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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03720-01

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03720-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 22 de agosto de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción, y, en su lugar, amparar el derecho fundamental al debido proceso del accionante. Segundo: Dejar sin efectos las providencias del 11 de abril y 20 de junio de 2024 proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto negó la inclusión del sobresueldo en la liquidación de la pensión del señor Ferney Vargas Quesada. Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima que, en el término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, dicte una sentencia de reemplazo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03720-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de octubre de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 3 72 0- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03720-01
Accionante: Ferney Vargas Quesada
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima

Tema: Acción de tutela contra sentencia de segunda instancia y auto que resolvió solicitud
de aclaración en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se pretendió
una reliquidación pensional de un trabajador del INPEC.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 22 de agosto de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción por falta de relevancia
constitucional.

ANTECEDENTES

El señor Ferney Vargas Quesada promovió acción de tutela para que se protejan
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, en conexidad con el principio de favorabilidad en materia
laboral, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima,
con ocasión de la sentencia del 11 de abril de 2024 y del auto del 20 de junio de esa
anualidad, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
73001-33-33-003-2022-00088-00/01.

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HECHOS

La parte actora narró que nació el 21 de mayo de 1974, prestó servicio militar
obligatorio al servicio del Instituto Nacional Penitenciario (en adelante INPEC) del
25 de enero de 1996 al 17 de enero de 1997 y laboró para esa entidad desde el 1
de mayo de 1997 hasta el 30 de junio de 2018.

Que el 4 de enero de 2018 fue pensionado, mediante Resolución SUB 1764, en
cuantía de $ 1.485.102 efectiva a partir del 2018, condicionada al retiro, y
posteriormente, el 4 de julio de ese año se reliquidó su pensión en $ 1.588.243,
efectiva desde el 2018 con igual condición, por medio de la Resolución SUB 178672.

Que el 30 de julio de 2020 radicó solicitud de reliquidación pensional con la inclusión
de todo lo devengado durante el último año de servicios, conforme a la Ley 4 de
1966, el Decreto 1045 de 1978 y la Ley 32 de 1986, y el 24 de agosto de 2021
mediante la Resolución GNR 200088 se negó su petición, por lo cual interpuso
recurso de apelación y que el 10 de noviembre de 2021, a través de la Resolución
DPE 10053, se reliquidó su pensión en cuantía de $ 1.590.280, efectiva a partir del
1 de julio de 2018.

Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones, en la que solicitó la nulidad de las
resoluciones SUB 1764 del 4 de enero de 2018 y SUB 178672 del 4 de julio de 2018
y DPE 10053 del 10 de noviembre de 2021 y, a título de restablecimiento del
derecho, el reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de jubilación
tomando como base el IBL devengado en el último año de servicios y con los
factores salariales previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Que el 5 de julio de 2023 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué
negó las pretensiones de la demanda porque determinó que la norma aplicable era
la Ley 100 de 1993, por lo cual interpuso recurso de apelación y el 11 de abril de
2024 el Tribunal Administrativo del Tolima revocó la sentencia y, en su lugar, declaró
la nulidad de los actos demandados y condenó a Colpensiones a reliquidar y pagar
la pensión de jubilación sobre el 75 % de los factores salariales devengados en su
último año de servicios, y a cancelar las diferencias que resulten entre la mesada

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que viene pagando y la que resultara una vez se incluyera en la mesada pensional
del demandante el IBL devengado en el último año de servicios (2017-2018).

Que en la sentencia no se hizo ningún pronunciamiento sobre el factor salarial de
sobresueldo, a pesar de que lo solicitó en la demanda y en el recurso de apelación,
por lo cual pidió aclaración y/o adición, la cual fue resuelta el 20 de junio de 2024,
en el sentido de negar la inclusión del factor salarial de sobresueldo y adicionar y
aclarar el ordinal tercero de la sentencia para precisar los factores salariales
devengados en el último año de servicios.

Considera que con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima
de excluir el sobresueldo se le causa un grave perjuicio para sus intereses
económicos, pues se le disminuyó el valor de la pensión reconocida, en la medida
que ese factor equivale al 30 % de la asignación básica.

Que esa autoridad judicial incurrió en un desconocimiento del precedente, ya que,
al fundamentar la providencia, dejó de valorar o de exponer las razones para
apartarse del pronunciamiento realizado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 2 de febrero de 2023, en el proceso con radicado 23001-23-33-000-2016-
00445-01, según el cual la reliquidación pensional de los funcionarios de la guardia
nacional penitenciaria se debe efectuar con los factores salariales establecidos en
el Decreto 446 de 1994, el cual prevé, en su artículo 17, que el sobresueldo es factor
salarial, ya que sobre este se realizaron aportes para pensión.

Que en la sentencia de segunda instancia se configuró una verdadera vía de hecho
por violación directa de la Constitución, pues se hizo más gravosa su situación de
apelante, ya que obviar la incorporación del sobresueldo no solo desconoció la ley
y la jurisprudencia, sino que implicó modificar las condiciones en las que se había
reconocido el derecho, para disminuir el valor de su mesada pensional, lo que es
contrario al inciso 8 del artículo 48 de la Constitución.

PRETENSIONES

Del escrito de tutela se entiende que lo pretendido por el accionante es que se
ordene al Tribunal Administrativo del Tolima dejar sin efectos las providencias del
11 de abril y 20 de junio de 2024, en cuanto negaron la inclusión del sobresueldo

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en la base de liquidación de su pensión y, en su lugar, proferir una nueva decisión
en la que se incluya dicho emolumento como factor salarial en la base de liquidación
de la pensión.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 25 de julio de 2024 la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción
de tutela de la referencia, mediante auto, en el que ordenó notificar al Tribunal
Administrativo del Tolima, como accionado, y al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Ibagué y a Colpensiones, como terceros con interés; y negó la medida
provisional solicitada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Tolima, por intermedio del magistrado ponente de
la sentencia cuestionada, expuso los argumentos que soportaron la decisión de
segunda instancia y la aclaración de esta. Concretamente, frente a la negativa de
adicionar la providencia para incluir el factor salarial del sobresueldo para efectos
de la reliquidación pensional, indicó que, conforme al certificado de sueldos y
factores salariales CETIL, aquel no se encontraba enlistado en el Decreto 1045 de
1978, por lo cual no podía tenerse en cuenta para conformar la base pensional del
demandante como miembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC
beneficiario del régimen pensional establecido en la Ley 32 de 1986, de acuerdo
con la postura del órgano de cierre de la jurisdicción.

Solicitó, en consecuencia, negar las pretensiones de la tutela porque la decisión
adoptada no desmejoró la situación pensional del accionante, en tanto
Colpensiones había reconocido su mesada pensional con la inclusión de los
factores salariales devengados en los últimos diez años de servicios mientras que
en la sentencia se ordenó reliquidarla con la inclusión de los factores devengados
en el último año de servicios, lo que evidentemente mejoró el monto pensional.

Adujo que, si bien no se ordenó incluir el sobresueldo, ello en poco o nada afecta la
reliquidación pensional, pues en el reconocimiento de la pensión no se indicó qué
factores se tuvieron en cuenta para su liquidación, pero cuando el empleador realiza
los correspondientes aportes, lo hace sobre un porcentaje como lo establece el

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artículo 20 de la Ley 100 de 1993, de lo cual se infiere que el pago respectivo se
hace sobre todos los factores de los que se hicieron los correspondientes
descuentos, es decir, que, si como el accionante lo sostiene, se le hicieron
descuentos por el sobresueldo, resulta obvio que en el porcentaje sobre el cual su
empleador cotizaba estaba incluido este, sin que se hubiese disminuido su mesada
pensional.

Resaltó la autonomía de los jueces en sus proveídos prevista en el artículo 230
superior y las limitaciones de la tutela frente a las providencias judiciales a los casos
en que exista una conducta vulneradora de las garantías de las partes o de terceros
en el proceso que tenga connotación de una vía de hecho, por lo cual en el presente
asunto no es posible cuestionar a través de esta acción la legalidad de la decisión
censurada, esto es, porque no existe una ruptura abierta y grosera del ordenamiento
jurídico.

Concluyó que brindó todas las garantías formales y materiales contempladas en los
artículos 13, 29 y 229 de la Constitución.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

Colpensiones, por conducto de la directora de Acciones Constitucionales, señaló
que no es este el escenario procesal indicado para que el actor manifieste sus
inconformidades objeto de debate en la demanda ordinaria como si se tratara de
una tercera o cuarta instancia, con mayor razón cuando no se cumplen las causales
de procedibilidad que permitan revocar la decisión judicial, frente a la que operó el
fenómeno de la cosa juzgada; no se presenta un hecho vulnerador de derechos
fundamentales ni un perjuicio irremediable y debe protegerse el patrimonio público
como un derecho colectivo.

Solicitó declarar la improcedencia de la acción, ante la ausencia de transgresión por
parte del Tribunal Administrativo del Tolima, y negarla respecto a esa
administradora.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué guardó silencio.

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SENTENCIA IMPUGNADA

El 22 de agosto de 2024 la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción porque consideró que no cumplió con el requisito general
de relevancia constitucional, en la medida que, primero, el debate no se realizó
desde una óptica constitucional, esto es, no se motivaron suficientemente las
razones por las que se estima que la decisión judicial ocasiona una afectación
desproporcionada a los derechos fundamentales, y, segundo, la parte accionante
pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia para reabrir la
discusión resuelta por el juez natural.

Afirmó que la discusión planteada fue analizada por el Tribunal Administrativo del
Tolima en las providencias del 11 de abril y del 20 de junio de 2024, sin que se
advirtiera que la decisión adoptada haya sido arbitraria o hubiese desconocido los
derechos fundamentales de la parte accionante, pues la autoridad judicial aplicó las
sentencias del Consejo de Estado y concluyó que no era procedente la inclusión del
factor de sobresueldo, al no estar enlistado en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual afirmó que
le resulta extraña la decisión adoptada, debido a que estimar potestativo del
operador judicial acatar el precedente judicial es continuar generando más
inseguridad jurídica y desconocer el derecho a la igualdad, como lo manifestó la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-354/17, cuando estudió el defecto de
desconocimiento del precedente judicial.

Aseveró que no se tuvo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Tolima dejó de
analizar la sentencia del 2 de febrero de 2023 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso con radicado 23001-23-33-
000-2016-00445-01(3423-2018), con lo cual vulneró su derecho a la igualdad en
conexión con el derecho a la aplicación de la ley, pues el factor salarial de
sobresueldo es un factor base de liquidación, en los términos del artículo 17 del
Decreto 446 de 1994.

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Concluyó que se presentó una vía de hecho por no dar aplicación al precedente
jurisprudencial establecido por el órgano de cierre de la jurisdicción administrativa y
desconocer la ley en cuanto al carácter de ese factor salarial.

Solicitó revocar el fallo de tutela recurrido y proferir una decisión en la que se ampare
el derecho al debido proceso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

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En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En la impugnación, el accionante afirmó que el Tribunal Administrativo del Tolima
desconoció el artículo 17 del Decreto 446 de 1994 y la sentencia del 2 de febrero
de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el proceso con radicado 23001-23-33-000-2016-00445-01(3423-2018),
en la que se definió que el sobresueldo es un factor salarial para la base de
liquidación, en los términos de la norma previamente mencionada.

A esta Sala corresponde, entonces, verificar el cumplimiento del requisito general
de procedencia de la tutela de la relevancia constitucional, el cual no se encontró
cumplido en primera instancia, pues solo de encontrarse satisfecho, junto con las
demás exigencias, sería procedente el estudio de los reparos expuestos.

Se advierte que el asunto a resolver, contrario a lo definido en la sentencia recurrida,
sí es de marcada importancia constitucional, en la medida en que se centra en
establecer si en la decisión judicial controvertida en esta sede se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso reclamado en protección, por la presunta incursión
en un desconocimiento del precedente judicial y en un defecto sustantivo, sin que
se observe que el propósito del solicitante del amparo sea convertir la tutela en una
instancia adicional al proceso ordinario, sino demostrar la configuración de esos
defectos.

También se encuentran superados los demás requisitos generales para discutir
providencias judiciales, pues la acción se presentó con inmediatez; el solicitante no
está invocando una irregularidad procesal, por lo que no hay lugar al análisis de esa
exigencia; identificó claramente los hechos generadores de la vulneración y los
derechos transgredidos; no existen otros mecanismos de defensa judicial para
alegar el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente judicial y no se
trata de una sentencia de tutela.

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La Corte Constitucional ha establecido, respecto al primer defecto enunciado, que
este se configura cuando la autoridad judicial aplica una norma evidentemente
inaplicable al caso, deja de aplicar la que sí lo es o realiza una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, yerros que tienen una
afectación directa en los derechos fundamentales alegados como vulnerados3 y que
por ello requieren el amparo solicitado.

Aclarado lo anterior y revisada la sentencia discutida en esta sede, se observa que
el Tribunal Administrativo del Tolima evidenció, contrario a lo definido en primera
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que el demandante
tenía derecho a la reliquidación y pago de su pensión de jubilación sobre el 75 % de
los factores salariales devengados en su último año de servicios, esto es, la
asignación básica, la bonificación por servicio, el auxilio de alimentación, el auxilio
de transporte, la prima de navidad, la prima de servicios y la prima de vacaciones.

Para adoptar la anterior decisión, la autoridad judicial analizó el marco jurídico y
jurisprudencial del régimen prestacional de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Nacional y concluyó que al demandante le era aplicable la Ley 32 de 1986 y el
Decreto 407 de 1994, pues se vinculó a partir del 1 de mayo de 1997 al INPEC, esto
es, antes del 28 de julio de 2023, fecha en la que entró en vigencia el Decreto 2090
de 2003 y, por tanto, en los términos del parágrafo transitorio 5 del artículo 1 del
Acto Legislativo 1 de 2005, era aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional desde esa fecha.

Advirtió que, ante el silencio sobre la forma de cuantificación de la prestación
pensional y la remisión normativa establecida en los artículos 114 de esa Ley y 184
de dicho Decreto, debía acudirse al régimen vigente establecido para los empleados
del orden nacional, que en el caso, en principio, sería la Ley 33 de 1985, pero, dado
que esa norma no era extensiva para los servidores públicos amparados bajo un
régimen especial, conforme al artículo 1 de esa Ley, debían tenerse en cuenta los
factores salariales consagrados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
conforme a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3 Ver, entre otras sentencias: SU-453/19, T-401/19 y T-367/18.

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En ese entendido, el Tribunal aquí accionado evidenció que durante el último año
de servicios el demandante devengó la asignación básica, la bonificación por
servicio, el auxilio de alimentación, el auxilio de transporte, la prima de navidad, la
prima de servicios y la prima de vacaciones, los cuales estaban enlistados en el
artículo 45 del Decreto mencionado y sobre ellos se hicieron los descuentos para
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, por lo cual tenía derecho a la
reliquidación pensional conforme al promedio de los salarios devengados en su
último año de servicios y no sobre el promedio de los últimos 10, como se ordenó
en el acto de reconocimiento pensional.

En relación con el factor salarial de sobresueldo, de especial relevancia para el
asunto bajo examen, se observa que en la providencia del 20 de junio de 2024 el
Tribunal Administrativo del Tolima aclaró que, si bien el accionante devengó el factor
salarial del sobresueldo, conforme al certificado de sueldos y factores salariales
CETIL, no podía ser incluido en su base pensional, ya que no estaba enlistado en
el Decreto 1045 de 1978.

En esta sede constitucional el actor afirmó que esa corporación judicial desconoció
que debía aplicarse el Decreto 446 de 1994, especialmente, el artículo 17, en el cual
se consagró que la asignación mensual del sobresueldo es factor salarial. Resulta
pertinente resaltar que este fue parte del debate en ambas instancias del proceso
ordinario; pues desde la demanda expuso como pretensión que se le incluyera el
sobresueldo e indicó en los fundamentos de derecho como violada la norma
mencionada, señalando que es posterior y «estableció que los citados funcionarios
devengarían de forma permanente un sobresueldo que constituya salario».

Sobre el particular, obsérvese que en el referido Decreto se estableció el régimen
prestacional de los servidores públicos del INPEC, norma que es posterior y es
especial para ese personal, razón por la cual, su desconocimiento con el único
argumento de que los factores salariales allí establecidos no se encuentran
enlistados en el Decreto 1045 de 1978 claramente constituye un error injustificado,
es decir, va más allá de la autonomía e independencia del Juez.

Lo anterior teniendo en cuenta que ningún análisis realizó el Tribunal Administrativo
del Tolima, acerca de las razones por las cuales no consideraba aplicable dicha
norma y aún, al resolver la solicitud de adición y aclaración de la sentencia del 11

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de abril de 2024, se circunscribió a sostener que el sobresueldo no se encuentra
enlistado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, pero nada dijo en relación con
el Decreto 446 de 1994.

Adicionalmente, llama la atención de la Sala que aunque el Tribunal Administrativo
accionado, en la sentencia aquí cuestionada, citó la sentencia del 2 de febrero de
2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en el proceso con radicado 23001-23-33-000-2016-00445-01(3423-2018), la cual
fue señalada como desatendida por el accionante, únicamente la tuvo en cuenta
para efectos de establecer la remisión normativa prevista en los artículos 114 de la
Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1997 a lo regulado en las normas vigentes
para los empleados públicos nacionales, pero desconoció la conclusión a la que allí
se llegó consistente en que el derecho pensional debía liquidarse con el 75 % del
promedio mensual obtenido en el último año de servicios con los factores salariales
establecidos en el Decreto 446 de 1994.

Lo anterior, pese a que allí se señala una postura consistente de la Subsección al
indicar que «si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha dado aplicación a los
factores salariales enlistados en el Decreto 1045 de 1978, también lo es que a partir
de la vigencia del Decreto 446 de 1994, se fijó el régimen prestacional de los
servidores públicos del INPEC y por ello esta Subsección ha acudido a esta
normativa a efectos de calcular el IBL».

Vale aclarar en este punto, que con esto no se está dando por acreditado el
desconocimiento del precedente jurisprudencial obligatorio, teniendo en cuenta que
no existe a la fecha una postura unificada de la Sección sobre el tema, sino que se
pretende ilustrar que a pesar de los elementos con que contaba la autoridad judicial
accionada, desconoció tajantemente la norma invocada sin una justificación.

En ese orden de ideas, se advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima, incurrió
en un defecto sustantivo porque inaplicó sin explicación alguna el Decreto 446 de
1994 a la situación del accionante.

En consecuencia, se revocará la sentencia del 22 de agosto de 2024 proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción y en
su lugar, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y a la

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administración de justicia; se dejarán sin efectos las providencias del 11 de abril y
20 de junio de 2024 proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto
negó la inclusión del sobresueldo en la liquidación de la pensión del señor Ferney
Vargas Quesada, y se ordenará a la autoridad judicial accionada que, en el término
de 20 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, profiera una
decisión de reemplazo, de conformidad con lo aquí expuesto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 22 de agosto de 2024 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción, y,
en su lugar, amparar el derecho fundamental al debido proceso del accionante.

Segundo: Dejar sin efectos las providencias del 11 de abril y 20 de junio de 2024
proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto negó la inclusión del
sobresueldo en la liquidación de la pensión del señor Ferney Vargas Quesada.

Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima que, en el término de 20 días
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, dicte una sentencia de
reemplazo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Quinto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente con permiso
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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