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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04028-00

Fecha
13 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04028-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 9 Radicación: 11001-03-15-000-2024-04028-00 Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04028-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04028-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Decisiones
adoptadas en audiencia de pacto de cumplimiento – Medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos / DECLARA IMPROCEDENCIA / Falta de
relevancia constitucional. Pretende emplear la tutela como una instancia adicional y
carece de carga argumentativa.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 1º de agosto de 2024 el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón promovió acción
de tutela contra la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales
a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

2.
Solicitó que se anule la audiencia especial de pacto de cumplimiento celebrada el
30 de julio de 2024 en el trámite del medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos 2 incoado por él y la señora Irma Llanos Galindo contra la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Carbones del Cerrejón Limited
y Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), para que se ordene
a la autoridad accionada (i) vincular a personas jurídicas como demandadas; (ii)
conceder el amparo de pobreza al extremo activo; (iii) demostrar la formación y

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Expediente 25000-23-41-000-2022-00696-00.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04028-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

capacidad para zanjar litigios de tipo ambiental, en el evento de carecer de esta,
abstenerse de continuar con el respectivo trámite procesal, por falta de competencia
por el factor funcional o subjetivo, y enviar el asunto a la Corte Constitucional para
que dirima el conflicto; y (iv) correr traslado de la demanda a las partes adicionadas
al proceso y posteriormente efectuar la audiencia de pacto de cumplimiento
exigiendo la asistencia de todos los involucrados.

3.
En la aludida audiencia (i) se negó la vinculación de la gobernación de La Guajira
y de las alcaldías de Maicao y Albania, solicitada por el extremo activo, decisión
contra la que interpuso recurso de reposición, el cual fue despachado de manera
desfavorable; (ii) se declaró fallida dicha audiencia; y, (iii) se dio apertura a la etapa
probatoria, en la que la parte actora formuló recurso de reposición contra esa
decisión, para pedir el decreto de una prueba de oficio, el cual fue desatado en el
sentido de no reponer la determinación recurrida.

4.
La parte actora adujo que en dicha diligencia no se tuvieron en cuenta las
solicitudes de vinculación y requerimientos presentados el 17 y 25 de julio de 2024.
El 17 de julio pidió la vinculación de la multinacional Glencore, la gobernación de La
Guajira, la alcaldía de Barrancas, los Ministerios del Interior, de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, así como el de Minas y Energía, la Dirección de Autoridad
Nacional de Consulta Previa y la Contraloría General de la República. De igual forma,
solicitó que se decretaran unas pruebas de oficio (testimonios), se le concediera el
amparo de pobreza y se informara acerca de la formación de la autoridad judicial
para desatar controversias de índole ambiental. El 25 del mismo mes y año pidió que
se dictara un auto de mejor proveer, con el fin de que se integrara en debida forma
el contradictorio o litisconsorcio necesario, esto es, a las alcaldías de Maicao y
Albania y a la gobernación de La Guajira.

5.
Indicó que a la audiencia no acudió la ANLA, ni Corpoguajira, ni el Ministerio
Público, por lo que no era posible su celebración, en particular, por la inasistencia de
este último, pues su presencia es necesaria para garantizar la efectividad del
mecanismo de protección de los derechos colectivos.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

6.
Mediante auto de 6 de agosto de 20243, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó a la señora Irma Llanos Galindo, así
como a la ANLA, a la sociedad Carbones del Cerrejón Limited y a Corpoguajira, en
calidad de terceros interesados. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

3 Notificado el 9 de agosto de 2024.

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Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

7.
Adujo que las razones de hecho y de derecho que motivaron las diferentes
decisiones adoptadas en la audiencia de pacto de cumplimiento de 30 de julio de
2024 se encuentran registradas en el respectivo video y no son susceptibles de ser
enjuiciadas a través de la acción de tutela, pues ésta no se puede emplear como una
tercera instancia o un recurso adicional para controvertir las determinaciones de los
jueces.

(ii) Irma Llanos Galindo

8.
Advirtió que resulta de importancia acceder a la vinculación de las entidades a las
que hace referencia el tutelante, en razón al tema de cambio climático para la región
de La Guajira y la agenda que desarrolla el Gobierno Nacional, en cuanto a la
transición energética que influirá en el corto, mediano y largo plazo en los cuerpos
de agua de la región y a la explotación económica de carbón por parte del Cerrejón.
Además, dada la inasistencia de las autoridades ambientales y del Ministerio Público
a la diligencia de pacto de cumplimiento no era viable su realización.

(iii) ANLA

9.
Indicó que si bien no acudió a la audiencia de pacto de cumplimiento, ello acaeció
porque la autoridad judicial omitió notificar de su celebración mediante correo
electrónico, es decir, adjuntando el correspondiente link de acceso para tal propósito.

10.
En todo caso, anotó que la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-698 de
2017, concedió el amparo de los derechos fundamentales al agua, seguridad
alimentaria y salud, por la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de
modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno a cargo de la empresa Carbones del
Cerrejón Limited. Por lo anterior, se suspendió la actividad minera relacionada con
el avance del Tajo La Puente hacia el Arroyo Bruno, por ello no se ha concluido la
construcción del “dique-vía”.

11.
En esa medida, la pretensión proteger el derecho colectivo al medio ambiente
sano, conexo a los de salud, vida y vida digna, con ocasión de la modificación del
cauce del Arroyo Bruno, ya fue objeto de pronunciamiento judicial por parte de la
Corte Constitucional.

12.
Además, los reproches están dirigidos a una autoridad judicial, por lo que carece
de legitimación en la causa por pasiva, pues no se enuncia acción u omisión alguna
desplegada por ese ente que haya causado la afectación constitucional que alega el
accionante, relacionada con sus funciones de otorgar licencias ambientales o de
realizar el seguimiento a proyectos licenciados.

(iv) Sociedad Carbones del Cerrejón Limited
13.
Señaló que entre la presentación de la demanda popular y los memoriales de 17
y 25 de julio de 2024 el accionante ha radicado 14 escritos en los que ha reiterado
3

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

las peticiones de vinculación, las cuales fueron atendidas de manera desfavorable
por la autoridad judicial demandada, al no cumplir los requisitos establecidos en el
literal d del artículo 18 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el numeral 1 del
artículo 162 del CPACA.

14.
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, una de las causales para
declarar fallida la audiencia de pacto de cumplimiento, es la inasistencia de todos los
demandados, razón por la cual ante tal situación, era dable que la autoridad judicial
declarara fallida la celebrada el 30 de julio de 2024.

15.
Resulta potestativo para las respectivas autoridades de vigilancia y control, así
como para el Ministerio Público, comparecer a los procesos constitucionales,
conforme lo prevé el inciso 6º del artículo 21 de la Ley 472 de 1998.

16.
Lo anterior, evidencia que el Tribunal accionado ha cumplido con las disposiciones
establecidas en la Ley 472 de 1998 y en los artículos 173 y siguientes del CPACA, y
la tutela no fue constituida para ventilar inconformidades adoptadas en derecho, por
ende debe declararse su improcedencia.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

17.
La Sala advierte que, aunque el actor no enmarca los reproches planteados en la
solicitud de amparo dentro de alguna causal específica de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, aquellos se encuadran dentro de la causal de defecto
procedimental.

18.
Sin embargo, tales inconformidades no satisfacen el presupuesto de relevancia
constitucional. Las mismas comportan desacuerdo con las decisiones judiciales
emitidas dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, sin que se expresen argumentos que controviertan las razones
esgrimidas por la autoridad accionada para fundamentarlas. Pretenden reabrir
debates sobre puntos que fueron planteados ante el juez natural de la causa y
zanjados en las correspondientes oportunidades procesales. Lo anterior, por los
motivos que se exponen a continuación.

19.
En las peticiones de 17 y 25 de julio de 2024 a las que alude el actor en el escrito
de tutela se solicitó de la autoridad accionada (i) la vinculación como demandadas
de la multinacional Glencore, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de
Minas y Energía y del Interior, la gobernación de La Guajira, la alcaldía de Barrancas,
la Contraloría General de la República y la Dirección de Autoridad Nacional de
Consulta Previa; (ii) los testimonios de la señora Aura Robles (maestra artesana
Wayúu), del director del Servicio Geológico Colombiano, del Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, de la organización Censat Agua Viva y de la Contraloría

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

General de la República y que las empresas Glencor, Carbones del Cerrejón Limited
y Corpoguajira presentaran estudios sobre afectación a corto, mediano y largo plazo
de la llanura aluvial y acuífero aluvial del Arroyo Bruno; (iii) el amparo de pobreza
para la parte actora, al no contar con recursos suficientes para solventar las costas
que requiera el litigio; y (iv) informar sobre su formación académica relacionada con
controversias ambientales. El 25 de julio pidió la vinculación de las alcaldías de
Maicao y Albania y de la gobernación de La Guajira y el testimonio de las
comunidades indígenas y minoritarias afectadas por las actividades sobre el Arroyo
Bruno.

20.
Una de las pretensiones de la tutela consiste en vincular a personas jurídicas que,
a juicio del actor, tienen relación con el debate suscitado en la acción popular. Sin
embargo, tal pedimento lo ha formulado no solo el 17 y 25 de julio del año en curso,
sino durante el trámite procesal en diferentes oportunidades4, lo cual ha sido negado
por la autoridad accionada, siendo la última determinación sobre ello la emitida en la
audiencia de pacto de cumplimiento de 30 de julio de 2024.

21.
Mediante proveído de 6 de febrero de 2024, se aclaró que con los 6 memoriales
presentados entre el 25 de noviembre de 2022 y el 7 de agosto de 2023 se pretendía
reformar la demanda respecto de la integración del extremo pasivo. Sin embargo,
conforme al artículo 173 del CPACA, aplicable por remisión del artículo 44 de la Ley
472 de 1998, ello es permitido por una sola vez, siempre y cuando se haga dentro
de los 10 días siguientes al vencimiento del traslado de la demanda. Tales
presupuestos los satisfizo sólo el escrito de 25 de noviembre de 2022, no obstante,
no se determina con claridad las personas naturales o jurídicas cuya vinculación
pretende ni se informó el canal de comunicaciones para efectos de notificaciones.
Por ende, se inadmitió la mencionada reforma y se otorgó 10 días desde la
notificación de esa providencia para que se corrigieran tales falencias, a la vez que
se rechazaron los escritos de reforma presentados el 19 de enero, 14 de febrero, 4
y 8 de julio y 7 de agosto de 2023 por extemporáneos.

22.
El accionante no cumplió el requerimiento de identificar los representantes de las
comunidades indígenas y no allegó el certificado de existencia y representación de
la empresa Glencore, razón por la cual con proveído de 8 de mayo de 2024, se
rechazó la aludida reforma. En dicha decisión también se le exhortó al actor popular
para que favorezca el impulso procesal de ese asunto, en atención a que “ha
interpuesto múltiples recursos y memoriales para reabrir el debate sobre temas que
ya fueron decididos”.

4 El 25 de noviembre de 2022 a las comunidades indígenas Wayúu de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero

por medio del Ministerio del Interior, y a las empresas Glencore, Anglo American, BHP Billiton y demás
accionistas de la mina del Cerrejón; el 19 de enero de 2023 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
al Ministerio del Interior, para que por medio de este se vincule a las comunidades indígenas y minoritarias
aledañas al cuerpo de agua Arroyo Bruno; el 14 de febrero de 2023 a la Contraloría General de la República: el
4 de julio de 2023 a la Presidencia de la República, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la
Igualdad y la Equidad y de Minas y Energía y Agencia Nacional de Minería; y 28 de julio de 2023 a los Ministerios
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, a la Comisión Intersectorial de Cambio Climático
(CICC). Se anota que en los proveídos emitidos dentro de las diligencias populares se indicó que también se
había presentado petición de vinculación el 7 de agosto de 2023.
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23.
En la audiencia especial de pacto de cumplimiento de 30 de julio de 2024, se
desató como cuestión previa la solicitud de 25 del mismo mes y año formulada por
el actor, concerniente a la vinculación al proceso de la gobernación de La Guajira y
de las alcaldías de Maicao y Albania. Se advirtió que “en actuaciones anteriores el
actor popular había (…) presentado memoriales de solicitud de reforma de la
demanda para adicionar los extremos tanto activo como pasivo e igualmente el
despacho había proferido decisiones que se encuentran en firme resolviendo sobre
la procedencia de esas solicitudes y el cumplimiento de los requisitos legales, la
oportunidad legal para integral el extremo demandado”, por lo que se estará a lo
resuelto en auto de 8 de mayo de 2024, “en el cual se exhortó al actor popular a
favorecer el impulso procesal y, en consecuencia, hacer un buen uso del derecho de
acceso a la administración de justicia y evitar abrir debates que ya se encuentran
cerrados”. Se anotó que no se encontraban razones para variar su postura, en cuanto
a que no había lugar a modificar los extremos de la litis, por lo que se negó la petición
de vinculación.

24.
Contra esa determinación el actor popular interpuso recurso de reposición, con
fundamento en que las personas jurídicas cuya vinculación solicita son parte activa
en las dinámicas sociales expuestas en la demanda. Este fue despachado de
manera desfavorable, en el sentido de reiterar que, en razón a las pretensiones, la
parte demandada se encontraba debidamente integrada.

25.
Bajo el anterior panorama se observa que el accionante insiste en estas
diligencias constitucionales en la procedencia de la vinculación de los sujetos a los
que hizo referencia en el medio de control, sin que para tal efecto plantee argumento
alguno tendiente a demostrar arbitrariedad en el razonamiento que fundamentó la
negativa de la autoridad judicial o que ello involucre alguna afectación de índole
constitucional.

26.
Además, el Tribunal accionado indicó que esa solicitud implicaba una reforma de
la demanda, por lo que debía cumplir los correspondientes requisitos legales, los
cuales frente a la petición de 25 de noviembre de 2022 no fueron satisfechos, pese
a que se otorgó un lapso para subsanar.

27.
Como lo anotó la autoridad judicial, una modificación en la integración del extremo
pasivo involucra una reforma de la demanda, razón por la cual para su procedencia
debían identificarse los sujetos que se pretendían vincular, lo cual, a pesar de
haberse requerido, no se cumplió. Por tanto, no es factible que el tutelante haga uso
de este mecanismo constitucional como una etapa procesal adicional a la establecida
en el medio de control para dicha reforma, cuánto más si no satisfizo la carga
impuesta para que ello le fuera concedido.

28.
Otra de las peticiones de la solicitud de amparo, está encaminada a que se le
otorgue el amparo de pobreza dentro del medio de control. En ese sentido, se

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evidencia que aquel requerimiento también ha sido objeto de análisis en distintas
oportunidades por el Tribunal accionado.

29.
La parte actora solicitó la concesión de dicho amparo en la demanda popular, lo
cual le fue negado en el auto admisorio de 8 de agosto de 2022, por cuanto no se
indicó la grave situación económica del actor y de sus afirmaciones no era dable
colegir la imposibilidad de sufragar los respectivos gastos, sin menoscabo de lo
necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes se deben
alimentos. Determinación contra la que interpuso recurso de reposición, desatado de
manera desfavorable el 29 de marzo de 2023, al estimar que no se contaba con los
elementos de prueba que permitieran identificar su condición socioeconómica. El
demandante interpuso apelación, que fue rechazada por improcedente con proveído
de 20 de abril de esa anualidad.

30.
El 3 de junio de 2023 y el 26 de enero de 2024 la parte actora reclamó nuevamente
el amparo de pobreza, lo que le fue negado con auto de 6 de febrero de 2024, al
resolver estarse a lo resuelto en el proveído de 8 de agosto de 2022. Se consideró
que no existía orden judicial que comportara un gasto, por ende, no se advertía carga
procesal alguna que pudiera afectar la capacidad económica del actor popular para
concurrir al proceso. Determinación contra la que se interpuso recurso de reposición,
desatado de manera desfavorable con auto de 8 de mayo de la presente anualidad,
al estimar que la decisión no puede fundamentarse en hechos inciertos y futuros,
máxime cuando la solicitud de amparo de pobreza procede en cualquier estado del
proceso.

31.
Por lo anterior, como se anotó en lo relativo a la solicitud de vinculación, no es
dable que el accionante insista sobre temas que fueron puestos en conocimiento y
zanjados por el juez natural del litigio, máxime cuando no expone hechos nuevos o
falencias que se hayan dejado de considerar por parte de la autoridad accionada y
que podrían comportar una transgresión a sus garantías superiores.

32.
Por el contrario, se advierte una reiteración de argumentos que tienen como fin
que se acceda a lo que le fue negado en sede de la acción popular, como si este
mecanismo fuera una instancia adicional a aquella, sin considerar para tal efecto que
la argumentación esbozada por la autoridad judicial para negar lo pretendido no
evidencia algún tipo de arbitrariedad, tanto así que se le indicó al actor que una
solicitud encaminada a obtener el amparo de pobreza podría ser presentada en
cualquier instancia del proceso, lo que no le cercena la oportunidad para ello en un
futuro, siempre y cuando se configuren los elementos para su concesión.

33.
Por otro lado, se evidencia que en los memoriales de 17 y 25 de julio de 2024, que
aduce el actor no se tuvieron en cuenta por parte del Tribunal accionado se solicitó
se decretaran unos medios de convicción. En tal sentido, en la audiencia de pacto
de cumplimiento de 30 de julio del año en curso, posterior al decreto de pruebas, la
parte demandante pidió que se decretara como tal, de manera oficiosa, “la falta de

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estudios de las alteraciones del acuífero aluvial del arroyo Bruno, tanto en el cauce
antiguo, como en el nuevo cauce”, e insistió en la vinculación de la multinacional
Glencore, de las comunidades indígenas Wayúu y de los Ministerios de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y Minas y Energía.

34.
Al respecto, la autoridad accionada aclaró que tomaba dicha intervención como
un recurso de reposición frente a la decisión del decreto de pruebas, por lo que no
emitiría ningún pronunciamiento adicional referente a la integración del
contradictorio, al no ser la etapa procesal para tal efecto y porque ya se encontraban
en firme decisiones sobre el tema. En cuanto a la solicitud probatoria, señaló que
existen etapas en las que deben ser presentadas y dicha audiencia no era la
oportunidad para tal efecto, por ende, se tenía por extemporánea y no resultaba
adecuado otorgarle el carácter de oficiosa, en la medida en que fue pedida por una
parte.

35.
Con fundamento en lo anterior, si la parte actora consideraba que se incurrió en
alguna omisión frente a la solicitud probatoria que formuló dentro del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos tuvo la oportunidad de ponerlo
en conocimiento de la autoridad judicial en el momento procesal del decreto de
pruebas, pero no lo hizo, por lo que no puede acudir a la tutela para revivir dicha
etapa.

36.
De igual modo, se observa que el tutelante solicitó de la autoridad accionada
información sobre su formación académica en temas ambientales, lo cual persigue
también que se ordene a través de esta acción. Pedimento que para la Sala no
comporta un asunto de relevancia que trascienda a un plano constitucional, pues
además de que esa no es una exigencia para ejercer la función judicial, tampoco se
advierten yerros en la actuación judicial, a partir de los cuales se pueda censurar la
idoneidad de la funcionaria a cargo del asunto.

37.
Por último, el accionante aduce que se debió haber exigido la asistencia a la
aludida audiencia de todas las entidades que integraban el extremo pasivo, pues al
no haber acudido los apoderados de la ANLA, de Corpoguajira y agente del
Ministerio Público, no podía haberse celebrado la diligencia.

38.
Sobre el particular, se evidencia que en la respectiva acta se dejó constancia de
que la mencionada inasistencia no impedía la celebración de la diligencia. Dicha
determinación tiene su fundamento en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, que
estipula que, si bien “La intervención del Ministerio Público y de la entidad
responsable de velar por el derecho o interés colectivo será obligatoria”, lo cierto es
que la consecuencia de tal inasistencia no implica que no se pueda llevar a cabo,
sino que el funcionario competente incurra “en causal de mala conducta, sancionable
con destitución del cargo”.

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39.
Tanto así que el referido precepto legal prevé como uno de los eventos en que se
debe declarar fallida la audiencia de pacto de cumplimiento, el hecho de que “no
compareciere la totalidad de las partes interesadas”, como ocurrió en el medio de
control promovido por el tutelante.

40.
En cuanto a la intervención del Ministerio Público, aunque la parte actora aduce
que esta es obligatoria, el artículo 21 (inciso 6) de la aludida Ley 472 consagra que
“Si la demanda no hubiere sido promovida por el Ministerio Público se le comunicará
a éste el auto admisorio de la demanda, con el fin de que intervenga como parte
pública en defensa de los derechos e intereses colectivos, en aquellos procesos que
lo considere conveniente”, lo cual indica que dicha intervención resulta potestativa.

41.
Lo anterior, indica que no se pretermitió alguna previsión legal, por el contrario,
las determinaciones de continuar con el trámite y declarar fallida la audiencia de
pacto de cumplimiento cuentan con soporte legal, de manera que la decisión judicial
no excede la órbita de lo razonable.

42.
En armonía con lo consignado, se concluye que esta acción tiene la intención de
reabrir un debate que fue zanjado por el juez natural de la causa, quien dentro de su
independencia judicial ha adoptado las decisiones a que ha habido lugar con
fundamento en el ordenamiento jurídico, es decir, no se advierte a primera vista una
actuación ilegítima que merezca censura.

43.
Además, no se desplegó una argumentación encaminada a demostrar defecto
alguno y no es factible acudir a este asunto constitucional por la simple inconformidad
con las decisiones adoptadas dentro de una audiencia de pacto de cumplimiento,
pues este mecanismo de amparo no fue instituido como una instancia adicional de
los asuntos tramitados ante la jurisdicción contencioso administrativa, menos cuando
comportan reiteraciones de peticiones que se han atendido durante el curso del
proceso.

44.
Así las cosas, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

45.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

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Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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