Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03270-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03270-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03270-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
28 de noviembre de 2024
Demandante: Ernesto Galvis Gómez
Demandado: Juzgado 33 Administrativo de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03270-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03270-01
Demandante: ERNESTO GALVIS GÓMEZ
Demandado: JUZGADO 33 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial – temeridad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
proferida en primera instancia el 24 de julio de 2024 por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado. En ese fallo se rechazó la acción de tutela
formulada por el actor al encontrarse acreditado el fenómeno de la temeridad.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito presentado el 25 de junio de 2024, el señor Ernesto Galvis
Gómez, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Juzgado
33 Administrativo de Bogotá. Con la solicitud de amparo pretende la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
2. La trasgresión de las citadas garantías constitucionales se la adjudica a la
sentencia proferida el 2 de diciembre de 2013 por la autoridad judicial accionada en
la que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado
11001-33-36-033-2012-00119-00, promovida por el accionante contra la la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – en adelante UAEAC.
1.2. Pretensiones
3. El actor solicitó lo siguiente:
Amparar mis derechos fundamentales conculcados, decretar lo que en derecho
corresponda y ordenar al juzgado de origen que sobre la misma sentencia corrija los
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Demandante: Ernesto Galvis Gómez
Demandado: Juzgado 33 Administrativo de Bogotá
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yerros tanto fácticos como sustantivos y profiera una nueva sentencia ajustada a la
constitución y la ley.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
5. El señor Ernesto Galvis Gómez prestó sus servicios como piloto instructor de
la aerolínea Aercaribe S.A. desde el 17 de junio de 2010. El 20 de agosto del mismo
año, esta empresa solicitó ante la UAEAC un permiso especial de vuelo para la
aeronave Antonov AN-26 con matrícula HK 4729, con el objeto de efectuar un vuelo
de comprobación de rutas. Una vez otorgado el referido permiso, se autorizó al
tutelante como parte de la tripulación de dicho vuelo.
6. De conformidad con el reporte rendido por el inspector del vuelo, este no fue
satisfactorio, por lo que tuvo un resultado negativo. El 10 de septiembre de 2010,
se le comunicó al actor que su contrato con Aercaribe S.A. había terminado. El señor
Galvis Gómez se sometió a una serie de chequeos y exámenes relacionados con
su profesión. El 16 de noviembre siguiente, dicha sociedad contrató nuevamente al
actor para que se desempeñara como piloto e instructor de la aerolínea.
7. El actor promovió demanda de reparación directa contra la UAEAC pues, a
su juicio, la suspensión de las actividades de vuelo de la aeronave Antonov AN-26
llevó a que fuera suspendido de su labor y a que, posteriormente, su contrato con
Aercaribe S.A. se diera por terminado de manera unilateral.
8. Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2013, el Juzgado 33 Administrativo
de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Esto, al considerar que no se
demostró que la demandada hubiera incurrido en alguna acción u omisión que
hubiera ocasionado un daño antijurídico al actor.
9. Inconforme con lo anterior, el señor Galvis Gómez presentó recurso de
apelación. En sentencia del 12 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A confirmó lo decidido en primera
instancia. Lo anterior, al concluir que la sentencia de primer grado fue dictada tras
haber planteado en debida forma el problema jurídico y con fundamento en las
pruebas obrantes en el expediente lo que, a su juicio, permitió que el juzgado
encontrara que no se acreditó la falla del servicio alegada en la demanda.
10. Contra el fallo de segunda instancia el demandante promovió recurso
extraordinario de revisión y como fundamento del mecanismo invocó la
configuración de la causal 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Mediante
providencia del 27 de agosto de 2021, la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado declaró infundado el recurso. Consideró que era evidente que la
finalidad perseguida por el señor Galvis Gómez era reabrir el debate probatorio y
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jurídico con el objetivo de cuestionar las conclusiones y valoraciones del juez de
segunda instancia.
1.4. Fundamentos de la vulneración
11. El actor consideró que la providencia cuestionada se profirió como producto
de un fraude procesal y un error inducido, debido a la falsa información suministrada
por la UAEAC. Consideró que, con ello, se configuró la cosa juzgada fraudulenta.
12. Sostuvo que ello impidió que se llevara a cabo un adecuado estudio de los
supuestos fácticos y jurídicos del daño reclamado en el proceso de reparación
directa y, a su vez, dio como resultado una desatención a todas las pruebas
aportadas por el demandante.
13. Agregó que el actuar fraudulento de la demandada en el proceso ordinario,
causó que el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá no realizara un correcto análisis
de la normatividad aplicable al caso en concreto, con lo que se quebrantó a su vez
el principio de congruencia que debe caracterizar las decisiones judiciales. Agregó
que esto generó que se dictara una sentencia sin motivación.
14. En el escrito de tutela, el actor indicó lo siguiente: «declaro bajo la gravedad
de juramento que no he instaurado ninguna otra tutela por la misma situación fáctica
de fraude procesal y por error inducido expuesta en este memorial».
1.5. Trámite de la acción de tutela
15. En auto del 27 de junio de 2024, el magistrado ponente de primera instancia
admitió la demanda y dispuso su notificación al Juzgado 33 Administrativo de
Bogotá y vinculó en calidad de terceros interesados a la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A y al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
1.6. Intervenciones
16. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
17. Solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela puesto que, a
su juicio, no se incurrió en vulneración alguna de garantías fundamentales.
18. Sostuvo que la providencia cuestionada mediante esta acción constitucional
no adolece de ninguno de los defectos formulados, pues en el curso del proceso
ordinario se llevaron a cabo las etapas procesales de conformidad con la
normatividad aplicable al caso. Agregó que, de tal forma, se garantizó el derecho de
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defensa y contradicción bajo los principios de publicidad y celeridad en respeto de
la jurisprudencia y la doctrina.
19. Puso de presente que el actor ha formulado múltiples acciones de tutela
contra ese despacho judicial y agregó que la más reciente es la que corresponde al
radicado 11001-03-15-000-2023-00791-01, conocida por la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado. Señaló que en segunda instancia, esta
autoridad confirmó la decisión de primer grado proferida por la Sección Quinta de la
misma corporación, mediante la cual se declaró la temeridad del actor y la
improcedencia de la acción por no cumplir los requisitos de relevancia constitucional
e inmediatez.
1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
20. Señaló que el actor ha radicado varias acciones de tutela por los mismos
hechos, asuntos, materia y presuntos derechos vulnerados. Sostuvo que la última
acción constitucional correspondió al proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-
00791-00, conocida en primera instancia por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, autoridad que en fallo del 23 de marzo de 2023 declaró que el señor Galvis
Gómez actuó temerariamente. Agregó que esta decisión fue confirmada en segunda
instancia mediante providencia del 27 de octubre de 2023.
21. En virtud de lo anterior, consideró que en el presente asunto debe declararse
la temeridad en relación con el actuar del tutelante, pues desde la primera acción
de tutela promovida ha pretendido atacar decisiones judiciales dictadas dentro del
proceso de reparación directa con radicado 2012-00119.
22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
pese a que fueron notificados, guardaron silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
23. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B dictó sentencia el 24
de julio de 2024, mediante la cual rechazó por temeridad la solicitud de amparo
formulada y condenó, en materia de costas al señor Galvis Gómez al pago de una
multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Esto, al considerar
que en el presente asunto existe un uso abusivo de la acción de tutela, toda vez que
el actor pretende lograr de cualquier modo una decisión favorable a sus intereses.
24. Sostuvo que si bien el demandante actúa en nombre propio y no es un
profesional en derecho, no se podía pasar por alto que esta es la quinta acción de
tutela mediante la cual reprocha las decisiones proferidas en el proceso de
reparación directa con radicado 11001-03-26-000-2012-00119-00/01. Agregó que
este actuar ha tenido lugar durante más de 8 años y que en ninguna oportunidad
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había puesto de presente que había promovido más acciones de tutela por la misma
situación fáctica.
25. Puso de presente que en la acción de tutela con radicado 2016-03303-01 se
advirtió al actor de que se abstuviera de presentar otras acciones de tutela por los
mismos hechos, so pena de incurrir en las sanciones procedentes. Agregó que, sin
embargo, desatendió dicha advertencia y decidió promover una nueva actuación
temeraria, sin justificación o excepción alguna a dicho comportamiento.
26. En este orden de ideas, concluyó que era necesario aplicar la sanción
prevista en el inciso final del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 y condenar al
tutelante al pago de la multa de carácter pecuniario señalado con antelación.
27. Esta decisión fue notificada el 12 de agosto de 2024 mediante correo
electrónico.
1.7. Impugnación
28. Inconforme con lo resuelto en la decisión de primer grado, el señor Galvis
Gómez presentó recurso de impugnación en el que reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela.
29. Puso de presente que en el asunto no se configuraba una acción temeraria
pues el actuar fraudulento únicamente se podía predicar de la Aeronáutica Civil, el
cual se puede inferir de las pruebas que no fueron valoradas por el juez de instancia.
1.8. Trámite en segunda instancia
1.8.1. Manifestación de impedimento
30. En escrito del 23 de septiembre de 2024, la magistrada Gloria María Gómez
Montoya manifestó impedimento para conocer y decidir el presente mecanismo
constitucional con fundamento en la causal establecida en el numeral 5.º del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal1.
31. Como fundamento de lo anterior, puso de presente que sostiene «amistad
íntima y entrañable» con la consejera María Adriana Marín, quien suscribió la
sentencia proferida el 27 de agosto de 2021 por la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión promovido contra el fallo del 12 de mayo de 2016, que
corresponde a la decisión de segunda instancia del proceso de reparación directa
objeto de la presente controversia constitucional.
1 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…) 5. Que exista
amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y
el funcionario judicial.
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32. Mediante auto del 3 de octubre de 2024, esta Sala de Decisión declaró
infundado el impedimento manifestado por la magistrada Gómez Montoya al no
encontrar configurada la causal invocada.
1.8.2. Cambio de ponente
33. En sala del 31 de octubre de 2024, la magistrada Gómez Montoya presentó
ponencia que no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación, motivo por el
cual el expediente pasó al despacho del consejero ponente de esta providencia para
adoptar decisión de segunda instancia.
1.8.3. Auto de vinculación
34. Mediante auto del 8 de noviembre de 2024, se ordenó la vinculación de las
señoras Claudia Elmira Fajardo García y María José Galvis Fajardo y el señor Juan
Ernesto Galvis Fajardo, quienes conformaron la parte activa del proceso de
reparación en el que se profirió la sentencia objeto de esta controversia.
1.8.4. Intervención de Claudia Elmira Fajardo García
35. Solicitó que, con fundamento en el artículo 90 constitucional, se reparara el
daño antijurídico que afectó el mínimo vital de su núcleo familiar por los hechos de
los cuales fue víctima su esposo, el señor Galvis Gómez. Lo anterior, puesto que al
momento en que fue promovida la demanda, el tutelante soportaba con su salario
los gastos del hogar. De tal forma, pidió que se ampararan sus derechos
fundamentales con sustento en el principio de la primacía del derecho sustancial
sobre el formal y en cumplimiento del precedente del Consejo de Estado en materia
de responsabilidad extracontractual.
1.8.5. Intervención del señor Ernesto Galvis Gómez
36. Mediante un nuevo memorial presentado en el trámite de segunda instancia,
el actor insistió en algunos argumentos sustentados tanto en el escrito inicial de
tutela, como en el de impugnación. Aludió así al desconocimiento de algunas
pruebas obrantes en el expediente por parte de la autoridad judicial accionada y
enfatizó en el presunto actuar fraudulento por parte de la UAEAC que conllevó a
que se profiriera el fallo que se cuestiona en sede constitucional.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
37. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 24 de julio de 2024 dictado por la Sección Tercera, Subsección B de esta
corporación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
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1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Legitimación en la causa
38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
39. Con fundamento en ello, la Sala advierte que el señor Ernesto Galvis Gómez
se encuentra legitimado en la causa por activa. Esto, porque fungió como
demandante en el proceso de reparación directa en el que se profirió la providencia
cuestionada.
40. Por su parte, se encuentra que el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá está
legitimado en la causa por pasiva, al ser la autoridad que profirió la decisión de
primera instancia en el trámite de reparación directa objeto de la presente acción
constitucional.
2.3. Problemas jurídicos
41. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado el 24 de julio de 2024.
42. Para esto, le corresponde a la Sala resolver lo siguiente:
43. ¿Se configura el fenómeno de la temeridad, con ocasión de la acción de
tutela que el señor Ernesto Galvis Gómez instauró contra el Juzgado 33
Administrativo de Bogotá por las presuntas irregularidades advertidas en el fallo
proferido el 2 de diciembre de 2013?
44. Ahora bien, en caso de ser negativo el anterior interrogante, deberá
responderse el siguiente interrogante:
45. ¿La autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte accionante, al haber proferido el fallo del 2 de diciembre de 2013 que negó
las pretensiones de la demanda de reparación directa que promovió el actor contra
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil?
46. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) la configuración del fenómeno de
la temeridad; y iii) el caso concreto.
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2.4. Generalidades de la acción de tutela
47. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
48. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
49. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demande la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
50. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente
le confirió.
2.5. El fenómeno de la temeridad
51. El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra regulado en
el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:
ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. (Negrilla y
subrayado fuera del texto).
52. En desarrollo a esto, la Corte Constitucional ha condensado el marco
jurisprudencial que regula la materia, para lo cual adujo:
Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su
posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los
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siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las
acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos
y la misma solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como
excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo
señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de
presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la
que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez
constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes,
se sustentan en las mismas razones y solicitud2.
53. De esta manera, el Alto Tribunal fue claro en señalar que el juez
constitucional deberá analizar si existe una triple identidad entre las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
• Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representante y se dirija contra el mismo demandado.
• Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la acción
de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.
• Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos
derechos fundamentales.
54. Superado este estudio, adujo la Corte, y de encontrarse acreditada la triple
identidad, el fallador de la acción deberá verificar si el actuar del demandante resultó
contrario a la buena fe, caso en el cual deberá declarar la improcedencia del
mecanismo constitucional e imponer las sanciones a las que hubiere lugar.
2.6. Análisis del fenómeno de la temeridad en el caso concreto
55. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el señor
Galvis Gómez considera que el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá profirió la
providencia del 2 de diciembre de 2013, dictada en el trámite de reparación directa
adelantado contra la UAEAC, como producto de un fraude procesal y un error
inducido, debido a la presunta falsa información suministrada por la demandada en
el proceso ordinario.
56. Puso de presente que con ello se configuró una cosa juzgada fraudulenta
que impidió que se llevara a cabo un adecuado estudio de los supuestos fácticos
jurídicos del daño reclamado en el proceso ordinario, lo que a su vez implicó una
desatención a las pruebas aportadas por el demandante y un inadecuado estudio
de las normas aplicables al caso en concreto. Argumentó que esto implicó un
quebranto del principio de congruencia lo que, a su vez, significó que se dictara una
decisión sin motivación.
2 Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.
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57. Por último, en el escrito de tutela el actor indicó que declaraba bajo la
gravedad de juramento que no ha «instaurado ninguna otra tutela por la misma
situación fáctica de fraude procesal y por error inducido expuesta en este
memorial».
58. Ahora bien, la Sala no puede obviar que, tal como fue señalado por la Sección
Tercera, Subsección B de esta corporación en la decisión de primera instancia, el
actor ha promovido otras acciones de tutela contra las providencias proferidas por
los jueces de primera y segunda instancia del proceso de reparación directa objeto
de la presente acción constitucional. Por tanto, es necesario estudiar si el presente
mecanismo de amparo guarda identidad con las demandas ya instauradas por el
actor o si, por el contrario, se trata de hechos nuevos que no hayan sido decididos
previamente.
59. En ese sentido, se expondrán a continuación los procesos en los que se han
tramitado acciones de tutela presentadas por la parte actora, previo a adoptar
cualquier otro tipo de determinación:
Presupuesto Identidad de partes Identidad de causa Identidad de objeto
Accionante: Ernesto Galvis Vulneración del derecho al Dejar sin efectos la sentencia
Gómez debido proceso debido al del 12 de mayo de 2016
Expediente defecto fáctico en que habría proferida en el proceso de
Accionado: Tribunal incurrido la autoridad judicial reparación directa con
11001-03-15- Administrativo de demandada al proferir el fallo radicadon 11001-33-36-033-
000-2016- Cundinamarca, Sección del 12 de mayo de 2016 por 2012-00119-00, promovido
01711-00 Tercera, Subsección A indebida valoración de las por el accionante contra la
(Número 1) pruebas obrantes en el UAEAC. En tal sentido, que
expediente y la desatención a se profiera una sentencia de
las pruebas aportadas por el reemplazo.
actor.
Accionante: Ernesto Galvis Vulneración del derecho al
Gómez debido proceso debido al Dejar sin efectos la sentencia
defecto fáctico en que habría del 2 de diciembre de 2013
Expediente Accionado: Juzgado 33 incurrido la autoridad judicial proferida en el proceso de
1001-03-15- Administrativo de Bogotá demandada al proferir el fallo reparación directa con
000-2016- del 2 de diciembre de 2013 por radicado 11001-33-36-033-
03303-00/01 la indebida valoración de las 2012-00119-00, promovido
(Número 2) pruebas obrantes en el por el accionante contra la
expediente y la desatención a UAEAC. En tal sentido, que
las pruebas aportadas por el se profiera una sentencia de
actor. reemplazo.
Expediente Accionante: Ernesto Galvis Vulneración del derecho al Entre otros, dejar sin efectos
11001-03-15- Gómez debido proceso y de acceso a la sentencia del 12 de mayo
000-2023- la administración de justicia. de 2016 proferida en el
00791-00 Accionado: Tribunal Uno de los cargos, dirigidos proceso de reparación
(número 3) Administrativo de contra el Tribunal directa con radicado 11001-
Cundinamarca, Sección Administrativo de 33-36-033-2012-00119-00,
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ernesto Galvis Gómez
Demandado: Juzgado 33 Administrativo de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03270-01
Presupuesto Identidad de partes Identidad de causa Identidad de objeto
Tercera, Subsección A, Cundinamarca, consistía en promovido por el accionante
Juzgado 33 Administrativo de que esta autoridad incurrió en contra la UAEAC. En tal
Bogotá y Consejo de Estado, un defecto fáctico por indebida sentido, que se profiera una
Sección Tercera, Subsección valoración probatoria y sentencia de reemplazo.
A desconocimiento de material
determinante para adoptar
una decisión favorable a la
demanda. Esto, al proferir el
fallo del 12 de mayo de 2016 y
confirmar la decisión de
primera instancia en el
proceso de reparación directa.
Accionante: Ernesto Galvis Vulneración del derecho al Dejar sin efectos la sentencia
Gómez debido proceso y de acceso a del 3 de diciembre de 2013
la administración de justicia. proferida por el juzgado en el
Accionado: Juzgado 33 Esto, pues fue inducido al proceso de reparación
Administrativo de Bogotá error como producto de un directa con radicado 11001-
fraude procesal, lo que 33-36-033-2012-00119-00,
Expediente
conllevó a un inadecuado promovido por el accionante
11001-03-15-
estudio de los supuestos contra la UAEAC. En tal
000-2024-
fácticos y jurídicos y del sentido, que se profiera una
03270-01
material probatorio obrante en sentencia de reemplazo.
(número 4)
el expediente. Con ello,
también se habría
desconocido las pruebas
aportadas por el demandante
en el proceso.
60. Por lo expuesto con antelación y en consonancia por lo señalado por la
sentencia de primera instancia del presente trámite, los procesos de tutela que se
han referenciado guardan identidad de partes, de hechos y de pretensiones,
conforme se expone con más detenimiento a continuación.
61. Si bien en los 4 procesos de tutela referenciados la parte demandada no está
conformada por los mismos sujetos procesales, lo cierto es que las providencias
cuestionadas corresponden al mismo proceso de reparación directa en el que, tanto
en primera como en segunda instancia, se adoptó una decisión desfavorable a los
intereses del señor Galvis Gómez.
62. En tal sentido, cualquier estudio que se llevara a cabo de los cargos
formulados por el actor tendría la virtualidad de afectar el fallo dictado en segunda
instancia, pues este fue el que puso fin al proceso ordinario objeto de la presente
acción. Por tanto, con independencia de la identificación de los sujetos demandados
en las distintas acciones de tutela presentadas por el actor, al versar sobre el mismo
proceso judicial en el que se adoptó la decisión cuestionada por el señor Galvis
Gómez, es posible concluir que en la presente acción constitucional se configura
una identidad de partes con respecto a los otros expedientes estudiados.
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63. Por su parte, de conformidad con lo expuesto en el esquema referenciado
con antelación se concluye que entre este proceso de tutela y los expedientes con
radicados 2023-00791-00/01, 2016-03303-00/01 y 2016-01711-00/01 existe una
identidad de causa y objeto.
64. En relación con la igualdad de causa, se tiene que en los 4 procesos
estudiados, el origen de la vulneración alegada deviene de la presunta transgresión
de los derechos fundamentales invocados por el actor ante una indebida valoración
del material probatorio obrante en el expediente y un desconocimiento de las
pruebas aportadas por el actor que, a su juicio, eran determinantes para adoptar la
decisión que le resultó desfavorable.
65. Al respecto, si bien en esta demanda el actor formuló un cargo por error
inducido y una supuesta configuración de una cosa juzgada fraudulenta ante el
actuar de la UAEAC en el trámite ordinario, lo cierto es que la causa de lo pretendido
por el accionante es la misma que en los demás procesos referenciados. Lo anterior
dado que, en síntesis, lo alegado por el actor se reduce a un presunto defecto fáctico
en el que habrían incurrido tanto el juez de primera como de segunda instancia del
trámite de reparación directa.
66. Por tanto, el hecho de que el actor haya formulado de distinta forma los
cargos que fundamentan las demandas promovidas, no desvirtúa que exista una
identidad en la causa que motivó su presentación. Esto tampoco puede ser
considerado como una situación fáctica que hubiera justificado la interposición de
una nueva acción constitucional, pues incluso la formulación de un nuevo cargo
contra las providencias proferidas en un mismo proceso judicial y que no haya sido
expuesto con antelación en los mecanismos de amparo que se hubieran promovido,
no habilita a los usuarios de la administración de justicia a presentar acciones de
tutela adicionales dirigidas contra tales pronunciamientos sobre los cuales ya exista
una decisión de un juez de tutela. Aceptar ello desnaturalizaría la finalidad de esta
acción constitucional.
67. Finalmente, con respecto a la identidad de objeto, se concluye que el señor
Galvis Gómez pretende mediante las múltiples tutelas radicadas que se dejen sin
efectos las decisiones que fueron desfavorables a sus intereses en el proceso
ordinario y, con ello, se ordene que se dicte un fallo de reemplazo de conformidad
con los cargos expuestos en el escrito inicial.
68. En este orden de ideas, la sala concluye que en el presente asunto se
configura la triple identidad de partes, causa y objeto entre esta demanda y las que
ha presentado de forma sucesiva el actor.
69. Por su parte, se tiene que el actor no justificó de forma alguna las razones
por las cuales ha radicado en múltiples ocasiones la misma acción de tutela en este
contexto. Tampoco existe prueba, ni siquiera sumaria, que acredite que el hecho
generador de la presunta transgresión de las garantías del señor Galvis Gómez
haya variado, toda vez que las providencias dictadas en el proceso de reparación
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directa siguen siendo las mismas. En este entendido, no existen situaciones fácticas
adicionales que permitan al juez de tutela llevar a cabo un nuevo estudio en relación
con los cargos formulados en esta ocasión.
70. Por el contrario, tal como fue expuesto con antelación, el actor declaró bajo
la gravedad de juramento que no había instaurado ninguna otra tutela por la misma
situación fáctica puesta de presente en el escrito inicial. Por tanto, esto desvirtúa la
buena fe procesal del demandante, lo que permite concluir que en el presente litigio
se configura el fenómeno de la temeridad.
71. Es pertinente advertir que esta sección actuó en calidad de juez
constitucional de segunda instancia en el proceso 2016-03303-00/01 estudiado
previamente. En dicho trámite declaró la temeridad del actuar del señor Galvis
Gómez, pues encontró que este ya había promovido una acción de tutela en la que
se presentaba la triple identidad aludida con antelación. En tal sentido, mediante
sentencia del 1.º de junio de 2017, se le advirtió lo siguiente:
SEGUNDO: Adviértase al señor Ernesto Galvis Gómez que se abstenga de
presentar otras acciones de tutela por los mismos hechos, so pena de incurrir en las
sanciones a que haya lugar por temeridad.
72. A su vez, nuevamente la Sección Quinta del Consejo de Estado en el fallo de
tutela del 23 de marzo de 2023 proferido en primera instancia en el trámite con
radicado 2023-00791-00 encontró configurado el fenómeno de la temeridad, por la
misma situación expuesta.
73. En virtud de lo anterior, y en coherencia con las decisiones adoptadas por
esta sección en las oportunidades mencionadas, se deberá confirmar la decisión de
primera instancia que rechazó por temeridad la presente solicitud de amparo.
Aunado a ello, al igual que el juez de primer grado, esta sala considera que ha
existido un uso abusivo de esta acción constitucional, lo que desnaturaliza su
finalidad. Esto, debido a que se ha demostrado que ante las múltiples solicitudes de
amparo promovidas por el señor Galvis Gómez, el único objetivo buscado es
conseguir de cualquier forma una decisión favorable a sus intereses.
74. Por tanto, a pesar de que el señor Galvis Gómez no es un profesional en
derecho y actúa en nombre propio, la sala no puede pasar por alto: i) las múltiples
acciones de tutela que ha promovido; ii) la advertencia que en la sentencia del 1.º
de junio de 2017 esta sección hizo al tutelante y la cual decidió desatender y, iii) que
en este trámite afirmó bajo la gravedad de juramento no haber promovido otra tutela
por los mismos hechos expuestos, lo cual, como se ha estudiado, no corresponde
con la realidad procesal.
75. De conformidad con lo anterior, dada la gravedad del actuar temerario del
señor Galvis Gómez, se confirmará a su vez la sanción impuesta en primera
instancia al actor, correspondiente en la condena en costas por 15 salarios mínimos
legales diarios vigentes. Esto, con fundamento en el inciso final del artículo 25 del
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Decreto 2591 de 1991 que establece: «si la tutela fuere rechazada o denegada por
el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare
fundadamente que incurrió en temeridad».
76. En tal sentido, la sala confirmará en su integridad la sentencia del 24 de julio
de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia del 24 de julio de 2024
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con salvamento de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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