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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03589-00

Fecha
15 de agosto de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03589-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Gloria Elena Piedrahita Cárdenas, por las razones expuestas en la presente providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-03589-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

15 de agosto de 2024

Radicado: 11001031500020240358900
Demandante: Gloria Elena Piedrahita Cárdenas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03589-00
Demandante: GLORIA ELENA PIEDRAHITA CÁRDENAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Costas procesales. Falta de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Gloria Elena Piedrahita Cárdenas contra
el Tribunal Administrativo del Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 11 de julio de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderada, la
señora Gloria Elena Piedrahita Cárdenas pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al principio
de gratuidad.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 3 de
abril de 2024, dictada por la Sala Primera de oralidad del Tribunal Administrativo del
Antioquia, que confirmó la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-020-
2022-00227-00/01 e impuso condena en costas, también en segunda instancia.

2. Pretensiones

La parte actora formuló, textualmente, la siguiente pretensión:

Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCEDO (sic) A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a esto se REVOQUE DE MANERA PARCIAL
la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA (sic)
MAGISTRADO PONENTE SUSANA NELLY ACOSTA PRADA radicado: 05001333302020220022701 el
numeral segundo donde condena en costas en esta instancia.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 23 de julio de 2022, la actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio FOMAG y el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, para que le fuera reconocida y pagada la sanción moratoria por pago tardío de

1 Índice 1 Samai.

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Radicado: 11001031500020240358900
Demandante: Gloria Elena Piedrahita Cárdenas

las cesantías y de los intereses a las cesantías prevista en el artículo 99 de la ley 50 de
1990 y el decreto 1176 de 1991.

La demanda se adelantó con el radicado 05001-33-33-020-2022-00227-00 y correspondió
al Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Medellín, que, por sentencia del 19 de
diciembre de 2023, denegó las pretensiones de la demanda e impuso condena en costas.

Inconforme, la demandante apeló porque, a su juicio, la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado han aplicado el artículo 99 de la ley 50 para el reconocimiento de la sanción
moratoria a docentes; que el régimen especial docente contenido en el artículo 15 de la
ley 91 de 1989 no es más favorable que el régimen general en relación con la liquidación
de los intereses a las cesantías; que el régimen especial de los docentes no implica que
las entidades nominadoras se sustraigan de la obligación de consignar a tiempo las
cesantías y que el hecho que los docentes sean empleados públicos no justifica que sus
prestaciones sociales sean canceladas de forma extemporánea.

El Tribunal Administrativo del Antioquia, Sala Primera de Decisión, por sentencia del 3 de
abril de 20242, Confirmó la providencia de primera de instancia. Además, condenó en
costas en segunda instancia a la parte demandante con fundamento en el artículo 188 del
CPACA y al numeral 1° del artículo 365 del CGP.

4. Fundamentos de la acción

De manera preliminar, la demandante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

En cuanto al fondo del asunto, señaló que la sentencia cuestionada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con gratuidad
e incurrió en los siguientes defectos:

Desconocimiento del precedente porque con la condena en costas el Tribunal
Administrativo de Antioquia pasó por alto que en sentencia de unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 del 11 de octubre de 2023 (dictada cuando estaba en curso la segunda instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho) no fueron fijadas reglas en torno a
la imposición de condena en costas.

Que, además, desconoce dos sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado3 y
una de la Sección Primera4 de la misma Corporación en las cuales tampoco se impuso
condena en costas.

Defecto sustantivo pues, a su juicio, la autoridad judicial demandada omitió realizar una
valoración de la conducta procesal asumida por las partes según lo señalado en el artículo
79 del CGP y tampoco verificó si en el expediente se encontraba acreditada la causación
de gastos.

Que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, no
impone el deber de condenar en costas, sino de pronunciarse al respecto y señala que
para disponer sobre condena en costas la demanda debió presentarse con manifiesta
carencia de fundamento legal.

Insistió en que no se encontraba probada la causación de gastos judiciales porque se
trataba de un asunto de pleno derecho.

2
Notificada el 10 de abril de 2024, con radicado 05001-33-33-020-2022-00227-01.
3
Sentencia 2017-01196 del 9 de febrero de 2023, Exp. 05001-23-33-000-2017-01196-01, CP. Wilson Ramos Girón. Sentencia 21873
del 5 de abril de 2018, Exp. 76001-23-33-000-2012-00430-01, CP. Jorge Octavio Ramírez.
4
Sentencia del 16 de abril de 2015, Exp. 25000-23-24-000-2012-00446-01, CP. Guillermo Vargas Ayala.

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Radicado: 11001031500020240358900
Demandante: Gloria Elena Piedrahita Cárdenas

5. Trámite procesal

Por auto del 12 de julio de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera y en calidad de terceros con intereses al ministro
de Educación Nacional, al representante legal de la Fiduprevisora S.A. -vocera y
administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG-, al
alcalde del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y al juez 20
administrativo de Medellín.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 16 de julio de 20245.

6. Intervenciones

La coordinadora de tutelas de la dirección de gestión judicial de la Fiduprevisora S.A.
quien actúa en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, pidió que se desvinculara
por falta de legitimación en la causa por pasiva. Subsidiariamente, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por no cumplir los requisitos de procedencia exigidos por
la jurisprudencia.

Afirmó que la sentencia cuestionada resolvió los asuntos que hicieron parte de la
controversia y fue dictada conforme con la normativa aplicable, las pruebas practicadas y
los argumentos de las partes; por lo que no se evidenciaba vulneración al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia.

El jefe de la oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional. Indicó que este caso se presenta como debate procesal una controversia
de naturaleza estrictamente económica y esa situación excede la competencia del juez de
tutela.

La apoderada del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó que
se declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional por tratarse de un asunto meramente legal y económico.

El Juzgado 20 Administrativo de Medellín y los magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia allegaron el expediente digital, pero nada dijeron sobre el
fondo del asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Falta de legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente,
contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional6 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

5
Índice 8 de Samai.
6 Sentencia T- 1051 de 2006, MP. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, MP. Gloria Stella Ortiz

Delgado.

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Radicado: 11001031500020240358900
Demandante: Gloria Elena Piedrahita Cárdenas

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la actuación desplegada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001-33-33-020-2022-00227/01, por el presunto desconocimiento del
precedente en cuanto a la condena en costas en las dos instancias.

La Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG solicitó que se declarara
la falta de legitimación en la causa por pasiva, por no ser el ente nominador de las
prestaciones sociales del magisterio y por no tener facultad para expedir, modificar
sentencias o actos judiciales.

La Sala advierte que esta entidad fue vinculada al trámite de tutela como tercero con
interés, mas no como demandada. La vinculación no obedeció́ a que las pretensiones de
tutela estén dirigidas contra esa entidad, sino porque funge como demandada en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, por lo tanto, podría resultar afectada
con la sentencia que se dicte.

Por lo tanto, la Sala denegará su desvinculación en la parte resolutiva de esta providencia.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Gloria
Elena Piedrahita Cárdenas, para dejar sin efecto la sentencia del 3 de abril de 2024,
dictada por el Tribunal Administrativo del Antioquia, que confirmó la sentencia de primera
instancia e impuso al demandante condena en costas, además, en segunda instancia.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo. La acción de tutela
no cumple el requisito general de relevancia constitucional, pues la discusión sobre la
condena en costas es de carácter eminentemente legal y económico.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales7 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos8 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-009, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
7 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y

extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela;
la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se
cuestione un fallo de tutela.
8 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
9 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Radicado: 11001031500020240358900
Demandante: Gloria Elena Piedrahita Cárdenas

razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

El primer criterio (vulneración o amenaza real de derechos fundamentales) está previsto
para que la acción de tutela no se utilice para discutir asuntos eminentemente económicos
o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

5. Análisis del caso concreto

La señora Gloria Elena Piedrahita Cárdenas cuestiona la condena en costas que le fue
impuesta en la sentencia del 3 de abril de 2024, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad. Bajo los cargos de defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, adujo que la autoridad judicial demandada no advirtió
que era improcedente la condena en costas, toda vez que no se trató de una conducta
abusiva de los instrumentos judiciales o del desgaste procesal innecesario. Que, no se
encuentran probados gastos judiciales a cargo de la entidad demandada por ser un
asunto de puro derecho, además, acudió de buena fe y sin temeridad a la justicia.

Como se ve, la discusión propuesta por la parte actora está relacionada con la forma
cómo deben interpretarse los artículos 79 y 365 del CGP y el inciso 2º del artículo 188 del
CPACA, que regulan las costas procesales.

Esa discusión, sin embargo, no gira en torno a un asunto constitucional o a la defensa de
un derecho fundamental, sino a la correcta interpretación de una norma legal, asunto que
recae sobre la determinación de aspectos meramente legales y procesales, que, en
últimas, terminan siendo una discusión de carácter económico con connotaciones
particulares, en la medida en que busca la eliminación del monto de la condena impuesta
en su contra10.

Sobre este punto, la Corte Constitucional11 ha señalado que «las discusiones de orden
legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido
al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de
ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”»12.

Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional13 cuando: «(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por
ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se
desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza
o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general”».

Si bien la actora alega que la autoridad judicial demandada desconoció que en la sentencia
de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado y dos sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado14 y una de la Sección Primera15 de la misma Corporación, en la que, dice, no se
advierte la imposición de condena en costas, lo cierto es que las providencias dictadas

10 En el mismo sentido, la Sección dictó sentencias del 29 de junio de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-02577-00)

y del 5 de octubre de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-04673-00).
11 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
12 Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
13 Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
14 Sentencia 2017-01196 del 9 de febrero de 2023, Exp. 05001-23-33-000-2017-01196-01, CP. Wilson Ramos Girón.

Sentencia 21873 del 5 de abril de 2018, Exp. 76001-23-33-000-2012-00430-01, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Sentencia del 16 de abril de 2015, Exp. Radicado 25000-23-24-000-2012-00446-01, CP. Guillermo Vargas Ayala.

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Radicado: 11001031500020240358900
Demandante: Gloria Elena Piedrahita Cárdenas

por las secciones Primera y Cuarta de la Corporación no son aplicables al caso concreto
porque estudiaron una situación fáctica diferente a la del accionante.

En cuanto a la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda16, sobre
la aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales afiliados
al FOMAG, la Sala encuentra que, en lo que interesa, esa providencia señaló que «No se
impondrá condena en costas. Lo anterior, en línea con el criterio acogido por esta Sección17 en
anteriores oportunidades, en las cuales consideró que, en los casos resueltos a través de una
sentencia de unificación, en aplicación de las reglas allí definidas no hay lugar a ello, al amparo
de los principios de buena fe y confianza legítima». Es decir, no impuso condena en costas
por tratarse de una sentencia de unificación y, por eso mismo, no puede entenderse que
hubiera fijado una regla unificadora sobre el tema que resulte aplicable al caso objeto de
estudio.

Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. como vocera y
administradora del FOMAG, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Gloria Elena Piedrahita
Cárdenas, por las razones expuestas en la presente providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salvamento de voto

16 SUJ-032-CE-S2-2023 del 11de octubre de 2023, Radicado No. 66001-33-33-001-2022-00016-01, Radicado interno

5746-2022. Demandante: Julián David Quintero Agudelo
17 Entre otras, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de junio de 2021, Exp. 66001-

33-33-000-2015-00309-01(0632-2018), SUJ-024-CE-S2-202; sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp. 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016), SUJ-025- CE-S2-2021; y sentencia del 28 de julio de 2022, Exp. 25000-23-42-000-
2013-02380-01 (2656-2014), SUJ-028-CE-S2-2022.

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