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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 63001-23-33-000-2024-00007-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 63001-23-33-000-2024-00007-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Demandante: María Fernanda Herrera Pavas Demandado: Yhoan Andrés Zuluaga, concejal de Montenegro (Quindío) Rad: 63001-23-33-000-2024-00007-01 SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío del 4 de abril de 2024, por medio de la cual, denegó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 63001-23-33-000-2024-00007-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

20 de junio de 2024

Demandante: María Fernanda Herrera Pavas
Demandado: Yhoan Andrés Zuluaga, concejal de Montenegro (Quindío)
Rad: 63001-23-33-000-2024-00007-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 63001-23-33-000-2024-00007-01
Demandante: MARÍA FERNANDA HERRERA PAVAS
Demandado: YHOAN ANDRÉS ZULUAGA - CONCEJAL DEL
MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDÍO), PERÍODO
2024 - 2027

Temas: Doble militancia de los miembros de una corporación pública.
Artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la
sentencia del 4 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío,
que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

La señora María Fernanda Herrera Pavas, en nombre propio, presentó demanda el
11 de enero de 2024, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral,
contemplado en el artículo 139 del CPACA, en contra del Acta de Escrutinio
Municipal E26 – CON del 3 de noviembre de 2023, mediante la cual se declaró la
elección, entre otros, del señor Yhoan Andrés Zuluaga como concejal de
Montenegro (Quindío).

1.2 Hechos

La parte actora expuso como fundamentos fácticos, los siguientes:

Destacó que el señor Yhoan Andrés Zuluaga, en el año 2015, inscribió su
candidatura para el Concejo Municipal de Montenegro (Quindío) en el renglón 8 por
el partido Alianza Social Independiente (ASI); lo propio hizo para el año 2019, para

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Demandante: María Fernanda Herrera Pavas
Demandado: Yhoan Andrés Zuluaga, concejal de Montenegro (Quindío)
Rad: 63001-23-33-000-2024-00007-01

la misma corporación pública y por la referida agrupación política. En ambos
periodos resultó electo concejal de dicho municipio.

Resaltó que el demandado terminó el periodo 2020-2023 como concejal de
Montenegro, por el partido ASI, lo cual puede evidenciarse con el pago de los
honorarios recibidos en el mes de noviembre de 2023, publicados por la duma
municipal en su página web.

Mencionó que Yhoan Andrés Zuluaga en el año 2023 inscribió su candidatura para
el Concejo Municipal de Montenegro (Quindío), en el renglón 1 por el partido político
Nueva Fuerza Democrática y, en efecto, resultó elegido para el periodo
constitucional 2024-2027. Sin embargo, no renunció a la curul obtenida con el ASI
en las elecciones anteriores, en el término que exigía el artículo 2 de la Ley 1475 de
2011.

1.3 Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora invocó como normas vulneradas los artículos 107 y 293 de la
Constitución Política; artículo 2, inciso 2 de la Ley 1475 de 2011 y artículos 3, 139 y
275, numeral 8, de la Ley 1437 de 2011.

Refirió el marco jurídico de las inhabilidades para acceder a cargos de elección
popular. Expuso que la reforma política incorporó una nueva modalidad de doble
militancia, en donde se reprocha a quien, siendo elegido por un partido, se inscribe
como candidato por otro para el siguiente proceso electoral, sin haber renunciado a
la curul, durante el término previsto en la norma superior; es decir, doce (12) meses
antes del primer día de inscripciones.

Destacó que el objetivo de esta nueva regla constitucional era acentuar la
importancia del régimen de disciplina partidista, al extremo de exigir la pertenencia
del elegido al partido que lo inscribió, por lo menos hasta el final del período; de
modo que, condicionó la permanencia en la corporación pública a la militancia en la
colectividad.

Explicó que la tesis vigente de la Sección Quinta del Consejo de Estado 1, sostiene
que las curules no pertenecen a los elegidos (política personalista) sino a las
colectividades que los avalaron (fortalecimiento democrático de los partidos). De
manera que, quien decida presentarse a la siguiente elección por un partido o
movimiento político distinto, tendrá que renunciar a la curul con al menos doce (12)
meses anteriores al primer día de inscripciones.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 17 de julio de 2014,
M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 11001032800020130004000 acumulado. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 11 de junio de 2011, Rad. 11001-
03-28-000-2010-00105-00.

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Destacó que, en el caso concreto, es evidente que el demandado desconoció la
prohibición de doble militancia en tanto que: i) fue miembro de una corporación
pública para el periodo 2020-2023 por el partido Alianza Social Independiente; ii) se
presentó como candidato a la misma corporación por el Partido Político Nueva
Fuerza Democrática y iii) no renunció a la curul doce (12) meses antes del primer
día del periodo de inscripciones (29 de junio de 2023), es decir, antes del 29 de junio
de 2022.

1.4 Actuaciones procesales

1.4.1 La admisión

La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, a través de
auto del 25 de enero de 2024 admitió la demanda, negó la solicitud de suspensión
provisional y ordenó las notificaciones de rigor.

1.4.2 Contestación de la demanda

1.4.2.1 Yhoan Andrés Zuluaga – demandado

Sostuvo que la situación fáctica que plantea la demandante también fue expuesta
ante el Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE), el cual resolvió negar la
revocatoria de su inscripción al Concejo de Montenegro (Quindío), por el partido
Nueva Fuerza Democrática.

Explicó que, de conformidad con lo dispuesto por el CNE, después de restituida la
personería jurídica al partido Nueva Fuerza Democrática, los antiguos militantes y
simpatizantes de dicha agrupación, podían surtir un proceso de reincorporación; de
modo que, afirmó que el proceso de su reingreso a la referida colectividad fue
transparente y público. Aseguró que, conforme a lo anterior, el 13 de julio de 2023
presentó su renuncia al partido Alianza Social Independiente, sin que debiera dimitir
a la curul obtenida, con fundamento en la Resolución 1549 del 1° de marzo del 2023
«Por medio de la cual se resuelve la solicitud de restitución de la personería jurídica
del partido político Nueva Fuerza Democrática, dentro del expediente identificado
con radicado no. CNE-E-2023-001129». En consecuencia, no puede derivarse la
doble militancia política alegada.

Argumentó que, de conformidad con el artículo 6, parágrafos primero y segundo, de
la Resolución 1594 de 2023, el CNE advirtió:

(…) PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas que se reincorporen a la Nueva Fuerza
Democrática dentro del plazo indicado en este artículo, no incurrirán en la
prohibición de doble militancia prevista en los artículos 107 superior y 2 de la Ley
1475 de 2011.

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PARÁGRAFO SEGUNDO: Las personas que tramiten la reincorporación ante la
Nueva Fuerza Democrática, pero hubiesen sido elegidos en corporaciones públicas
o cargos uninominales en representación de otras organizaciones políticas, no
perderán la dignidad que ocupan.

Describió cómo fue el proceso de reincorporación al partido Nueva Fuerza
Democrática, el cual tuvo lugar dentro de los plazos y términos indicados por el
Consejo Nacional Electoral, el cual se perfeccionó el 19 de julio de 2023, de acuerdo
con la comunicación que le fue enviada por el representante legal de la colectividad,
Camilo Alberto Gómez Alzate. Asimismo, la agrupación política en cuestión lo avaló
para el Concejo de Montenegro (Quindío) para las elecciones territoriales que se
llevarían a cabo en octubre de 2023.

1.4.2.2 Consejo Nacional Electoral

Precisó que, en efecto, ante dicha autoridad se presentó una solicitud de revocatoria
de inscripción del señor Yhoan Andrés Zuluaga, al Concejo de Montenegro
(Quindío), por parte de la representante legal del partido Alianza Social
Independiente; advirtió que aquella se tramitó con el radicado CNE-E-DG-2023-
022062.

Aseguró que el proceso de revocatoria de inscripción que se adelantó en contra del
señor Yohan Andrés Zuluaga se llevó a cabo en concordancia con los artículos 29,
108 y 265 numeral 12 de la Constitución Política. Al expediente administrativo se
aportaron los documentos que acreditaban que el candidato Zuluaga realizó el
procedimiento necesario para demostrar su antigua militancia al Partido Nueva
Fuerza Democrática; por ende, a través de la Resolución 13038 del 12 de octubre
de 2023 el CNE decidió negar la solicitud interpuesta en contra de la aspiración del
demandado al Concejo de Montenegro (Quindío).

Anotó que el CNE tuvo en cuenta la sentencia SU-257 de 2021 para otorgar la
personería jurídica al partido Nueva Fuerza Democrática; por lo tanto, en el caso en
concreto se evidenció que el señor Yhoan Andrés Zuluaga presentó renuncia, como
militante del partido ASI, el 13 de julio de 2023 acogiéndose a lo dispuesto en la
Resolución 1549 del 2023. Asimismo, el demandado solicitó su reincorporación al
partido Nueva Fuerza Democrática el 18 de julio de 2023.

Apuntó que, en virtud de lo anterior, y dado que el CNE profirió un acto
administrativo que aclaró que los «simpatizantes y antiguos militantes» que se
reincorporaran al partido Nueva Fuerza Democrática, no incurrirían en doble
militancia, no era posible limitar el derecho fundamental a elegir y ser elegido del
señor Zuluaga. Sobre todo cuando la Corte Constitucional en sentencia SU-207 de
2022 determinó la funcionalidad que tienen los principios pro-homine y pro libertatis,
que conlleva a que la autoridad judicial prefiera la interpretación que limite en menos
medida el derecho de las personas de acceder a cargos públicos.

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1.4.2.3 Registraduría Nacional del Estado Civil

Solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que
no es la entidad llamada a intervenir en el asunto de la referencia. Indicó que
desarrolla una labor meramente logística tratándose de comicios, más no verifica
inhabilidades ni incompatibilidades, pues su labor es estrictamente técnica y
organizativa. A su vez, no analiza posturas jurídicas ni tiene injerencia en la ética
electoral.

1.5. Otras actuaciones de la primera instancia

Mediante providencia del 26 de febrero de 2024, el magistrado ponente resolvió
admitir como impugnador al señor Camilo Alberto Gómez Alzate; decretó las
pruebas requeridas y denegó otras; dispuso dictar sentencia anticipada; fijó el litigió
y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

El litigio lo fijó en los siguientes términos:

«¿Es nula la elección de Yhoan Andrés Zuluaga como concejal del municipio de
Montenegro por haber este incurrido en doble militancia en la modalidad miembro de
corporación pública que cambia de partido sin renunciar a la curul?».

Luego de descorrido el traslado para alegaciones finales, las partes presentaron los
escritos respectivos y el ministerio público rindió su concepto.

1.6. Camilo Alberto Gómez Alzate2 – impugnador

Manifestó que las pretensiones de la demanda carecen de fundamento jurídico
sólido y pretenden invalidar un proceso electoral legítimo; así, puntualizó sobre la
desafiliación a partidos políticos de conformidad con la Resolución 266 de 2019 del
CNE3 en el contexto jurídico electoral colombiano.

Expuso que con fundamento en el referido acto, debe primar la voluntad individual
en el proceso de desafiliación de un militante a un partido político. La renuncia, una
vez manifestada de manera expresa y clara por el adepto, se considera válida y
operante desde el momento en que comunica su decisión a la organización política
correspondiente.

Señaló que la dimisión del señor Yhoan Andres Zuluaga al partido Alianza Social
Independiente, se presentó el 13 de julio de 2023, por medio de carta en la que
expresó de manera inequívoca su decisión; de manera que, aquella es plenamente
válida y eficaz. Por lo tanto, su elección como concejal de Montenegro (Quindío)
para el período 2024-2027 se sustenta en el ejercicio legítimo de su derecho a la

2
Representante legal de Nueva Fuerza Democrática.
3 Mediante la cual se reglamentó el registro único de partidos, movimientos y agrupaciones políticas.

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libre asociación política, en consonancia con las disposiciones normativas y
jurisprudenciales vigentes.

2. La sentencia apelada

La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío denegó las
pretensiones de la demanda, mediante providencia del 4 de abril de 2024, con
fundamento en lo siguiente:

Refirió el trámite surtido ante el Consejo Nacional Electoral, por el cual se restituyó
la personería jurídica del partido político Nueva Fuerza Democrática, representado
legalmente por los señores Andrés Pastrana Arango y Camilo Alberto Gómez. Sobre
el particular, indicó que el CNE otorgó un término de treinta (30) días4 a los antiguos
simpatizantes y militantes de la referida colectividad, para que tramitaran las
renuncias a que hubiera lugar y solicitaran la reincorporación al partido. Asimismo,
se advirtió que quienes reingresaran a esa agrupación política durante el tiempo
previsto, no incurrirían en la prohibición de doble militancia prevista en los artículos
107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011.

Mencionó que, en consecuencia, el CNE extendió los efectos inter comunis que
otorgó la Corte Constitucional a la sentencia SU-257 del 2021 al partido Nueva
Fuerza Democrática, y consintió (al igual que lo hizo esa alta corte en relación con
el partido Nuevo Liberalismo) un plazo de gracia para que se inscribieran sus
seguidores, sin sanciones de doble militancia frente a las siguientes elecciones.

Comentó que, en el caso concreto, se evidencia que el 19 de julio de 2023 el señor
Yhoan Andrés Zuluaga radicó ante el Concejo Municipal de Montenegro, un escrito
en el que comunicó su renuncia al partido Alianza Social Independiente, efectiva
desde el 13 de julio de 2023. Con la salvedad de que no renunciaba a la curul en
virtud del artículo sexto de la Resolución 1549 del 1° de marzo de 2023, mediante
la cual se reconoció la personería jurídica a Nueva Fuerza Democrática.
Posteriormente, el 29 de julio siguiente, el demandado inscribió su candidatura al
Concejo de Montenegro, por esa última colectividad.

Argumentó que, en efecto, el señor Yhoan Andrés Zuluaga nunca renunció a la curul
como concejal del municipio de Montenegro para el período 2020-2023, como
expresamente lo manifiesta en la contestación de la demanda y en la oportunidad
de traslado de la medida cautelar. En condiciones normales, dadas las
circunstancias, se acreditaría la prohibición de doble militancia, en tanto que fue
elegido para la misma corporación pública, por un partido político distinto al que lo
avaló en las elecciones pasadas.

4 Contados a partir de la notificación de la Resolución 1549 de 2023, la cual fue aclarada por las resoluciones

2776 del 12 de abril de 2023 y 4258 del 7 de junio de 2023.

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Sostuvo que, no obstante, al amparo de la Resolución 1549 del 1° de marzo de 2023
el señor Zuluaga se reincorporó al partido Nueva Fuerza Democrática, de manera
que era beneficiario de los efectos jurídicos contemplados en dicha decisión, como
es la excepción a la prohibición de doble militancia respecto de miembros de
corporaciones públicas.

Destacó que la Resolución 1549 del 1° de marzo de 2023 fue demandada a través
del medio de control de nulidad, procesos acumulados 11001-03-28-000-2023-
00028-00, 11001-03-28-000-2023-00034-00 (Principal), y 11001-03-28-000-2023-
00040-00, cuyo trámite cursa en la Sección Quinta del Consejo de Estado sin que
se haya proferido decisión; de manera que, el acto se encuentra incólume y se
presume legal. Además, no es procedente la aplicación de lo previsto en el numeral
1° del artículo 161 del CGP (suspensión del proceso por prejudicialidad), dado que
este asunto se discute en primera instancia (inciso 2°, art. 162 del CGP).

Agregó que la reincorporación del señor Yhoan Andrés Zuluaga al partido Nueva
Fuerza Democrática se fundó en las declaraciones extrajuicio presentadas en las
que afirma que, desde los 14 años edad que se inició políticamente y por el
direccionamiento de su señora abuela compartía los lineamientos de la colectividad
en mención. Incluso tiempo después a sus 24 años tuvo un acercamiento importante
con el partido. Para el Tribunal, su corta edad no era un obstáculo para empezar
con su proyecto político, pues la participación es uno de los pilares del Estado
colombiano (preámbulo y artículo 1 de la C.P.) y la Constitución Política garantiza
ese derecho a favor de los jóvenes (artículo 45 de la C.P.).

Anotó que la declaración aludida debe valorarse partiendo de la buena fe como
principio constitucional a través del cual se fundan las relaciones entre los
particulares y el Estado (artículo 83 de la C.P.). Por ende, la reincorporación cumplió
a cabalidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral y es posible inferir la
condición de simpatizante como lo certificó el partido.

3. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la demandante mediante escrito allegado el 15 de abril
de 2024, formuló recurso de apelación, con fundamento en los siguientes
argumentos:

Destacó que el a quo dio por demostrado, sin estarlo, que el cambio de partido
político se encontraba justificado; sin embargo, el demandado no acreditó ante
Nueva Fuerza Democrática, ni en este proceso, la condición de militante o antiguo
simpatizante de dicho grupo político; lo anterior para efectos de evadir la aplicación
de la causal de nulidad por doble militancia.

Refirió el salvamento de voto de la decisión recurrida, para indicar que a pesar de
que en este caso se allegó una certificación del representante legal del partido, en
la que consta que supuestamente el demandado sí fue simpatizante de Nueva

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Fuerza Democrática, dicha constancia no fue obtenida por un medio probatorio
idóneo y permitido en la ley, como se exigió por el CNE. Ello en consideración a
que, las pruebas constan en dos declaraciones extrajuicio, emanadas del supuesto
militante, lo cual no es válido pues con aquellas preconstituyó unilateralmente la
evidencia.

Resaltó que no es acertado afirmar que el demandante debía probar que el señor
Yhoan Andrés Zuluaga no era militante o antiguo simpatizante del partido en
cuestión, pues la parte actora realizó una negación indefinida: que el demandado
no perteneció a Nueva Fuerza Democrática; de manera que, la carga de la prueba
se trasladó a la parte pasiva, de conformidad con el artículo 167 del C.G.P.

Anotó que la falta probatoria de calificar en el régimen de excepción establecido por
la sentencia SU-257 de 2021 y la Resolución 1549 de 2023 del CNE y sus actos
aclaratorios, implica que el demandado debía regirse por el ordenamiento común
que impone la renuncia a la colectividad y a la curul con una antelación de doce (12)
meses.

Mencionó que los estatutos internos del partido Nueva Fuerza Democrática (NFD)
no establecieron, determinaron o detallaron un proceso a seguir para la
reincorporación de sus antiguos militantes, para lo cual debían sujetarse a lo
establecido en la Resolución 1549 de 2023 del CNE. En efecto, en dicho acto se
dispuso que se entendería por antiguos militantes o simpatizantes, aquellos que
mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida con la agrupación
política. Con todo, afirmó que ello no se probó ni ante la organización electoral ni en
sede judicial.

Indicó que el demandando debió demostrar que verdaderamente tuvo o presentó
actos de violencia que dieron lugar o que sirvieron de manera determinante para
que dejara a un lado el partido Nueva Fuerza Democrática en el entendimiento de
la esencia de la SU-257 de 2021 y por ello se vio imposibilitado o desmotivado a
continuar con su participación en las justas electorales dada su prevalencia a la
integridad y la vida por encima del derecho a elegir y ser elegido.

Alegó que las declaraciones extrajuicio allegadas al proceso, contienen varias
imprecisiones que se deben valorar por el juez; además, de aquellas no se
desprenden situaciones similares a las descritas en la sentencia SU-257 de 2021.
En efecto, sostuvo que en un apartado de la declaración se afirmó que tuvo la
oportunidad de votar por el expresidente Andrés Pastrana en el año de 1997, pese
a que dichos comicios tuvieron lugar en 1998. Asimismo, para ese entonces el
demandado no había alcanzado la mayoría de edad. De otro lado, el demandado
sostuvo que aun cuando quiso participar en varias elecciones por Nueva Fuerza
Democrática, no lo logró debido a la pérdida de su personería jurídica; sin embargo,
para las elecciones territoriales de 2003, conservaba dicho atributo y, aun así, no
participó con el aval de ese partido.

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Aseveró que el cambio de colectividad política se debió a que Alianza Social
Independiente (ASI) «presuntamente» no le iba a otorgar el aval para participar en
el certamen electoral del 29 de octubre de 2023; por lo tanto, dada la coyuntura que
se había presentado en el CNE con el reconocimiento de la personería jurídica de
NFD, decidió cambiarse de agrupación para participar en las elecciones en
comento.

Alegó que no es de recibo que una persona pueda conservar una curul por un
partido político y aspirar a las siguientes elecciones por uno diferente, como ocurrió
en este caso. Sostuvo que, en efecto, el demandado continuaba siendo concejal de
Montenegro por el partido ASI, al tiempo que era candidato para la duma municipal
para el siguiente periodo, por NFD.

Concluyó que el señor Yhoan Andrés Zuluaga incurrió en doble militancia política,
sin que pueda entenderse que se encontraba en las excepciones a dicha
prohibición, al amparo de la sentencia SU-257 de 2021, comoquiera que no probó
siquiera sumariamente que en el pasado haya sido militante o simpatizante de
Nueva Fuerza Democrática.

4. Alegatos de conclusión en segunda instancia

4.1. Solo se pronunció el apoderado de Camilo Alberto Gómez Alzate (director del
partido político Nueva Fuerza Democrática) en los siguientes términos:

Destacó que resulta imperioso reconocer el contexto de violencia política que privó
a los militantes y simpatizantes de esta organización del ejercicio de sus garantías
fundamentales (derechos protegidos tanto a nivel nacional como internacional). Por
lo anterior, es claro que denegarles el retorno sin consecuencias legales añadiría
vulneraciones al agravio previo de sus derechos políticos.

Indicó que la reincorporación de un simpatizante a un partido que resurge no
equivale a doble militancia, como lo reconoció el Consejo Nacional Electoral a través
de la Resolución 1549 de 2023. Por el contrario, evita el desconocimiento y un ultraje
mayor a los derechos fundamentales de los seguidores del partido, de conformidad
con el artículo 40 de la Constitución Política. En consecuencia, bajo una
interpretación adecuada de la Carta y en la misma línea de la sentencia de
unificación 257 de 2021 de la Corte Constitucional, al restaurarse la personería
jurídica de un partido, deben también reintegrarse los derechos de sus seguidores
(entendidos como simpatizantes y antiguos militantes).

Expuso que el año 2011 marcó un punto de inflexión en la normativa electoral
colombiana con la expedición de la Ley 1475, ya que antes de esta fecha, no existía
un registro formal de afiliados, una situación que prevalecía en muchas
agrupaciones políticas colombianas, sin ser la Nueva Fuerza Democrática la

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excepción. De modo que, en este asunto se permitió la demostración de la filiación
política de antiguos militantes y simpatizantes, a través de diferentes formas de
vinculación a la agrupación, lo que incluye a representantes, senadores, concejales,
ediles, alcaldes, o cualquier individuo que hubiera sido elegido por el partido para
ocupar cargos públicos.

Indicó que, además, se consideraban miembros militantes a los antiguos dirigentes
y a los voluntarios que colaboraron en la promoción de los candidatos del partido o
en la difusión de sus ideas. La propia jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
reconocido que la vinculación al partido no se limita a la afiliación formal, sino que
involucra una variedad de roles y actividades que contribuyen al fortalecimiento de
la agrupación.

Argumentó que la declaración jurada y los compromisos suscritos por el
demandado, la acreditación de su condición de seguidor (entendido como
simpatizante o militante) y la fuerte influencia en su entorno familiar, se traduce en
la clara manifestación de la simpatía del señor Yhoan Andrés Zuluaga por la Nueva
Fuerza Democrática y sus objetivos; en consecuencia, sí se demostró una relación
directa y públicamente reconocida del señor Zuluaga con NFD, desde hace varios
años. Asimismo, la declaración extra juicio rendida y aportada por el demandado,
tiene plena validez a la luz de la normativa procesal.

Anotó que, como se evidencia en la prueba aportada en la contestación de la
demanda, el señor Yhoan Andrés Zuluaga presentó el documento denominado
«Registro de Militante» en el cual de manera voluntaria y bajo la presunción de
buena fe, manifestó: «soy y he sido simpatizante de la Nueva Fuerza Democrática,
comparto sus objetivos y principios», afirmación que se constata en el formulario de
solicitud de aval. Asimismo, suscribió una serie de compromisos y declaraciones
solemnes ante el partido, en las cuales manifestó y aceptó: «No poseo ninguna
afiliación ni pertenezco a otro partido político, movimiento político o grupo
significativo de ciudadanos, y que no me encuentro involucrado en ninguna
circunstancia que pudiera constituir doble militancia».

4.3. Concepto del Ministerio Público5

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

Sostuvo que, al igual que lo consideró el Tribunal Administrativo del Quindío, no se
configura la causal de anulación electoral contemplada en el numeral 8 del artículo
275 del CPACA (doble militancia), en cabeza del señor Yhoan Andrés Zuluaga, por
no haber renunciado a la curul de concejal del municipio de Montenegro (Quindío)
con 12 meses de antelación del primer día de inscripciones, pese a que alcanzó la

5 Índice SAMAI número 13.

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Demandante: María Fernanda Herrera Pavas
Demandado: Yhoan Andrés Zuluaga, concejal de Montenegro (Quindío)
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curul por el partido Alianza Social Independiente ASI para el período constitucional
2020-2023, e inscribió su candidatura como concejal del mismo ente territorial para
las elecciones del 29 de octubre de 2023 por el partido Nueva Fuerza Democrática.

Explicó que el demandado desplegó dicha conducta al amparo de las disposiciones
contenidas en la Resolución 1549 del 1° de marzo de 2023 proferida por el Consejo
Nacional Electoral, con sus correspondientes aclaraciones y modificaciones, la cual
goza a la fecha de presunción de legalidad. Por lo tanto, se debe dar aplicación a
los principios de seguridad jurídica y buena fe, toda vez que el referido acto no ha
sido anulado por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Mencionó que, además, esta Sala conoce de sendas demandas de nulidad frente a
la resolución del CNE en comento y, en el trámite de algunas de aquellas, negó la
suspensión provisional de sus efectos, por lo que cuenta con plena validez, sin que
ello como se sabe, constituya prejudicialidad, pero confirma la firmeza temporal al
acto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 1526 numeral 7
literal (a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia
del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 4 de
abril de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Quindío negó las
pretensiones de la demanda.

2. De la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría
Nacional del Estado Civil

Esta Sala de decisión considera necesario precisar que, aun cuando la registraduría
propuso la excepción en comento, el tribunal de primera instancia omitió
pronunciarse sobre el particular. Comoquiera ese es un aspecto procesal que puede
y debe declararse de oficio, se procederá a resolver sobre el particular. De cualquier
forma, se conmina al Tribunal Administrativo del Quindío que en lo sucesivo atienda
el procedimiento previsto para resolución de ese tipo de excepciones.

Como se expuso en los antecedentes la Registraduría Nacional del Estado Civil
solicitó declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva, en virtud a
que el proceso versa sobre una nulidad de carácter subjetivo, por lo que debe ser
el candidato y el partido que avaló su candidatura, a quienes incumbe pronunciarse

6 Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia… 7. De los siguientes

asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar
la curul, según el caso (…) de los miembros de corporaciones públicas de los municipios (…).

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y demostrar que sí cumple con las condiciones para ocupar la curul que ostenta.

De entrada, debe advertirse que esta excepción debe ser declarada probada en
virtud a que la competencia que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil en
materia de inscripción de candidaturas es clara, la cual no incluye la revisión de
causales de carácter subjetivas de nulidad electoral, ni de requisitos legales que
deba acreditar, tanto el candidato como el partido o movimiento político o coalición.
Únicamente se refiere a la verificación que quienes participen en consultas de
carácter popular o internas de un partido, movimiento político o agrupación política
no se inscriban por otro diferente en el mismo proceso electoral o se pretenda la
inscripción de uno diferente al seleccionado mediante dicho mecanismo. Tampoco
contabiliza los votos, de suerte que no se puede decir que tuvo injerencia en las
resultas del proceso electoral.

Todas estas razones conllevan a la conclusión que la RNEC, para este caso en
concreto, cumple funciones de verificación formal de requisitos para la inscripción
de las candidaturas. De modo que, en relación con la naturaleza de los vicios por
los cuales se acusa la legalidad del acto de elección demandado, esto es,
presuntamente haber incurrido en la prohibición de doble militancia, es posible
advertir que esta causal no encuentra relación alguna ni se enmarca en la órbita de
funciones otorgadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil que amerite
mantener su vinculación en el presente proceso.

En suma, los argumentos esgrimidos por la apoderada de la Registraduría Nacional
del Estado Civil sí tiene vocación de prosperidad. En consecuencia, se declarará
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por
la RNEC.

3. El acto electoral cuestionado

Corresponde al Acta de Escrutinio Municipal E26 – CON del 3 de noviembre de
2023, mediante la cual se declaró la elección, entre otros, del señor Yhoan Andrés
Zuluaga como concejal de Montenegro (Quindío).

4. Problema jurídico

Conforme con el fallo de primera instancia y con los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica
o revoca la sentencia de primera instancia. Al efecto, se tendrá en cuenta los límites
de la competencia del juez ad quem, a partir de la fijación del litigio señalada por el
tribunal, la providencia de primer grado y los argumentos del recurso.

En consecuencia, deberá establecer si el señor Yhoan Andrés Zuluaga incurrió en
doble militancia política en la modalidad de miembro de corporación pública, al ser
candidato de Nueva Fuerza Democrática para su aspiración al Concejo de

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Montenegro (Quindío) para el periodo 2024-2027, pese a que no renunció con 12
meses de antelación a la curul que había obtenido en los comicios anteriores con el
partido Alianza Social Independiente.

Se advierte que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del
Proceso7, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión», disposición que
debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según
el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

Por lo tanto, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento de
la apelación está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos por el
apelante, lo que descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no haya sido
materia de alzada8.

Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) El marco
jurídico de la doble militancia política en la modalidad de miembro de corporación
pública, (ii) el otorgamiento de la personería jurídica a Nueva Fuerza Democrática
por parte del Consejo Nacional Electoral y, (iii) el caso concreto, conforme a los
límites indicados en el párrafo anterior.

5. Marco jurídico de la doble militancia en la modalidad de miembro de
corporación pública

Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas en
las últimas dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina
partidista, que persigue, a su vez, contribuir al funcionamiento de colectividades y
bancadas sólidas, consistentes y con vocación de permanencia. Así lo demuestran
los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, por medio de los cuales se introdujo
y reguló, entre otros asuntos, la prohibición de doble militancia.

En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política, ningún
ciudadano podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido político. En
consonancia, la misma norma dispone que los miembros de corporaciones públicas
que decidan cambiar de partido para aspirar a una próxima elección están
compelidos a renunciar a la curul por lo menos 12 meses antes de la fecha en que
inician las inscripciones de candidatos de los comicios respectivos.

7 Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011,

por la remisión prevista en su artículo 306.
8 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-

000-2019-00896-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento,
desarrollada por la Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de
nulidad electoral por la Ley 1437 del mismo año (artículo 275, numeral 8). A partir
del marco normativo que la regula, la jurisprudencia de esta Sección ha
esquematizado de forma reiterada y pacífica las modalidades en las que se
manifiesta la doble militancia política, según sus destinatarios y las conductas
proscritas:9

a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento político o
grupos significativo de ciudadanos.

b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política distinta, en
el mismo proceso electoral.

c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular: inscripción como
candidato para la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto de
aquel que lo avaló, con dos excepciones, primera, que renuncie a la curul antes de
los 12 meses que preceden al primer día de inscripciones y segunda, que la
colectividad sea disuelta o pierda la personería jurídica por causas diferentes a una
sanción.

d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos: apoyar a
candidatos de organizaciones políticas diferentes a la que pertenecen y les otorgó
aval, según el caso, salvo que la respectiva organización no esté participando con
aspirantes para la correspondiente elección ni haya manifestado su apoyo expreso
a determinada campaña de otro partido o movimiento.

e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como candidatos o
designación como directivos de organizaciones políticas diferentes, salvo que
medie renuncia a la respectiva dignidad 12 meses antes de uno u otro hecho.

En un pronunciamiento de tutela10 que fue dirigido en contra de una providencia
proferida por esta Sección Electoral, el Tribunal Constitucional insistió respecto a la
doble militancia en que:

9
Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-
03-28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10 de marzo de
2022, Rad. 76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 9 de
septiembre de 2021, Rad. 25000-23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo Oñate (e). Sentencia
de 27 de julio de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00023-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02, MP. Luis Alberto Álvarez
Parra. Sentencia de 20 de noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-0002014-00091-00, MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad. 63001-23-33-000-2016-
00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
10 Corte Constitucional, sentencia SU – 209 de 2021. Acción de tutela instaurada por Ángela María

Robledo Gómez contra la Sección Quinta del Consejo de Estado. M.P: Cristina Pardo Schlesinger.

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En este punto, también es pertinente establecer que, en las reformas
constitucionales del artículo 107 superior, no se evidencia la intención del Legislador
de excluir alguna situación de la prohibición general de doble militancia.

Además, es claro que (…) la Carta Política no la contempla y de conformidad con
las reglas generales de interpretación no es viable hacer excepciones donde la
Constitución no lo ha previsto.

Frente a las excepciones de tal prohibición, el legislador se encargó de delimitar en
la citada norma estatutaria que los miembros de los partidos y movimientos políticos
que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica
por causas distintas a las sanciones previstas en la ley, podrán inscribirse en un
partido distinto con personería jurídica, sin tener reproche jurídico por ello.

Dadas las particularidades del asunto bajo estudio, resulta pertinente destacar,
además, las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación SU – 257 de 2021, en la cual se ordenó la restitución de la personería
jurídica del partido político Nuevo Liberalismo. En esa oportunidad, el máximo
órgano constitucional dispuso algunas «medidas reparadoras» concedidas a ese
partido, tales como su derecho a recomponerse legítimamente, lo que implicó una
serie de excepciones al régimen general para hacer efectivas sus garantías.

Particularmente, las prohibiciones que contempló la Constitución Política en el
artículo 107, relacionadas con la doble militancia, en palabras de la Corte
Constitucional, no pueden ser interpretadas en forma literal, comoquiera que para
ese tribunal la reparación de las garantías políticas no se limita a devolver la
personería jurídica, sino igualmente permitir que sus miembros y simpatizantes
retornen al partido, para continuar ejerciendo sus derechos sin sanción alguna.

Con fundamento en tales parámetros, la Corte fue insistente en destacar que tales
afiliados quedan exceptuados de la obligación de haber renunciado a la curul que
ocupaban en representación de otros partidos, al menos con doce (12) meses antes
del primer día de inscripciones y que aspiraban a ser elegidos en representación del
Nuevo Liberalismo en las elecciones a celebrarse en 2022.

Finalmente, el máximo órgano constitucional otorgó efectos inter comunis a la
sentencia de unificación SU – 257 de 2021, por circunstancias iguales o similares a
las del Nuevo Liberalismo.

6. Del reconocimiento de la personería jurídica al partido Nueva Fuerza
Democrática por parte del Consejo Nacional Electoral

El expresidente de la República Andrés Pastrana Arango solicitó ante el Consejo
Nacional Electoral, la restitución de la personería jurídica del partido político Nueva
Fuerza Democrática, la cual había sido cancelada mediante la Resolución 1057 del
13 de julio de 2006, una vez surtidas las elecciones legislativas de ese año.

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El CNE, mediante Resolución 1549 del 1° de marzo de 2023, accedió a la referida
petición, con fundamento en la sentencia de unificación 257 de 2021. Según advirtió
la autoridad electoral, la Corte Constitucional estableció efectos inter comunis a la
providencia en comento, con lo cual permitió que aquellas agrupaciones políticas
que vieron limitada su actividad proselitista por cuenta de actos violentos se
beneficiaran de las garantías y medidas restaurativas previstas en el fallo de
unificación, cuando sus condiciones hayan sido «iguales o similares» a las
analizadas con los supuestos vividos por el Nuevo Liberalismo. Sobre el particular,
sostuvo expresamente lo siguiente:

De acuerdo con la regla fijada por la Corte Constitucional, esta autoridad está en la
obligación de reconocer personería jurídica a las organizaciones políticas que, por
cuenta de hechos de violencia [,] iguales o similares a los afrontados por el Nuevo
Liberalismo, hayan visto afectada su actividad política. Para la Sala es claro que la
Nueva Fuerza Democrática encaja en ese supuesto de hecho, y, por esta razón,
ordenará el restablecimiento de la personería jurídica del partido político.

Ahora bien, en el mismo acto administrativo el CNE dispuso una excepción especial
frente a los actos de doble militancia de aquellos militantes o simpatizantes que se
reincorporaran al partido Nueva Fuerza Democrática, en consideración a la
restitución de su personería jurídica. Esa determinación fue objeto de aclaración por
parte de la misma autoridad mediante resoluciones 2776 del 12 de abril de 2023 y
4258 del 7 de junio de 2023.

Puntualmente, la autoridad electoral determinó lo siguiente:
ARTÍCULO SEXTO: OTORGAR a todos los simpatizantes y antiguos militantes
(entiéndase quienes mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida
con la agrupación política”, en los términos de la Sentencia SU-257 de 2021. Esta
relación directa y públicamente reconocida deberá ser acreditada por el partido
político conforme al procedimiento y los medios probatorios permitidos en la ley que
estime idóneos para tal fin), de la Nueva Fuerza Democrática que deseen y se
encuentren actualmente afiliados y afiliadas a otras agrupaciones políticas, el
término de treinta (30) días hábiles11, contados a partir de la notificación de esta
resolución, para que presenten la correspondiente renuncia a esas colectividades y
tramiten la reincorporación ante el partido político Nueva Fuerza Democrática, con
arreglo a sus estatutos internos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas (fundadores del partido Nueva Fuerza
Democrática, los integrantes de sus cuerpos directivos, los que hayan sido elegidos
a corporaciones públicas como candidatos de la colectividad entre 1991 y 2006, y
los “simpatizantes y antiguos militantes” (entiéndase por estos “quienes mantuvieron
una relación directa y públicamente reconocida con la agrupación política”, en los
términos de la Sentencia SU-257 de 2021). Esta relación directa y públicamente
reconocida deberá ser acreditada por el partido político conforme al procedimiento
y los medios probatorios permitidos en la ley que estime idóneos para tal fin), que
se reincorporen a la Nueva Fuerza Democrática dentro del plazo indicado en este

11 Conforme a la constancia aportada por el CNE quedó ejecutoriado el acto administrativo el 16 de

junio de 2023, día hábil siguiente a la notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.

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artículo, no incurrirán en la prohibición de doble militancia prevista en los artículos
107 superior y 2 de la Ley 1475 de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las personas que tramiten la reincorporación ante la
Nueva Fuerza Democrática, pero hubiesen sido elegidos en corporaciones públicas
o cargos uninominales en representación de otras organizaciones políticas, no
perderán la dignidad que ocupan.

Como se lee, el Consejo Nacional Electoral señaló expresamente que, aquellos
antiguos militantes o simpatizantes que quisieran reincorporarse al partido político
Nueva Fuerza Democrática, lo podrían hacer dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la notificación del acto administrativo. Asimismo, se previó que, quienes
fueran reincorporados a dicha agrupación política dentro del plazo indicado, no
incurrirían en la prohibición de doble militancia prevista en los artículos 107
constitucional y 2 de la Ley 1475 de 2011.

7. Caso concreto

Como viene de explicarse en los antecedentes de esta providencia, la parte actora
pretende que se declare la nulidad de la elección del señor Yhoan Andrés Zuluaga,
como concejal de Montenegro (Quindío), con fundamento en que el demandado
incurrió en doble militancia, toda vez que no renunció a la curul de concejal que
obtuvo en los comicios pasados por el partido Alianza Social Independiente (ASI),
pese a que en el periodo 2024-2027 resultó elegido para esa misma dignidad por el
partido Nueva Fuerza Democrática (NFD).

El tribunal de primera instancia no encontró probado el cargo formulado, en
consideración a que el CNE extendió los efectos inter comunis que otorgó la Corte
Constitucional a la sentencia SU-257 del 2021 al partido Nueva Fuerza
Democrática, y consintió (al igual que lo hizo esa alta corte en relación con el partido
Nuevo Liberalismo) un plazo de gracia para que se inscribieran sus seguidores, sin
consecuencias de doble militancia frente a las siguientes elecciones.

No obstante, el tribunal fue más allá e hizo un análisis probatorio sobre las pruebas
que fueron aportadas ante el partido y que fueron allegadas a este trámite judicial,
para acreditar que, en efecto, el demandado sí fue antiguo simpatizante de NFD y,
por ello, sí se encontraba en la excepción referida.

En suma, el a quo negó las pretensiones de la demanda toda vez que, al amparo
de la Resolución 1549 del 1° de marzo de 2023 el señor Zuluaga se reincorporó al
partido Nueva Fuerza Democrática, de manera que era beneficiario de las
consecuencias jurídicas contempladas en dicha decisión, como es la excepción a la
prohibición de doble militancia respecto de miembros de corporaciones públicas.

La recurrente sostiene que, el tribunal dio por demostrado, sin estarlo, que el cambio
de partido político del señor Yhoan Andrés Zuluaga se encontraba justificado; sin
embargo, el demandado no acreditó ante NFD, ni en este proceso, la condición de

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militante o antiguo simpatizante de dicho grupo político; lo anterior para efectos de
evadir la aplicación de la causal de nulidad por doble militancia.

Refirió el salvamento de voto de la decisión recurrida, para indicar que a pesar de
que en este caso se allegó una certificación del representante legal del partido, en
la que consta que supuestamente el demandado sí fue simpatizante de Nueva
Fuerza Democrática, dicha constancia no fue obtenida por un medio probatorio
idóneo y permitido en la ley, como se exigió por el CNE. Ello en consideración a
que, las pruebas constan en dos declaraciones extrajuicio, emanadas del supuesto
militante, lo cual no es válido pues con aquellas preconstituyó unilateralmente la
prueba.

Concluyó que el señor Yhoan Andrés Zuluaga incurrió en doble militancia política,
sin que pueda entenderse que se encontraba en las excepciones a dicha
prohibición, al amparo de la sentencia SU-257 de 2021 y el acto del CNE que
reconoció personería jurídica a NFD, comoquiera que no probó siquiera
sumariamente que en el pasado haya sido militante o simpatizante de Nueva Fuerza
Democrática.

Sobre el particular, sea lo primero indicar que, los argumentos de la apelación se
dirigen esencialmente a controvertir las pruebas que, según la parte actora, no
demostraban que el señor Yhoan Andrés Zuluaga era antiguo militante o
simpatizante de Nueva Fuerza Democrática y, por lo tanto, no era factible aplicar la
excepción que previó el Consejo Nacional Electoral a quienes se reincorporaban
durante el término otorgado a dicho partido.

En efecto, el a quo, en la sentencia apelada, fue más allá del planteamiento inicial
al considerar aspectos que no habían sido incluidos. El tribunal sostuvo que la
reincorporación del señor Yhoan Andrés Zuluaga al partido Nueva Fuerza
Democrática se fundó en las declaraciones extrajuicio presentadas en las que
afirma que, desde los 14 años edad que se inició políticamente y por el
direccionamiento de su señora abuela compartía los lineamientos de la colectividad
en mención. Incluso tiempo después a sus 24 años tuvo un acercamiento importante
con el partido. Para el Tribunal, su corta edad no era un obstáculo para empezar
con su proyecto político, pues la participación es uno de los pilares del Estado
colombiano (preámbulo y artículo 1 de la C.P.) y la Constitución Política garantiza
ese derecho a favor de los jóvenes (artículo 45 de la C.P.).

Asimismo, agregó que la declaración aludida debe valorarse partiendo de la buena
fe como principio constitucional a través del cual se fundan las relaciones entre los
particulares y el Estado (artículo 83 de la C.P.). Por ende, la reincorporación cumplió
a cabalidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral y es posible inferir la
condición de simpatizante como lo certificó el partido.

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De modo que, es sobre estas consideraciones que la recurrente funda la apelación
y se dirige a atacar la valoración probatoria efectuada por el a quo y, con ello,
desvirtuar la excepción a la doble militancia en la que se encontraba el demandado,
al amparo de la resolución del CNE que reconoció la personería jurídica a Nueva
Fuerza Democrática.

Para la recurrente no es acertado afirmar que el demandante debía probar que el
señor Yhoan Andrés Zuluaga no era militante o antiguo simpatizante del partido en
cuestión, pues la parte actora realizó una negación indefinida: que el demandado
no perteneció a Nueva Fuerza Democrática; de manera que, la carga de la prueba
se trasladó a la parte pasiva, de conformidad con el artículo 167 del C.G.P.

En tales condiciones, la apelante afirmó que, ante la falta probatoria de calificar en
el régimen de excepción establecido por la sentencia SU-257 de 2021 y la
Resolución 1549 de 2023 del CNE y sus actos aclaratorios, el demandado debía
regirse por el ordenamiento común que impone la renuncia a la colectividad, en este
caso Alianza Social Independiente, y a la curul que obtuvo con dicho partido, con
una antelación de doce (12) meses al primer día de inscripciones. Sin embargo, ese
es un argumento que no hizo parte de la demanda y solo se alegó hasta la
presentación del recurso de apelación ante la valoración probatoria que hizo el
tribunal de primera instancia.

Además, la parte recurrente sostiene que los estatutos internos del partido Nueva
Fuerza Democrática (NFD) no establecieron, determinaron o detallaron un proceso
a seguir para la reincorporación de sus antiguos militantes, para lo cual debían
sujetarse a lo establecido en la Resolución 1549 de 2023 del CNE. En dicho acto
se dispuso que se entendería por antiguos militantes o simpatizantes, aquellos que
mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida con la agrupación
política. Con todo, afirmó que ello no se probó ni ante la organización electoral ni en
sede judicial.

Con esa claridad, la Sala debe precisar que el contenido de la certificación expedida
por el partido Nueva Fuerza Democrática que convalidó que el señor Zuluaga era
simpatizante de la colectividad, no fue controvertida en primera instancia. Pese a
que las pruebas documentales fueron decretadas e incorporadas al expediente, la
demandante guardó silencio y no controvirtió ni el contenido ni la idoneidad de las
evidencias para demostrar los hechos que ahora controvierte en segunda instancia.

De manera que, fue con fundamento en aquella constancia, junto con las
declaraciones extrajuicio que el demandado presentó ante el partido, que se
analizaron los supuestos de la doble militancia al amparo de la excepción que
consagró el acto administrativo mediante el cual el CNE le reconoció personería
jurídica a NFD.

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Demandante: María Fernanda Herrera Pavas
Demandado: Yhoan Andrés Zuluaga, concejal de Montenegro (Quindío)
Rad: 63001-23-33-000-2024-00007-01

Sin embargo, la parte accionante señala que tales declaraciones contienen varias
imprecisiones que se deben valorar por el juez de segunda instancia, en tanto que
el a quo le otorgó un alcance que no tenía; frente a ello, sostuvo que en un apartado
de la declaración el demandado afirmó que tuvo la oportunidad de votar por el
expresidente Andrés Pastrana en el año de 1997, pese a que dichos comicios
tuvieron lugar en 1998. Asimismo, para ese entonces el señor Zuluaga no había
alcanzado la mayoría de edad. De otro lado, sostuvo que aun cuando quiso
participar en varias elecciones por Nueva Fuerza Democrática, no lo logró debido a
la pérdida de su personería jurídica; sin embargo, para las elecciones territoriales
de 2003, conservaba dicho atributo y, aun así, no participó con el aval de ese
partido.

Nuevamente, se reitera, el problema jurídico que debía resolverse en este asunto
consistía únicamente en verificar si el demandado desconoció la prohibición de
doble militancia en la modalidad de miembro de corporación pública, al no renunciar
con 12 meses de antelación a la curul que obtuvo como concejal de Montenegro
(Quindío) por el partido Alianza Social Independiente y reincorporarse a Nueva
Fuerza Democrática para luego resultar elegido en la misma dignidad por esta
última colectividad.

Al revisar las pruebas allegadas al expediente, no es posible alegar que el
demandado incurrió en la referida prohibición, en tanto que, aquel renunció a
Alianza Social Independiente, dentro del término previsto por la Resolución 1549 de
2023, solicitó su reincorporación ante NFD, agrupación que certificó y convalidó su
petición y, posteriormente, bajo el amparo de dicho acto administrativo, fue inscrito
y avalado como candidato al Concejo de Montenegro (Quindío) por la colectividad
en comento.

De cualquier forma, debe aclararse que, la posibilidad de retornar a NFD por los
ciudadanos que compartían su ideario político, es un asunto que competía verificar
y validar al propio partido. Luego, aun cuando el CNE precisó que debía
demostrarse una relación directa y públicamente reconocida, no calificó la actividad
probatoria para ello, pues señaló que podría acreditarse ante la colectividad con los
medios probatorios permitidos en la ley.

Nótese que, en el ordenamiento jurídico, antes del año 2011 con la expedición de
la Ley 1475, no existía un registro de afiliados a este tipo de agrupaciones políticas.
Solo fue con la expedición de dicha regulación estatutaria, que se empezó a llevar
un control sobre los militantes de cada colectividad ante el Consejo Nacional
Electoral12. Si Nueva Fuerza Democrática aceptó las declaraciones rendidas por el

12
Ley 1475 de 2011. Artículo 3°. Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. El Consejo Nacional
Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes
legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos
relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así cómo
el registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los mencionados
documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento
consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos.

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Demandante: María Fernanda Herrera Pavas
Demandado: Yhoan Andrés Zuluaga, concejal de Montenegro (Quindío)
Rad: 63001-23-33-000-2024-00007-01

señor Yhoan Andrés Zuluaga, bajo los postulados de la buena fe, era a esa
colectividad a quien le correspondía valorar tales afirmaciones.

No comparte la Sala el argumento de la recurrente (con fundamento en el
salvamento de voto de la sentencia de primera instancia) al afirmar que las
declaraciones aportadas por el demandado no son válidas y resultan contrarias al
régimen probatorio, en tanto que preconstituyó unilateralmente la evidencia.
Primero, porque, se reitera, ese reparo resulta a todas luces extemporáneo pues no
hizo parte de los argumentos de la demanda ni tampoco quedó en la fijación del
litigio. Segundo, porque, aun cuando se aceptara que el a quo llevó a cabo una
valoración de dicha prueba para resolver el problema jurídico planteado, lo cierto es
que, la declaración es un medio de prueba idóneo sobre todo cuando se trata de
acreditar un hecho que le compete demostrar a quien la rinde. Se insiste en que, los
partidos políticos, antes de 2011, no tenían un registro sobre la afiliación de sus
integrantes, de manera que, la calidad de simpatizante o militante de una
colectividad le correspondía declararla a quien alegara su reincorporación a la
respectiva agrupación y era esta última la que debía certificar la validez de la
filiación.

No puede dejarse de lado que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-257 de
2021, señaló que una de las formas de reparación a favor de la colectividad política
que demostró el padecimiento de grave violencia, es permitir la recomposición de
sus filas, sin que existan sanciones como las derivadas de la aplicación de la doble
militancia.

Frente a esto, la Corte razonó de la siguiente manera:

215. (…) la persecución con la misma finalidad de eliminar a sus demás líderes por
parte de organizaciones delincuenciales que, en su momento, le resultaba imposible
controlar al Estado, modificó la situación de que gozaban sus dirigentes frente a las
demás organizaciones políticas (…) Por lo tanto, a quienes sufrieron los hechos
antes señalados les asiste el derecho a reagruparse (…).

398. (…) para garantizar la interpretación sistemática de las normas que protegen a
las personas que en últimas fueron víctimas de las conductas cometidas (…) incluye
el derecho a recobrar su personería jurídica, por lo cual una forma de reparación
consiste en devolvérsela y el derecho de sus fundadores y dirigentes de la época
que en que existió y que fueron elegidos en representación del Partido y hoy están
en otras agrupaciones políticas a que retornen al Partido y en él puedan continuar
ejerciendo sus derechos políticos.

399. Este caso obliga a plantear la necesidad de desbloquear la democracia
porque las barreras existentes como las que son objeto de análisis impiden el
desarrollo e implementación del principio pluralista que facilite la democracia
militante y que afecta tanto a las nuevas organizaciones políticas como a sectores
o tendencias de los propios partidos y movimientos políticos, porque obtenida su
personería jurídica, dada la rigidez de las reglas constitucionales y legales,
ésta se pierde o se debe cancelar, (…).

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Demandante: María Fernanda Herrera Pavas
Demandado: Yhoan Andrés Zuluaga, concejal de Montenegro (Quindío)
Rad: 63001-23-33-000-2024-00007-01

410.Así mismo, en la medida en que esta Sentencia se profiere y se notifica en el
momento en que ya está en curso el calendario electoral para las elecciones
congresariales de marzo de 2022, quedarán exceptuados de la obligación de
haber renunciado a la curul que actualmente ocupan en representación de
otros Partidos, al menos con 12 meses antes del primer día de inscripción,
quienes fueron sus fundadores, integrantes de sus cuerpos directivos o elegidos a
corporaciones públicas como candidatos de ese Partido entre 1980 y 1988 y
quienes mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida con el
Partido Nuevo Liberalismo (esta última acreditada por el Consejo Nacional del
Nuevo Liberalismo) y ahora aspiren a ser elegidos en representación de ese
Partido en las elecciones a celebrarse en 2022. (Negrilla fuera de texto).

Como se lee, la Corte no solo permitió regresar a los fundadores, directivos y
elegidos a corporaciones públicas como candidatos del partido Nuevo Liberalismo
entre 1980 y 1988 sino también a quienes mantuvieron una relación directa y
públicamente reconocida con la colectividad. Esa relación, según el máximo órgano
constitucional, debía ser acreditada por el mismo partido, de modo que, mutatis
mutandis dadas las circunstancias en que fue reconocida la personería jurídica de
Nueva Fuerza Democrática, al amparo de la referida sentencia de unificación, le
correspondía al partido validar la relación que el señor Yhoan Andrés Zuluaga
mantuvo públicamente con aquel, lo cual sucedió al aceptar su reincorporación.

De manera que, exigir pruebas adicionales o específicas para demostrar la simpatía
que afirmó tener el demandado con Nueva Fuerza Democrática, constituiría una
actividad judicial desbordada respecto a los verdaderos requisitos que previó la
organización electoral para la reincorporación a la colectividad, con fundamento en
la sentencia de unificación de la Corte Constitucional citada líneas atrás.

Tampoco se probó, como lo afirma la recurrente, que el señor Yhoan Andrés
Zuluaga se haya reincorporado a Nuefa Fuerza Democrática, únicamente porque el
partido ASI no le otorgaría un aval para las siguientes elecciones al Concejo de
Montenegro (Quindío). Ello tan solo comporta una afirmación sin respaldo de la
apelante.

Visto así el asunto, los argumentos de la demandante no prosperan y, en
consecuencia se confirmará la providencia del 4 de abril de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Demandante: María Fernanda Herrera Pavas
Demandado: Yhoan Andrés Zuluaga, concejal de Montenegro (Quindío)
Rad: 63001-23-33-000-2024-00007-01

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío del 4 de abril de 2024, por medio de la cual, denegó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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