el contrario, se insiste, el propósito que se persigue con este recurso es surtir
una especie de tercera instancia, para controvertir las conclusiones
contenidas en la sentencia de segundo grado y la valoración probatoria
realizada en ésta.
Finalmente, advierte la Sala que el Tribunal de segunda instancia sí valoró el
acervo probatorio, y estudió cada una de las imputaciones formuladas por el
capitán Galvis Gómez en contra de la Aeronáutica Civil, para concluir que el
documento 51012022010027195 no suspendió al demandante para ejercer
su profesión como piloto y, de otra parte, que el capitán Luis Eduardo
Caicedo se encontraba habilitado para realizar la labor de inspector de vuelo.
En esa perspectiva, lo que en últimas controvierte el recurrente es la
hermenéutica contenida en la decisión de segunda instancia, para lo cual
tendría esta Sala que entrar a definir si la aplicación del artículo 2º del
Decreto 4353 de 2005 era absolutamente indispensable para la solución del
caso concreto, y si el capitán Luis Eduardo Caicedo estaba o no capacitado -
técnica y médicamente- para realizar la labor de inspector de vuelo del
Antonov AN-26, aspectos que, se reitera, desbordan la competencia del juez
extraordinario de revisión, puesto que éste no está diseñado para cuestionar
la validez del análisis de los jueces de instancia.”6
Esta decisión se notificó vía electrónica el 7 de octubre de 2021.
Resaltó que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá con auto del “2 de mayo de 2022”7, notificado por estado en la misma
fecha, aprobó la liquidación de costas.
3. Sustento de la vulneración
La parte actora sostuvo que con la sentencia de primera instancia dictada en el
proceso ordinario se configuró un defecto fáctico por la “conclusión
contraevidente y por la falta de valoración de la prueba determinante que obra a
(fl-40-c2), lo que condujo a concluir que el inspector asignado capitán LUIS
EDUARDO CAICEDO, s[í] cumplía con todos los requisitos de competencia
exigidos por la Aeronáutica Civil, para fungir en la inspección de un vuelo de
6
Se transcribe como en el texto original. Y subrayado fuera del texto original.
7
Consultado el expediente ordinario, se advierte que tal decisión se dictó el 29 de abril de 2022.
Y se notificó por estado el 2 de mayo de 2022.
4
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comprobación de aeronave tipo ANTONOV-26 en la fecha 25 de agosto de
2010.”
Refirió que dicho despacho judicial incurrió en un defecto “fáctico sustantivo
(sic)” porque se apoyó en un auto que fue revocado por el Ministerio Público, y
que el aludido juzgado también lo “revictimizó” con la decisión con el cual se
aprobó la liquidación de costas.
Agregó que, por su parte, el Tribunal demandado al confirmar la decisión del a
quo, también incurrió en un defecto de igual naturaleza por la “…conclusión
contraevidente…por la defectuosa valoración del material probatorio, y por la
falta de valoración de la prueba determinante obrante a (fl-40-c2) que habiendo
(sic) sido decretada no fue objeto de valoración tanto en primera como en la
segunda instancia, a pesar de que se solicitó taxativamente dentro del memorial
de alegatos de conclusión al magistrado estudiar la prueba determinante que de
haberse valorado en el marco de la sana crítica, el resultado sería la falta de
competencia del inspector asignado.”
Adujo que, la subsección acusada del Consejo de Estado al resolver el recurso
extraordinario de revisión, con el cual, solicitó la “falta de aplicación del
ordenamiento jurídico que regula la materia del litigio”, omitió el estudio
solicitado que consistía en averiguar si efectivamente en las sentencias de
primera y segunda instancia se había omitido la aplicación del ordenamiento
jurídico que regula la materia del litigio y, si estaban justificadas o no las normas
jurídicas que sirvieron de apoyo para fundar la sentencia recurrida. También
cuestionó la demora para resolver de esta autoridad judicial.
4. Trámite de la solicitud de tutela
Mediante auto del 16 de febrero de 2023 se admitió la solicitud de amparo. En
consecuencia, se dispuso la notificación como demandados de: los magistrados
que integran la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así
como, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y del juez Treinta y Tres Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Bogotá D.C.
A su vez, se dispuso la comunicación de los señores Claudia Elmira Fajardo
Gracia, María José y Juan Ernesto Galvis Fajardo, quienes también formaron
parte demandante en el proceso de reparación directa objeto de esta acción, en
calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, así como al director
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
4.1. Intervención posterior de la parte actora
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Con escrito remitido vía electrónica el 23 de febrero de 20238, el accionante
sostuvo que, en aras de colaborar al magistrado con el estudio que corresponde
y por ser “una materia especial y compleja, quizás ajena a su conocimiento”,
procedía a señalar “en forma breve los elementos de juicio que permiten
entender fácilmente el defecto fáctico que soporta y se sustenta en la presente
acción de tutela”, así:
“PRIMERO: Para entender el defecto f[á]ctico por la conclusión
contraevidente de la primera instancia, ponga dicha conclusión frente a las
siguientes pruebas:
Conclusión: (fl-40 de pruebas)
a). Lea las disposiciones del Reglamento Aeronáutico,” Manual del Inspector
de Operaciones” (fl-87-88de pruebas) numeral 2.3.3 literales a) y b)
requisitos para los inspectores de operaciones.
…
Después de leer cuidadosamente estas pruebas documentales, aplicando las
reglas de la experiencia, la lógica, la sana crítica y las normas legales que
regulan la materia entenderá probado el defecto f[á]ctico por una conclusión
contraevidente, que anula todas las actuaciones agotadas.”
Asimismo, solicitó lo siguiente:
“SOLICITUD:
Solicito muy respetuosamente al honorable magistrado tener en cuenta para
su estudio el contenido del presente memorial, y solicitar aclaración de
cualquier elemento que ofrezca duda sobre la materia para la toma de
decisiones, para lo cual estaré atento y dispuesto de conformidad con las
disposiciones del Art. 167 del CGP, para colaborar con la carga de la prueba,
dada mi experiencia y conocimiento dela materia que se demuestra en 38
años de profesión como piloto Aviador, y con el firme propósito de hacer
valer mis derechos fundamentales.
De ser necesario se solicita respetuosamente al honorable magistrado, de
oficio pedir al juzgado 33 administrativo de Bogotá, la copia de las pruebas
determinantes obrantes en el cuaderno numero dos (Fl-40c2) y las pruebas
documentales obrantes en el cuaderno n[ú]mero cuatro (fls-29-30-41-c4),
para constatar la legitimidad de la prueba
Se solicita responder el interrogante si se pueden dar por acreditadas las
decisiones de la rama judicial en este caso particular ,cuando aseveran que
el Inspector LUIS EDUARDO CAICEDO, cumplía con todos los requisitos
legales para la actuación el día 25 de agosto de 2010, estando probado , que
no contaba con una licencia de piloto VIGENTE, y no contaba con la
8
Documento 20 del expediente Samai.
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habilitación de vuelo en la aeronave utilizada tipo ANTONOV-AN-26, y como
tal no cumplía con las disposiciones vigentes que exige el Reglamento
Aeronáutico Colombiano.
NOTA IMPORTANTE: Se solicita de manera prominente examinar la
conclusión del a quo (fl-40 de pruebas) en la que admite: que “no est[á]
demostrado que un inspector de operaciones de vuelo requiera de un
certificado de aptitud psicofísica para el ejercicio de sus funciones de
inspector a bordo de las Aeronaves”. Esta conclusión contraevidente
permitiría que un inspector con esquizofrenia o con cualquier discapacidad
mental podría ejercer el cargo de inspector de operaciones, al no requerir del
certificado médico Aeronáutico como lo asevera el juez en su sentencia.”9
5. Contestaciones
Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes
intervenciones:
5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al
considera que el amparo deprecado incumple los requisitos generales de
relevancia constitucional e inmediatez para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
Hizo referencia al contenido de su decisión, para luego considerar que la tutela
interpuesta por el accionante no cumple con la carga argumentativa mínima
exigida por la jurisprudencia, pues el demandante se limitó a reiterar los
argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y en la demanda de revisión extraordinaria, concretamente la
inconformidad con la valoración probatoria que efectuaron las autoridades
judiciales del proceso ordinario, a quienes, a través de la demanda de tutela, les
atribuye exclusivamente las conductas causantes de la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.
Agregó que, además la solicitud de amparo tampoco cumple con el presupuesto
de la inmediatez, en razón a que la sentencia de 27 de agosto de 2021 se
notificó el 7 de octubre de 2021 y la demanda de tutela se presentó el 8 de
febrero de la presente anualidad, superando ampliamente el plazo razonable
establecido por vía jurisprudencial de seis meses, a partir del hecho que originó
la presunta vulneración del derecho fundamental.
9
Se transcribe como en el texto original.
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5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, al
considerar que no cumple ni con la relevancia ni con la inmediatez, así:
Sostuvo que el escrito de tutela no se sustenta en la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, sino por el contrario, se orienta a
controvertir los argumentos de la providencia del 12 de mayo de 2016, mediante
la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, en el sentido de negar las
pretensiones de la demanda, para que en sede de tutela se deje sin efectos.
Añadió que, en ese orden de ideas: i) no se trata en el presente caso, de
cuestionar la legalidad de la sentencia proferida el 12 de mayo de 2016; ii) lo
que se está discutiendo es, si la decisión judicial afecta, amenaza o viola los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante; por consiguiente, el
Despacho consideró que, este caso no tiene relevancia constitucional y, por
tanto, no se cumple este requisito.
Indicó que la sentencia objeto de cuestionamiento fue dictada el 12 de mayo de
2016 y se notificó electrónicamente el 25 de mayo del mismo año, en tanto que
la demanda de tutela se presentó el 13 de febrero de 2023, es decir, más de 6
años después, sin que se acreditara una situación especial que permitiera
flexibilizar o inaplicar el termino de 6 meses, por lo que es evidente que no se
cumple con el requisito de la inmediatez.
Anotó que, mediante proveído del 27 de agosto de 2021, el Consejo de Estado
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor
Ernesto Galvis Gómez en contra de la sentencia del 12 de mayo de 2016
proferida por esta Corporación, de manera que, aunque se tuviera en cuenta
esta decisión, es claro que, a la fecha transcurrió un término superior a seis (6)
meses, lo que denota que se ejerció por fuera del término prudencial
referenciado. En cuanto al defecto alegado, resaltó:
a) Se acreditó que el inspector de vuelo designado el 25 de agosto de 2010, por
la entidad demandada cumplió con los presupuestos exigidos para la función
que desempeñó: Lo anterior, se demostró a partir de verificar: i) los requisitos
exigidos por el Manual de Procedimientos para la Inspección, Certificación y
Supervisión de las Operaciones DOC 8335 AN/897 de la Organización de
Aviación Civil Internacional; ii) las licencias del inspector de seguridad, como
piloto de transporte, instructor de tierra en especialidades aeronáuticas,
instructor de vuelo y piloto comercial, certificadas por la Aeronáutica Civil; iii) la
declaración de testimonio del inspector de vuelo, en donde refiere experiencia
en aeronaves con características operativas similares; y iv) la investigación
adelantada por la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá, en donde se
concluyó que el investigado, sí tenía la competencia para realizar la inspección.
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b) No se demostró que el informe que se emitió con ocasión del vuelo de
comprobación de fecha 25 de agosto de 2010, suspendiera al demandante para
ejercer su profesión como piloto: teniendo en cuenta que: i) no se demostró que
la comunicación suscrita por el Secretario de Seguridad Aérea de la
Aeronáutica Civil, sancionara al señor Ernesto Galvis como piloto o instructor de
las Aeronaves Antonov AN-26, sino que le informaba a la Empresa Aercaribe
S.A., las deficiencias que se encontraron en la inspección de vuelo para que
fueran subsanadas; y ii) se acreditó que las causas de terminación del contrato
del señor Ernesto Galvis, por parte de esta última empresa fueron ajenas al
informe del vuelo de comprobación.
5.3. Juez Treinta y Tres Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C.
Este despacho judicial aportó el enlace virtual del expediente ordinario.
5.4. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Esta entidad sostuvo que el proceso judicial materia de debate, se encuentra
totalmente concluido y en consecuencia las acciones impetradas por el
accionante resultan abusivas, es decir, excesivas con la administración de
justicia.
Destacó que el convocante desde el mes de mayo de 2016, fecha de emisión
de la sentencia de segunda instancia, la que pone fin al proceso y hasta la
presente fecha, ha acudido en reiteradas oportunidades no solo a acciones de
tutelas de manera frecuente sino a quejas ante la Procuraduría General de la
Nación, haciendo uso de esta herramienta con la finalidad de que se adopte
una decisión contraria. Al respecto, citó los siguientes expedientes de amparo
que ha promovido el actor:
a. Acción de tutela fallada el 28 de mayo de 2015 por el Consejo de Estado,
Sección Primera, con ponencia de la Dra. María Elizabeth García
González, expediente 2015-00763-00 con fallo de rechazo por
improcedencia.
b. Fallo del 23 de septiembre de 2015 mediante el cual el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente 11001-03-15-000-
2015-00763-01, ponencia del Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, resuelve
modificar la sentencia del 28 de mayo de 2015, en el sentido de denegar
el amparo constitucional solicitado.
c. Fallo de tutela emitido por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
radicación 11001-03-15-000-2015-01715-00, negó la solicitud de tutela
del 27 de agosto de 2015, con ponencia del Dr. Alberto Yepes Barreiro.
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d. Fallo de tutela presentada ante el Consejo de Estado, Sección Primera,
expediente 11001-03-15-000-2015-01715-01, del 22 de octubre de 2015
con ponencia del Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés donde resuelve
revocar el fallo del 27 de agosto de 2015 proferido por la Sección Quinta
y en su lugar rechazar por improcedente el amparo constitucional
solicitado.
e. Fallo de tutela del Consejo de Estado radicación 11001-03-15-000-2016-
01711-00 que niega las pretensiones de tutela del 30 de agosto de 2016,
con ponencia del magistrado Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
f. Fallo de tutela del Consejo de Estado, Sección Quinta, expediente
11001-03-15-000-2016-01711-01, con ponencia de la Dra. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez del 14 de octubre de 2016, donde
confirma la sentencia del 30 de agosto de 2016, por medio de la cual la
Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la
acción de tutela.
g. Fallo de tutela presentada ante el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
radicación 11001-03-15-000-2016-03303-00, del 09 de marzo de 2017,
con ponencia del Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas donde se
deniega por improcedente el amparo solicitado por el Señor Ernesto
Galvis Gómez.
h. Fallo de tutela del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicación 11001-
03-15-000-2016-03303-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno
Rubio, con fecha de 1 de junio del 2017, que modifica la sentencia del 9
de marzo de 2017, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que negó por improcedente el amparo deprecado, para en su
lugar, declarar la temeridad.
i. Fallo de tutela presentada ante el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, radicación
11001333603420170038800, con fecha de 22 de enero del 2018, donde
se declaró la ocurrencia del hecho superado.
Refirió que el convocante ha acudido ante la Procuraduría General de la Nación
para presentar quejas, las que han concluido con los siguientes
pronunciamientos:
a. Fallo proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia
Administrativa de Bogotá, dentro del radicado IUS 2011-253521 IUC-
2012-120-425401 del 11 de agosto de 2015, mediante el cual se
resuelve recurso de apelación en contra del auto de archivo, confirmando
la decisión de archivo definitivo.
10
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Demandante: Ernesto Galvis Gómez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-00791-00
b. Fallo proferido por la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá, dentro
del radicado IUS 2014-179840 del 26 de febrero de 2016, mediante el
cual se ordenó la terminación de la actuación y en consecuencia el
archivo.
5.5. Respecto de los señores Claudia Elmira Fajardo Gracia, María José y Juan
Ernesto Galvis Fajardo, el 16 de febrero de 2023, la Secretaría General del
Consejo de Estado emitió la siguiente constancia:
“En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil veintitrés
(2023), se deja constancia que en cumplimiento del numeral tercero del auto
de fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023), se procede a
realizar la revisión del medio de control de reparación directa con radicado
No. 11001-33-36-033-2012-00119-00/011, con el fin de notificar a los
señores Claudia Elmira Fajardo Gracia, María José y Juan Ernesto Galvis
Fajardo; vinculados como terceros con interés por ser parte de los
demandantes del proceso en cuestión, sin embargo, no se encontró
información de dirección de notificación y de su participación, asimismo en
providencia emitida por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá,
de fecha 2 de diciembre de 2013, vista a folio 222, en el acápite 2.4.1 del
numeral 2.4 Legitimación de la causa se indica: (…”Se destaca que en la
audiencia inicial se declaró de oficio la falta de legitimación en la causa
activa de las señoras MARÍA JOSÉ GALVIS FAJARDO y CLAUDIA ELMIRA
FAJARDO GRACIA, esta última quien actuaba en nombre propio y en
representación de su hijo menor JUAN ERNESTO GALVIS FAJARDO , toda
vez que no se acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad frente
a éstos…”, asimismo se constata que en las instancias posteriores no se
vinculan.”
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
2. Cuestiones previas
2.1. Intervención posterior del accionante:
La parte accionante presentó un memorial después de admitida la solicitud de
tutela con el cual pretendió “colaborar” en la labor del magistrado ponente, al
tiempo que efectuó una serie de solicitudes de pruebas y actuaciones.
Al respecto, la Sala considera que luego de la admisión de la demanda de
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amparo, no son admisibles intervenciones como la que pretende hacer valer el
actor, en aras de no afectar los derechos de defensa y contradicción de la
contraparte.
2.2. Delimitación de las providencias demandadas:
Antes de desarrollar los aspectos que darán respuesta a los problemas jurídicos
planteados, para la Sala es importante precisar que el análisis de lo alegado por
la parte demandante se enfocará en las siguientes providencias:
a) El proveído del 12 de mayo de 2016, con el que la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo
de primera instancia del 2 de septiembre de 2013, del Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la
demanda.
El estudio recaerá sobre la de segunda instancia, puesto que, se entiende que,
contra la que profirió el a quo el actor tuvo a su disposición el recurso de
apelación, el cual presentó y, además, corresponde a la que le puso fin a la
controversia ordinaria.
b) La providencia del 27 de agosto de 2021, por la cual, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el señor Ernesto Galvis Gómez en
contra de la sentencia de 12 de mayo de 2016.
c) El auto del 29 de abril de 2022, por el cual el juzgado de primera instancia,
aprobó la liquidación de costas que, a juicio del actor, lo revictimizó.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si frente a las providencias dictadas en el
proceso ordinario y con el actuar del demandante se configura la temeridad.
De igual manera, respecto de la decisión del recurso extraordinario de revisión y
el auto que fijó costas, se analizará si se cumplen los presupuestos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, si
con las decisiones demandadas se vulneraron los derechos fundamentales
puesto que, en el proceso ordinario no se accedió a sus pretensiones
indemnizatorias y, porque el recurso extraordinario de revisión promovido por el
actor se declaró infundado.
12
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4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10, mediante el
cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11, conforme al
cual:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el
de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales,
no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se
ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí
que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.”12.
La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.
Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia13 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
10
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
12
Ibidem.
13
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la
Corte Constitucional.
13
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(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).
En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de
tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no
se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de
los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia, en
consonancia con la delimitación de las providencias demandadas señalada en
el acápite 2.2., así:
5. Reparos frente a la decisión de segunda instancia dictada en el proceso
de reparación directa. Temeridad
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra la figura jurídica de la
temeridad en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:
“Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
La Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para declarar la
ocurrencia de esta figura, así: “(i) identidad fáctica y de derechos invocados en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la
otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su
14
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Rad: 11001-03-15-000-2023-00791-00
representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación
para interponer la nueva acción”14.
El alto tribunal constitucional precisó que la verificación de este último requisito
se deriva de la prohibición general para que se presente un nuevo
pronunciamiento por parte del juez constitucional sobre un asunto que guarde
identidad jurídica con otro que haya sido decidido, pues la sentencia
ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada.
Esta Sala de Decisión15 ha precisado que la actuación temeraria tiene una
relación directa con el principio constitucional de la buena fe, prescrito en el
artículo 83 de la Constitución Política, por lo tanto, cuando se obra
temerariamente se vulnera este principio, en la medida en que, para satisfacer
un interés particular, el actor instaura deliberadamente y sin un motivo válido,
una nueva acción de tutela y como la buena fe se presume en todas las
actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas, corresponde al
juez de tutela demostrar su existencia mediante un análisis profundo de las
pretensiones de las demandas, de los hechos y de los derechos en que éstas
se fundan16.
Frente a la coexistencia de las figuras jurídicas de la temeridad y la cosa
juzgada constitucional ha expresado la Corporación de cierre en materia de
derechos fundamentales:
“La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo
asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en
las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto
decidido previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan
razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada,
pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone
una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa
manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y
iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de
ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes
de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna
haya hecho tránsito a cosa juzgada”17
De igual manera, se advierte que la unidad administrativa especial vinculada
con su intervención presentó un listado de acciones de tutela que ha promovido
14
Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la Sentencia T-151 de 2010.
15
Sentencia del 23 de mayo de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-00813-00, con
ponencia de la Dra. Rocío Araújo Oñate.
16
Posición que ha sido adoptada por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-
308 y T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012.
15
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Demandante: Ernesto Galvis Gómez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-00791-00
el demandante por similares hechos y fundamentos, así como de las quejas
ante la Procuraduría General de la Nación por los mismos motivos.
Así, lo anterior se corrobora con la información que se observa en el aplicativo
Samai los siguientes procesos:
“…[1. La presente acción de tutela 11001031500020230079100]
…[2. Recurso extraordinario de revisión 11001333603320120011901]
3 11001031500020160330301 ACCIONES DE TUTELA - Ingreso: 17/05/2017
• Vigente: NO
Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Demandante: ERNESTO GALVIS GOMEZ
Demandado: JUZGADO TREINTA Y TRES (33.) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA
Asunto: IMPUGNACION CONTRA LA PROVIDENCIA DE 9 DE MARZO DE
2017, PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO SECCION...
4 11001031500020160330300 ACCIONES DE TUTELA - Ingreso: 08/05/2017
• Vigente: NO
Ponente: MILTON CHAVES GARCIA
Demandante: ERNESTO GALVIS GOMEZ
Demandado: JUZGADO TREINTA Y TRES (33.) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA
Asunto: ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA DECRETO 1382,
CONTRA EL JUZGADO TREINTA Y TRES (33°) ADMINISTRAT...
5 11001031500020160171101 ACCIONES DE TUTELA - Ingreso: 28/09/2016
• Vigente: NO
Ponente: LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ
Demandante: ERNESTO GALVIS GOMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
TERCERA SUBSECCION B (sic)
Asunto: IMPUGNACION CONTRA LA PROVIDENCIA DE 30 DE AGOSTO DE
2016, PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO SECCIO...
6 11001031500020160171100 ACCIONES DE TUTELA - Ingreso: 14/06/2016
• Vigente: NO
Ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS
Demandante: ERNESTO GALVIS GOMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
TERCERA SUBSECCION B (sic)
Asunto: ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA DECRETO 1382,
CONTRA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA...
7 25000233600020150212101 ACCIONES DE TUTELA - Ingreso: 29/10/2015
• Vigente: NO
Ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ
Demandante: ERNESTO GALVIS GOMEZ
16
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Demandante: Ernesto Galvis Gómez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-00791-00
Demandado: JUZGADO TREINTA Y TRES (33) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA
Asunto: IMPUGNACION CONTRA LA PROVIDENCIA DE 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2015, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRAT...
8 11001031500020150171501 ACCIONES DE TUTELA - Ingreso: 17/09/2015
• Vigente: NO
Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
Demandante: ERNESTO GALVIS GOMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
TERCERA SUBSECCION B (sic)
Asunto: IMPUGNACION CONTRA LA PROVIDENCIA DE 27 DE AGOSTO DE
2015, PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO SECCIO...
9 11001031500020150076301 ACCIONES DE TUTELA - Ingreso: 20/08/2015
• Vigente: NO
Ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO
Demandante: ERNESTO GALVIS GOMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
TERCERA SUBSECCION B (sic)
Asunto: IMPUGNACION CONTRA LA PROVIDENCIA DE 28 DE MAYO DE
2015, PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO SECCION...
10 11001031500020150171500 ACCIONES DE TUTELA - Ingreso: 26/06/2015
• Vigente: NO
Ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO (E )
Demandante: ERNESTO GALVIS GOMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
TERCERA SUBSECCION B (sic)
Asunto: ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA DECRETO 1382,
CONTRA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA...
11 11001031500020150076300 ACCIONES DE TUTELA - Ingreso: 25/03/2015
• Vigente: NO
Ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Demandante: ERNESTO GALVIS GOMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
TERCERA SUBSECCION B (sic)
Asunto: ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA DECRETO 1382,
CONTRA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA...” (sic)
Así, para el caso en particular, se observa lo siguiente:
Con la acción de tutela de la referencia, el actor cuestionó que el Tribunal
demandado al confirmar la decisión del a quo incurrió en un defecto de igual
naturaleza por la “…conclusión contraevidente…por la defectuosa valoración
del material probatorio, y por la falta de valoración de la prueba determinante
obrante a (fl-40-c2) que habiendo (sic) sido decretada no fue objeto de
valoración tanto en primera como en la segunda instancia, a pesar de que se
17
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solicitó taxativamente dentro del memorial de alegatos de conclusión al
magistrado estudiar la prueba determinante que de haberse valorado en el
marco de la sana crítica, el resultado sería la falta de competencia del inspector
asignado.”
a) En la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2016-03303-00/01
(numeradas con 3 y 4, en la cita anterior):
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante fallo del 1° de junio de
2017, promovida por el actor Ernesto Galvis Gómez en contra del juzgado y
tribunal que conocieron del proceso ordinario, contra las mismas providencias,
así como, por la misma causa y objeto18, ya tuvo oportunidad de pronunciarse
acerca del actuar temerario del accionante. En dicha ocasión, el actor demandó:
“El señor Ernesto Galvis Gómez, actuando en nombre propio, ejerció acción de
tutela… con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, que consideró vulnerado con ocasión de la providencia del 2 de
diciembre de 2013, proferida por el Juzgado 33 Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá, la cual fue confirmada en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en
sentencia del 12 de mayo de 2016, dentro del proceso de reparación directa que
inició en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.”
Y se decidió:
“PRIMERO: Modifícase la sentencia del 9 de marzo de 2017, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó por improcedente el amparo
deprecado, para en su lugar, declarar la temeridad, por las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Adviértase al señor Ernesto Galvis Gómez que se abstenga de
presentar otras acciones de tutela por los mismos hechos, so pena de incurrir en
las sanciones a que haya lugar por temeridad.
…” (subrayado fuera del texto original)
En esta ocasión, se verificó la concurrencia de los presupuestos exigidos, de la
siguiente manera:
“…el actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales por los mismos
sucesos en el proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2016-01711-00,
18
“(i) Identidad fáctica en relación con la acción de tutela presentada previamente: Al respecto,
se observa que los hechos en que se sustentaron ambas tutelas son idénticos, puesto que en
las dos acciones se debate la presunta vulneración de los derechos fundamentales del actor a
raíz del informe que rindió el Capitán Luis Eduardo Caicedo Jiménez, en calidad de inspector de
seguridad aeronáutica del vuelo de comprobación que se llevó a cabo el 25 de agosto de 2010,
quien en sentir del actor, no reunía las condiciones necesarias para ocupar tal cargo.”
18
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trámite en el que esta misma Sección con providencia del 14 de octubre de
2016, confirmó la sentencia del 30 de agosto de 2016, por medio de la cual la
Sección Cuarta de esta Corporación negó las pretensiones reclamadas por el
tutelante.
En este orden de ideas, resulta necesario verificar si en efecto, concurren los
presupuestos exigidos para que se configure este fenómeno jurídico:
(i) Identidad fáctica en relación con la acción de tutela presentada previamente:
Al respecto, se observa que los hechos en que se sustentaron ambas tutelas son
idénticos, puesto que en las dos acciones se debate la presunta vulneración de
los derechos fundamentales del actor a raíz del informe que rindió el Capitán
Luis Eduardo Caicedo Jiménez, en calidad de inspector de seguridad
aeronáutica del vuelo de comprobación que se llevó a cabo el 25 de agosto de
2010, quien en sentir del actor, no reunía las condiciones necesarias para
ocupar tal cargo.
Ahora bien, en cuanto a los derechos fundamentales invocados también existe
identidad, pues siempre se procura el amparo al debido proceso, pese a que en
la primera tutela se incluyó el estudio del derecho de acceso a la administración
de justicia.
(ii) Identidad de demandante: Se encuentra que hay identidad también sobre
este punto, pues las peticiones de amparo fueron presentadas por el señor
Ernesto Galvis Gómez.
(iii) Identidad del sujeto accionado: Sobre el particular, cabe resaltar que el actor
aseguró que la primera tutela estaba dirigida a cuestionar la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mientras que
en el asunto sub judice su reproche se enfoca en debatir el proveído proferido
por el Juzgado 33 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá.
En atención al material probatorio allegado, esta Judicatura advierte que no es
acertado tal argumento, pues lo cierto es que las tutelas objeto de comparación
fueron presentadas en uno y otro caso contra las decisiones proferidas por las
referidas autoridades judiciales. Lo señalado, comoquiera que el fallo de primera
instancia, objeto de la presente tutela, fue confirmado por el ad quem cuando
decidió el recurso de alzada, conformando de esta forma, una unidad material
entre tales operadores juridiciales, en el sentido de que cualquier decisión que
se tome en torno a alguna providencia tendrá efectos también para la otra.
Tanto es así que, el actor en la primera tutela que presentó solicitó: “PRIMERO:
Revocar la sentencia proferida por el tribunal administrativo de Cundinamarca
sección tercera subsección A, en la fecha 12 de mayo de 2016. Así como la
sentencia proferida por el juzgado 33 administrativo de Bogotá en la fecha 2 de
diciembre de 2013…” (Negrilla fuera de texto original), y ahora invoca un defecto
fáctico con fundamento en unas pruebas documentales que ya fueron objeto de
pronunciamiento por parte del Tribunal censurado.
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Así las cosas, se encuentra que existe también identidad en este ítem, a pesar
de que el accionante enfoque la actual petición de amparo contra la providencia
proferida por el a quo del proceso ordinario.
(iv) Falta de justificación para interponer la nueva acción: Finalmente, se
evidencia que el tutelante no expuso las razones por las cuales radicó
nuevamente una solicitud de tutela por el mismo contexto, ni tampoco existe
prueba en el plenario que demuestre que el hecho generador de la presunta
vulneración haya variado, toda vez que los proveídos dictados en el proceso
ordinario continúan siendo los mismos, sin que se observen situaciones
adicionales que permitan hacer un nuevo estudio constitucional de los mismos.
De otro lado, se revela de la lectura del escrito tutelar que el actor realizó la
siguiente afirmación:
“Declaro bajo la gravedad de juramento que sobre los hechos presentados
en la presente solicitud de tutela no se ha tramitado ninguna otra tutela,
dejando claro que sobre la sentencia demandada presenté solicitud de tutela
el día 8 de septiembre del 2015 pero esta fue declarada improcedente por
encontrarse en trámite la segunda instancia, la cual profirió el fallo el 12 de
mayo de 2016 confirmando la decisión de la primera instancia razón por la
que continua persistente la violación demandada”.
Del citado texto, se desvirtúa la buena fe del actor al momento de presentar la
presente demanda, debido a que en su juramento puso en conocimiento la
existencia de una solicitud de amparo diferente a la identificada con radicación
2016-01711-00, la cual guarda identidad jurídica con la actual, como quedó
demostrado anteriormente.
Esto, conforme a los datos obtenidos de la consulta del proceso objeto de
comparación en la página web del Consejo de Estado, con los cuales se puede
acreditar que i) la acción de tutela se radicó y repartió al despacho sustanciador
el 14 de junio de 2016 y, ii) la providencia proferida por esta Sala el 14 de
octubre de 2016 que confirmó la sentencia del 30 de agosto de 2016, por medio
de la cual la Sección Cuarta de esta Corporación negó las pretensiones
invocadas, fue notificada al accionante por correo electrónico el día 21 de
octubre de 2016.
Como se ve, el accionante al momento de ejercer esta petición –9 de noviembre
de 2016–, utilizó de manera inapropiada este mecanismo de protección, toda vez
que intenta conseguir el reparo de los perjuicios que presuntamente le ocasionó
la Aeronáutica Civil mediante el amparo constitucional, incluso consciente de que
ya existía un pronunciamiento en sede de tutela sobre las mismas
circunstancias, situación que atenta contra los postulados de la seguridad
jurídica y la cosa juzgada inherentes a este mecanismo excepcional de
protección de los derechos fundamentales.
Deriva de lo dicho que, en el asunto bajo estudio se presenta la figura de
temeridad, en la medida en que es evidente que sí existe una identidad jurídica
entre la tutela de la referencia y la resuelta dentro del expediente 2016-01711-
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00, y en virtud de que la parte actora señaló la existencia de otra solicitud de
amparo diferente a la que había presentado por última vez y que había sido
concluida pocos días antes de que radicara la acción objeto de
pronunciamiento.” (subrayado fuera de texto)
Conforme con la cita expuesta, se advierte que la parte actora con la acción de
tutela invocó un defecto fáctico con fundamento en unas pruebas documentales
que ya fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal censurado,
relativo al informe que rindió el capitán Luis Eduardo Caicedo Jiménez, en
calidad de inspector de seguridad aeronáutica del vuelo de comprobación que
se llevó a cabo el 25 de agosto de 2010, quien en sentir del actor, no reunía las
condiciones necesarias para ocupar tal cargo.
A su vez, se observa que, con la demanda de la referencia invocó la
configuración de un defecto fáctico basado en la defectuosa valoración del
material probatorio, y por la falta de valoración de la prueba determinante que
obra a (fl-40-c2), lo que, a su juicio, condujo a concluir que el inspector
asignado capitán Luis Eduardo Caicedo, s[í cumplía con todos los requisitos de
competencia exigidos por la Aeronáutica Civil, para fungir en la inspección de
un vuelo de comprobación de aeronave tipo Antonov-26 en la fecha 25 de
agosto de 2010.
Así las cosas, para la Sala se configura la temeridad puesto que existe
identidad jurídica entre la tutela de la referencia y la resuelta dentro del
expediente 11001-03-15-000-2016-03303-00/01, pues se verificó que se
encuentran acreditados los siguientes elementos: i) identidad fáctica en relación
con la acción de tutela presentada previamente, ii) así como la identidad de las
partes accionante y demandadas y; iii) la falta de justificación para interponer la
nueva acción de tutela (la de la referencia). Y se reitera que la decidida con
radicado 11001-03-15-000-2016-03303-00/01, a su vez, se encontró con la
misma identidad jurídica que la promovida por el actor con el radicado 11001-
03-15-000-2016-01711-00/01.
b) En el expediente 11001-03-15-000-2016-01711-00/01 (con números 5 y 6 en
cita anterior), el actor demandó:
“El actor ERNESTO GALVIS GÓMEZ, en nombre propio, presentó acción de
tutela el 10 de junio de 2016… en la que solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración justicia, los
cuales consideró vulnerados con la providencia de 12 de mayo de 2016,
proferida por la Sección Tercera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Treinta y Tres Oral del Circuito Judicial de Bogotá.”
Y el problema jurídico consistió en:
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“De acuerdo con los argumentos plasmados en el escrito de impugnación,
corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca la decisión de primera
instancia, que negó la protección de los derechos fundamentales invocados, al
considerar que, contrario a lo alegado por el actor, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección tercera, Subsección A, sí valoró las pruebas allegadas al
expediente y, con base en estas efectuó un análisis que la Sala estima
razonable. Y en tal sentido, habrá que establecer si, en efecto, los fallos
atacados incurrieron o no en los defectos fáctico y sustantivo que se le endilgan.”
Al respecto, se observa que lo decidido en esta demanda de tutela fue objeto de
análisis para la verificación de la configuración de la temeridad que se declaró
en el proceso anterior, esto es, en el 11001-03-15-000-2016-03303-00/01.
c) En la acción de tutela 25000-23-36-000-2015-02121-01, el accionante
cuestionó:
“En el caso concreto, el señor Galvis Gómez solicitó que se le ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, que consideró vulnerados por el Juzgado 33 Administrativo Oral de
Bogotá, con la expedición de la sentencia de 2 de diciembre de 2013, dentro del
proceso de reparación directa que adelantó contra la UAE Aeronáutica Civil, con
No. de Radicado 2012-00119-00. En consecuencia, pidió:
“[…]
“Al tribunal administrativo de Cundinamarca (Sic) de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 8 del Decreto 2591/91, como mecanismo
transitorio, y de conformidad (Sic) con lo dispuesto en la jurisprudencia del
Consejo de Estado solicito DECRETAR LA NULIDAD DE LA SENTENCIA
OBJETO DE LA TUTELA, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta solicitud y lo que se desprende de las pruebas allegadas y solicitadas, a
fin de evitar que se toma una decisión de fondo en segunda instancia […]”
(subrayado fuera del texto)
En esta oportunidad, el actor demandó solo la sentencia de primera instancia y
el ad quem confirmó la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, al considerar que el
demandante contaba “con todo el trámite de la segunda instancia, el cual se
surte con ocasión de su apelación…”.
d) En la acción de tutela 11001-03-15-000-2015-01715-00/01, el actor indicó:
“Con escrito radicado el 25 de junio de 2015…en la Secretaría General de
esta Corporación, el señor Ernesto Galvis Gómez, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” con el fin de que le sea
amparado su derecho fundamental al debido proceso.
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Tal derecho lo consideró vulnerado con ocasión de la providencia de 4 de
junio de 2015 proferida por el Tribunal accionado, que negó la solicitud de
nulidad del auto de 20 de marzo de 2015 al interior del proceso de
reparación directa con radicado No. 11001333603320120011901 que
promovió en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil.” (subrayado fuera del texto)
En esta otra oportunidad, el accionante no cuestionó las sentencias de primera
y segunda instancia del proceso ordinario.
e) En el expediente de tutela 11001-03-15-000-2015-00763-00/01 , el
accionante demandó:
“El señor Ernesto Galvis Gómez interpone acción de tutela para lograr la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente
vulnerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera
• Subsección “A”.
…
Pretende que se ampare su derecho fundamental al debido proceso y en
consecuencia se ordene al Magistrado Juan Carlos Garzón Martínez
decretar la audiencia de pruebas para que las partes puedan ejercer su
derecho de defensa y de contradicción, en tal forma que permita dilucidar los
errores cometidos por ese despacho en el sentido de negar mediante falsa
motivación unas pruebas necesarias en el trámite procesal referido.
…
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del actor, al negar el decreto de las pruebas
por él solicitadas.” (subrayado fuera del texto)
En esta ocasión, el demandante tampoco demandó las sentencias del proceso
de reparación directa.
Conforme con lo referido, la Sala advierte que se presenta la figura de la
temeridad porque existen similitudes fácticas y jurídicas entre la tutela del
numeral a).
Así las cosas, en el asunto bajo estudio se presenta la figura de temeridad, en
la medida en que es evidente que sí existen similitudes fácticas y jurídicas entre
la tutela de la referencia con los demás presentados por el accionante. De
modo que, a pesar de las decisiones judiciales que se han emitido, el actor
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hace caso omiso a las advertencias acerca de su actuar reiterado, que se
reitera, no cuenta con justificación alguna.
En tal sentido, en esta oportunidad se declarará la temeridad del señor Ernesto
Galvis Gómez por la presentación reiterada e injustificada de acciones de tutela
con identidad fáctica y jurídica contra la providencia del 12 de mayo de 2016,
con la que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó el fallo de primera instancia del 2 de septiembre de
2013, del Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
que negó las pretensiones de la demanda, así como de partes demandantes y
demandados.
6. Cuestionamientos frente a la providencia que declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión y la que aprobó la liquidación de
costas:
6.1. Examen de requisitos generales
6.1.1. Relevancia constitucional
a) Respecto la del 27 de agosto de 2021 que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión:
En consonancia con la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto del
precitado presupuesto y se estableció que los que debe reunir una solicitud de
amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la
relevancia constitucional, son los siguientes:
i) Tener la suficiente entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) No involucrar un debate eminentemente legal,
iii) No limitarse a plantear una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cumplir con la carga argumentativa y explicativa rígida tendiente a demostrar
la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
Sobre el particular, resulta necesario precisar que la relevancia constitucional
como presupuesto general de la acción de tutela, “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una
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simple relación con aquel…”19. De igual manera, se recuerda que dicho
requisito tiene tres finalidades, a saber:
“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional20 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad21; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales22 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces23”.
Para la Sala el asunto no reviste de relevancia constitucional, puesto que la
parte actora cuestionó la providencia que se profirió en el recurso extraordinario
de revisión, con las cuales se resolvió un asunto de naturaleza legal, sobre lo
cual, las autoridades judiciales competentes ya se pronunciaron.
Adicionalmente, se observa que el demandante pretende utilizar esta acción de
tutela para revivir el análisis de instancia surtido dentro del recurso
extraordinario de revisión, así:
El objeto de dicho proceso consistió en:
“…el recurrente adujo que el ad quem dejó de aplicar el artículo 2º del Decreto
4353 de 2005, el cual prevé: ‘Requisitos para el ejercicio de los cargos de
Inspector de Seguridad Aérea. Para el desempeño de los empleos
correspondientes al nivel Inspector de Seguridad Aérea se deben reunir los
requisitos que para el efecto exige la Organización de Aviación Civil
Internacional, OACI, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC, sin
perjuicio de los exigidos en el Manual de Funciones y Requisitos adoptados por
la entidad”.
Igualmente, con el recurso extraordinario se alegó un defecto fáctico consistente
en la ausencia de valoración del material probatorio y la falta de aplicación del
Reglamento Aeronáutico Colombiano-RAC, para concluir que el inspector del
vuelo, capitán Luis Eduardo Caicedo, no cumplía con las exigencias para calificar
el desempeño del capitán Galvis Gómez.
…”
En esta decisión, se concluyó:
a) Que el Tribunal de segunda instancia sí valoró el acervo probatorio, y
estudió cada una de las imputaciones formuladas por el capitán Galvis
19
Sentencia SU573 de 2019.
20
“Sentencia C-590 de 2005.”
21
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
22
“Sentencia C-590 de 2005.”
23
“Sentencia T-102 de 2006.”
25
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Gómez en contra de la Aeronáutica Civil, para concluir que el documento
51012022010027195 no suspendió al demandante para ejercer su
profesión como piloto y, de otra parte, que el capitán Luis Eduardo
Caicedo se encontraba habilitado para realizar la labor de inspector de
vuelo.
b) En esa perspectiva, lo que en últimas controvierte el recurrente es la
hermenéutica contenida en la decisión de segunda instancia, para lo cual
tendría esta Sala que entrar a definir si la aplicación del artículo 2º del
Decreto 4353 de 2005 era absolutamente indispensable para la solución
del caso concreto, y si el capitán Luis Eduardo Caicedo estaba o no
capacitado -técnica y médicamente- para realizar la labor de inspector de
vuelo del Antonov AN-26, aspectos que, se reitera, desbordan la
competencia del juez extraordinario de revisión, puesto que éste no está
diseñado para cuestionar la validez del análisis de los jueces de
instancia.
Mientras que, en esta acción de tutela, el demandante pretende que se protejan
sus derechos fundamentales a partir del sustento de la vulneración consistente
en que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
declarar infundado el recurso extraordinario de revisión incurrió en una “falta de
aplicación del ordenamiento jurídico que regula la materia del litigio”, omitió el
estudio solicitado que consistía en averiguar si efectivamente en las sentencias
de primera y segunda instancia se había omitido la aplicación del ordenamiento
jurídico que regula la materia del litigio y, si estaban justificadas o no las normas
jurídicas que sirvieron de apoyo para fundar la sentencia recurrida.
En igual sentido, se observa que a través de esta acción de tutela el actor
cuestionó la decisión del recurso extraordinario de revisión la cual acusó de
omitir el estudio solicitado acerca de la “falta de aplicación del ordenamiento
jurídico que regula la materia del litigio”.
En ese orden de ideas, el asunto gira en torno a una cuestión legal e
interpretativa, más allá de estar orientado a la protección de los derechos
fundamentales invocados.
Por tanto, la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela no
puede versar sobre un asunto meramente legal, sino que es necesario que se
advierta su contenido y trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el
juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.
De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, pues
como se puede observar en la providencia cuestionada que declaró infundado
el recurso extraordinario de revisión, la discusión se circunscribe a aspectos
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legales los cuales, en todo caso, no están justificadas en una acreditada o
palmaria vulneración de garantías fundamentales, en el sentido riguroso que
señaló la Corte Constitucional en las citadas sentencias de unificación 573 de
2019, 215 y 103 de 2022.
Por tanto, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino que es
necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga de
argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción de
los mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.
Para la Sala, lo demandado por la accionante en esta solicitud de amparo
carece de la carga argumentativa suficiente para justificar la relevancia del
caso, lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al
juez de esta sede advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas
superiores con ocasión de la expedición de la aludida providencia dictada por la
autoridad censurada y que, sea tal la trascendencia que el juez constitucional
deba intervenir.
De manera que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que
arribó la autoridad judicial de la causa no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.
Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por las autoridades judiciales
demandadas, que amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que,
la acción de tutela no se encuentra instituida para resolver de tal naturaleza
legal.
Por tanto, este presupuesto no se cumple en cuanto a la providencia que
decidió el recurso extraordinario de revisión.
b) Frente al auto del 29 de abril de 2022, por el cual el juzgado de primera
instancia, aprobó la liquidación de costas:
De igual manera ocurre con el argumento del demandante, según el cual, el
aludido juzgado también lo “revictimizó” con el auto del 29 de abril de 2022, con
el cual, se aprobó la liquidación de costas.
Al respecto, se observa que para el actor la decisión que en tal sentido dictó el
juzgado, obedeció y cumplió lo ordenado por el superior y, a su vez, aprobó la
27
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liquidación de costas elaborada por la Secretaría del Juzgado, en virtud del
numeral 3° del artículo 366 del Código General del Proceso24.
Para la Sala, ni el trámite relativo a la liquidación de costas ni su imposición
corresponden a una revictimización como lo pretender el accionante, sino que
corresponde a un procedimiento judicial que debe surtirse según la mencionada
norma, que señala que estas, serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior.
Es decir, el ordenamiento contempla una consecuencia jurídica para la quien
resulte vencido en un proceso, las costas, las cuales hoy en día se rigen por
criterios objetivos y no subjetivos –como lo era con el Decreto 01 de 1984,
artículo 171, que tenía en cuenta la conducta asumida por las partes 25-, por lo
que, en el ordenamiento actual, las costas según el artículo 188 de la Ley 1437
de 201126 se rigen por el procedimiento civil, el cual, en su artículo 365 del
Código General del Proceso señala que, estas se imponen a la parte vencida 27,
en este caso, el demandante.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-157 de 2013 precisó:
“5.1.8. La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o
siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en
el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de
liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las
agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria
24
ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el
auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: … 3.
La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos
judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las
agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin
apoderado.
…”
25
“ARTÍCULO 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998 Condena en costas. En todos los
procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o
recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.”
26
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”
27
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores
a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
…”
28
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de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su
existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por
la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una
indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni
pueden asumirse como una sanción en su contra.”
Adicionalmente, las discusiones relativas a un derecho de índole económica28,
como son las costas, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite, comoquiera que le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario.
En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela de
la referencia, toda vez que el reclamo solicitado por la parte actora carece de
relevancia constitucional en atención a que el mismo radica en la inconformidad
que tiene respecto a la condena en costas que se le impuso en la providencia
cuestionada que aprobó la liquidación de las costas del 29 de abril de 2022. En
tal sentido, se declarará la improcedencia de la acción por no cumplir con este
presupuesto.
6.1.2. Tutela contra providencia de la misma naturaleza
Se advierte que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues las providencias censuradas se profirieron en el recurso
extraordinario de revisión, dictada por una Alta Corte y, la otra al liquidar las
costas en el proceso ordinario.
6.1.3. Subsidiariedad
La Sala encuentra acreditado puesto que contra la decisión cuestionada que
resolvió un recurso extraordinario de revisión.
Respecto de la decisión que liquidó las costas, se advierte que dicha
providencia se sustentó en el artículo 366 del Código General del Proceso, el
cual en su numeral 5° señala: “5. La liquidación de las expensas y el monto de
las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de
reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La
apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación
pendiente, se concederá en el suspensivo”.
No obstante, ni la parte actora ni del material allegado al plenario se logró
acreditar que dicha decisión hubiese sido recurrida. Por tanto, el presupuesto
28
“No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso a
la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de una
pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia.”
29
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de la subsidiariedad tampoco se cumple frente a dicha decisión.
6.1.4. Inmediatez
Al respecto, la Sala observa que dicho presupuesto no se cumple, por los
siguientes motivos:
En lo atinente, se estima pertinente indicar que, tratándose de acciones de
tutela interpuestas en contra de providencias judiciales, el demandante debe
acreditar el cumplimiento de unos presupuestos generales de procedibilidad
para que pueda analizarse el fondo del caso concreto.
Así, este mecanismo constitucional fue estatuido por el constituyente con el
objeto de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone su amparo rápido, urgente, actual y eficaz 29.
De manera que, el requisito de la inmediatez exige que la tutela se interponga
tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales o, por lo menos, dentro de un
término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, esto es, seis meses, según
lo indicado por el Consejo de Estado.
Lo anterior, debido a que el paso prolongado del tiempo indica que se ha
disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación30, tal plazo prudencial, el cual
se ha fijado en 6 meses por el Consejo de Estado, y ha de analizarse en cada
caso concreto para determinar si un exceso en el mismo se halla justificado
como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate jurídico
planteado.
Además de lo anterior, la Corte Constitucional31 ha advertido que este requisito
responde a necesidades adicionales como son proteger derechos de terceros
que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable,
impedir que el amparo se convierta en factor de inseguridad jurídica y evitar el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la defensa de los derechos.
29
El artículo 86 de la Carta prevé que «…toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales…».
30
Al respecto la Corte Constitucional en el fallo T-142 de 1 de marzo de 2012, con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, reiteró la tesis según la cual “la tutela resulta
improcedente cuando la demanda se interpone después de transcurrido un lapso irrazonable y
extenso, desde la fecha en que sucedieron los hechos o viene presentándose el hecho
vulnerador que la parte accionante estima que afecta sus derechos fundamentales”.
31
Sentencia T-033 del 26 de enero de 2015, con ponencia de la doctora María Victoria Calle
Correa.
30
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Demandante: Ernesto Galvis Gómez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-00791-00
Sin embargo, la Corte Constitucional32 y esta Sala33 han admitido la
procedencia de la acción constitucional interpuesta cuando ha transcurrido un
extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que:
i) Exista un motivo válido para la inactividad del demandante, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros;
ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión;
iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; y
iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que,
pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual.
De manera que, se procederá al análisis de dicho presupuesto para el caso
concreto, así:
a) Respecto de la providencia del 27 de agosto de 2021 que declaró infundado
el recurso extraordinario de revisión:
Al respecto, la Sala advierte que, de contabilizar el término de los 6 meses
dispuesto para el requisito de la inmediatez desde la providencia que resolvió el
recurso extraordinario de revisión, este no se logra acreditar.
En efecto, la decisión que declaró infundado el mencionado recurso, se dictó el
27 de agosto de 2021 y se notificó vía electrónica el 7 de octubre de la misma
anualidad; mientras que, la presente acción de tutela se promovió el 8 de
febrero de 2023, tal y como se advierte en el documento 7 del expediente digital
del aplicativo Samai, así:
“De: Oficina De Correspondencia Corte Suprema
<CorrespondenciaCSJ@cortesuprema.gov.co>Enviado: miércoles, 8 de febrero
de 2023 1:21 p. m. Para: Secretaria General Corte Suprema de Justicia
<secretariag@cortesuprema.gov.co>Asunto: Correspondencia 8 de Febrewro
(sic) de 2023
32
Sentencia T-246 del 30 de abril de 2015, con ponencia de la magistrada Martha Victoria
Sáchica Méndez.
33
Ver entre otras la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida en el expediente número
11001-03-15-000-2015-01579-00 (AC). con ponencia de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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Cordial saludo:
Adjunto al presente me permito enviar el presente documento que para
Secretaría General llegó hoy 8 de febrero de 2023, a las 9:59 minutos de la
mañana…”
De modo que, entre la fecha en que cobró ejecutoria la providencia del 27 de
agosto de 2021 y, la formulación de la presente acción de tutela, ha transcurrido
más de 1 año y 4 meses. Por tanto, no se cumple el requisito de la inmediatez
en cuanto a la mencionada providencia y mucho menos frente a la de segunda
instancia del proceso de reparación directa.
b) Frente al auto del 29 de abril de 2022, por el cual el juzgado de primera
instancia, aprobó la liquidación de costas:
En relación con dicha decisión, se observa que se notificó por estado que se
fijó el 2 de mayo de 2022, por lo que cobró ejecutoria 3 días hábiles después,
conforme lo dispone el artículo 302 del Código General del Proceso 34. Por
tanto, para la fecha de presentación de la demanda de tutela el 8 de febrero de
2023, ya había transcurrido más de los 6 meses que se dispone para ello.
Adicionalmente, en cuanto a las dos providencias, la del 27 de agosto de 2021
y la del 29 de abril de 2022, tampoco existe un motivo válido que justifique la
inactividad de la parte accionante para promover la solicitud de amparo dentro
de los referidos seis meses, ni que la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión.
A su vez, tampoco existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de esta
vía constitucional y la vulneración de los derechos de los interesados. Además,
la situación desfavorable que alega respecto de la decisión acusada no es
continua y actual, pues lo que demandó el actor son las decisiones judiciales
que cobraron ejecutoria.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de esta vía constitucional por
no cumplir los presupuestos de la relevancia constitucional y de la inmediatez
frente a las providencias del 27 de agosto de 2021, que declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión y, la del 29 de abril de 2022, por el cual se
aprobó la liquidación de costas. Además, porque en cuanto a esta última
34
ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos.
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tampoco se cumple con el requisito de la subsidiariedad, conforme lo indicado
en precedencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la temeridad del señor Ernesto Galvis Gómez respecto
de los argumentos expuestos en contra de la sentencia del 12 de mayo de
2016, con el que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo de primera instancia del 2 de
septiembre de 2013, del Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda, por lo expuesto
en la parte considerativa de este proveído.
SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
los requisitos de la relevancia constitucional y de la inmediatez frente a las
providencias del 27 de agosto de 2021, que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión y, la del 29 de abril de 2022, por el cual se aprobó la
liquidación de costas. Además, porque en relación con esta última decisión
tampoco se cumple con el requisito de la subsidiariedad, por lo señalado en la
parte motiva.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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