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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03414-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03414-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de desvinculación de la FIDUPREVISORA. 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Yeim Juliet Largo Tapasco, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03414-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

1 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03414-00
Demandante: Yeim Juliet Largo Tapasco

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., primero (1º) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03414-00
Demandante: YEIM JULIET LARGO TAPASCO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD.

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho – condena en costas.
Requisitos generales y específicos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderada judicial, por la
señora Yeim Juliet Largo Tapasco contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto
333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de julio de 2024, la señora Yeim Juliet Largo Tapasco ejerció acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Segunda, Sala Séptima de
Oralidad, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a esto se
REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO PONENTE CARLOS
CRISTOPHER VIVEROS ECHEVERRI radicado: 050013333002520220053101 el
numeral segundo donde condena en costas en esta instancia.»

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Yeim Juliet Largo Tapasco laboró como docente en la planta de personal
del distrito de Medellín, afirmó que el Ministerio de Educación Nacional no consignó en
el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG (en adelante FOMAG) las
cesantías correspondientes al año 2020, en la fecha prevista legalmente, es decir, a
más tardar el 15 de febrero del año 2021.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03414-00
Demandante: Yeim Juliet Largo Tapasco

Que, el 27 de mayo de 2022, solicitó al Ministerio de Educación el pago de las
cesantías del año 2020 y el reconocimiento de la sanción por mora por la consignación
tardía al FOMAG con fundamento en el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, dicha solicitud fue resuelta de manera negativa, mediante acto
administrativo núm. 202230237051 del 3 de junio de 2022.

Por lo anterior, la demandante presentó medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín, con la finalidad de que se declarara la nulidad del mencionado
acto administrativo y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción
por mora por la consignación tardía de las cesantías.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado
Veinticinco Administrativo de Medellín, que, en sentencia del 8 de septiembre de
2023, negó las pretensiones de la demanda por considerar que el reconocimiento y
pago de la sanción por mora por el pago tardío de las cesantías y los intereses
solicitados no le resultaban aplicables a la demandante, porque los docentes oficiales
ostentan un régimen especial de liquidación de los intereses de las cesantías,
contemplado en la Ley 91 de 1989. Adicionalmente, condenó en costas a la
demandante.

Contra dicha providencia la actora interpuso recurso de apelación con fundamento en
que, a su juicio, el hecho de que los docentes pertenezcan a un régimen especial no
implica que las entidades nominadoras y encargadas de las prestaciones sociales se
sustraigan de la obligación de consignar los recursos de las cesantías en el FOMAG a
tiempo.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en sentencia
del 14 de febrero de 2024, confirmó la totalidad de la decisión del juzgado, por
considerar que los docentes vinculados al FOMAG se rigen por la norma especial
consagrada en la Ley 91 de 1989, la cual no contempló la sanción por mora por la no
consignación tardía de las cesantías en una cuenta individual para cada docente, del
mismo modo, dijo que no existe pronunciamiento de la Corte Constitucional o del
Consejo de Estado que ordene a las demandadas aplicar la sanción consagrada en la
Ley 50 de 1990, además, decidió no condenar en costas a la demandante en segunda
instancia. Sin embargo, al confirmar la providencia de primera instancia, permaneció
vigente la condena en costas decretada en esa oportunidad.

3. Argumentos de la tutela

La demandante indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos
fundamentales cuyo amparo invoca, porque, a su juicio, incurrió en desconocimiento
del precedente judicial, en relación con la condena en costas, al efecto, citó la
sentencia del 9 de febrero de 2023 dictada por el consejero Wilson Ramos en el
expediente con radicado: 05001-23-33-000-2017-01196-01 (25696).

Resaltó que, en el caso objeto de estudio, no aparecen probados gastos judiciales
sufragados por la entidad demandada por tratarse de un asunto de puro derecho y
tampoco la temeridad o la mala fe, razón por la que considera que no había lugar a
confirmar la condena en costas dispuesta en primera instancia.

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Demandante: Yeim Juliet Largo Tapasco

4. Trámite previo

Mediante auto del 8 de julio de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la señora Yeim Juliet Largo Tapasco, a la Sala Séptima de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia como demandado, al titular del
Juzgado Veinticinco Administrativo de Medellín, a la Nación – Ministerio de Educación
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Distrito
Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, como terceros interesados,
a quienes se les remitió copia de la demanda.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Antioquia, por intermedio del ponente de la decisión
objeto de debate, indicó que la acción de tutela es improcedente por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, porque la demandante argumenta que la vulneración
alegada se dio por no revocar la condena en costas dispuesta en la sentencia emitida
en primera instancia, frente a la que considera debe realizarse «un análisis de
ponderación subjetiva».

En este punto, resaltó que la condena en costas impuesta no fue objeto de apelación,
es decir que, la demandante no hizo uso del medio de defensa judicial ordinario con el
que contaba, razón por la que además no había lugar a pronunciarse en segunda
instancia al respecto, pues fue un aspecto que no fue objeto de debate.

Explicó que, si bien la demandante señala que se desconoció «una decisión de
unificación» del 2023 en la que se precisó que no hay lugar a condena en costas cuando
se actúa con buena fe, lo cierto es que lo expuesto en la solicitud de amparo son
argumentos propios del recurso de apelación.

6. Intervenciones

El Juzgado Veinticinco Administrativo de Medellín indicó que los argumentos
expuestos por la actora no sustentan la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados, por el contrario, lo que se controvierte es la motivación y la
decisión adoptada sobre las costas procesales, lo que, a todas luces pretende convertir
la presente acción de amparo constitucional en una tercera instancia.

Explicó que, la solicitud de amparo de la referencia no cumple con los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para considerar su procedencia
respecto de una providencia judicial, pues la misma no reviste relevancia
constitucional, ya que lo pretendido se circunscribe a un asunto puramente económico
que pretende reemplazar las vías judiciales ordinarias, esto es, que se deje sin efecto
la condena en costas proferida en aplicación de las normas vigentes en la materia al
momento de expedirse la sentencia de primera instancia, esto son los artículos 188 de
la Ley 1437 de 2011, 47 de la Ley 2080 de 2021 y 365 y 366 del C.G.P, la cual en todo
caso, fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Finalmente, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela o se nieguen las
pretensiones por no existir vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados.

El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela de la referencia, porque la providencia atacada no puede ser excluida del
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ordenamiento jurídico por la vía de la tutela, puesto que pretender que el juez de tutela
resuelva de fondo la cuestión que le competía a la jurisdicción natural, desconocería
su independencia y autonomía judicial.

Explicó que es el actor quien debe probar la vulneración alegada para lo que debe
demostrar que la decisión judicial expedida por el juez de conocimiento se apartó del
ámbito de legalidad, situación que en todo caso no se probó, razón por la que la acción
de tutela de la referencia no procede en el caso objeto de estudio.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín sostuvo que
el proceso ordinario identificado con radicado 05001-33-33-025-2022-00531-00/01 fue
tramitado como medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por
la que es procedente la condena en costas, pues conforme con el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, la única excepción a la condena en costas procede cuando se trata de
procesos de interés público y el caso objeto de estudio no lo es, por tanto, el juez de
primera y de segunda instancia en uso de su autonomía, podían proferir una decisión
frente a la condena en costas en el caso en particular.

Además, afirmó que, la acción de tutela de la referencia carece de relevancia
constitucional por tratarse de un asunto meramente legal y económico, como lo son
las costas procesales, que, aunado a lo anterior, devienen del principio de autonomía
judicial.

La FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó ser
desvinculada de la acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa
por pasiva o en su defecto que se declare improcedente por inexistencia de la
vulneración alegada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra

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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de
tutela presentada por la señora Yeim Juliet Largo Tapasco para cuestionar la sentencia
del 14 de febrero de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Séptima de Oralidad, mediante la que confirmó la decisión de primera instancia, que,
negó las pretensiones de la demanda y la condenó en costas en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado núm. 05001-33-33-025-2022-00531-01.

En ese contexto, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia, en particular, el de relevancia
constitucional y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio de fondo de los
argumentos en que basó la acción de tutela.

Sin embargo, de manera previa, la Sala se pronunciará sobre la legitimación en la
causa por pasiva de la Fiduprevisora S.A.

De la legitimación en la causa por pasiva

La Fiduprevisora S.A. alega que carece de legitimación en la causa por pasiva. Al
respecto, se aclara que esta entidad es la demandada en el proceso ordinario contra
el que se dirige la solicitud de amparo, lo cual justifica su vinculación al presente trámite
como tercero con interés. Por esta razón, se negará la solicitud de desvinculación.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y,
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» .
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
deciden di. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Yeim Juliet Largo Tapasco
cuestiona la condena en costas decretada en la sentencia del 8 de septiembre de 2023
por el Juzgado Veinticinco Administrativo de Medellín y que fue confirmada, en
providencia del 14 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, porque ese aspecto no fue objeto del recurso de
apelación.

4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Yeim Juliet Largo Tapasco

La actora señaló que la autoridad judicial demandada no debió condenar en costas
porque no se probaron gastos judiciales sufragados por la entidad demandada por
tratarse de un asunto de puro derecho, por considerar que no existió temeridad en su
actuar y, porque, dicha condena desconoce el precedente judicial adoptado por esta
Sección, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-
23-33-000-2017-01196-01 (25696), en esa medida, considera que fue
desproporcionada la condena.

Al respecto, la Sala evidencia que el caso objeto de estudio no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, por no cumplir el presupuesto consistente en
«Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.
La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que
permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse
o proponerse ante el juez natural».

Lo anterior, si se tiene en cuenta que el Juzgado Veinticinco Administrativo de
Medellín, en sentencia del 8 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la demandante, con fundamento en los argumentos
que se pasan a transcribir, en lo pertinente:

«En conclusión, los docentes nacionales y nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, no pueden ser sujetos beneficiarios del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, por cuanto dicho marco normativo no los contempló expresamente, sino
que incluso restringió la posibilidad de su aplicación a otros sectores laborales. A esto se
suma la incompatibilidad que se presenta de normas, la complejidad del sector público
docente respecto a los demás servidores públicos y los parámetros expresos de aplicación
definidos por el legislador para la Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de
1998.

Para el despacho es justificable desde el punto de vista constitucional, el ámbito técnico y
la estructuración y funcionalidad del Estado, el trato normativo diferencia que se hace de los
docentes vinculados al FOMAG; siendo por el contrario violatorio de los principios de
equidad, sostenibilidad fiscal, solidaridad, coordinación y subsidiaridad, régimen de
competencias, distribución de funciones y configuración legislativa; extender de manera
desproporcionada e injustificada, derechos a un grupo de servidores públicos que ya goza
de vastas prerrogativas, ampliando un marco normativo específicamente regulado a otro
que no compagina ni comparte los criterios administrativos, técnicos y funcionales.(…)

Conforme con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, procede la condena en costas
de manera objetiva, norma que dispone que salvo en procesos que versen sobre un
interés público, la sentencia siempre dispondrá sobre la condena en costas, precepto
que establece adicionalmente que la liquidación y ejecución de las costas se hará acorde al
Código General del Proceso. Lo anterior continúa vigente junto con la adición hecha a
la norma citada por el artículo 47 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, que estipuló:
“en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, norma respecto de
la cual ha dicho el Consejo de Estado: “La anterior disposición no modificó el sistema de
imposición de condena en costas objetivo, pues, como se ve, se trató de una adición
consistente en que también se debe disponer sobre la condena en costas cuando la
demanda carezca de fundamento legal”.

En consecuencia, se condena en costas a la señora Yeim Juliet Largo Tapasco a favor del
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG- y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
correspondiendo por agencias en derecho la suma de medio (1/2) salario mínimo legal
mensual vigente para cada una de las demandadas. Por Secretaría liquídese las costas
conforme con los artículos 365 y 366 del CGP».

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03414-00
Demandante: Yeim Juliet Largo Tapasco

A pesar de que la demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, en ninguno de sus apartes, se advierte algún argumento dirigido a cuestionar
la condena en costas decretada en el trámite de primera instancia.

En el escrito del recurso se observa que su oposición se basó, únicamente, en insistir
sobre: (i) el régimen especial de las cesantías docentes; (ii) la competencia en el
reconocimiento y pago de las cesantías docentes; (iii) que las entidades demandadas
incurrieron en mora y, (iv) en general, a insistir en que le asiste el derecho a la sanción
por mora por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en el artículo
90 de la Ley 50 de 1990, en esencia, alegó:

«Que los docentes pertenezcan a un “régimen especial”, no implica que las entidades
nominadoras y responsables de sus prestaciones sociales, se sustraigan de la obligación
de CONSIGNAR LOS RECURSOS DE LAS CESANTÍAS EN EL FOMAG, razón que
conlleva a un fondo desfinanciado y que siempre presenta déficit, y que para sortear su
insolvencia, acude a restricciones de periodicidad para el retiro parcial de cesantías en
contravía del orden constitucional, como se ha estudiado en el Consejo de estado en el
expediente RADICADO: 11001-03-25-000-2016-00992-00, donde es ACCIONANTE: LUIS
ALONSO ARISTIZÁBAL MARÍN y ACCIONADO: NACIÓN - MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO y se estudió la Nulidad del inciso primero del artículo 5° del Acuerdo 34 de
1998, cuya sentencia de 24 de octubre de 2019 declaró la nulidad solicitada.

Hasta aquí queda demostrado que al unísono la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, han concluido que a los docentes se les deben CONSIGNAR en el único fondo
establecido para los trabajadores de la educación, los recursos de sus cesantías en los
términos establecidos en el artículo 99 de 1990 y que tienen la posibilidad de solicitar la
indemnización hasta 3 años después de la causación de la misma, so pena de operar la
prescripción extintiva del derecho.(…)

De esta manera, queda fundamentado las razones por las que la decisión de primera
instancia, debe ser revocada y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, por
cuanto las entidades encargadas de CONSIGNAR LOS RECURSOS DE LAS
CESANTÍAS DEL AÑO 2020 PARA MI MANDANTE, AL FOMAG, HAN EXCEDIDO LOS
TÉRMINOS LEGALES, y los órganos de cierre tienen una clara postura de la aplicación
del contenido del artículo 99 de la ley 50 de 1990 a favor de los docentes, la cual se
encuentra vigente, como se ha demostrado a lo largo de este recurso».

De mamera que, no queda duda que en la sustentación del referido recurso de
apelación la parte actora omitió exponer argumentos de inconformidad frente a la
condena en costas que le fue impuesta.

Lo anterior, conduce a señalar que la demandante hace uso de la solicitud de amparo
de la referencia para proponer nuevos argumentos que no fueron discutidos ante el
juez de la causa, pues, las inconformidades que expone en el escrito de tutela sobre
la condena en costas decretada en el trámite de nulidad y restablecimiento de primera
instancia debió alegarlas en el recurso de apelación que ejerció contra la decisión del
8 de septiembre de 2023, sin embargo, en dicha oportunidad únicamente hizo
referencia al hecho de que los docentes pertenezcan a un «régimen especial», no
implica que las entidades nominadoras y responsables de sus prestaciones sociales,
se sustraigan de la obligación de consignar los recursos de las cesantías en el FOMAG
a tiempo, razón por la que, a su juicio, era procedente el reconocimiento de la sanción
por mora por el pago tardío de las cesantías.

En ese sentido, resulta evidente que, la solicitud de amparo no cumple con el aludido
presupuesto, pues, lo argumentos que dejó de exponer a instancias del recurso de
apelación, los plantea ahora en ejercicio de la acción de tutela de la referencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03414-00
Demandante: Yeim Juliet Largo Tapasco

Luego, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional que habilite el estudio de los cargos por parte del juez constitucional y,
en esa medida, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de desvinculación de la FIDUPREVISORA.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Yeim Juliet
Largo Tapasco, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Aclaro voto

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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