Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05410-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05410-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05410-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05410-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
12 de diciembre de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: CARLOS ARIEL GUERRERO GÓMEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA
TERCERA DE DECISIÓN, CONSEJO DE ESTADO –
SECCIÓN QUINTA Y CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Carlos Ariel
Guerrero Gómez, en contra de las sentencias proferidas el 27 de junio de
2024 y el 26 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Quindío – Sala Tercera de Decisión y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, respectivamente, en los procesos de nulidad electoral
identificados con los radicados nro. 63001 23 33 000 2023 00098 00/02
(principal) y nro. 63001 23 33 000 2023 00097 00/01 (acumulado).
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Carlos Ariel Guerrero Gómez, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de las precipitadas providencias, y
para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] (I) Solicito el amparo de mis derechos fundamentales de
Igualdad ante la Ley y al Debido Proceso en concordancia con
el Derecho de Acceso a la Justicia, conforme lo aquí evidenciado
y lo consagrado en la Constitución Política de Colombia en sus
artículos 13, 29 y 229, en concordancia con el principio de Legalidad
y el principio de buena fe contenido en el artículo 83 superior,
garantizado (sic) la supremacía de la carta política tal y como lo
consagra el artículo 4º de la Constitución Política de Colombia, así
como el orden político justo y el derecho a participar en
política.
(II) Se ordene al Consejo Nacional Electoral, que acate sus funciones
y obligaciones con el respeto al ordenamiento constitucional vigente
y evite promulgar actos administrativos que confundan los derechos
a participar en política, con la posibilidad de desatender la
constitución política de Colombia.
(III) Correspondientemente, se anule lo actuado en el proceso con
radicado nro. 2023-00098 acumulado con el proceso 2023-00097
del tribunal administrativo del Quindío, y conocido por el Consejo de
estado bajo el radicado 63001-2333-000-2023-00098-02.
(IV) Se disponga la nulidad de la elección del señor Felipe Villamil
Ocampo, en los términos del numeral 8º del artículo 275 de la ley
1437 de 2011 (CPACA) y en cumplimiento de las funciones legales
y reglamentarias del Consejo Nacional Electoral, dispuestas en el
artículo 3º del decreto 2085 de 2019 y demás normas concordantes,
por vulneración del proceso de inscripción de candidatos a las
elecciones locales municipales al Concejo (sic) de Armenia en el año
2023.
(V) Consecuentemente se disponga la nulidad del acto de
acreditación como concejal de Armenia del señor Felipe Villamil
Ocampo para el periodo 2024-2027, con efectos retroactivos al
momento de su elección.
(VI) Subsidiariamente, se descuenten los votos obtenidos
indignamente por el ciudadano Felipe Villamil Ocampo en las
elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023 y a nombre del
partido político Nueva Fuerza Democrática, al tenerse viciada su
inscripción como candidato de dicha colectividad política, por el
1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
incumplimiento al régimen de prohibición de la doble militancia
política.
(VII) Se disponga la jurisprudencia aplicable en la materia, que evite
conflictos de interpretación de la valoración probatoria exigida para
la acreditación de condiciones de simpatía política y/o militancia
política en nuestro país […].” (Negrillas y mayúsculas originales del
escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que mediante la Resolución nro. 1549 del 1 de
marzo de 2023, aclarada por la Resolución nro. 2776 del 12 de abril de
2023 y confirmada por la Resolución nro. 4258 del 7 de junio de 2023, el
Consejo Nacional Electoral devolvió la personería jurídica al Partido
Político Nueva Fuerza Democrática, la cual había sido revocada en el año
2006, y estableció las condiciones para el retorno o reincorporación de
simpatizantes y antiguos militantes de dicho partido político.
Indicó que, el 11 de julio de 2023, el señor Felipe Villamil Ocampo se
adhirió al Partido Político Nueva Fuerza Democrática, sin embargo,
consideró que “(…) la inscripción como como (sic) afiliado (…) no cumple
con las condiciones fijadas por el Consejo Nacional Electoral en su
resolución Nº 1549 de marzo 1º de 2023 (…)”2 comoquiera que “(…)
[e]ntre el 1º de marzo de 2023 y el 11 de julio de 2023, corrieron más
de 30 días hábiles, sin que el ciudadano Felipe Villamil Ocampo y el partido
Nueva Fuerza Democrática, adelantarán (sic) actividad alguna para
acreditar las condiciones de “Reincorporación” del ciudadano con dicha
agrupación política en los términos perentorios establecidos por el
Consejo Nacional Electoral la resolución nro. 1549 de marzo 1º de 2023,
en un plazo de 30 días hábiles (…)”3.
2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
3
Ibidem.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
Anotó que, en octubre de 2023, el señor Felipe Villamil Ocampo fue
elegido concejal del municipio de Armenia, Quindío, por el Partido Nueva
Fuerza Democrática para el periodo constitucional 2024-2027.
Al respecto, afirmó que “(…) [e]l ordenamiento constitucional en materia
electoral y el régimen legal que prohíbe la doble militancia política ha sido
viciado con la inscripción como candidato, la campaña política al Concejo
Municipal de Armenia del 2023, la elección y la acreditación por parte de
la organización electoral del ciudadano FELIPE VILLAMIL OCAMPO como
Concejal del Municipio de Armenia para el periodo 2024-2027 (…) tras
haber sido candidato en la campaña política de las elecciones territoriales
del 2023 con aval del partido Nueva Fuerza Democrática, a pesar de
ejercer para la época, como Concejal del municipio de Armenia a nombre
del partido político Colombia Renaciente desde el 1º de enero de 2020,
tras su elección como concejal por el partido Colombia Renaciente en
octubre de 2019, y no haber presentado su renuncia a la curul por lo
menos con doce (12) meses de anticipación al cierre de inscripciones de
las candidaturas, fijado para el 29 de julio de 2023, es decir, sin renunciar
a su curul antes del 29 de julio de 2022 (…)”4.
Sostuvo que “(…) [e]l Consejo Nacional Electoral (…) no ha cumplido con
las obligaciones y funciones de guarda del proceso electoral territorial de
2023, al permitir la inscripción, elección y acreditación como Concejal de
la ciudad de Armenia para el periodo constitucional 2024-2027 de una
persona indigna para participar en el proceso electoral, mientras ella
incurre en causal de Doble militancia política en los términos del artículo
107 superior y del artículo 2º de la ley estatutaria 1475 de 2011 y del
numeral 8º del artículo 275 del CPACA, lesionando de manera directa el
debido proceso y el derecho de igualdad ante la ley para todos los
interesados en mutar su afiliación política y adelantar campañas políticas
en las elecciones territoriales del 2023 (…)”5.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
Señaló que promovió demanda de nulidad electoral en contra de la
elección del señor Felipe Villamil Ocampo como concejal del municipio de
Armenia, Quindío, la cual correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Quindío bajo el radicado nro. 63001 23 33 000 2023
00098 00.
Relató que, mediante sentencia del 27 de junio de 2024 el Tribunal
Administrativo de Quindío negó las pretensiones de la demanda y
reprochó que “(…) luego de un extenso recuento en 57 de sus páginas y
análisis de la doble militancia política, concluye en no más de página y
media, que no es posible exigir prueba adicional a la simple declaración
juramentada del ciudadano Felipe Villamil Ocampo, elevada mediante
escrito en acta de declaración extra proceso nro. 1576 del 6 de julio de la
Notaría Quinta de Armenia, para tenerse satisfecho el medio probatorio
con el cual, dar lugar a su “REINCORPORACI[Ó]N” al partido político
Nueva Fuerza Democrática, a pesar de que no obra en el expediente
procesal, soporte alguno o hecho demostrado que acredite en cualquier
tiempo anterior al 11 de julio de 2023, una relación sostenida en el
pasado, directa y públicamente reconocida por el máximo órganos (sic)
de dirección del partido político Nueva Fuerza Democrática entre el
ciudadano y dicha agrupación política (…)”6.
Comentó que, inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de
apelación y que la Sección Quinta de esta Corporación, en sentencia del
26 de septiembre de 2024, la confirmó.
Precisó que “(…) la sentencia del 26 de septiembre de 2024 del Consejo
de Estado (…) no acoge la prohibición expresa y literal del segundo y
último inciso del articulo 107 superior, ni la estipulación legal vigente
contenida en el artículo 2º de la ley 1475 de 2011, vulnerándose
flagrantemente el principio de legalidad, el principio de confianza legitima,
el principio de igualdad ante la ley y sobre todo la supremacía de la
constitución política como norma de normas, además de dar lugar a una
6
Ibidem.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
aplicación extensiva del principio de la Buena fe, por encima del orden
Constitucional vigente, el trámite de un acto legislativo y una Ley
estatutaria de la República de Colombia (…)”
Advirtió que “(…) en el trámite y decisión del recurso de apelación (…) se
omitió darle tramite a la excepción formulada por el Consejo Nacional
Electoral, relativa a su capacidad por pasiva para tenerse vinculado en el
proceso 2023-00098 (…) con lo cual, se tiene un evidente perjuicio al
debido proceso y al derecho de acceso a la justicia (…)”7.
Agregó que la Sección Quinta en la sentencia de segunda instancia, tuvo
por demostrado que el señor Villamil Ocampo se encontraba amparado
en la excepción para retornar al partido Nueva Fuerza Democrática sin
incurrir en doble militancia. Al respecto, aseveró que no existe “(…)
prueba alguna sumaria de vinculación primigenia o anterior en el pasado
del señor Felipe Villamil Ocampo con la agrupación política Nueva Fuerza
democrática, es decir, antes del 11 de julio de 2023 o antes del 6 de julio
de 2023, cuando ejerc[í]a como Concejal de la ciudad de Armenia, por
elección con el aval del partido político Colombia renaciente y al que
perteneció como militante activo hasta el día 10 de julio de 2023;
Teniéndose además al día de hoy, que la agrupación política Nueva Fuerza
Democrática ya no existe por expresa decisión del mismo Consejo de
Estado, tal y como consta en su fallo del 19 de septiembre de 2024 en el
proceso 2023-00034 (…)”8.
El accionante aseguró que “(…) a la luz de las causales de doble militancia
incorporadas por el acto legislativo 01 de 2003 y por el acto legislativo 01
de 2009 al 107 de la constitución política de Colombia y consagradas en
la ley estatutaria 1475 de 2011, se tiene que el señor Felipe Villamil
Ocampo ha incurrido en causal de Doble Militancia política, y la
consecuencia para dicha vulneración al régimen constitucional y legal
7
Ibidem.
8
Ibidem.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
vigente es la nulidad de la elección de conformidad con el numeral 8 del
artículo 275 del CPACA (…)”9.
Expuso que “(…) [e]l señor Felipe Villamil Ocampo, solamente hasta el día
11 de julio de 2023, diligenció la solicitud de afiliación al partido Nueva
Fuerza democrática, tal y como consta en el numeral 129 del fallo del
Consejo de Estado aquí controvertido en sede constitucional (…) [l]a cuál,
en todo caso NO corresponde a una solicitud de REINCORPORACI[Ó]N,
como erradamente lo interpreta el [C]onsejo de [E]stado (…)”10.
Manifestó que “(…) [e]l hecho probado en la primera instancia y verificado
en segunda instancia, que corresponde a la afiliación del ciudadano Felipe
Villamil Ocampo al partido político Nueva Fuerza democrática del 11 de
julio de 2023, tras su confirmada renuncia al partido político Colombia
Renaciente del 10 de julio de 2023, ha sido tenido e interpretado
erradamente en primera y segunda instancia por los tribunales
competentes, como reincorporación, cuando es realmente una primera
afiliación o incorporación inicial del día 11 de julio de 2023 (…)” 11.
Argumentó que “(…) se tiene evidenciado en el proceso tanto en la
primera, como en la segunda instancia, que el señor Felipe Villamil
Ocampo en su niñez y en su juventud, no pudo pertenecer, ni perteneció
al partido político extinto por la Resolución 1057 de julio 13 de 2006 y
que solo pudo ser revivido temporalmente mediante la Resolución nro.
1549 de 2023 que impuso sendas condiciones para el RETORNO de sus
simpatizantes y antiguos militantes, siendo estas: (i) la solicitud de
reincorporación dentro del plazo establecido y (ii) la acreditación emitida
por el máximo órgano de dirección del partido político, por medio de la
cual se brinde constancia de la relación sostenida en el pasado directa y
públicamente reconocida entre el ciudadano y el partido político, lo cual,
no fue probado en el proceso de nulidad electoral 2023-00098, pero que
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
a la luz del principio de la Buena fe y seguro por la congestión judicial y
el compendio jurisprudencial contenido en la sentencia del 20 de junio de
2024 de la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso con
radicación 63001-2333-000-2024-00007-01, dio lugar al error
interpretativo tanto en el Tribunal Administrativo del Quindío, como en el
Consejo de Estado, puesto que no está demostrado que el señor Felipe
Villamil Ocampo, haya desplegado actividad alguna o relación directa y
públicamente reconocida en el pasado con la organización política la
Nueva Fuerza Democrática, ya porque era menor de 14 años cuando dicho
partido político dejo de existir entre el año 2006 y mientras en el año
2023, el ciudadano ejercía como militante activo del partido político
Colombia Renaciente, por el cual obtuvo en 2019 una curul a la
corporación Consejo Municipal de Armenia, desde el 1º de enero de 2023
y vigente hasta diciembre 31 de 2023 (…)”12.
Resaltó que “(…) basta pues con una simple declaración extemporánea,
fechada el día 06 de julio de 2023, para soportar tanto el fallo de primera
instancia, como el fallo de segunda instancia en el proceso contencioso
2023-00098 acumulado en el proceso 2023-00097, para desconocer las
causales de doble militancia política y sus consecuencias legales
contenidas en la Carta política y en la Ley estatutaria en materia electoral
(…)”13.
En cuanto a los derechos fundamentales que estima vulnerados, explicó
que “(…) el debido proceso en el análisis del caso, en la valoración de las
pruebas y en la decisión a una excepción propuesta en el proceso, no se
surtió (…)”14. En igual sentido, agregó que, el debido proceso no se
cumplió “(…) (i) al obviarse el análisis del compendio probatorio, ni (ii)
respetarse el trámite procesal ordenado por la ley (…)”15.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
Adujo que “(…) el derecho de igualdad ante la ley, se lesiona al privilegiar
una declaración juramentada, proscrita por una (sic) fallo judicial previo,
al dejar sin vigencia las causales de doble militancia política que contiene
el art[í]culo 107 superior (…), así como se deja como norma vacía al
artículo 2º de la Ley Estatutaria Electoral, toda vez que simplemente
cualquier candidato o aspirante a candidato, podrá con una simple
declaración en cualquier tiempo, expresar bajo la gravedad del juramento
y ante notario público en un formato de declaración extra proceso, que
siempre ha sido afín o ha tenido simpatía a uno u otro ideal político o
bandera política de cierta agrupación política, y la misma agrupación,
emite un sencillo certificado de afiliación (no de reincorporación), para
tenerse como permanente y antiguo simpatizante y militante de dicha
organización política (…)”16.
Afirmó que “(…) [e]l acceso a la justicia es vulnerado, al tenerse que tras
el agotamiento del rito procesal para dar lugar a la acción de nulidad
electoral y las reglas procesales, en las extensas sentencias de primera y
segunda instancia en el proceso 2023-00098, la situación jurídica se
resuelve con dos párrafos de seis (6) sencillos renglones, en los cuales,
simplemente se deja de lado la supremacía de la carta política de
Colombia y se le otorga mayor validez y peso jurídico a una auto
declaración que contiene afirmaciones indefinidas, periodos de tiempo
indeterminados, señalamiento a la incapacidad relativa para auto
determinarse, ausencia de la calidad de ciudadano para elegir y ser
elegido (…)”17.
En el acápite denominado “Análisis del cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial”, sostuvo que su solicitud de amparo cumple con el requisito
general de relevancia constitucional comoquiera que “(…) se persigue (…)
salvaguardar la integridad de la Constitución Política y evitar el abuso de
partidos o movimientos políticos e incluso de Grupos significativos de
16
Ibidem.
17
Ibidem.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
ciudadanos y de candidatos que puedan pretender burlar las prohibiciones
constitucionales y legales de DOBLE MILITANCIA POLÍTICA con
fundamento en el “fallo y alcance del mismo” que aquí se controvierte por
la expresa vulneración de derechos fundamentales y conexos objeto de
tutela en relación con el contenido de la Carta Política y el de la ley 1475
de 2011, al tenerse que dicho fallo va en contravía ante la disposición
Constitucional vigente y legal que regula la materia desarrollada por el
artículo 2º de la ley 1475 de 2011, en cumplimiento de la modificación
constitucional realizada por el Acto Legislativo 01 de 2009 que modificó
al artículo 107 superior (…)”18.
Sobre la subsidiariedad indicó que “(…) el medio de control idóneo al tenor
de la ley 1437 de 2011, fue desplegado integra y oportunamente ante su
juez natural (…) no teniendo otro mecanismo judicial contencioso para
controvertir la decisión de segunda instancia, que confirma la decisión de
la primera instancia contenciosa judicial administrativa con el mismo
argumento que negó las evidentes causales de nulidad electoral (…)” 19.
Frente a los demás requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, anotó que su solicitud de amparo los
cumple, comoquiera que (i) está legitimado en la causa; (ii) no se trata
de tutela contra tutela; (iii) a la fecha de la solicitud de amparo no han
transcurrido los 6 meses y se promueve dentro del plazo razonable; e (iv)
identificó los hechos que generaron la vulneración.
En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, precisó que las autoridades accionadas
incurrieron en defecto fáctico, error inducido y violación directa de la
constitución.
Alegó que “(…) no se analizaron ni en primera, ni en segunda instancia,
las pruebas allegadas al proceso, correspondientes a la necesidad,
18
Ibidem.
19
Ibidem.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
pertinencia y conducencia de las mismas, para demostrar la violación
directa de la constitución Política y la interpretación extensiva del principio
de la buena fe, cuando está demostrado e incluso afirmado bajo la
gravedad del juramento por el propio demandado Felipe Villamil Ocampo,
que el día 6 de julio de 2023, iniciaba su gesta con su declaración, para
ser militante del partido político Nueva Fuerza democrática, dando lugar
“al primer momento para iniciar el camino hacia una futura militancia y
seguir sirviendo a la sociedad desde los ideales, sus estatutos y el código
de ética de la organización política” (…), hoy extinta por sentencia del
Consejo de [E]stado, en fallo del 19 de septiembre de 2024, con rad. Nº
2023-00034 (acumulado 2023-00028 y 2023 00040) (…)”20.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 8 de octubre de 202421 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 18 de octubre
de 202422 la admitió y dispuso notificar23 a la Sección Quinta del Consejo
de Estado, a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío y al Consejo Nacional Electoral, como partes accionadas, así como
vincular24 al Partido Político Nueva Fuerza Democrática y a los señores
David Mauricio Marín Tabares, Felipe Villamil Ocampo y Jesús Antonio
Obando Roa, como terceros interesados en el proceso.
De igual forma, solicitó a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío y a la Sección Quinta del Consejo de Estado,
20
Ibidem.
21
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
22
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
23
Esta orden se cumplió el 28 de octubre de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
05410 00.
24
Ibidem.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
que allegaran copia digital o el hipervínculo de consulta de los expedientes
correspondientes a los procesos identificados con los radicados nro.
63001 23 33 000 2023 00098 00/02 (principal) y nro. 63001 23 33 000
2023 00097 00/01 (acumulado), los cuales fueron remitidos25.
3.2. La magistrada ponente de la sentencia de segunda instancia
cuestionada rindió informe26 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela al considerar que no se acreditaron
los requisitos de procedibilidad de la acción, o en su defecto, que se
niegue la solicitud de amparo.
Manifestó que en el escrito de tutela no se evidencian los verdaderos
motivos que permitan concluir que el asunto en concreto tiene relevancia
constitucional, comoquiera que el accionante reiteró los argumentos
presentados en el recurso de apelación y que fueron resueltos en la
sentencia dictada de segunda instancia del 26 de septiembre de 2024.
Agregó que “(…) la petición del tutelante no presenta razones suficientes
a efectos de demostrar la existencia de verdaderas vulneraciones a
derechos fundamentales o la necesidad de desarrollar la aplicación o
contenido de una disposición constitucional, pues de sus argumentos se
logra evidenciar una discusión meramente legal, buscando con la
presentación del recurso de amparo la creación de una instancia distinta
al medio de control de nulidad electoral en la cual se revisen los
argumentos esbozados por la actora en la demanda (…)”.
Aclaró que “(…) a pesar que esta Sala de Sección, con sentencia del 19
de septiembre del 20246, declaró la nulidad de la Resolución 1549 del
2023, moduló sus efectos «entendiendo que los mismos son hacia futuro
y desde la ejecutoria», razón por la cual, no se afecta la situación del
demandado, dado que, la declaratoria de ilegalidad del precepto que
25
Visto en los índices 8, 14, 15 y 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
26
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
exceptuaba a los integrantes de la Nueva Fuerza Democrática fue a
futuro, es decir, sus efectos no son retroactivos, por lo que el vicio
encontrado por el juez de la nulidad no cobija las situaciones particulares
consolidadas (…)”.
3.3. El apoderado del Consejo Nacional Electoral allegó escrito27 en el que
solicitó que se desvincule a dicha entidad del presente trámite tutelar por
falta de legitimación en la causa.
Al respecto, señaló que “(…) existe una falta de legitimación en la causa
por pasiva, puesto que el CNE no tiene injerencia en los hechos y
pretensiones que fundamentan la acción de tutela, no guardan relación
con la motivación de la vinculación a esta Corporación y menos en la
intervención en las decisiones judiciales (…)”.
Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que el accionante no acreditó el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que dispone de
otros mecanismos de defensa para controvertir las decisiones que se
adopten en el curso de las actuaciones administrativas y añadió que la
solicitud de amparo no se promovió como un mecanismo transitorio para
evitar un prejuicio irremediable.
3.4. El apoderado del señor Felipe Villamil Ocampo allegó escrito28 en el
que, después de hacer un recuento del trámite surtido en el proceso
ordinario, solicitó (i) no tutelar los derechos fundamentales invocados por
el accionante, (ii) desestimar lo expuesto en el escrito de tutela y (iii)
salvaguardar los derechos fundamentales de su poderdante.
Indicó que “(…) el señor accionante lo que pretende es REABRIR UN
DEBATE LEGAL, y CORREGIR SUS ERRORES, lo cual, conforme a los
pronunciamientos jurisprudenciales relativos a la relevancia constitucional
de la acción de tutela, resultan ser a todas luces contraproducentes, y
27
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
28
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
tristemente el accionante despilfarra el mecanismo constitucional para
obtener una tercera instancia y objetar lo que no pudo ni tuvo en cuenta
dentro del trámite del proceso contencioso administrativo de medio de
control de nulidad electoral tramitado con todas las garantías
constitucionales y legales, y de ello da cuenta la misma redacción de sus
pretensiones, las cuales guardan estrecha relación con las incoadas en
sus escritos de demanda y subsanación y que se referencian en el numeral
1.4 de este escrito de contestación, pues más que peticionar que se
tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, busca que se despache
favorablemente lo que dentro del trámite ordinario le fue NEGADO (…)”.
3.5. El Tribunal Administrativo de Quindío, el Partido Político Nueva Fuerza
Democrática y los señores David Mauricio Marín Tabares y Jesús Antonio
Obando Roa, guardaron silencio.
3.6. El expediente ingresó al despacho para fallo el 14 de noviembre de
202429.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199130 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,31 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202132, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
29
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
30
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
31
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela”.
32
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
nro. 080 del 12 de marzo de 201933 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la solicitud de desvinculación presentada por el apoderado
del Consejo Nacional Electoral, se advierte que dicha petición no es
procedente, comoquiera que el accionante también promovió la presente
solicitud de amparo en su contra y tanto en las pretensiones, como en el
escrito de tutela, presentó reproches en su contra; además, dicha entidad
fue vinculada en los procesos de nulidad electoral objeto de esta acción.
4.3. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente34:
4.3.1. Los señores David Mauricio Marín Tabares y Carlos Ariel Guerrero
Gómez, actuando en nombre propio, presentaron demandas de nulidad
electoral en contra del acto mediante el cual el señor Felipe Villamil
Ocampo fue elegido como concejal del municipio de Armenia, Quindío,
para el periodo 2024-2027, a las que les correspondieron los radiados
nro. 63001 23 33 000 2023 00097 00/01 y nro. 63001 23 33 000 2023
00098 00/02.
4.3.2. Por auto del 1 de marzo de 2024, se decretó la acumulación de los
precitados procesos comoquiera que en ambos se discutía la anulación
del acto de elección del señor Felipe Villamil Ocampo como concejal
municipal de Armenia, por la presunta existencia de doble militancia.
33
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
34
Lo que se desprende de los procesos de nulidad electoral identificados con los
radicados nro. 63001 23 33 000 2023 00098 00/02 (principal) y nro. 63001 23 33 000
2023 00097 00/01 (acumulado). Visto en los índices 14 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
4.3.3. En sentencia del 27 de junio de 2024, la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Quindío, negó las pretensiones de las
demandas acumuladas.
4.3.4. Inconformes con la decisión anterior, los señores Guerrero Gómez
y Marín Tabares interpusieron recurso de apelación y la Sección Quinta
del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 26 de septiembre de
2024 resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLÁRESE probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del
Estado Civil y DENIÉGASE frente al Consejo Nacional Electoral, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, el 27 de junio
de 2024, mediante la cual se negaron a las pretensiones de la
demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales de la providencia).
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional35
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”36.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional37.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades:
35
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
36
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
37
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia38. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no
es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
38
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”. (Se
destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, el accionante busca
reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad electoral, comoquiera
que dentro de sus pretensiones solicita que “(…) Se disponga la nulidad
de la elección del señor Felipe Villamil Ocampo, en los términos del
numeral 8º del artículo 275 de la ley 1437 de 2011 (CPACA) y en
cumplimiento de las funciones legales y reglamentarias del Consejo
Nacional Electoral, dispuestas en el artículo 3º del decreto 2085 de 2019
y demás normas concordantes (…)”39.
Lo anterior, con el fin de insistir en que “(…) el señor Felipe Villamil
Ocampo ha incurrido en causal de Doble Militancia política, y la
consecuencia para dicha vulneración al régimen constitucional y legal
vigente, es la nulidad de la elección (…)”40.
Para ello, en el escrito de tutela alegó que “(…) no se analizaron ni en
primera, ni en segunda instancia, las pruebas allegadas al proceso,
correspondientes a la necesidad, pertinencia y conducencia de las
mismas, para demostrar la violación directa de la constitución Política y
la interpretación extensiva del principio de la buena fe, cuando está
demostrado e incluso afirmado bajo la gravedad del juramento por el
propio demandado Felipe Villamil Ocampo, que el día 6 de julio de 2023,
iniciaba su gesta con su declaración, para ser militante del partido político
Nueva Fuerza democrática (…)”41.
En igual sentido, aseveró que “(…) la sentencia del 26 de septiembre de
2024 del Consejo de Estado (…) no acoge la prohibición expresa y literal
del segundo y último inciso del articulo 107 superior, ni la estipulación
legal vigente contenida en el artículo 2º de la ley 1475 de 2011,
vulnerándose flagrantemente el principio de legalidad, el principio de
39
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
40
Ibidem.
41
Ibidem.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
confianza legitima, el principio de igualdad ante la ley y sobre todo la
supremacía de la constitución política como norma de normas (…)”42.
De los reproches planteados en la acción de tutela, la Sala advierte que
el accionante está cuestionando la valoración probatoria realizada por las
autoridades judiciales accionadas; así mismo, controvierte los
fundamentos invocados y la interpretación realizada en las providencias
atacadas que determinaron que el señor Villamil Ocampo no incurrió en
doble militancia, de donde se desprende que el tercer criterio que
compone la relevancia constitucional no está cumplido.
Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia de
segunda instancia cuestionada señaló lo siguiente43:
“[…] 2.7. Caso concreto
111. Como se indicó en los antecedentes, en el presente caso, la
parte actora pretende la nulidad de la elección del concejal Felipe
Villamil Ocampo quien fue elegido como concejal del municipio de
Armenia para el periodo constitucional 2020-2023, por el
movimiento político Colombia Renaciente, sin haber renunciado a la
curul, posteriormente, participó como candidato al concejo de
Armenia para el periodo 2024-2027 avalado por la agrupación
política Nueva Fuerza Democrática, partido para el cual resultó
electo.
112. El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la
demanda al considerar que de conformidad con la Resolución 1549
de 1º de marzo de 2023, el señor Villamil Ocampo se reincorporó al
partido Nueva Fuerza Democrática, siendo beneficiario de la
excepción a la prohibición de doble militancia, situación que quedó
acreditada con las pruebas incorporadas al proceso.
(…)
ii) Indebida valoración de las pruebas arrimadas al
expediente
121. Afirman los apelantes que en la sentencia dictada en primera
instancia se incurrió en defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, por cuanto el tribunal tomó como suficiente la prueba de
42
Ibidem.
43
Sentencia del 26 de septiembre de 2024 aportada por el accionante con el escrito de
tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
que el partido Nueva Fuerza Democrático certificó y aceptó la
reincorporación del señor Felipe Villamil Ocampo.
122. Advierte la Sala que los actos expedidos por el Consejo Nacional
Electoral señalaron que la relación directa y públicamente
reconocida de quien pretendía retornar a las filas del partido Nueva
Fuerza Democrática debía ser «acreditada por el partido político
conforme al procedimiento y los medios probatorios
permitidos en la ley».
(…)
127. El 10 de julio el señor Villamil Ocampo presentó renuncia
irrevocable a la militancia de la colectividad Colombia Renaciente en
virtud de la resolución que le devolvió la personería jurídica a Nueva
Fuerza Democrática, en la que expresó su simpatía con el citado
partido (…).
128. Dimisión que fue aceptada por el partido Colombia Renaciente
(…).
129. El Señor Felipe Villamil Ocampo tramitó la solicitud de
reincorporación al partido Nueva Fuerza Democrática, documento
que fue suscrito el 11 de julio de 2023 (…).
130. Con la citada solicitud se aportó acta de declaración extra-
proceso 1576 suscrita el 6 de julio de 2023 en el que manifestó su
simpatía y cercanía con el partido Nueva Fuerza Democrática y las
razones que dan cuenta de ello (…).
131. En virtud de lo anterior, el 11 de julio de 2023, Nueva Fuerza
Democrática aceptó la militancia del señor Felipe Villamil Ocampo al
partido (…).
(…)
134. Asimismo, dentro del proceso se recibió el interrogatorio de
parte del señor Felipe Villamil Ocampo, en la que ratificó lo
manifestado en la declaración extra proceso y respecto de su
simpatía con el partido político (…).
135. Lo anterior, permite concluir que el señor Felipe Villamil
Ocampo manifestó su simpatía con el partido Nueva Fuerza
Democrática, la cual es consistente con la declaración extra proceso
aportada y que no fue desvirtuada por la parte actora.
136. En virtud de lo anterior, no es posible alegar que el demandado
incurrió en la referida prohibición, en tanto que, aquel renunció al
partido Colombia Renaciente, dentro del término previsto por la
Resolución 1549 de 2023, solicitó su reincorporación ante Nueva
Fuerza Democrática, agrupación que certificó y convalidó su petición
y, posteriormente, bajo el amparo de dicho acto administrativo, fue
inscrito y avalado como candidato al Concejo del Municipio de
Armenia (Quindío).
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
137. Finalmente, debe precisarse que la posibilidad de retornar al
partido Nueva Fuerza Democrática por los ciudadanos que compartía
su ideario político debe demostrarse bajo el principio de libertad
probatoria, de allí que contrario a lo manifestado por la parte
apelante que no es aplicable las sentencias proferidas por el Consejo
de Estado, toda vez que en un análisis en un asunto similar se
adoptó la misma conclusión a la que arriba en esta instancia la Sala
(…).
138. De manera que, exigir pruebas adicionales o específicas para
demostrar la simpatía que afirmó tener el demandado con Nueva
Fuerza Democrática, constituiría una actividad judicial desbordada
respecto a los verdaderos requisitos que previó la organización
electoral para la reincorporación a la colectividad, con fundamento
en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional citada líneas
atrás.
139. En virtud de lo anterior, advierte la Sala que no son de recibo
los argumentos presentados por la parte actora en tanto de la
prueba incorporada al proceso se demostró que el señor Felipe
Villamil Ocampo se encontraba amparado en la excepción para
retornar al partido Nueva Fuerza Democrática sin incurrir en doble
militancia.
140. En consecuencia, se impone confirmar la sentencia de primera
instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda […]”. (Se destaca).
Bajo dicho contexto, la Sala observa que el accionante está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional para seguir
cuestionando lo resuelto por el juez natural de la causa, por lo que se
concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición
de amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.
Ahora, en cuanto al argumento de la parte actora expuesto en el escrito
de tutela, respecto a que la Sección Quinta del Consejo de Estado, “(…)
en el trámite y decisión del recurso de apelación (…) omitió darle tramite
a la excepción formulada por el Consejo Nacional Electoral, relativa a su
capacidad por pasiva para tenerse vinculado en el proceso 2023-00098
(…)”44, la Sala advierte que en la sentencia de segunda instancia sí se
resolvió la precipitada excepción, en los siguientes términos:
44
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05410 00.
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
“[…] 2.2 Cuestión previa
83. Advierte la Sala que el tribunal de primera instancia en auto de
21 de marzo de 2024 difirió para la sentencia la falta de legitimación
en la causa formulada por el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, sin embargo, omitió
pronunciarse sobre el particular, así las cosas, se analizará lo
pertinente, a saber:
84. La Registraduría Nacional del Estado Civil, manifestó que no tuvo
participación en los hechos de la demanda, por lo cual solicitó su
desvinculación.
85. Advierte la Sala que se declarará probada esta excepción
teniendo en cuenta que la competencia que tiene la Registraduría en
materia de inscripción de candidaturas no incluye la revisión de
causales de carácter subjetivas de nulidad electoral, ni de requisitos
legales que deba acreditar tanto el candidato como el partido o
movimiento político.
86. Lo anterior, teniendo en cuenta que solo cumple funciones de
verificación formal de requisitos para la inscripción de candidaturas,
de allí que los asuntos que tienen relación con causales de nulidad
del acto de elección del demandado por presuntamente haber
incurrido en la prohibición de doble militancia no se enmarcan dentro
de la órbita de las funciones otorgadas a estas, situación que lleva a
concluir que se encuentra acreditada la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
87. Sobre la vinculación del CNE, se destaca que obedece al mandato
establecido en el numeral 2º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual la admisión de la demanda debe notificarse a la
autoridad que expidió el acto y a la que intervino en su adopción.
88. Además, corresponde a las comisiones escrutadoras hacer el
conteo oficial de los votos en las elecciones populares, labor que
tiene como propósito declarar la elección correspondiente; no
obstante, ello, se precisa, que las funciones de dichas comisiones
son de carácter temporal, esto es, su existencia depende de la
duración del correspondiente escrutinio y, luego de efectuados,
termina su razón de ser. En esa medida al concluir la función
transitoria de las comisiones, resulta necesaria la vinculación del
Consejo Nacional Electoral, en las demandas contra elecciones
por voto popular, para que, si es del caso, defienda la legalidad de
quienes actuaron en representación de la Organización Electoral,
concretamente, los responsables del escrutinio.
(…)
92. Además, como suprema autoridad en materia electoral, en
especial de los escrutinios, le compete el seguimiento y control de
tales insumos que soportaron la labor de registrar los datos de cada
candidato. Por las razones expuestas, se ratifica la correcta
vinculación del CNE al trámite de la referencia, de manera tal que
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
será negada la excepción que invocó […]”. (Negrillas originales de la
providencia. Subrayas ajenas al escrito).
Conforme lo anterior, en el numeral primero de la parte resolutiva de la
sentencia de segunda instancia controvertida, se declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y se negó frente al Consejo
Nacional Electoral, por lo tanto, no es cierta la afirmación realizada por el
accionante en el escrito de tutela.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el
apoderado del Consejo Nacional Electoral.
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05410 00
Accionante: Carlos Ariel Guerrero Gómez
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por el señor Carlos Ariel Guerrero Gómez, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.