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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05079-00

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05079-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por la señora Luz Stella López Vargas, contra el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Primera de Decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, terceros y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05079-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

31 de octubre de 2024

Demandante: Luz Stella López Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05079-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05079-00
Demandante: LUZ STELLA LÓPEZ VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SALA
PRIMERA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente – no
acreditación del requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por la
señora Luz Stella López Vargas contra el Tribunal Administrativo de Risaralda -
Sala Primera de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La señora Luz Stella López Vargas, actuando a través de apoderada
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda
• Sala Primera de Decisión1. La accionante considera que le fueron vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia.

2. A juicio de la parte actora, las anteriores garantías constitucionales se
materializaron con la sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por la autoridad
judicial accionada. En dicha providencia se revocó la decisión de primera
instancia expedida el 11 de mayo de 2020 por el Juzgado 6° Administrativo de
Pereira, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su
lugar, negarlas2.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1
La solicitud de amparo fue radicada el 20 de septiembre de 2024 a través de correo electrónico.
2
Ello al interior del medio de reparación directa identificado con el radicado 66001-33-33-001-
2016-00283-01.

1
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Demandante: Luz Stella López Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05079-00

1.- Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de mi representada, señora LUZ STELLA LÓPEZ
VARGAS, C.C. 42.060.192.
2.- Declarar que la Sentencia de fecha 25 de julio de 2024, emitida por el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión, al
incurrir en vía de hecho, violó los derechos fundamentales debido proceso y
acceso a la administración de justicia de mi representada, señora LUZ STELLA
LÓPEZ VARGAS, C.C. 42.060.192.
3.- Revocar la Sentencia de fecha 25 de julio de 2024, emitida por el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión, y en su
lugar se emita un nuevo fallo, accediendo a las pretensiones de mi representada,
ordenando al Municipio de Pereira de Risaralda el reconocimiento y pago de los
valores solicitados en la demanda como reparación del daño causado, con motivo
de la omisión del MUNICIPIO DE PEREIRA en producir el nombramiento en
período de prueba y el nombramiento en propiedad, al que tenía derecho, la
señora LUZ STELLA LÓPEZ VARGAS, C.C. 42.060.192. [Sic a toda la cita].

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:

4. La señora Luz Stella López Vargas ejerció el medio control de reparación
directa en contra del municipio de Pereira. Ello, con el fin de que se declarara la
responsabilidad del ente territorial por los perjuicios ocasionados con la omisión
de su nombramiento en el cargo de auxiliar administrativo – código 407 – grado
08 de la Secretaría de Educación de dicha entidad, en virtud de la convocatoria
realizada por la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC).

5. En esencia, la demandante alegó que su nombramiento debió ocurrir en
otra oportunidad a la que realmente sucedió. Esto, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto 1227 de 2005 que autoriza el uso de la lista de elegibles
para la provisión de vacantes definitivas que surgieran con posterioridad. Sin
embargo, la entidad territorial habría emitido oficios para retrasar el
nombramiento y, con ello, los salarios y demás prestaciones sociales a su favor.

6. El conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Juzgado
6° Administrativo del circuito de Pereira. Autoridad judicial que en sentencia del
11 de mayo de 2020 accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

7. Como fundamento de su decisión, el juez estimó que el municipio de
Pereira generó un daño antijuridico al omitir, sin justificación válida, el
nombramiento en periodo de prueba de la señora López Vargas el 15 de mayo
de 2014 (oportunidad en la que debió producirse el nombramiento). Esto, pues
hacía parte de la lista de elegibles conformada por la CNSC para la conformación
de cargos del ente territorial y por ello, debió procurar por su designación.

8. Inconformes con la decisión anterior, los extremos procesales
interpusieron recurso de apelación. En concreto, la demandante adujo que el a
quo incurrió en un error interpretativo en las disposiciones que regulan los
concursos públicos de mérito para proveer vacantes definitivas. Precisó que la

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fecha en que debió haberse efectuado el nombramiento era el 26 de abril de
2012, comoquiera que la firmeza de la lista de elegibles venció el 11 de abril de
esa anualidad.

9. Por su parte, el municipio de Pereira indicó que no hubo una omisión de
su parte al no haber efectuado el nombramiento porque no había ningún
fundamento legal que así lo dispusiera. Mencionó que, la condena era contraria
a la teoría de la relatividad del servicio, comoquiera que el solo transcurso de
tiempo o incumplimiento de plazos procesales no genera de forma automática el
derecho a la indemnización.

10. El Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión
resolvió los recursos de apelación en providencia del 25 de julio de 2024. Allí, el
ad quem revocó la decisión de primer grado y en su lugar negó las pretensiones
de la demanda.

11. Como sustento, expuso que la mera dilación del trámite de un
nombramiento no genera per se, y de manera automática, una responsabilidad
de la administración, pues para ello la mora debía ser injustificada y en el caso
concreto no se había demostrado. Indicó que, aunque se acreditó la existencia
de unas vacantes desiertas para la provisión de cargos de carrera y unas
inicialmente reportadas como ocupadas por nombramientos en provisionalidad,
en cierta medida la prolongación en el proceso de nombramiento no fue irracional.

12. Por el contrario, consideró que la demora fue producto de la falta de
claridad respecto del tránsito legislativo del Decreto 1894 de 2012, que suprimió
la posibilidad de hacer uso de la lista de elegibles para la provisión de cargos en
empleos equivalentes o de inferior jerarquía ubicados dentro del mismo nivel. Y,
a la vigencia de la lista de elegibles de la actora.

1.4. Sustento de la vulneración

13. A juicio de la parte actora, resulta «lamentable» que el Tribunal de
Risaralda avale la negligencia e impericia del municipio de Pereira en perjuicio
de sus derechos fundamentales, en una decisión que es contradictoria porque
aun cuando reconoció la demora injustificada en su nombramiento, revocó la
decisión de primer grado.

14. Precisó que tenía un derecho adquirido a ser nombrada una vez provistas
las vacantes ofertadas, pues era evidente que la lista de elegibles seguía vigente
y, en aplicación del artículo 33 del Decreto 1227 de 2002 debió haber sido
nombrada en otra oportunidad. En ese orden, no era procedente la aplicación
retroactiva del Decreto 1894 de 2012 que eliminó tal posibilidad, como lo
interpretó la autoridad acusada.

15. También expuso que era desafortunado que el juez de segunda instancia
afirmará en la decisión que sus derechos dependían de que el municipio de
Pereira hiciera la solicitud ante la CNSC, ignorando la normatividad aplicable.

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16. Afirmó que hay una «vía de hecho» si se tiene en cuenta que la
providencia cuestionada vulneró de norma flagrante y grosera la Constitución
Política, al avalar la mora injustificada del municipio de Pereira. Lo que, a todas
luces representó una negación del servicio de justifica.

17. Agregó que el tribunal desconoció el certificado expedido por la oficina de
Talento Humano de la Secretaría de Educación, en la cual constaban los cargos
desempeñados en provisionalidad y las vacantes que se debían nombrar.

18. De otro lado, indicó que se desconoció la jurisprudencia de esta
corporación, relacionada con el daño y mora judicial injustificada. En este punto,
iteró que la interpretación del accionada fue errónea porque admitió la
negligencia de su nombramiento con fundamento en la solicitud de debía
presentar el municipio a la CNSC y mencionó que se desconoció lo establecido
en la sentencia SU-962 de 1999 relacionada con las vías de hecho.

19. Expuso que dicha situación originó una evidente desigualdad o trato
laboral discriminatorio, por cuanto a algunos demandantes (jueces y
magistrados) no se les declaró prescripción como a ella.

1.5. Trámite de la acción

20. Por auto de 23 de septiembre de 2024, se admitió la acción constitucional
de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionado al Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión. Asimismo, se vinculó en
calidad de tercero con interés al Juzgado 6° Administrativo del Circuito de Pereira,
al municipio de Pereira y a la Agencia Nacional de Defesa Jurídica del Estado.

21. Posteriormente, en providencia del 10 de octubre de 2024, el despacho
ponente ordenó la vinculación de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, quien
fue llamada en garantía del municipio de Pereira en el proceso ordinario.

1.6. Intervenciones

22. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se rindieron
los siguientes informes:

1.6. 1. Juzgado 6° Administrativo del Circuito de Pereira

23. La autoridad judicial se limitó a remitir el expediente de reparación directa
identificado con el radicado 66001-33-33-001-2016-00283-00.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión

24. Advirtió que la solicitud de amparo se torna improcedente porque no
satisface el requisito general de la relevancia constitucional, comoquiera que no
tiene una relación directa con la presunta afectación de las garantías
constitucionales invocadas.

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25. En ese sentido, expuso que lo pretendido por la accionante es someter el
asunto ya resuelto a una tercera instancia, en la medida que las pretensiones
están encaminadas a que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre la
eventual responsabilidad del ente territorial, aun cuando la controversia fue
zanjada en debida forma al interior del medio de control. Circunstancia que
comporta un abuso de este mecanismo excepcional.

26. Agregó que, de aceptarse lo señalado por la actora, se propiciaría un
nuevo pronunciamiento judicial que vulneraría el debido proceso de la entidad
demanda, máxime cuando no hay fundamento legal para ello.

27. De forma subsidiaria solicitó la negativa de la acción imperada, porque
considera que no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales aludida.
Por el contrario, la sentencia se fundamentó en el amplio marco normativo y
jurisprudencial de la materia. También, con fundamento en los elementos de
juicio recaudados y las reglas de la sana crítica.

1.6.3. Alcaldía de Pereira

28. Indicó que los hechos narrados por la parte actora no demostraban cuáles
fueron los supuestos en los que habría errado el tribunal enjuiciado. Por el
contrario, se evidenciaba que se agotaron dos instancias en las que se le
garantizó el derecho de contracción.

29. Asimismo, señaló que la supuesta transgresión a su garantía fundamental
de acceso a la administración de justicia se invocó por su desacuerdo con la
decisión inicial. En ese orden, solicitó la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela.

1.6.4. La Agencia Nacional de Defesa Jurídica del Estado y La Previsora S.A.
Compañía de Seguros; pese a ser debidamente notificadas, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

30. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por la señora Luz Stella López Vargas. Esto, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991 y el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento

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de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

32. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que la señora Luz Stella
López Vargas conformó el extremo demandante en el medio de control de
reparación directa en el que se profirió la providencia aquí cuestionada. Por tanto,
gozan de legitimación en la causa por activa.

33. Por otro lado, la Sala estima que Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Primera de Decisión está legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por
ser la autoridad judicial que dictó la providencia objeto de reproche mediante esta
acción de tutela.

2.4. Problema jurídico

34. Teniendo en cuenta la naturaleza de acción ejercida y el acto jurídico sobre
el que recae, así como la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?

35. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:

● ¿Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión vulneró
las garantías constitucionales deprecadas por la parte actora al dictar la
providencia del 25 de julio de 2024 que revocó la sentencia de primer grado, que
accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas?

36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.

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contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales5.

38. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia7 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial8.

39. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
6
. Valga señalar que allí se adoptó de manera expresa la postura de la Corte Constitucional
establecida en la sentencia C-590 de 2005 en relación con la procedencia de la acción en contra
providencia judicial, de manera que, por esa vía se asegure la interpretación y aplicación del
contenido de los derechos fundamentales por parte de todos los jueces de la república. Sobre el
punto, véase: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05
de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
8
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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40. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

41. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

42. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en el defecto aludido.

2.6. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional

43. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional9.

44. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó
que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los
criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022,
los cuales fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos
presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

45. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.

46. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

47. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.

48. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.7. Relevancia constitucional en el caso concreto

49. La Sala anticipa que en el presente caso no se acredita el requisito general
de relevancia constitucional, por lo que pasa a exponerse:

50. La parte actora arguye que la autoridad judicial enjuiciada vulneró sus
derechos fundamentales con la decisión dictada el 25 de julio de 2024. Del escrito
de tutela se advierten los siguientes defectos:

• Sustantivo: porque vulneró de norma flagrante y grosera la Constitución
Política y la Ley.

• Fáctico: Desconoció el certificado expedido por la oficina de Talento
Humano de la Secretaría de Educación, en la cual constaban los cargos
desempeñados en provisionalidad y las vacantes que se debían nombrar.

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Demandante: Luz Stella López Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05079-00

• Desconocimiento del precedente: Se pasó por alto la jurisprudencia de
esta corporación, relacionada con el daño y mora judicial injustificada.

51. De los 3 cargos, se extrae que la inconformidad de la señora López está
relacionado con la interpretación que habría hecho el Tribunal Administrativo de
Risaralda respecto de la defensa elevada por el municipio de Pereira, en relación
con la demora de su nombramiento. Por ello, se estudiarán de manera conjunta.

52. En esencia, la controversia tuvo su génesis en el concurso de méritos que
convocó la CNSC para proveer los cargos vacantes de la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira. Aun cuando la actora quedó en la lista de
elegibles, no alcanzó a conformar el puesto para el que se presentó, de manera
que solicitó que en aplicación del artículo 33 del Decreto 1227 del 2005, fuera
nombrada en otra plaza disponible, así esta hubiera sido excluida del concurso.

53. Obra dentro de las piezas procesales constancia de que, en efecto, se
privilegió la aplicación de dicha disposición pese a que ya había entrado a regir
el Decreto 1894 de 2012 que revocó tal aspecto. Por lo que fue posesionada en
el cargo de auxiliar administrativo 407-08, pero con posterioridad y luego de
varios trámites.

54. En atención al intervalo de tiempo que transcurrió entre un momento y
otro, la señora Luz Stella López Vargas alegó que se le generaron perjuicios
materiales y morales, de manera que ejerció el medio de control de reparación
directa. Alegó que su nombramiento debió ocurrir en otra oportunidad a la que
realmente sucedió, por ello, tenía derecho a los salarios y demás prestaciones
sociales desde la fecha en que se debió ocurrir. También, que se le debían
reconocer los perjuicios que generó la dilación.

55. Por su parte, el Tribunal de Risaralda negó las pretensiones porque
consideró que la mera dilación en el trámite del concurso de méritos no generaba
per se y de manera automática una responsabilidad de la administración, ya que,
para ello, la mora debe ser injustificada. Luego, debía valorarse el volumen de
trabajo y los estándares de funcionamiento, entre otros aspectos que, para el
caso concreto, no fueron debidamente demostrados.

56. Esta situación, en sentir de la accionante es contraria a la Ley y la
Constitución pues, pese a que se reconoció la negligencia del municipio de
Pereira, se descartó la responsabilidad del ente territorial en la causación de los
perjuicios sin ningún fundamento jurídico y, por el contrario, aplicando una
interpretación errónea de las disposiciones aplicables al concurso.

57. Con ese contexto, la sala advierte que lo pretendido por la señora Luz
Stella López Vargas es que se surta una tercera instancia, de forma que se
resuelva de manera favorable a sus intereses y con ello, pueda obtener una
reparación de perjuicios, por las demoras que habría sufrido. Por ende, el asunto
no reviste relevancia constitucional.

10
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58. En otras palabras, la actora busca con la solicitud de amparo, que se
suplante la competencia del juez natural de la controversia, de manera que se
adelante el análisis legal de los términos del concurso de méritos convocado por
la CNSC para la provisión de cargos al interior del municipio de Pereira. A partir
de ahí, se concluya que, la entidad excedió la fecha en que debió efectuarse su
nombramiento, por lo que se le generó un perjuicio que debe ser reparado.

59. Aspecto que, a su vez, refleja que lo perseguido es un tema de índole
netamente económico en la medida que, la pretensión final es el reconocimiento
de los perjuiciosos que refiere haber sufrido con ocasión de la tardanza de su
nombramiento.

60. Valga señalar que aun cuando en el escrito de la tutela invocó argumentos
que podrían ser encuadrados como los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente. Los mismos tampoco brindan elementos para
que el juez constitucional advierta prima facie una vulneración de sus garantías
constitucionales que amerita, por tanto, irrumpir el principio de autonomía judicial.

61. Lo que se advierte es un descontento con la decisión que le negó la
reparación de los perjuicios que adujo haber padecido, con ocasión al actuar el
municipio de Pereira en el trámite del concurso. Sin que de allí, se pueda
evidenciar una afectación palmaria de su derecho fundamental al mínimo vital, al
trabajo, a la seguridad social, ni mucho menos al debido proceso o acceso a la
administración de justicia.

62. En este punto, conviene resaltar lo siguiente:

[…] la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia
constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente
económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente
privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela
contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente
en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental
[…] y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios10.

63. Con tal precisión, la sala encuentra que la presente controversia se limita
a la inconformidad de la parte actora con la negativa de pretensiones del medio
de control de reparación directa instaurado por la señora López Vargas. Esto,
porque está en desacuerdo con las consideraciones que adelantó el operador
jurídico en relación con la responsabilidad del ente territorial en su nombramiento
y que negó la posibilidad de recibir algún emolumento a título de indemnización
de perjuicios; por tanto, se trata de un asunto estrictamente privado o particular,
del cual no es posible advertir su inferencia en alguna garantía iusfundamental
que permita advertir la relevancia constitucional del asunto.

64. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran solo los argumentos del
accionante en torno a los perjuicios a los que tiene derecho, sin el contraste de
un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría
contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera instancia11.

65. Por esto, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

I. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por la señora Luz
Stella López Vargas, contra el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Primera
de Decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, terceros y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

12
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