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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03523-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03523-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación de la formulada por la Fiduprevisora S.A. SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Ruth Mary Correa Velásquez contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03523-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

1 de agosto de 2024

Demandante: Ruth Mary Correa Velásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Segunda
de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2024-03523-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03523-00
Demandante: RUTH MARY CORREA VELÁSQUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA
SEGUNDA DE ORALIDAD.

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.2. Petición de amparo constitucional

La señora Ruth Mary Correa Velásquez, por medio de apoderada judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, con la finalidad de que sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, así
como el principio de gratuidad.

Lo anterior, con ocasión de la providencia emitida el 20 de marzo de 2024 por
la autoridad judicial en mención, en la cual se confirmó la decisión proferida el
8 de septiembre de 2023 por el Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, que negó las pretensiones de la demanda dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho laboral que
promovió contra la Nación Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomag – y el municipio de Rionegro
(Antioquia) con Radicado 05001-33-33-025-2022-00525-00/011.

1 Se pretende la nulidad del acto administrativo radicado RNG2022EE001751 del 10 de junio

de 2022, que niega el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la Ley 50
de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, por la no

1

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Demandante: Ruth Mary Correa Velásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Segunda
de Oralidad
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En consecuencia, la parte actora solicitó (transcripción de la demanda:

«Solicitó que protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a estos
se REVOQUE DE MANERA PARCIAL LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO PONENTE
ÁLVARO CRUZ RIAÑO radicado: 05001-33-33-025-2022-00525-01 el numeral
segundo donde no condena en costas en esta instancia.»

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La tutelante promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación Ministerio de Educación Nacional, el Fomag y el
municipio de Rionegro (Antioquia), proceso que quedo radicado bajo el
número 05001-33-33-025-2022-00525-00, por medio del cual controvirtió el
acto administrativo « RNG2022EE001751 del 10 de junio de 2022, que niega el
reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99,
equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, por la no consignación oportuna
de las cesantías del año 2020, e igualmente niega la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías, establecida en la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto
1176 de 1991. (…)2»

El Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Medellín profirió
sentencia de primera instancia el 8 de septiembre de 2023, en la que denegó
las pretensiones de la demanda con fundamento en que no existe dentro del
régimen especial docente la obligación de consignar las cesantías antes del
14 de febrero de cada año, por lo que no hay lugar al pago de la sanción
moratoria en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y del artículo
primero de la Ley 52 de 1975.

Con base en la falta de prosperidad de las pretensiones, dicho despacho
condenó en costas a la parte demandante, hoy tutelante, «en atención al
criterio objetivo que rige actualmente en la materia».

En segunda instancia, la Sala Segunda del Oralidad del tribunal Administrativo
de Antioquia, mediante providencia de 20 de marzo de 20243, confirmó el fallo
apelado tras considerar que no es procedente el reconocimiento de la
indemnización por el pago tardío de los intereses que se aplica en el artículo
1 de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y Decreto Nacional 1176 de 1191, ya

consignación oportuna de las cesantías del año 2020, e igualmente niega la indemnización
por el pago tardío de los intereses a las cesantías, establecida en la Ley 52 de 1975, la Ley
50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.
2 Transcripción literal del texto de las pretensiones de la Sentencia de primera instancia del 8

de septiembre de 2023.
3 Sentencia de segunda instancia No.30 de 2024, proceso de Nulidad y Restablecimiento del

Derecho Laboral. Rad. 05001 33 33 020 2022 00525 01. Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Segunda de Oralidad. M.P. Álvaro Cruz Riaño.
2

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que los afiliados al Fomag4 no les son aplicadas las anteriores.

En cuanto, a la condena en costas y enfatizando en la «resiente» unificación
de sentencias5 consideró que, «[n]o hay lugar a imponer costas procesales contra la
parte vencida en esta instancia, pues los planteamientos de la parte actora se fundaron en
una comprensión razonable del ordenamiento jurídico; es decir, no se advierte que la demanda
o el recurso de alzada hayan sido formulados de forma caprichosa o sin fundamento alguno
(…)». Por tanto, falló sin condena en costas en segunda instancia.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora señaló que en este caso, en segunda instancia, se confirmó la
negativa de la totalidad de las pretensiones pero no se condenó en costas en
segunda instancia, por lo que si bien no se busca que prevalezca la
jurisprudencia frente a lo consagrado por el artículo 365, numeral cuarto, del
Código General del Proceso, sí se pretende que el juez de primera instancia
realice un análisis de ponderación subjetiva frente a la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la condena en costas, en el cual
deben tener en cuenta si hubo actuación temeraria, dilación, obstrucción o
dificultad del curso del proceso.

Sostuvo que las demandadas omitieron dar un debido proceso al curso que
tomó el tema de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 de cara a la condena
en costas, pues no se tuvo en cuenta la sentencia de unificación en un caso
similar en el cual no se condenó en costas a la parte actora, y precisó que se
desconocieron múltiples pronunciamientos sobre el particular, los cuales no
fueron citados por el tutelante.

Indicó que antes de que el Consejo de Estado emitiera sentencia de unificación
sobre el tema de la sanción moratoria prevista en el numeral 3o del artículo 99
de la Ley 50 de 1990, se reconocía dicha prestación a todos los docentes de
forma genérica.

Manifestó que la Ley 1437 de 2011, al regular la condena en costas, acogió el
criterio objetivo que se aplica con independencia de la conducta procesal,
salvo en procesos en los que se ventile un interés público; por ende, como en
este caso se está frente a un asunto de puro derecho y no aparece probada la
temeridad o mala fe, además que no aparecen probados los gastos judiciales
sufragados por la entidad demandada, es viable aplicar la providencia de 16
de abril de 2015 emitida por el Consejo de Estado dentro del radicado
25000232400020120044601, en la cual solo hay lugar a condenar en costas
cuando aparezca probado que se causaron.

4 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
5 SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023. Rad. Interno 5746-2022.

3

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Concluyó que resulta claro que el artículo 188 de la norma en mención no
impuso una obligación de condenar en costas y agencias en derecho, de
manera que se puede prescindir de ello.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto de 11 de julio de 2024, se admitió la acción de tutela presentada
por la señora Ruth Mary Correa Velásquez, se ordenó notificar los magistrados
que integran Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad
en calidad de accionados,; de igual forma, la iniciación del trámite procesal al
juez veinte administrativo del Circuito Judicial de Medellín, así como a los
representantes de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Rionegro (Antioquia)
como terceros interesados.

Por último, se ordenó reconocer personería jurídica a la abogada Diana
Carolina Álzate Quintero.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad,
expreso que la acción de tutela impetrada no cumple con el requisito de
relevancia constitucional y que la parte actora solo pretende reabrir el debate
zanjado en la providencia de segunda instancia puesto que, no explica las
razones por las cuáles considera que el asunto supera el requisito de la
relevancia constitucional.

Con respecto a la condena en costas, la entidad argumenta que si bien la parte
actora no se encuentra conforme con la decisión de primera instancia en la
cual la accionante fue la parte vencida, no se entiende la vulneración de los
derechos fundamentales ya que en el fallo de segunda instancia se abstuvo
de imponer las mismas.

Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia del amparo invocado.

1.6.2. En respuesta con fecha del 15 de julio de 2024, el Juzgado Veinticinco
Administrativo del Circuito de Medellín, precisó que, los argumentos expuestos
por la parte accionada no sustentan la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados y que por el contrario lo que se evidencia es una
controversia sobre la decisión adoptadas en ambas instancias y que la acción
de tutela no es una tercera instancia donde se pueda controvertir lo zanjado.

Por lo anterior, el juzgado solicita declarar improcedente la presente y negar
las pretensiones de esta.
4

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1.6.3. Por su parte el municipio de Rionegro consideró que:

(…)

[e]n contra de la sentencia de primera instancia No 193, de 08 de septiembre de 2023,
concedido ante el Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia no se opuso a la
condena en costas formulada en dicho fallo, pese a que era el momento procesal
idóneo para formular la reclamación que hoy pretende hacer valer a través de un
medio constitucional que no es el idóneo para tal fin.
En este sentido, es claro que la accionante dejó precluir la actuación procesal dado
que, si se encontraba en desacuerdo con lo fallado por el juzgador en primera
instancia, debió formularlo dentro del escrito del recurso de apelación, con los
argumentos por los que consideraba que se debía revocar la condena en costas
impuesta.
Con ocasión a dicha preclusión procesal y en vista de que no agotó el recurso de
defensa judicial, la accionante pretende a través de la acción de tutela la modificación
de la sentencia, lo que ha todas luces da cuenta de que la presente acción se
encuentra inmersa en la causal primera del artículo 6 del Decreto -Ley 2591 de 19912,
razón por la cual la presente acción debe ser declarada improcedente.

Concluyó diciendo que, la parte demandada no incurrió en la vulneración de
los derechos fundamentales y solicita dejar incólumes las sentencias de
primera y segunda instancia.

1.6.4. El Ministerio de Educación Nacional expresó que dentro del caso en
estudio no se ve demostrada la vulneración a las garantías fundamentales
invocadas y que se observa en particular la presentación de un debate
netamente económico razón por la cual debería declararse improcedente la
presente acción.

1.6.5. La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del
patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Fomag-, aludió que existe una falta de legitimación en la causa
por pasiva dado que, no es el ente nominador sino que se encarga de
administrar los recursos dispuestos por el plan nacional de desarrollo para los
docentes adscritos a este y que, por tanto esta entidad se limita a tomar
decisiones amparadas por los actos administrativos provenientes de las
secretarias de educación a nivel nacional y por ende no tiene la faculta de
expedir, modificar o revocar providencias judiciales.

Pidió que se declare improcedente la acción de tutela en comento y
desvincular a la Fiduprevisora S.A. ya que solo actúa en calidad de vocera y
administradora de recursos públicos.

5

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Corresponde a la Sala conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

2.2 Cuestión previa

La Fiduprevisora S.A solicitó que se le desvinculara de esta tutela. Alegó que
su función es actuar como vocera y administradora del FOMAG, y que no son
ente nominador, por lo anterior no tiene facultad para expedir, modificar o
revocar providencias judiciales y en tal sentido no puede acceder a las
pretensiones del accionante.

Frente al anterior punto, la Sala negara su desvinculación en este trámite, ya
que su vinculación se dio en calidad de tercera con interés sin que por ello
tenga que satisfacer las pretensiones de la parte tutelante. Se aclara que, de
conformidad con el criterio mayoritario de la Sección Quinta, son terceros con
interés en las acciones de tutela contra providencias judiciales todos los
sujetos que hayan conformado las partes del proceso ordinario y los jueces de
instancia.

2.3. Problema jurídico

La Sala determinará si se cumplen los presupuestos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, si la autoridad
judicial accionada lesionó los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, así como al principio de gratuidad del
tutelante, con la expedición de la sentencia de segunda instancia de 20 de
marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, a través de la cual se confirmó la sentencia de primera
instancia dentro del proceso nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001-33-33-025-2022-00525-00/01 instaurado por el tutelante,
contra la Nación Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio y el municipio de Rionegro (Antioquia).

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de

6

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20126, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.7

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.8

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos

6 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
7 Ibídem.
8 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de

2004 y C-590 de 2005.
7

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ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 20229, mediante la cual se declaró
la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la
trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter
nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de
procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de
relevancia constitucional.

En el mencionado fallo de unificación la corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el juez
de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó
en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre…”.

9 Referencia:Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
8

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La citada corte consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales
implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. Por lo
que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para
discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que
se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal10 (Énfasis de la sala).

El alto tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito
de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no
cumplía con este postulado, puesto que:

i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Dicho presupuesto general de la acción de tutela “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que
una simple relación con aquel…”11. De igual manera, se precisa el aludido
requisito tiene tres finalidades, a saber:

(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional12 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad13; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que

10 Sentencia SU 573 de 2019.
11 Sentencia SU 573 de 2019.
12 “Sentencia C-590 de 2005.”
13 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.

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afecten los derechos fundamentales14 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces15.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.6. Caso concreto

La parte actora controvierte la sentencia de 20 de marzo de 2024, proferida
por la autoridad judicial accionada, a través de la cual se confirmó la sentencia
de primera instancia dentro del proceso nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 05001-33-33-025-2022-00525-00/01 instaurado por el tutelante,
contra la Nación Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Rionegro (Antioquia) por el no
reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna
de las cesantías establecidas artículo 99 de la Ley 50 de 199016, en su calidad
de docente oficial, y adicionalmente, la condeno en costas.

De los antecedentes del caso consignados en la primera parte de este
proveído, se advierte que la tutelante no formuló ni denominó un defecto
específico frente a las providencias controvertidas; de hecho, su
argumentación fue destinada, en su mayoría, a controvertir la condena en
costas impuesta por el juez de primera instancia dentro del proceso ordinario,
por cuanto presuntamente incurrió en desconocimiento del precedente y la
normativa según los cuales para la imposición de tal carga debe valorarse la
conducta de las partes, si fue temeraria, dilatoria o de mala fe, de manera que,
en tesis de la actora, no es viable imponer condena en costas bajo un factor
objetivo.

Con una línea mínima de argumentación, controvirtió también el hecho de que
antes a los docentes se les venía reconociendo la sanción moratoria
indistintamente de la naturaleza de su vinculación; no obstante, no formuló
reparos concretos.

Para resolver, se precisa que no se encuentra cumplido el requisito de la
relevancia constitucional por los siguientes motivos:

El debate de la parte actora se encuentra dirigido a controvertir la posición
asumida por el juez natural del proceso que decidió el asunto en segunda

14 “Sentencia C-590 de 2005.”
15 “Sentencia T-102 de 2006.”
16 (…) equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde la fecha en

que debió efectuarse el pago de las cesantías en el respectivo Fondo Prestacional, y hasta el
momento en que se acredite su cancelación en la cuenta individual del docente. Y se niega el
derecho a la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, prevista en el
artículo 1° de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991, equivalente al
valor cancelado de los intereses causados en el año, y que se pagaron una vez superado el
término legal.
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Demandante: Ruth Mary Correa Velásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Segunda
de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2024-03523-00

instancia, en orden a que este juez constitucional acoja su interpretación de
las reglas procesales que regulan la materia.

A través de esta acción de tutela, la tutelante formuló que dicha condena en
costas atenta contra los principios de gratuidad y acceso a la administración
de justicia, y que ello también desconoce su debido proceso porque la condena
en costas es ilegítima al estar atenuada por un cambio jurisprudencial
posterior.

Sin embargo, no cumplió con una carga argumentativa mínima que ponga de
presente o sugiera la manera en que la decisión adoptada en el escenario
natural de este tipo de controversias produjo la vulneración de sus garantías
fundamentales.

La demandante invoca derechos constitucionales como al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, así como al principio de gratuidad, pero
no indica en qué consiste su trasgresión o en qué medida pudieron verse
amenazados por las autoridades judiciales con las providencias cuestionadas.
En otras palabras, no aporta elementos a partir de los cuales se extraiga la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, esto es: “i) su
existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario”17

Por ende, cabe resaltar que en la controversia que se plantea en el marco de
una acción de tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de
lo contrario, el juez de esta vía tendría que inmiscuirse en cuestiones que
desbordan su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

Así las cosas, se encuentra que lo que busca es un cambio en la forma en que
la autoridad judicial acusada resolvió el asunto en segunda instancia, de
manera desfavorable.

Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría
un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural.

De esa manera, para la Sala la tutelante pretende convertir esta acción de
tutela en una tercera instancia, pues no es suficiente que la parte interesada
refiera que con la decisión judicial se transgredieron determinados derechos
constitucionales, sino que es necesario que la afectación o transgresión logre:
i) cumplir con la carga de argumentativa derivada de una providencia judicial
en abierta contradicción de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la
intervención del juez constitucional.

17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las citadas sentencias
de unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022 además porque se pretende
traer a colación un debate netamente legal y económico, como lo es el
reconocimiento de condena en costas.

Por lo que, un desacuerdo en relación con las conclusiones respecto de la
decisión acusada no puede ser razón para que el juez constitucional
intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que,
aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.

En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial
demandada, que amerite la intervención en sede constitucional, razón por la
cual se declarará improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación de la formulada por la
Fiduprevisora S.A.

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por
la señora Ruth Mary Correa Velásquez contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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