Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02351-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02351-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02351-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
11 de julio de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02351 00
Accionante: Hernán Neira Salguero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02351 00
Accionantes: HERNÁN NEIRA SALGUERO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A
Tesis: No es procedente la acción de tutela que se interpone
más de seis meses después de la fecha en la que ha sido
notificada la decisión que se considera violatoria de
derechos fundamentales, si la parte actora no presenta
argumentos válidos que expliquen la tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Hernán Neira
Salguero, por intermedio de apoderado, contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El señor Hernán Neira Salguero solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, que estimó
vulnerados con ocasión de la sentencia del 31 de enero de 2019 y de la
sentencia complementaria del 31 de agosto de 2023, proferidas por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que modificaron el
fallo del 13 de enero de 2015, dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
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Accionante: Hernán Neira Salguero
derecho promovida contra la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural1.
1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, el señor Hernán
Neira Salguero interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con
el objeto de que se declarara la nulidad del acto administrativo número
20111110093501 del 20 de abril de 2011, y que a título de restablecimiento
del derecho: (i) se declarara la existencia de una relación laboral con la
entidad demandada, la cual presuntamente se ocultó bajo una ficticia
relación de contratos de prestación de servicios, (ii) se condenara a la
demandada al pago de todos los derechos salariales y prestacionales con
los ajustes legales respectivos, (iii) se condenara al pago de aportes de
seguridad social y (iv) se condenara a la devolución de los valores
descontados por concepto de retención en la fuente2.
1.3. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se fundamentó
en que el accionante fue funcionario del Instituto de Mercadeo Agropecuario
(Idema) por más de 16 años, hasta la fecha de liquidación de dicho
instituto, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 1997. Posteriormente, fue
contratista del Ministerio de Agricultura3, desde el 16 de enero de 1998
hasta el 28 de diciembre de 2008, con periodos de interrupción entre cada
contrato. Entonces, alegó que la forma de vinculación laboral desconoció el
principio de la realidad sobre las formas, de acuerdo con los
pronunciamientos que al respecto ha emitido la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
1.4. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho correspondió
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, quien profirió sentencia el 13 de enero de 2015, mediante
la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
1
Proceso que se identificó con la radicación 25000-23-25-000-2011-01000-01.
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Tomado de la sentencia del 31 de enero de 2019, obrante en el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho.
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Hoy Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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considerar que estaba probada la existencia de una relación laboral formal
entre las partes.
Contra la anterior decisión, las partes presentaron recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, a través de sentencia del 31 de enero de 2019, la cual
modificó el fallo del a quo, declarando parcialmente probada de oficio la
excepción de prescripción extintiva, respecto de las prestaciones sociales
a que tenía derecho el accionante por los periodos comprendidos entre el
16 de enero de 1998 y el 28 de diciembre de 2007, y condenó al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural a pagar al señor Hernán Neira Salguero
las prestaciones sociales y demás acreencias laborales, por un total de 11
meses y 24 días reconocidos como contrato realidad.
La parte demandante presentó solicitud de adición y aclaración del fallo
de segunda instancia, al considerar insuficiente el análisis en lo referente
a la prescripción extintiva del derecho, la cual fue resuelta a través de
sentencia complementaria del 31 de agosto de 2023, que se adicionó la
del 31 de enero de 2019 en el sentido de:
“(…) indicar dos aspectos: 1) la declaración de oficio de la excepción de
prescripción extintiva de derechos es consecuencia de las 6 interrupciones de
contratos que se produjeron y la no reclamación oportuna del derecho, motivo
claro para establecer la prescripción de las prestaciones sociales causadas con
anterioridad al 30 de diciembre de 2007 y, ii) no tiene vocación de prosperidad
el reproche manifestado por el apoderado del señor Hernán Neira Salguero en
su escrito de apelación presentado el 3 de febrero de 2015, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.”
1.5. El accionante adujo en la tutela que las decisiones atacadas incurrieron
en desconocimiento del precedente judicial fijado en los siguientes
pronunciamientos, lo que generó una diferencia económica representativa
en la condena:
(i) La sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, emitida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16) SUJ2-025-
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21, “en la cual se establece que la ‘interrupción’ entre una y otra
contratación estatal debe corresponder al término de 30 días hábiles,
es decir, que antes de ese término, no hay interrupción, y por ende,
no corre el término de prescripción, entre una y otra vinculación”,
pues considera que la aclaración y adición de sentencia del 31 de
agosto de 2023, comete un error “al desconocer que el trámite de
adición de la sentencia, como institución procesal, solo procede
dentro del mismo término de ejecutoria de la sentencia objeto de la
medida, es decir, cuando aún no se inviste del manto de la cosa
juzgada. Luego, mutatis mutandi, no es válido predicar que emerge
el efecto de cosa juzgada para negar la aplicación de un fallo de
unificación, cuando el asunto no ha finiquitado en toda su expresión
ante la jurisdicción”.
(ii) La sentencia de unificación SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016,
identificada con la radicación número 23001-23-33-000-2013-
00260-01(0088-15), dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, “en la cual se fijó que el término de
interrupción para efectos de la prescripción lo era el de 15 días
conforme a lo establecido en el artículo 10 del decreto ley 1045 de
1978”.
(iii) La “Sentencia dictada el 26 de julio de 2018 (posterior a la anterior)
con ponencia del Dr. César Palomino Cortés”, la “Sentencia dictada
el 4 de mayo de 2017 con ponencia de la Dra. Sandra Lisset Ibarra
Vélez” y la “Sentencia dictada el 23 de junio de 2016 con ponencia
del Dr. Luis Rafael Vergara Quintero”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, remitió copia del expediente digital del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con la radicación
número 25000-23-25-000-2011-01000-00.
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2.2. La parte accionada y los demás vinculados al trámite constitucional
en calidad de terceros con interés guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. El señor Hernán Neira Salguero interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, con el objeto de que se declarara la existencia de una
relación laboral con la entidad demandada y se le condenara al pago de
todos los derechos salariales y prestacionales con los ajustes legales
respectivos.
3.2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, a través sentencia del 13 de enero de 2015, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
3.2.3. Las partes interpusieron recurso de apelación y, mediante proveído
del 31 de enero de 2019, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, modificó el fallo de primera instancia declarando
parcialmente probada de oficio la excepción de prescripción extintiva del
derecho, respecto de las prestaciones sociales causadas entre el 16 de
enero de 1998 y el 28 de diciembre de 2007, y ordenó pagar a la parte
demandante el valor de las pretensiones sociales y demás acreencias
laborales por 11 meses y 24 días, reconocidos como contrato realidad.
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3.2.4. El demandante presentó solicitud de adición y aclaración del fallo de
segunda instancia, respecto del análisis realizado frente a la prescripción
extintiva del derecho, entre otros asuntos, la cual se resolvió en sentencia
complementaria del 31 de agosto de 2023.
3.2.4. El demandante interpuso acción de tutela al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales por las anteriores providencias.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
En ese orden, corresponde a la Sala analizar, en primer lugar, si es
procedente decidir de fondo la acción de tutela promovida por Hernán
Neira Salguero con ocasión de la sentencia del 31 de enero de 2019 y la
sentencia complementaria del 31 de agosto de 2023, proferidas por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que modificaron el
fallo del 13 de enero de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida contra la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
3.3.2. El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra
providencias judiciales
3.3.2.1. La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la
finalidad de la tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos
fundamentales del solicitante, éste debe formularla en un plazo razonable
y proporcionado que se contabiliza a partir del hecho que originó la
amenaza o vulneración de tales derechos, pues aceptar lo contrario
desvirtuaría el carácter excepcional de la acción de tutela.
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Accionante: Hernán Neira Salguero
Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación, mediante sentencia de unificación4 de 5 de agosto de 2014,
en lo concerniente a la verificación del cumplimiento del requisito de
inmediatez en los casos que se controvierten providencias judiciales,
consideró que dicha exigencia, por regla general, se debe tener por
cumplida cuando la acción se interpone dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la providencia que se pretende controvertir.
Este plazo, en todo caso, es indicativo, por lo que deberá ser analizado
en cada caso particular, teniendo en consideración las circunstancias
especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.
A este mismo respecto, en sentencia SU-354 de 2017, la Corte
Constitucional destacó que la importancia de exigir un término razonable
entre la notificación de la sentencia que se controvierte y la interposición
de la acción de tutela radica en que dicho requisito: “[…] (i) garantiza una
protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a
atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y
(iv) desestima las solicitudes negligentes[…]”. En adición, la corporación
reiteró que no existe un término de caducidad para acudir al amparo
constitucional, de manera que cada caso debe ser analizado en concreto,
teniendo en cuenta todos los matices y circunstancias que puedan
presentarse en el curso de los hechos.
Por lo mismo, la Corte Constitucional ha establecido criterios
excepcionales para valorar la admisibilidad de una acción de tutela
presentada luego de que hubiese transcurrido un período superior al
razonable desde que comenzó la vulneración o amenaza de derechos que
se reclama. En ese orden de ideas, uno de tales criterios excepcionales es
el relativo a que el escrito de demanda despliegue un mínimo de carga
argumentativa en aras de acreditar: (i) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; (ii) si esta inactividad vulnera el núcleo
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01 (M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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Accionante: Hernán Neira Salguero
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si
existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el fundamento de
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy
alejado de la fecha de interposición.
Una vez verificado lo anterior, el juez constitucional deberá examinar las
circunstancias propias del caso objeto de su estudio, en aras de establecer
si éstas se adecúan a los criterios excepcionales fijados por la Corte
Constitucional, los cuales pueden responder a parámetros de índole
subjetiva u objetiva según corresponda, a saber: El subjetivo, es aquel
que se circunscribe a las condiciones especiales del sujeto o sujetos que
instauran la acción de tutela. Así pues, el juez constitucional deberá
evaluar: (i) si el demandante pertenece a un grupo vulnerable; (ii) si de
conformidad con la situación personal o coyuntural del actor no era
posible acudir de forma inmediata al juez constitucional; (iii) si el
accionante se encuentra en condiciones de aislamiento geográfico o de
vulnerabilidad económica que le impidieron ejercer la tutela; (iv) si está
en estado de indefensión que le impidió hacer uso de la acción de tutela,
y (v) si la vulneración a los derechos fundamentales ha sido permanente
en el tiempo. Por su parte, el criterio objetivo hace referencia a aquellos
eventos en que la Corte Constitucional haya expresamente determinado
un plazo especial para la interposición del amparo dada las condiciones
propias del caso en concreto.
3.3.2.2. En el caso bajo examen, la Sala advierte que el accionante ataca
la sentencia del 31 de enero de 2019 y la sentencia complementaria del
31 de agosto de 2023, proferidas por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que modificaron el fallo del 13 de enero de 2015,
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada bajo el
radicado número 25000-23-25-000-2011-01000-01.
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Accionante: Hernán Neira Salguero
Ahora, de conformidad con la información registrada en el aplicativo
SAMAI, la sentencia complementaria del 31 de agosto de 2023 fue
notificada por edicto el 3 de noviembre de 20235 y, a su vez, la solicitud
de amparo fue radicada el 10 de mayo de 20246, es decir, que se superó
el lapso que la jurisprudencia constitucional ha estimado como razonable
para la interposición de las acciones de tutela contra providencias
judiciales.
En tal sentido, resulta pertinente enfatizar que la actuación desplegada
por la actora no resulta razonable ni proporcional, pues lo que se persigue
a través de la acción de tutela es la protección urgente e inmediata de los
derechos fundamentales que se estiman conculcados, lo que supone y
amerita una gestión diligente de su parte. Esto no se cumplió en el sub
lite y el accionante no expuso ninguna justificación razonable para la
tardanza en la interposición de la solicitud de amparo.
Siendo así, esta Sala encuentra que esta acción de tutela no cumple con
el presupuesto de inmediatez en relación con las providencias cuyos
fundamentos se atacan, razón por la cual resulta completamente
innecesario el estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes
presupuestos generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones
judiciales.
3.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
inmediatez respecto de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora.
5
Visible en el proceso de segunda instancia en índices 39 y 40 de SAMAI.
6
De acuerdo con la información registrada en el siguiente enlace del aplicativo SAMAI:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202402351001
100103
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Accionante: Hernán Neira Salguero
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por Hernán Neira Salguero, contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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