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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03529-00

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03529-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el partido Cambio Radical, quien actúa por intermedio de su director general, secretario general y representante legal, por las razones expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03529-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

22 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03529-00
Demandante: Partido Cambio Radical

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03529-00
Demandante: PARTIDO CAMBIO RADICAL
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Libertad de expresión de
altos dignatarios del Estado en el contexto de las redes sociales.
Tensión con los derechos fundamentales a la dignidad humana,
buen nombre, honra y oposición política por la publicación efectuada
en la red social X y determinación de lo que constituye discurso de
odio -expresamente excluido o prohibido-

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
presentada por el partido Cambio Radical1, quien actúa por intermedio de su
director general, secretario general y representante legal, contra el Presidente de
la República, con el fin de que se protejan los derechos fundamentales a la
dignidad humana, al buen nombre, a la honra y a la oposición política,
supuestamente vulnerados por la publicación efectuada a través de la red social X
el 4 de junio de 2024, a las 4:44 pm.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos relatados en el escrito de tutela

La parte actora sostuvo que el ejercicio del cargo de Presidente de la República se
encamina a servir al país en la más alta dignidad del Estado, representando el
mandato del pueblo y la unidad nacional y en estricta sujeción a la Constitución
Política y la ley, por lo que debe garantizar los derechos y libertades de los
colombianos sin ninguna distinción, por lo que como jefe de Estado, de gobierno y
suprema autoridad administrativa, su responsabilidad debe ser acorde a sus
funciones, lo que exige rigor en cada una de sus actuaciones.

Refirió que al representar a todo un país, tanto a quienes votaron por su proyecto
político, como los que decidieron apartarse de sus propuestas, hace necesario que
cada alocución, discurso o manifestación deba ceñirse a una altura argumentativa
y un nivel de seriedad que se oriente a la garantía del interés general y la
satisfacción de las necesidades de todos los habitantes del territorio nacional.

Adujo que las palabras del Presidente de la República son directrices y órdenes
hacia todos los gobernados, con sentimiento de país y “siempre tomando las
decisiones que piensen en una Colombia mejor para todos”, por lo que utilizar los
medios de comunicación, digitales, las redes sociales para transmitir comentarios

1 Radicada en esta corporación judicial el 9 de julio de 2024. Índice 0001 de SAMAI.

1

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Demandante: Partido Cambio Radical

infundados que tengan contenido de odio, revancha o que solo genere
resentimiento, los vuelve absolutamente dañinos, porque “ no es un ciudadano
cualquiera, su cargo detenga la mayor mística a la que un colombiano puede
aspirar, por lo tanto, un comentario sin sentido, solo se encamina a dañar
irresponsablemente la honra y el buen nombre de una persona o como en este
caso de toda una colectividad, a la cual pertenecen los jóvenes, mujeres y líderes
que al igual que usted sueñan construir un mejor país”. Agregó que la Corte
Constitucional en la sentencia T-155 de 2019, precisó las pautas que se deben
seguir respecto a la manifestación de la libertad de expresión, por lo que resulta
reprochable cualquier discurso que injurie o calumnie a una persona, así como
cualquier manifestación que promueva el odio.

Manifiesta que el Presidente de la República, de manera lesiva, el 4 de junio de
2024 a las 4:44 pm, a través de la red social X realizó la siguiente publicación:

“La nueva EPS era la caja de financiación de los dirigentes de Cambio Radical.
Usaron la fiscalía y la Nueva EPS como constructoras de un proyecto de aspiración
presidencial al usar la libertad, la cárcel y los recursos públicos de la salud como
medios para enriquecerse y ganar elecciones”.

Aseveró que actualmente el Presidente de la República cuenta con 7.559.798
seguidores en la red social X -medios de comunicación, líderes nacionales y
mundiales y ciudadanos-, razón por la cual el impacto de sus comentarios es
incalculable porque puede generar pánico o tranquilidad, odio o esperanza, así
como referirse a una persona, familia o colectividad que con argumentos realizan
un ejercicio político serio, a la que pertenecen ciudadanos honestos, humildes y
que trabajan con ahínco para generar mayores oportunidades.

Indicó que el Presidente de la República no es un activista, razón por la cual debe
comportarse como un estadista bajo el estricto límite de la verdad, la transparencia
y con absoluto apego a la realidad, por lo que no puede haber el más mínimo
manto de duda en sus afirmaciones y menos de mentira, pues ello implica mentirle
al pueblo y dañar el juramento que hizo al momento de posesionarse en esa
dignidad.

Expresó que la majestad del cargo de Presidente de la República exige como
mayor virtud ser un líder, lo que implica el mayor de los respetos al más humilde y
a quienes bajo sus convicciones y el mismo respeto ejercen oposición, “esa que
usted de manera ejemplarizante hizo durante años, en virtud de la cual hoy es
Presidente de la República”. De allí que sea inadmisible cualquier tipo de violencia
o persecución por el simple hecho de pensar diferente como oposición, desde
donde se pueden proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y
ejercer libremente el control político a la gestión del Gobierno.

Consideró que la mencionada publicación refleja repudio, odio y genera zozobra,
lo que daña gravemente la imagen y el buen nombre de “patriotas”, y la de un
partido político que desde su fundación ha representado la alternativa de miles de
colombianos y que creen que una Colombia mejor, es posible. Destacó que el
contenido publicado en la red social X contiene acusaciones infundadas y una
serie de afirmaciones injuriosas y calumniosas, lo que vulnera gravemente los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.

Mencionó que el 14 de junio de 2024, el partido Cambio Radical solicitó al señor
Presidente de la República la “retractación” con el mismo alcance frente a la
precitada publicación, así como su eliminación en los siguientes términos:

“En este sentido señor Presidente, en mi calidad de Director Nacional del Partido
Cambio Radical, y en viva voz de miles de líderes que murieron por pensar diferente,
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en miles de ciudadanos que confían en el proyecto político del Partido Cambio Radical,
pero principalmente como defensor de la Constitución de 1991 y de la defensa de sus
derechos fundamentales, le solicito respetuosamente, pero con total exhorto que
inmediatamente se RETRACTE de sus afirmaciones puesto que, desde su cuenta se
nos ha atribuido sin fundamento y justificación alguna delitos contra la administración
pública y enriquecimiento ilícito, además de atentar contra la honra y buen nombre del
Partido Cambio Radical y sus militantes, perjudicando gravemente nuestro ejercicio
político.

En mérito de lo expuesto, le solicito:

PRIMERO. Realizar una retractación, con el mismo alcance, respecto a las
acusaciones que el señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego hizo contra el
Partido Cambio Radical y sus militantes, misma que deberá permanecer bajo el mismo
tiempo de la publicación injuriosa y calumniosa en las redes sociales del señor
presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, bajo el usuario @petrogustavo.

SEGUNDO. La eliminación de la publicación injuriosa y calumniosa del cuatro (4) de
junio de 2024 a las 4:44 p.m.”.

Señaló que el 28 de junio de 2024, la Presidencia de la República dio respuesta a
su solicitud, así:

“De acuerdo con las anteriores consideraciones, se reitera que las declaraciones del
señor Presidente de la República fueron manifestación de su derecho a la libertad de
expresión, en el marco de la protección especial del discurso político y sobre asuntos
de interés público que otorga nuestra Constitución y el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos”.

Por último, sostuvo que la respuesta brindada configura una absoluta vulneración
a los derechos fundamentales a la dignidad, honra, buen nombre y a ejercer la
oposición política, a lo que agregó que no sigue los parámetros que ha fijado la
Corte Constitucional al delimitar la libertad de expresión, en relación con la
protección del derecho al buen nombre.

2. Fundamentos de la acción

El partido Cambio Radical, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo
86 de la Constitución Política, pide al juez constitucional el amparo constitucional
de los derechos fundamentales a la dignidad, honra, buen nombre y oposición
política, supuestamente vulnerados por el Presidente de la República con la
publicación efectuada en la red social X el 4 de junio de 2024 a las 4:44 pm.

En primer lugar, la parte actora indicó que conforme lo indicó la Sección Quinta del
Consejo de Estado en sentencia de tutela de 13 de junio de 2024 2, el fuero del
Presidente de la República no lo exime de responder por atentar contra la honra y
el buen nombre. Añadió que en esa decisión se recordó la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y de esta corporación, en la que se ha precisado el poder-
deber que tiene el primer mandatario de mantener un contacto permanente con los
ciudadanos, a través de sus discursos o intervenciones públicas y los dos
escenarios que pueden surgir en ese contexto, a saber: (i) manifestaciones que
pretenden transmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de
interés general y (ii) declaraciones en las que más allá de la transmisión objetiva
de información, se indican cuestiones acerca de la política oficial, defienden su
gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión acerca de algún asunto,
casos en los que caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios
personales3.

2 Expediente 11001-03-15-000-2024-02507-00.
3 También hizo mención a la sentencia de tutela de 1 de octubre de 2021, proferida por la Sección

Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, en la que se estudió un caso relacionado con
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Insistió en que el alcance de la publicación realizada por el Presidente de la
República en la red social X es incalculable, puesto que puede generar pánico o
tranquilidad, odio o confianza, y un grave perjuicio cuando se refiere a una
persona, a una familia o a una colectividad que con argumentos y evidencia
realizan un ejercicio político serio.

En segundo término, se refirió a la procedencia de la acción de tutela para
amparar el derecho fundamental al buen nombre de las personas jurídicas,
entendido como el derecho a la reputación o “el concepto que las demás personas
tienen de uno”, para lo cual se apoyó en la sentencia T-110 de 2015 de la Corte
Constitucional. Agregó que a partir del entendimiento y alcance que se le ha dado
a este derecho, es posible determinar su vulneración en este caso.

En tercer lugar, hizo mención a los límites que se han precisado en la
jurisprudencia constitucional respecto de la libertad de expresión, en relación con
la protección del derecho al buen nombre. Para el efecto, se apoyó en la sentencia
T-959 de 2006, en la que la Corte Constitucional aludió a la limitación de las
opiniones, valoraciones o interpretaciones que una persona puede tener,
particularmente las afirmaciones que reflejen una interpretación subjetiva e
individual, las cuales deben respetar las nociones de veracidad e imparcialidad
“porque cuando la opinión expresada se fundamenta sobre hechos no veraces,
ésta se desnaturaliza al no versar sobre una interpretación o valoración de hechos
ciertos o pensamientos verídicamente conocidos”.

En este punto, destacó que el partido Cambio Radical agotó las medidas
necesarias para que se realizara una “retractación”, con el mismo alcance, por lo
tanto “al no existir una retractación, ni pruebas de lo que afirmó en sus redes
sociales solicitamos la protección inmediata de nuestros derechos fundamentales”.

Así mismo, con base en la sentencia T-145 de 2019, señaló que la libertad de
expresión no es un derecho absoluto y que puede estar sujeto a limitaciones por
cualquier autoridad estatal o eventualmente de particulares, previamente
adoptadas por el legislador bajo estrictas condiciones. Agregó que también se ha
precisado que se trata de una garantía fundamental de doble vía, en tanto conlleva
obligaciones para quien la ejerce, siendo la principal no afectar los derechos de los
demás con su expresión, por lo que el alcance y la naturaleza de estas
obligaciones y responsabilidades variarán según el contexto, las circunstancias, el
contenido de la expresión, el medio utilizado para su difusión y el público al que se
dirige.

De allí que, agregó, el Presidente de la República es plenamente consciente de
los límites de la libertad de expresión, lo que se evidencia con acciones que ha
tomado para proteger su derecho a la honra y al buen nombre, “asegurándose de
que no se vean perjudicados ni afectados negativamente”. Señala que “un claro
ejemplo de esto se puede observar en los caos del expresidente Andrés Pastrana
y del actual presidente Gustavo Petro Urrego. Medios de comunicación, como La
Silla Vacía, han citado situaciones en las que ambos líderes han ejercido su
derecho a la defensa de su reputación frente a posibles ataques o difamaciones
(…)”4.

unas afirmaciones efectuadas por el Presidente de la República sobre el contagio del COVID-19,
en el marco de protestas o manifestaciones sociales.
4 Al respecto, menciona esta situación referenciada por ese medio de comunicación: “El año

pasado, el expresidente Pastrana acusó a Petro en Twitter de estar vinculado con el narcotráfico.
Por eso, el presidente lo demandó por injuria y calumnia. En ese caso no hubo conciliación entre
ambos. Ahora, Pastrana dice que ‘usar el sistema judicial para perseguir opiniones contrarias a su
pésimo gobierno viola flagrantemente, entre otros, los derechos fundamentales a la libertad de
opinión, de expresión y de ejercer los derechos de oposición”.
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Con todo, estimó que es importante mantener un equilibrio entre la libertad de
expresión y el respeto a la integridad personal, protección que también recaba en
las figuras públicas contra la vulneración de sus derechos a través de la expresión
ajena.

Por último, la parte actora consideró que la prueba del alcance de la afectación a
sus derechos fundamentales, se ve reflejada en que la publicación realizada por el
Presidente de la República tuvo “146,6 reproducciones, 3.894 repost, 80 citas,
6.387 me gusta y 39 elementos guardados”, lo que ha desencadenado una grave
afectación al buen nombre del partido Cambio Radical. Así mismo, indicó que esa
afectación se refleja en el hecho de que uno de los miembros actuales del Comité
Central del partido Cambio Radical -máximo órgano de la organización política-,
tuvo que emitir un comunicado en el que aclaró situaciones técnicas, jurídicas y
económicas, “puesto que, estas afirmaciones generan una gran difamación como
directivo de la colectividad y de igual forma, afecta la imagen del Partido en
relación con los militantes y la comunidad en general, dado que, se asocia con
actividades ilícitas con el propósito de enriquecerse y ganar elecciones, tal y como
lo afirmó el presidente (…)”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela, el partido Cambio Radical formuló las siguientes:

“PRIMERA: TUTÉLESE los derechos fundamentales a la dignidad, honra y el buen
nombre del Partido Cambio Radical y sus militantes, al perjudicar gravemente nuestro
ejercicio político.

SEGUNDA: ORDÉNESE la retractación, con el mismo alcance, respecto a las
acusaciones que el señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego hizo contra el
Partido Cambio Radical y sus militantes, misma que deberá permanecer bajo el mismo
tiempo de la publicación que vulneró la honra y el buen nombre en las redes sociales
del señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, bajo el usuario @petrogustavo la
eliminación de la publicación injuriosa y calumniosa del cuatro (4) de junio de 2024 a
las 4:44 pm”.

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela la parte actora allegó los siguientes documentos útiles para
la resolución del caso:

➢ Publicación efectuada por el Presidente de la República en la red social X, el
4 de junio de 2024 a las 4:44 pm.
➢ Solicitud de “retractación” elevada el 14 de junio de 2024, por el partido
Cambio Radical ante el Presidente de la República.
➢ Respuesta a la solicitud de “retractación” contenida en el oficio OFI24-
00129686/GFPU 13000000 de 28 de junio de 2024, suscrita por el director
encargado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.
➢ Respuesta del partido Cambio Radical en la red social X, a la publicación
efectuada por el Presidente de la República.
➢ Comunicado a la opinión pública de un ex miembro de la Junta Directiva de
la Nueva EPS, en respuesta al Presidente de la República.

5. Trámite procesal

La acción de tutela fue presentada ante la jurisdicción ordinaria el 8 de julio de
2024, cuyo reparto le correspondió al Juzgado Veintisiete Civil del Civil del Circuito
de Bogotá que, por auto del mismo día, resolvió remitirla a esta corporación en

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virtud de las reglas administrativas de reparto contenidas en el Decreto 333 de
2021.

Por auto de 11 de julio de 2024, la magistrada sustanciadora admitió la acción de
tutela por reunir los requisitos previstos en el artículo 14 del Decreto 2591 de
1991. De igual manera, ordenó notificar a las partes demandante y demandada, y
vinculó como tercero con interés a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

La Secretaría General del Consejo de Estado libró los oficios de notificación No.
231413, 231414, 231415 y 231416 de 15 de julio de 2024, con el fin de poner en
conocimiento el contenido de la mencionada providencia.

6. Oposición

Respuesta de la Presidencia de la República -Grupo Gerencia de Defensa
Judicial-

Por medio de oficio OFI24-00142856/GFPU 14000001 de 19 de julio de 2024, la
apoderada del Presidente de la República adscrita al Grupo de Gerencia de
Defensa Judicial, pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela o,
en su defecto, que se declare su improcedencia.

En primer lugar, precisó que la respuesta a la solicitud de “retractación” entregada
por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República mediante
oficio OFI24-00129686 / GFPU 13000000 de 28 de junio de 2024, debe
entenderse realizada por el Presidente de la República, en atención a que las
funciones que le asisten a la Jefatura de Despacho de conformidad con el artículo
14 del Decreto 2647 de 2022, comprenden la de emitir las posturas del primer
mandatario en esta y otras materias.

Para respaldar este argumento se refirió a una sentencia del Consejo de Estado,
en la que se analizó la facultad de delegar en ese departamento administrativo la
posibilidad de emitir pronunciamientos en su nombre, para lo cual se apoyó en el
Decreto 2647 de 2022 que lo faculta plenamente para realizar esa delegación.

Destacó que la parte actora recibió respuesta clara y de fondo, a lo que agregó
que allí se le aclaró y contextualizó la declaración del Presidente de la República,
en el sentido de que (i) no se individualizó a alguien del partido político; (ii) las
afirmaciones se circunscribieron a unas investigaciones que, acorde con los
medios de comunicación, actualmente adelantan los entes de control competentes
a personas que estuvieron vinculadas a la Nueva EPS y sus órganos directivos y
(iii) que las personas vinculadas están señaladas de tener vínculos con el partido
político, no porque sean sus miembros activos. De allí que con la respuesta se
deja en evidencia que no ha existido una vulneración a los derechos al buen
nombre y la honra de la parte actora.

De otra parte, señaló que la publicación efectuada por el Presidente de la
República es una manifestación del derecho fundamental a la libertad de
expresión, la cual se ciñó a la Constitución Política, sin que se hayan desbordado
o transgredido los límites. De igual manera, refiere que se hizo con un ánimo
constructivo, en relación con la existencia de unas investigaciones en curso en
contra de ex directivos de una entidad promotora de salud que se encuentra
intervenida por su situación financiera, lo que redunda en contribuir al debate
público, sin comprometer la integridad y el respeto hacia otros actores políticos o
sociales.

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Así mismo, sostuvo que la Corte Constitucional ha precisado el alcance del
derecho de rectificación por afectación del derecho fundamental al buen nombre,
cuya procedencia se circunscribe a que la información sobre la cual se pide
realizar la corrección contenga elementos falsos o inexactos, y no simplemente
una molestia o disgusto por parte del receptor.

Aseveró que el reparo de la parte actora consiste en que, a pesar de haber
requerido una rectificación de la publicación en la red social X, el Presidente de la
República se ratificó en sus dichos con sustento en la libertad de expresión. Sobre
este particular, indica que en la respuesta se hizo una contextualización y
aclaración, en el sentido de indicarle que de acuerdo con los medios de
comunicación5, los entes de control adelantan investigaciones en contra de ex
directivos de la Nueva EPS, y que se ha indicado que esas personas tendrían
alguna relación con el partido Cambio Radical.

Refirió que como consta en los informes de prensa, no se hicieron los calificativos
a los que aduce la parte accionante en el escrito de tutela, no se individualizó
algún miembro del partido político, ni se calificó de manera definitiva las conductas
que son objeto de investigación, ni se indicó que hubiese algún mandatario o
autoridad perteneciente a dicha colectividad cuya campaña hubiese estado
afectada por recursos con origen delictivo.

Por lo anterior, señaló que con la respuesta emitida el 28 de junio de 2024, vista
de manera conjunta con la publicación de 4 del mismo mes y año, no es posible
concluir que las ideas u opiniones expresadas por el Presidente de la República
constituyan una flagrante vulneración a los derechos alegados por el accionante,
“por lo que no se puede acusar al señor Presidente de realizar una declaración
con la intención de afectar el buen nombre de algún miembro o autoridad afiliada
al Partido Político Cambio Radical. Por el contrario, dicha afirmación busca
especificar que a la fecha se adelantan unas investigaciones en contra de ex
directivos de la Nueva EPS por el presunto manejo indebido de recursos
pertenecientes a la salud, cuya calificación definitiva corresponderá a las
autoridades competentes y dentro de la órbita de sus competencias. Esta situación
tiene implicaciones directas en la base legal de la acción de tutela presentada, ya
que se trata de una opinión de carácter político que se encuentra cobijada por el
derecho fundamental a la libertad de expresión”.

En tercer lugar, con sustento en el artículo 20 de la Constitución Política que alude
a la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, sostuvo que las
expresiones del Presidente de la República, aclaradas y contextualizadas en la
comunicación de 28 de junio de 2024, son un legítimo ejercicio de la libertad de
expresión, que aunque pueden ser interpretadas como polémicas o provocadoras,
no incurre en ataques personales o directos contra individuos o funcionarios
públicos concretos. Por el contrario, demuestran la facultad del primer mandatario
de participar en el discurso público de manera activa y crítica, manteniendo el
respeto y la convicción en su posición, y ejemplifica cómo un líder puede expresar
puntos de vista personales, sin transgredir los límites del respeto y la ética pública.

Resaltó que esas expresiones deben ser interpretadas en el marco del debate
público, dirigido a una organización política de renombre, por lo que no se trata de
un ciudadano particular que se encuentre en situación de desprotección como lo
pretende hacer ver el accionante. Agregó que, aun cuando para la parte actora la
opinión del primer mandatario puede ser incómoda o molesta, en ella solo se hace
alusión a la existencia de investigaciones en curso, las cuales son de

5 Hizo referencia a algunas notas de prensa del diario El Espectador, de Ámbito Jurídico, la revista

Semana, Red+Noticias y Consultor Salud.
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conocimiento público “y donde se ha ligado a personas afines a un partido político,
más no a sus miembros en la comisión de estas, sin que este disenso y
referencias pueda constituirse en una trasgresión al derecho la libertad de
expresión que tiene cualquier ciudadano (incluido el Presidente de la República)”.

En cuarto término, expresó que la parte actora no especifica en qué consistió el
daño padecido por cuenta de la publicación en la red social X, solo refiere que fue
objeto de debate en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, “lo
cual es algo evidente cuando se presenta un intercambio de opiniones y debate
político entre dos sujetos de relevancia en la política nacional, lo que per se no
puede erigirse como un daño”. Añadió que el Presidente de la República no ha
utilizado un término que pueda ser considerado ofensivo o difamatorio, e insistió
en que las expresiones han sido de carácter político que deben ser amparadas en
una sociedad democrática, “donde el intercambio de ideas y la crítica política son
elementos esenciales para el funcionamiento de un sistema democrático, y es
mediante la protección de la libertad de expresión que se garantiza la pluralidad y
diversidad de opiniones”.

En quinto lugar, puso de presente que en nuestro sistema constitucional y en el
interamericano de derechos humanos, se reconoce la protección especial del
discurso político y sobre asuntos de interés público, bajo la premisa de que el
adecuado desenvolvimiento de la democracia requiere la mayor circulación de
informes, opiniones e ideas sobre asuntos de interés público. En ese escenario,
destacó que la jurisprudencia interamericana garantiza la libertad de expresar
opiniones inofensivas y aceptadas por la opinión general, así como aquellas que
confrontan, irritan o preocupan a los funcionarios gubernamentales, candidatos a
cargos públicos o cualquier grupo de la sociedad.

De allí que las expresiones u opiniones relacionadas con asuntos de interés
público y el funcionamiento del Estado, gozan de mayor protección conforme con
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que implica que el Estado
debe abstenerse de establecer limitaciones a estas formas de expresión y que los
funcionarios públicos y candidatos a cargos públicos deben tener un umbral mayor
de tolerancia a la crítica. A lo que se debe agregar que la alteridad o respeto a la
opinión contraria es un elemento esencial de la Constitución Política, por lo que las
discrepancias que la ciudadanía tenga con las declaraciones de servidores
públicos puede también plasmarlas en distintos canales de difusión, como las
redes sociales o canales de comunicación nacional o regional.

Así las cosas, aseveró que la protección reforzada del derecho a la libertad de
expresión en relación con los asuntos de interés público, se justifica por su papel
fundamental en la construcción de una sociedad democrática y pluralista,
permitiendo a los ciudadanos tomar decisiones informadas y contribuir
activamente al debate público, así como a disentir, sin que ello implique una
afectación a los derechos fundamentales de la parte actora.

En sexto término, indicó que en la sentencia T-155 de 2019 la Corte constitucional
se refirió a la protección reforzada con la que cuentan los discursos políticos
pronunciados por los servidores públicos, a lo que agrega que están
especialmente protegidos por la Constitución Política y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos “debido a su relevancia para el funcionamiento
democrático y la participación ciudadana”, en tanto “el control público de la gestión
y las decisiones del Estado a través de la opinión pública es fundamental. Por
tanto, las expresiones, informaciones, ideas y opiniones relacionadas con estos
actores deben contar con un margen de apertura y protección reforzado”.

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Refirió que los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo se exponen en
mayor medida al escrutinio, lo que no solo implica el derecho a la crítica, sino
también a obtener información y expresar opiniones sobre su desempeño y
conducta, lo que se refuerza con lo dicho por la jurisprudencia interamericana que
ha destacado “que el debate político y las expresiones críticas hacia los
funcionarios públicos son inherentes al ejercicio del derecho a la libertad de
expresión en una sociedad democrática”, lo que implica que las personas que
influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un
escrutinio público más exigente, por lo que deben estar expuestas a enfrentar
críticas y cuestionamientos en el ejercicio de sus funciones.

Agregó que no significa que en ese contexto el derecho al honor y la reputación no
deban ser jurídicamente protegidos, lo que se debe analizar acorde con los
principios de la democracia y “evitando mecanismos que generen inhibición o
autocensura”, lo que implica un equilibrio entre la protección de esos derechos y la
necesidad de garantizar un espacio amplio para la crítica y el debate sobre el
desempeño y acciones en el ámbito público, “lo que protege las opiniones del
señor Presidente en el presente caso”.

Finalmente, hizo mención a los riesgos de la judicialización de la política y la
responsabilidad ciudadana para con la acción de tutela. Al respecto, indicó que
desde finales del siglo XX y principios del presente siglo, la judicialización de la
política en América Latina ha ganado relevancia, destacando algunos factores
como (i) las transiciones democráticas pos-dictaduras militares o acuerdos
liberales conservadores de la segunda mitad del siglo XX, (ii) el fortalecimiento de
las cortes constitucionales y supremas, (iii) la mayor conciencia y activismo de la
ciudadanía sobre los conflictos políticos y sociales y (iv) la participación de
organizaciones internacionales y de las ONG, todo lo cual ha sido positivo para las
democracias de la región.

Así mismo, señaló que los derechos fundamentales han sido tomados en serio,
son y deben seguir siendo fuertes mecanismos en las nuevas constituciones y
reformas constitucionales, como lo es la acción de tutela en nuestro país, cambio
institucional que ha facilitado la defensa de los derechos de los ciudadanos en los
tribunales, incluso en el ámbito político. También destacó como otro factor de
fortalecimiento, las Cortes Constitucionales y Supremas, lo que en el caso
colombiano ha implicado la ampliación de la jurisdicción constitucional a cargo de
todos los jueces del país, autoridades judiciales que se han vuelto más activas en
la interpretación y aplicación de la Constitución, particularmente en el ámbito de
protección de los derechos humanos y el control de constitucionalidad de las leyes
y actos gubernamentales, lo que ha permitido que las cortes sean jueces de
importantes disputas políticas y sociales, “así es y así debe seguir siendo”.

De igual manera, anotó que existe mayor conciencia ciudadana y activismo, lo que
ha tenido un impacto significativo, “la gente se ha vuelto más consciente de sus
derechos y está más dispuesta a usar los mecanismos judiciales para proteger sus
intereses”, activismo que ha sido respaldado por organizaciones de la sociedad
civil y movimientos sociales que apoyan el uso de instrumentos legales para
proteger los derechos fundamentales. Reiteró que los conflictos políticos y
sociales han llevado a la judicialización de la política, de allí que los casos
relacionados con controversias electorales, corrupción y las violaciones de
derechos humanos, por mencionar algunos, han sido llevados ante los tribunales
con mayor frecuencia, lo que refleja la complejidad y la intensidad de los
problemas que enfrenta la región.

A partir de lo anterior, refirió que ello justifica el incremento de acciones de tutela
contra las declaraciones presentadas por los servidores públicos de elección
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popular, incluido el actual y anteriores Presidentes de la República, lo que
demuestra una inclinación mayor hacia la utilización de los procedimientos
judiciales para solucionar disputas “que, en otros sistemas, son abordadas en el
ámbito político o mediante discusiones públicas. Que el presidente dijo X, Y y Z es
propio de un sistema presidencialista y por supuesto que debe ser criticado y
contradicho, es la base de la democracia”.

Destacó que la acción de tutela es un medio fundamental para proteger los
derechos fundamentales, empero, en casos que involucran declaraciones políticas
plantea dificultades importantes para la democracia misma y el rol del poder
judicial, por lo que “en este contexto, es necesario hacer una reflexión profunda
sobre los nocivos efectos de la judicialización de la política en contra de la libre
circulación de ideas”.

Expresó que es esencial distinguir entre los posibles perjuicios a otros derechos
fundamentales y el derecho a la libertad de expresión, por lo que los jueces deben
decidir si las declaraciones de los políticos son de uso legítimo de su libertad de
expresión o si, por el contrario, violan derechos de terceros como la honra, la
dignidad o la no discriminación. Agregó que por ello la evaluación debe ser
fundamentada y rigurosa, teniendo en cuenta el contexto y el contenido de las
declaraciones que distintas personas pueden considerar que los son ya sea como
individuos o como parte de una colectividad, por lo que “reducir la deliberación
pública a esos extremos no es sano para un Estado social de derecho, sin
importar que el gobierno sea progresista, conservador o liberal. La intervención
judicial al tomar decisiones que cuestionan declaraciones políticas debe ser en
extremo cautelosa en no exceder sus competencias y evitar intervenir
indebidamente en la esfera política. La preservación de la separación de poderes
y la autonomía de las distintas ramas del Estado, principios fundamentales en un
sistema democrático, requiere equilibrio”. Sobre este particular sostuvo:

“La política judicializada es una señal de madurez democrática del país, donde los
ciudadanos y actores políticos recurren a la justicia para resolver conflictos y proteger
sus derechos. No obstante, es fundamental que esta inclinación no resulte en una
sobrecarga del sistema judicial ni en la deslegitimación de los métodos democráticos
convencionales, como el debate público y la deliberación. La cantidad excesiva de
demandas de tutela por cualquier afirmación descontextualizada hecha por un servidor
público de elección popular, en última instancia, desvirtúa el propósito original de la
acción de tutela y satura la capacidad del sistema judicial para atender casos que
realmente son prioritarios”.

En definitiva, la Presidencia de la República señaló que la acción de tutela es
improcedente y no se demuestra vulneración alguna, a lo que agregó que se debe
promover el uso responsable y moderado de la acción de tutela en cuanto a las
declaraciones de los servidores públicos de elección popular, no solo existen
derechos sino también deberes (art. 95 de la Constitución), en tanto “oponerse a la
alteridad no es solo iniciar acciones judiciales sino precisamente participar de la
vida política, cívica y comunitaria por medio de la libertad de expresión, el respecto
del derecho a la libertad de expresión de otros y el no abusar de los derechos
propios”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la

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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
acción de tutela.

2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico

2.1. El partido Cambio Radical, por intermedio de su director general, secretario
general y representante legal, presentó acción de tutela con el propósito de que el
juez constitucional acceda a la protección constitucional de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, buen nombre, honra y oposición política,
supuestamente vulnerados por el Presidente de la República con la publicación
efectuada en la red social X el 4 de junio de 2024 a las 4:44 pm y la respuesta que
no accedió a la solicitud de rectificación con data 28 de junio de 2024, última que,
a su juicio, no atendió los parámetros que ha precisado la Corte Constitucional
para delimitar la libertad de expresión en relación con el derecho al buen nombre.

A juicio de la parte actora, la dignidad que ostenta el primer mandatario exige que
las publicaciones que realice en las redes sociales no incorporen contenidos de
odio, revancha o resentimiento, teniendo en cuenta el importante número de
seguidores que tiene, por lo que su impacto ha sido incalculable para la
colectividad que ha realizado un ejercicio político serio y en la que militan
ciudadanos honestos, humildes y que trabajan de manera denodada.

2.2. La Presidencia de la República pidió al juez constitucional que niegue las
pretensiones de la solicitud o, en su defecto, que se declare su improcedencia. En
síntesis, la demandada indicó que en la respuesta a la solicitud de retractación se
aclaró y contextualizó al demandante que en la publicación no se individualizó a
alguien del partido Cambio Radical, que las afirmaciones se circunscriben a
investigaciones que están adelantando diferentes entidades a personas que
estuvieron vinculadas con la Nueva EPS y sus órganos directivos por el presunto
manejo indebido de recursos de la salud y que las personas vinculadas están
señaladas de tener vínculos con el partido político, no porque sean sus miembros
activos.

Recalcó que la publicación realizada en la red social X está enmarcada en la
protección del derecho fundamental a la libertad de expresión y dentro de sus
límites, y se hizo con un ánimo constructivo y en aras de contribuir en el debate
público, sin que se haya visto comprometida la integridad y el respeto de otros
actores políticos o sociales. Agregó que el discurso político tiene una especial
protección constitucional y en el sistema interamericano, en tanto la construcción
de una verdadera sociedad democrática y pluralista se logra con la libre
circulación de informes, opiniones e ideas sobre asuntos de interés público.

Por último, se refirió a lo que denominó “los riesgos de la judicialización de la
política y la responsabilidad ciudadana para con la acción de tutela”, a partir de lo
cual llamó la atención de que se esté acudiendo a este mecanismo constitucional
para reclamar la protección de derechos fundamentales supuestamente
vulnerados por declaraciones políticas, por lo que consideró que acudir a ella por
cualquier afirmación descontextualizada realizada por un servidor público elegido
popularmente, desvirtúa el propósito original de esta acción constitucional.

2.3. De conformidad con lo expuesto, le corresponde a la Sala determinar si el
Presidente de la República con la publicación efectuada en la red social X el 4 de
junio a las 4:44 pm, en la que afirmó que “la nueva EPS era la caja de financiación
de los dirigentes de Cambio Radical. Usaron la fiscalía y la Nueva EPS como
constructoras de un proyecto de aspiración presidencial al usar la libertad, la cárcel y los
recursos públicos de la salud como medios para enriquecerse y ganar elecciones”,
vulneró a la parte demandante los derechos fundamentales a la dignidad humana,
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buen nombre, honra y oposición política, y si la misma incorpora contenidos de
odio -discurso prohibido o expresamente excluido-, conforme se afirmó en el
escrito de tutela.

Con el fin de resolver el problema jurídico propuesto, la Sala se referirá (i) al
derecho fundamental a la libertad de expresión y de opinión de los altos
funcionarios públicos en la era digital; (ii) a los derechos fundamentales a la honra
y al buen nombre en el marco del discurso político; (iii) a la caracterización de los
discursos prohibidos o expresamente excluidos y (iv) resolverá el caso concreto.

3. El derecho fundamental a la libertad de expresión de los altos
funcionarios públicos en la era digital

De conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política, “se garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

La Corte Constitucional ha definido el ámbito de protección acudiendo a tratados
e instrumentos internacionales vinculantes por remisión expresa del artículo 93 de
la Constitución Política. En ese sentido, conviene citar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos -PIDESC-, que en el artículo 19 consagra la libertad
de opinión y de expresión en el que se establece que “nadie podrá ser molestado
por causa de sus opiniones” y que, además, esta garantía comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones por el medio que elija bajo las
restricciones expresamente fijadas en la ley dirigidas a “asegurar el respeto a los
derechos o a la reputación de los demás” y la protección del orden público y
seguridad nacional.

Sobre este particular, en la Observación General No. 34 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales -CDESC-, al desarrollar el contenido de esas
libertades enfatizó que las mismas “son condiciones indispensables para el pleno
desarrollo de la persona. Son fundamentales para toda sociedad y constituyen la
piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. Ambas libertades
están estrechamente relacionadas entre sí, dado que la libertad de expresión
constituye el medio para intercambiar y formular opiniones”. Sobre la libertad de
expresión, advirtió que abarca manifestaciones en cualquier medio de
comunicación incluyendo medios electrónicos o de internet sobre el pensamiento
político, opinión sobre asuntos propios o públicos, la discusión sobre derechos
humanos, pensamiento religioso y que el ámbito de protección “llega incluso a
expresiones que puedan considerarse profundamente ofensivas”.

En la sentencia T-391 de 20076, la Corte Constitucional definió la libertad de
expresión como “el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el
propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación, a través del
medio y la forma escogidos por quien se expresa. Apareja el derecho de su titular
a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones, informaciones o
ideas personales, y cuenta con una dimensión individual y una colectiva”, por lo
que el ejercicio de este derecho fundamental implica el derecho a expresarse
libremente y a utilizar cualquier medio para difundir su pensamiento (componente
individual) y el de la comunidad de acceder a esa opinión, ideas, informaciones
(componente colectivo).

En esa providencia, la Corte identificó los elementos que integran el ámbito de

6 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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protección de este derecho: “(1) su titularidad es universal sin discriminación, compleja,
y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de los intereses privados del
emisor de la expresión; (2) sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de
expresión por la libertad constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresión
respecto de los cuales la presunción es derrotada, por consenso prácticamente universal
plasmado en tratados internacionales que obligan al Estado colombiano; (3) existen
diferentes grados de protección constitucional en los variados ámbitos de la expresión
humana amparados por la libertad de expresión stricto senso, por lo cual hay tipos de
discurso que reciben una protección más reforzada que otros – lo cual tiene efectos
directos sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al
que se han de sujetar las limitaciones; (4) la expresión protegida por esta libertad puede
ser tanto la del lenguaje convencional, como la manifestada a través de conducta
simbólica o expresiva convencional o no convencional; (5) la expresión puede efectuarse
a través de cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que cada
medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades jurídicamente
relevantes, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión
como su forma y su manera de difusión; (6) la libertad constitucional protege tanto las
expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o
diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes,
indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y
posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido
de la expresión como su tono; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y
responsabilidades para quien se expresa; y (8) impone claras obligaciones
constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los particulares”. (Negrilla
fuera del texto original)

De igual modo, estableció que no hacen parte del ámbito de protección de este
derecho fundamental, la propaganda en favor de la guerra; la apología del odio
nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de
personas por cualquier motivo, la pornografía infantil y la incitación directa y
pública a cometer genocidio.

Todas las personas son titulares de la libertad de expresión, pero el ámbito de
protección del discurso no es el mismo para todos, pues cuando la ejerce un
funcionario público tiene mayores restricciones o limitaciones y ello no obedece a
sus condiciones individuales y personales sino a las funciones que ejerce y su
impacto en “en el imaginario colectivo, en las creencias de las gentes e incluso en
su conducta, dado el enorme grado de confianza que las personas suelen tener
en las afirmaciones de quienes ocupan los cargos más representativos7”. Al
respecto, en la sentencia T-203 de 20228, la Corte Constitucional precisó que “en
el caso de los altos funcionarios públicos, esta restricción se asocia,
además, al hecho de que sus manifestaciones, según el contexto, puede
reflejar no solamente el ejercicio de la libertad de expresión sino también el
de un deber-poder de comunicar decisiones relevantes para la comunidad”.

El poder-deber de comunicación de altos funcionarios del Estado, como
fundamento de las restricciones a la libertad de expresión, se encuentra
estrechamente relacionado con las cargas especiales que supone su rol en la
sociedad y el cumplimiento de los deberes de las autoridades públicas
consagrados en el artículo 2° de proteger a todas las personas residentes en
Colombia su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Así mismo, como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia T-446 de
20209, se cimenta en la posición de garante frente a los derechos de los

7 Sentencia T-1037 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 M.P. Diana Fajardo Rivera.
9 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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residentes en el territorio nacional que exige que al ejercer este derecho
fundamental “se guíen bajo el criterio de máxima prudencia al momento de emitir
manifestaciones que pongan en riesgo o constituyan injerencias lesivas sobre
tales derechos”.

En el precitado pronunciamiento, la Corte identificó los escenarios en los que se
desarrolla ese poder-deber de comunicación mediante discursos o intervenciones
tales como: (i) al informar sobre asuntos de su competencia y al fijar una posición
de la entidad sobre los mismos; (ii) cuando se analiza, comenta, opina y defiende
el programa gubernamental, (iii) al responder a las críticas y (iv) al fomentar la
participación ciudadana. En este punto, precisó que cuando se trata de
manifestaciones en las que altos funcionarios públicos expresan su opinión sobre
algún asunto y cuando defienden su gestión “caben apreciaciones subjetivas
formuladas a partir de criterios personales”.

En ese sentido, consolidó las siguientes reglas en torno al cumplimiento de las
cargas establecidas para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de altos
funcionarios públicos, en los siguientes términos:

(i) Si el pronunciamiento se refiere a información que se presenta como auténtica, debe
someterse a las cargas de “veracidad y objetividad” de conformidad con el artículo 20
de la Constitución, presupuestos que pretenden evitar “cualquier tipo de manipulación
sobre la opinión pública”, con mayor razón teniendo en cuenta el alto grado de
credibilidad con el que pueden contar los altos funcionarios del Estado.

(ii) Si el pronunciamiento no tiene la intención de transmitir información sino criterios
personales sobre la política oficial de[l] respectivo servidor, defiende su gestión,
responde críticas, o expresa juicios sobre algún asunto, cabe la apreciación personal y
subjetiva, no siendo exigible la estricta objetividad. No obstante, “para garantizar la
formación de una opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser
formuladas sino a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de
razonabilidad”.

En esa línea, la Corte Constitucional en sentencia T-386 de 202110, al desarrollar
el alcance de la libertad de expresión, puntualmente en el caso del Presidente de
la República, precisó que la jurisprudencia de esa Corporación11 ha considerado
que el ejercicio de esa garantía permite asegurar al mandatario el contacto
permanente con los ciudadanos a través de discursos e intervenciones
expresados en diferentes canales, lo cual, en términos de la Corte “constituye un
medio legítimo de ejercicio de facultades gubernamentales propio de las
democracias contemporáneas y ello permitía diferenciarlo sustancialmente de la
simple libertad de expresión reconocida de manera general a los ciudadanos”.

De igual modo, en ese pronunciamiento, se refirió al uso del lenguaje en el
ejercicio de la libertad de expresión en los distintos contextos sociales y resaltó
que el mismo debe ajustarse a principios y valores constitucionales teniendo en
cuenta que “de tener una naturaleza polivalente, el lenguaje tiene la posibilidad de
crear, transformar, deconstruir, extinguir o perpetuar realidades, de ahí que, en
escenarios de discriminación, sea necesario establecer límites y correctivos, de
cara a la eliminación de expresiones que se fundan preconcepciones, prejuicios
sociales o personales y que conllevan al desconocimiento de la dignidad
humana”.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también se ha establecido
que el derecho a la libertad de expresión cuando es ejercido por servidores
públicos tiene mayores restricciones. En ese sentido, la Corte Interamericana de

10 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11 Se refirió a la sentencia T-1191 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Derechos Humanos ha señalado que “no sólo es legítimo, sino que en ciertas
ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre
cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas
limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no
necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y
deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares,
en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los
ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos. Además, deben tener
en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de
los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no
pueden llegar a desconocer dichos derechos12”.

Por otra parte, la Sala debe destacar los nuevos escenarios digitales, como las
redes sociales, que han permitido que la libertad de expresión se trasmita de una
manera ágil e inmediata a cualquier individuo en la sociedad. En atención a ello,
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos expreso que “[e]n la actualidad, el derecho a la libertad de
expresión encuentra en Internet un instrumento único para desplegar,
incrementalmente, su enorme potencial en amplios sectores de la población”13.

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T-241 de 202314 señaló
las siguientes particularidades sobre la información publicada en redes sociales:
“En concreto, la información publicada en internet tiene las siguientes
características particulares: (i) cuenta con una amplia accesibilidad; (ii) los
emisores de información por estos medios determinan el contenido de los
mensajes que publican de forma autónoma15; (iii) la información se difunde de
manera inmediata a un número de destinatarios exponencialmente alto16; y (iv)
una vez los mensajes son publicados e incorporados a una red social, en muchas
ocasiones, la información deja de estar disponible para el emisor y puede ser
difundida de forma espontánea por otros usuarios17. Es precisamente por estas
características que, a pesar de ser un espacio participativo de discusión, las redes
sociales no pueden convertirse en un lugar donde no exista límite alguno para la
libertad de expresión. En esa medida, el límite de este derecho en el contexto de
las redes sociales adquiere unas características particulares, pues la rápida
difusión de la información, el control sobre las publicaciones por parte de los
administradores y demás, hacen que la tensión con los derechos de terceros (por
ejemplo, el derecho a la honra y el buen nombre) alcance nuevas dimensiones y
signifique un mayor impacto para dichos derechos”.

En ese sentido, las redes sociales como Facebook y X (anteriormente conocido
como Twitter), son plataformas de comunicación a través de internet que
posibilitan de manera exponencial el derecho a la libre expresión. Estas cuentan
con un alcance masivo, donde, por medio de interacciones, cualquier usuario
puede informar u opinar de manera inmediata sobre diferentes temas.

El Tribunal Constitucional en la sentencia T-124 de 202118, indicó que el uso de las
redes sociales por parte de altos funcionarios del Estado exige de un mayor

12 Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs.

Venezuela. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Párr 131. Citada en la sentencia T-203 de 2022
M.P. Diana Fajardo Rivera.
13 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría especial para la libertad de

expresión. Libertad de expresión en internet. 2013
14 M.P. Natalia Ángel Cabo.
15 Sentencia T-145 de 2016
16 Ibid.
17 Ibid.
18 M.P. Diana Fajardo Rivera.

15

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cuidado, en atención a la gran capacidad de penetración, el número considerable
de receptores y el impacto inmediato que poseen sobre la formación de la opinión
pública. En ese sentido, precisó que “Por tanto, las opiniones o informaciones que
trasmitan a los ciudadanos, en especial si se trata de altos funcionarios del
Estado, deben estar provistas de una especial diligencia y cuidado a fin de evitar
que con éstas se lesionen o pongan en riesgo los derechos de las personas. Esta
responsabilidad se acentúa cuando el mensaje se transmite a través de medios
masivos de comunicación, como las redes sociales, dada su amplia capacidad de
difusión y penetración en la sociedad”.

Adicionalmente, en la precitada sentencia, la Corte expuso una serie de pautas
que sirven de orientación para que el juez constitucional resuelva cuestiones
donde entren en conflicto la libertad de expresión de funcionarios públicos y los
demás derechos o principios que estén en juego. Al respecto, en primer lugar,
señaló que i) se debe enfocar en la configuración de privacidad de las cuentas,
diferenciando entre cuentas privadas en las que se requiere aceptación para
acceder y perfiles públicos accesibles a cualquier persona; ii) menciona la
importancia de la descripción de la cuenta, incluyendo la posible conexión con la
entidad pública para la que trabaja el funcionario y iii) subraya la necesidad de
analizar el contenido y el uso de estas cuentas personales, discerniendo si se
utilizan para temas personales o si se abordan asuntos relacionados con su
función pública.

En segundo lugar, indica la relevancia de examinar el mensaje específico que
genera dudas sobre su naturaleza oficial o personal, por lo que propone evaluar i)
cómo se comunica el mensaje y si contiene elementos que sugieran un carácter
oficial y ii) el contenido del mensaje para determinar si está vinculado a las
responsabilidades públicas del funcionario o si es de carácter estrictamente
personal.

En definitiva, la Constitución Política y el citado marco jurídico internacional
garantiza a toda persona la libertad de expresión y de opinión. Empero,
tratándose de altos funcionarios del Estado, tiene limitaciones mayores a las de
cualquier ciudadano del común, lo que se explica por las funciones que
desempeñan y el impacto que puedan llegar a tener en la sociedad. Así mismo, la
jurisprudencia constitucional ha precisado las condiciones para el cumplimiento de
las cargas establecidas para el ejercicio de esas garantías, en el sentido de
indicar que si el pronunciamiento alude a información que se presenta como
auténtica se requiere la carga de “veracidad y autenticidad” y si se refiere a
criterios personales sobre la política oficial, la defensa de su gestión, la respuesta
a críticas o expresa juicios sobre algún asunto es procedente la apreciación
personal y subjetiva, sin que sea exigible “la estricta objetividad”, pero deben ser
formuladas a partir de un mínimo de justificación fáctica real y de criterios de
razonabilidad. Adicionalmente, las afirmaciones realizadas a través de redes
sociales por los funcionarios públicos deberán ser analizadas por el juez
constitucional a partir de las particularidades de cada caso y teniendo en cuenta
los derechos o principios que se encuentren en tensión.

4. Los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra en el marco del
discurso político

4.1. El artículo 15 de la Constitución establece que “todas las personas tienen
derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

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En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional19 ha definido el derecho
al buen nombre a partir de las ideas de reputación, buena fama u opinión que de
una persona tienen los demás miembros de la sociedad20, por lo que se encuentra
ligado a la exteriorización de sus conductas ante la comunidad.

La vulneración de este derecho puede ocurrir “frente al detrimento que [se] pueda
sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas
o tendenciosas […y…] se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se
difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del
individuo”21, es decir, que se trata de los escenarios en que por expresiones
dolosas se busque lesionar la imagen pública que se tiene de su titular.

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia C-442 de 201122 resaltó que el
derecho al buen nombre se encuentra, en cierta medida, relacionado con la
dignidad humana, dado que, al referirse a la reputación, se debe proteger a la
persona de todo ataque que cercene la imagen de la persona en la sociedad.

De igual forma, debe tenerse en cuenta que para la esfera de protección de este
derecho fundamental, la jurisprudencia constitucional23 ha establecido que el buen
nombre depende de la conducta del sujeto en su interacción con los demás y de la
apreciación que de la misma elabore razonablemente la sociedad.

4.2. Por su parte, el derecho a la honra se encuentra contemplado en el artículo 21
de la Constitución Política, el cual ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como la estimación o deferencia con que cada persona debe ser
tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y tratan24.

El derecho a la honra protege el valor intrínseco de los individuos frente a la
sociedad y frente a sí mismos, el cual puede resultar vulnerado cuando se
expresen opiniones que busquen el daño moral a su titular, puesto que “no todo
concepto o expresión mortificante para el amor propio puede ser considerada
como imputación deshonrosa, puesto que para ser visualizadas como tales, las
afirmaciones que se expresen deben tener la virtualidad de ‘generar un daño en el
patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la
impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en
su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación
que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el
núcleo esencial del derecho”25.

Conforme con lo expuesto, la Corte Constitucional26 ha considerado que el derecho
a la honra guarda una relación de interdependencia material con el derecho al
buen nombre, dado que la transgresión de uno de ellos, por regla general,
conlleva la vulneración del otro.

Todas las personas -naturales y jurídicas- son titulares de estos derechos. En esa
línea, la Corte Constitucional en sentencia T-373 de 202027 consideró que “las
personas jurídicas están legitimadas para promover el amparo constitucional
cuando consideren vulneradas o amenazadas las garantías fundamentales de que

19 SU-214 de 2016.
20 Sentencias C-442 de 2011, T-110 de 2015, T-546 de 2016 y T-244 de 2018.
21 C-489 de 2002.
22 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
23 SU-056 de 1995 y T-260 de 2010.
24 T-411 de 1995.
25 C-392 de 2002.
26 T-244 de 2018.
27 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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son titulares, como por ejemplo ocurre con el derecho al buen nombre, el
cual ‘cobija tanto a las personas naturales como a las jurídicas’, y su núcleo
esencial permite “proteger a las personas jurídicas ante la difamación que le
produzcan expresiones ofensivas o injuriosas. Es la protección del denominado
‘Good Will’ en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una
persona jurídica y que puede ser estimado pecuniariamente”.

Adicionalmente, atendiendo a lo previsto en los artículos 93 y 94 de la Constitución
Política, esta Sala trae a colación varios instrumentos internacionales que hacen
parte del bloque de constitucionalidad los cuales han consagrado la protección de
los derechos a la honra y buen nombre. El artículo 17 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos dispone que “1. Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece
que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Así mismo, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Pacto de San José de Costa Rica”, señala que “1. Toda persona tiene derecho al
respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto
de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
esos ataques”.

Por su parte, la sentencia T-244 de 201828, al desarrollar las restricciones legales
que tiene la libertad de expresión (pensamiento y opinión) y de información
cuando entra en colisión con los derechos a la honra y al buen nombre, estableció
lo siguiente:

“En suma, respecto de la libertad de informar y ser informado se debe activar la
protección constitucional de los derechos a la honra y al buen nombre, cuando se
divulguen públicamente hechos falsos, erróneos, tergiversados y tendenciosos que
afecten el prestigio o imagen ante la sociedad. Asimismo, para evaluar la concurrencia
de la posible afectación, se debe analizar si la información carece de los principios de
veracidad e imparcialidad.

De otro lado, cuando la tensión surge entre los derechos a la honra y al buen nombre, y
la libertad de pensamiento y de opinión, la solución es diferente dado que estas
libertades gozan de una mayor laxitud, sobre todo cuando se ejercen en contextos
políticos, ya que de acuerdo con los parámetros citados, la carga subjetiva que le da
contenido al pensamiento y a la opinión representa un importante obstáculo a la hora
de efectuar reproches ulteriores a su expresión”.

Así las cosas, cuando el juez constitucional se encuentra ante un conflicto entre la
libertad de expresión (pensamiento y opinión) e información y los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre en el ámbito político, deberá identificar
cuál de esas libertades se está ejerciendo, con el fin de determinar si se exige una
mayor carga de veracidad, imparcialidad e importancia pública para el caso de
información o si se trata de pensamiento u opinión deberá identificar si las
afirmaciones no tienen un carácter insidioso o injurioso en el que se busque
exteriorizar el menosprecio del ofendido.

28 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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En ese sentido, el artículo 10° de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión indicó que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a
través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un
funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado
voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe
probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir
daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se
condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las
mismas”.

En conclusión, los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre están
consagrados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, los cuales
imponen límites a las injerencias de los particulares y del Estado. Sin embargo, es
claro que dichos derechos se encuentran en permanente tensión con la libertad de
expresión. En todo caso, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado la
protección de la libertad de expresión en los discursos políticos, tanto respecto de
las afirmaciones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas
expresiones críticas o adversas a los funcionarios públicos, candidatos a ejercer
cargos públicos o individuos que se hayan involucrado en asuntos de interés
público dentro de la sociedad, siempre y cuando no se desconozcan los límites de
veracidad e imparcialidad.

5. Caracterización de los discursos prohibidos o expresamente excluidos

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha expuesto que, por regla
general, toda forma de expresión se encuentra protegida por una presunción
constitucional de cobertura, empero, también ha precisado que pueden existir
cierto tipo de discursos que, por el contrario, no están en el ámbito de protección
de la libertad de expresión. Lo anterior, en razón a que existe un consenso
internacional en el que se ha excluido de manera expresa algunas expresiones
que pueden incitar o provocar, por sí mismas, graves lesiones a la dignidad
humana y a la igualdad29.

Esa misma corporación judicial ha señalado que los discursos prohibidos son
aquellas expresiones, opiniones e informaciones cuya publicación y divulgación
está proscrita expresamente por la Constitución Política y el derecho internacional
de los derechos humanos30. En concreto, se han caracterizado como modalidades
de esos discursos (i) la propaganda en favor de la guerra; (ii) la apología del odio
nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la
discriminación, a la hostilidad o a la violencia contra cualquier persona o grupo de
personas por cualquier motivo; (iii) la pornografía infantil; y (iv) la incitación directa
y pública a cometer genocidio31. En la sentencia T-391 de 2007, precisó que esas
cuatro categorías se deben interpretar de manera restrictiva, esto es, con apego
estricto a sus definiciones precisas en los instrumentos jurídicos que las regulan,
para minimizar el riesgo de que se incluyan, bajo su alcance, formas de expresión
que sí son legítimamente acreedoras de la protección constitucional32.

De igual manera, ha destacado que la prohibición de estos discursos tiene por
finalidad procurar la solución pacífica de los conflictos sociales33, evitar que la
libertad de expresión se utilice como un “arma para generar una conducta violenta

29 Sentencia T-031 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
30 T-242 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses. En el mismo sentido véanse las sentencias C-422

de 2011, C-091 de 2017 y SU-355 de 2019.
31 Sentencias C-442 de 2011, SU-626 de 2015, C-091 de 2017 y T-179 de 2019.
32 Véanse las sentencias T-391 de 2007, C-442 de 2011, C-091 de 2017 y T-179 de 2019.
33 Corte Constitucional, sentencia T-1319 de 2001.

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en contra de la víctima”34 y garantizar que el ejercicio de la libertad de expresión no
cause afectaciones desproporcionadas a los derechos fundamentales de sujetos
de especial protección constitucional.

La Corte Constitucional en la sentencia T-031 de 202035, destacó que en el Informe
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), se indicó que el concepto discurso de odio se refiere “a
expresiones a favor de la incitación a hacer daño (particularmente a la
discriminación, hostilidad o violencia) con base en la identificación de la víctima
como perteneciente a determinado grupo social o demográfico. Puede incluir,
entre otros, discursos que incitan, amenazan o motivan a cometer actos de
violencia”36

De igual modo, esa corporación señaló que en ese informe se aclaró que la noción
de discurso de odio no abarca ideas abstractas, como ideologías políticas,
creencias religiosas u opiniones personales relacionadas con grupos específicos y
que tampoco están comprendidos el insulto o la simple expresión injuriosa o
provocadora dirigida a una persona, porque, de admitirse esa posibilidad,
cualquier comentario intolerable podría terminar siendo calificado como discurso
de odio y, en consecuencia, ser objeto de sanción.

También, en consonancia con el artículo 15.5. de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, ha manifestado que “para que el contenido de un mensaje
pueda considerarse un discurso que incita al odio no es suficiente con que el
mensaje emita un reproche sobre una conducta, o que resulte ofensivo para el
sujeto reprochado. Es necesario también que el contenido del mensaje incite al
odio o a la violencia, o a cometer algún hecho ilícito en contra del sujeto [pasivo de
la acción]”37.

En definitiva, se puede concluir que la mayoría de los discursos están amparados
por el ámbito de protección del derecho fundamental a la libertad de expresión. Sin
embargo, unos pocos han sido caracterizados como expresamente prohibidos o
excluidos, entre los que se encuentran los discursos de odio o de apología del
odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la
discriminación, a la hostilidad o a la violencia contra cualquier persona o grupo de
personas por cualquier motivo.

6. Estudio y solución del caso concreto

6.1. Procedencia de la acción de tutela

6.1.1. Legitimación en la causa por activa

El señor Germán Córdoba Ordóñez, en calidad de director nacional, secretario
general y representante legal del partido Cambio Radical, presentó acción de
tutela contra el Presidente de la República, con el fin de que el juez constitucional
acceda a la protección constitucional de los derechos fundamentales a la dignidad
humana, honra, buen nombre y oposición política, presuntamente vulnerados con
la publicación realizada por el primer mandatario el 4 de junio de 2024 a las 4:44
pm, en la red social X.

34 Ibídem.
35 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
36 UNESCO. Combatiendo el Discurso de Odio en Línea [Countering Online Hate Speech], 2015,

págs. 10-11. En: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231
37 Sentencia T-031 de 2020, que a su vez cita la sentencia T-500 de 2016, reiterada en la C-091 de

2017.
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El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 se refiere a la legitimidad e interés de esta
acción constitucional. Al respecto, señala que podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos. De igual manera, dispone
que se podrán agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que deberá
manifestarse en la solicitud. Así mismo, la puede ejercer el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales.

A su turno, el artículo 2 de la Ley 130 de 1994 define los partidos políticos como
instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y
encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y
manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los
cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas
de la Nación

En el caso que nos ocupa, la acción de tutela es promovida por un partido político,
luego es su representante legal quien tiene la legitimación en la causa por activa,
es decir, la capacidad jurídica para defender los derechos e intereses de esa
colectividad. El partido Cambio radical cuenta con personería jurídica reconocida
por el Consejo Nacional Electoral por medio de la Resolución No. 1305 de 199738 y
actúa por intermedio de su representante legal, de lo cual da cuenta la Resolución
No. 0004 de 11 de enero de 2017, que en el artículo primero dispone:

“ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR al doctor Germán Edmundo Córdoba Ordóñez
(…), como Secretario General y Representante Legal del Partido Cambio Radical, de
conformidad con la parte considerativa del presente proveído.

(…)”.

En esas condiciones, la Sala encuentra que está acreditado que el partido Cambio
Radical está legitimado en la causa por activa, en tanto actúa por intermedio de su
representante legal.

6.1.2. Requisitos de subsidiariedad e inmediatez

6.1.2.1. De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

En el sub examine, la parte actora no cuenta con otro medio judicial para procurar
la protección de los derechos fundamentales invocados con la publicación en la
red social X. Empero, antes de acudir a esta acción constitucional agotó la
solicitud de rectificación ante la autoridad administrativa accionada, a la que no
accedió por medio de oficio OFI24-00129686 / GFPU 13000000 de 28 de 2024,
con lo que se da por agotado el presupuesto de la reclamación antes de acudir al
juez constitucional.

Ahora bien, la Sala considera oportuno hacer una precisión en relación con lo que
denominó la demandada en el informe rendido “los riesgos de la judicialización de
la política y la responsabilidad ciudadana para con la acción de tutela”, en el que
expresa su preocupación porque se está acudiendo a la acción de tutela para

38 La Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral del Consejo Nacional Electoral certificó que la

personería jurídica a la fecha se encuentra vigente, documento que fue allegado al trámite
constitucional.
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pedir la protección de derechos fundamentales supuestamente vulnerados por
declaraciones políticas, lo que desconoce el propósito de este mecanismo
constitucional.

Al respecto, se debe recordar que esta acción constitucional de antaño ha sido
considerada por la Corte Constitucional como un derecho fundamental,
caracterización que ha sido acogida por esta Sala39, en tanto es “el instrumento
concebido por el Constituyente para garantizar la protección de los restantes derechos
fundamentales que sin él perderían buena parte de su eficacia y arriesgarían esfumarse el
contenido y contornos esenciales de los derechos fundamentales y de sus garantías y
mecanismos básicos de protección, se establecen y perfilan en la misma Constitución y
ello evita que las leyes los relativicen; vale decir, los derechos y sus garantías son
fundamentales porque son un límite a la acción del Legislador. Sólo cuando la misma
Carta faculta a la ley y en la medida en que lo haga puede ésta regular o desarrollar
materias relacionadas con los derechos fundamentales y siempre que conserve y respete
el ámbito intangible producto de la creación del Constituyente”40.

La importancia de la acción de tutela para la vigencia del Estado Social y
Democrático de Derecho es indiscutible y fundamental, al punto que no se puede
limitar su ejercicio durante los estados de excepción, ni en circunstancias
excepcionalísimas como la ocurrida con la pandemia del Covid-19, en la que la
rama judicial suspendió los términos procesales durante un poco más de tres
meses, medida que no se extendió para que cualquier persona que se
considerada afectada en sus derechos fundamentales acudiera a ella en busca de
algún remedio judicial.

Así las cosas, que se acuda a este mecanismo de protección constitucional con el
fin de buscar el amparo de derechos fundamentales supuestamente vulnerados
por declaraciones o publicaciones realizadas en redes sociales por funcionarios
públicos, no puede ser entendido bajo ninguna consideración como un ejercicio
irresponsable y no moderado, ni como un abuso del derecho. Como lo señala
expresamente el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1 del Decreto
2591 de 1991, cualquier persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública, incluidas las que son elegidas por voto popular.

De esta manera, queda acreditado el cumplimiento del requisito de subsidiariedad,
porque la parte actora no cuenta con otro medio de defensa judicial para ventilar la
discusión puesta a consideración del juez constitucional.

6.1.2.2. Por último, la precitada disposición constitucional señala que la solicitud
de amparo constitucional se puede promover para la protección inmediata de los
derechos fundamentales, presupuesto que se encuentra cumplido por cuanto la
respuesta a la solicitud de rectificación formulada por el partido Cambio Radical se
expidió el 28 de junio de 2024 y la acción de tutela se promovió el 8 de julio de la
misma anualidad, es decir, dentro de un plazo razonable.

6.2. El Presidente de la República no vulneró los derechos fundamentales a
la dignidad humana, al buen nombre, a la honra y a la oposición política del
partido Cambio Radical

6.2.1. El partido Cambio Radical pide al juez constitucional la protección de sus

39 Sentencia de 1 de febrero de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04865-00, M.P. Stella Jeannette

Carvajal Basto.
40 C-531 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz

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derechos fundamentales a la dignidad humana, buen nombre, honra y oposición
política, supuestamente vulnerados por el Presidente de la República con la
publicación efectuada en la red social X el 4 de junio de 2024 a las 4:44 pm, y con
la respuesta entregada a la solicitud de rectificación el 28 del mismo mes y año,
última que, a juicio de la parte actora, no acató los parámetros que ha señalado la
Corte Constitucional para limitar el derecho a la libertad de expresión en relación
con el derecho al buen nombre.

Para la mencionada colectividad, la publicación realizada por el primer mandatario
incorpora contenidos de odio que son proscritos por el ordenamiento
constitucional, por lo que pide que se ordene la rectificación, con el mismo alcance
y tiempo que tuvieron las acusaciones que se hicieron contra el partido Cambio
Radical y sus militantes.

6.2.2. La Sala precisa que el análisis constitucional de la vulneración alegada se
efectuará respecto de la publicación y la respuesta otorgada a la solicitud de
rectificación, en conjunto, teniendo en cuenta que todo se suscitó en el contexto
de la red social X que, respecto de las afirmaciones inicialmente realizadas por el
Presidente de la República cuenta con un número de caracteres definidos41, por lo
que resulta razonable efectuar el estudio con esa precisión metodológica.

De conformidad con lo que está probado en el expediente, el Presidente de la
República el 4 de junio de 2024 a las 4:44 pm, realizó la siguiente publicación en
la red social X:

“La nueva EPS era la caja de financiación de los dirigentes de Cambio Radical.
Usaron la fiscalía y la Nueva EPS como constructoras de un proyecto de aspiración
presidencial al usar la libertad, la cárcel y los recursos públicos de la salud como
medios para enriquecerse y ganar elecciones”.

En razón de lo anterior, en escrito de 14 de junio de 2024 el partido Cambio
Radical solicitó al Presidente de la República que “inmediatamente se RETRACTE de
sus afirmaciones puesto que, desde su cuenta se nos ha atribuido sin fundamento y
justificación alguna delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito,
además de atentar contra la honra y buen nombre del Partido Cambio Radical y sus
militantes, perjudicando gravemente nuestro ejercicio político”.

La Presidencia de la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República-, mediante oficio OFI24-00129686 / GFPU 13000000 de 28 de junio
de 2024 negó la solicitud de “retractación”, son sustento en lo siguiente:

En primer lugar, señaló que la opinión publicada por el Presidente de la República
está respaldada en información de dominio público, esto es, notas de prensa en
las que se ha compartido información de diferentes medios de comunicación y de
la Superintendencia Nacional de Salud, en temas de salud, “información que se
encuentra a disposición de los ciudadanos sobre denuncias e investigaciones en curso
acerca de la Nueva EPS”. Agregó que el primer mandatario “se refiere a
investigaciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud que involucran a
la pasada administración de la NUEVA EPS, de la cual hicieron parte personas
presuntamente cercanas al partido Cambio Radical”.

De igual modo, indicó que “de acuerdo con el informe presentado por el agente

41 La red social X ofrece un centro de ayuda, en el que se precisa que los post más largos son los

que superan el límite habitual de 280 caracteres. Los post más largos pueden tener hasta 4000
caracteres, y al igual que el post normal, pueden contener texto, fotos, un GIF o video. En:
https://help.x.com/es/using-x/types-of-
posts#:~:text=Definici%C3%B3n%3A%20un%20post%20que%20supera,perfil%20y%20en%20la%
20cronolog%C3%ADa.
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interventor de la NUEVA EPS, se encontraron irregularidades en los estados financieros
de la referida EPS, lo que podría haber afectado no solo la transparencia de sus
operaciones, sino también la calidad del servicio ofrecido a los afiliados, de acuerdo con
las investigaciones en curso”.

En segundo término, destacó que el ejercicio de la libertad de expresión y el
acceso a la información de los diferentes puntos de vista de los emisores de la
sociedad para expresar sus propias ideas y opiniones sobres asuntos públicos, de
acuerdo a la información disponible, son especialmente protegidos por su
importancia para la democracia, como lo ha señalado la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el documento titulado “Una agenda hemisférica para la
defensa de la libertad de expresión”.

En esa línea, refirió que “si bien la protección reforzada del discurso sobre los
personajes públicos no implica que sus reputaciones no deban ser jurídica protegidas; lo
cierto es que, dicha protección debe ser acorde con los principios de la democracia,
evitando mecanismos que generen inhibición o autocensura. Es decir, se busca un
equilibrio entre la protección de la reputación de personajes públicos y la necesidad de
garantizar un espacio amplio para la crítica y el debate sobre su desempeño y acciones
en el ámbito público”, aspecto en el que se refirió a la sentencia SU-1723 de 2000,
en relación con las críticas, opiniones o revelaciones desfavorables a las que se
pueden encontrar expuestos los personajes públicos.

Por las anteriores razones, insistió en que las declaraciones del Presidente de la
República fueron una manifestación del derecho a la libertad de expresión, en el
marco de protección especial del discurso político y sobre asuntos de interés
público, que está protegida por la Constitución Política y el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.

La Sala advierte que la publicación realizada por el primer mandatario en la red
social X y la respuesta a la solicitud de rectificación elevada por el partido Cambio
Radical, no vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, honra,
buen nombre y oposición política de la parte actora, por cuanto de conformidad
con las consideraciones jurídicas expuestas en esta providencia, se enmarca en el
ámbito de protección de la libertad de expresión42, en el contexto del discurso
político, a lo que se agrega que sus contenidos no constituyen un discurso de
odio, ni están expresamente prohibidos o excluidos, ni carecen de respaldo
constitucional.

Como se indicó en el numeral 3 supra, todas las personas son titulares del
derecho fundamental a la libertad de expresión, pero el ámbito de protección del
discurso no es el mismo para todos. Cuando se trata de funcionarios públicos
tiene restricciones o limitaciones, lo que no obedece a sus condiciones
individuales o personales, sino a las funciones que ejerce. De allí que esa
restricción, que no implica imposibilidad para su ejercicio, obedezca dependiendo
el contexto, a que además del ejercicio de la libertad de expresión, se entienda
“también el de un deber-poder de comunicar decisiones relevantes para la
comunidad”. Es decir, el ejercicio de la libertad de expresión para los funcionarios
públicos, debe guiarse por el criterio de la máxima prudencia.

No quiere significar lo anterior que los funcionarios públicos estén limitados en el

42 La Corte Constitucional en la sentencia T-031 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, se

refirió a las tres presunciones de hecho que protegen el derecho a libertad de expresión, a saber:
“(i) presunción de cobertura de una expresión por el ámbito de protección del derecho
constitucional; (ii) presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos,
valores y principios constitucionales en casos de conflicto; y (iii) sospecha de inconstitucionalidad
de las limitaciones sobre la libertad de expresión y aplicación de un control de constitucionalidad
estricto”.
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ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Por el contrario, en una sociedad
democrática y participativa en la que debe prevalecer el libre flujo e intercambio de
ideas, se debe maximizar el ámbito de protección, lo que está en consonancia con
la prohibición de censura o autocensura. Ese deber-poder tiene algunos
escenarios que han sido identificados por la Corte Constitucional, como se indicó
en las consideraciones jurídicas de esta decisión, respecto de los cuales ha
consolidado algunas reglas en relación con el cumplimiento de las cargas
establecidas para el ejercicio de la libertad de expresión, a saber:

(i) Si el pronunciamiento se refiere a información que se presenta como
auténtica, debe someterse el funcionario público a las cargas de
veracidad y objetividad de conformidad con lo previsto en el artículo 20
superior, con el fin de evitar cualquier tipo de manipulación sobre la
opinión pública, en razón al alto grado de credibilidad y,

(ii) Si el pronunciamiento no tiene la intención de transmitir información,
sino criterios sobre la política oficial del funcionario público, defender su
gestión, responder a críticas o expresar juicios sobre algún asunto, “cabe
la apreciación personal y subjetiva, no siendo exigible la estricta objetividad.
No obstante, para garantizar la formación de una opinión pública
verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser formuladas sino a partir
de un mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad”.

De conformidad con lo anterior, cabe señalar que lo indicado en la publicación
efectuada por el Presidente de la República en la red social X el 4 de junio de
2024 a las 4:44 pm y en la respuesta a la solicitud de rectificación formulada por el
partido Cambio Radical, no se observa que se pretenda presentar como
información auténtica, a lo que se debe agregar que no se hacen
individualizaciones ni calificaciones que puedan afectar los derechos a la dignidad
humana, honra y buen nombre de sus militantes, ni a la oposición política de la
colectividad, lo que denota, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional y
esta corporación43, que se hizo bajo criterios de razonabilidad, lo que no debe ser
entendido necesariamente como exhaustividad, como lo ha precisado también la
Corte Interamericana de Derechos Humanos44. Dicho en otros términos, las
afirmaciones realizadas por el primer mandatario están relacionadas con la política
oficial en asuntos relacionados con el sistema de salud del país y lo relativo a las
denuncias e investigaciones por presuntas irregularidades que involucran a
quienes hacían parte de la administración de la Nueva EPS.

También, como lo señaló en la respuesta a la solicitud de rectificación, ese criterio
se sustentó en la información que han compartido los medios de comunicación y la
Superintendencia Nacional de Salud, lo que denota, como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional y esta corporación45, que se hizo con un mínimo de
justificación fáctica y real y bajo criterios de razonabilidad, lo que no debe ser
entendido necesariamente como exhaustividad, conforme lo ha precisado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos46.

De esta manera, la Sala no encuentra que la publicación realizada en la red social
X, en el contexto del discurso político o del debate público, comprometa el derecho

43 Sentencia de 18 de enero de 2024, expedientes 11001-03-15-000-2023-06196-01 y 11001-03-

15-000-2023-06338-01 (acumulados), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
44 Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela

Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
45 Sentencia de 18 de enero de 2024, expedientes 11001-03-15-000-2023-06196-01 y 11001-03-

15-000-2023-06338-01 (acumulados), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
46 Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela

Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
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fundamental al buen nombre del partido Cambio Radical, ni la honra de quienes
conforman o han hecho parte de esa colectividad.

Como lo recordó la Corte Constitucional en la sentencia T-242 de 202247, “no toda
expresión errada y ofensiva que aflige el amor propio constituye una violación de estos
derechos [honra y buen nombre]. El constituyente no quiso darle a la sociedad civil y
política ‘la austeridad de un claustro’, por lo que estas expresiones solo tienen relevancia
constitucional y sus efectos son susceptibles de amparo por vía de tutela si generan una
afectación tangible y desproporcionada del ‘patrimonio moral del sujeto afectado’”.
(subraya por fuera del texto original)

Ahora bien, no puede desconocerse la influencia mediática que pueden tener las
publicaciones efectuadas por funcionarios públicos en las redes sociales, lo que
ha supuesto enormes desafíos para los Estados, pero sobre todo para la
protección del derecho fundamental a la libertad de expresión en relación con los
derechos a la honra y al buen nombre.

En el reciente informe publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado “Inclusión
digital y gobernanza de contenidos en internet”48, se destaca que “la era digital ha
reconfigurado en particular las dinámicas de la libertad de expresión y el acceso a la
información”49, por lo que su propósito es ofrecer un diagnóstico de los problemas
actuales y sugiere algunos cambios “para asegurar que el espacio digital continúe
siendo un foro abierto y democrático, facilitando un diálogo constructivo y el ejercicio
efectivo de los derechos fundamentales”.

De igual modo, destaca que el internet es una herramienta esencial para el
almacenamiento y difusión de información, el intercambio de ideas, lo que “ha
generado una relación indisoluble con los derechos humanos, tanto en su
promoción como en su potencial limitación y vulneración”50. También, en el marco
del contexto regional y el rol de las plataformas digitales, señala:

“22. El crecimiento de las plataformas de redes sociales y las nuevas facetas que toma
la esfera pública en este contexto, por ejemplo, el uso de redes sociales por parte de
líderes políticos e instituciones gubernamentales o la proliferación de expresiones en
un corto tiempo a gran escala, genera nuevos avances, pero también retos para la
libertad de expresión. Frente a ello, como la CIDH ya lo reconoció internet es una de
las tecnologías que más ha potenciado el ejercicio de la libertad de expresión, dado
que convirtió a millones de personas que eran receptoras pasivas de información en
activos participantes del debate público”.

Una preocupación que se expresa en el mencionado informe es que a partir de
“expresiones ligeras, inflamatorias y acaloradas, basadas en informaciones no verificables
en contra de las instituciones democráticas, la sociedad civil y la descalificación de la
arena pública”, se genere un “deterioro del debate público”, lo que puede incidir en “el
deterioro de la calidad de la democracia”. Sobre este particular, destaca que de
conformidad con la Declaración Conjunta sobre líderes políticos, personas que
ejercen la función pública y la libertad de expresión “los líderes políticos y las
personas que ejercen la función pública desempeñan un papel importante en la
configuración de la agenda de los medios de comunicación, el debate público y la opinión,
y que, en consecuencia, el comportamiento y las actitudes éticas por su parte, incluso en
sus comunicaciones públicas, son esenciales para promover el Estado de Derecho, la
protección de los derechos humanos, la libertad de los medios de comunicación y el
entendimiento intercultural, y para garantizar la confianza del público en los sistemas

47 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
48 En: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/Inclusion_digital_esp.pdf. El informe se
aprobó por mayoría absoluta el 4 de junio de 2024.
49 Párrafo 2.
50 Párrafo 9.

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democráticos de gobierno”.

El citado informe es relevante para la discusión propuesta por la parte actora, en la
medida en que pone en evidencia que la difusión y el impacto de los contenidos en
las redes sociales es inmediata, lo que no despoja a los funcionarios públicos, en
el marco del discurso político o debate público, de garantizar que las
informaciones cuando obedezcan a criterios o posturas personales sean
verificables, es decir, como se indicó previamente, que cuente con un mínimo de
criterios de razonabilidad.

El partido Cambio Radical allegó como pruebas para sustentar la supuesta
afectación de los derechos fundamentales invocados, el número de 146k
visualizaciones, 3.8k reposts, 80 citas, 6.3k Me gusta y 39 elementos guardados,
en los que se observa que la publicación efectuada tuvo 3800 respuestas “en las
cuales se evidencian ataques al partido”, y también se refirió a la divulgación que
se hizo en algunos medios masivos de comunicación.

Sin embargo, para la Sala esas evidencias no dan cuenta de que se hayan
comprometido contenidos mínimos de los derechos fundamentales invocados por
la colectividad demandante, ni que se haya demostrado su vulneración o
amenaza. Por el contrario, la publicación, reacciones e interacciones no resultan
prueba suficiente para demostrar una afectación de tal magnitud que implique
censurar una publicación realizada en un contexto de redes sociales, en el que
incluso las mismas reacciones son tanto de apoyo como de desacuerdo, luego, las
visualizaciones no pueden ser entendidas como una afectación a sus derechos
fundamentales. Adicionalmente, tampoco se puede dejar de lado que ambas
partes ocupan un lugar protagónico en el escenario político, al punto que el partido
Cambio Radical, en el marco de la garantía del derecho fundamental a la libertad
de expresión de la que es titular, respondió con el mismo despliegue y cobertura,
en condiciones de igualdad, a la publicación en los siguientes términos:

“No más mentiras, @petrogustavo. Esta mañana, @(…) le demostró con documentos
en mano que sus afirmaciones sobre la Nueva EPS no tienen asidero. Se nota que está
angustiado por su popularidad que, según las últimas encuestas, está más caída que
(…)”.

Tampoco se puede entender que las afirmaciones realizadas por el Presidente de
la República estén comprendidas dentro de la categoría discursos de odio, como
lo sostiene la parte actora, en tanto no se trata de expresiones, opiniones e
informaciones respecto de las cuales su publicación y divulgación esté prohibida
por la Constitución Política y el derecho internacional de los derechos humanos.

No sobra recordar que la exclusión o prohibición de estos discursos “ tiene por
finalidad procurar la solución pacífica de los conflictos sociales, evitar que la libertad de
expresión se utilice como un ‘arma para generar una conducta violenta en contra de la
víctima’ y garantizar que el ejercicio de la libertad de expresión no cauce afectaciones
desproporcionadas a los derechos fundamentales de sujetos de especial protección
constitucional”51.

De igual modo, se ha precisado que los discursos de odio o la “apología al odio”
deben ser entendidos como “aquellas expresiones humillantes, insultantes y
peyorativas que exteriorizan ‘emociones intensas e irracionales de oprobio, enemistad y
aversión’ en contra de un sujeto o grupo de sujetos”52.

51 Sentencia T-242 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
52 Sentencia T-242 de 2022, que se apoya en el Informe del Relator Especial sobre la promoción y

protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/67/357. 7 de septiembre de 2012,
párr. 44 y en las sentencias T-500 de 2016 y T-031 de 2016.
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Para la Corte Constitucional “solo constituyen discursos prohibidos aquellas
expresiones de odio que, directa o indirectamente, inciten a cometer actos de
discriminación, hostilidad o violencia ‘contra cualquier persona o grupo de personas por
cualquier motivo’”53.

Así las cosas, en tanto la prohibición de los discursos de odio es de aplicación
restrictiva, “solo pueden prohibirse aquellas expresiones que, de forma clara y evidente
(i) estén cubiertas por la definición de ‘apología al odio’, lo que implica que deben ser
expresiones abierta y manifiestamente humillantes, insultantes y peyorativas que
exteriorizan ‘emociones intensas e irracionales de oprobio, enemistas y aversión’ y (ii)
constituyen una incitación a hacer daño a una persona o grupo de sujetos que genere una
amenaza seria y razonablemente probable para el sujeto afectado”54.

En el asunto bajo examen, esos supuestos no se cumplen en la publicación
realizada por el Presidente de la República en la red social X, porque, conforme se
ha indicado, la misma se hizo bajo criterios de razonabilidad como lo ha destacado
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, parámetro que ha sido acogido por
esta corporación, y que obedece al libre intercambio o flujo de ideas propio de una
sociedad democrática y participativa.

Por último, la Sala no observa que se configure la vulneración alegada del derecho
fundamental a la oposición política. Para la parte actora, no es admisible cualquier
forma de violencia o persecución por el hecho de pensar diferente como oposición,
a lo que agregó que la publicación cuestionada contiene afirmaciones injuriosas y
calumniosas que reflejan repudio, odio, generan zozobra y afectan de manera
grave la imagen y el buen nombre de un partido político que ha representado la
opción de miles de colombianos.

Dada la importancia que reviste la oposición política en el contexto de un Estado
de Derecho, valga indicar que el artículo 3 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018
señala que, de conformidad con los artículos 40 y 112 de la Constitución, la
oposición política es un derecho fundamental autónomo que goza de especial
protección del Estado y de las autoridades públicas.

Por su parte, en la sentencia SU-347 de 2023, la Corte Constitucional definió la
oposición política como “una garantía institucional para las organizaciones políticas que
participan en el sistema democrático que se declaren en oposición al Gobierno y, por
ende, es también ‘un límite a las competencias legislativas’. En otras palabras, ‘un
régimen democrático dejaría de ser tal si no se permitiera el ejercicio de la oposición
política’”55.

Así mismo, en esa decisión recordó que la oposición política “es un derecho
fundamental del cual son titulares los ciudadanos y las organizaciones políticas con
personería jurídica son titulares del derecho fundamental a la oposición política, pero su
contenido y ejercicio es diferente”56.

53 Sentencia T-242 de 2022, que a vez se apoya en las sentencias SU-420 de 2019, T-031 de
2020, T-500 de 2016 y SU-355 de 2019, y en el Informe Anual (2004). Cap. IV. núm. 4 de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos
(OEA). En:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/Expreisones%20de%20odio%20Informe%
20Anual%202004-2.pdf.
54 Sentencia T-242 de 2022, que se apoya en el Informe del Relator Especial sobre la promoción y

protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/67/357. 7 de septiembre de 2012,
párr. 44.
55 Corte Constitucional, SU 347 de 2023, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
56 Ibid. La caracterización de la oposición política como un derecho fundamental también se puede

consultar en las sentencias C-018 de 2018 y SU-316 de 2021.
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En ese sentido, la definición propuesta por Robert Dahl, politólogo norteamericano
e investigador de los estudios de oposición política, establece que es la conducta
contraria que tiene un actor político (B) de forma temporal a la conducción del
gobierno por parte de otro grupo (A) en un determinado momento57. En este caso,
el autor resalta la importancia de la temporalidad, puesto que en una democracia
se supone que en algún momento el grupo opositor pasará a formar parte del
gobierno y el rol de opositor será desplegado por quienes antes tenían la dirección
del gobierno58.

En el caso colombiano, durante la vigencia de la Constitución Nacional de 1886 se
presentaban dos particularidades concretas: la ausencia de garantías para el
ejercicio de la oposición política y la existencia de una oposición violenta que
generaba el impedimento al disfrute efectivo de dicho derecho59.

A su turno, la Constitución Política de 1991 adoptó el modelo de Estado Social de
Derecho, el cual tiene como fundamento una organización democrática,
participativa y pluralista, y como principio rector el respeto por la dignidad humana,
la prevalencia del interés general sobre el particular y la solidaridad de los
miembros de la sociedad. Por lo que, la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, implementó “(…) una organización política pluralista en la que se destaca el deber
de garantizar la participación de todas las personas en los asuntos que les afecta, sin
importar la ideología, raza, género, origen, religión, institución o grupo social al que
pertenezcan”60.

En ese marco, la garantía a la oposición política se incorpora en el ordenamiento
jurídico en el artículo 112 de la Constitución Política61, modificado por el artículo 5°
del Acto Legislativo 1° de 2003, por medio del cual se consagra la posibilidad de
que los partidos y movimientos políticos que sean de oposición al Gobierno,
puedan ejercer libremente la función de expresar su opinión crítica frente a este,
así como la de comunicar el apoyo u oposición de los gobernados, en especial el
de las minorías.

Por otra parte, es importante referirse al artículo 6° de la Carta Democrática de la
Organización de los Estados Americanos, el cual prevé que “La participación de la
ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una
responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo
ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación
fortalece la democracia”.

Sobre este particular, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-018 de
201862, al resolver la revisión de constitucional del Proyecto de Ley Estatutaria No.

57 Dahl, R. (Ed.). (2009). Political oppositions in western democracy. Yale Press University.
58 Ibid.
59 Londoño, J. (2015). La travesía de una democracia incompleta: reformas políticas en Colombia

(1991-2015). En K. Casas, R. Chanrto, B. Muñoz-Pogossian, & M. Vidaurri (Ed.), Reformas
Políticas en América Latina: Tendencias y Casos. OEA
60 Corte Constitucional, Sentencia C-018 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
61 “Artículo 112. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en

oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y
desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el
acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y
legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del
espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para
Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación. (…)”
62 M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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03/1763, sancionado como Ley Estatutaria 1909 de 2018, determinó que “el modelo
de democracia adoptado con la Carta Política de 1991 es de base participativa y
pluralista, razón por la cual, los diversos sectores de la población tienen derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y en esa medida, a
fundar partidos y movimientos políticos que articulen, comuniquen y ejecuten las
opiniones de los ciudadanos, con respeto por las diversas orientaciones o posiciones que
coexisten en la sociedad, en especial las que defiendan las minorías”.

Igualmente, precisó la importancia fundamental de la oposición en los sistemas de
gobierno democráticos, al desarrollar las funciones de i) expresar la dirección que
toma (o debería tomar) el gobierno de turno, ya sea de manera general o en
relación con aspectos cruciales para la legislación o la implementación de ciertas
políticas; ii) ejercer las tareas de supervisar al gobierno actual, utilizando los
medios legales a su alcance y comunicar sobre los resultados y consecuencias de
las actividades del mismo; y iii) prepararse para la alternancia, es decir, que la
oposición tiene la obligación de mostrarse como una alternativa viable de
gobierno.

Bajo ese entendido, consideró que el ejercicio del derecho fundamental de
oposición política por parte de los partidos y movimientos políticos supone un
espacio de ejercicio a la libertad de expresión. En ese sentido, precisó que “(…) el
ejercicio de la oposición estaría ligado, inexorablemente, al ejercicio de ciertos derechos
que allí plasmó, tales como (i) el acceso a los documentos, que se encuentra ligado al
derecho de petición consagrado en el artículo 23 la Constitución, (ii) al derecho a acceder
a los medios de comunicación social del Estado o a aquellos que hagan uso del espectro
electromagnético, el cual se encuentra íntimamente ligado con el derecho fundamental a
expresarse y difundir libremente las ideas, consagrado en artículo 20 de la Constitución, o
(iii) al derecho de réplica en los medios de comunicación, el cual no solo va ligado a la
libertad de expresión, sino también con la protección del buen nombre, contenido en el
artículo 15 de la Constitución”.

Así, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 112 de la Constitución
Política, las organizaciones políticas opositoras tienen garantizado ejercer
libremente la función de crítica y la labor de fiscalización, por medio de la
intercomunicación constante con los gobernados, con el fin de realizar un control
eficaz y evidente sobre las acciones que ejecute el Gobierno.

Adicionalmente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también ha
establecido la protección por parte del Estado para garantizar adecuadamente la
libertad de expresión, cuando se traten de discursos de oposición política. En ese
sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “ (…) es
de resaltar que las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad
democrática, sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las
diferentes visiones que prevalecen en una sociedad. Por ello, la participación efectiva de
personas, grupos y organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad
democrática debe ser garantizada por los Estados, mediante normativas y prácticas
adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios
deliberativos en términos igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas
necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en
que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales”64.

Así las cosas, el derecho fundamental de oposición política fue introducido en
Colombia mediante el modelo de Estado Social de Derecho adoptado en la Carta
63 Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las

organizaciones políticas independientes.
64 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos No. 16: Libertad de pensamiento y de expresión (2021),
Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010.
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Política de 1991, la cual cuenta con una base participativa y pluralista, razón por la
cual las organizaciones políticas que no participen en el Gobierno, cuentan con la
garantía de poder expresar, bajo los recursos que tengan a su alcance, incluidos
los contenidos en internet, una crítica constante sobre las acciones del Gobierno y
así poder prepararse como opción para dirigir a la sociedad, lo que redunda en el
propósito de garantizar el debate público de las ideas.

De conformidad con lo expuesto, a juicio de la Sala no se vulneró el derecho
fundamental a la oposición política, en tanto la publicación efectuada en la red
social X obedece a afirmaciones realizadas por el primer mandatario en el
contexto del discurso político o debate público, a lo que se agrega que la parte
actora no demostró la vulneración iusfundamental alegada. Por el contrario, se
trata de un escenario en el que cobra especial realce la razón de ser de la
oposición política de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley
Estatutaria 1909 de 2018, toda vez que su rol es de la mayor importancia en una
sociedad democrática que se sustenta en el pluralismo político, por cuanto su
finalidad es proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer
libremente el control político a la gestión del Gobierno, a través de los mecanismos
previstos en el ordenamiento jurídico.

En ese contexto, el artículo 11 de ese mismo marco normativo consagra el
derecho de réplica65, como uno de los derechos y manifestación de la libertad de
expresión de las organizaciones políticas declaradas en oposición, cuya
concreción se alcanzó con la respuesta a la publicación realizada por el partido
Cambio Radical en la red social X, el mismo día, a lo que se puede agregar el
comunicado a la opinión pública suscrito por un ex miembro de la Junta Directiva
de la Nueva EPS.

En definitiva, una vez analizados los argumentos de las partes y las pruebas
allegadas al proceso, la Sala no advierte que en el presente caso se hayan
vulnerado los derechos fundamentales a la dignidad humana, honra, buen nombre
y oposición política del partido Cambio Radical, por lo que se denegarán las
pretensiones de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
partido Cambio Radical, quien actúa por intermedio de su director general,
secretario general y representante legal, por las razones expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de

65 El artículo 2 de la Ley 1909 de 2018 lo define como el derecho que les asiste a las
organizaciones políticas declaradas en oposición a responder y controvertir declaraciones que
sean susceptibles de afectarlas por tergiversaciones graves y evidentes.
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Estado.

Cuarto.- En caso de que esta decisión no sea objeto de impugnación, REMÍTASE
el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) AUSENTE EN COMISIÓN
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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