Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03570-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03570-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-03570-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
15 de agosto de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03570-00
Demandante: Ana María Echeverry Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03570-00
Demandante: ANA MARÍA ECHEVERRY GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Costas procesales. Falta de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ana María Echeverry Gómez contra
el Tribunal Administrativo del Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 10 de julio de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado, la
señora Ana María Echeverry Gómez pidió la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 9
de noviembre de 2023, dictada por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Antioquia, que confirmó la sentencia de primera instancia dictada en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001-33-33-025-
2022-00150-02 e impuso condena en costas, también en segunda instancia.
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, la siguiente pretensión:
Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCEDO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a esto se REVOQUE DE MANERA PARCIAL la
sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA (sic)
MAGISTRADO PONENTE SUSANA NELLY ACOSTA PRADA radicado: 05001333302520220015001
(sic) el numeral segundo donde condena en costas en esta instancia.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 25 de abril de 2022, la actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio FOMAG y el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, para que le fuera reconocida y pagada la sanción moratoria por pago tardío de
las cesantías y de los intereses a las cesantías prevista en el artículo 99 de la ley 50 de
1990 y el decreto 1176 de 1991.
1 Índice 1 Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03570-00
Demandante: Ana María Echeverry Gómez
La demanda se adelantó con el radicado 05001-33-33-025-2022-00150-00 y
correspondió al Juzgado 25 Administrativo de Medellín, que, por sentencia del 19 de
diciembre de 2022, denegó las pretensiones, por cuanto la demandante es beneficiaria
del régimen especial docente previsto en la Ley 91 de 1989 y, por lo tanto, no le son
aplicables las reglas del régimen general de cesantías reglado en la Ley 50 de 1990. Por
último, condenó en costas a la demandante.
Inconforme, la demandante apeló porque, a su juicio, la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado han aplicado el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el reconocimiento de la
sanción moratoria a docentes; que el régimen especial docente contenido en el artículo
15 de la Ley 91 de 1989 no es más favorable que el régimen general en relación con la
liquidación de los intereses a las cesantías; que el régimen especial de los docentes no
implica que las entidades nominadoras se sustraigan de la obligación de consignar a
tiempo las cesantías y que el hecho que los docentes sean empleados públicos no
justifica que sus prestaciones sociales sean canceladas de manera extemporánea.
El Tribunal Administrativo del Antioquia, por sentencia del 9 de noviembre de 20232,
confirmó integralmente la providencia de primera instancia y condenó a la demandante
en costas en esa instancia, con fundamento en el artículo 188 del CPACA y al numeral
1° del artículo 365 del CGP.
4. Fundamentos de la acción
De manera preliminar, la demandante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.
En cuanto al fondo del asunto, señaló que la sentencia cuestionada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con
gratuidad e incurrió en los siguientes defectos:
Desconocimiento del precedente porque con la condena en costas el Tribunal
Administrativo de Antioquia pasó por alto que en sentencia de unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 del 11 de octubre de 2023 (dictada cuando estaba en curso la segunda instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho) no fueron fijadas reglas en torno
a la imposición de condena en costas.
Que, además, desconoce dos sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado 3
y una de la Sección Primera4 de la misma Corporación en las cuales tampoco se impuso
condena en costas.
Defecto sustantivo pues, a su juicio, la autoridad judicial demandada omitió realizar una
valoración de la conducta procesal asumida por las partes según lo señalado en el
artículo 79 del CGP y tampoco verificó si en el expediente se encontraba acreditada la
causación de gastos.
Que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, no
impone el deber de condenar en costas, sino de pronunciarse al respecto y señala que
para disponer sobre condena en costas la demanda debió presentarse con manifiesta
carencia de fundamento legal.
Insistió en que no se encontraba probada la causación de gastos judiciales porque se
trataba de un asunto de pleno derecho.
2 Notificada el 16 de abril de 2024, índice 11 de Samai en el radicado 05001-33-33-025-2022-00150-02.
3 Sentencia 2017-01196 del 9 de febrero de 2023, Exp. 05001-23-33-000-2017-01196-01, CP. Wilson Ramos Girón.
Sentencia 21873 del 5 de abril de 2018, Exp. 76001-23-33-000-2012-00430-01, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4 Sentencia del 16 de abril de 2015, Exp. 25000-23-24-000-2012-00446-01, CP. Guillermo Vargas Ayala.
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Demandante: Ana María Echeverry Gómez
5. Trámite procesal
Por auto del 12 de julio de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia y en calidad de tercero con intereses a la ministra de
Educación Nacional, al representante legal de la Fiduprevisora S.A. al alcalde del Distrito
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y al juez 25 administrativo de Medellín.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 16 de julio de
20245.
6. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión,
ponente de la providencia cuestionada, pidió que se declarara improcedente la solicitud
de amparo por no cumplir los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
Que no ha vulnerado ningún derecho fundamental a la demandante, pues la decisión
está fundamentada en un análisis fáctico y jurídico; indicó que esa situación se puede
verificar con la providencia emitida por su despacho.
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó que
se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional. Indicó que se presenta un debate procesal de naturaleza estrictamente
económica y esa situación excede la competencia del juez de tutela.
La apoderada del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó
que se declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional por tratarse de un asunto meramente legal y económico.
El Juzgado 25 Administrativo de Medellín solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela o subsidiariamente se denegaran las pretensiones de la acción de
amparo. Explicó que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, ya que lo
que se pretende se circunscribe a un asunto puramente económico y que busca
reemplazar las vías judiciales ordinarias.
Indicó que la decisión negativa a los intereses de la demandante estuvo fundada en la
aplicación e interpretación de la normatividad vigente, por lo que no se vulneraron
derechos fundamentales de la accionante.
El representante legal de la Fiduprevisora S.A. quien actúa en calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – FOMAG no se pronunció pese a que, como se vio, fue debidamente
notificado.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Ana
María Echeverry Gómez para dejar sin efecto la sentencia del 9 de noviembre de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo del Antioquia, que confirmó la sentencia de primera
instancia e impuso al demandante condena en costas, además, en segunda instancia.
5 Índice 8 de Samai.
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Demandante: Ana María Echeverry Gómez
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo. La acción de tutela
no cumple el requisito general de relevancia constitucional, pues la discusión sobre la
condena en costas es de carácter eminentemente legal y económico.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-008, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se
convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada.
El primer criterio (vulneración o amenaza real de derechos fundamentales) está previsto
para que la acción de tutela no se utilice para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la
acción de tutela.
4. Análisis del caso concreto
La señora Ana María Echeverry Gómez cuestiona la condena en costas que le fue
impuesta en la sentencia del 9 de noviembre de 2023, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión. Bajo los cargos de defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, adujo que la autoridad judicial demandada no advirtió
que era improcedente la condena en costas, toda vez que no se trató de una conducta
abusiva de los instrumentos judiciales o del desgaste procesal innecesario.
Que, no aparecen probados gastos judiciales a cargo de la entidad demandada por ser
un asunto de puro derecho, además, acudió de buena fe y sin temeridad a la justicia.
Como se ve, la discusión propuesta por la parte actora está relacionada con la forma
cómo deben interpretarse los artículos 79 y 365 del CGP y el inciso 2º del artículo 188
del CPACA, que regulan las costas procesales.
6 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
7 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
8 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Ana María Echeverry Gómez
Esa discusión, sin embargo, no gira en torno a un asunto constitucional o a la defensa
de un derecho fundamental, sino a la correcta interpretación de una norma legal, asunto
que recae sobre la determinación de aspectos meramente legales y procesales, que, en
últimas, terminan siendo una discusión de carácter económico con connotaciones
particulares, en la medida en que busca la eliminación del monto de la condena impuesta
en su contra9.
Sobre este punto, la Corte Constitucional10 ha señalado que «las discusiones de orden
legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido
al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han
de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”»11.
Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional12 cuando: «(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por
ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se
desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general”».
Si bien la actora alega que la autoridad judicial demandada desconoció que en la
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado y dos sentencias de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado13 y una de la Sección Primera14 de la misma Corporación, en la que,
dice, no se advierte la imposición de condena en costas, lo cierto es que las providencias
dictadas por las secciones Primera y Cuarta de la Corporación no son aplicables al caso
concreto porque estudiaron una situación fáctica diferente a la del accionante.
En cuanto a la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda15, sobre
la aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales
afiliados al FOMAG, la Sala encuentra que, en lo que interesa, esa providencia señaló
que «No se impondrá condena en costas. Lo anterior, en línea con el criterio acogido por esta
Sección16 en anteriores oportunidades, en las cuales consideró que, en los casos resueltos a
través de una sentencia de unificación, en aplicación de las reglas allí definidas no hay lugar a
ello, al amparo de los principios de buena fe y confianza legítima».
Es decir, no impuso condena en costas por tratarse de una sentencia de unificación y,
por eso mismo, no puede entenderse que hubiera fijado una regla unificadora sobre el
tema que resulte aplicable al caso objeto de estudio.
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
9 En el mismo sentido, la Sección dictó sentencias del 29 de junio de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-02577-00)
y del 5 de octubre de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-04673-00).
10 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
11 Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
12 Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
13 Sentencia 2017-01196 del 9 de febrero de 2023, Exp. 05001-23-33-000-2017-01196-01, CP. Wilson Ramos Girón.
Sentencia 21873 del 5 de abril de 2018, Exp. 76001-23-33-000-2012-00430-01, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Sentencia del 16 de abril de 2015, Exp. Radicado 25000-23-24-000-2012-00446-01, CP. Guillermo Vargas Ayala.
15 SUJ-032-CE-S2-2023 del 11de octubre de 2023, Radicado No. 66001-33-33-001-2022-00016-01, Radicado interno
5746-2022. Demandante: Julián David Quintero Agudelo
16 Entre otras, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de junio de 2021, Exp.
66001-33-33-000-2015-00309-01(0632-2018), SUJ-024-CE-S2-202; sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp.
05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), SUJ-025- CE-S2-2021; y sentencia del 28 de julio de 2022, Exp.
25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014), SUJ-028-CE-S2-2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03570-00
Demandante: Ana María Echeverry Gómez
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Ana María Echeverry
Gómez, por las razones expuestas en la presente providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salvamento de voto
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