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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03505-00

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03505-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación del Municipio de Envigado y de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03505-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

22 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03505-00
Demandante: Mauricio Valencia Cifuentes

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03505-00
Demandante: MAURICIO VALENCIA CIFUENTES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Costas procesales. Falta de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Mauricio Valencia Cifuentes contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 8 de julio de 20241, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Mauricio Valencia
Cifuentes, actuando a través de apoderada, pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y al principio de
gratuidad.

A juicio del accionante, la vulneración se presentó con ocasión de la sentencia del 19 de
marzo de 2024, dictada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia que confirmó la sentencia de primera instancia proferida en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001-33-33-025-2022-00480-
00 que denegó pretensiones e impuso condena en costas.

2. Pretensiones

El actor formuló las siguientes pretensiones:

Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD y conforme a esto se revoque de manera parcial la sentencia
emitida por el TRIBUNA ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA (sic) MAGISTRADO
PONENTE JAIRO JIMENEZ ARISTIZABAL radicado: 05001333302520220048001 el numeral segundo
donde no (sic) condena en costas en esta instancia.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 19 de enero de 2023, el actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio FOMAG y el Municipio de Envigado, para que le fuera reconocida
y pagada la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías y de los intereses a las
cesantías prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 y el decreto 1176 de 1991.

1 Índice 1 samai

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03505-00
Demandante: Mauricio Valencia Cifuentes

La demanda se adelantó bajo el radicado 05001-33-33-025-2022-00480-00 y
correspondió al Juzgado 25 Administrativo de Medellín que, por sentencia del 4 de
septiembre de 2023, denegó las pretensiones, por cuanto el demandante es beneficiario
del régimen especial docente previsto en la ley 91 de 1989 y, por lo tanto, no le son
aplicables las reglas del régimen general de cesantías reglado en la ley 50 de 1990. Por
último, condenó en costas a la parte demandante.

Inconforme, el demandante apeló porque, a su juicio, la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado han aplicado el artículo 99 de la ley 50 de 1990 para el reconocimiento de la
sanción moratoria a docentes; que el régimen especial docente contenido en el artículo
15 de la ley 91 de 1989 no es más favorable que el general en relación con la liquidación
de los intereses a las cesantías; que el régimen especial de los docentes no implica que
las entidades nominadoras se sustraigan de la obligación de consignar a tiempo las
cesantías y que el hecho que los docentes sean empleados públicos no justifica que sus
prestaciones sociales sean canceladas de manera extemporánea.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, por sentencia del 19 de
marzo de 20242, confirmó la providencia de primera instancia y no condenó en costas en
esa segunda instancia.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la demandante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial.

En cuanto al fondo del asunto, señaló que la sentencia cuestionada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con gratuidad
e incurrió en los siguientes defectos:

Desconocimiento del precedente porque con la condena en costas el Tribunal
Administrativo de Antioquia pasó por alto que en sentencia de unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 del 11 de octubre de 2023 (dictada cuando estaba en curso la segunda instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho) no fueron fijadas reglas en torno a
la imposición de condena en costas.

Que además, desconoce dos sentencias de la Sección Cuarta3 del Consejo de Estado y
una de la Sección Primera4 de la misma Corporación en las cuales tampoco fue impuesta
condena en costas.

Defecto sustantivo pues, a su juicio, la autoridad judicial demandada omitió realizar una
valoración de la conducta procesal asumida por las partes según lo señalado en el artículo
79 del CGP y tampoco verificó si en el expediente se encontraba acreditada la causación
de gastos.

Que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021 no impone
el deber de condenar en costas sino de pronunciarse al respecto y señala que para
disponer sobre condena en costas la demanda debió presentarse con manifiesta carencia
de fundamento legal.

Insistió en que no se encontraba probada la causación de gastos judiciales porque se
trataba de un asunto de pleno derecho.

2 Notificada el 20 de marzo de 2024, índice 9 Samai en el radicado 05001-33-33-025-2022-00480-01

3 Sentencia 2017-01196 del 9 de febrero de 2023. Radicado No. 05001-23-33-000-2017-01196-01 C.P. Wilson Ramos
Girón. Sentencia 21873 del 5 de abril de 2018. Radicado No. 76001-23-33-000-2012-00430-01 C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
4 Radicado No. 25000-23-24-000-2012-00446-01 del 16 de abril de 2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03505-00
Demandante: Mauricio Valencia Cifuentes

5. Trámite procesal

Por auto del 12 de julio de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia y en calidad de terceros con intereses al ministro de Educación
Nacional, al representante legal de la Fiduprevisora S.A. -vocera y administradora del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG-, y al alcalde del
municipio de Envigado

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 16 de julio de 20245.

6. Intervenciones

El juzgado 25 Administrativo del Circuito de Medellín, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela porque lo que se controvierte es la motivación y la
decisión adoptada en ambas instancias sobre las costas procesales; que el accionante
pretende convertir la presente acción de amparo constitucional en una tercera instancia.

Que, en todo caso, con las actuaciones de su despacho no se presentó ninguna
vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó que
se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional. Indicó que se trata de un debate procesal y de una controversia
de naturaleza estrictamente económica que involucra intereses privados, situación que
excede la competencia del juez de tutela.

La coordinadora de tutelas de la dirección de gestión judicial de la Fiduprevisora S.A.
quien actúa en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, pidió que se desvinculara
por falta de legitimación en la causa por pasiva. Subsidiariamente, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por no cumplir los requisitos de procedencia exigidos por
la jurisprudencia.

Afirmó que la sentencia cuestionada resolvió los asuntos que hicieron parte de la
controversia y fue dictada conforme con la normativa aplicable, las pruebas practicadas y
los argumentos de las partes; por lo que no se evidenciaba vulneración a los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

El apoderado del Municipio de Envigado pidió que se ordenara la desvinculación del
ente territorial y dijo no tener competencia sobre lo pretendido por el accionante.

Los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia allegaron copia digital del
expediente, pero nada dijeron sobre el fondo del asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Falta de legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente,
contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03505-00
Demandante: Mauricio Valencia Cifuentes

La Corte Constitucional6 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la actuación desplegada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001-33-33-025-2022-00480-01, por el presunto desconocimiento del
precedente en cuanto a la condena en costas en primera instancia.

El Municipio de Envigado y la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del
FOMAG solicitaron que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, por no
ser el ente nominador de las prestaciones sociales del magisterio, por no tener facultad
para expedir, modificar sentencias o actos judiciales y porque no hay acciones u omisiones
de las mencionadas entidades que vulneren los derechos fundamentales del accionante.

La Sala advierte que estas entidades fueron vinculadas al trámite de tutela como terceros
con interés, mas no como demandadas. La vinculación no obedeció́ a que las pretensiones
de tutela estén dirigidas contra dichas entidades, sino porque fungen como demandadas
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001-33-33-
025-2022-00480-00/01 y, por lo tanto, podrían resultar afectadas con la sentencia que se
dicte.

Por lo tanto, la Sala denegará su desvinculación en la parte resolutiva de esta providencia.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Mauricio Valencia Cifuentes para dejar sin efectos la sentencia del 19 de marzo de 2024,
dictada por el Tribunal Administrativa de Antioquia, que confirmó la sentencia de primera
instancia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 05001-33-33-025-2022-00480-00 que denegó pretensiones e impuso condena en
costas.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional. El demandante propone un argumento nuevo que pudo plantear en el
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia en el proceso
ordinario. Por consiguiente, se declarará improcedente la solicitud de amparo de la acción
de tutela de la referencia.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales7 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos8 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

6 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz

Delgado.
7 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
8 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-009, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al cuarto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela para proponer
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario, la Sala ha explicado
que la acción de tutela no está concebida como un mecanismo que permita a las partes
adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse
ante el juez natural.

5. Análisis del caso concreto

La Sala entiende que la inconformidad del demandante contra la sentencia del 19 de
marzo de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia radica en que esa
autoridad judicial confirmó la decisión de primera instancia, en concreto, lo que tiene que
ver con la imposición de costas en su contra. Lo anterior se advierte al revisar que el
argumento principal de la parte actora es el acceso a la administración de justicia y la
gratuidad del servicio, así como que las costas solo se imponen cuando se encuentren
probadas en el proceso.

El demandante adujo que la autoridad judicial demandada no advirtió que era
improcedente la condena en costas, toda vez que no se trató de una conducta abusiva
de los instrumentos judiciales o del desgaste procesal innecesario. Que no parecen
probados gastos judiciales a cargo de la entidad demandada por ser un asunto de puro
derecho, además, actuó con buena fe y sin temeridad.

Sin embargo, la Sala encuentra que la acción de tutela no cumple el requisito de
relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

En la sentencia de primera instancia dictada en el proceso ordinario por el Juzgado 25
Administrativo de Medellín se resolvió:

Primero. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Mauricio Valencia Cifuentes
en contra del Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG- y el Municipio de Envigado.

Segundo. CONDENAR en costas al señor Mauricio Valencia Cifuentes a favor del Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG- y el Municipio de
Envigado, conforme con lo previsto en la parte motiva.

En el recurso de apelación que presentó el señor Mauricio Valencia Cifuentes contra la
sentencia del 4 de septiembre de 2023, se lee lo siguiente (se transcriben los apartes
pertinentes del resumen realizado en la sentencia cuestionada):

• La postura jurisprudencial vigente en la Corte Constitucional y el Consejo de Estado es que el artículo
99 de la ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes, especialmente refiriéndose a la sentencia SU-098
de 2018.

9 9 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Mauricio Valencia Cifuentes

• El régimen especial docente contenido en el artículo 15 de la ley 91 de 1989 no es más favorable que
el régimen general, en relación con la liquidación de los intereses a las cesantías
• Que los docentes pertenezcan a un “régimen especial”, no implica que las entidades nominadoras y
responsables de sus prestaciones sociales sustraigan de la obligación de consignar los recursos de las
cesantías en el FOMAG al 15 de febrero de cada anualidad, razón que conlleva a un fondo desfinanciado
y que siempre presenta déficit
• Los docentes son empleados públicos y legalmente no existe una razón que justifique que no tienen los
mismos derechos que un servidor público o que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo
extemporáneo
• La aplicación de la norma general del artículo 99 de la ley 50, no resulta incompatible con el régimen
especial que regula la figura del auxilio de cesantías de los docentes porque no afecta los requisitos,
términos y competencia para su reconocimiento ni afecta el derecho de los docentes a esta prestación,
tampoco genera exclusiones entre los docentes del magisterio
• La aplicación del artículo 99 de la ley 50 no solo es para fondos de cesantías privados, teniendo en
cuenta que, en reiterada y amplia jurisprudencia, se extendió a los servidores públicos, incluyendo
docentes oficiales, la sanción moratoria cesa con la consignación de las cesantías al respectivo fondo
prestacional del magisterio FOMAG
• El contenido normativo de la ley 50 que se solicita por aplicación jurisprudencial a los docentes afiliados
al FOMAG que tengan su régimen de cesantías anualizado, se compone también de la indemnización
contenida en la ley 52, la cual hace parte integral del artículo 99 de la ley 50 de 1990, puesto que así se
estableció en el artículo 3 del decreto reglamentario 1176 de 1991
• En los extractos de cesantías individuales de cada docente, se puede evidenciar que en el FOMAG si
existe una cuenta individual de cesantías por cada docente, las fechas en las que depositan el valor de
los intereses a las cesantías, actuación que también se hace por fuera del término legal, pero no de
manera efectiva los recursos que le fueron descontados de las nóminas al SGP y a los propios docentes,
lo que los hacen acreedores a una sanción por mora en las cesantías por consignación inoportuna de
las mismas, como lo ha determinado expresamente el consejo y la corte constitucional.

En contraste, en la acción de tutela, el demandante señala que el Tribunal Administrativo
de Antioquia incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente al confirmar
integralmente la sentencia de primera instancia, que incluye la imposición de condena en
costas.

Como se ve, el cuestionamiento que el señor Mauricio Valencia Cifuentes ahora plantea
por vía de tutela no fue propuesto, en su oportunidad, en el proceso ordinario, pues en el
recurso de apelación que presentó contra la sentencia del 4 de septiembre de 2023 no
hizo manifestación alguna en contra de la imposición de condena en costas.

Justamente por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia no estaba obligado a
pronunciarse frente a cuestionamientos que no hicieron parte del recurso de apelación
pues el campo de acción del ad quem se supedita a las inconformidades que se
propongan en el recurso de apelación.

En consecuencia, la parte actora no puede utilizar este escenario para proponer nuevos
alegatos de inconformidad, bajo los cargos por defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, pues la tutela contra providencias judiciales no está concebida como
un mecanismo que permita a las partes exponer los argumentos que, por negligencia o
decisión propia, dejaron de proponer oportunamente en los procesos ordinarios.

De ahí que el juez de tutela debe tener en cuenta cuál fue la discusión jurídica que el
demandante de tutela hizo valer en el proceso ordinario y, específicamente en la etapa
procesal correspondiente, de modo que no proponga una nueva o adicione argumentos
no expuestos ante el juez natural, tal y como ocurre en este caso.

Si bien el actor alega que la autoridad judicial demandada desconoció que en la sentencia
de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado y dos sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado10 y una de la Sección Primera11 de la misma Corporación, en la que, dice, no se
advierte la imposición de condena en costas, lo cierto es que las providencias dictadas

10 Sentencia 2017-01196 del 9 de febrero de 2023, Exp. 05001-23-33-000-2017-01196-01, CP. Wilson Ramos Girón.
Sentencia 21873 del 5 de abril de 2018, Exp. 76001-23-33-000-2012-00430-01, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Sentencia del 16 de abril de 2015, Exp. Radicado 25000-23-24-000-2012-00446-01, CP. Guillermo Vargas Ayala.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03505-00
Demandante: Mauricio Valencia Cifuentes

por las secciones Primera y Cuarta de la Corporación no son aplicables al caso concreto
porque estudiaron una situación fáctica diferente a la del accionante.

En cuanto a la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda12, sobre
la aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales afiliados
al FOMAG, la Sala encuentra que, en lo que interesa, esa providencia señaló que «No se
impondrá condena en costas. Lo anterior, en línea con el criterio acogido por esta Sección13 en
anteriores oportunidades, en las cuales consideró que, en los casos resueltos a través de una
sentencia de unificación, en aplicación de las reglas allí definidas no hay lugar a ello, al amparo
de los principios de buena fe y confianza legítima». s decir, no impuso condena en costas
por tratarse de una sentencia de unificación y, por eso mismo, no puede entenderse que
hubiera fijado una regla unificadora sobre el tema que resulte aplicable al caso objeto de
estudio.

Lo anterior es suficiente para declarar improcedente la acción de tutela promovida por el
señor Mauricio Valencia Cifuentes, porque no cumple el requisito de relevancia
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación del Municipio de Envigado y de la Fiduprevisora
S.A. como vocera y administradora del FOMAG, por las razones expuestas en esta
providencia.

2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Ausente en comisión

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Con aclaración de voto

12 SUJ-032-CE-S2-2023 del 11de octubre de 2023, Radicado No. 66001-33-33-001-2022-00016-01, Radicado interno
5746-2022. Demandante: Julián David Quintero Agudelo
13 Entre otras, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de junio de 2021, Exp.
66001-33-33-000-2015-00309-01(0632-2018), SUJ-024-CE-S2-202; sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp.
05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), SUJ-025- CE-S2-2021; y sentencia del 28 de julio de 2022, Exp.
25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014), SUJ-028-CE-S2-2022.

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