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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04825-00

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04825-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Germán Calderón España en contra del presidente de la República Gustavo Petro Urrego y coadyuvada por la señora María Andrea Nieto Romero. Segundo. Negar la solicitud de amparo formulada por las organizaciones EL VEINTE, FLIP y por las ciudadanas Ana Cristina Restrepo Jiménez, Camila Inés 47 Cfr. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Palabras-del-presidente-Gustavo-Petro-durante-la- firma-de-la-Directiva-sobr-240909.aspx. Consultado el 16 de octubre de 2024. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Radicado: 11001-03-15-000-2024-04825-00, acumulado con 11001-03-15-000-2024-04901-00 Zuluaga Suárez, Catalina Ruiz Navarro, Claudia Julieta Duque Orrego, Diana María Salinas Plaza, Jineth Bedoya Lima, Jineth Alicia Prieto Velasco, Juanita Vélez Falla, Laura Ardila Arrieta, María Jimena Duzán Sáenz, María Fernanda Fitzgerald Galindo, María Paulina Baena, Paola Herrera, Pilar Cuartas Rodríguez, Sara Trejos, Tatiana Duque, Claudia Carolina Báez, María Paula Martínez y Luz María Sierra Lopera, en contra del presidente de la República, en relación con los derechos a una vida libre de violencia y a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión, con ocasión de las declaraciones del 30 de agosto de 2024, retransmitidas el 1° de septiembre de 2024. Tercero. Declarar la carencia actual de objeto por sustracción de materia en la acción de tutela promovida por las organizaciones EL VEINTE, FLIP y por las ciudadanas Ana Cristina Restrepo Jiménez, Camila Inés Zuluaga Suárez, Catalina Ruiz Navarro, Claudia Julieta Duque Orrego, Diana María Salinas Plaza, Jineth Bedoya Lima, Jineth Alicia Prieto Velasco, Juanita Vélez Falla, Laura Ardila Arrieta, María Jimena Duzán Sáenz, María Fernanda Fitzgerald Galindo, María Paulina Baena, Paola Herrera, Pilar Cuartas Rodríguez, Sara Trejos, Tatiana Duque, Claudia Carolina Báez, María Paula Martínez y Luz María Sierra Lopera, en contra del presidente de la República, en relación con el derecho a la libertad de expresión y a la igualdad y no discriminación, en los términos y por las razones […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04825-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04825-00
acumulado con 11001-03-15-000-2024-04901-00
Accionante: Germán Calderón España y otros
Coadyuvante: María Andrea Nieto Romero
Accionado: El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego

Temas: Acción de tutela. Legitimación en la causa por activa. Requisitos
de procedibilidad. Solicitud de retracto. Libertad de prensa y
libertad de expresión. Alcance. Sustracción de materia.
Configuración.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide sobre las acciones de tutela instauradas i) por el ciudadano
Germán Calderón España y coadyuvada por la señora María Andrea Nieto
Romero; ii) por las fundaciones EL VEINTE y Fundación para la Libertad de
Prensa -FLIP- y por las ciudadanas Ana Cristina Restrepo Jiménez, Camila Inés
Zuluaga Suárez, Catalina Ruiz Navarro, Claudia Julieta Duque Orrego, Diana
María Salinas Plaza, Jineth Bedoya Lima, Jineth Alicia Prieto Velasco, Juanita
Vélez Falla, Laura Ardila Arrieta, María Jimena Duzán Sáenz, María Fernanda
Fitzgerald Galindo, María Paulina Baena, Paola Herrera, Pilar Cuartas Rodríguez,
Sara Trejos, Tatiana Duque, Claudia Carolina Báez, María Paula Martínez y Luz
María Sierra Lopera, mediante apoderadas judiciales; en contra del presidente
de la República, señor Gustavo Petro Urrego.

ANTECEDENTES

i) El señor Germán Calderón España promovió acción de tutela para la protección
de los derechos fundamentales de las mujeres periodistas colombianas,
afirmando que el señor presidente Gustavo Petro Urrego vulneró su derecho a la
dignidad humana, entre otros, al llamarlas “muñecas de la mafia”. Indicó que el
artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 1257
de 20081 le otorgan la legitimidad para ejercer esta acción.

1 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04825-00, acumulado con
11001-03-15-000-2024-04901-00

La solicitud de amparo fue coadyuvada por la señora María Andrea Nieto
Romero, reiterando la presunta violación de los derechos fundamentales de
mujeres y periodistas colombianas, al ser calificadas como “muñecas de la mafia”
en diversos escenarios públicos.

ii) Las fundaciones EL VEINTE y FLIP y las ciudadanas previamente
referenciadas, promovieron acción de tutela en contra del señor Gustavo
Francisco Petro Urrego, en su calidad de presidente de la República, buscando
la protección de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, la
igualdad y no discriminación y la vida libre de violencias, con ocasión del discurso
del 30 de agosto de 2024 en el cual empleó la expresión “muñecas de la mafia”.

HECHOS

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El señor Germán Calderón España se refirió a diversas publicaciones en medios
de comunicación digital, en los cuales se aludió al discurso pronunciado por el
presidente de la República en el municipio de Nuquí (Chocó), con ocasión de la
posesión de la defensora del pueblo, que fue retransmitido como alocución
presidencial el 1° de septiembre de 2024.

Según el accionante, el recuento noticioso realizado da cuenta de que el
presidente, de manera sistemática, ha venido calificando a las periodistas
colombianas como “muñecas de la mafia”, causando un daño psicológico
general, porque con esa calificación degrada, intimida, amenaza, humilla, aísla y
causa perjuicio en la salud psicológica de “las receptoras del mensaje de odio”
que, inclusive, se retransmitió en la televisión nacional.

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Las Fundaciones y las periodistas relataron dos grupos de hechos: el primero,
referido al discurso del 30 de agosto de 2024 en el marco de la posesión de la
Defensora del Pueblo; el segundo, relacionado con lo que denominaron un
“patrón de estigmatizaciones del presidente Gustavo Petro contra la prensa”.

En relación con el primer grupo de hechos, narraron que el 30 de agosto de 2024,
en el municipio de Nuquí (Chocó), en el marco de la posesión de la Defensora
del Pueblo Iris Marín Ortiz, el presidente expresó “(…) [l]as periodistas del poder,
las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la
criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”, discurso que
luego fue emitido el 1° de septiembre de 2024 en el formato de alocución
presidencial.

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Que, al día siguiente, tras la reacción de los medios de comunicación y de la
ciudadanía, el presidente publicó nuevos mensajes en su cuenta de X (Twitter),
sosteniendo que las periodistas no eran muñecas de la mafia, pero que la mafia
ha tenido “periodistas a sueldo” y agregando que “(…) cuando hablo de
periodistas del establecimiento, me refiero a quienes no están al servicio de la
ciudadanía, sino a quienes trabajan para poderes oscuros”.

Que la expresión “muñecas de la mafia” en el contexto colombiano, se deriva de
la serie televisiva denominada “Las muñecas de la mafia”, que, a su vez, se basa
en la novela de Juan Camilo Ferrand y Andrés López López “Las fantásticas”,
que sigue la vida de mujeres involucradas en el mundo del narcotráfico por sus
relaciones con los denominados “capos”. De allí que la expresión resulte
estigmatizante, misógina y machista y derive en un estereotipo de género; sin
que constituya crítica alguna a la calidad del periodismo, a su filiación política o a
su profesionalismo.

Que, derivado de las expresiones del accionado, se suscitó una nueva ola de
violencia de género en contra de las mujeres periodistas y columnistas, por parte
de usuarios de redes sociales, que han empleado las palabras del presidente
para atacarlas, lo que puede evidenciarse en el monitoreo de Linterna Verde, que
da cuenta de que entre el 28 de agosto (sic) y el 5 de septiembre de 2024 se
realizaron casi trescientas mil publicaciones relacionadas con “periodistas”,
“muñecas” y “mafia”, con más de ochenta y un mil cuentas participando en la
conversación y un alcance estimado de ciento treinta y ocho millones de usuarios
expuestos a dicho contenido.

Que a la fecha de formulación de la acción se seguían presentando mensajes del
tipo descrito; y que el 2 de septiembre de este año, múltiples organizaciones de
la sociedad civil defensoras de la libertad de prensa y asociaciones de mujeres,
medios de comunicación y funcionarios públicos rechazaron los comentarios.

En relación con el segundo grupo de hechos, señalaron que el episodio de “las
muñecas de la mafia” no es el primer caso de declaraciones del presidente
estigmatizando a la prensa colombiana; que, por el contrario, existe un patrón de
manifestaciones de este tipo, seguidas de mensajes de los usuarios de redes
sociales en contra de la prensa, que van desde críticas justificadas, hasta insultos
y amenazas de muerte. Como sustento de este relato, se relacionan diferentes
publicaciones que datan de octubre de 2022, enero, mayo, junio y agosto de
2023, cuando se crearon etiquetas en la red social X (Twitter) como
#SemanaMiente, #RCNMiente, #ElTiempoMiente.

Que, inclusive, en septiembre y octubre 2022 y en septiembre y octubre de 2023,
se pueden rastrear diversas publicaciones del mandatario asociando a los medios
con el neo nazismo, lo que provocó reacciones como la circulación de afiches en
la ciudad de Bogotá con el logo de la Revista Semana “escrito con la SS nazi” y
publicaciones retuiteadas en las que también se estigmatiza a la prensa.

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Que en mayo de 2024 el presidente realizó publicaciones refiriéndose al “golpe
de Estado blando” con ocasión de la investigación periodística de la Revista
Semana en relación con la ponencia con formulación de cargos presentada por
los magistrados del Consejo Nacional Electoral y que en junio del mismo año
realizó afirmaciones sobre las publicaciones periodísticas de María Jimena
Duzán en relación con la presunta participación de Andrés Sarabia en actos
irregulares de contratación estatal, a partir de lo cual la periodista recibió
mensajes con insultos, agresiones y amenazas, lo que provocó que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos manifestara su preocupación por las
calificaciones proferidas por parte del presidente.

Que el 9 de septiembre de 2024 se suscribió la Directiva Presidencial sobre
“Deberes de las y los Funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de
expresión y el respeto a la libertad de prensa”, y en ese evento el presidente
reiteró varias de sus declaraciones estigmatizantes, haciendo, inclusive, nuevas
menciones al nazismo y refiriéndose de nuevo a su discurso en Nuquí, sin realizar
ninguna rectificación sobre el calificativo “muñecas de la mafia”.

PRETENSIONES

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Que se amparen los derechos fundamentales de las mujeres periodistas
colombianas, en especial, el de la dignidad humana, ordenando al presidente de
la República ofrecer una retractación pública y una disculpa pública en favor de
las víctimas; y que se prohíba al accionado usar esta clase de expresiones
discriminatorias en contra de las mujeres periodistas colombianas a futuro.

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Que se amparen los derechos fundamentales de las periodistas accionantes del
conjunto de mujeres periodistas en Colombia a la libertad de expresión, la
igualdad y no discriminación y la vida libre de violencias y que, en consecuencia,
se ordene al accionado:

1. Reconocer públicamente: (i) sus deberes como presidente de la República en
relación con la protección de la prensa, (ii) los límites a su libertad de expresión,
cuando actúa como presidente de la República, (iii) que la estigmatización en
contra de los periodistas y, en particular, contra las mujeres periodistas,
constituye un ataque a la libertad de expresión.

2. Retractarse de la expresión utilizada en el discurso presidencial del 30 de
agosto, retransmitido el 1° de septiembre de 2024, con un despliegue equivalente
al de la expresión inicialmente emitida.

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3. Abstenerse de utilizar el espacio antes señalado para ahondar en las
expresiones dañinas o para revictimizar.

4. Abstenerse de seguir estigmatizando a la prensa, incluyendo a través de sus
declaraciones públicas en ruedas de prensa y de sus mensajes en redes sociales.
En esos mismos términos, abstenerse de endosar los insultos, agresiones o
mensajes violentos de terceros a través de replicar sus mensajes en redes
sociales.

5. Asistir a un curso sobre libertad de prensa y violencia contra la prensa en
Colombia.

6. Modificar la Directiva Presidencial sobre los deberes de las y los funcionarios
públicos firmada el 9 de septiembre de 2024 para que también incluya al
presidente o presidenta de la República.

Finalmente, solicitaron que se emplazara a otras u otros periodistas, cuyos
derechos pudieran estarse vulnerando por el accionado y que quieran vincularse
a este proceso.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue admitida el 12 de septiembre de 2024 por el Consejero
sustanciador, quien a su vez, dispuso notificar a la autoridad accionada y aceptó
la coadyuvancia de la señora María Andrea Nieto Romero, allegada con la
solicitud de amparo2.

El 13 de septiembre de 2024 el señor Germán Calderón España allegó memorial
reiterando la solicitud de tutela, señalando que aún no se había sometido a
reparto3 y, en memoriales posteriores solicitó “estudiar la posibilidad de ser
debatida en Sala Plena del Consejo de Estado, atendiendo la relevancia
constitucional del asunto”4. Además, el 17 del mismo mes y año allegó solicitud
de medida provisional5.

Por auto del 16 de septiembre de 2024 se recibió para estudiar la acumulación
del expediente 11001-03-15-000-2024-04901-00; por lo que el mismo Despacho
sustanciador, en providencia del 25 del mismo mes y año, dispuso la acumulación
y corrió el traslado correspondiente para el ejercicio del derecho de defensa.
Adicionalmente, resolvió no decretar la medida provisional solicitada por el señor
Germán Calderón España6.

2 Véase índice 00006 de SAMAI.
3 Véase índice 00014 de SAMAI.
4 Véanse índices 00007 y 00011 de SAMAI.
5 Véase índice 00013 de SAMAI.
6 Véase índice 00021 de SAMAI.

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POSICIÓN DEL ACCIONADO

Obrando por intermedio de apoderada judicial, el presidente de la República se
pronunció en relación con ambas solicitudes de amparo, en el siguiente sentido:

Acción de tutela promovida por Germán Calderón España7

Señaló que el accionante está solicitando una rectificación respecto de unas
declaraciones; no obstante, hasta el momento de dar respuesta a la acción de
tutela, no se encontró en el sistema de gestión documental del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República ninguna solicitud de retractación,
por lo que se expidió el certificado CERT24-003720 / GFPU 13081012 del 18 de
septiembre de 2024, lo que significa que el accionante no cumplió con el requisito
de subsidiariedad.

Que el señor Calderón España carece de legitimación en la causa por activa,
porque, por un lado, cuando se actúa en nombre de otra persona se debe contar
con un poder especial, o demostrar la condición de agente oficioso, lo cual no
ocurre en este caso; y, por otro lado, se advierte que en las declaraciones que
cita en la solicitud de amparo no fue individualizado, ni se refirieron a él, lo que
significa que no está indicado ni probado el daño concreto que se le ha causado
y que amerite la intervención del juez de tutela.

Que, en todo caso, la solicitud de amparo debe negarse, porque no ha
desplegado ninguna acción que vulnere los derechos fundamentales invocados
por el accionante, en la medida en que sus declaraciones deben analizarse
acorde con la publicación que realizó el 31 de agosto de 2024 en la red social X,
cuyo análisis permite evidenciar que nunca se buscó trasgredir o desconocer los
derechos de las mujeres que ejercen el periodismo en Colombia.

Que, como clara evidencia del respeto por la libertad de prensa, se expidió la
Directiva Presidencial 07 de 2024, “Deberes de las y los funcionarios en el
ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa”,
documento que da cuenta del valor de las mujeres en el periodismo y del carácter
inalienable de la libertad de expresión para la existencia de una sociedad
democrática.

Que el artículo 20 constitucional garantiza a todas las personas la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, informar y recibir información
veraz e imparcial, se garantiza el derecho a la rectificación y se establece que no
existirá censura y que, en ese marco, sus expresiones constituyen un ejercicio
legítimo de la libertad de expresión y que, tan cierto es que nunca se buscó
lesionar los derechos de las mujeres periodistas, que se encontró necesario
hacer una contextualización del discurso que el accionante cuestiona, lo que en

7 Véase índice 00017 de SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04825-00, acumulado con
11001-03-15-000-2024-04901-00

efecto ocurrió el 31 de agosto de 2024.

Acción de tutela promovida por la FLIP, EL VEINTE y un grupo de mujeres
periodistas8

Señaló que las accionantes están solicitando una rectificación respecto de unas
declaraciones; no obstante, hasta el momento de dar respuesta a la acción de
tutela, no se encontró en el sistema de gestión documental del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República ninguna solicitud de retractación,
por lo que se expidió el certificado CERT24-003879 / GFPU 13081012 del 1° de
octubre de 2024, lo que significa que el accionante no cumplió con el requisito de
subsidiariedad.

Que la solicitud de retractación constituye un requisito de procedibilidad para
garantizar el derecho a la honra y a la libertad de expresión; debe presentarse
por la persona interesada ante la autoridad estatal acusada de lesionar sus
derechos antes de interponer la acción de tutela, a menos que el agravio afecte
el núcleo de su vida privada; por lo que, en el caso concreto, las accionantes sí
debían presentar una solicitud de rectificación ante la autoridad estatal.

Que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-121 de 2017 señaló que la solicitud
de rectificación previa por regla general era aplicable a los medios de
comunicación, sin embargo, señaló que “resulta injustificado que la solicitud de
rectificación dependa únicamente de la existencia del medio de comunicación
como persona jurídica con un objeto social específico, dedicado a la difusión de
información” y que esto implica (i) que la solicitud de rectificación sea requisito de
procedibilidad para la acción de tutela y (ii) que sea aplicable no solo a los medios
masivos de comunicación, sino a cualquier emisor que difunda información de
manera habitual.

Que las accionantes carecen de legitimación en la causa por activa, porque no
fueron individualizadas, ni las ciudadanas ni las organizaciones, en las
declaraciones realizadas, ni se acredita sumariamente por qué o de qué manera
las referidas manifestaciones causaron un daño concreto; por el contrario, se
advierte en la solicitud de amparo un hecho que corresponde a las dinámicas
propias de las redes sociales.

Que la legitimación en la causa impone al juez el deber de verificar la existencia
de un interés directo y particular en cabeza de las accionantes, para determinar
si en efecto son titulares de los derechos a proteger o si estos corresponden a
otra persona y que, en el caso concreto, se presenta la solicitud de amparo en
nombre de “las mujeres periodistas”, “(…) sin que se pueda individualizar una
persona concreta o se puede evidenciar cuál de las 19 accionantes padeció un
daño específico como consecuencia de las declaraciones del Presidente de la
República, incluido el mensaje aclaratorio que se emitió de manera posterior”.

8 Véase índice 00027 de SAMAI.

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11001-03-15-000-2024-04901-00

Que, de advertirse la procedencia de la acción de tutela, deben negarse sus
pretensiones, porque sus declaraciones del 30 de agosto de 2024 fueron
precisadas a través de una publicación en la red social X el 31 del mismo mes y
año, siendo este un medio de equivalente o incluso mayor difusión que el
empleado inicialmente, pues se percató de que sus declaraciones se estaban
interpretando como una afrenta a las mujeres periodistas, de allí la necesidad de
precisarlas, dejando claro que “[l]as periodistas no son muñecas de la mafia, pero
la mafia ha tenido periodistas a sueldo (…)”.

Que, como clara evidencia del respeto por la libertad de prensa, se expidió la
Directiva Presidencial 07 de 2024, la cual en sus apartes refleja su compromiso
con la labor de las mujeres periodistas y que, en todo caso, debe tenerse en
cuenta la Declaración de principios sobre libertad de expresión de la CIDH, según
la cual la libertad de expresión constituye un derecho inalienable e indispensable
para la existencia de una sociedad democrática y que por ello, la precisión
efectuada el 31 de agosto de 2024 buscó no solo desenmarcarse de cualquier
interpretación errónea, sino reafirmar su compromiso con el respeto de los
derechos de las mujeres que ejercen el periodismo en Colombia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa: de la solicitud de asumir el conocimiento de la acción por
parte de la Sala Plena de la Corporación

El señor Germán Calderón España solicitó estudiar la posibilidad de que la
acción constitucional sea debatida en Sala Plena del Consejo de Estado,
atendiendo a la relevancia constitucional del asunto9.

Al respecto, es necesario precisar que de conformidad con el artículo 37 de la
Ley 270 de 1996, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
“5. Resolver los asuntos que le remitan las secciones por su importancia jurídica
o trascendencia social si, por estimar fundado el motivo, resuelve asumir
competencia”. De esta forma, es necesario que confluyan dos supuestos: el
primero, que el asunto sea remitido por una sección de la Corporación, en quien
recae el deber de valorar su importancia jurídica y trascendencia social; el
segundo, que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo estime fundado el
motivo y decida asumir el conocimiento.

De otra parte, el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, mediante el cual se expide
el reglamento interno del Consejo de Estado, dispone, en relación con el trámite
de las acciones constitucionales -tutela, cumplimiento, populares y de grupo-
que se deben resolver por la Sección o Subsección de la cual haga parte el
Consejero a quien le corresponda el reparto, en tanto el artículo 26 del mismo
Acuerdo señala que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocerá
9 Véanse índices 00007 y 00011 de SAMAI.

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11001-03-15-000-2024-04901-00

de los recursos en contra de las providencias que profieran las Secciones de la
Corporación, con “(…) exclusión de los Consejeros de la Sección o Subsección
que profirió la decisión, sin perjuicio de que estos puedan ser llamados a
explicarlas”.

La distribución del trámite así realizado tiene como propósito la garantía de la
doble instancia, pues, en el caso especial de las acciones constitucionales de
tutela, si se asumiera que la Subsección debe someter a consideración de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo un asunto, la partes quedarían
desprovistas de la posibilidad de impugnar la decisión.

En consecuencia, la solicitud del señor Calderón España no resulta procedente
en esta instancia y, por ello, será esta Sala de Subsección la que tomará la
decisión que en derecho corresponda.

Teniendo en cuenta lo anterior, se deberá decidir sobre las solicitudes de
amparo constitucional formuladas en contra del señor Gustavo Petro Urrego en
su calidad de presidente de la República, para lo cual esta providencia
comprenderá los siguientes aspectos: 1. la legitimación en la causa por activa,
la coadyuvancia; la subsidiariedad y la inmediatez como presupuestos para la
procedencia de la acción de tutela y 2. la solicitud de rectificación como requisito
de procedibilidad en la acción constitucional; luego de lo cual 3. se abordará el
estudio del caso concreto a partir del análisis de los hechos, las pretensiones y
los derechos invocados.

1. Procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela para que
toda persona pueda reclamar ante las autoridades judiciales, en todo momento
y lugar, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública. Se trata, pues, de un mecanismo expedito que, según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, se caracteriza por ser subsidiario,
inmediato, sencillo, específico, eficaz e informal10.

Ahora bien, el análisis por parte del juez de tutela del amparo que se solicita se
encuentra condicionado al cumplimiento de unos presupuestos relacionados
con (i) quién solicita el amparo, para verificar la legitimación en la causa por
activa; (ii) las condiciones de tiempo, modo y lugar de la vulneración o amenaza,
para verificar la inmediatez y (iii) la ausencia de otros mecanismos o la
insuficiencia de estos para hacer cesar la amenaza o lesión de los derechos
invocados, para validar si se cumple con el presupuesto de subsidiariedad.

Legitimación en la causa por activa

10 Al respecto, Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-483 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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11001-03-15-000-2024-04901-00

La legitimación por activa en la acción de tutela se refiere a la capacidad de una
persona para iniciar este tipo de acción, basada en su titularidad sobre los
derechos fundamentales que se alegan vulnerados. Según la jurisprudencia
constitucional, el juez debe identificar quién es el titular del derecho afectado y
a través de qué medio solicita el amparo constitucional con el fin de constatar
“(…) la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos
del demandante, y la acción u omisión de la autoridad o el particular
demandado”11.

En desarrollo del artículo 86 constitucional, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 se ocupa de la legitimidad para el ejercicio de la acción de tutela, previendo
que puede presentarse: (i) directamente por la persona que considera
vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales; (ii) a través de su
representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; (iv) por agente oficioso
y (v) por el defensor del pueblo y los personeros municipales.

Así las cosas, por regla general es el titular de los derechos presuntamente
amenazados o vulnerados quien puede promover la acción; pero existen
situaciones donde terceros se encuentran facultados para hacerlo, siempre que
el titular hubiere autorizado expresamente su mediación o se adviertan
situaciones de desamparo e indefensión12.

La coadyuvancia en la acción de tutela

El inciso segundo del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone que quién
tuviere un interés legítimo en el resultado de un proceso puede intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad en contra de quien se
formule la solicitud de amparo, regulando así la posibilidad de que un tercero
apoye con su actuación a una de las partes. En relación con la figura del
coadyuvante, la Corte Constitucional ha señalado que se trata de “(…) un tercero
que tiene con una de las partes una relación sustancial que, indirectamente,
puede verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo
desfavorable”13.

Resulta esencial a la coadyuvancia, en términos de la jurisprudencia
constitucional, que se concrete en la intervención antes de la sentencia de única
o de segunda instancia, para prestar ayuda, sin hacer valer pretensiones propias:

“(…) es claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de
tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado
del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos

11 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Estos terceros son, por ejemplo, “(...) el representante legal (caso de los menores de edad y personas

jurídicas), apoderado judicial (abogado titulado con mandato expreso), agente oficioso (cuando el titular del
derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa); (…) Defensor del Pueblo o personeros
municipales (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa)” (Cfr.
Corte Constitucional. Sentencia SU-150 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-304 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía. Reiterada en la Sentencia T-

1062 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que
éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias
que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto
se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría
entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia”14.

Con estos parámetros, a continuación, se analiza la legitimación en la causa por
activa en el caso concreto.

• Expediente 11001-03-15-000-2024-04825-00

El señor Germán Calderón España afirmó encontrarse legitimado en la causa con
fundamento en el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 1257 de 2008 15, afirmando
que “(…) todas las personas deben participar activamente en la eliminación de la
violencia y discriminación contra las mujeres”, lo que, en su sentir, incluye
denunciar cualquier violación de los derechos de las mujeres o acto de violencia
o discriminación en su contra. Al amparo de esta premisa, argumenta que dicha
disposición le otorga la facultad para interponer la presente acción de tutela, ya
que considera que está en cumplimiento de un deber legal de denunciar actos
que vulneren los derechos de las mujeres, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales.

Si bien la Ley 1257 de 2008 establece un deber de participación activa en la
eliminación de la violencia y discriminación contra las mujeres, esta disposición
no confiere automáticamente legitimación en la causa para interponer una acción
de tutela en nombre de cualquier mujer. La legitimación por activa en la acción
de tutela corresponde, en principio, al titular del derecho fundamental vulnerado.
No obstante, en casos donde la persona afectada no esté en condiciones de
promover la defensa de sus propios derechos, un tercero podría actuar como
agente oficioso, siempre que se demuestre que existe una imposibilidad para que
el titular de los derechos inicie la acción por sí mismo.

En el presente caso, el accionante no acreditó haber actuado como agente
oficioso, ya que no se demuestra que la persona afectada esté en una situación
de indefensión o que no pueda defender sus derechos por sí misma. Por lo tanto,
no se cumple con los requisitos necesarios para que el accionante pueda
intervenir en nombre de la persona cuyos derechos alega defender, lo que impide
que se configure la legitimación en la causa por activa.

14 Corte Constitucional. Sentencia T-1062 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
15 Ley 1257 de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de

violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley
294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. “Artículo 15. Obligaciones de la sociedad. En cumplimiento del
principio de corresponsabilidad las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el
comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas y naturales, tienen la
responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la eliminación de la violencia y la discriminación contra
las mujeres. Para estos efectos deberán:
(…)
4. Denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres y la violencia y discriminación en su contra.
(…)”.

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De modo que, entre las posibles víctimas de la presunta vulneración de derechos
fundamentales atribuida al accionado, no se encuentra el señor Calderón
España. Esta circunstancia impide que quien demanda ostente la legitimación
por activa en la presente acción de tutela, dado que no es el titular directo de los
derechos presuntamente vulnerados.

Ahora, sobre la coadyuvancia en esta actuación, como ya fue precisado, el
presupuesto del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 es contar con un interés
legítimo en el resultado del proceso. Examinada la intervención de la señora
María Andrea Nieto Romero, se advierte que manifestó coadyuvar la solicitud de
amparo del señor Calderón España “(...) por la violación de nuestros derechos
fundamentales como mujeres y periodistas colombianas al calificarnos de
'muñecas de la mafia' en diversos escenarios públicos”.

En ese orden, si las consideraciones antes expuestas hacen referencia a la
persona que presenta la acción de tutela, las mismas, con mayor razón, a juicio
de la Sala, se aplican a quien pretende coadyuvar la demanda, toda vez que si el
titular de la acción carece de legitimación para ejercerla, resulta improcedente
que quien pretenda coadyuvar en su defensa pueda ostentar dicha legitimación,
máxime que, como se advirtió previamente, el coadyuvante no puede presentar
planteamientos distintos o pretensiones propias que difieran de las formuladas
por el accionante, porque ello implicaría una nueva acción de tutela y, en
consecuencia, desnaturalizaría la figura de la coadyuvancia.

Advertida la falta de legitimación en la causa por activa, se declarará
improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Germán Calderón
España y coadyuvada por la señora María Andrea Nieto Romero, sin que sea
necesario abordar los demás asuntos contenidos en esta solicitud de amparo.

• Expediente 11001-03-15-000-2024-04901-00

Esta solicitud de amparo cumple con el presupuesto de legitimación en la causa
por activa respecto de las 19 accionantes periodistas, quienes, actuando por
intermedio de apoderada judicial debidamente acreditada en el proceso
manifestaron que ejercen de manera continua y permanente la labor periodística
y, por ello, se consideran directamente vinculadas al colectivo al que el presidente
Gustavo Francisco Petro Urrego se refirió en sus comentarios difundidos los días
30 y 31 de agosto, así como el 1° de septiembre de 2024. Esto, en la medida que
reclaman para sí el ejercicio pacífico y sin obstrucción alguna del derecho a la
libertad de prensa, especialmente en lo que denominan un entorno digital donde
la violencia simbólica se traduce en amenazas reales para su integridad y labor.

Se observa que la legitimación por activa se extiende también a las
organizaciones El Veinte y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP),
teniendo en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la protección de derechos fundamentales que trascienden el
ámbito individual, como la libertad de expresión, puede invocarse por personas u

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organizaciones que buscan salvaguardar la dimensión colectiva de estos
derechos esenciales para el orden democrático, tal como se propone en el escrito
de tutela. En términos de la Corte Constitucional:

“En efecto, de la vigencia y eficacia de estos derechos fundamentales
[libertades de conciencia, de expresión y de información] depende que
la esfera pública conserve una apertura suficiente para la libre
circulación de las ideas y la formación de una opinión pública libre.
Estos objetivos no conciernen únicamente al titular de las mencionadas
libertades sino, también, a la colectividad en su conjunto. Por estas
razones, cualquier miembro de esa colectividad puede solicitar al juez
constitucional el restablecimiento de [dichos] derechos”16 (corchetes de
la Sala).

En el caso concreto, las declaraciones del presidente, específicamente el uso del
calificativo "muñecas de la mafia", son señaladas como expresiones de amplio
alcance que podrían afectar a cualquier mujer periodista en Colombia, lo que,
presuntamente, limita el ejercicio libre de la labor periodística, la circulación de
ideas y, en consecuencia, la formación de una opinión pública pluralista.

De allí que tanto EL VEINTE como la FLIP se encuentren legitimadas para
presentar esta acción de tutela, en cumplimiento de su misión de proteger los
derechos de las mujeres periodistas y garantizar la preservación de la libertad de
expresión en el ámbito colectivo.

Por encontrarse superada le legitimación en la causa por activa en este
expediente, corresponde examinar el cumplimiento de los demás presupuestos
para la procedencia de la acción y, de encontrarlos satisfechos, determinar si
efectivamente se ha vulnerado o amenazado algún derecho fundamental.

Inmediatez y subsidiariedad en la acción de tutela

La inmediatez se refiere al estudio de la razonabilidad y oportunidad del término
transcurrido entre la ocurrencia de la lesión o amenaza del derecho fundamental
y la solicitud de amparo, teniendo en cuenta que la finalidad del mecanismo
constitucional reside en la protección inmediata de los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.
Para el cumplimiento de ese cometido, es indispensable que quien sufra la lesión
o amenaza o los terceros previamente definidos hagan uso de la acción con la
misma prontitud con la que el juez debe atenderla 17. En términos de la Corte
Constitucional:

“La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la inmediatez es una
exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación
16 Corte Constitucional. Sentencia T-706 de 9 de diciembre de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Reiterada en sentencia T-372 de 20 de septiembre de 2023. M.P. Natalia Ángel Cabo.
17 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-578 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-189 de 2009

M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-879 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. Reiteradas en la Sentencia
SU-148 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos (en las providencias se aborda en términos generales el requisito
de inmediatez y, luego, se alude a que su exigencia es más estricta cuando la solicitud de amparo se dirige
en contra de una providencia judicial).

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temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma:
es improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales
cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y
desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por
vía de la acción de tutela”18.

En el caso concreto, las accionantes manifestaron que se cumple con este
presupuesto porque “las declaraciones estigmatizantes del presidente en contra
de la prensa son una conducta reiterada y la más reciente expresión cuestionada
se dio hace diez (12) días (sic)”.

Como se ilustró en los antecedentes de esta providencia, en la solicitud de
amparo se enuncian dos presuntos hechos vulneradores que justifican la
intervención del juez de tutela: (i) los acontecimientos del 30 de agosto de 2024,
referidos a la expresión “muñecas de la mafia”, y (ii) el patrón de estigmatización
del presidente Gustavo Petro en contra de la prensa. Por lo tanto, el requisito de
inmediatez debe analizarse a la luz de ello.

En lo que respecta al hecho del 30 de agosto de 2024, ocurrido durante el acto
de posesión de la defensora del Pueblo, donde se afirmó que “(…) [l]as
periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del
terrorismo en la protesta”, es relevante considerar que la última publicación del
accionado en la red social X, en la que afirmó que “[l]as periodistas no son
muñecas de la mafia, pero la mafia ha tenido periodistas a sueldo (…)", se realizó
el 31 de agosto de 2024, pronunciamiento que representa una continuación de la
misma manifestación que se dice estigmatizante.

Toda vez que entre la presentación de la acción de tutela y el segundo
pronunciamiento solo transcurrieron trece (13) días, no existió un lapso
desproporcionado entre la publicación y la acción de tutela al no haberse
superado el término de seis meses entre ambos actos –regla jurisprudencial hoy
aceptada-, cumpliendo así con el criterio de inmediatez.

Ahora, en relación con el patrón de estigmatización del accionado, según lo
afirma la parte accionante, debe señalarse que aunque ha transcurrido
aproximadamente 1 año, 7 meses y 11 días entre el primer conjunto de tweets
cuestionados –ocurridos el 31 de enero de 2023 y que hacen referencia a
reproches contra nueve medios de comunicación por el cubrimiento de su
gobierno- y la presentación de la acción de tutela, superando el plazo de seis
meses establecido por la jurisprudencia, es posible argumentar la acreditación de
este requisito al considerarse la presunta sistematicidad de la violencia que se
alega.

En la Sentencia T-087 de 202319, la Corte Constitucional al analizar una acción
de tutela presentada por la FLIP en representación de diversas periodistas, que

18 Corte Constitucional. Sentencia SU-148 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos.
19 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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denunciaron ataques en redes sociales motivados por su condición de mujeres y
por su labor periodística, orquestados por actores políticos, consideró razonable
el plazo transcurrido entre uno de los tantos trinos cuestionados y la presentación
de la tutela (1 año, 2 meses y 4 días) al enfatizar la necesidad de abordar la
violencia sistemática contra ellas.

En un sentido similar, el hecho del 31 de enero de 2023 no debe considerarse un
asunto aislado, sino, en términos de las accionantes, como parte de un patrón
más amplio de estigmatización y ataques en línea, a partir de lo cual la Sala
concluye que se satisface el requisito de inmediatez, por lo que se debe analizar
si ocurre lo mismo respecto de la subsidiariedad.

Sobre este punto, cabe destacar que la acción de tutela es fundamentalmente
subsidiaria, lo que quiere decir que su procedencia se encuentra condicionada a
que no existan otros medios de defensa judicial para amparar los derechos
fundamentales invocados, o en su defecto, a que se invoque como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo que impone al
juez el deber de analizar si quien acciona cuenta o no con mecanismos ordinarios
para discutir la situación que motiva la solicitud de tutela y, de acreditar su
existencia, evaluar si aquellos resultan o no idóneos para la protección de los
derechos invocados20.

En el caso concreto, la Sala encuentra satisfecho este requisito, pues, en efecto
no existen otros mecanismos judiciales ordinarios que garanticen los derechos
invocados.

2. La solicitud de rectificación como requisito de procedibilidad

La Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de rectificación es una
condición especial de procedencia de la tutela en casos de tensiones o conflictos
entre la libertad de expresión y prensa y los derechos a la honra y el buen
nombre21. De allí que, tratándose de acciones de tutela dirigidas contra medios
de comunicación, este requisito excepcional se sustenta en el artículo 20 superior
y el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 199122. En este sentido, para
que exista un pronunciamiento de fondo es preciso que se haya solicitado

20 Cfr. Sentencia SU-1070 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta providencia se indicó que el juez

de tutela debe analizar i) si este es idóneo y eficaz; y, de ser así, ii) si se presente una amenaza de perjuicio
irremediable, que amerite la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, sin que la
determinación sea respecto de cuál mecanismo puede resolver con mayor prontitud del asunto, porque de
ese modo, la acción de tutela desplazaría los demás mecanismos de defensa, teniendo en cuenta que los
principios que la rigen hacen que sea siempre la más rápida. Por ello se concluyó que el estudio de la
subsidiariedad impone tomar en cuenta si el juez o la autoridad a quien correspondería el conocimiento del
caso, estaría en la capacidad de brindar al conflicto una solución clara, definitiva y precisa, “(…) pudiendo
ordenar también remedios adecuados según el tipo y la magnitud de la vulneración” (esta sentencia se
reitera en la SU-772 de 2014.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-452 del 12 de diciembre de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera.
22 Decreto 2591 de 1991. “Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u

omisiones de particulares en los siguientes casos: (…) 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones
inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la
publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de
la misma”.

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previamente la rectificación de las informaciones inexactas o erróneas emitidas
por el medio de comunicación accionado23.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado las siguientes subreglas,
aplicables a la rectificación:

“(...) (i) la rectificación debe tener el mismo alcance, despliegue,
difusión y tiempo de duración que la publicación reprochada; (ii) previa
verificación de los hechos, el emisor del mensaje debe proceder a
rectificar la información publicada en un término razonable; (iii) la carga
de la prueba le corresponde a quien solicita la rectificación, salvo que
se trate de afirmaciones amplias e indeterminadas, caso en el cual
aquella se invierte; (iv) la rectificación se circunscribe al contenido
informativo o, en su defecto, a los fundamentos fácticos en los cuales
se basan las opiniones emitidas; y, (v) la rectificación se constituye en
la reparación constitucional de los derechos vulnerados”24 (subrayas
de la Sala).

Adicionalmente, este requisito no solo es exigible cuando se solicite el amparo
de los derechos fundamentales respecto de la vulneración o amenaza por cuenta
de un medio de comunicación tradicionalmente comprendido, pues la
jurisprudencia lo ha extendido a los siguientes supuestos:

“(...) (i) cuando la información circula a través de los medios masivos
de comunicación; (ii) cuando es difundida por comunicadores sociales,
sin consideración de que estos tengan o no vínculos con un medio de
comunicación; (iii) cuando el emisor no es comunicador social o
periodista, pero se dedica habitualmente a la difusión de información;
y (iv) cuando la persona que realiza la publicación, primero, no tiene la
condición de comunicador social y, segundo, no cumple ese rol dentro
del grupo social. Este último evento, en el que la jurisprudencia
constitucional no había exigido la obligación de pedir la rectificación
antes de acudir ante el juez de amparo, cobra especial importancia en
aquellos casos, como el presente, en los que la difusión de la
información es masiva, precisamente, por el volumen de receptores de
la misma”25 (subrayas de la Sala).

Sobre este punto, las accionantes afirmaron que la solicitud de previa rectificación
no es procedente, porque (i) no es exigible en caso de publicación de opiniones;
(ii) no es exigible ante actos de discriminación; (iii) solo es exigible respecto de
las publicaciones hechas por medios de comunicación y (iv) la rectificación no
garantizaría la protección de los derechos alegados y que, solo en caso de que
se estimara necesaria, “(…) múltiples ciudadanos y organizaciones de la
sociedad civil han solicitado al presidente que rectifique o se abstenga de
estigmatizar a la prensa en múltiples oportunidades, por lo que este se encuentra
satisfecho”.

23 Corte Constitucional. Sentencia T-004 del 14 de enero de 2022. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
24 Corte Constitucional. Sentencia T-593 del 25 de septiembre de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido.
25 Corte Constitucional. Sentencia T-121 del 14 de noviembre de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Reiterado en: Corete Constitucional. Sentencia T-250 del 15 de julio de 2020. M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Por su parte, el accionado sostuvo que, si bien no ostenta la calidad de periodista,
en su condición de presidente de la República difunde habitualmente información,
lo que implica, en el caso concreto, que la solicitud de rectificación previa
constituye un requisito de procedibilidad que no fue agotado.

La Sala considera que en este caso, la solicitud de previa rectificación no
constituye un requisito exigible, por varias razones:

a. Porque no se invoca el amparo de los derechos a la honra y el buen nombre;

b. Porque si bien jurisprudencialmente se ha admitido que procede cuando el
emisor, sin ser periodista, se dedica de manera habitual a la difusión de
información, esta regla no se extiende al evento en que el emisor es servidor
público; ello, por cuanto las declaraciones o afirmaciones de los funcionarios
públicos llevan implícito el ejercicio del poder-deber de comunicación, y por
tanto tienen un mayor grado de responsabilidad en cuanto a que dichas
expresiones atiendan al respeto de los derechos de las personas; sumado a
que, lo que aquellos comunican tiene un impacto en la sociedad en razón a la
credibilidad y confianza de la ciudadanía en dichos actores.

c. Porque el reproche sobre el que se formula la solicitud de amparo no tiene
que ver con la veracidad o no de las afirmaciones del accionado, sino con su
contenido calificado como estigmatizador y con el ambiente violento que de
las declaraciones del señor Petro Urrego se desprende.

3. Análisis del caso concreto

Las accionantes solicitaron la protección de los derechos fundamentales a una
vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de
expresión, que consideran lesionados por el presidente de la República.
Metodológicamente, dividieron los hechos en dos grupos y, en ese orden, serán
abordados por esta Sala para determinar la procedencia o no del amparo
constitucional.

3.1. En relación con las manifestaciones efectuadas por el presidente en la
toma de posesión de la Defensora del Pueblo el 30 de agosto de 2024
“muñecas de la mafia” y posteriores

3.1.1. Derecho a una vida libre de violencia

En diferentes instrumentos de orden internacional y en el ordenamiento jurídico
interno se ha reconocido la igualdad entre hombres y mujeres y se ha
determinado que la discriminación sobre la mujer constituye una forma de
violencia.

El marco jurídico interamericano más relevante en la eliminación de la violencia
contra la mujer incluye la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas

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de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) el 18 de diciembre de 1979. Este instrumento señala que cualquier
“(...) acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada” implica una violación de derechos humanos y un obstáculo para el
ejercicio de sus garantías.

Además, se consagra el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia,
que comprende en su núcleo el derecho a la no discriminación y a la valoración
y educación sin patrones estereotipados que perpetúen conceptos de inferioridad
o subordinación.

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra la Mujer (Convención Belém do Pará) fue adoptada por
Colombia a través de la Ley 248 de 1995. Este instrumento reconoce la violencia
de género como una manifestación de relaciones de poder desiguales y
establece que su erradicación es esencial para el desarrollo y la participación
equitativa de las mujeres en la sociedad. Define la violencia contra la mujer como
“[c]ualquier acción que cause daño físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito
público como privado” y consagra el derecho de todas las mujeres a vivir libres
de violencia y discriminación.

En cuanto al ordenamiento interno, el artículo 13 de la Constitución Política
reconoce el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación contra las
mujeres. Dispone que “[t]odas las personas son iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo”, mientras que el
artículo 43 constitucional garantiza la igualdad entre los hombres y las mujeres al
prescribir que “[l]a mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades” y
que esta “[n]o podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.

En línea con las disposiciones referidas, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido de manera pacífica el derecho fundamental de las mujeres a la
igualdad y a la no discriminación en razón de su género como presupuesto para
la satisfacción del derecho a una vida libre de violencia. Ello se puede rastrear,
por ejemplo, en la sentencia T-212 de 202126, en la que se estudió una acción de
tutela presentada en contra del presidente del Club Deportes Tolima, por
comentarios discriminatorios realizados en una rueda de prensa el 20 de
diciembre de 2018 sobre el fútbol femenino —al afirmar que era "un caldo de
cultivo del lesbianismo"—.

Allí se enfatizó en los perjuicios que comentarios de esta naturaleza generan en
las mujeres, contexto en el cual, con apoyo en la academia, se sugiere responder

26 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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tres preguntas clave: “¿Se está negando un beneficio a las mujeres debido a la
existencia de un estereotipo de género? ¿Se les está imponiendo una carga por
la presencia de dicho estereotipo? ¿Se degrada, minimiza su dignidad o margina
a las mujeres de alguna manera a causa de ese estereotipo?”

Por su parte, en la Sentencia T-087 de 202327, se aborda de manera directa la
violencia en línea dirigida a mujeres periodistas, reflejando la tesis imperante en
relación con la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia
digital por razones de género, entendiendo que la violencia de este tipo, derivada
de los roles socioculturales asignados, representa una lesión a los derechos
humanos y un obstáculo para la igualdad. En este contexto, se invoca la
Convención de Belém do Pará como un marco fundamental para la defensa de
los derechos de las mujeres, que propone mecanismos de protección y resalta la
importancia de su participación activa en la sociedad.

La Corte acudió al “[i]nforme de la Relatora Especial sobre la violencia contra la
mujer, sus causas y consecuencias, acerca de la violencia en línea contra las
mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos” para definir
la violencia en línea como “(…) todo acto de violencia por razón de género contra
la mujer cometido, con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las
TIC, o agravado por este, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes,
Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una
mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”.

Recordó que en decisiones previas había señalado que esta forma de violencia
es multidimensional y se manifiesta en daños psicológicos, aislamiento social y
restricciones en la movilidad y abarca la reproducción de estereotipos de género,
la difusión de contenido denigrante o la exclusión digital motivada por cuestiones
de género y que este fenómeno requiere que los Estados implementen medidas
de prevención y mecanismos judiciales efectivos.

De la lectura de la providencia queda claro que, a pesar de las recomendaciones
de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y ONU Mujeres, Colombia
carece de una regulación específica para la violencia digital, lo que dificulta el
acceso a la justicia y perpetúa la impunidad. A juicio de la Corte, la ausencia de
un marco jurídico integral impide la protección adecuada de las mujeres,
especialmente de grupos vulnerables como periodistas y defensoras de derechos
humanos, quienes son frecuentemente víctimas de violencia facilitada por las
TIC.

Para la Corte Constitucional, la violencia digital no se reduce a un fenómeno
técnico, sino que también representa un problema profundamente arraigado en
percepciones culturales y de género. De tal forma, se enfatizó que esta forma de
violencia, a menudo misógina y sexualizada, limita la libertad de expresión de las
mujeres y puede llevar a la autocensura.

27 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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3.1.2. Derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación

En este punto, cabe destacar que tanto a nivel interno como internacional existen
diferentes instrumentos normativos que tienen como fin prever que toda persona,
sin distinción alguna, disfrute de sus derechos, incluido el derecho a ser protegido
contra la discriminación por diferentes motivos, entre, el género.

En el marco del sistema universal de protección de los derechos humanos, la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establecen salvaguardias para el ejercicio del derecho de las mujeres a la libertad
de expresión en condiciones de igualdad.

En este contexto, el artículo 7 de la CEDAW dispone que "los Estados Parte
tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer en la vida política y pública del país". De tal forma, la CEWAD busca
erradicar la discriminación mencionada en su artículo 1°, promoviendo la igualdad
de derechos humanos y libertades fundamentales en todas las esferas de la
sociedad. Para lograrlo, los Estados parte deben implementar medidas que
aceleren la igualdad de facto entre hombres y mujeres, conforme al artículo 4 de
la convención.

Por su parte, el artículo 19 del Pacto Internacional reconoce el derecho a la
libertad de expresión para todas las personas, prohibiendo la discriminación por
motivos de sexo o género, mientras que el artículo 3 garantiza que "los hombres
y las mujeres tienen igual derecho a disfrutar de todos los derechos económicos,
sociales y culturales enunciados en el Pacto".

En el orden constitucional, el artículo 13 precisa que todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo. De igual manera, impone al Estado el deber
de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.

Este derecho se materializa de diversas formas como el principio de igualdad
ante la ley, el principio de igualdad en el contenido de la ley, la igualdad en la
aplicación de la ley y en el derecho a la no discriminación.

Según la ONU “un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio
generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen
o deberían poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o
deberían desempeñar”28.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (Comisión

28 Cfr. https://www.ohchr.org/es/women/gender-stereotyping, consultado el 16 de octubre de 2024.

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Interamericana de Derechos Humanos), en su informe sobre “Mujeres periodistas
y Libertad de expresión”, destacó los riesgos específicos que enfrentan las
mujeres en el ejercicio del periodismo; y, en línea con este instrumento, en la
Sentencia T-140 de 2021 la Corte Constitucional subrayó que la participación de
las mujeres en los medios de comunicación fortalece la democracia y materializa
la igualdad de género y que "(…) la libertad de expresión sin igualdad de género
queda reducida en sus alcances y significado para la democracia, pues dejaría
de lado las voces y perspectivas de la mitad de la población mundial".

Ahora bien, debe precisarse que la labor judicial en general, y la del juez
constitucional en especial, no puede aislarse del reconocimiento de tal
circunstancia, y que su rol en el Estado Social de Derecho le impone el deber de
estudiar la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminación
entre los sujetos – hoy tutelantes- o asimetrías que obliguen a romper esa
desigualdad, de acuerdo con las categorías sospechosas que ha desarrollado la
Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-115 de 201729, sin que este
análisis implique la variación de la realidad en beneficio de un extremo del
proceso.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que:

“(…) analizar con perspectiva de género los casos concretos donde son
parte mujeres afectadas o víctimas: i) no implica una actuación
parcializada del juez en su favor; reclama, al contrario, su
independencia e imparcialidad y ii) ello comporta la necesidad de que
su juicio no perpetúe estereotipos de género discriminatorios, y; iii) en
tal sentido, la actuación del juez al analizar una problemática como la
de la violencia contra la mujer, exige un abordaje multinivel, pues, el
conjunto de documentos internacionales que han visibilizado la
temática en cuestión -constituyan o no bloque de constitucionalidad-
son referentes necesarios al construir una interpretación pro fémina,
esto es, una consideración del caso concreto que involucre el espectro
sociológico o de contexto que describe el calamitoso estado de cosas,
en punto de la discriminación ejercida sobre la mujer. (...)”30

3.1.3. Los derechos analizados en el caso concreto

Las accionantes relacionaron como primer hecho vulnerador la intervención
durante la ceremonia de posesión de Iris Marín Ortiz, como la primera mujer
Defensora del Pueblo. Pronunciamiento realizado el 30 de agosto de 2024 y
posteriormente, retransmitido como alocución presidencial del 1° de septiembre
de 2024.

29 M.P. Alejandro Linares cantillo: “El carácter sospechoso de un criterio de diferenciación hace referencia a

las categorías que “(i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden
prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) esas características han estado sometidas,
históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per
se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racionales y equitativos
de bienes, derechos o cargas sociales”. Se trata de criterios cuyo “uso ha estado históricamente asociado a
prácticas que tienden a subvalorar y a colocar en situaciones de desventaja a ciertas personas o grupos,
v.gr. mujeres, negros, homosexuales, indígenas, entre otros”. Cfr., entre otras, las sentencias C-481 de 1998
M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-371 de 2000 M. P. Carlos Gaviria Díaz.
30 Corte Constitucional. Sentencia SU-080 de 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Al constatar el pronunciamiento del señor Petro Urrego, se advierte que la
expresión reprochada hace parte de una intervención en la cual se abordaron,
entre otras, cuestiones relacionadas con la situación de los derechos humanos
en Colombia y con el rol de las mujeres en un Estado democrático, en los
siguientes términos:

"(...) Y por eso quise Iris, que la terna para la Defensoría del Pueblo
fuese de mujeres. Quién más puede defender al pueblo de Colombia
de sus vicisitudes, de su desprotección permanente, si no son las
mujeres las que tienen que tomar las banderas que dejamos a media
asta, a media victoria. Medio victoriosas, medio ensuciadas de sangre,
medio enlodadas por la traición.

(…)

No hay pueblo más desprotegido en el mundo que el pueblo de
Colombia, porque su Estado, el que creó él mismo, que debería ser su
protector, se convirtió en su verdugo y asesino, un Estado asesinando
al pueblo, torturándolo, masacrándolo, vejándolo, como si no supiera
que su origen mismo es el pueblo mismo, como dice el Himno Nacional
y como decían nuestros libertadores, un Estado que asesina y entre
más asesine, entonces tiene que haber más defensores y defensoras,
porque como yo aprendí desde chiquito, no nos podemos silenciar ante
la injusticia.

Siempre tiene que brillar la palabra y la denuncia, el sirirí permanente
que me enseñaron las mujeres, hasta lograrlo, de tanto y tanto batallar
y hablar y hablar, lograr el objetivo, que no es más que el objetivo de
la justicia para los seres humanos en Colombia, para que no haya más
masacre, para que no haya más sangre derramada de pobres, para
que no haya más jóvenes torturados simplemente porque son rebeldes.
(…)”31.

Entre las consideraciones, se refirió a la estigmatización de jóvenes partícipes de
la protesta social, especialmente por parte del Estado y otros actores sociales,
puntualizando:

“Esos jóvenes somos nosotros también, esos jóvenes son Bolívar de
nuevo resucitado en sus almas. Bolívar, decía el poeta, resucita cada
200 años y ha resucitado entre nosotros, entre ustedes mujeres que de
nuevo la unan para que libre su batalla.

Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles, los mismos que
hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá,
multiplicado por tres lo hicieron en Colombia hace tres años.
¡Hipócritas! Ven dictadores afuera pero no ven su propia dictadura y su
propia podredumbre adentro. Bueno los jóvenes que protestan allá,
pero malo los jóvenes que protestan acá, las periodistas del poder, las
muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta
y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!

Ahora le toca a usted, Defensora, defenderlos contra ese Fiscal de la

31 Cfr. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Palabras-del-presidente-Gustavo-Petro-Urrego-en-
el-acto-de-posesion-de-la-D-240830.aspx. Consultado el 16 de octubre de 2024.

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ignominia, de la ignorancia, de los que creyeron que, por ser hijos de
papi, mami y estudiar en la misma universidad, tenían el privilegio de
dictaminar las decisiones sobre nuestro pueblo y condenarlo a la
injusticia. Hay que deshacer el entuerto, como decía el Quijote de la
Mancha: ‘Por el camino voy deshaciendo entuertos, cabalgando mi
rocinante, llevándome aldaba y mi lanza y con mi escudero al lado para
que no me pase nada malo, puedo ir por todos los rincones del mundo
cabalgando, deshaciendo los entuertos de la injusticia”32 (subrayado de
la Sala).

El fragmento subrayado corresponde al identificado como lesivo de los derechos
fundamentales de las accionantes, quienes expresan que este pronunciamiento
produjo una oleada de reacciones en redes sociales y manifestaciones de
rechazo a la expresión utilizada por el presidente. En especial, el 31 de agosto
de 2024 el periódico El nuevo siglo publicó en redes sociales una nota acerca de
las críticas al calificativo de “muñecas de la mafia” acuñado por el accionado,
quien, en respuesta, precisó el alcance de su manifestación indicado: “No, amigo,
@ElNuevoSiglo, no desinformes. Las periodistas no son muñecas de la mafia,
pero la mafia ha tenido periodistas a sueldo, o se nos olvidó. Periodismo es
investigar la verdad del poder”33.

Visto lo anterior, la Sala considera que la expresión reprochada debe leerse en
relación con el conjunto al que corresponde, que comprende, primero, las demás
afirmaciones presentadas durante la ceremonia de posesión de la Defensora del
Pueblo y, segundo, la precisión posterior del 31 de agosto de 2024, en la cual, de
manera expresa, el accionado señaló que “las periodistas no son muñecas de la
mafia” y, de manera genérica, agregó que “(…) la mafia ha tenido periodistas a
sueldo”, expresando y precisando con ello su opinión sobre el periodismo en la
historia de Colombia, con lo que, inclusive, podría concluirse que se satisfizo lo
pretendido en la solicitud de amparo.

Además, cabe precisar que, como fue expuesto en la solicitud de amparo para
concluir que no se debía solicitar una previa retractación, el pronunciamiento del
accionado corresponde a un discurso de opinión y, por su naturaleza, no
constituye objeto de rectificación, en la medida en que no versa sobre un dato o
información que, en ausencia de veracidad, pueda atentar contra el derecho a la
honra o el buen nombre de una periodista en particular. En otras palabras, por
tratarse de un discurso de opinión, no procedían ni la retractación, ni la
rectificación y en cuanto a la estigmatización, el emisor de la opinión precisó su
afirmación, como quedó acreditado en este proceso.

Finalmente, parte de los argumentos de la solicitud de amparo se relacionan con
las actuaciones de diferentes usuarios de redes sociales, una vez fue empleada
la expresión reprochada en la alocución presidencial, quienes, según se expresa,
desataron una reiterada y violenta afrenta respecto de múltiples periodistas en
uso de los mismos términos. Sobre este punto, es necesario advertir que en la
32 Ibid.
33 Tomado de la captura de pantalla que acompaña la relación de hechos de la acción de tutela, de la cuenta

de X (Twitter) del accionado.

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voluntad del señor Petro Urrego se encontraba esclarecer el alcance de su
manifestación, como en efecto ocurrió el 31 de agosto de 2024; no así en relación
con las opiniones de los usuarios de redes sociales, quienes, por su naturaleza,
escapan del control del accionado.

En ese orden, la Sala no desconoce el amplio despliegue de violencia en línea
en contra de las mujeres periodistas, como se advirtió de manera preliminar, pero
esta no es particularmente atribuible al accionado en atención a los hechos
relacionados, por lo cual, en la parte resolutiva de esta providencia, se negará el
amparo solicitado.

3.2. En relación con el presunto patrón de estigmatizaciones del presidente
de la República en contra de la prensa

3.2.1. Sobre el derecho a la libertad de expresión

El marco jurídico interamericano- de necesaria integración al derecho nacional
como consecuencia de las cláusulas constitucionales de apertura del orden
interno a los estándares internacionales- cuenta con diferentes instrumentos que
dan alto valor a la libertad de expresión, entre ellos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículo 19; la Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículo 19; la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
artículo 13 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
artículo IV.

La lectura de tales instrumentos permite señalar que en la base de la protección
a la libertad de expresión residen la dignidad humana y la autonomía, y el
fundamento de su protección se sustenta en el papel instrumental que
desempeña en el ejercicio de otros derechos en los sistemas democráticos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en ejercicio de su
función consultiva, emitió la Opinión Consultiva OC-5/85 sobre la colegiación
obligatoria de periodistas en la cual señaló que la libertad de expresión
desempeña un rol esencial en la construcción y sostenimiento de una sociedad
verdaderamente democrática, en el siguiente sentido:

“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma
de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de
la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los
partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales,
y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan
desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad,
a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por
ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada
no es plenamente libre”.

En el ordenamiento interno, el artículo 20 constitucional consagra la libertad de
expresión como derecho fundamental, reconociendo el derecho a "informar y

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recibir información veraz e imparcial". Este derecho no solo protege a todas las
personas, sino que garantiza la posibilidad de comunicar pensamientos,
opiniones, ideas y creencias por cualquier medio disponible, ya sea oral, escrito,
impreso o artístico, así como el derecho a no ser molestado por dichas
expresiones. Tanto la forma de expresar las ideas como los medios utilizados
para difundirlas cuentan con protección constitucional.

Sobre su alcance, la Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones dentro
de la libertad de expresión: la libertad de opinión, que protege "la transmisión de
pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien se
expresa"34, y la libertad de información, que ampara "la comunicación de
versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios,
personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere
de lo que está ocurriendo".35

Para determinar el grado de protección de la libertad de expresión cuando entra
en conflicto con los derechos de terceros, la jurisprudencia constitucional ha
establecido ciertos parámetros: (i) quién comunica; (ii) sobre qué o quién se
comunica; (iii) a quién se comunica; (iv) cómo se comunica; y (v) por qué medio
se comunica36. En ese escenario, se ha señalado que deben valorarse
cuidadosamente las características específicas de cada medio y el contexto en
el que este se usa en cada caso concreto, porque “(...) los parámetros
constitucionales deben analizarse en conjunto en cada caso y no de manera
inconexa, ya que todos ellos están relacionados directa o indirectamente, por lo
que sólo su valoración agregada permitirá resolver de forma adecuada la tensión
entre derechos”37.

Cabe precisar que tales parámetros no constituyen una lista taxativa de todos los
aspectos que se deben tener en cuenta al momento de resolver un conflicto entre
el derecho a la libertad de expresión y los derechos de terceras personas, pues
como se ha aceptado jurisprudencialmente:

“(...) las particularidades de cada caso pueden ser infinitas, por lo que
tales parámetros, lejos de constituirse en unos criterios cerrados y
definitivos, sólo son una guía, (...) para orientar la labor del juez al
resolver cada caso, quien siempre debe partir de la especial protección
que tiene el derecho a la libertad de expresión en nuestro ordenamiento
y, por tanto, encontrar el remedio judicial más adecuado para no
sacrificar innecesariamente tal derecho y garantizar el máximo margen
posible de expresión libre de cualquier interferencia”38 (subrayas de la
Sala).

Esta línea también se sostiene por la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Corte IDH, quien en el documento Marco jurídico interamericano
sobre el derecho a la libertad de expresión. OEA/Ser.L/V/II Corte

34 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-546 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
35 Ibid.
36 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-155 del 4 de abril de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
37 Ibid.
38 Ibid.

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IDH/RELE/INF.2/09, 30 diciembre 2009, señaló que “(...) El alcance y contenido
de los deberes y las responsabilidades [de la libertad de expresión] dependerá,
en todo caso, del contexto, las circunstancias, el contenido de la expresión, el
medio utilizado para difundirla y la audiencia o receptor al que está destinada”
(corchetes de la Sala).

De allí que, por ejemplo, en la Sentencia T-386 de 202139, distinguió entre
afirmaciones genéricas y específicas, señalando que únicamente las segundas
vulneran derechos fundamentales:

“(i) Afirmaciones genéricas: Son aquellas emitidas de forma tal que
hacen referencia a un género en general, sin la intención de involucrar
a una persona o grupo determinado o determinable, debido a su
imprecisión y vaguedad.

(ii) Afirmaciones específicas: Son aquellas emitidas de manera que
permiten identificar que la manifestación involucra a un individuo o
grupo de individuos, ya sea porque quien emite la información lo
determina claramente o porque, a través de un ejercicio deductivo, es
posible establecer su identidad”.

Esta distinción puede contrastarse con lo expuesto en la sentencia T-1191 de
200440, en la que, si bien se analizó la vulneración del derecho al buen nombre y
a la honra, es posible establecer una conexión con el análisis de los discursos en
ambos casos, puntualizando que “[e]n lo que concierne a la alegada amenaza de
los derechos a la vida y a la integridad personal de los miembros de las
organizaciones actoras, la Sala encuentra que esa falta de individualización de
los posibles afectados por los discursos presidenciales lleva a concluir que no se
presentó un riesgo cierto y objetivo en cabeza de los demandantes”.

De esta manera, se refuerza el criterio según el cual, en ausencia de una
individualización clara o de un grupo determinable, las afirmaciones genéricas no
constituyen una vulneración directa de derechos fundamentales. En contraste,
las afirmaciones específicas sí pueden causar dicha afectación, como se planteó
en la Sentencia T-386 de 2021.

3.2.2. Libertad de expresión de los funcionarios públicos: límites

Es importante destacar que los funcionarios públicos enfrentan restricciones más
estrictas respecto a su libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones, en
comparación con los ciudadanos comunes. Tanto la jurisprudencia constitucional
como la Corte IDH han subrayado esta distinción. La última ha señalado que es
legítimo e, incluso, un deber que las autoridades se pronuncien sobre cuestiones
de interés público. Sin embargo, deben constatar de manera razonable, aunque
no exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones y actuar con
mayor diligencia que los particulares, dada la credibilidad de sus declaraciones y

39 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
40 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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para evitar que el público reciba versiones distorsionadas de los hechos41.

La jurisprudencia constitucional reconoce que el impacto de las declaraciones de
los funcionarios públicos es mucho mayor debido a la confianza y credibilidad que
les otorgan los ciudadanos. Por esta razón, se exige una mayor diligencia en sus
opiniones, tal como se menciona en la Sentencia T-155 de 2019.

En cuanto al ejercicio del poder-deber de comunicación, se ha señalado que los
funcionarios públicos tienen mayores responsabilidades, entre ellas: (i) el respeto
y garantía de los derechos de las personas; (ii) la prevención de posibles excesos
en el ejercicio de sus facultades, ya que están investidos de autoridad para
proteger los derechos fundamentales y los principios constitucionales; y (iii) la
responsabilidad adicional en el uso de los medios de comunicación, dado su
mayor acceso a estos42.

Así, los límites del poder-deber de comunicación de los altos funcionarios
públicos incluyen: “(i) la veracidad e imparcialidad cuando transmitan información,
(ii) la mínima justificación fáctica y la razonabilidad de sus opiniones y, en todo
caso, (iii) el respeto de los derechos fundamentales, especialmente de los sujetos
de especial protección constitucional”43.

Por otro lado, al ponderarse el derecho a la libertad de expresión frente a otros
derechos como el buen nombre, la honra y la no discriminación, la Corte ha
señalado que en ciertos casos es constitucional restringir este derecho, como en
aquellos que involucren "actos de discriminación que reproducen la violencia
estructural contra las mujeres en razón a su género u orientación sexual"44.

3.2.3. El derecho a la libertad de expresión analizado en el caso concreto

Como se advierte en el hecho décimo primero de la solicitud de amparo, el 9 de
septiembre de 2024 el presidente Gustavo Petro Urrego suscribió la Directiva 7
de 2024, sobre “Deberes de las y los funcionarios públicos en el ejercicio de la
libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa”. Entre las directrices
que contiene dicho acto, se destacan:

“1. DIRECTRICES GENERALES

Los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, en particular
las que ejercen vocerías desde la investidura oficial, deberán:

1. Evitar que sus pronunciamientos generen actos de estigmatización
41 Cita textual en Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”)

vs. Venezuela. Sentencia de 5 de agosto de 2008: “no sólo es legítimo sino que en ciertas ocasiones es un
deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo
están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente
exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún
mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras
a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”
42 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-263 de 19 de abril de 2010. M.P. Juan Carlos Henao)
43 Corte Constitucional. Sentencia T-627 del 10 de agosto de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
44 Corte Constitucional. Sentencia T-212 del 2 de julio de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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o discrimi-nación hacia periodistas, medios de comunicación,
defensores de derechos hu-manos y demás actores relevantes que,
mediante su expresión, contribuyen a la deliberación democrática.
2. Abstenerse de emitir declaraciones que puedan ser interpretadas
como instigaciones a la violencia y discriminación, basados en sus
opiniones, filiaciones políticas o cobertura periodística.
3. Fomentar un ambiente de respeto, diálogo y tolerancia hacia todas
las opiniones y contribuciones al debate público, y reconocer la
importancia de la pluralidad de voces para el fortalecimiento de la
democracia.
4. Abstenerse de emitir contenidos que puedan entenderse como
piezas que instiguen o formen parte del discurso o apología del odio.

(…)

2. PREVENCIÓN DE LA ESTIGMATIZACIÓN

Es deber de las autoridades prevenir la estigmatización y proteger la
integridad de periodistas y medios de comunicación en tanto actores
centrales del debate público, asegurando que los pronunciamientos
públicos no constituyan formas de injerencia directa o indirecta en sus
derechos, y, por el contrario, contribuyan al fortalecimiento y la
promoción de la deliberación pública. Ello, a fin de evitar exacerbar la
situación de vulnerabilidad inherente a la labor de periodistas,
comunicadores y personas defensoras de derechos humanos,
especialmente en contextos de alta polarización y conflictividad social.

Para ello, se recomienda a las y los funcionarios públicos:

1. Adoptar un enfoque de comunicación respetuoso de las ideas y los
interlocutores, que evite tanto etiquetas indiscriminadas hacia los
medios de comunicación por sus líneas editoriales, como un discurso
estigmatizante que individualice a periodistas.
2. Que, en el momento en que consideren que se está difundiendo
información contraria a la verdad, parcializada, descontextualizada o
estigmatizante, o que vulnera los derechos de una población, deben
brindar información suficiente para la rectificación, complementación o
corrección necesaria, sin recurrir a la descalificación o descrédito.
3. Que, en situaciones de interacción con la prensa, como las ruedas
de prensa y entrevistas, las y los periodistas y comunicadores deben
ser tratados/as con respeto y garantizar que todas las personas
participantes tengan oportunidades equitati-vas de formular preguntas,
sin discriminación alguna.
4. Antes de hacer declaraciones públicas sobre el trabajo de
investigación de periodistas, especialmente en asuntos de interés
público, asegurarse de contar con datos precisos y verificados.
5. Adoptar y coordinar todas las medidas necesarias para que
periodistas y medios de comunicación ejerzan de manera libre, sin
presiones ni injerencias indebidas, sus libertades de expresión, opinión
e información”.

Al respecto, dentro de las órdenes que se solicita impartir se encuentra la
modificación de la citada directiva para que “(…) también incluya al Presidente o
Presidenta de la República”, sobre lo cual cabe desatacar que el presidente,
como todas las autoridades, se encuentra sometido al cabal cumplimiento de la
Constitución y la ley, en virtud del principio de legalidad que irradia el Estado
Social y Democrático de Derecho.

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11001-03-15-000-2024-04901-00

En esos términos, con la expedición de la directiva presidencial, donde se
dispone un mandato general para los funcionarios públicos del país, debe
entenderse que él, como emisor del acto, es el primer llamado a cumplir con las
directrices allí contenidas. En otras palabras, con la expedición de la Directiva 7
de 2024, el presidente, más que una orden general para los miembros de la
Administración, se comprometió a cumplir con las garantías y conductas que allí
se prevén para el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de
prensa.

Además, la Directiva Presidencial constituye la manifestación de una voluntad
unilateral de garantizar la libertad de expresión, desarrollar estrategias para la
disminución de las expresiones violentas, prevenir la estigmatización y promover
el debate público, inclusivo y respetuoso, tanto en los medios de comunicación
como en las redes sociales y, en general, en espacios de opinión.

Lo anterior significa que sobrevino un hecho que modificó el sustento fáctico para
la invocación del derecho fundamental presuntamente vulnerado, y es que, en
virtud de esta directriz, no tiene objeto que el juez constitucional emita una nueva
orden de amparo, siempre que el accionado ha satisfecho aquella finalidad
oficiosamente, por lo que se está ante un escenario de carencia actual de objeto
por sustracción de materia.

La carencia actual de objeto, en su forma de sustracción de materia, se ha
entendido como aquel escenario en el cual los supuestos de hecho que dan lugar
a la amenaza o lesión de los derechos invocados desaparecen, porque sobre el
asunto debatido ya hay una solución y, en consecuencia, no existe objeto jurídico
para tutelar45; o, en otras palabras, por un hecho sobreviniente, “(…) deja de
existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una
decisión”46.

Finalmente, para la Sala no es procedente sostener que, pese a la firma de la
Directiva, durante el evento de su presentación oficial el accionado reiteró
manifestaciones estigmatizantes, porque, de nuevo, se impone el deber de
realizar una lectura integral de su intervención:

“(...) Mi primer encuentro con la comunicación del poder, porque hay
comunicaciones de todos los sectores de la sociedad, podemos llamar
a eso la Comunicación Social.

Habermas, que no ha muerto, creo todavía exponente de la Escuela
de Frankfurt, filosóficamente hablando, la Escuela de Frankfurt fue la
escuela resistente a Hitler desde la filosofía alemana, uno de sus
integrantes más famosos es Walter Benjamín, —nosotros decimos
Benjamín creo que ellos dicen Benjamín judío—, se suicidó antes de
que los nazis lo cogieran en la frontera escapando de Francia, en los
Pirineos, se suicidó uno de los mejores cerebros de Alemania, joven.
45 Al respecto, Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-204 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
46 Corte Constitucional. Sentencia T-607 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.

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11001-03-15-000-2024-04901-00

Bueno, esa escuela es Habermas, que aún está vivo, —y Habermas
es el gran teórico la comunicación social—, que yo creo que dije algún
discurso, en toda la Facultad de Comunicación Social debe ser como
el libro básico, igual que Ricardo David y Smith y Marx, son los de la
economía.
(…)
Entonces hoy se puede restablecer una comunicación social, es decir
entre la pluralidad de la sociedad colombiana, sin negar ninguna o
tenemos que escuchar solo la comunicación del poder como lo hizo
Goebbels, que fue lo que le pregunté a usted doctor, director de la
FLIP.
(…)
¿Por qué el silencio ante el golpe de Pinochet en Chile? Incluso
Pinochet comenzó el golpe con eso: la hora del silencio, dijo, y
consistió en que mandó sus aviones a bombardear las emisoras de
radio para que el Gobierno no se pudiera comunicar con su pueblo. El
Gobierno elegido popularmente. Fue el primer acto del golpe de
Estado de Pinochet, quedó Allende encerrado en el palacio y solo se
pudo comunicar con una sola emisora cuya grabación es la que se
repite y se repite durante todos estos años como el único testimonio
de lo que pasó Allende en el Palacio. Vivimos lo mismo (...)”47.

De esa forma, al presentarse una situación que modificó el sustento fáctico de la
solicitud de amparo constitucional, en la medida en que la expedición de la
referida directriz satisface la finalidad perseguida por la vía de la acción de tutela,
en la parte resolutiva de esta providencia se declarará la carencia actual de objeto
por sustracción de materia.

Para finalizar, la Sala precisa que no avala expresiones como las pronunciadas
por el primer mandatario, pues ese no es el lenguaje que se espera de quien
representa la unidad nacional, y que eventualmente pueden derivar en
estigmatizaciones o discriminaciones. Sin embargo, ante los hechos que dieron
lugar a la presente acción constitucional, las circunstancias que presuntamente
constituían violación a derechos fundamentales desaparecieron y por ello no es
necesaria la intervención del juez constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Germán Calderón España en contra del presidente de la República Gustavo
Petro Urrego y coadyuvada por la señora María Andrea Nieto Romero.

Segundo. Negar la solicitud de amparo formulada por las organizaciones EL
VEINTE, FLIP y por las ciudadanas Ana Cristina Restrepo Jiménez, Camila Inés
47 Cfr. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Palabras-del-presidente-Gustavo-Petro-durante-la-
firma-de-la-Directiva-sobr-240909.aspx. Consultado el 16 de octubre de 2024.

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11001-03-15-000-2024-04901-00

Zuluaga Suárez, Catalina Ruiz Navarro, Claudia Julieta Duque Orrego, Diana
María Salinas Plaza, Jineth Bedoya Lima, Jineth Alicia Prieto Velasco, Juanita
Vélez Falla, Laura Ardila Arrieta, María Jimena Duzán Sáenz, María Fernanda
Fitzgerald Galindo, María Paulina Baena, Paola Herrera, Pilar Cuartas Rodríguez,
Sara Trejos, Tatiana Duque, Claudia Carolina Báez, María Paula Martínez y Luz
María Sierra Lopera, en contra del presidente de la República, en relación con
los derechos a una vida libre de violencia y a la igualdad y no discriminación y a
la libertad de expresión, con ocasión de las declaraciones del 30 de agosto de
2024, retransmitidas el 1° de septiembre de 2024.

Tercero. Declarar la carencia actual de objeto por sustracción de materia en la
acción de tutela promovida por las organizaciones EL VEINTE, FLIP y por las
ciudadanas Ana Cristina Restrepo Jiménez, Camila Inés Zuluaga Suárez,
Catalina Ruiz Navarro, Claudia Julieta Duque Orrego, Diana María Salinas Plaza,
Jineth Bedoya Lima, Jineth Alicia Prieto Velasco, Juanita Vélez Falla, Laura Ardila
Arrieta, María Jimena Duzán Sáenz, María Fernanda Fitzgerald Galindo, María
Paulina Baena, Paola Herrera, Pilar Cuartas Rodríguez, Sara Trejos, Tatiana
Duque, Claudia Carolina Báez, María Paula Martínez y Luz María Sierra Lopera,
en contra del presidente de la República, en relación con el derecho a la libertad
de expresión y a la igualdad y no discriminación, en los términos y por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente con permiso

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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