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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01672-00

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01672-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01672-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

17 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01672-00
Accionante: Andrea Paola Tavera Cuervo
Accionados: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Auto emitido en
proceso de nulidad electoral. Decreta suspensión provisional de acto de elección –
DECLARA IMPROCEDENCIA / No se satisfacen los requisitos de subsidiariedad y
relevancia constitucional.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 8 de abril de 2024 la señora Andrea Paola Tavera Cuervo promovió acción de
tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, intimidad y buen nombre.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos el auto de 14 de marzo de 2024 emitido en el
marco del proceso de nulidad electoral 2 que promovió el señor John Anderson
Valderrama Lombana y otro 3 contra el señor José Luis Bohórquez López 4 ,
encaminado a que se anulara su elección como alcalde de Duitama para el período
2024-2027, con fundamento en el artículo 275 (numeral 8) 5 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 En estas diligencias la tutelante fue reconocida como impugnadora en audiencia inicial realizada el 13 de febrero

de 2024.
3 José Luis Valenzuela Rodríguez.
4 Expediente 15001-23-33-000-2023-00428-01.
5 “CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los

eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
(…)

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01672-00
Accionante: Andrea Paola Tavera Cuervo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3.
A través de la providencia de 14 de marzo de 2024, la Sección Quinta del Consejo
de Estado revocó el ordinal primero del auto de 14 de diciembre de 2023, mediante
el cual el a quo6 negó la suspensión provisional de los efectos del acto que declaró
la aludida elección, para en su lugar, acceder a dicha medida cautelar. Sostuvo que
del material probatorio que reposaba en el proceso ordinario se podía deducir, de
manera preliminar, que el allí demandado incurrió en doble militancia en la modalidad
de apoyo.

4.
La parte actora adujo que las pruebas que fundamentaron el decreto de la medida
cautelar se obtuvieron de forma ilegal e ilícita. Si bien son publicaciones realizadas
en sus redes sociales, su perfil es privado y no ostenta la condición de persona
pública. Tales elementos de convicción debían ser excluidos del proceso, de acuerdo
con la sentencia SU-159 de 2002 de la Corte Constitucional. Fueron recaudados sin
su autorización, afectan su imagen, generando insultos por parte de la comunidad,
no se sometieron al trámite para que fueran incorporados a unas diligencias
judiciales, y fueron presentados de un modo descontextualizado (se perseguía era
el apoyo a la candidatura del demandado).

5.
Además, advirtió que, a pesar de las diferentes peticiones formuladas ante el
Tribunal Administrativo de Boyacá, tendientes a la aludida exclusión probatoria, esa
Corporación, en audiencia celebrada el 1° de marzo del año en curso, decretó y
practicó todas las pruebas aportadas por la parte demandante que fueron obtenidas
de manera ilegal e ilícita. Y, en todo caso, no pueden valorarse como pruebas
documental ni electrónica, por lo que deben tenerse como simples indicios.

6.
Por otro lado, el auto acusado incurrió en defecto fáctico positivo, al realizar un
prejuzgamiento. Se efectuó un análisis profundo para dar por demostrada la
supuesta doble militancia, lo cual está proscrito en esa etapa inicial. Asimismo, al
valorar pruebas que no fueron aportadas por la parte demandante en su escrito de
medida cautelar.

7.
De igual modo, se configuró una violación directa de la Constitución. Se
transgredió su garantía superior al debido proceso. Se le otorgó valor probatorio a
elementos de convicción (capturas de pantalla) que debieron ser excluidos, al haber
sido obtenidos de manera ilícita e ilegal. En todo caso, al analizarlos no se acudió a
los criterios de la sana crítica y a las reglas de la experiencia. Al dárseles el valor de
pruebas documentales, cuando debían ser considerados como indicios.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

8.
Mediante auto de 10 de abril de 20247, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó a los señores Jhon Valderrama

8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política.
(…)”.
6 Tribunal Administrativo de Boyacá.
7 Notificado el 11 de abril de 2024.

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Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Lombana, José Luis Valenzuela Rodríguez, José Luis Bohórquez López, Juan Carlos
Madero Mendieta y Laura Isabel Pulido Fuya, a la Registraduría Nacional del Estado
Civil y al Consejo Nacional Electoral. Así mismo, se ordenó comunicar la decisión a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) José Luis Valenzuela Rodríguez

9.
Advirtió que la actora había promovido con antelación una tutela8 con fundamento
en la misma situación fáctica expuesta en este trámite constitucional (indebida
incorporación de medios de prueba). Dicha actuación, además de eventualmente
comportar el punible de fraude procesal, conlleva la imposición de la sanción
estipulada en el artículo 37 del Decreto ley 2591 de 1991, máxime cuando en esa
acción se negó el amparo solicitado.

10.
Sin perjuicio de lo anterior, indicó que la tutelante pretende revivir etapas
procesales ya agotadas. La inconformidad frente a la presunta indebida
incorporación de pruebas en el proceso de nulidad electoral, pudo ser alegada en
ese asunto en su condición de impugnadora.

11.
Además, en la diligencia de pruebas realizada el 1° de marzo de 2024, la
accionante reconoció que los videos que ataca estaban en su red social y que esta
era pública. Afirmación que fue corroborada en el testimonio rendido por el
demandado en ese litigio, señor José Luis Bohórquez López.

12.
Por otro lado, se evidencia un reprochable uso de los mecanismos judiciales por
parte de la tutelante, del demandado en el proceso ordinario y de sus apoderados
judiciales. Además de promover la acción de tutela a la que se hizo referencia,
formularon un incidente de nulidad, una recusación y el demandado incoó una acción
constitucional con argumentos idénticos a los aquí planteados.

(ii) Consejo Nacional Electoral

13.
Indicó que se configura su falta de legitimación en la causa por pasiva. Se escapa
de la órbita de sus funciones satisfacer las pretensiones de la accionante, pues no
está habilitado para proferir decisiones judiciales.

(iii) Sección Quinta del Consejo de Estado

14.
Advirtió que la actora carece de legitimación en la causa por activa, al no integrar
alguna de las partes en el proceso de nulidad electoral.

15.
No obstante, acepta que la Corte Constitucional ha establecido que es posible
que, eventualmente, se transgredan las garantías superiores al buen nombre e
intimidad de personas que no integran ningún extremo de la litis; sin embargo, en el

8 Expediente 11001-03-15-000-2023-07370-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01672-00
Accionante: Andrea Paola Tavera Cuervo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

presente asunto no se advierte de qué manera se vulneraron o amenazaron tales
garantías, cuanto más cuando la tutelante adujo que ello lo generó las actuaciones
de los demandantes en el proceso electoral.

16.
Aclaró que las pruebas valoradas y en las que basó la providencia objeto de
censura (provenientes de las redes sociales Facebook e Instagram) fueron aportadas
con la demanda electoral.

(iv) José Luis Bohórquez López

17.
Indicó que los actos y comunicaciones públicas realizadas por los demandantes
en el proceso de nulidad electoral han sometido a la tutelante a un injustificado
escarnio público, al endilgarle responsabilidad por actos jurídicos aún no
establecidos. Aquellas actuaciones han excedido los límites del debate respetuoso y
han entrado en el terreno de la difamación y la manipulación mediática.

18.
Señaló que adjuntaba un dictamen pericial relacionado con las pruebas que
involucran a la tutelante en el proceso de nulidad electoral, con la finalidad de
demostrar la transgresión de las garantías superiores de ella y la posible información
falsa o alterada que contienen.

19.
Afirmó que la decisión de acceder a la suspensión provisional de su elección se
fundamentó en un análisis profundo que debía haberse reservado para la sentencia,
pues se comprometió el principio de imparcialidad.

20.
La utilización de elementos de convicción obtenidos de manera ilícita e
inapropiada (capturas de pantalla y videos de las redes sociales de la tutelante)
quebranta sus derechos fundamentales a la intimidad y buen nombre, por ende, no
podían ser admitidos ni valorados en el juicio electoral. Vulneración que también se
materializó al ignorar las peticiones previas a la tutela que estaban encaminadas a
que aquellos fueran excluidos.

21.
Por último, aseveró que la valoración de ciertas pruebas como documentales
cuando debían hacerse bajo la figura de indicio, involucra una falla en la aplicación
de estándares judiciales adecuados, cuanto más cuando no están debidamente
contextualizadas.

(v) Registraduría Nacional del Estado Civil

22.
Manifestó que no es la responsable de proteger los derechos fundamentales de
la accionante, pues no fungió como juez natural dentro del proceso ordinario en el
que se profirió la providencia acusada, por consiguiente, carece de legitimación en
la causa por pasiva.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01672-00
Accionante: Andrea Paola Tavera Cuervo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(vi) Los señores Jhon Valderrama Lombana, Juan Carlos Madero Mendieta y Laura
Isabel Pulido Fuya, guardaron silencio.

C. Solicitud de acumulación

23.
Por auto del 26 de abril de 2024 el despacho ponente ordenó remitir el proceso
para que se estudiara su posible acumulación con otro asunto ya en trámite. Se
consideró que la presente tutela guardaba identidad de objeto, causa, sujetos
pasivos e instancia con la instaurada por el señor José Luis Bohórquez López, la
cual le correspondió por reparto al despacho a cargo del consejero Nicolás Yepes
Corrales9. En dicho proveído se aclaró que, si bien los accionantes son diferentes,
sus reproches están dirigidos a controvertir el auto de 14 de marzo del año en curso
dictado en el proceso de nulidad electoral promovido contra el señor Bohórquez
López.

24.
No obstante, con auto de 6 de mayo de 2024, el consejero Nicolás Yepes Corrales
estimó que las acciones de tutelas fueron promovidas por personas distintas, quienes
expusieron fundamentos fácticos diferentes, pues mientras el señor José Luis
Bohórquez López indicó que la providencia acusada realizó un análisis probatorio
propio de una etapa posterior, lo que constituye prejuzgamiento, la señora Andrea
Paola Tavera Cuervo advirtió que las pruebas en las que se fundamentó la
providencia atacada fueron recaudadas de sus redes sociales de manera ilegal. Por
lo anterior, dispuso negar la aludida acumulación y devolver el expediente al
despacho a cargo del consejero ponente de esta providencia.

II. CONSIDERACIONES

D. Análisis del caso concreto

25.
En primer lugar, la Sala considera oportuno precisar que la tutela10 instaurada con
anterioridad por la accionante, no comparte identidad fáctica o jurídica con la
presente acción; por ende, no hay lugar a la imposición de sanción alguna. Aquella
se promovió con antelación a que se profiriera el auto acusado y no se había surtido
audiencia alguna dentro del proceso de nulidad electoral, razón por la cual fue
declarada improcedente, al no satisfacer el requisito de subsidiariedad. Se indicó en
ese asunto constitucional que el Tribunal Administrativo de Boyacá no había
decretado prueba alguna, es decir, no se había pronunciado sobre los documentos
allegados por las partes. Por consiguiente, no le correspondía determinar las
pruebas que deben decretarse dentro de ese litigio, pues ello “es competencia del
juez natural de la causa quien, en la etapa procesal oportuna, decidirá respecto de
las documentales aportadas por las partes”.

9 Expediente 11001-03-15-000-2024-01553-00.
10 Expediente 11001-03-15-000-2023-07370-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01672-00
Accionante: Andrea Paola Tavera Cuervo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

26.
Dilucidado lo anterior, la sala considera que en el presente asunto no están
acreditados los presupuestos de procedibilidad de la tutela de subsidiariedad y
relevancia constitucional. No se expuso la ilicitud o ilegalidad de pruebas en las
oportunidades procesales previstas para tal fin en el proceso de nulidad electoral y
no se evidencia de qué modo la providencia acusada vulnera los derechos
fundamentales de la actora.

27.
En cuanto a la valoración de pruebas presuntamente obtenidas de modo ilegal o
ilícito, en razón a que fueron sustraídas de sus redes sociales sin su autorización,
cabe anotar que, aunque la actora solicitó en el escrito de coadyuvancia del
demandado la exclusión de dichos elementos de convicción, no hizo manifestación
alguna sobre el particular en etapas posteriores a su reconocimiento como
impugnadora, por el contrario, al guardar silencio en las respectivas oportunidades
procesales avaló la incorporación de los medios probatorios que ahora reprocha.

28.
En la audiencia realizada el 13 de febrero de 2024, en los términos del artículo
283 del CPACA, se le reconoció a la tutelante la condición de impugnadora y se
decretaron como pruebas las aportadas con la demanda y las contestaciones de la
demanda, así como las allegadas en el escrito que adicionó la petición de medida
cautelar (que tomó el despacho como reforma a la demanda), y también se decretó
la práctica de una declaración y testimonios solicitadas por el demandado. De igual
modo, se precisó que en los escritos remitidos por los coadyuvantes se aportaron y
pidieron pruebas, sin embargo, no se hizo de manera oportuna. Por último, se indicó
que se efectuó control de legalidad en los términos del artículo 107 del CPACA. En
dicha diligencia la tutelante no expuso reproche alguno frente a algún tipo de
irregularidad en materia probatoria.

29.
En la audiencia de 1° de marzo de 2024 se practicaron las pruebas decretadas,
se corrió traslado para alegar de conclusión y se efectuó control de legalidad, frente
a lo cual la tutelante no planteó observación alguna.

30.
Por consiguiente, resulta evidente que, aunque la actora podía manifestar algún
tipo de inconformidad en la incorporación de las pruebas cuya exclusión ahora
solicita, no lo hizo. Omisión que pretende subsanar trasladando a esta acción
constitucional un debate que la desnaturaliza, en la medida en que no es un
escenario para discutir asuntos procedimentales o legales que debieron ser
planteados, analizados y zanjados dentro del respectivo proceso judicial.

31.
Ahora, si bien lo anterior se refiere al trámite del proceso en primera instancia y
no concretamente al trámite de la medida cautelar en segunda instancia, que es lo
que se cuestiona, lo cierto es que la pretensión de excluir las pruebas habrá de tener
incidencia en el resto del proceso, y la actitud de la accionante respecto a ese tema
ante el juez ordinario evidencia que la censura es usada en esta instancia para
justificar la intervención del juez de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01672-00
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32.
Adicionalmente, en el expediente se registran una serie de situaciones que
reiteran el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad en este asunto, las
cuales se referencian a continuación.

33.
En primer lugar, en el auto acusado se aclaró que las pruebas recaudadas, en
particular, las que demuestran la incursión del demandado en doble militancia por
apoyo, no fueron tachadas de falsedad o controvertidas en modo alguno por el
demandado al descorrer el traslado de la medida cautelar. Diferente a lo que ocurrió
cuando se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de
primera instancia, al indicar que aquellas fueron presentadas en un contexto aislado,
que no corresponde con lo que verdaderamente acaeció. Sin embargo, no planteó
ni siquiera de manera sucinta las razones en que fundamenta esa afirmación, por
ende, se consideró que no se cuestionó su existencia ni puso en tela de juicio lo que
de tales elementos se desprendía. Por lo anterior, era viable que examinara el
material probatorio obrante, lo cual realizó. Aunque esta es una actuación del
demandado y no de la ahora tutelante, debe recordarse que su intervención en el
proceso es como coadyuvante de aquel no como parte, y en esa medida sus actos
están delimitados por el proceder defensivo del primero.

34.
Sin perjuicio de lo anterior, en el aplicativo Samai se observa que el 18 de marzo
de 2024 la tutelante solicitó la nulidad de la providencia acusada, con fundamento
en que (i) no se le notificó ninguna de las actuaciones referentes al trámite de
apelación que dio origen a aquel proveído y (ii) aunque el Tribunal Administrativo de
Boyacá tuvo conocimiento de las irregularidades planteadas, mediante acción de
tutela, frente a la ilegalidad en la obtención de pruebas, no se pronunció sobre el
particular, por lo que pide que aquellas sean excluidas del plenario. Con tal propósito
cita la sentencia SU-159 de 2002 de la Corte Constitucional. A la fecha de
presentación de esta acción de tutela esa solicitud no se había resuelto, es decir, se
ejercieron ambos mecanismos de defensa en forma paralela.

35.
De igual modo, el 18 de marzo de 2024, el demandado en el proceso de nulidad
electoral solicitó la aclaración o adición del auto objeto de reproche, con el fin de que
se dilucidaran puntos relacionados con los efectos jurídicos de esa providencia, la
aplicación del principio pro hominem o pro libertatis y la valoración de los medios
probatorios que se tuvieron en cuenta. Asimismo, pidió la nulidad de todo lo actuado,
dadas las irregularidades advertidas.

36.
Mediante escritos de 18 y 20 de marzo de 2024, la tutelante y el demandado, en
su orden, presentaron recusación contra los magistrados que integran la Sección
Quinta de esta Corporación y el secretario de dicha Sección, respecto de lo cual el
11 de abril del año en curso la Sección Primera de esta Corporación rechazó las
recusaciones formuladas contra los magistrados de la Sección Quinta y ordenó el
envío del expediente a esa Sección para que decidieran lo referente a la dirigida
contra el aludido secretario, lo cual se realizó el 3 de mayo de 2024. Sin embargo,
en razón a que el demandado formuló recusación contra los consejeros de Estado,

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en virtud de las tutelas que se surten en la Corporación, el expediente fue sometido
a reparto, el cual le correspondió al consejero de Estado William Edgardo Barrera
Muñoz, a cuyo despacho ingresaron esas diligencias el 21 de mayo de 2024.

37.
Con fundamento en el precitado panorama procesal, se colige que aún no se han
decidido unas solicitudes de adición, aclaración y nulidad contra el auto objeto de
censura, en esa medida, la decisión allí adoptada no ha quedado ejecutoriada,
conforme lo prevé el artículo 302 del Código General del Proceso (CGP) y no se ha
emitido pronunciamiento alguno respecto de la anulación de esas diligencias con
fundamento en la indebida incorporación de pruebas, por tal razón, tampoco es
viable para el juez de tutela efectuar algún tipo de control de constitucionalidad sobre
ella.

38.
Sumado a lo anterior, la actora, a pesar de que invoca como vulnerados sus
garantías superiores a la intimidad y buen nombre, no evidencia de qué manera la
decisión acusada transgrede dichas prerrogativas. El derecho a la intimidad
“comprende la protección de la persona frente a la divulgación no autorizada de los
asuntos relacionados a ese ámbito de privacidad”11, en tanto que la vulneración al
buen nombre comporta la divulgación de “información falsa o inexacta, o que debería
mantenerse en reserva, con la intención de causar una afrenta contra el prestigio
público de una persona”12. El relato fáctico de la accionante pone en evidencia una
situación que descarta la relevancia constitucional del asunto: los demandantes en
el proceso ordinario allegaron al expediente elementos probatorios que ella misma
publicó en sus redes sociales13.

39.
Así, respecto al primer cuestionamiento, relativo a la incorporación al plenario de
un material gráfico, presuntamente extraído de una red social de la accionante, y su
posterior valoración, la Sala deja sentado que ese es un debate que debe surtirse
ante el juez natural de la causa. El mismo ya adoptó una decisión que se concretó
en la providencia cuestionada, pero con ocasión de aquella se han presentado una
serie de solicitudes (adición, aclaración y nulidad) que demandan un nuevo
pronunciamiento. Adicional a ello, sin perjuicio de lo que estime el juez ordinario, las
situaciones expuestas por la accionante para sustentar la necesidad de intervención
del juez de tutela no permiten vislumbrar una afectación relevante desde la óptica
constitucional, en tanto ni la autoridad judicial ni la parte que aportó dichas pruebas
accedieron a las mismas por medios ilícitos, pues simplemente las tomaron de una
red social en la cual la accionante decidió de manera libre y autónoma compartirla.

11 Corte Constitucional, sentencia T-203 de 2022.
12 Ibidem.
13 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-241 de 2023, precisó que “la información publicada en

internet tiene las siguientes características particulares: (i) cuenta con una amplia accesibilidad; (ii) los emisores
de información por estos medios determinan el contenido de los mensajes que publican de forma autónoma; (iii)
la información se difunde de manera inmediata a un número de destinatarios exponencialmente alto; y (iv) una
vez los mensajes son publicados e incorporados a una red social, en muchas ocasiones, la información deja de
estar disponible para el emisor y puede ser difundida de forma espontánea por otros usuarios”.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

40.
Por otro lado, la tutelante señaló la configuración de prejuzgamiento en el
proveído acusado, lo cual, a su juicio, vulnera su garantía superior al debido proceso.
Sobre el particular, la Sala advierte que no se vislumbra el quebranto de tal
prerrogativa constitucional, pues el proceso se surte contra el señor José Luis
Bohórquez López, no contra la tutelante, dado que tiene por objeto anular la elección
de aquel como alcalde de Duitama.

41.
En tal sentido, la presunta valoración exhaustiva de las pruebas en una etapa que
no correspondía, no afecta de modo alguno el derecho al debido proceso de la
actora en su condición de impugnadora dentro de esas diligencias judiciales.

42.
Por último, se advierte que no existe una relación de idoneidad entre la supuesta
vulneración constitucional y la medida que solicita, consistente en que se deje sin
efectos la medida cautelar que suspendió una elección. Esta pretensión no está
acompañada de un análisis que permita evidenciar cómo es que la revocatoria de
esa providencia redundará en el restablecimiento de las garantías supuestamente
quebrantadas. En ese sentido se evidencia una instrumentalización de las mismas
orientada al propósito final de anular lo resuelto por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, a partir de un análisis serio y completo del asunto puesto a su
consideración.

43.
Al respecto, se destaca que la autoridad accionada examinó las pruebas que
reposaban en el proceso electoral, en particular, los acuerdos de coalición
programáticos del 27 de julio de 2023 (para candidato a la alcaldía de Duitama y
concejales de ese municipio), los formularios electorales (E-6 y E26) y algunas
publicaciones en una red social perteneciente a la actora, de las cuales se deducía
la configuración de la figura de doble militancia en la modalidad de apoyo a un
candidato al concejo de Duitama que integraba una colectividad distinta a la del
demandado.

44.
Al respecto, se precisó que el señor José Luis Bohórquez López inscribió su
candidatura a la alcaldía de Duitama, en virtud de la coalición denominada “Pacto
Histórico”, conformada por los partidos políticos Polo Democrático Alternativo,
Movimiento Alternativo Indígena Social (MAIS), Colombia Humana, Unión Patriótica
y Esperanza Democrática. El partido político al que pertenecía el señor Bohórquez
López (Colombia Humana) integró, junto con la Unión Patriótica y Esperanza
Democrática, otra coalición para postular candidatos al Concejo de ese municipio.
Dicha coalición presentó 17 aspirantes para tal fin, de los cuales 13 eran del
movimiento político Colombia Humana. La tutelante y el señor Ronald Franccesco
Puentes León se presentaron como candidatos a dicho Concejo de una lista
configurada por el Polo Democrático Alternativo.

45.
Con base en la situación planteada, se concluyó que como el partido Colombia
Humana no suscribió coalición con el Polo Democrático para la inscripción de
aspirantes al Concejo de Duitama, le correspondía al señor José Luis Bohórquez

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López respaldar, en principio, a los que integraban el mismo partido, y
excepcionalmente, a los candidatos de los demás movimientos que suscribieron el
acuerdo de coalición para esa colectividad (Unión Patriótica y Esperanza
Democrática). Y que, del material probatorio (publicaciones en redes sociales), que
no fue tachado de falso o controvertido por el demandado, se deducía que él durante
el período de su campaña a la alcaldía de Duitama realizó actos positivos e
inequívocos de apoyo a la tutelante y al señor Puentes León a su aspiración a dicho
Concejo, personas que no hacían parte de las listas que formuló Colombia Humana
ni representaban a los movimientos políticos que conformaron la coalición para tal
propósito.

46.
En ese orden de ideas, no es factible que la parte actora emplee la acción de
tutela cuando no ha dado la oportunidad al juez electoral de pronunciarse al respecto
y, en todo caso, el auto objeto de censura no se encuentra ejecutoriado, por ende,
no resulta procedente ejercer sobre este un control de constitucionalidad. Además,
los motivos expuestos por la actora no tornan imperativa la intervención del juez de
tutela, con el fin de analizar el fondo del asunto, pues no basta con enunciar la
transgresión de garantías superiores, sino de evidenciar su vulneración.

47.
Así las cosas, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

48.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

14 VF

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01672-00
Accionante: Andrea Paola Tavera Cuervo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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