RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04364-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04364-00

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04364-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Ericsson Ernesto Mena Garzón, de acuerdo con la motivación 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04364-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

31 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04364-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04364-00
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN C, Y OTROS

Tema: Vinculación de las comunidades Wayúu a acción popular. Falta de
legitimación en la causa por activa. Subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ericsson Ernesto Mena Garzón, en
nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, y otros.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 20 de agosto de 20241, en ejercicio de la acción de tutela Ericsson Ernesto Mena
Garzón, en nombre propio, pidió la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, de petición, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
participación ciudadana y a la identidad cultural.

A juicio de la parte actora, la vulneración de las garantías superiores se presenta con
ocasión de la omisión de vincular a las comunidades Wayúu a la acción popular con
radicado No. 25000-23-41-000-2022-00696-00, que se adelanta en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.

2. Pretensiones

El demandante formuló las siguientes pretensiones:
1. Se tutele los derechos fundamentales dispuestos en los artículos constitucionales
2,13,23,29,88,229,270 y 330.

2. Se ordene a la empresa Glencore propietaria de Carbones del Cerrejón, en calidad de operadora
del proyecto de desviación del arroyo Bruno, suspender de manera inmediata cualquier actividad que
altere el cauce natural del arroyo Bruno. Esta suspensión deberá mantenerse hasta que se garantice
la participación efectiva de las comunidades indígenas Wayúu y otras comunidades afectadas en la
acción popular bajo el número de RADICACIÓN: 25000234100020220069600 en el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN C MAGISTRADA
PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES de igual forma se respete (sic) los derechos
fundamentales, conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

3. Se ordene a las Alcaldías de Maicao y Albania, en coordinación con la Gobernación de La Guajira
y el Ministerio del Interior, realizar una convocatoria amplia, inclusiva y efectiva por el termino de 60
días donde se convoque las comunidades indígenas y minoritarias afectadas por la desviación del
arroyo Bruno. Esta convocatoria deberá asegurar la participación plena de estas comunidades en el
proceso judicial en curso acorde a la acción popular bajo el número de RADICACIÓN:

1 Índice 1 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04364-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

25000234100020220069600 en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA - SUBSECCIÓN C MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO
BENAVIDES, donde se garantice la conectividad a internet, medios tecnológicos, recursos de
movilidad, medios tecnológicos para la recopilación de medios de prueba con la presencia obligatoria
de la Defensoría del Pueblo y Personerías municipales para garantizar la protección integral de sus
derechos y gozar de representación judicial eficiente y efectiva.

4. Se VINCULE en calidad de terceros interesados a la Alcaldía de Manaure la señora YESLEYDYS
MARIA CEBALLOS BALLESTEROS asesora de la secretaria de asuntos indígenas del municipio de
Manaure notificacionjudicial@manaure-laguajira.gov.co , Defensoría Del pueblo, Personerías de
Alcaldía de Maicao , Alcaldía de Albania por medio de las alcaldías de estos municipios para que
ejerzan sus funciones de defensa de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y
minoritarias.

5. Se DECRETE medida provisional a las actividades en todo el cauce del arroyo Bruno y los términos
en la acción popular bajo el número de RADICACIÓN: 25000234100020220069600 en el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN C MAGISTRADA
PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO, bajo los elementos acá expuestos […].

6. Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA -
SUBSECCIÓN C MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO la integración de todas
las comunidades que a bien hayan sido convocadas para que hagan parte de la acción popular acá
enunciada […].

3. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el proceso, la Sala destaca los siguientes
hechos relevantes:

El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón promovió acción popular contra la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con el propósito de obtener la protección de
los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio
ecológico y a la seguridad y salubridad públicas, presuntamente trasgredidos por la
modificación del cauce del arroyo Bruno, ubicado en La Guajira y, en consecuencia, la
suspensión de cualquier actividad adelantada con esa finalidad, como tala de árboles,
remoción de suelos, captura de fauna, etc. Allí pidió que se decretara amparo de pobreza
a su favor.

También pidió, como medida cautelar, que se ordenara proteger el arroyo Bruno desde
«la Serranía del Perijá» hasta su desembocadura en el río Ranchería, porque se pretende
modificar su cauce natural, lo que, dijo, afectaba a las comunidades indígenas de los
municipios de Albania y Maicao y los pozos subterráneos.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado 20 Administrativo de Bogotá, que el 15 de
julio de 2022 lo remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por ser de su
competencia, pues la parte demandada la integraba una entidad del orden nacional.

El 8 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, avocó conocimiento de la acción popular (a la que se le asignó el número
de radicación 25000-23-41-000-2022-00696-00), la admitió, vinculó a la empresa
Cerrejón y a la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira), denegó el
amparo de pobreza solicitado por el actor, corrió traslado de la medida cautelar y ordenó
notificarle a la comunidad del respectivo trámite, a través de «un medio escrito masivo de
comunicación de amplia circulación o en una radioemisora de amplia difusión dentro del territorio
nacional».

Contra la anterior decisión el demandante y la empresa Cerrejón interpusieron recursos
de reposición, el primero porque debía otorgársele el amparo de pobreza y la empresa
en razón a que debió rechazarse la acción popular por agotamiento de jurisdicción y cosa
juzgada, dado que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-689 de 2017, se pronunció
sobre el desvío del cauce del arroyo Bruno.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04364-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

El 25 de noviembre de 2022, el actor presentó memorial en el que pidió vincular a las
comunidades indígenas Wayúu afectadas por la intervención del aludido arroyo y a las
empresas Glencore, Anglo American, BHP Billiton, junto con los demás accionistas de la
compañía Cerrejón.

Los recursos de reposición interpuestos por el demandante y la empresa Cerrejón contra
el auto del 8 de agosto de 2022 fueron resueltos el 29 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el sentido de no
reponer la decisión, pues no se cumplían las exigencias del artículo 151 del Código
General del Proceso (CGP) para concederle al demandante el amparo de pobreza dado
que no acreditó una deficiente situación socioeconómica; que tampoco se verificaba la
existencia del agotamiento de jurisdicción, porque no había en trámite una acción popular
igual a la 25000-23-41-000-2022-00696-00, que la excepción de cosa juzgada se
decidiría en la sentencia; y que la demanda satisfacía las exigencias de la Ley 472 de
1998.

Mediante auto del 20 de abril de 2023, el tribunal denegó la medida cautelar, al considerar
que el desvío del Arroyo Bruno ya aconteció, en atención a los parámetros dados por las
autoridades ambientales, pero no se habían adelantado trabajos mineros en el área del
«Tajo La Puente 1A» en atención a una suspensión de la intervención fijada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-698 de 2017.

Que en mayo de 2014 se terminó el trámite de consulta previa surtido con la comunidad
de Campo Herrera, en junio siguiente la ANLA aprobó las correspondientes obras de
modificación del cauce del arroyo Bruno y en el 2015 Corpoguajira otorgó los respectivos
permisos, lo que denota que las intervenciones se sustentan en estudios y autorizaciones
de entidades estatales que se presumen ajustadas al ordenamiento jurídico.

En atención al Acuerdo CSJBTA23-44 del 5 de mayo de 20232, emitido por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 12 de mayo de 2023 el expediente fue remitido
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que el 6 de
febrero de 2024 le concedió 10 días a la parte demandante para que ajustara la reforma
de la demanda presentada el 25 de noviembre de 2022, comoquiera que no se
identificaron en debida forma las personas a vincular ni se identificaron «los canales de
comunicaciones para efectos de notificaciones».

El 8 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, rechazó la reforma a la demanda (determinación que no fue recurrida),
porque no se atendieron las formalidades advertidas el 6 de febrero del año en curso.
Además, exhortó al demandante para que se abstuviera de proponer cuestiones ya
decididas, dado que ello impedía el normal desarrollo de las diligencias.

El 16 de julio de 2024 la autoridad accionada fijó para el 30 del mismo mes y año la audiencia
de pacto de cumplimiento, la cual se celebró y en la que (i) se sanearon las actuaciones, (ii)
se denegó la solicitud del actor de vincular al departamento de La Guajira y al municipio de
Albania, dado que la etapa de integrar el contradictorio ya se había agotado, (iii) se declaró
fallida esa etapa procesal, por lo que se ordenó seguir adelante con el trámite señalado en
la Ley 472 de 1998, y (iv) se decretaron pruebas.

4. Fundamentos de la tutela

El accionante afirmó que en lo corrido del 2024 las comunidades Wayúu han efectuado
más de 200 cierres en las rutas de los trenes que transportan Carbón desde el Cerrejón,
dado el incumplimiento de la sentencia T-704 de 2016, lo que derivó en la intervención
de la gobernación de ese departamento, junto con otros entes estatales, vías de hecho
que imponían la necesidad de vincular a esos grupos étnicos 3 a la acción popular con
2 «Por el cual se redistribuyen procesos de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca».
3 Dentro de los que se encontraban las comunidades La Horqueta, La Gran Parada y Paradero.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04364-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

radicado No. 25000-23-41-000-2022-00696-00, en aras de permitirles que protegieran
sus garantías superiores, lo que involucraba la posibilidad de que concertaran con las
autoridades medidas que los beneficiaría, como ya había ocurrido, pues acordaron con
la compañía Cerrejón el mejoramiento de infraestructura, el acceso al agua, entre otras
cosas.

Que con la vinculación de las comunidades Wayúu al expediente No. 25000-23-41-000-
2022-00696-00 se materializaban las normas constitucionales y legales que les
otorgaban la condición de sujetos de especial protección constitucional y se cumplían los
tratados internacionales relacionados con los indígenas (como el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo) y que contemplaban la salvaguarda de la
consulta previa y de la identidad cultural.

5. Trámite procesal

Por auto del 27 de agosto de 2024, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia, denegó la medida provisional pedida porque no advirtió la existencia de
circunstancias que demostraran la violación o amenaza seria y real de los derechos
fundamentales invocado y, entre otras cosas, ordenó notificar a las autoridades
accionadas y vincular como terceros con interés al director general de la Autoridad
Nacional de Licencia Ambiental (ANLA), al director de la Corporación Autónoma Regional
de la Guajira (Corpoguajira), a los representantes legales de las empresas Glencore y
Carbones Colombianos del Cerrejón S.A.S., a los alcaldes y personeros de los municipios
de Maicao, Albania, y Manaure, al gobernador de la Guajira, al ministro del Interior y al
Defensor del Pueblo.

En razón a que la señora Irma Llanos Galindo también integraba la parte demandante en
la acción popular 25000-23-41-000-2022-00696-00, se ordenó su vinculación al asunto
constitucional de la referencia a través de proveído del 20 de septiembre de 2024.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 30 de
agosto y el 25 de septiembre de 2024.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
afirmó que las consideraciones planteadas en las providencias emitidas en el marco de
la acción popular 25000-23-41-000-2022-00696-00 «no deberían traerse a la tutela por falta
de relevancia constitucional y por improcedencia por existir recursos ordinarios de control del
quehacer judicial». Asimismo, advirtió que el actor promovió las acciones de tutela 11001-
03-15-000-2024-03177-00 y 11001-03-15-000-2024-04028-00, con fundamento en
argumentos similares a los señalados en la de la referencia.

El municipio de Maicao dijo haber respetado la autonomía de los pueblos indígenas que
habitaban en su jurisdicción y atendió los normas constitucionales y legales y los tratados
internacionales ratificados por Colombia que los protegen, tal como lo demostraba el hecho
de implementar mecanismos idóneos para proteger su «funcionamiento»4, no obstante, las
comunidades La Horqueta, La Gran Parada y Paradero, aludidas en el escrito de tutela, no
se encontraban registradas en el ente territorial.

Que, de existir esas organizaciones, debían registrarse ante el Ministerio del Interior, para
que se surtiera el correspondiente «estudio etnológico en terreno», conforme a los Decretos
2893 de 2011 y 2340 de 2015.

4 No los identifica.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04364-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales indicó que las autoridades a las que
aludía el actor en la solicitud de amparo estaban vinculadas al cumplimiento de la sentencia
SU-698 de 2017, en la que la Corte Constitucional amparó las garantías superiores de las
comunidades indígenas afectadas por las intervenciones al arroyo Bruno en La Guajira.

Además, pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva por no tener
incidencia en las decisiones adoptadas en la acción popular 25000-23-41-000-2022-
00696-00.

La compañía Cerrejón solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo
porque el actor incurrió en temeridad, pues sobre los hechos allí expuestos ya había
promovido la acción de tutela 11001-03-15-000-2024-04028-00, conocida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y aunque en la presente planteó «diferencias
cosméticas que habilidosamente pretende introducir», tenía las mismas partes y
pretensiones.

Que, además, carecía de legitimación en la causa por activa, pues buscaba proteger los
derechos de las comunidades indígenas, pese a no ser titular de los derechos reclamados.

Que la solicitud de amparo carecía de la carga argumentativa que exige el ordenamiento
jurídico para que por su conducto se controviertan providencias judiciales, pues no se señaló
que cumpliera los requisitos generales de procedibilidad y tampoco se invocó alguna
específica, lo que imponía declararla improcedente.

Afirmó que dentro de la acción popular No. 25000-23-41-000-2022-00696-00 el actor ha
presentado múltiples memoriales en los que exigió la vinculación de varias personas, la
práctica de algunas pruebas y la concesión del amparo de pobreza, las cuales fueron
desestimadas, lo que permitía evidenciar que utilizaba la tutela como una instancia
adicional.

Corpoguajira sostuvo carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que «no le
corresponde el reconocimiento de los derechos solicitados por la accionante, puesto que,
consideramos señor juez, que esta corporación no ha vulnerado ningún derecho fundamental, así
como ninguna norma existente a la accionante».

El departamento de La Guajira pidió ser desvinculado porque el actor le atribuía la
vulneración de los derechos fundamentales al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, por ende, era esa autoridad judicial la llamada a satisfacer
las pretensiones del accionante.

El Ministerio del Interior señaló carecer de legitimación en la causa por pasiva, dado que
el actor no le imputó vulneración de los derechos fundamentales.

Que, si bien la cartera era la encargada de adelantar los trámites de consulta previa ante
las comunidades indígenas, estos procedían a petición de parte y no de oficio, por ende,
debían solicitarlos los grupos étnicos a través del procedimiento señalado en el Decreto
2353 de 2019.

Que las afirmaciones del tutelante no tenían respaldo probatorio, situación que comportaba
un incumplimiento de la carga de la prueba que hacía improcedente el amparo
constitucional, máxime cuando no identificó en debida forma la fuente de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

La empresa Glencore, los municipios de Manaure y Albania y la Defensoría del
Pueblo guardaron silencio, a pesar de que se les comunicó el auto admisorio de la acción
de tutela del epígrafe.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04364-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestiones previas

1.1 Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional5 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la ANLA, Corpoguajira, el departamento de La Guajira y el
Ministerio del Interior aseveraron que carecían de legitimación en la causa por pasiva, en
consecuencia, debían ser desvinculados de este trámite constitucional.

Frente al ANLA y a Corpoguajira, la Sala evidencia que son demandados en la acción
popular 25000-23-41-000-2022-00696-00, de manera que tienen interés en lo que se
decida en este trámite constitucional, ya que atañe a aquel expediente, circunstancia que
impide su desvinculación.

En relación con el departamento de La Guajira y el Ministerio del Interior, se constata que
tampoco es dable desvincularlos de este asunto constitucional, ya que el actor formuló
pretensiones en su contra, como la de adelantar la convocatoria de las comunidades
Wayúu con el fin de que acudieran a la acción popular No. 25000-23-41-000-2022-00696-
00, situación por la que no es de recibo las aseveraciones de que carecen de legitimación
en la causa por pasiva.

1.2 Temeridad

En la contestación de la acción de tutela, la empresa Cerrejón indicó que el actor ya había
promovido la acción de tutela 11001-03-15-000-2024-04028-00, en la que consignó las
mismas pretensiones señaladas en la de la referencia, lo que configuraba temeridad.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, también advirtió que los mismos hechos planteados por el demandante en este trámite
constitucional, fueron consignados en las tutelas 11001-03-15-000-2024-03177-00 y
11001-03-15-000-2024-04028-00.

Con la finalidad de determinar si en la acción de tutela de la referencia acontece
temeridad, la Sala estudiará las tutelas que se alegan como anteriores a la estudiada en
este caso:

En el trámite 11001-03-15-000-2024-03177-00 la parte demanda estuvo integrada por el
Consejo de Estado, Sección Primera, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, la Defensoría del Pueblo y el Juzgado 27 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, y allí Ericsson Ernesto Mena Garzón indicó que esas autoridades
incurrieron en mora judicial injustificada en algunos asuntos jurisdiccionales en los que
era demandante, dentro de los que se encontraba la acción popular 25000-23-41-000-
2022-00696-006.
5 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.
6 La tutela 11001-03-15-000-2024-03177-00, fue decidida el 25 de julio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección

Quinta, en el sentido de declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en lo concerniente a la acción popular
11001-33-35-020-2022-02012-00, dado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, ya le había imprimido el trámite correspondiente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04364-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

En ese orden de ideas, como en la tutela 11001-03-15-000-2024-03177-00 se formularon
pretensiones disímiles a las consignadas en el amparo de la referencia (porque aquí se
pretende la protección de los derechos de las comunidades Wayúu presuntamente
afectadas por la intervención del arroyo Bruno), no se constata que acontezca temeridad.

Ahora bien, para determinar si se configura ese fenómeno procesal en cuanto a la tutela
11001-03-15-000-2024-04028-00, la Sala considera pertinente efectuar un paralelo entre
las pretensiones allí formuladas y las consignadas en el escrito de tutela que se decide
en esta instancia judicial, en los siguientes términos:

Pretensiones de la tutela 11001-03-15-000- Pretensiones de la tutela de la referencia
2024-04028-00
1. Declarar la nulidad del pacto de cumplimiento 1. Ordenar a la empresa Glencore que
celebrado el 30 de julio de 2024 por el Tribunal suspenda cualquier actividad que altere el
Administrativo de Cundinamarca, Sección cauce del arroyo Bruno, hasta que se logre la
Primera, Subsección C, en el marco de la vinculación a la acción popular 25000-23-41-
acción popular 25000-23-41-000-2022-00696- 000-2022-00696-00 de todas las comunidades
00 Wayúu afectadas por dicha intervención
2. Ordenar al aludido Tribunal que vincule a 2. Ordenar a los municipios de Maicao y
dicha acción popular a la empresa Glencore, a Albania, en Coordinación con el departamento
los Ministerios de Minas y Energía, del Medio de la Guajira y el Ministerio del Interior, que
Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Interior; convoque a los grupos étnicos afectados por la
a la gobernación de La Guajira, a los municipios modificación del cauce del aludido arroyo para
de Maicao, Albania y Barrancas y a la que participen en la mencionada acción popular
Contraloría General de la República
3. Decretar los testimonios de las comunidades 3. Vincular al trámite constitucional a los
Wayúu, del geólogo Julio Fierro, del Colectivo municipios de Manaure, Maicao y Albania y a la
de Abogados José Alvear Restrepo y de la Defensoría del Pueblo para que cumplan sus
organización Censat Agua Viva funciones de protección de las comunidades
indígenas ubicadas en dichos entes territoriales
4. Ordenar al Tribunal accionado que le 4. Ordenar al Tribunal Administrativo de
conceda el amparo de pobreza en la referida Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
acción popular C, que vincule a las comunidades Wayúu a la
acción popular 25000-23-41-000-2022-00696-
00
5. Ordenar a la Corporación demandada a
certificar si la magistrada a cargo del expediente
25000-23-41-000-2022-00696-00 tenía la
idoneidad necesaria para tramitarlo
6. Ordenar al Tribunal accionado correr traslado
de la demanda «a las partes adicionadas al
proceso»

Visto lo anterior, la Sala constata que las pretensiones formuladas en la tutela 11001-03-
15-000-2024-04028-00 distan de las consignadas en la de la referencia, pues en esta las
súplicas están orientadas a obtener la vinculación de las comunidades Wayúu a la acción
popular 25000-23-41-000-2022-00696-00, situación que impide declarar el fenómeno de
la temeridad, pues uno de los presupuestos para que acontezca es que se evidencie
identidad de súplicas.

1.3 Delimitación de la controversia

Como se advirtió, en la solicitud de amparo el actor formuló las pretensiones relacionadas
en precedencia, pero todas coinciden en la necesidad de vincular a la acción popular No.
25000-23-41-000-2022-00696-00 a las comunidades Wayúu, supuestamente afectadas
por la intervención del arroyo Bruno, pues para aquel la omisión de convocarlas afecta
sus derechos fundamentales por no tener la posibilidad de ejercer la defensa de sus
prerrogativas a la consulta previa, a la identidad cultura, entre otras.

En ese orden de ideas, la Sala constata que en últimas lo que pretende el demandante
es que se salvaguarden las garantías superiores del referido grupo étnico, para lo cual
pide que se ordene su vinculación a la acción popular No. 25000-23-41-000-2022-00696-

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04364-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

00, circunstancia por la cual la Sala analizará la tutela de la referencia en virtud de dicha
premisa.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si la tutela presentada por el señor Ericsson Ernesto
Mena Garzón, es procedente para amparar los derechos fundamentales de las
comunidades indígenas Wayúu presuntamente afectadas por la intervención que se
realiza en el arroyo Bruno y ordenar su vinculación a la acción popular No. 25000-23-41-
000-2022-00696-00.

La Sala anticipa que declarará improcedente la tutela, comoquiera que el demandante
carece de legitimación en la causa por activa para pedir la protección de los derechos
fundamentales de las referidas comunidades y, en todo caso, no se cumple el requisito
general de subsidiariedad.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la
legitimación en la causa por activa, (ii) la acción de tutela contra providencias judiciales,
(iii) el requisito de subsidiariedad y, finalmente, (iv) analizará el caso concreto.

3. Legitimación en la causa por activa

El artículo 86 de la Constitución Política prevé que la tutela puede ser promovida por
cualquier persona, «por si misma o por quien actúe en su nombre », en aras de obtener la
protección de sus derechos fundamentales.

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 estipula:

La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.

De la mencionada disposición se colige que una de las formas en que es factible
promover la tutela es por conducto de la agencia oficiosa, entendida como una figura
procesal en virtud de la cual una persona asume la defensa de los derechos de otra que
no está en la posibilidad de exigir su protección, sin necesidad de poder.

La jurisprudencia constitucional7 ha indicado que para que opere la agencia oficiosa en
sede de tutela, es necesario cumplir las siguientes exigencias: (i) la manifestación
expresa de que el demandante actúa como agente oficioso, (ii) la individualización del
titular de las garantías superiores presuntamente desatendidas, (iii) la imposibilidad del
agenciado de exigir la salvaguarda de sus prerrogativas y (iv) la ratificación de los hechos
expuestos en la tutela por parte de este, siempre que ello no constituya una carga
desproporcionada.

Ahora bien, la Corte Constitucional8 ha determinado ciertos sujetos que pueden promover
la acción de tutela en aras de proteger los derechos fundamentales de las comunidades
indígenas, a saber, (i) sus autoridades ancestrales, (ii) los miembros de aquellas, (iii) las
organizaciones cuyo objeto consista en salvaguardar las prerrogativas de los grupos
étnicos y (iv) la Defensoría del Pueblo. Sobre el particular, el alto tribunal indicó:

7 Sentencia T-144 de 2019, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
8 Sentencia T-172 de 2019, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04364-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

70. Legitimación por activa. El artículo 10 del citado Decreto determina quienes están legitimados para
interponer la acción.9 La norma indica que esta puede ser interpuesta: i), de forma directa por el
interesado; ii) por intermedio de un representante legal, en el caso de menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas; iii) por medio de apoderado judicial con poder judicial o
mandato expreso; iv) a través de agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones
de promover su propia defensa); o v) por conducto tanto del defensor del pueblo o de los personeros
municipales, los cuales están facultados para intervenir en representación de terceras personas,
siempre que el titular de los derechos lo haya autorizado o se adviertan situaciones de desamparo e
indefensión.

71. En el caso de tutelas incoadas para la protección de los derechos fundamentales de comunidades
indígenas, la jurisprudencia constitucional ha dictaminado que “tanto los dirigentes como los miembros
individuales de estas colectividades se encuentran legitimados para presentar la acción de tutela con
el fin de perseguir la protección de los derechos de la comunidad”10. Concretamente, la Corte ha
sostenido que la legitimación por activa en los procesos de tutela para la protección de derechos
fundamentales de las comunidades indígenas está en cabeza de: “ (i) las autoridades ancestrales o
tradicionales de la respectiva comunidad11; (ii) los miembros de la comunidad12; (iii) las organizaciones
creadas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas13, y (iv) la Defensoría del Pueblo.14”15

4. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales16 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos17 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

5. La subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Esto quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional
de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe
ser el último recurso, no el primero.

La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.

6. Análisis del caso concreto

El sub lite la Sala evidencia que, como se advirtió en precedencia, lo que en últimas
pretende el tutelante es que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, que vincule a la acción popular No. 25000-23-41-000-

9 Corte Constitucional. Consultar, entre otras, las Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de 2008.
10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-795 de 2013, reiterada en la sentencia T-213 de 2016 y T-576 de 2017
11 Sentencias SU-123 de 2018, T-272 de 2017, T-605 de 2016, entre otras.
12 Sentencias T-576 de 2017, T-213 de 2016, SU-383 de 2003, entre otras
13 Sentencias T-011 de 2018, T-568 de 2017, SU-383 de 2003, entre otras.
14 Sentencias T-357 de 2017, T-253 de 2016, T-652 de 1998.
15 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias SU-092 de 2021 y T-172 de 2019.
16 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
17 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04364-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

2022-00696-00 a las comunidades indígenas Wayúu presuntamente afectadas por la
intervención al arroyo Bruno, en aras de salvaguardar sus derechos fundamentales.

No obstante, el actor no tiene ninguna de las condiciones que contempla la jurisprudencia
constitucional para que sea dable incoar una acción de tutela a favor de los grupos
étnicos, pues no es defensor del pueblo y tampoco acreditó que sea una autoridad
ancestral de estos, o que los integra o que hace parte de una organización creada con el
fin de proteger sus prerrogativas superiores.

Es de anotar que, aunque en el escrito de tutela señala que integra el colectivo social
«Primera Línea Ambiental Colombia», no allegó prueba que demuestre esa aseveración y
que esa organización tenga por objeto la defensa de los grupos étnicos.

Tampoco se constata que sea dable tener al accionante como agente oficioso, pues no
se cumplen las exigencias para que opere esa figura jurídica, ya que (i) no dijo actuar
como tal, (ii) no individualizó a los indígenas o comunidades titulares de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, (iii) no indicó la imposibilidad de ellos de
acudir a la acción de tutela y (iv) no se observa la ratificación de su parte.
En ese orden de ideas, la Sala infiere que el actor carece de legitimación en la causa por
activa para pedir la protección de las comunidades Wayúu presuntamente afectadas por
la intervención del arroyo Bruto, situación sobre la cual, valga anotar, en la sentencia SU-
698 de 2017 la Corte Constitucional dictó órdenes orientadas a garantizar las
prerrogativas de aquellas, dentro de las que se encuentra «la suspensión de las obras
materiales del proyecto» realizada en dicho afluente, la conformación de una mesa de
trabajo con los grupos étnicos para abordar la problemática, entre otras.

Adicionalmente, a través de auto del 8 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, admitió la acción popular 25000-23-41-
000-2022-00696-00 y ordenó notificarle a la comunidad de su existencia, por conducto
de «un medio escrito masivo de comunicación de amplia circulación o en una radioemisora de
amplia difusión dentro del territorio nacional», tal como lo señala el artículo 2118 de la Ley
472 de 1998, de manera que se presume que las comunidades indígenas Wayúu
conocieron de la existencia de ese trámite constitucional, en consecuencia, podían acudir
a este si les hubiere asistido interés, lo cual no aconteció.

Debe advertirse que en la acción popular No. 25000-23-41-000-2022-00696-00 Ericsson
Ernesto Mena Garzón pidió el 25 de noviembre de 2022 la vinculación de las referidas
comunidades, junto con unas empresas, frente a lo cual el 6 de febrero de 2024 el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, le concedió
10 días para que colmara las exigencias de la reforma de la demanda, dado que deseaba
modificar las partes, mandato que no se cumplió, por lo que la Corporación la rechazó a
través de auto del 8 de mayo de 2024.

También se constata que la mencionada acción popular se encuentra en trámite, pues
aún no ha sido dictada sentencia, situación de la que se infiere que no se cumple el
requisito general de subsidiariedad.

Máxime cuando el demandante no atendió el requerimiento del 6 de febrero de 2024, la
acción popular No. 25000-23-41-000-2022-00696-00 se encuentra en curso.

En virtud de lo expuesto en precedencia, la Sala encuentra que debe declararse
improcedente la acción de tutela de la referencia, toda vez que (i) el tutelante carece de
legitimación en la causa por activa para pedir la protección de los derechos
fundamentales de las comunidades Wayúu y (ii) no satisface el requisito de procedibilidad

18 «En el auto que admita la demanda el juez ordenará su notificación personal al demandado. A los miembros de la

comunidad se les podrá informar a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz,
habida cuenta de los eventuales beneficiarios […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04364-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

de subsidiariedad, toda vez que la acción popular No. 25000-23-42-000-2022-00696-00
está en curso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Ericsson Ernesto Mena
Garzón, de acuerdo con la motivación

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.