Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01710-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01710-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01710-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
29 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001–03–15–000–2024–01710–00
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: José Ricardo Sáenz Vargas
Asunto: Acción especial de revisión contra la sentencia de 27 de
octubre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, la Sala
Veintidós Especial de Decisión dicta sentencia en el marco de la acción especial
de revisión2 presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante
UGPP.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor José Ricardo Sáenz Vargas, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra la UGPP con la finalidad
de que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP005320 de 11 de julio de
2012 y RDP011601 de 12 de octubre de ese año, por las cuales se le negó la
pensión gracia. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara
a la entidad demandada reconocer y pagar la referida prestación, con la
consecuente indexación e intereses moratorios, de acuerdo con el artículo 187
del CPACA3.
El demandante manifestó que: i) nació el 28 de marzo de 1953; ii) mediante el
Decreto 1058 del 2 de octubre de 1973, fue nombrado docente alfabetizador en
la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Bogotá y iii) a través del
1 Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021.
2 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación n.º 11001–03–25–000–
2012–00561–00(2129-12) REV, MP. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión,
sentencia de 25 de febrero de 2022, radicación n.º 11001–03–15–000–2019–04468–00 REV, MP. Gabriel
Valbuena Hernández.
3 Radicación n.º 25000–23–42–000–2013–00890–02, MP. William Hernández Gómez.
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Asunto: acción especial de revisión
Radicado: 11001–03–15–000–2024–01710–00
Demandante: UGPP
Demandado: José Ricardo Sáenz Vargas
Decreto 422 del 10 de marzo de 1982, fue nombrado docente de primaria en la
misma entidad territorial.
De acuerdo con lo anterior, la parte actora señaló que prestó sus servicios como
docente oficial por más de 20 años, los cuales ejerció desde el 1.º de agosto de
1973 hasta el 15 de abril de 1981, como docente alfabetizador, y del 14 de julio
de 1982 al 16 de enero de 1998, como docente de primaria en propiedad, ambos
periodos, al servicio del Distrito Especial.
Indicó que la pensión gracia fue negada mediante los actos administrativos
acusados, al considerarse que no cumplió el tiempo de servicio como docente
territorial o nacionalizado durante 20 años, porque, frente al primero de los
periodos en mención, no se aportó el acto administrativo de nombramiento que
acreditara dicha vinculación y, en cuanto al segundo, la experiencia ejercida
correspondía a tiempos del orden nacional.
El señor Sáenz Vargas citó, como disposiciones vulneradas, los artículos 13, 48
y 288 de la Constitución Política y los artículos 1º de la Ley 114 de 19134; el
artículo 6.º de la Ley 116 de 19285; el artículo 3.º de la Ley 37 de 19336; los
artículos 1.º, 2.º y 3.º de la Ley 43 de 19757 y el artículo 15 de la Ley 91 de 19898.
Aludió que cumplió todos los requisitos para obtener la pensión gracia, entre
ellos, 50 años de edad y 20 años de servicio como docente nacionalizado, dado
que los nombramientos fueron realizados por autoridad territorial.
2. Actuaciones procesales relevantes
La demanda correspondió por reparto a la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual se admitió9 por auto de 15
de septiembre de 201410. En dicha providencia, igualmente, se ordenó notificar
al director de la UGPP, al agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional
de la Defensa Jurídica del Estado11.
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones
que denominó «ausencia de vicios en el acto administrativo», «inexistencia de la
4 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
5 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
6 “Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
7 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
8 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
9 Luego de haber sido rechazada por la ponente del Tribunal a quo en auto de 9 de mayo de 2013, por
considerar que el actor únicamente interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución RDP
005320 de 11 de julio de 2012, con base en los preceptos contenidos en los artículos 76 y 161 del CPACA.
Sin embargo, la decisión fue revocada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en auto de 9 de abril de 2014, radicado 25000–23–42–000–2013–00890–01, MP. Alfonso Vargas Rincón,
al resolver el recurso de apelación que el actor interpuso contra el auto de rechazo.
10 Índice 13 de SAMAI, archivo .pdf «15RECIBE MEMORIAL[…]», el cual contiene el expediente digitalizado
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 25000–23–42–000–2013–00890–00, Págs.
105 y 106.
11 Ib. Páginas 105 a 111.
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Demandante: UGPP
Demandado: José Ricardo Sáenz Vargas
obligación de conceder una pensión gracia», «prescripción», «indebida
pretensión de reconocimiento e inexistencia de la obligación de indexar», «cobro
de lo no debido» e «imposibilidad de condena en costas».
El 1.º de septiembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia inicial y se fijó el litigio
de la siguiente forma:
En este proceso se debe determinar si el señor JOSÉ RICARDO SÁENZ VARGAS
tiene o no derecho a que la Unidad Administrativa Especial de Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP, le reconozca y pague a su favor la
pensión gracia solicitada. En caso afirmativo, se debe establecer el monto de la
misma y la fecha de efectividad del derecho.
En la misma diligencia se decretaron las pruebas y, en cuanto a las excepciones
formuladas, se explicó que se basaban en argumentos que atacaban el fondo del
asunto, por lo que se estudiarían y decidirían en la sentencia que resolviera el
litigio12. Finalmente, el 29 de septiembre de 2015 se ordenó correr traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para emitir su concepto13.
3. Sentencia de primera instancia
Finalizada la etapa de alegaciones, la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 31 de marzo de
201614 en la que negó las pretensiones de la demanda. Al respecto, el a quo
considero que, si bien el periodo de vinculación efectuado a través del Decreto
1058 del 2 de octubre de 1973 era del orden territorial, lo cierto es que la
vinculación de que trata el Decreto 422 del 10 de marzo de 1982 expedido por la
Secretaría de Educación del Distrito Especial era del nivel nacional por cuanto
fue con cargo a recursos de la Nación, a través del respectivo Fondo Educativo
Regional, en adelante FER. Por tanto, no se cumplía el requisito de 20 años al
servicio del magisterio oficial del nivel territorial.
4. Recurso de apelación
El señor José Ricardo Sáenz Vargas alegó que el Tribunal de primera instancia
erró en su interpretación por cuanto los FER no se financian exclusivamente con
recursos nacionales, sino que su manejo es mixto, esto es, sus recursos
provienen de la nación como de los presupuestos departamentales y municipales
derivados del situado fiscal. Al respecto, sustentó su alegato en las previsiones
de los artículos 29, 33, 34 y 36 del Decreto 3157 de 1968, la Ley 115 de 1994 y
el artículo 19 de la Ley 60 de 1993.
De otro lado, el apelante alegó que el Tribunal no tuvo en cuenta el certificado
único para la expedición de historia laboral, que indica explícitamente que su
12 Índice 13 de SAMAI, archivo .pdf «15RECIBE MEMORIAL[…]», Págs. 188 a 191.
13 Ib., Págs. 226 a 228.
14 Ib., Págs. 276 a 286.
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vinculación había sido en calidad de docente nacionalizado. Con este
documento, según el demandante, se confirmaba que el tiempo de servicio
laborado con cargo a recursos del FER podía contarse para completar los 20
años requeridos para la pensión gracia15.
5. Sentencia de segunda instancia
La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación profirió sentencia
el 27 de octubre de 2022. En la citada decisión se resolvió lo siguiente:
[…] Primero: Revocar la sentencia del 31 de marzo de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el
señor José Ricardo Sáenz Vargas contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. En su
lugar,
Segundo: Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 005320 del 11 de julio de
2012 y RDP 011601 del 12 de octubre de 2012, a través de las cuales se negó el
reconocimiento de la pensión gracia.
Tercero: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, se condenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar la
pensión gracia al señor José Ricardo Sáenz Vargas, 28 de enero de 2003,
liquidada con el 75% del promedio de los factores devengados en el último año en
que prestó sus servicios, comprendido entre el 16 de enero de 1997 y 16 de enero
de 1998, con la inclusión del sueldo y las primas de alimentación, especial,
vacaciones y navidad, las dos últimas en sus doceavas partes.
Las sumas que resulte de la condena anterior, serán ajustadas en los términos del
artículo 187 del CPACA, dando aplicación a la fórmula indicada en la parte motiva
de esta providencia.
Cuarto: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. […][16].
La Corporación consideró que el periodo trabajado por el señor Sáenz Vargas,
desde 1973 hasta 1981, como docente alfabetizador, debía considerarse de
carácter nacionalizado. Al respecto, tuvo como fundamento lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, que señala como personal de tal nivel a «los
docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 43 de 1975».
En cuanto al periodo entre 1982 y 1998 se determinó que correspondía a una
vinculación nacionalizada y no nacional, contrario a lo sostenido por el a quo.
Pues así se certificó en el formato único para la expedición de certificados de la
historia laboral del actor y, por ende, acorde con las reglas de unificación
15 Ib., Págs. 289 a 297.
16 Ib., Págs. 388 a 399.
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contenidas en las sentencias CE-SUJ2-011-18 de 2018 y la SUJ-030-CE-S2-
2022, dicho periodo debía contabilizarse para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia.
Bajo ese hilo argumentativo, la Sala concluyó que el demandante, señor Sáenz
Vargas, tenía derecho al reconocimiento de la pensión reclamada por cuanto
cumplía los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913 y demás normas que la
complementan, esto es, haber servido al magisterio oficial por un término no
inferior a 20 años en establecimientos del nivel territorial o nacionalizado y 50
años de edad, habiendo cumplido su labor con honradez y buena conducta,
segunda da cuenta el historial de trabajo del demandante y el certificado emitido
por la Procuraduría que indicaba que el actor no presentaba sanciones. Además,
como lo señala el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por haberse producido su
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
En cuanto a la prescripción, la segunda instancia explicó que no se encontró
configurada, toda vez que el derecho se consolidó el 28 de enero de 2003,
cuando José Ricardo Sáenz Vargas cumplió los 50 años. Posteriormente, el
demandante presentó la reclamación administrativa el 16 de noviembre de 2011,
lo que interrumpió el término prescriptivo de tres años. Así las cosas, el momento
oportuno para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
fenecía el 17 de noviembre de 2014. Por tanto, como se radicó el 8 de marzo de
2013, tal fenómeno no operó en el caso concreto.
II. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
1. Escrito contentivo del medio excepcional de impugnación
La UGPP, a través de apoderada, presentó la acción especial de revisión contra
la sentencia de 27 de octubre de 2022, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, con fundamento en la causal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 con el fin de infirmar la sentencia de segunda
instancia. En ese sentido, formuló los siguientes pedimentos:
[…] PRIMERA: Revocar la sentencia emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección segunda, Subsección A, de 27 de octubre de
2022, que revocó la sentencia de 31 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección C, que ordenó el
reconocimiento de una pensión gracia a favor del señor JOSÉ RICARDO SÁENZ
VARGAS, estableciendo como fecha de efectividad el 28 de enero de 2003, sin
declarar la configuración de la prescripción trienal. Dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral con radicado No.
25000234200020130089000 contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, decisión que quedó ejecutoriada el 1 de
diciembre de 2022.
SEGUNDA: Declarar la prescripción extintiva de las respectivas mesadas
pensionales causadas con ocasión al reconocimiento de la pensión gracia
ordenado en la sentencia emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Demandado: José Ricardo Sáenz Vargas
Administrativo, Sección segunda, Subsección A, de 27 de octubre de 2022, que
revocó la sentencia de 31 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección C, ordenando el
reconocimiento de una pensión gracia a favor del señor JOSÉ RICARDO SÁENZ
VARGAS, estableciendo como fecha de efectividad el 28 de enero de 2003, sin
declarar la configuración de la prescripción trienal.
TERCERA: Declarar que el señor JOSÉ RICARDO SÁENZ VARGAS debe
efectuar la devolución de las sumas pagadas o que llegaran a ser pagadas,
debidamente indexadas, en virtud del acto de reconocimiento de la pensión gracia
que no declaró la prescripción de las mesadas causadas, al no haber lugar a tal
pago[17].
A juicio de la recurrente, se configura la causal b) referida a la cuantía del derecho
reconocido en cuanto excedió lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables, porque la decisión
judicial objeto de revisión: i. contabilizó tiempos de servicio prestados mediante
vinculación nacional18 y ii. reconoció la pensión gracia, sin aplicar la prescripción
trienal; lo cual, a su juicio, transgrede el debido proceso, afecta el erario, conlleva
al pago de lo no debido19 y desconoce las previsiones de los artículos 41 y 102
de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.
2. Actuaciones procesales relevantes
2.1. Auto de admisión
Por medio de auto de 14 de mayo de 2024, el despacho sustanciador admitió la
acción especial de revisión20. De acuerdo con lo anterior, se dispuso que la
Secretaría General de esta Corporación realizara la notificación personal al señor
José Ricardo Sáenz Vargas, conforme a los artículos 186 y 199 del CPACA.
Asimismo, se ordenó vincular a este proceso al Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Por otra parte, se le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
remitiera el expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con la radicación n.º 25000–23–42–000–2013–00890–0221. Finalmente,
se reconoció personería a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón para que
representara judicialmente a la UGPP en esta causa.
17 Índice 2 de SAMAI, archivo .pdf «2_DemandaWeb[…]».
18 En ese sentido, la UGPP fundamentó su alegato en las siguientes decisiones judiciales: «[l]a sentencia
que cobra mayor relevancia en el asunto, a nuestro juicio es la S-699 de 29 de agosto de 1997, de la Sala
Plena del Consejo de Estado, Consejero Ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda. […] En providencia de 19 de
enero de 2006, Consejero Ponente Tarsicio Cáceres Toro, radicado 25000-23-25-000-2002-05760-01(6024-
05), […] El 19 de junio de 2006, en sentencia dictada dentro del proceso radicado bajo el No. 19001-23-31-
000-1997-08005-01(1134-01), Consejero Ponente ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO […]».
19 Al respecto, la recurrente citó apartes de la sentencia T-1117 de 2003 de la Corte Constitucional.
20 Índice 5 de SAMAI.
21 Se precisa que la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió digitalmente el citado
expediente, en cumplimiento del auto, como consta en el índice 13 de SAMAI. Asimismo, que la Secretaría
General de esta Corporación remitió los mensajes electrónicos para notificación personal a los canales
digitales de los sujetos procesales el 15 de mayo de 2024, tal y como consta en la documental de los índices
9 a 12 de SAMAI.
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Demandante: UGPP
Demandado: José Ricardo Sáenz Vargas
2.2. Auto de pruebas
A través de auto de 19 de junio de 2024, el despacho sustanciador advirtió que
el 29 de mayo de 2024, el abogado Alexander Andreiev Garzón African presentó
un escrito, dirigido al buzón electrónico de la Secretaría General de esta
Corporación, en el que manifestó que fue el apoderado del señor José Ricardo
Sáenz Vargas, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación n.º 25000–23–42–000–2013–00890–02 y que aportaría
el poder especial para representar judicialmente al mencionado señor en este
trámite judicial22. Luego, el expediente retornó al despacho, el 4 de junio de
202423, sin que obrara actuación alguna del mencionado abogado. A su vez, el
Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se
pronunciaron en el presente asunto.
Por tanto, mediante el auto de 19 de junio de 2024, el despacho dio por no
contestada la solicitud de revisión por parte del demandante del proceso
ordinario, dentro del término que le fue otorgado, así como tampoco los demás
intervinientes. En consecuencia, se dispuso: i) tener como pruebas los
documentos aportados con la acción especial de revisión y ii) decretar como
prueba trasladada la contentiva en el expediente del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por el señor José Ricardo Sáenz
Vargas contra la UGPP, radicación: 25000–23–42–000–2013–00890–02.
2.3. Tramite procesal posterior al decreto de pruebas
Por medio de memorial radicado en la ventanilla digital de SAMAI, el 1.º de agosto
de 202424, con fundamento en el artículo 76 del Código General del Proceso, en
adelante CGP, la apoderada de la UGPP, Dra. Lucía Arbeláez de Tobón,
presentó renuncia al poder conferido25, acompañado de la comunicación dirigida
a la poderdante. En consecuencia, mediante auto de 9 de agosto de 2024, el
despacho aceptó la renuncia y, con el fin de garantizar el debido proceso, requirió
a la UGPP para que se sirviera allegar el nuevo poder conferido a un profesional
del derecho para que continuara con su representación judicial.
El 7 de julio de 2024, el abogado Alexander Andreiev Garzón African presentó
escrito junto con el poder especial conferido por el señor José Ricardo Sáenz
Vargas para que lo representara judicialmente en este proceso. Por su parte, el
12 de noviembre de esta anualidad, el Dr. Jorge Iván Palacio Palacio,
representante legal de la firma Casación Laboral Estudio S. A. S.; sociedad a la
cual se le otorgó poder general26 conferido por la subdirectora de defensa
pensional [E] de la UGPP, aportó memorial en el cual sustituyó el poder conferido
22 Índice 15 de SAMAI.
23 Índice 17 de SAMAI.
24 Índice 27 de SAMAI.
25 El memorial ingresó al despacho el 2 de agosto de 2024, como consta en el índice 28 de SAMAI.
26 Mandato contenido en la Escritura Pública núm. 1957 de 16 de septiembre de 2024, emitida por la Notaría
55 del Círculo de Bogotá D. C., la cual se puede consultar junto con los demás anexos en el índice 34 de
SAMAI.
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Asunto: acción especial de revisión
Radicado: 11001–03–15–000–2024–01710–00
Demandante: UGPP
Demandado: José Ricardo Sáenz Vargas
al Dr. Manuel Alfonso Ospina Osorio, para que represente a la entidad en este
trámite, de conformidad con el artículo 75 del CGP. Por tanto, tales
reconocimientos serán objeto de pronunciamiento en la parte resolutiva de esta
sentencia27.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De acuerdo con el inciso 1 del artículo 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sin exclusión de la Sección que profirió la decisión,
conoce de los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas
por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado. Asimismo,
corresponde precisar que el artículo 107 del CPACA creó las Salas Especiales
de Decisión de esta Corporación y el Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014,
expedido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, reglamentó su integración y funcionamiento.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019 asignó la
competencia a las Salas Especiales de Decisión sobre los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado. De acuerdo con lo anterior, la Sala
Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para
conocer la acción especial de revisión contra la sentencia proferida en segunda
instancia, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el
27 de octubre de 2022, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que el señor José Ricardo Sáenz Vargas adelantó contra la UGPP.
2. Oportunidad
La UGPP invocó como causal de revisión la prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003. En tal sentido, el inciso 4.º del artículo 251 del CPACA
precisa lo siguiente:
[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio […].
En el presente caso, la sentencia de 27 de octubre de 2022 se notificó el 2 de
diciembre de ese año28 y, en este orden, cobró ejecutoria a los tres días
siguientes, de conformidad con el artículo 302 del CGP29, lo que acaeció el día 7
27 Índice 25 de SAMAI, documento .pdf «29_MemorialWeb […]».
28 Como se puede constatar del índice 33 de SAMAI en el trámite con radicación n.º 25000–23–42–000–
2013–00890–02, el envío del mensaje de notificación de la sentencia objeto de controversia fue realizado el
día 30 de noviembre de 2022; por tanto, en atención a las previsiones de los artículos 203 y 205 del CPACA,
el fallo quedó notificado el 7.12.22.
29 […] Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean
impugnadas o no admitan recursos.
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Demandante: UGPP
Demandado: José Ricardo Sáenz Vargas
siguiente y la acción especial de revisión fue interpuesta el 9 de abril de 202430;
por ende, no alcanzaron a transcurrir los 5 años previstos el inciso 4.º del artículo
251 del CPACA. En consecuencia, el medio excepcional de impugnación resulta
oportuno.
3. Legitimación en la causa
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al Gobierno para que, por conducto
del «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social» del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y, por otra, al contralor general de la república o del procurador
general de la nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, la revisión de aquellas providencias
judiciales en las que se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.
A través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de 28 de diciembre de
200931 el Gobierno nacional asignó, dentro de las funciones atribuidas a la UGPP,
la de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003. Esta disposición fue reproducida en el Decreto 575 de
201332. Igualmente, la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016, se
refirió a la legitimación en la causa por activa que le asiste a la UGPP para
interponer el recurso de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de la
siguiente mantera:
(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.
En virtud de lo anterior, esta Sala Especial de Decisión considera que la UGPP
está legitimada en la causa por activa para interponer la presente acción especial
de revisión conforme lo previsto el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por su parte,
el señor José Ricardo Sáenz Vargas está legitimado por pasiva, dada su
condición de demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada
una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas,
cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
30 Según el índice 2 de SAMAI.
31 «Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias»
32 «Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus
dependencias». De conformidad con el numeral 6 del artículo 6 ejusdem, dentro de las funciones asignadas
a la UGPP, está la de: «6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 o normas que la adiciones o modifiquen».
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derecho con radicado 25000–23–42–000–2013–00890–02, en el que se dictó la
sentencia que se pretende infirmar.
4. Problema jurídico
Conforme a los planteamientos expuestos en la acción de revisión, corresponde
a la Sala determinar, si en el presente asunto se configura la causal prevista en
el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En caso afirmativo, procederá
infirmar la sentencia de 27 de octubre de 2022, dictada por la Subsección A de
la Segunda del Consejo de Estado, que revocó la providencia de 31 de marzo de
2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda para, en su
lugar, reconocer la pensión gracia al señor José Ricardo Sáenz Vargas, teniendo
en cuenta la prescripción trienal de que trata el artículo 41 del Decreto 3135 de
1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
En este orden de ideas, para resolver el problema planteado, la Sala de manera
preliminar, hará una breve mención, a partir de la jurisprudencia decantada por
la Corporación, sobre las generalidades de la acción especial de revisión y la
causal invocada por la recurrente, esto es, la prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 200333. Luego, analizará el caso concreto.
4.1. Generalidades sobre la acción especial de revisión y la causal invocada
El recurso extraordinario de revisión constituye un medio de impugnación
excepcional contra la sentencia, dirigido a destruir una resolución judicial que hizo
tránsito a cosa juzgada para restablecer tanto el imperio de la justicia como la
vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por
decisiones injustas. Este recurso, está regulado en los artículos 248 y siguientes
del CPACA, y su ámbito de acción está restringido a las causales previstas por
el legislador, las cuales no admiten interpretaciones extensivas dado que
comportan situaciones excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa
juzgada34.
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció, lo que se ha denominado por la
jurisprudencia de esta Corporación, como una «acción especial de revisión» 35,
33 La recurrente no formuló la causal de violación al debido proceso del literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
34 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras
sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de
2010, Rad. REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-
1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril
de 1993, Rad. REV-045 y 11 de febrero de 1993, Rad. REV-037.
35 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero
ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael
Antonio Martínez Cortés «[…] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite
el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto
en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa
que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para
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a través de la cual se facultó a ciertos sujetos calificados para la revisión de
aquellas providencias judiciales que hubieran decretado -o decreten- el
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública, por las causales expresamente contenidas en el literal a)
relativa a la violación del debido proceso –, y en el literal b) – relacionada con la
cuantía del derecho reconocido cuando este excede lo debido de acuerdo con la
ley, –pacto o convención colectiva que legalmente son aplicables.
La norma en mención dispone, que dicha revisión debe tramitarse a través del
procedimiento señalado en los artículos 248 y siguientes del CPACA para el
recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, dicho trámite presenta
elementos que lo particularizan y que han sido estudiados tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado36 como de la Corte Constitucional, entre los
cuales se tienen los siguientes:
• Se estatuyó para controvertir las sentencias o conciliaciones que
reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y
contrarrestar los casos de corrupción en esta materia37.
• La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado38.
• En cuanto a su alcance, la jurisprudencia ha señalado que no se extiende
a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el
propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro
público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira39.
• No se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se
facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad
financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala). Cfr., sentencia de 25 de febrero de 2022 dictada
por la Sala Novena Especial de Decisión dentro del radicado 11001-03-15-000-2019-04468-00 REV. MP.
Gabriel Valbuena Hernández. Entre otras, Sala Novena Especial de Decisión sentencia de 22 de noviembre
de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2019-01749-00. MP. Gabriel Valbuena Hernández, Sala Veinticinco
Especial de Decisión de sentencia de 21 de agosto de 2020, radicación 11001-03-15-000-2019-03846-00
REV y sentencia de 8 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV. MP. Martha
Nubia Velásquez Rico.
36 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales
de Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03549-00. MP.
William Hernández Gómez y sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-
15-000-2019-01749-00. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. MP. William
Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01.
38 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia
del 1° de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal
a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde40.
• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben
de acuerdo con las normas que rigen la materia41.
En este mismo contexto, se ha dicho que «[…] la revisión creada en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, constituye un mecanismo que hace parte del engranaje
de la reforma pensional plasmada en la citada ley, que tuvo como uno de sus
propósitos la reducción del déficit fiscal para hacer viable financieramente el
sistema pensional, como se observa en la exposición de motivos. Así, en
concreto respecto de la revisión de providencias judiciales, transacciones,
conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas periódicas o
pensiones, se indicó que permite “afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación” […]»42.
Ahora bien, sobre la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 202043 se impone reiterar que esta Corporación ha explicado lo siguiente:
[…] 5.2. De la causal de revisión consagrada en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario
deben ser revisadas “Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables”.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición
de la Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]».
En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo
20 Ibidem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema
posible, realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la
revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera
lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia
de 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03549-00, demandante: UGPP. MP. William
Hernández Gómez.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2017-00744-00, demandante: UGPP. MP.
Martha Nubia Velásquez Rico y sentencia T- 112 de 2020, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Sentencia
de 16 de septiembre de 2021, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Radicación número: 11001-03-25-000-2016-01139-00 (5051-16) MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de
2014, radicación No. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) MP. Gerardo Arenas Monsalve.
43 «[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
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de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una
herramienta legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y que permite corregir los reconocimientos pensionales que se han
efectuado en exceso y que afectan los principios que orientan el Sistema General
de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y equilibrio financiero.
A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de
tal forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se
procure el cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y
conveniencia, en cuanto a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca
el interés general sobre el particular. […][44].
En suma, la causal de procedencia de la acción de revisión debe interpretarse
atendiendo la teleología de dicho instrumento procesal con el que se faculta la
revisión de los reconocimientos pensionales que afectan los principios de
solidaridad y sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones. No
obstante, se impone recordar, que en ningún caso es posible, a través de este
medio, plantear discusiones propias de las instancias procesales o subsanar
falencias en la actuación.
Precisado lo anterior, la Sala Veintidós Especial de Decisión, procede al análisis
del caso concreto. Para el efecto, estudiará las razones expresadas por la
recurrente y con las cuales sustenta la causal que invoca.
4.2. Análisis del caso concreto
La parte recurrente solicita que se infirme la sentencia proferida, el 27 de octubre
de 2022, por la Subsección A de la Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior,
por considerar que se configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 200345.
Uno de los argumentos en los que se sustenta la configuración de la causal
invocada es el hecho de haber contabilizado como válidos los tiempos de
servicios porque, en criterio de la UGPP, corresponden a vinculaciones
nacionales y no nacionalizadas del docente José Ricardo Sáenz Vargas. El
segundo fundamento, refiere a que el ad quem debió declarar la prescripción de
las mesadas pensionales con anterioridad al 16 de noviembre de 2008. Como
sustento de su petición señala que la acción de revisión es procedente dado que
en el trámite judicial se creó una situación jurídica en favor del docente, en
detrimento del erario y con grave afectación del interés general y al debido
proceso.
44 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión, sentencia
de 5 de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-001884-00, MP. Alberto Yepes Barreiro.
45 Se reitera que la recurrente no formuló la causal de violación al debido proceso del literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
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Frente al primer reparo expuesto por la recurrente, la Sala desestimará su
argumentación comoquiera que el reproche está dirigido a cuestionar la aptitud
legal del señor José Ricardo Sáenz Vargas para el reconocimiento pensional, a
partir de la valoración probatoria que se hizo en la sentencia, asunto que no es
propio de la causal invocada, dado que ello conllevaría a reabrir un debate frente
al derecho a la pensión gracia. En efecto, analizar si las vinculaciones del
demandado fueron de carácter nacionalizado o nacional, conlleva a darle a este
mecanismo excepcional el alcance de una tercera instancia que no prevé la
acción.
Ahora bien, en cuanto al segundo argumento, referente a la omisión del juez ad
quem de declarar la prescripción de las mesadas de la pensión gracia, la UGPP
sostuvo lo siguiente:
[…] el término de prescripción de la acción se interrumpió en el año 2011 ya que
se presentó la segunda reclamación administrativa por parte del causante,
configurándose la interrupción de la prescripción, que según las normas transcritas
[artículos 41 del Decreto 3135 de 196846 y 102 del Decreto 1848 de 196947] solo
se dará por una vez en el mismo término, es decir 3 años, por lo tanto, sería
correcto afirmar que tomando como fecha de interrupción de la prescripción el día
16 de noviembre de 2011, las mesadas causadas anteriores al 16 de noviembre
de 2008, están afectadas del fenómeno prescriptivo; no obstante, el fallador hace
una interpretación errada de la interrupción de la prescripción, por lo tanto, se
considera que el fallo judicial es irregular.
En consecuencia, como se advirtió en los hechos de esta demanda y en la parte
motiva de la Resolución No. RDP 020101 de 10 de agosto de 2023, por medio de
la cual se dio cumplimiento al fallo emitido por el Consejo de Estado, la efectividad
de la prestación pensional reconocida a favor del señor JOSÉ RICARDO SÁENZ
VARGAS, será a partir del 16 de noviembre de 2008, fecha en la cual se cumplen
los tres años anteriores a haberse presentado la segunda reclamación
administrativa por parte del causante.
En la sentencia objeto de revisión, la Subsección A de la Sección Segunda de
esta Corporación resolvió este aspecto, en los siguientes términos:
[…]
Finalmente, en el presente caso no se configuró la prescripción, en tanto que el
derecho se consolidó el 28 de enero de 2003, la reclamación ante la administración
se presentó el 16 de noviembre de 2011[48], lo que interrumpió el término
prescriptivo por tres años, por lo que tenía hasta el 17 de noviembre de 2014 para
radicar la demanda, lo que ocurrió el 8 de marzo de 2013.
[…]
De acuerdo con lo anterior, la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en
un yerro, al contabilizar la prescripción teniendo en cuenta la reclamación
radicada el 16 de noviembre de 2011, dándole efectos solamente respecto de la
presentación de la demanda, pero omitiendo su análisis en relación con las
46 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula
el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
47 Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
48 Cita de la sentenciad e segunda instancia «Según se advierte de la Resolución RDP 005320 del 11 de
julio de 012 y del escrito de la demanda».
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mesadas causadas con anterioridad a la fecha de radicación de la reclamación,
en tanto el docente adquirió el status pensional a partir del 28 de enero de 2003,
cuando cumplió los veinte (20) años de servicios y los cincuenta (50) años de
edad.
Sobre el tema, resulta importante recordar que el artículo 2512 de Código Civil,
dispone que la prescripción es un modo de extinguir las acciones o derechos por
no haberse ejercido durante cierto lapso, en consecuencia, deriva en la pérdida
del derecho por la inactividad del interesado al no reclamarlo oportunamente,
según lo establezca la ley. Este fenómeno prescriptivo busca generar
certidumbre en las relaciones jurídicas, incentiva y garantiza que las situaciones
no queden en suspenso a lo largo del tiempo, fortaleciendo la seguridad jurídica;
además, supone que quien no acudió a tiempo a las autoridades para interrumpir
el término lo hizo deliberadamente y debe correr con las consecuencias
desfavorables49.
En el presente caso, el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968 señala lo
siguiente:
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la
autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción pero sólo por un lapso igual.
En cuanto a la disposición transcrita y el derecho pensional reconocido en la
sentencia objeto de este recurso, esta Corporación ha sostenido que «[…] la
calidad de pensionado tiene un carácter permanente y vitalicio que apareja la
imprescriptibilidad de la acción para su reconocimiento. Sin embargo, tal
imprescriptibilidad no se contrapone a la posibilidad de declarar la prescripción
trienal de las mesadas dejadas de percibir como resultado de la inactividad del
beneficiario […]»50.
A partir de lo expuesto, la Sala considera que la sentencia de 27 de octubre de
2022 omitió efectuar el cálculo de la prescripción de las mesadas pensionales,
causadas desde que el señor José Ricardo Suárez Vargas adquirió el status
pensional, esto es, el 28 de enero de 2003, fecha en que consolido su derecho
por haber cumplido los requisitos para la pensión gracia, y la fecha en que efectuó
de la reclamación, el 16 de noviembre de 2011. En tal sentido, solo hizo alusión
a la oportunidad en el ejercicio del medio de control de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin percatarse de los efectos de la prescripción
trienal que implicaba que no podía reconocer el pago de todas las mesadas
pensionales causadas a partir de la consolidación del derecho en el año 2003.
49 Corte Constitucional, sentencia T- 662 del 23 de septiembre de 2013, MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
50 Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 15 de noviembre de 2012, radicado 08001-23-31-000-2010-00674-01. MP. Víctor Hernando
Alvarado Ardila y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia de 2 de marzo de 2023, radicado 05001-23-33-000-2014-01025-01, MP. Gabriel Valbuena
Hernández.
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En este orden, de mantenerse la decisión objeto de revisión, se estaría avalando
un exceso en la cuantía del derecho que se ordenó pagar en favor del señor
Sáenz Vargas, constituyendo un pago injustificado que impacta el patrimonio
público, cuya protección quiso velar el legislador cuanto consagró la causal b) de
la Ley 797 de 2003, según la cual, deben revisarse las pensiones «cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley». En
este caso, el exceso se traduce en el pago indebido por más de cinco (5) años
de mesadas pensionales prescritas, a las cuales no tenía derecho el pensionado,
dado que la fecha de efectividad de la prestación era desde el 16 de noviembre
de 2008, como se explicará en el acápite siguiente.
Como se indicó, precedentemente, esta causal obedeció a la necesidad de
construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en
el tiempo, en orden a hacer del sistema pensional algo posible en términos
económicos, y ello solo se consigue si los reconocimientos y pagos se hacen con
estricta sujeción a la ley y sin causar detrimentos al erario. De tal forma que la
revisión es posible, entre otras razones, cuando aquellas prestaciones periódicas
se reconocen en cuantía que excede a lo debido, de acuerdo con las normas
vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción de
revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde
dicho instrumento procesal.
Por tanto, la Sala tendrá por configurada la causal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, infirmará parcialmente la sentencia objeto de revisión y declarará la
prescripción de las mesadas respectivas con el fin de garantizar que la cuantía
del derecho reconocido no sea contraria a lo ordenado por la ley51.
Finalmente, la Sala advierte que a pesar de que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia el 27 de octubre de 2022,
ordenó reconocer y pagar la pensión gracia al señor José Ricardo Suárez Vargas,
a partir del 28 de enero de 2003, sin tener en cuenta la prescripción trienal, lo
cierto es que, a través de la Resolución RDP 020101 de 10 de agosto de 2023,
la UGPP solo dispuso su pago a partir del 16 de noviembre de 2008, por estimar
que operó el fenómeno de prescripción de las mesadas anteriores, teniendo en
cuenta que el demandante formuló la reclamación de su derecho pensional el 16
de noviembre de 2011, de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de
1969 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969. Por tanto, tal circunstancia se
traduce en que el señor Sáenz Vargas no debe efectuar ninguna devolución de
sumas de dinero, dado que, finalmente, no se le pagó ninguna suma de demás,
lo que no enerva la necesidad de no corregir la sentencia, mediante este remedio
procesal extraordinario.
51 En similar sentido puede consultarse la acción especial de revisión que resolvió el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, a través de la sentencia de 12 de
octubre de 2023, radicado 11001-03-25-000-2016-01174-00, MP. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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4.3. Declaratoria de prescripción de las mesadas pensionales en el caso del
señor José Ricardo Sáenz Vargas
Al tener por configurada la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Sala
efectuará el análisis de la prescripción de las mesadas pensionales del señor
José Ricardo Sáenz Vargas, en atención a las previsiones del inciso segundo del
artículo 255 del CPACA, de la siguiente forma:
Según se ha explicado precedentemente, tanto la legislación como la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la prescripción es un
fenómeno jurídico que afecta las acreencias laborales, cuando estas no se han
reclamado oportunamente por el titular del derecho, en los términos de los
artículos 41 del Decreto Ley 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
Ahora bien, este fenómeno se contabiliza a partir de la fecha en que el derecho
se haya hecho exigible, esto es, se haya consolidado en favor del trabajador o
empleado, sin que pase de tres (3) años, pues este lapso ha sido establecido por
la ley, para derivar abandono, desinterés o ausencia de voluntad en relación el
derecho o emolumento laboral de que se trate. De manera que si durante dicho
término no se han ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos laborales que los administrados consideran que se les ha dejado de
reconocer, opera el fenómeno de la prescripción, el cual se interrumpe, por un
lapso igual, con la reclamación escrita radicada por el trabajador ante la autoridad
administrativa correspondiente.
En este caso, si bien la pensión gracia no prescribe, sí prescriben las mesadas
pensionales, si no se reclaman a tiempo, como ocurrió con la pensión gracia
reconocida al señor José Ricardo Sáenz Vargas, la cual estuvo afectada por el
fenómeno de la prescripción trienal. Conforme a las pruebas allegadas al
plenario, el docente consolidó su estatus de pensionado el 28 de enero de 2003,
cuando cumplió los 50 años de edad y 20 años de servicio, según el expediente
administrativo que la UGPP allegó como prueba en el proceso ordinario52.
Así mismo, el expediente da cuenta que el señor Sáenz Vargas presentó una
primera petición ante CAJANAL, con el fin de obtener el reconocimiento y pago
de la pensión gracia, el 27 de agosto de 2004, con la cual se interrumpió la
prescripción, pero «solo por lapso igual», como lo dispone el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968. Esta solicitud fue negada a través de las Resolución
12128 de 200653, luego, el señor Sáenz Vargas tenía hasta el 27 de agosto de
2007 para acudir a la jurisdicción sin que se viera afectado el reconocimiento de
las mesadas causadas desde 23 de enero de 2003.
Posteriormente, volvió a acudir ante la UGPP para reclamar el derecho a la
pensión gracia mediante escrito radicado el 16 de noviembre de 2011, y el
52 Expediente visible en el archivo .pdf «4_DemandaWeb […]», aportado por la UGPP con el ejercicio de
ese mecanismo excepcional, índice 2 de SAMAI.
53 Ib. Págs. 13 a 16.
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derecho fue negado mediante las Resoluciones RDP005320 de 11 de julio de
2012 y RDP011601 de 12 de octubre de ese año. Por lo tanto, la interrupción de
la prescripción de las mesadas operó nuevamente desde ese momento. En otras
palabras, se configuró la prescripción trienal frente a las mesadas causadas con
antelación a los tres años previos a la reclamación, por lo que no podía ordenarse
judicialmente el pago desde el 28 de enero de 2003, dado que, cuando el
demandante presentó por segunda vez la reclamación administrativa, empezó de
nuevo el cómputo de tres años y, en consecuencia su pago debió ordenarse
desde el 16 de noviembre de 2008, en tanto se afectó aquellas mesadas
causadas desde que se había hecho exigible su derecho54.
En este caso, la presentación de la demanda ocurrió el 8 de marzo de 2013, lo
que implica que no transcurrió un tiempo superior a 3 años, desde la segunda
interrupción y, en ese sentido, logró mantener incólume el segundo lapso de
prescripción. Pero esta circunstancia no enerva las consecuencias de la omisión
derivada de la primera petición efectuada el 27 de agosto de 2004, como lo
entendió el juez ad quem, lo cual imponía al pensionado el deber de demandar
el acto que le negó esta primera petición, dentro de los tres años siguientes y,
como no lo hizo, generó un efecto prescriptivo en contra de sus derechos
laborales.
En consecuencia, se infirmará parcialmente la sentencia proferida el 27 de
octubre de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en lo relacionado con la prescripción de las mesadas pensionales
causadas y no reclamadas oportunamente por el docente, correspondiente a los
3 años anteriores a la interrupción efectuada con la segunda solicitud de la
pensión gracia, esto es, desde el 16 de noviembre de 2008 hacia atrás, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se declarará la
prescripción del derecho a tales mesadas.
4.4. Conclusión
Esta Sala Especial de Decisión encuentra configurada la causal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, por cuanto en la sentencia objeto del recurso
extraordinario de revisión se ordenó el pago, de la pensión gracia al señor José
Ricardo Sáenz Vargas, de sumas de dinero superiores a los establecidos en la
ley, lo que implica que se hizo en una cuantía indebida, que hace que la acción
de revisión prospere, tal como se declarará seguidamente.
54 En este mismo sentido, pueden consultarse las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado: 70001-23-33-000-2015-00018-01,
MP. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del
2 de febrero de 2012, radicado: 15001-23-33-000-2013-00718-01; Subsección A, del 17 de marzo de 2021,
radicado: 76001-23-33- 000-2016-00438-01; del 2 de marzo de 2023, radicado: 05001-23-33-000-2014-
01025-01 y del 10 de julio de 2024, radicado 76001-23-33-008-2014-01186-01, MP. Rafel Francisco Suárez
Vargas.
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5. Costas
La Ley 1437 de 2011 no estableció una disposición en materia de costas
especialmente en el marco del recurso extraordinario de revisión55. No obstante,
la Ley 2080 de 2021 en su artículo 70, modificó el artículo 255 del CPACA, en
cuanto dispuso «si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente». A su turno, el artículo 188 del CPACA dispone lo
siguiente:
Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil (se resalta).
Así las cosas, estima la Sala que de conformidad con el artículo 188 del CPACA,
no hay lugar a la condena en costas. Lo anterior, por cuanto en el presente caso
se promovió la acción especial de revisión prevista en la Ley 797 de 2003 que
reviste un interés público, en la medida en que la entidad legitimada pretendió la
salvaguarda del equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema general de
pensiones, propósito que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese
mecanismo especial de revisión contra sentencias que ordenen un
reconocimiento pensional en detrimento del erario56.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial Veintidós de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
V. FALLA
PRIMERO. Declarar fundada la acción especial de revisión presentada por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales –UGPP– con el fin de que se infirme la sentencia proferida el 27 de
octubre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el
número 25000–23–42–000–2013–00890–02, de conformidad con lo expuesto en
esta sentencia.
SEGUNDO. Infirmar parcialmente la sentencia del 27 de octubre de 2022,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solo
en cuanto se abstuvo de declarar la prescripción de mesadas pensionales
55 De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, inciso 3° «[…] La revisión se tramitará por el
procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá
solicitarse […] por las causales consagradas para este en el mismo código y además: […]».
56 Se puede consultar la sentencia de 22 de noviembre de 2021 proferida por la Sala Novena Especial de
Decisión dentro del expediente con número de radicación 11001-03-15-000-2019-01749-00-REV. MP.
Gabriel Valbuena Hernández y sentencia de 2 de junio de 2022, proferida por la Sala Veintidós Especial de
Decisión, radicación: 11001-03-15-000-2020-02983-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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causadas y no reclamadas oportunamente por el señor José Ricardo Sáenz
Vargas. En su lugar, se dispone lo siguiente:
Primero: Revocar la sentencia del 31 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor
José Ricardo Sáenz Vargas contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. En su lugar,
Segundo: Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 005320 del 11 de julio de
2012 y RDP 011601 del 12 de octubre de 2012, a través de las cuales se negó el
reconocimiento de la pensión gracia.
Tercero: Declarar prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad
al 16 de noviembre de 2008, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
Cuarto: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, se condenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar la
pensión gracia al señor José Ricardo Sáenz Vargas, con efectos fiscales a partir
del 16 de noviembre de 2008, liquidada con el 75% del promedio de los factores
devengados en el último año en que prestó sus servicios, comprendido entre el 16
de enero de 1997 y 16 de enero de 1998, con la inclusión del sueldo y las primas
de alimentación, especial, vacaciones y navidad, las dos últimas en sus doceavas
partes.
Las sumas que resulte de la condena anterior, serán ajustadas en los términos del
artículo 187 del CPACA, dando aplicación a la fórmula indicada en la parte motiva
de esta providencia.
Quinto: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
TERCERO. No condenar en costas, de acuerdo con lo señalado en esta
sentencia.
CUARTO. Reconocer personería al abogado Alexander Andreiev Garzón
African, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 79.953.130 de Bogotá D.
C., y portador de la tarjeta profesional núm. 173.014 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado del señor José Ricardo Sáenz Vargas, conforme a
los términos y facultades contenidas en el poder obrante en el expediente
digital57.
QUINTO. Reconocer personería al abogado Manuel Alfonso Ospina Osorio,
identificado con la cédula de ciudadanía núm. 7.711.118, y portador de la tarjeta
profesional núm. 141.941 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado
57 Obrante en el índice 25 de SAMAI. Asimismo, se validaron los datos de identificación del profesional del
derecho en el aplicativo SAMAI.
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Demandante: UGPP
Demandado: José Ricardo Sáenz Vargas
de la UGPP, conforme a los términos y facultades contenidas en el poder obrante
en el expediente digital y la sustitución realizada por el representante legal de la
firma Casación Laboral Estudio S. A. S.58.
SEXTO. Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión.
Cópiese, notifíquese, y cúmplase.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente de la Sala
MILTON CHAVES GARCÍA LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Magistrado Magistrado (E)
Aclara el voto
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado Magistrado
Aclara el voto Aclara el voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
58
Obrantes en el índice 34 de SAMAI. Asimismo, se validaron los datos de identificación del profesional del
derecho en el aplicativo SAMAI.
Calle 12 núm. 7-65 –Tel: 601350-6700– Bogotá D. C. (Colombia)
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21
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