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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03524-00

Fecha
13 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03524-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA de la abogada Diana Carolina Alzate Quintero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03524-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

13 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03524-00
Accionante: JORGE ELIECER VÁSQUEZ ORTIZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Abogados
deben aportar poder especial que los faculte para presentar una solicitud de amparo
constitucional; el poder, además de ser especial, debe ser específico.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Jorge Eliecer Vásquez Ortiz, de conformidad con lo consagrado en el
Decreto 333 del 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 9 de julio de 2024 el señor Jorge Eliecer Vásquez Ortiz, a través de
apoderado2, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Hechos relevantes

2. El señor Jorge Eliecer Vásquez Ortiz laboraba como docente en el Municipio de
Barbosa en los servicios educativos estatales. Se encuentra afiliado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

3. El 2 de agosto de 2021, solicitó a la Secretaría de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio de Antioquia el reconocimiento y pago de

1 Que ingresó para fallo el 22 de julio de 2024.
2 La abogada es Diana Carolina Álzate Quintero cuya tarjeta profesional es la No. 165.819.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03524-00
Accionante: Jorge Eliecer Vásquez Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

la sanción por mora en la consignación de las cesantías de conformidad con lo
establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y el derecho a la indemnización
por el pago tardío de los intereses prevista en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975,
Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991. A través de acto administrativo
No. ANT2021EE031750 del 9 de agosto de 2021 el FOMAG resolvió de manera
negativa.

4. El señor Jorge Eliecer Vásquez Ortiz, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Nación -Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el Departamento de Antioquia con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo reseñado, se reconociera su derecho al pago de la sanción
por la mora así como de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías y se condenara en costas.

5. Mediante sentencia del 2 de agosto de 2023, el Juzgado Veintisiete
Administrativo Oral del Circuito de Medellín declaró no probada la falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, declaró
probada las excepciones “Inexistencia de la obligación, Inexistencia del derecho
reclamado y buena fe” propuestas por la entidad demandada, declaró probada la
falta de legitimación en la causa por pasiva, frente a la entidad demandada
Departamento de Antioquia, negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas al accionante.

6. El Juzgador en primera instancia determinó que se presentaba una
incompatibilidad entre el régimen especial de cesantías aplicable a los docentes
afiliados al FOMAG y lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Así
mismo, estableció que se presenta una ausencia del precedente jurisprudencial,
que no impone al Juzgado a aplicar apartes normativos del régimen general porque
existen sentencias de unificación emitidas por la Corte Constitucional, como lo es la
SU 573 de 2019 que negó la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990 a los docentes amparados por el régimen especial de la ley 91 de 1989.
Por último, adujo que no se puede dar aplicación al principio de favorabilidad porque
no existe un conflicto entre los regímenes vigentes. En cuanto a la condena en
costas, declaró que de conformidad con el artículo 188 del CPACA y acogiendo las
reiteradas decisiones del Consejo de Estado3 “la cuantía de la condena en agencias
en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la disposición de las partes”,
por lo que se tuvo en cuenta el Acuerdo No. 10554 del 5 de agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura y condenó en costas a la parte demandante y en
favor de la parte demandada.

7. Inconforme con esta decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Mediante providencia del 10

3 Cita la sentencia 13001-23-33-000-2013-00022-01, 15001-23-33-000-2015-00657-01 y el 88001-

23-33-000-2017-00035-01.
2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03524-00
Accionante: Jorge Eliecer Vásquez Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

de abril de 2024, dicho tribunal confirmó la sentencia de primera instancia.
Específicamente, señaló que los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales gozan de derechos prestacionales explícitamente
reconocidos por la normatividad especial, mediante la cual no se establece ninguna
obligación de consignar las cesantías ni los intereses a las cesantías en una fecha
determinada, ni dispone de una sanción moratoria por este aspecto, por tanto no se
puede aplicar el principio de favorabilidad, debido a que no hay duda frente a las
normas jurídicas que regulan el reconocimiento prestacional (cesantías) a favor de
los docentes, ni un vacío legal que permita la remisión a las disposiciones de la Ley
50 de 1990 pues la ley 344 de 1996 al regular este régimen tenía lugar a lo ya
establecido en la Ley 91 de 1989. Además, contrario a lo expuesto en primera
instancia, el Tribunal no condenó en costas porque no se encontraban probadas.

Pretensiones

8. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a
esto, SE REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA CUARTA, MAGISTRADA
PONENTE BEATRIZ ELENA JARAMILLO MUÑOZ, radicado:
05001333302720220004401, el numeral segundo donde no condena en costas
en esta instancia.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La parte accionante indicó que se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia, toda vez de que al
momento de la presentación de la demanda y a la fecha en que fue notificada la
sentencia de primera instancia -2 de agosto de 2023- no existía la sentencia de
unificación No. SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 20234.

10. Afirmó que, si bien la sentencia de primera instancia negó las pretensiones de
la demanda y el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó esta decisión
respecto al numeral 4 del artículo 365 del CGP, cuando la sentencia de segunda
instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar
costas de ambas instancias, realizando un análisis de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por tanto tal consideración
se realiza si existen acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el
curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, que se deben valorar
conforme al artículo 79 del Código General del Proceso y verificar que si se
causaron dichas costas. Sin embargo, el Tribunal accionado no sustentó los motivos
por los cuales se abstuvo de imponer costas.

4 Sentencia que fue notificada el 2 de agosto de 2023.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03524-00
Accionante: Jorge Eliecer Vásquez Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

11. Manifestó que, no se respetó el debido proceso en relación con la sanción de
la Ley 50 de 1990, ya que no se consideró el caso objeto de revisión en la sentencia
de unificación, donde no se condenó en costas a la parte demandante.

12. Además, indicó que se desconoció el ordenamiento procesal en cuanto a la
condena en costas. Alegó que la “primera regla” se debe imponer a la parte vencida
en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.
La “octava regla” especifica que las costas solo procederán cuando en el expediente
se demuestre su causación y en la medida en que se comprobó. Por lo tanto, el
mandato del ordinal 1° del artículo 365 del CGP está sujeto a las exigencias del
ordinal 8 de la misma norma. Esto significa que las costas se impondrán a la parte
vencida solo si se demuestra en el expediente que fueron causadas. Dado que en
el proceso no hay pruebas que demuestren la causación de las costas procesales
por parte de la demandante, debió revocarse la condena en costas.

13. Adujo que antes de la sentencia de unificación, el Consejo de Estado reconocía
la sanción moratoria del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los
docentes oficiales de manera general, independientemente de su afiliación al
FOMAG. Esto se basaba en los principios de favorabilidad e igualdad, dada la
calidad de servidores públicos que ostentan los docentes oficiales.

14. En relación con la regulación de las costas en materia procesal según la Ley
1437 de 2011, se modificó lo establecido en la Ley 446 de 1998 para garantizar la
independencia de la conducta procesal de los litigantes. El nuevo precepto
establece que, salvo en los procesos de interés público, la sentencia determinará la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución seguirán las normas del Código de
Procedimiento Civil. Además, el artículo 47 de la Ley 2080 del 21 de enero de 2021
añadió el artículo 188 a la Ley 1437 de 2011.

15. Agregó que en el presente caso no se aparecen probados los gastos judiciales
sufragados por la entidad demandada ya que se trata de un asunto de puro derecho
y mucho menos aparece probada la temeridad o mala fe, dado lo anterior, mencionó
una providencia del 16 de abril de 20155. Por último, precisó que, conforme a la
posición asumida por el Consejo de Estado en materia donde se debaten derechos
laborales se tiene que atender la posición de los sujetos procesales.

Trámite en primera instancia

16. A través de auto del 11 de julio de 2024, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia como
accionado; al Juzgado Veintisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Departamento de Antioquia como terceros
interesados en las resultas del proceso. Además, requirió al accionado para que

5 Sentencia 25000-23-24-000-2012-00446-01 C.P. Guillermo Vargas Ayala.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03524-00
Accionante: Jorge Eliecer Vásquez Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

allegara copia digital del expediente con radicado 05001-33-33-027-2022-00044-
00/01.

Intervenciones

17. El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el expediente 05001-33-33-
027-2022-00044-00/01 de manera digital. Así mismo, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la acción de tutela, mencionando que la decisión apelada por la
parte demandante se limitó a indicar los motivos por los cuales el señor Vásquez
Ortiz no tenía derecho a que se le reconociera y pagara la sanción moratoria por la
tardía consignación de las cesantías, sin embargo, no presentó ningún argumento
con referencia a la condena en costas impuesta en la sentencia de primera
instancia.

18. Adujo que, de conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso,
al proferir sentencia de segunda instancia, lo que hizo el Tribunal fue resolver el
recurso de apelación en lo referente a que no le asistía derecho a que se le pagara
la sanción por la mora solicitada, por tanto, no tenía competencia esa Corporación
para establecer si era procedente o no la condena en costas impuestas por el
juzgado de primera instancia, porque no fueron objeto de apelación, denotando que
no vulneró ningún derecho fundamental y carece de todo fundamento, porque lo
que solicita en realidad es la nulidad parcial de la sentencia de segunda instancia.

19. El Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Medellín compartió el
expediente digitalizado. Además, realizó un recuento del proceso ordinario desde la
presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho hasta la
sentencia de segunda instancia emitida el 10 de abril de 2024 -notificada el 11 del
mismo mes y año-. Así mismo, indicó que se encontraban agotadas todas las etapas
procesales, las cuales fueron evacuadas conforme a la normatividad aplicable al
caso y respetando en todo tiempo los derechos que le asistían a las partes.

20. El Ministerio de Educación puso de presente que la parte accionante lo que
demuestra es un descontento en la decisión ordinaria. Además, adujo que el juez
constitucional está en la obligación de proteger el patrimonio que envuelve el interés
público, pues, aunque se trate de controversias económicas, estas deben
justificarse, además de que se debe probar su legitimación y afectación de los
intereses públicos que resulten vulnerados. Es decir que la tutela está condicionada
a una argumentación sólida que demuestre que el litigio económico afecta de
manera injusta y antijurídica el erario.

21. Por otro lado, señaló que en lo que va corrido del mes de julio la abogada
accionante ha presentado varias tutelas6 contra providencia judicial con identidad
de hechos y de parte demandada, pero, que varían conforme a la parte

6 Las tutelas están identificadas con las radicaciones: 11001031500020240333300,
11001031500020240348300,11001031500020240341400,11001031500020240337600,
11001031500020240352300, 11001031500020240352600.
5

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03524-00
Accionante: Jorge Eliecer Vásquez Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

demandante. Además de que se denota que el actor no logra edificar una
fundamentación clara y que necesite la intervención del juez por los presuntos
derechos vulnerados, por el contrario, lo que demuestra es un litigio el cual involucra
intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela, por
carecer de absoluta relevancia constitucional.

22. La Fiduprevisora quien actúa en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), declaró que no tiene competencia respecto de la prestación
de servicios de salud o administrar planes de beneficios, además de no tener una
estructura financiera, organizacional, técnica y administrativa para realizar
actividades propias de la prestación de servicios.

23. Argumentó que la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia y no se encuentra prueba alguna que establezca a la Fiduprevisora S.A.
como uno de los que vulnera sus derechos fundamentales al accionante, incluso no
guardan ningún tipo de relación.

CONSIDERACIONES

24. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública y, excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente
previstos por la ley.

25. En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 establece que:

“ARTÍCULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.

26. Asimismo, el Decreto 2591 de 1991, señala que los titulares de la acción de
tutela podrán solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover
6

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03524-00
Accionante: Jorge Eliecer Vásquez Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

su propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran
legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los
personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras
personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado).

27. De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la instaure se encuentre legitimado
en la causa por activa para buscar la protección de sus derechos fundamentales.
Es decir, este presupuesto exige que los derechos objeto de protección estén en
cabeza del accionante y no, en principio, de otra persona.

28. Conforme a lo establecido por la Corte Constitucional, el poder en materia de
tutela tiene las siguientes características: i) se trata de un acto jurídico formal que
se concreta en un escrito, llamado poder, el cual se presume auténtico; ii) cuando
se trata de un poder especial, tiene que ser específico, de modo que aquel conferido
para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no
se entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que
le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; iii) el destinatario del
acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho y se encuentre
habilitado con la tarjeta profesional. Es decir, que la legitimación por activa se
configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se
anexa el poder especial respectivo, por tal motivo no se puede hacer valer un poder
otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional7.

29. Pues bien, de conformidad con lo anteriormente mencionado, la legitimación por
activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado
titulado y anexa el correspondiente poder especial, es decir que no se puede
pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el
amparo constitucional, porque este se confiere para un fin específico y determinado
con la finalidad de representar los intereses del accionante en punto de los derechos
fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos
hechos concretos que dan lugar a unas pretensiones8. Incluso la Corte
Constitucional ha sostenido de manera expresa, que “cuando la acción de tutela se
ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su
interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo
constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un
asunto diferente”9.

30. En el caso bajo estudio, la señora Diana Carolina Álzate Quintero interpuso la
acción de tutela en representación del señor Jorge Eliecer Vásquez Ortiz, por la
supuesta vulneración al debido proceso, acceso a la administración de justicia y

7 Algunas de las sentencias de la Corte Constitucional en las que se precisa estos argumentos son

la T-020 de 2016, T-417 de 2013, T-531 de 2002, entre otras.
8 Sentencia T-001 de 1997.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997. M.P: Dr. José Gregoria Hernández Galindo.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03524-00
Accionante: Jorge Eliecer Vásquez Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

principio de gratuidad, con ocasión de la expedición de la providencia del 10 de abril
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia10.

31. Cabe advertir que, la Sala considera que el poder allegado por la abogada
Álzate Quintero no cumple con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional,
tal como se puede ver a continuación:

32. Con base a lo anterior, es preciso colegir que en el mandato no se precisó la
providencia cuestionada y el proceso en el que se profirió, lo que demostraría que
no contiene la totalidad de los parámetros mínimos requeridos que se requieren para
el apoderamiento en esta clase de controversias como son, el acto y/o providencia
que motiva la solicitud de amparo y los derechos fundamentales reclamados.

33. En ese orden de ideas, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada
la representación de otra persona, ni tampoco la informalidad propia de este
mecanismo de protección constitucional supone que no existan requisitos mínimos
de procedibilidad como la legitimación en la causa por activa 11, más aún cuando
quien presenta la solicitud es un abogado, lo que resulta inexcusable, pues la misma
Ley y jurisprudencia han facilitado el otorgamiento de un poder a estos profesionales
del derecho y es claro que debe saber que, un poder no se otorga sin mandato o sin
el lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales para un proceso determinado
más si se trata de una acción de tutela.

10 La apoderada de la accionante dentro de la solicitud de tutela, adjuntó la providencia del 10 de

abril de 2024, proferida por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia. Sin
embargo, en la petición de amparo solicitó lo siguiente: “Solicito que se protejan los derechos al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE
GRATUIDAD, y conforme a esto, SE REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA CUARTA, MAGISTRADA PONENTE
BEATRIZ ELENA JARAMILLO MUÑOZ, radicado: 05001333302720220004401, el numeral segundo
donde condena en costas en esta instancia”.
11 Corte Constitucional, sentencia T-417 de 2013

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03524-00
Accionante: Jorge Eliecer Vásquez Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

34. Por tal motivo, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa de la
abogada Diana Carolina Alzate Quintero.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA de la abogada Diana Carolina Alzate Quintero, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
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Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
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VF

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