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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01553-00

Fecha
17 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01553-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las razones referidas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01553-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

17 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01553-00
Accionante: José Luís Bohórquez López
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por José Luís Bohórquez López en
contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 2 de abril de 20241 José Luís Bohórquez López interpuso acción de tutela2 en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
contradicción, de defensa, a elegir y ser elegido, de buena fe, así como de la
aplicación de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima que
consideró vulnerados por el auto del 14 de marzo de 2024 emitido al interior de la
nulidad electoral 15001-23-33-000-2023-00428-01, en el que la Sección Quinta del
Consejo de Estado revocó el numeral primero del auto del 14 de diciembre de 2023
emitido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, para, en su lugar, decretar la
medida cautelar solicitada por los demandantes, consistente en ordenar la
suspensión del acto electoral que había declarado al actor como alcalde del
municipio de Duitama para el período 2024-2027.

1.1. Hechos

1.1.1. El accionante informó que con el apoyo de la coalición integrada por los
partidos y movimientos políticos Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana,
Unión Patriótica, Movimiento Indígena Social y Partido Esperanza Democrática
resultó elegido como alcalde del municipio de Duitama el 29 de octubre de 2023,
para el período constitucional 2024-2027.

1
Según el certificado F442C95E975BA603 0373E47C9332FE75 4A0E3E94BA48EEF3 B864F9E67B63DC48,
índice 2.
2
Obra en el certificado B7B8B9CA2824319E 50E5E5B8E5958515 CE8CBFBF67E8B178
34CCBF6402EC0A24, índice 2.

2

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Accionante: José Luís Bohórquez López
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado

1.1.2. Posteriormente, el 10 de noviembre de 20233, varios ciudadanos demandaron
la nulidad del acto electoral que declaró como alcalde a José Luís Bohórquez López
y solicitaron, como medida cautelar4, que se suspendiera provisionalmente el acta
de Escrutinio Municipal Alcalde Formulario E-26 ALC de la Comisión Escrutadora
Municipal de Duitama del 4 de noviembre de 2023. Todo lo anterior con fundamento
en que el tutelante había incurrido en una conducta de doble militancia al apoyar
por redes sociales la candidatura al Concejo Municipal de Andrea Paola Tavera
Cuervo quien pertenecía al partido Polo Democrático Alternativo.

1.1.3. Luego de que la demanda fuera inadmitida5 y correspondientemente
subsanada6, el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante proveído del 14 de
diciembre de 20237, negó la solicitud de suspensión provisional del acto de elección
y admitió la demanda de nulidad electoral.

1.1.4. En contra de la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación8 y, el 14 de marzo de 20249, la Sección Quinta del Consejo de Estado
revocó el numeral primero del auto del 14 de diciembre de 2023 para acceder a la
medida cautelar de suspensión provisional.

La referida Sala fundamentó su decisión en el análisis de varios vídeos y
publicaciones en redes sociales a partir de las cuales encontró probado que el actor,
durante la campaña electoral del 2023, adelantó actos positivos e inequívocos de
apoyo a las aspiraciones de los candidatos del Polo Democrático Alternativo al
Concejo de Duitama, a pesar de que su partido era Colombia Humana, el cual
también había postulado a sus propios candidatos.

1.1.5. A su vez, el accionante solicitó su aclaración y adición, así como que se
declarara la nulidad de lo actuado, incluyendo el auto del 14 de marzo de 202310.

3
Obra en el archivo 001_RADICACIONDELPROCESO_CORREO del certificado 6EE27BE2978468A0
396F8BAE2726E355 034CE1A5C0A42368 6909C1B0B35D82DA, índice 10.
4
Obra en el archivo 002_MemorialWeb_Otro, ibid.
5
Obra en el archivo 008_AUTOINADMITEDEMANDA_INADMITED, ibid.
6
Obra en el archivo 010_MemorialWeb_Otro, ibid.
7
Obra en el archivo 027_AUTOADMITEDEMANDASISTEMAORAL, ibid.
8
Obra en el archivo 039_MemorialWeb_Recurso, ibid.
9
Obra en el archivo 009AUTOQUERESUEL_EXP20230042801VSALCA de la carpeta Principal del certificado
FFEBC4123E838298 1519BD9DAA2019D6 354D5A3C72B10D28 8771343D8958197D, índice 11.
10
Obra en el certificado FE420BD4AA336C78 B0B5672B9AF4D98B DF8A612AD2E9E518
B9EE92ED2052ADCC, índice 11 del expediente digital 15001233300020230042801 del Samai de la Sección
Quinta.

3

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Posteriormente, también elevó una recusación11 en contra de los magistrados de la
Sección Quinta y de su Secretaría por una presunta irregularidad en la notificación
de la providencia ya mencionada.

1.1.6. En proveído del 11 de abril de 202412 la Sección Primera de esta Corporación
rechazó la recusación y ordenó devolver el expediente a la Sección Quinta.

1.1.7. Inconforme, el aquí demandante formuló una nueva recusación13, razón por
la cual el asunto se envió el 3 de mayo de 202414 a la Sección Primera para su
correspondiente pronunciamiento.

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

El interesado estimó vulneradas sus garantías constitucionales por las siguientes
razones:

1.2.1. Expuso que se configuró un defecto fáctico porque la autoridad demandada
valoró únicamente las pruebas ofrecidas por la parte demandante y realizó un
análisis probatorio propio de una etapa posterior. Esto se pudo evidenciar en la
incorporación exhaustiva de todas las pruebas presentadas por la parte activa del
litigio, además estimó que se prejuzgó en su contra, no se le permitió ni siquiera que
se emitiera una sentencia de primera instancia, no se tuvieron en cuenta los medios
probatorios que él aportó en su contestación y el auto atacado tuvo las
características propias de una sentencia, pero, fundamentada en pruebas que no
fueron decretadas en la correspondiente etapa probatoria.

Frente a lo anterior, consideró que la falta de valoración de los documentos que
aportó, llevó a que se desconociera que su partido no contaba con una lista propia
al Concejo, que existía una enumeración de los candidatos que pertenecían a la
coalición no únicamente a un partido y se dejó de lado el Anexo del 29 de julio de
2023 del Acuerdo de Coalición Programática y Policía para Inscribir el Candidato a
la Alcaldía del Municipio de Duitama, el cual expresamente lo autorizó para realizar

11
Obra en el certificado 1E19FB43C8E0FC07 B2CC6EEC5AC18DE9 C4C8511594B0AD7E
84DEE6CED62074B4, índice 22, ibid.
12
Obra en el certificado ABA31EF11F8966DC 5207DB3ACA787C6E F0B9A50AC429A875
56D34AD3DF7DF96A, índice 34, ibid.
13
Obra en el certificado B1AFEDF191225515 A72BB7748FAD58EE F6EEA1CC2981781C
789D9F3BBFD7D1C0, índice 37, ibid.
14
Según el índice 42 de Samai.

4

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Accionante: José Luís Bohórquez López
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manifestaciones de apoyo públicas a favor de los candidatos de los partidos
integrantes de la coalición.

Por otro lado, realizó varios cuestionamientos frente a los vídeos que
supuestamente demostraron el apoyo expresado a favor de la candidata Andrea
Paola Tavera Cuervo, entre los que incluyó que dichos medios de prueba no
cumplieron con los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad y custodia
respecto a las pruebas digitales, además de que no se trató de un vídeo planeado
ni consentido.

1.2.2. Adicionalmente, adujo que se incurrió en un defecto procedimental, por un
lado, dadas las inconsistencias relacionadas con la notificación del auto del 14 de
marzo de 2024 y, por el otro, debido a que en una etapa preliminar se realizó un
estudio completo propio de otras oportunidades procesales, lo cual implicó que se
le cercenara su posibilidad de presentar argumentos y pruebas encaminadas a su
defensa.

1.2.3. Indicó que se desconoció el precedente horizontal de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en lo que se refiere a la doble militancia cuando se trata de
candidatos apoyados por coaliciones políticas, para ello, específicamente citó la
sentencia del 24 de noviembre de 2016 emitida dentro del radicado 52001-23-33-
000-2015-00841- 01, en la que se consideró que no se debe limitar la posibilidad de
apoyo a los candidatos de los demás integrantes de las coaliciones. Así mismo,
señaló que el fallo del 10 de agosto de 2023 proferido con el radicado 11001-03-28-
000-2022-00198-00, en el que se fundamentó el auto atacado, no era aplicable a su
caso en concreto.

1.2.4. Aseguró que se manifestó un defecto sustantivo, toda vez que los elementos
probatorios no permitían establecer que había incurrido en la conducta de doble
militancia más allá de toda duda razonable y, ante esta circunstancia, la Sección
Quinta, en otras ocasiones, se ha abstenido de acceder a la suspensión provisional
de las elecciones acusadas, pues, toda duda debe ser resuelta en favor del elegido,
sumado a que, para llegar a dicha conclusión, se debió realizar un estudio de todas
las pruebas obrantes en el expediente.

5

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1.2.5. Explicó que la decisión de la Sección Quinta implicó una violación directa de
la Constitución, ya que su interpretación fue abiertamente contraria a los preceptos
superiores, específicamente en lo relativo al artículo 107.

1.2.6. Finalmente, estimó desconocidas las disposiciones contenidas en la
Convención Americana de Derechos Humanos; consideró que la imposición de la
medida cautelar había constituido una sanción en su contra adoptada con
vulneración al principio de presunción de inocencia, ya que se predispuso al juez de
primera instancia frente al eventual fallo que proferirá, lo cual constituye un perjuicio
irremediable y subrayó que sus derechos políticos solo pueden ser restringidos por
un juez penal, no por autoridades administrativas ni procedentes de otras
jurisdicciones.

En ese sentido, citó como antecedente el caso de Petro Urrego vs Colombia y
señaló que la Sección Quinta no había tenido en cuenta la figura del control de
convencionalidad que esta Corporación ha venido desarrollando.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito de tutela textualmente se solicitó:

“Con base en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito a este
Honorable Consejo de Estado:

1. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa
técnica y demás garantías invocadas frente a las prerrogativas de
contradicción y defensa, como mis derechos políticos reconocidos por la
convención interamericana de derechos humanos, a elegir y ser elegido,
buena fe y a los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza
legítima.

2. Que se deje sin efectos el auto de 14 de marzo de 2024 proferido por la
Sección Quinta, del Consejo de Estado, dentro del expediente
150012333000-2023-00428-01, por medio del cual, revocó el auto de
primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que
negó la medida cautelar y, en su lugar, declaró la suspensión provisional
del acto de declaratoria de elección del suscrito como alcalde del Municipio
de Duitama.

3. Se ordene a la Sección Quinta, proferir una providencia de reemplazo de la
anterior, libre de todos los vicios e irregularidades descritos en esta solicitud
de amparo y de cualquier otro que se pueda presentar para, de manera

6

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amañada, acceder a las pretensiones de la demanda o a la suspensión del
acto de mi elección como alcalde del municipio de Duitama.”15.

2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

2.1. Mediante auto del 8 de abril de 202416 el Despacho Ponente admitió la acción
de tutela, ordenó notificar, en calidad de demandada, a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, vinculó a John Anderson Valderrama Lombana, a José Luis
Valenzuela Rodríguez, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional
del Estado Civil y al Tribunal Administrativo de Boyacá17, además, negó la medida
cautelar solicitada.

2.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado18 contestó que el amparo no cumplió
con el requisito de subsidiariedad, dado que se pretendió utilizar como un
mecanismo alternativo o paralelo de los procedimientos judiciales ordinarios, toda
vez que la nulidad electoral sigue su curso ante el Tribunal Administrativo de
Boyacá. Adicionalmente, también señaló que dicho Tribunal corrió traslado de la
solicitud de medida provisional, pero en dicha oportunidad el actor no presentó
ningún reparo frente a los hechos y pruebas aseverados ni controvirtió los medios
probatorios que se acompañaron con el escrito de medida cautelar, de manera que
sí tuvo la posibilidad de pronunciarse y ejercer su derecho de defensa y
contradicción.

Adicionalmente, puso de presente que la tacha que se propuso en contra de las
pruebas aportadas a la nulidad electoral se realizó en la etapa de contestación de
la demanda, es decir, de manera posterior al momento en que se decidió la
suspensión provisional. Así mismo, el Acuerdo de Coalición que estimó desconocido
no fue aportado al descorrer el traslado de la medida cautelar ni al momento de
oponerse a la apelación en contra del auto que inicialmente la había negado.

En gracia de discusión, argumentó que no se configuró ninguno de los defectos
alegados porque el elemento de convicción que señaló como desconocido no fue
allegado en la oportunidad procesal que le fue otorgada y su decisión se fundamentó

15
Folio 55 del certificado B7B8B9CA2824319E 50E5E5B8E5958515 CE8CBFBF67E8B178
34CCBF6402EC0A24, índice 2.
16
Obra en el certificado E2372B1FF9DEC42B 6C53305A99716D62 373D387380771E53
488A751C0BC8CCE1, índice 4.
17
Los soportes de notificación obran en los índices 7, 8 y 9.
18
Obra en el certificado 89296AB479541885 A26BBAF21829496A 83CA75297D26DDE3
15AF7B3CDBD1B267, índice 12.

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en que, a partir del material probatorio disponible en el expediente, preliminarmente,
se pudo advertir que existieron manifestaciones de apoyo constitutivas de doble
militancia. Además, aclaró que no se le impuso una pena de inhabilitación o
destitución, sino la suspensión de los efectos de su acto de elección, lo cual no
puede interpretarse como contrario a las disposiciones del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos y esgrimió que los supuestos fácticos y jurídicos del caso
Petro Urrego vs Colombia son abismalmente diferentes al caso concreto.

2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá19 afirmó que, dado que la demanda tuitiva
se interpuso en contra del auto del 14 de marzo de 2024, no encontraba necesario
hacer ninguna precisión al respecto.

2.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil20 interpuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que estimó que dentro de sus
competencias constitucionales y legales no podía interferir en las decisiones
judiciales que fueran tomadas al interior del proceso de nulidad electoral.

2.5. Los demás interesados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por José
Luís Bohórquez López en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si la providencia señalada vulneró
los derechos enunciados.

19
Obra en el certificado 969D4FCE2EC35291 05B9B003B0A828EA 3055622D3B896C5E
032BD624F86D2B99, índice 13.
20
Obra en el certificado 3456D99D6142F6C5 184F251B2D9B1D3B E6351A52733CA5DC
E790B1DE4E9ACE2D, índice 15.

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3. Cuestión previa

La Sala considera que no se configura la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva interpuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya que
considera que tiene interés en el actual trámite constitucional al fungir como parte
demandada en el proceso de nulidad electoral 15001-23-33-000-2023-00428-00.

4. El requisito de subsidiariedad en el caso concreto

4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional i) cuando a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable21. En el primero de los casos la orden de protección sería definitiva y,
en el segundo, transitoria.

4.2. La Sala observa que el tutelante, en esencia, fundamentó los cargos elevados
en contra de la providencia censurada, en el hecho de que no tuvo la oportunidad
para aportar pruebas y controvertir los argumentos que fundamentaron la solicitud
de suspensión provisional de los demandantes dentro del proceso de nulidad
electoral, se profirió una decisión propia de una etapa procesal posterior y se incurrió
en un prejuzgamiento que condicionaría la determinación que tome el juez de
primera instancia.

4.3. Frente a ello, se evidencia que el actor sí tuvo la oportunidad para oponerse a
la solicitud de medida cautelar, pues fue notificado22 del auto del 27 de noviembre
de 202323 y descorrió su traslado24, sumado a que ha allegado varios memoriales
que contienen inquietudes similares a las planteadas en la demanda tuitiva y que
se encuentran pendientes por resolver.

21
Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2013. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez; 18 de abril de 2013.
22
El 28 de noviembre de 2023 a las 8:40 am, según el archivo 016Soporte notificación Auto Corre traslado del
certificado 6EE27BE2978468A0 396F8BAE2726E355 034CE1A5C0A42368 6909C1B0B35D82DA, índice 10.
23
Obra en el certificado CF6622851A6567DC 946AC1B9CCA25449 738E3F18533D46F1
6EF7F2F8082D7112, índice 14 del expediente digital 15001233300020230042800 del Samai del Tribunal
Administrativo de Boyacá.
24
Obra en el archivo 023_MemorialWeb_Respuesta del certificado 6EE27BE2978468A0 396F8BAE2726E355
034CE1A5C0A42368 6909C1B0B35D82DA, índice 10.

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En esa misma línea, no resultan de recibo los demás argumentos esgrimidos,
puesto que el trámite de nulidad electoral ante el Consejo de Estado no ha
culminado, ya que el asunto fue enviado a la Sección Primera de esta Corporación25
para que se resuelva una recusación y, posteriormente, la solicitud de aclaración o
adición interpuesta por el actor.

Así mismo, el proceso ha continuado su curso ante el Tribunal Administrativo de
Boyacá y actualmente se encuentra al Despacho para proferir decisión, luego de
que se hubiera vencido el término para presentar alegatos de conclusión26.

4.4. En ese sentido, resulta claro que el actor ha ejercido los medios ordinarios
idóneos para salvaguardar sus intereses y que actualmente se encuentra a la
espera de que el juez natural, en primera instancia, profiera la sentencia, y en
segunda instancia, se pronuncie sobre las solicitudes que ha elevado, de manera
que si este juez constitucional entrara a pronunciarse frente al fondo del asunto,
estaría usurpando las competencias del juez ordinario, lo que implica que, dadas
las alegaciones esgrimidas en la demanda tuitiva y el hecho de que exista un trámite
pendiente tanto ante el Tribunal Administrativo de Boyacá como ante la Sección
Primera del Consejo de Estado, se deba concluir que su verdadera intención fue la
de utilizar la demanda tuitiva como un mecanismo paralelo al proceso ordinario.

4.5. Así mismo, tampoco se encuentra configurado un perjuicio irremediable, puesto
que la argumentación propuesta por el demandante, encaminada a demostrar que
con la providencia censurada se determinó el sentido del fallo de primera y segunda
instancia a futuro, no tiene en cuenta que la apelación del auto que negó la medida
cautelar no fue concedida bajo el efecto suspensivo, de tal manera que, a pesar de
que no ha concluido su trámite ante el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo
de Boyacá ha mantenido su competencia para seguir adelantando el proceso, al
punto en que, como ya se dijo, se encuentra al Despacho para fallo. En ese sentido,
no se logró probar que la decisión adoptada por la Sección Quinta de esta
Corporación genere alguna influencia en la forma como el juez natural de primera
instancia ha dirigido el proceso ni en la determinación que adoptará.

25
Según el índice 42 del expediente digital 15001233300020230042801 del Samai de la Sección Quinta.
26
Según el índice 93 del expediente digital 15001233300020230042800 del Samai del Tribunal Administrativo
de Boyacá.

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Sentencia de primera instancia
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5. En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las razones
referidas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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