Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04365-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04365-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04365-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04365-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B
Tema: Acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la
vida y la igualdad, ocurrida con ocasión de la Audiencia
Especial de Pacto de Cumplimiento, acta núm. 3. ° del 30 de
julio de 2024, celebrada dentro del trámite de acción popular
seguido bajo el radicado 25000-23-41-000-2022-00696-00.
Decisión: Se rechaza por improcedente al no cumplir con el requisito
de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela interpuesta por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, a
nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la vida
y la igualdad, ocurrida con ocasión de la audiencia especial de pacto de
cumplimiento, acta núm. 3. ° del 30 de julio de 2024, celebrada dentro del trámite
de acción popular que se sigue bajo el radicado 25000-23-41-000-2022-00696-
00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1
La parte accionante interpuso una acción popular2 contra la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA) por el daño inminente e irreparable que
1 Índice 2, Aplicativo SAMAI.
2 Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C. - El actor
solicitó que se respetaran el derecho al goce de un ambiente sano en conexidad con el derecho
a la salud y a la vida, así como el derecho a la existencia de un equilibrio ecológico que permitiera
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presuntamente está ocurriendo en el “Arroyo Bruno” ubicado entre los límites de
los municipios de Albania y Maicao, pues a su juicio este va a ser desviado de su
cauce, por lo que se hace necesario invocar la protección de los derechos e
intereses colectivos establecidos en el artículo 88 de la Constitución Política de
1991 y de la Ley 472 de 1998.
El actor aportó unas pruebas con su demanda3 y solicitó dentro de sus
pretensiones, el decreto de una medida cautelar de urgencia, y adicionalmente,
señaló que las entidades convocadas en el proceso deben demostrar lo
siguiente:
«1. El ANLA, CERREJÓN Y CORPOGUAJIRA deberá probar que el
Proyecto de modificación del cauce del ARROYO BRUNO “NO” afectará los
intereses colectivos de las comunidades aledañas al cuerpo de agua a corto,
mediano y largo plazo.
2. El ANLA, CERREJÓN Y CORPOGUAJIRA deberá probar que el Proyecto
de modificación del cauce del ARROYO BRUNO “NO” afectará la fauna
silvestre vertebrada e invertebrada (Coleóptero fauna, fauna fosorial y
nocturna) a corto, mediano y largo plazo.
3. El ANLA, CERREJON Y CORPOGUAJIRA deberá probar que el Proyecto
de modificación del cauce del ARROYO BRUNO “NO” afectará la fauna
silvestre vertebrada e invertebrada (Coleóptero fauna, fauna fosorial y
nocturna), en su desarrollo, reproducción y crecimiento.
4. El ANLA, CERREJÓN Y CORPOGUAJIRA deberá probar que el Proyecto
de modificación del cauce del ARROYO BRUNO “NO” afectará los cuerpos
de agua superficiales y subterráneos.
5. El ANLA, CERREJÓN Y CORPOGUAJIRA deberá probar que el Proyecto
de modificación del cauce del ARROYO BRUNO “NO” generará
contaminación de atmosférica ni de material particulado, ni de gases de
efecto invernadero.
6. El ANLA, CERREJÓN Y CORPOGUAJIRA deberá presentar estudios de
FAUNA SILVESTRE VERTEBRADA E INVERTEBRADA, diurna y nocturna,
fosorial y semifosorial, arborícola) del ARROYO BRUNO desde la serranía
del Perijá, dentro de la Reserva Forestal Montes de Oca (La Guajira), nace
el arroyo Bruno. Recorre cerca de 21 kilómetros y desemboca en el río
Ranchería y de la ronda de protección de 400 metros del cauce del cuerpo
de agua, donde se especifique que grado de afectación tendrá cada una de
las especies analizadas, cuantificadas, cualificadas y catalogadas.
7. El ANLA, CERREJÓN Y CORPOGUAJIRA deberá presentar estudios de
GEOMETRIA DE ACUIFEROS por medio de la metodología de
MODELACION GEOLOGICA 2D Y 3D del ARROYO BRUNO desde la
serranía del Perijá, dentro de la Reserva Forestal Montes de Oca (La
Guajira), nace el arroyo Bruno. Recorre cerca de 21 kilómetros y desemboca
en el río Ranchería y de la ronda de protección de 1000 metros del cauce
del cuerpo de agua.
el aprovechamiento de los recursos naturales y la protección del ecosistema garantizando un
desarrollo sostenible. -
3 Índice 4 del aplicativo SAMAI, expediente 25000-23-41-000-2022-00696-00.
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8. El ANLA, CERREJÓN Y CORPOGUAJIRA deberá presentar estudios de
CUANTIFIACION Y CUALIFICACIÓN de generación de gases de efecto
invernadero y su compensación.». (Sic en toda la cita.)
El 30 de julio de 2024 se celebró la audiencia4 especial de pacto de cumplimiento,
la cual, al no contar con la participación de la ANLA ni de CORPOGUAJIRA y
por la posición de Carbones del Cerrejón Limited, fue declarada fallida mediante
el auto núm. 78.
Asimismo, en la diligencia precitada se profirió el auto interlocutorio núm. 236
mediante el cual se aceptaron como pruebas los documentos aportados por el
actor con su demanda, así como los de la contestación de la empresa Carbones
del Cerrejón Limited.
Aunado a lo anterior, el Tribunal ordenó a la ANLA que aportara como prueba la
copia íntegra del expediente ambiental y al actor que recaudara la respuesta a
la Orden Octava de la Sentencia SU-698 de 2017 de la Corte Constitucional.
No obstante, en el referido auto no se decretaron pruebas de oficio, ni se accedió
a que se ordene a las accionadas que demuestren los puntos a los que se
refieren los numerales 1 a 7 transcritos, relacionados con la no afectación de los
derechos colectivos, en la desviación del cauce del arroyo.
Contra el auto de pruebas referido, la parte actora presentó recurso de
reposición5 en los siguientes términos:
«1. […] Solicito de manera oficiosa se tome como elemento de prueba la
falta de estudios de las afectaciones del acuífero aluvial del Arroyo Bruno
tanto en el cauce antiguo como en el nuevo cauce. Y, por otra parte tenemos
una premura y es que falta la integración de entidades multinacional Glencor
(sic), teniendo en cuenta que es la propietaria de Carbones del Cerrejón.
También de las comunidades indígenas Wayú por ser directamente las
afectadas dentro de este proceso y pues por tener allí digamos, su arraigo
cultural, ancestral, entonces también es importante mencionarlas. Al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible teniendo en cuenta que es la
máxima autoridad ambiental y al Ministerio de Minas y Energía, teniendo en
cuenta su trabajo actual con Cerrejón frente a los temas de transición
energética. Este motivo de la inclusión, teniendo en cuenta que pues, todo
este camino que se está abriendo frente a la transición energética, que, por
supuesto involucra también los ecosistemas, involucran las comunidades y
pues que también va a determinar en el corto, mediano y largo plazo la
afectación que pues, van a tener estos cuerpos de agua en la zona.». Sic en
toda la cita.
La magistrada del Tribunal no repuso el recurso anterior al considerar que la
solicitud fue extemporánea, no tenía relación directa con la fijación del litigio y no
podía considerarse de oficio al ser una solicitud de parte.
Respecto de la solicitud probatoria señaló:
4 Índice 110 del aplicativo SAMAI, ibidem.
5 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Lifesize - Playback minuto: 26:51 al 28:26.
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«En cuanto a la solicitud probatoria (…) voy a insistir en que las etapas
procesales son preclusivas y el momento para solicitar pruebas, de acuerdo
a el (sic) litigio es la demanda o su contestación, en el caso en que se
hubieran propuesto excepciones oportunamente, pero la audiencia como tal,
la audiencia de pacto de cumplimiento, no es una etapa procesal establecida
para solicitar pruebas. Igualmente, a la que hace referencia la doctora
Copulare (sic) en este momento, no tiene una relación, específicamente
determinada, en cuanto a la fijación del litigio con el tema que nos ocupa. En
ese sentido, por ser extemporánea, el despacho resuelve no reponer el auto
de pruebas para decretar la que se ha solicitado. Igualmente, es incorrecto
decir que se decrete de manera oficiosa porque está siendo presentada a
solicitud de la parte»6.
2.2. Fundamento jurídico:
A pesar de que la parte actora no lo refirió como tal, se infiere que pretende
evidenciar el siguiente defecto:
2.2.1. Defecto fáctico: alegó que el Tribunal censurado en la audiencia especial
de pacto de cumplimiento omitió decretar las pruebas de oficio7 que fueron
solicitadas en las pretensiones de la acción popular que el actor considera
trascendentes para demostrar sus argumentos.
Adujo que, con lo anterior, la autoridad judicial vulneró los derechos
fundamentales a la vida, la igualdad, al ambiente sano en conexidad con el
derecho a la salud, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
previstos en los artículos 11, 13, 79, 49, 229 y 29 de la Constitución Política de
Colombia.
En síntesis, el accionante manifestó que se hacían necesarias las pruebas pues
en relación con el “proyecto de modificación del cauce del arroyo Bruno”, era
fundamental asegurar que este no perturbaría a corto, mediano y largo plazo a
las comunidades en su acceso al agua y al medio ambiente pues ello afectaría
su vida y bienestar, máxime al ser poblaciones vulnerables.
2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. Solicito al honorable Tribunal que tutele los derechos fundamentales
vulnerados al suscrito en calidad de accionante de la demanda de acción
popular radicada bajo el número 25000234100020220069600, derechos
que, en últimas, afectan a las comunidades involucradas por el proyecto de
desviación del Arroyo Bruno. La omisión de pruebas en el proceso judicial
ha puesto en riesgo los derechos fundamentales consagrados en los
artículos 11, 13, 29, 49 y 229 de la Constitución Política de Colombia,
especialmente los derechos a la vida, salud, ambiente sano, debido proceso,
y acceso a la justicia. Por lo tanto, solicito lo siguiente:
6
Índice 2 del aplicativo SAMAI. Lifesize - Playback minuto: 29:06 a 30:15.
7 Referidas en el numeral 2.1 “hechos” de la presente acción de tutela.
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Primera Pretensión: Que se tutele el derecho al debido proceso,
garantizando que se incluyan y evalúen todas las pruebas omitidas en la
acción popular, necesarias para determinar de manera justa y exhaustiva
los impactos ambientales y sociales del proyecto de desviación del Arroyo
Bruno.
Segunda Pretensión: Se ordene la suspensión inmediata de las
actividades relacionadas con el proyecto de desviación del Arroyo Bruno
hasta que se realice una valoración completa de las pruebas omitidas. Esta
medida es necesaria para evitar daños irreparables al ambiente, a la vida y
a la salud de las comunidades afectadas.
Tercera Pretensión: Que se decrete la inclusión y evaluación exhaustiva
de todas las pruebas solicitadas en el marco de la acción popular,
especialmente aquellas relacionadas con los impactos en los recursos
hídricos, la fauna, la flora, la contaminación atmosférica, y los gases de
efecto invernadero. Estas pruebas son esenciales para garantizar la
protección de los derechos colectivos y fundamentales de las comunidades
afectadas.
Cuarta Pretensión: Se congelen los términos del proceso de acción popular
radicado bajo el número 25000234100020220069600 hasta que se resuelva
de fondo la presente tutela, con el fin de asegurar que no se tomen
decisiones judiciales sin la debida inclusión y valoración de las pruebas
omitidas.
Quinta Pretensión: Solicito a este honorable tribunal que se declare la
nulidad de la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento (Artículo 27 de
la Ley 472 de 1998) Acta No. 3 del 30 de julio de 2024 en el proceso de
acción popular bajo el número de radicado 25000234100020220069600,
debido a que no se adoptaron, analizaron, revisaron ni ponderaron las
pruebas requeridas en el escrito de la demanda de acción popular. Además,
solicito que el despacho acredite la idoneidad, experiencia, experticia y
formación académica en temas jurídico-ambientales y ciencias del medio
ambiente, que prueben que cuentan con las capacidades para evaluar la
calidad de los elementos de prueba y que las pruebas omitidas no fueron
excluidas por falta de capacidad de análisis.
Sexta Pretensión: Que se vincule a la Multinacional Glencore, así como a
las entidades ANLA y Corpoguajira, para que den explicaciones sobre la
presentación y socialización de las pruebas requeridas en la demanda de
acción popular, y para que informen si dichas pruebas han sido presentadas
y socializadas con las comunidades que habitan a lo largo del curso del
Arroyo Bruno, tanto antes como después de la desviación del cuerpo de
agua.
Séptima Pretensión: Que se garantice el acceso a la información para las
comunidades afectadas durante todo el proceso judicial, permitiéndoles
conocer el estado del proyecto y los estudios ambientales relevantes, en
cumplimiento del derecho de participación ciudadana y el acceso a la
justicia.
Octava Pretensión – Se decrete las Medidas Provisionales Solicitadas:
Medida Provisional 1: Suspensión Temporal del Proyecto de Desviación
del Arroyo Bruno Solicito respetuosamente que se decrete la suspensión
inmediata y temporal de todas las actividades relacionadas con el proyecto
de desviación del Arroyo Bruno, hasta que se presenten y evalúen las
pruebas necesarias que permitan determinar si el proyecto cumple con las
disposiciones del Decreto 2811 de 1974 y otros marcos legales pertinentes.
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Medida Provisional 2: Inclusión y Evaluación de Pruebas Omitidas
conforme al Decreto 2811 de 1974 Solicito que se ordene la inclusión y
evaluación exhaustiva de las pruebas omitidas en la audiencia especial de
pacto de cumplimiento, conforme al Decreto 2811 de 1974, incluyendo las
pruebas sobre impacto ambiental, fauna y flora, recursos hídricos y
contaminación atmosférica.
Medida Provisional 3: Protección Preventiva de Recursos Naturales
Solicito la implementación inmediata de medidas de protección y monitoreo
de los recursos naturales en la zona de influencia del Arroyo Bruno, de
acuerdo con los principios de conservación establecidos en el Decreto 2811
de 1974.». Sic en toda la cita
2.3. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida mediante auto del 188 de septiembre de 2024, a
través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y como terceros interesados en el resultado del
proceso a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, la Corporación
Autónoma Regional de la Guajira y la empresa Cerrejón. Asimismo, se negó la
medida provisional solicitada por la parte actora al no encontrar mérito suficiente
para decretarla por no contar con los elementos probatorios suficientes que
permitieran advertir, prima facie, la vulneración de los derechos alegados.
2.3.1. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales9 - ANLA, a través de
apoderado solicitó denegar las pretensiones del amparo al no estar legitimada en
la causa por pasiva y considerar que no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora. Además de lo anterior, manifestó que el señor
Mena Garzón había presentado dos acciones10 constitucionales ante esta
corporación con los mismos hechos, partes y pretensiones.
2.3.2. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección deberá determinar si la
acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, y en el evento en que
se considere que la anterior respuesta es positiva, se procederá a establecer si
con ocasión del auto interlocutorio núm. 236 proferido dentro de la Audiencia
8 Índice 11 del aplicativo SAMAI.
9 Índice 15 del aplicativo SAMAI.
10Aplicativo SAMAI. Expedientes 11001-03-15-000-2024-04028-00 y 11001-03-15-000-2024-
04364-00.
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Especial de Pacto de Cumplimiento, acta núm. 3.° del 30 de julio de 2024, que
no decretó unas pruebas de oficio solicitadas por la actora, se incurrió en un
defecto fáctico y con este en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la vida y la igualdad
dentro del trámite de la acción popular seguida bajo el radicado 25000-23-41-
000-2022-00696-00.
3.3. Del requisito de subsidiariedad
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Respecto del requisito de agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«2. Igualmente, ha sostenido la Corte que el amparo no busca excluir a
la jurisdicción ordinaria del conocimiento de los asuntos que le son
propios. La tutela, por el contrario, se constituye en un mecanismo
que asegura en forma especial y excepcional la intangibilidad del
núcleo esencial de los derechos fundamentales vulnerados, cuando
no existan instrumentos ordinarios que permitan dicha protección. Por
ello, la acción de tutela resulta improcedente, en virtud de su
naturaleza subsidiaria y residual, cuando el actor tiene o tuvo a su
disposición otros mecanismos judiciales de defensa.
Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación “[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios
procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus
derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las
consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva
no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los
proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya
transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en
ocasión propicia. Es inútil, por lo tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara
de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los
daños causados por el propio descuido procesal”»11.
Como se puede evidenciar, uno de los requisitos generales de procedibilidad
consiste en que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance
de la persona afectada. En consecuencia, se debe hacer uso de los mismos o
señalar las razones por las cuales se renuncia a ello por la amenaza de que se
configure un perjuicio irremediable.
El argumento de improcedencia en comento tiene sustento en los deberes
jurídicos que tienen las partes en el trámite de los procesos judiciales para
impugnar o controvertir las decisiones con las que están en desacuerdo y cuya
11 Corte Constitucional, sentencia T – 874 de 11 de julio de 2000, magistrado ponente: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
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oportunidad se establece en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de
que se trate.
Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento de los
recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto que el mismo
funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la actuación censurada y
la modifiquen o revoquen.
Visto lo anterior, el juez de tutela no podrá declarar procedente una solicitud de
amparo en donde la parte interesada en controvertir la decisión judicial no ejerció
su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los formalismos
establecidos en la legislación procesal, por desconocimiento o falta de diligencia.
3.3.1. Análisis del caso concreto
En el asunto objeto de estudio, es preciso determinar, en primer lugar, si la parte
accionante cumplió con el requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela,
para cuestionar el decreto de pruebas dentro de la acción popular.
Al respecto, es preciso poner de presente que en la demanda que dio origen al
proceso solicitó:
«G) Se solicita a este despacho se acepten las siguientes pruebas.
•http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/346
15/2018-Medinaetal.-
MacuiraCuadernosbd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
•https://drive.google.com/file/d/1Wf22Kmq7uHBcQ140j4N1VEwOxZh
DKfEl/view?usp=sharing
•http://www.cinep.org.co/archivoscinep/Ciendias_76_pdfs/15.Desviac
ionrioRancheria.ciendias76.pdf
•http://notiwayuu.blogspot.com/2012/06/la-guajira-dice-no-al-desvio-
del-rio.html
• http://www.semana.com/nacion/articulo/cerrejon-aplaza-polemica-
desviacion-del-rio-rancheria/267594-3
•https://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2016/imagenes/usu
arios/semana/materiales/664/2016-05-15_09-46-05_Resumen-6ta-
biodiversidad.pdf
• https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU698-17.htm
• https://consejodeestado.gov.co/documentos/sentencias/13-01-
2017_44001233300020160007901.pdf
• https://www.contraloria.gov.co/es/w/contralor%C3%ADa-notifica-a-
la-corte-constitucional-incumplimiento-de-dos-%C3%B3rdenes-
sobre-protecci%C3%B3n-ambiental-del-arroyo-bruno-en-la-guajira».
Como se puede apreciar, en la acción popular la parte accionante no solicitó una
prueba pericial o documental que permita acreditar que la modificación del cauce
del Arroyo Bruno afectará sus derechos colectivos.
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En ese sentido, esta Sala considera que la parte accionante no demostró el
agotamiento de todos los mecanismos ordinarios o extraordinarios que tenía a su
disposición para la defensa de sus derechos fundamentales, ya que la prueba
aducida no hizo parte del escrito de su demanda.
Por otro lado, tampoco se puede afirmar que lo haya hecho con su intervención
en la audiencia, que la magistrada reconoció como un recurso de reposición,
pues se limitó a solicitar que de manera oficiosa se tomará como prueba la
presunta falta de estudios de las afectaciones del acuífero aluvial del Arroyo
Bruno, sin sustentar su solicitud, haciendo un mayor énfasis en su intervención
en la necesidad de vincular a otras entidades y a la comunidad del lugar.
Así las cosas, si los accionantes consideraban que se incurrió en alguna omisión
frente a las pruebas solicitadas en su acción popular, tuvieron la oportunidad de
solicitar su decreto oportunamente, pero no lo hicieron, por lo que no pueden
acudir a la tutela para revivir dicha etapa.
Cabe recordar entonces, que las etapas procesales son preclusivas y perentorias
y la acción de tutela no se puede utilizar como una tercera instancia para resolver
debates ya zanjados en sede de instancia, ni se puede abusar de su ejercicio,
pues de hacerlo, el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales
se quebraría.
Por otro lado, no se advierte que el razonamiento de la autoridad judicial sea
caprichoso o arbitrario, ni que con su actuación haya vulnerado los derechos
fundamentales de la parte actora. Por el contrario, lo que se evidencia es que ha
sido respetuosa de los mismos, al punto de decretar prácticamente todas las
pruebas solicitadas por esta y atender sus numerosos requerimientos.
Ahora bien, aunado a lo anterior, en gracia de discusión, el Tribunal no estaba en
la obligación de decretar las pruebas de manera oficiosa si no las consideraba
conducentes, pertinentes y útiles para esclarecer el asunto, pues es autónomo
en la toma de sus decisiones.
Así las cosas, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que
permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda
de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva
de sus derechos.
En ese entendido, no resulta procedente un estudio de fondo, puesto que la parte
accionante no utilizó adecuadamente el medio de defensa judicial que tenía a su
disposición para controvertir la decisión censurada.
Por lo expuesto en precedencia, la Sala declarará que la presente acción de
tutela es improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, pues, se
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reitera, dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de
sustituir las herramientas judiciales idóneas para obtener la protección
iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se
convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de
amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones que le encomendó la Constitución a los jueces de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente con permiso
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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