Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2023-00369-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2023-00369-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 41001-23-33-000-2023-00369-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
12 de septiembre de 2024
Demandante: Ricardo Andrés Ruiz Vallejo
Demandada: Clarena Mora Méndez, concejal de Pitalito (Huila) periodo 2024-2027
Rad: 41001-23-33-000-2023-00369-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 41001-23-33-000-2023-00369-01
Demandante: RICARDO ANDRÉS RUIZ VALLEJO
Demandada: CLARENA MORA MÉNDEZ - CONCEJAL DE PITALITO
(HUILA), PERÍODO 2024 - 2027
Temas: Doble militancia de los miembros de una corporación pública.
Artículo 2 de la Ley 1475 de 2011. Reconocimiento de la personería
jurídica al partido Nueva Fuerza Democrática.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y el
partido Nueva Fuerza Democrática, contra la sentencia del 29 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró la nulidad del acto de
elección de la señora Clarena Mora Méndez como concejal de Pitalito (Huila), periodo
2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda
El señor Ricardo Andrés Ruiz Vallejo, en nombre propio, presentó demanda el 22 de
noviembre de 2023, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, contemplado
en el artículo 139 del CPACA, en contra del Acta de Escrutinio Municipal E26 – CON del
2 de noviembre del mismo año, mediante la cual se declaró la elección, entre otros, de
la señora Clarena Mora Méndez como concejal de Pitalito (Huila), para el periodo
constitucional 2024-2027.
1.2 Hechos
La parte actora expuso como fundamentos fácticos, los siguientes:
Destacó que la señora Clarena Mora Méndez fue elegida concejal de Pitalito (Huila), por
el Partido de La Unión por la Gente – Partido de la U, para el período constitucional
2019 – 2023.
Mencionó que la señora Mora Méndez se inscribió como candidata al Concejo de
Pitalito (Huila) para las elecciones territoriales que se llevarían a cabo el 29 de octubre
de 2023; sin embargo, fue avalada por la coalición «Unidos por Pitalito» conformada por
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Demandante: Ricardo Andrés Ruiz Vallejo
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los partidos Nueva Fuerza Democrática y Salvación Nacional, el 29 de julio de 2023.
Expuso que, no obstante, para la referida fecha la demandada aún militaba para el
Partido de la U e incluso era concejal por esa colectividad y ejercía como presidente de
la corporación; además, según certificación expedida por esa agrupación, la demanda
nunca renunció a la agrupación ni a la curul.
Precisó que, mediante el Acta General de Escrutinio contenida en el Formulario E-26
del 2 de noviembre de 2023, se declaró la elección de la señora Clarena Mora Méndez,
como concejal de Pitalito (Huila), para el periodo 2024-2027, por la coalición «Unidos
por Pitalito» y avalada por el partido Nueva Fuerza Democrática.
1.3 Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora invocó como normas vulneradas los artículos 107 de la Constitución
Política; 2, inciso 2 de la Ley 1475 de 2011 y 275, numeral 8, de la Ley 1437 de 2011.
Refirió el marco jurídico de las inhabilidades para acceder a cargos de elección popular.
Expuso que la reforma política incorporó una nueva modalidad de doble militancia, en
donde se reprocha a quien, siendo elegido por un partido, se inscribe como candidato
por otro para el siguiente proceso electoral, sin haber renunciado a la curul, durante el
término previsto en la norma superior; es decir, doce (12) meses antes del primer día de
inscripciones.
Sostuvo que la demandada desconoció la prohibición doble militancia y, pese a que no
se alegó como causal para revocar su inscripción como candidata al Concejo de Pitalito
(Huila) por la coalición «Unidos por Pitalito» ante Consejo Nacional Electoral – CNE, se
encuentra configurada la causal de nulidad para que sea la autoridad judicial la
encargada de enervar la legalidad del acto de elección.
Comentó que la señora Clarena Mora Méndez debió renunciar a la curul que había
obtenido en el periodo anterior en el Concejo de Pitalito (Huila) con la debida
antelación, conforme lo dispone la normativa (12 meses antes al primer día de
inscripciones), para poder inscribirse y ser elegida por un partido diferente, en los
siguientes comicios.
1.4 Actuaciones procesales
1.4.1 La admisión
El Tribunal Administrativo del Huila, a través de auto del 24 de noviembre de 2023,
inadmitió la demanda. Durante el término para subsanar la parte actora allegó el escrito
mediante el cual corrigió los yerros señalados. Mediante providencia del 6 de diciembre
de 2023, el tribunal admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor y, en la
misma fecha, en un proveído separado, ordenó correr traslado de la medida cautelar.
Por su parte, el 2 de febrero de 2024, el tribunal denegó la solicitud de suspensión
provisional requerida por el demandante.
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1.4.2. Coadyuvante – José Ricardo Sánchez Ninco
El tercero intervino para respaldar los argumentos de la demanda y precisar que la
Resolución 1549 de 2023 del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se reconoció
la personería jurídica al partido Nueva Fuerza Democrática, no puede pasar por alto y
desconocer la Constitución Política y la ley, en relación con las disposiciones
prohibitivas de la doble militancia.
1.4.3 Contestación de la demanda
1.4.3.1 Clarena Mora Méndez – demandada
Mediante apoderada intervino en los siguientes términos:
Indicó que no es cierto que la demandada no haya renunciado al Partido de la U, ya
que efectivamente lo hizo el 24 de julio de 2023. De manera que, precisó que según la
Resolución 0266 de 2019 del Consejo Nacional Electoral (CNE), la renuncia surte
plenos efectos una vez presentada. Además, destacó que la dimisión a la referida
colectividad se realizó de conformidad con la Resolución 1549 de 2023 del CNE,
mediante la cual se restituyó la personería jurídica a la agrupación Nueva Fuerza
Democrática (en adelante NFD), en la que se permitió a antiguos simpatizantes y
militantes tramitar su reincorporación al partido sin incurrir en causal de doble militancia.
Explicó que la Resolución 1549 de 2023 del CNE estableció en el parágrafo segundo
del artículo 6º, que aquellos que tramitaran la reincorporación ante la Nueva Fuerza
Democrática, pero hubiesen sido elegidos en corporaciones públicas o cargos
uninominales en representación de otras organizaciones políticas, no perderían la
dignidad que ocupan. Por lo tanto, afirmó que la renuncia de la señora Clarena Mora
Méndez al Partido de la U resulta válida y no era necesario dimitir a la curul del Concejo
Municipal de Pitalito (Huila), al amparo del referido acto administrativo.
Anotó que, en este caso, la demandada se inscribió como candidata al concejo por la
coalición «Unidos por Pitalito», y avalada por la colectividad Nueva Fuerza Democrática
para la cual militaba, previa renuncia al Partido de la U, el 24 de julio de 2023.
Aseguró que la certificación del secretario general del Partido de la U, en la que se
indica que Clarena Mora Méndez es miembro activo desde el 26 de abril de 2014 hasta
la actualidad, no refleja la realidad de su situación, ya que la renuncia presentada el 24
de julio de 2023 invalida cualquier afirmación de membresía activa después de esa
fecha.
Enfatizó que la Resolución 1549 de 2023 del Consejo Nacional Electoral restauró la
personería jurídica de la NFD, principalmente por las causas violentas que llevaron a su
disolución. Como consecuencia de lo anterior y en desarrollo de la debida protección
del derecho fundamental a elegir y ser elegido y a pertenecer a un partido político, el
CNE, en el citado acto, estableció la clara posibilidad de que los simpatizantes y
antiguos militantes se reincorporaran a la colectividad sin incurrir en doble militancia.
Ello, además, con fundamento en la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte
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Constitucional en la que, en términos similares, restauró los derechos del Nuevo
Liberalismo.
Insistió que el mismo acto administrativo precisó que, todos aquellos que tramitaran la
reincorporación ante Nueva Fuerza Democrática, pero hubiesen sido elegidos en
corporaciones públicas o cargos uninominales en representación de otras
organizaciones políticas, no perderían la dignidad que ocupan.
Explicó que mediante Resolución 4258 de 2023, el CNE resolvió el recurso interpuesto
contra la Resolución 1549 de 2023, y precisó el alcance de la interpretación de las
expresiones «simpatizantes y antiguos militantes» incorporada en el artículo primero,
inciso segundo; por lo tanto, destacó que no incurrirán en doble militancia los
fundadores del partido NFD, los integrantes de sus cuerpos directivos, los que hayan
sido elegidos a corporaciones públicas como candidatos de la colectividad entre 1991 y
2006, y los «simpatizantes y antiguos militantes», entiéndase por estos quienes
mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida con la agrupación política,
en los términos de la sentencia SU-257 de 2021.
Comentó que, de acuerdo con los referidos actos administrativos, el plazo para
reincorporarse a NFD estaba dado hasta el 2 de agosto de 2023. En efecto, los actos
administrativos del CNE dispusieron treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria,
para la reincorporación de todos los simpatizantes y antiguos militantes.
Argumentó que la señora Clarena Mora Méndez fue simpatizante de la Nueva Fuerza
Democrática, en tanto que participó en las «juventudes pastranistas» en el año 1998, y
por ello se certificó por NFD su reincorporación como militante. De ahí la importancia
del alcance brindado por el CNE a este trámite, pues autorizó que, quienes habiendo
sido elegidos en corporaciones públicas o cargos uninominales en representación de
otras organizaciones políticas, no perdieran la dignidad que ocupan. Por tal motivo, es
claro que, la demandada al haber manifestado al correo electrónico
info@partidodelau.com su renuncia irrevocable al Partido de la U no tuvo que dejar su
posición como concejal del municipio de Pitalito (Huila), periodo 2020-2023.
Sustentó que la decisión de Clarena Mora Méndez de renunciar a su filiación política
previa, para posteriormente reintegrarse a la NFD, se fundamentó en la excepción
explícita establecida por el mismo CNE en la Resolución 1549 de 2023. Por lo tanto,
pasar por alto los argumentos de la autoridad electoral, podría generar un ambiente de
incertidumbre jurídica y se afectaría no solo al partido sino también a sus miembros.
Destacó que el mencionado acto administrativo fue el catalizador que motivó a
simpatizantes y antiguos militantes de la NFD, incluso aquellos afiliados que ocupaban
una curul en corporaciones públicas, a tomar la determinación de reintegrarse a la
colectividad. La resolución proporcionó la certeza de que no se impondrían sanciones
relacionadas con la doble militancia en sus casos particulares, brindándoles confianza
legítima.
1.4.3.2 Nueva Fuerza Democrática
El partido intervino en los siguientes términos:
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Alegó que no es cierto, como lo indica el demandante, que la señora Clarena Mora
Méndez no presentó renuncia al Partido de la U, ya que efectivamente lo hizo el 24 de
julio de 2023. Según la Resolución 0266 de 2019 emitida por el CNE, la dimisión se
considera efectiva una vez presentada. Además, destacó que dicha dimisión se realizó
de conformidad con los términos establecidos en la Resolución 1549 de 2023 del CNE,
la cual restituyó la personería jurídica de la NFD, permitiendo a antiguos simpatizantes y
militantes tramitar su reincorporación al partido sin incurrir en causal de doble militancia.
Sostuvo que el CNE, al otorgar esa posibilidad actuó dentro del marco constitucional y
convencional. Además, indicó que se trata de una determinación que protege
plenamente y de manera adecuada los derechos fundamentales del partido y sus
miembros. Igualmente, de acuerdo con la sentencia SU-257 de 2021, es una forma de
restaurar las garantías de los seguidores de la colectividad y, por lo tanto, se trata de
una situación totalmente diferente a la cual no se le puede aplicar la disposición del
artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.
1.4.3.3 Consejo Nacional Electoral
Solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que no está
acreditada la causal invocada. Anotó que el CNE tuvo en cuenta la sentencia SU-257
de 2021 para otorgar la personería jurídica al partido Nueva Fuerza Democrática; por lo
tanto, en el caso en concreto se evidenció que la demandada presentó renuncia, como
militante del Partido de la U, acogiéndose a lo dispuesto en la Resolución 1549 del
2023. Asimismo, solicitó su reincorporación al partido Nueva Fuerza Democrática en los
términos previstos.
Apuntó que, en virtud de lo anterior, y dado que el CNE profirió un acto administrativo
que aclaró que los «simpatizantes y antiguos militantes» que se reincorporaran al
partido Nueva Fuerza Democrática, no incurrirían en doble militancia, no era posible
limitar el derecho fundamental a elegir y ser elegido de la demandada. Sobre todo
cuando la Corte Constitucional en sentencia SU-207 de 2022 determinó la funcionalidad
que tienen los principios pro-homine y pro libertatis, que conlleva a que la autoridad
judicial prefiera la interpretación que limite en menos medida el derecho de las personas
de acceder a cargos públicos.
1.5. Otras actuaciones de la primera instancia
El 14 de marzo de 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial; en la referida diligencia, el
magistrado sustanciador advirtió que no había excepciones previas que resolver, razón
por la cual, procedió con el decreto de las pruebas solicitadas por las partes, algunas
otras de oficio y fijó el litigio en los siguientes términos:
[C]onsiste en resolver si debe anularse acto de elección de la señora Clarena Mora
Méndez como concejal del municipio de Pitalito- Huila para el período 2024-2027
contenido en las actas de escrutinio formularos E-26 y E-27 de la Comisión Escrutadora
municipal de Pitalito, porque presuntamente incurrió en la prohibición de doble militancia.
Finalmente, prescindió de la audiencia de pruebas y, mediante providencia del 11 de
abril de 2024, incorporó las pruebas documentales requeridas y corrió traslado a las
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partes para alegar de conclusión, así como al Ministerio Público, término dentro del cual
allegaron sus escritos correspondientes.
2. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia del 29 de mayo de 2024,
resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR probadas de oficio las excepciones de inconstitucionalidad y
de ilegalidad de los parágrafos primero y segundo del artículo 6° de la Resolución N°
1549 del 1° de marzo de 2013 (sic) del Consejo Nacional Electoral, en el caso concreto.
SEGUNDO: DECRETAR la nulidad de la elección de la señora Clarena Mora Méndez
como concejal del municipio de Pitalito- Huila para el período constitucional 2024-2027,
por infringir el régimen de prohibición de doble militancia y, en consecuencia, ORDENAR
la cancelación de la respectiva credencial.
Destacó que la señora Clarena Mora Méndez infringió la prohibición de doble militancia,
en la medida en que, a pesar de ser concejal Pitalito (Huila) en el período constitucional
2020-2023 por el Partido de la U, se inscribió a las elecciones territoriales del 2023 para
el mismo cargo, pero esta vez por la colación «Unidos por Pitalito», integrada por las
colectividades Nueva Fuerza Democrática y Movimiento de Salvación Nacional, sin
renunciar a su curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
Expuso que el 24 de julio de 2023, de manera simultánea, se vinculó a NFD y se
inscribió como candidata al Concejo de Pitalito por la colación «Unidos por Pitalito».
Resaltó que la situación fáctica de la demandada no se encuadra en la excepción a la
prohibición de doble militancia establecida en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475
de 2011, esto es, que se trate de un miembro de partidos y movimientos políticos que: i)
sean disueltos por decisión de sus miembros o ii) pierdan la personería jurídica por
causas distintas a las sanciones previstas en la ley. En este caso el partido NFD ya
había perdido la personería.
Precisó que, en lo que concierne al restablecimiento de la personería jurídica de Nueva
Fuerza Democrática por parte del CNE, con fundamento en la sentencia SU-257 de
2021, era necesario aclarar algunos puntos. Por un lado, señaló que la referida
providencia de unificación no autorizó que se desconociera la prohibición de doble
militancia. De otro lado, aseguró que ese precedente no le resultaba aplicable a la
demandada, pues el beneficio que dicha decisión otorgó al partido Nuevo Liberalismo y
a otros que se encontraran en situación similar, tuvo efectos limitados en el tiempo,
específicamente, para las elecciones del congreso celebradas en el 2022.
Argumentó que la situación de la señora Mora Méndez es diferente, pues participó
como candidata al concejo municipal de Pitalito (Huila), periodo 2024-2027, elecciones
que tuvieron lugar el 29 de octubre de 2023; además, no se avizora la urgencia y
excepcionalidad expuesta en la sentencia de unificación para el Nuevo Liberalismo.
Sustentó que en el caso del partido Nueva Fuerza Democrática, se evidencia que
pasado más de un año desde la notificación de la SU-257 de 2021, concretamente el 18
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de enero de 2023 y bajo CNE-E-2023-001129, el ciudadano Andrés Pastrana Arango
radicó solicitud de restitución de personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral,
tal como se desprende de la Resolución 1549 del 1° de marzo de 2023 proferida por
dicha autoridad electoral, en la que se accedió a dicho pedido.
Comentó que la tardía presentación de la solicitud de restitución de la personería de
NFD y la no demostración de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, impiden
estudiar si es posible flexibilizar el plazo límite fijado en el fallo de unificación
(elecciones de 2022), máxime cuando el inciso final del artículo 3 de la Ley 130 de 1994
establece que el Consejo Nacional Electoral no debe demorar más de treinta (30) días
hábiles en estudiar una petición de esa naturaleza.
Advirtió que los parágrafos primero y segundo del artículo 6° de la Resolución 1549 del
1° de marzo de 2023 del CNE, concedieron privilegios a los militantes de NFD no
previstos en la constitución y la ley, ni tampoco en la sentencia SU-257 de 2021, pues
como se precisó, sus efectos se limitaron a la coyuntura de las elecciones al congreso
2022. En consecuencia, dada la incompatibilidad de dichos preceptos con las normas
superiores, sostuvo que se inaplicarían por vía de excepción de inconstitucionalidad y
de ilegalidad.
Resaltó que, sin perjuicio de lo anterior, aun cuando se considerara que a la
demandada le aplica la sentencia SU-257 de 2021, no demostró la relación directa y
públicamente reconocida con el partido NFD. Indicó que solo se aportó la declaración
juramentada rendida el 23 de julio de 2023 ante el Notario Primero de Pitalito, por los
señores Edgar Alberto Cardona Giraldo y Alba Luz Ramos; en aquella se limitaron a
señalar que fue simpatizante de Nueva Fuerza Democrática, del presidente Andrés
Pastrana Arango, y que hizo parte de las juventudes conservadoras campesinas del sur
del Huila.
Aseguró que la demandada debía acreditar ante NFD pruebas válidas e idóneas para
que, con fundamento en ellas, se le certificara su relación directa y públicamente
reconocida. Como en el presente caso no se hizo, no puede ampararse en la sentencia
SU-257 de 2021.
Anotó que no acogería la posición planteada en las sentencias de otros tribunales
administrativos del país allegadas con los alegatos de conclusión del partido NFD,
porque en estas se limitan a replicar la interpretación que el CNE dio a la sentencia SU-
257 de 2021 en las resoluciones que restituyeron la personería jurídica a dicho
movimiento político, lo cual ha quedado ampliamente refutado.
3. Los recursos de apelación
Inconformes con la decisión, la demandada y Nueva Fuerza Democrática, mediante
escritos allegados el 11 y 13 de junio de 2024, respectivamente, formularon recurso de
apelación, con fundamento en los siguientes argumentos:
3.1. Clarena Mora Méndez – demandada
Sostuvo que el a quo erró al aplicar de manera general el Acto Legislativo 01 de 2009 y
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la Ley 1475 de 2011 desatendiendo la excepción establecida en la Resolución 1549 del
1º de marzo de 2023 del Consejo Nacional Electoral y posteriores, por medio de las
cuales se exoneró a los antiguos simpatizantes y/o militantes de NFD de la inhabilidad
general de doble militancia.
Mencionó que, igualmente, el tribunal omitió lo dispuesto en la Resolución 0266 del 31
de enero de 2019 proferida por el Consejo Nacional Electoral, en la que se precisó que
la renuncia a una colectividad política es válida desde el momento de su presentación,
toda vez que aquella no se encuentra supeditada a su aceptación, con fundamento en
el derecho a la libre asociación.
Sustentó que el tribunal se tomó atribuciones y competencias propias del Consejo de
Estado referente al estudio y validez de la Resolución 1549 de 2023, que reintegró la
personería jurídica al partido Nueva Fuerza Democrática, pese a que este acto
administrativo goza de plena eficacia y legalidad.
Indicó que tampoco valoró en debida forma las declaraciones extrajuicio aportadas por
los señores Edgar Alberto Cardona Giraldo y Alba Luz Ramos, rendidas ante el notario
primero de Pitalito (Huila) el 23 de julio de 2023, frente a la antigua militancia de la
señora Clarena Mora Méndez.
3.2. Nueva Fuerza Democrática
Sustentó que el a quo desconoció la situación particular de la NFD y las excepciones
dadas a los antiguos militantes y/o simpatizantes de esta colectividad en la Resolución
1549 de 2023 y se limitó a aplicar las leyes generales de la doble militancia, previstas
en el Acto Legislativo 01 de 2009 y la Ley 1475 de 2011.
Indicó que es necesario recordar el escenario en que tuvo lugar la pérdida de la
personería jurídica de la NFD y los efectos adversos que traía consigo el
desconocimiento de dichos antecedentes en la resolución del asunto de la referencia.
Es imperioso reconocer el contexto de violencia política que privó a los militantes y
simpatizantes de esa organización del ejercicio de sus derechos fundamentales en el
ámbito político. Por lo anterior, es claro que denegarles el retorno sin consecuencias
legales acentuaría el agravio previo de sus derechos políticos.
Enfatizó que la reincorporación a un partido que resurge no equivale a doble militancia,
como lo reconoció el Consejo Nacional Electoral a través de la Resolución 1549 de
2023; lo cual, además, evitó el desconocimiento y un ultraje mayor a los derechos
fundamentales de los seguidores del partido, de conformidad con el artículo 40 de la
Constitución Política.
Reiteró que la demandada sí renunció al Partido de la U, la cual se hizo efectiva desde
el momento de su presentación el 24 de julio de 2023; sin embargo, conforme a los
actos administrativos expedidos por el CNE, no tenía el deber de renunciar a la curul
que ocupaba en el Concejo de Pitalito (Huila).
Sostuvo que el tribunal de primera instancia asumió competencias propias del Consejo
de Estado al refutar lo establecido en las resoluciones 1549 de 2023 y 4258 de 2023,
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mediante la cual el CNE le reintegró la personería jurídica a la NFD, cuando se debía
limitar a analizar si a la señora Clarena Mora Méndez le aplicaban las excepciones
contenidas en tales actos administrativos.
Recordó que el máximo órgano de lo contencioso administrativo está revisando tres
demandas en las que se solicitó declarar la nulidad parcial de la Resolución 1549 de
2023. A la fecha, se está a la espera del fallo por parte de este tribunal, razón por la
cual el acto administrativo cuenta con plena presunción de legalidad y las excepciones
dadas a los reincorporados deben ser contempladas a la hora de dictar sentencia en los
procesos de doble militancia de los miembros de NFD.
Indicó que tampoco valoró en debida forma las declaraciones extrajuicio aportadas por
los señores Edgar Alberto Cardona Giraldo y Alba Luz Ramos, rendidas ante el notario
primero de Pitalito (Huila) el 23 de julio de 2023, frente a la antigua militancia de la
señora Clarena Mora Méndez.
4. Alegatos de conclusión en segunda instancia
4.1. Clarena Mora Méndez – demandada
Insistió en las razones por las cuales debe revocarse el fallo de primera instancia,
señaladas tanto en la contestación de la demanda como en el recurso de apelación.
4.2. Nueva Fuerza Democrática
Reiteró los argumentos señalados en el trámite del proceso y enfatizó que resulta
imperioso reconocer el contexto de violencia política que privó a los militantes y
simpatizantes de NFD del ejercicio de sus garantías fundamentales (derechos
protegidos tanto a nivel nacional como internacional). Por lo anterior, es claro que
denegarles el retorno sin consecuencias legales añadiría vulneraciones al agravio
previo de sus derechos políticos.
Señaló que otros tribunales del país, en situaciones similares en las que se acusa de
doble militancia a los miembros que se reincorporaron a Nueva Fuerza Democrática,
negaron las pretensiones de la demanda, con fundamento en la legalidad de las
resoluciones 1549 de 2023 y 4258 de 2023 del CNE. Para ello aportó tales
providencias.
4.3. Concepto del Ministerio Público1
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda,
bajo los siguientes argumentos:
Recordó que, recientemente, esta Corporación resolvió un asunto con supuestos
fácticos y jurídicos similares expediente 63001-23-33-000-2024-00007-01, providencia
del 20 de junio de 2024. En esa oportunidad, se precisó que «al revisar las pruebas
1 Índice SAMAI número 13.
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Demandante: Ricardo Andrés Ruiz Vallejo
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allegadas al expediente, no es posible alegar que el demandado incurrió en la referida
prohibición, en tanto que, aquel renunció a Alianza Social Independiente, dentro del
término previsto por la Resolución 1549 de 2023, solicitó su reincorporación ante NFD,
agrupación que certificó y convalidó su petición y, posteriormente, bajo el amparo de
dicho acto administrativo, fue inscrito y avalado como candidato al Concejo de
Montenegro (Quindío) por la colectividad en comento».
Sostuvo que, en este asunto, únicamente se debía acreditar la renuncia al anterior
partido dentro del período establecido en la Resolución 1549 de 2023, esto es, 30 días
hábiles contados a partir de la notificación de dicho acto, y solicitar su reincorporación,
previa demostración que había sido militante o simpatizante de Nueva Fuerza
Democrática, para lo cual se aceptaban diversos medios probatorios.
Refirió las pruebas allegadas al expediente para precisar que le asiste razón a los
recurrentes, en el sentido de que la Resolución 1549 de 2023 goza de presunción de
legalidad, y se cumplieron los requisitos exigidos en ella para realizar la reincorporación
de la demandada al partido Nueva Fuerza Democrática, sin que con su actuar se haya
incurrido en doble militancia.
Mencionó que, además, esta Sala conoce de sendas demandas de nulidad frente a la
resolución del CNE en comento y, en el trámite de algunas de aquellas, negó la
suspensión provisional de sus efectos, por lo que cuenta con plena validez, sin que ello
como se sabe, constituya prejudicialidad, pero confirma la firmeza temporal al acto.
Concluyó que el a quo desconoció el precedente del Consejo de Estado y más gravoso
aún cuando se afecta la elección de una mujer, en el entendido que se debe propender
por una protección más rigurosa y exhaustiva de su derecho de participación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 2 numeral 7 literal
(a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia de los recursos
de apelación interpuestos por la parte actora y Nueva Fuerza Democrática contra la
sentencia del 29 de mayo de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del
Huila declaró la nulidad del acto de elección demandado.
2. Cuestión previa
La Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda de la
referencia y, posteriormente, en providencia separada, resolvió la solicitud de
suspensión provisional de los efectos del acto de elección acusado.
Dicho trámite desconoce la normativa especial que regula el proceso de nulidad
2 Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia… 7. De los siguientes
asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la
curul, según el caso (…) de los miembros de corporaciones públicas de los municipios (…).
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electoral, si se tiene en cuenta que el último inciso del artículo 277 del CPACA, dispone
expresamente:
En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la
que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual
debe ser proferido por el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede en los
procesos de única instancia el recurso de reposición y, en los de primera, el de
apelación.
Por lo tanto, se conminará al Tribunal Administrativo del Huila para que, en lo sucesivo,
observe el procedimiento especial para el trámite del proceso contencioso electoral, que
dispone que la solicitud de suspensión provisional deberá resolverse en el mismo auto
admisorio, de acuerdo con el artículo 277 del CPACA.
3. El acto electoral cuestionado
Corresponde al Acta de Escrutinio Municipal E26 – CON del 2 de noviembre de 2023,
mediante la cual se declaró la elección, entre otros, de la señora Clarena Mora Méndez,
como concejal de Pitalito (Huila), para el periodo 2024-2027.
4. Problema jurídico
Conforme con el fallo de primera instancia y con los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o
revoca la sentencia de primera instancia. Al efecto, se tendrá en cuenta los límites de la
competencia del juez ad quem, a partir de la fijación del litigio señalada por el tribunal,
la providencia de primer grado y los argumentos de los recursos.
En consecuencia, se deberá establecer si la señora Clarena Mora Méndez incurrió en
doble militancia política en la modalidad de miembro de corporación pública, al ser
candidata de la coalición «Unidos por Pitalito», avalada por Nueva Fuerza Democrática
para su aspiración al Concejo de Pitalito (Huila), para el periodo 2024-2027, pese a que
no renunció con 12 meses de antelación a la curul que había obtenido en los comicios
anteriores con el Partido de la U.
Para ello, deberá determinarse si, la excepción de ilegalidad e inconstitucionalidad de
los parágrafos primero y segundo del artículo 6° de la Resolución 1549 del 1° de marzo
de 2023 del Consejo Nacional Electoral, declarada de oficio por el tribunal de primera
instancia, procedía en este asunto. Igualmente, si al amparo del referido acto
administrativo, la demandada cumplió con los requisitos para reincorporarse al partido
Nueva Fuerza Democrática.
Se advierte que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del
Proceso3, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión», disposición que debe interpretarse
en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l juez de
3 Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, por
la remisión prevista en su artículo 306.
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segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley».
Por lo tanto, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento de la
apelación está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos por el apelante, lo
que descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no haya sido materia de alzada 4.
Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) El marco
jurídico de la doble militancia política en la modalidad de miembro de corporación
pública, (ii) el otorgamiento de la personería jurídica a Nueva Fuerza Democrática por
parte del Consejo Nacional Electoral y, (iii) el caso concreto, conforme a los límites
indicados en el párrafo anterior.
5. Marco jurídico de la doble militancia en la modalidad de miembro de
corporación pública
Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas en las
últimas dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina partidista, que
persigue, a su vez, contribuir al funcionamiento de colectividades y bancadas sólidas,
consistentes y con vocación de permanencia. Así lo demuestran los Actos Legislativos
01 de 2003 y de 2009, por medio de los cuales se introdujo y reguló, entre otros
asuntos, la prohibición de doble militancia.
En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política, ningún
ciudadano podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido político. En
consonancia, la misma norma dispone que los miembros de corporaciones públicas
que decidan cambiar de partido para aspirar a una próxima elección están compelidos
a renunciar a la curul por lo menos 12 meses antes de la fecha en que inician las
inscripciones de candidatos de los comicios respectivos.
Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento, desarrollada
por la Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de nulidad electoral por la
Ley 1437 del mismo año (artículo 275, numeral 8). A partir del marco normativo que la
regula, la jurisprudencia de esta Sección ha esquematizado de forma reiterada y
pacífica las modalidades en las que se manifiesta la doble militancia política, según sus
destinatarios y las conductas proscritas:5
a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento político o
grupos significativo de ciudadanos.
4 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-000-
2019-00896-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
5
Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-
28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-
03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10 de marzo de 2022, Rad.
76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 9 de septiembre de 2021,
Rad. 25000-23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021,
Rad. 47001-23-33-000-2020-00023-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de
2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de
noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-0002014-00091-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad. 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
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b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política distinta, en el
mismo proceso electoral.
c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular: inscripción como
candidato para la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto de
aquel que lo avaló, con dos excepciones, primera, que renuncie a la curul antes de los
12 meses que preceden al primer día de inscripciones y segunda, que la colectividad
sea disuelta o pierda la personería jurídica por causas diferentes a una sanción.
d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos: apoyar a
candidatos de organizaciones políticas diferentes a la que pertenecen y les otorgó aval,
según el caso, salvo que la respectiva organización no esté participando con aspirantes
para la correspondiente elección ni haya manifestado su apoyo expreso a determinada
campaña de otro partido o movimiento.
e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como candidatos o
designación como directivos de organizaciones políticas diferentes, salvo que medie
renuncia a la respectiva dignidad 12 meses antes de uno u otro hecho.
En un pronunciamiento de tutela6 que fue dirigido en contra de una providencia
proferida por esta Sección Electoral, el Tribunal Constitucional insistió respecto a la
doble militancia en que:
En este punto, también es pertinente establecer que, en las reformas constitucionales
del artículo 107 superior, no se evidencia la intención del Legislador de excluir alguna
situación de la prohibición general de doble militancia.
Además, es claro que (…) la Carta Política no la contempla y de conformidad con las
reglas generales de interpretación no es viable hacer excepciones donde la Constitución
no lo ha previsto.
Frente a las excepciones de tal prohibición, el legislador se encargó de delimitar en la
citada norma estatutaria que los miembros de los partidos y movimientos políticos que
sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas
distintas a las sanciones previstas en la ley, podrán inscribirse en un partido distinto con
personería jurídica, sin tener reproche jurídico por ello.
Dadas las particularidades del asunto bajo estudio, resulta pertinente destacar, además,
las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU – 257
de 2021, en la cual se ordenó la restitución de la personería jurídica del partido político
Nuevo Liberalismo. En esa oportunidad, el máximo órgano constitucional dispuso
algunas «medidas reparadoras» concedidas a ese partido, tales como su derecho a
recomponerse legítimamente, lo que implicó una serie de excepciones al régimen
general para hacer efectivas sus garantías.
6Corte Constitucional, sentencia SU – 209 de 2021. Acción de tutela instaurada por Ángela María
Robledo Gómez contra la Sección Quinta del Consejo de Estado. M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
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Particularmente, las prohibiciones que contempló la Constitución Política en el artículo
107, relacionadas con la doble militancia, en palabras de la Corte Constitucional, no
pueden ser interpretadas en forma literal, comoquiera que para ese tribunal la
reparación de las garantías políticas no se limita a devolver la personería jurídica, sino
igualmente permitir que sus miembros y simpatizantes retornen al partido, para
continuar ejerciendo sus derechos sin sanción alguna.
Con fundamento en tales parámetros, la Corte fue insistente en destacar que tales
afiliados quedan exceptuados de la obligación de haber renunciado a la curul que
ocupaban en representación de otros partidos, al menos con doce (12) meses antes del
primer día de inscripciones y que aspiraban a ser elegidos en representación del Nuevo
Liberalismo en las elecciones a celebrarse en 2022.
Finalmente, el máximo órgano constitucional otorgó efectos inter comunis a la sentencia
de unificación SU – 257 de 2021, por circunstancias iguales o similares a las del Nuevo
Liberalismo.
6. Del reconocimiento de la personería jurídica al partido Nueva Fuerza
Democrática por parte del Consejo Nacional Electoral – reiteración de
jurisprudencia7
El expresidente de la República Andrés Pastrana Arango solicitó ante el Consejo
Nacional Electoral, la restitución de la personería jurídica del partido político Nueva
Fuerza Democrática, la cual había sido cancelada mediante la Resolución 1057 del 13
de julio de 2006, una vez surtidas las elecciones legislativas de ese año.
El CNE, mediante Resolución 1549 del 1° de marzo de 2023, accedió a la referida
petición, con fundamento en la sentencia de unificación 257 de 2021. Según advirtió la
autoridad electoral, la Corte Constitucional estableció efectos inter comunis a la
providencia en comento, con lo cual permitió que aquellas agrupaciones políticas que
vieron limitada su actividad proselitista por cuenta de actos violentos se beneficiaran de
las garantías y medidas restaurativas previstas en el fallo de unificación, cuando sus
condiciones hayan sido «iguales o similares» a las analizadas con los supuestos vividos
por el Nuevo Liberalismo. Sobre el particular, sostuvo expresamente lo siguiente:
De acuerdo con la regla fijada por la Corte Constitucional, esta autoridad está en la
obligación de reconocer personería jurídica a las organizaciones políticas que, por
cuenta de hechos de violencia [,] iguales o similares a los afrontados por el Nuevo
Liberalismo, hayan visto afectada su actividad política. Para la Sala es claro que la
Nueva Fuerza Democrática encaja en ese supuesto de hecho, y, por esta razón,
ordenará el restablecimiento de la personería jurídica del partido político.
Ahora bien, en el mismo acto administrativo el CNE dispuso una excepción especial
frente a los actos de doble militancia de aquellos militantes o simpatizantes que se
reincorporaran al partido Nueva Fuerza Democrática, en consideración a la restitución
de su personería jurídica. Esa determinación fue objeto de aclaración por parte de la
misma autoridad mediante resoluciones 2776 del 12 de abril de 2023 y 4258 del 7 de
junio de 2023.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de junio
de 2024, Rad: 63001-23-33-000-2024-00007-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Puntualmente, la autoridad electoral determinó lo siguiente:
ARTÍCULO SEXTO: OTORGAR a todos los simpatizantes y antiguos militantes
(entiéndase quienes mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida con la
agrupación política”, en los términos de la Sentencia SU-257 de 2021. Esta relación
directa y públicamente reconocida deberá ser acreditada por el partido político conforme
al procedimiento y los medios probatorios permitidos en la ley que estime idóneos para
tal fin), de la Nueva Fuerza Democrática que deseen y se encuentren actualmente
afiliados y afiliadas a otras agrupaciones políticas, el término de treinta (30) días
hábiles8, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que presenten la
correspondiente renuncia a esas colectividades y tramiten la reincorporación ante el
partido político Nueva Fuerza Democrática, con arreglo a sus estatutos internos.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas (fundadores del partido Nueva Fuerza
Democrática, los integrantes de sus cuerpos directivos, los que hayan sido elegidos a
corporaciones públicas como candidatos de la colectividad entre 1991 y 2006, y los
“simpatizantes y antiguos militantes” (entiéndase por estos “quienes mantuvieron una
relación directa y públicamente reconocida con la agrupación política”, en los términos
de la Sentencia SU-257 de 2021). Esta relación directa y públicamente reconocida
deberá ser acreditada por el partido político conforme al procedimiento y los medios
probatorios permitidos en la ley que estime idóneos para tal fin), que se reincorporen a la
Nueva Fuerza Democrática dentro del plazo indicado en este artículo, no incurrirán en la
prohibición de doble militancia prevista en los artículos 107 superior y 2 de la Ley 1475
de 2011.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las personas que tramiten la reincorporación ante la Nueva
Fuerza Democrática, pero hubiesen sido elegidos en corporaciones públicas o cargos
uninominales en representación de otras organizaciones políticas, no perderán la
dignidad que ocupan.
Como se lee, el Consejo Nacional Electoral señaló expresamente que, aquellos
antiguos militantes o simpatizantes que quisieran reincorporarse al partido político
Nueva Fuerza Democrática, lo podrían hacer dentro de los 30 días hábiles siguientes a
la notificación del acto administrativo. Asimismo, se previó que, quienes fueran
reincorporados a dicha agrupación política dentro del plazo indicado, no incurrirían en la
prohibición de doble militancia prevista en los artículos 107 constitucional y 2 de la Ley
1475 de 2011.
7. Caso concreto
Como viene de explicarse en los antecedentes de esta providencia, la parte actora
pretende que se declare la nulidad de la elección de la señora Clarena Mora Méndez
como concejal de Pitalito (Huila), con fundamento en que incurrió en doble militancia,
toda vez que no renunció a la curul de concejal que obtuvo en los comicios pasados por
el Partido de la U, pese a que en el periodo 2024-2027 resultó elegida para esa misma
dignidad por el partido Nueva Fuerza Democrática (NFD).
El tribunal de primera instancia encontró probado el cargo formulado, en consideración
a que, a su juicio, debían inaplicarse por inconstitucionales e ilegales las resoluciones
del CNE que extendieron los efectos inter comunis que otorgó la Corte Constitucional
8 Conforme a la constancia aportada por el CNE quedó ejecutoriado el acto administrativo el 16 de junio
de 2023, día hábil siguiente a la notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
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en la sentencia SU-257 del 2021 al partido Nueva Fuerza Democrática, y consintió (al
igual que lo hizo esa alta corte en relación con el partido Nuevo Liberalismo) un plazo
de gracia para que se inscribieran sus seguidores, sin las consecuencias de doble
militancia frente a las siguientes elecciones.
No obstante, el tribunal fue más allá e hizo un análisis probatorio sobre las pruebas que
fueron aportadas ante el partido y que se allegaron a este trámite judicial, para señalar
que la demandada no demostró efectivamente que era antigua simpatizante de NFD y,
por ello, no se encontraba en la excepción referida.
En suma, el a quo declaró la nulidad del acto de elección demandado, con fundamento
en que los parágrafos primero y segundo del artículo 6° de la Resolución 1549 del 1° de
marzo de 2023 del Consejo Nacional Electoral eran ilegales, y por ello, la señora Mora
Méndez al reincorporarse al partido Nueva Fuerza Democrática, no podía ser
beneficiaria de las consecuencias jurídicas contempladas en dicha decisión, como es la
excepción a la prohibición de doble militancia respecto de miembros de corporaciones
públicas.
Los recurrentes sostienen que el tribunal erró al aplicar de manera general el Acto
Legislativo 01 de 2009 y la Ley 1475 de 2011 desatendiendo la excepción establecida
en la Resolución 1549 del 1º de marzo de 2023 del Consejo Nacional Electoral y
posteriores, por medio de las cuales se exoneró a los antiguos simpatizantes y/o
militantes de NFD de la inhabilidad general de doble militancia.
Igualmente, que el a quo omitió lo dispuesto en la Resolución 0266 del 31 de enero del
2019 proferida por el Consejo Nacional Electoral, en la que se precisó que la renuncia a
una colectividad política es válida desde el momento de su presentación, toda vez que
aquella no se encuentra supeditada a su aceptación, con fundamento en el derecho a la
libre asociación.
Sustentaron que el tribunal se tomó atribuciones y competencias propias del Consejo de
Estado referentes al estudio y validez de la Resolución 1549 de 2023, que reintegró la
personería jurídica al partido Nueva Fuerza Democrática, pese a que este acto
administrativo goza de plena validez y legalidad hasta la fecha.
Indicaron que tampoco se valoraron en debida forma las declaraciones extrajuicio
aportadas por los señores Edgar Alberto Cardona Giraldo y Alba Luz Ramos, rendidas
ante el notario primero de Pitalito (Huila) el 23 de julio de 2023, frente a la antigua
militancia de la señora Clarena Mora Méndez.
Finalmente, trajeron a colación varias providencias dictadas por diferentes tribunales del
país en las que, en asuntos similares en los que se debatía el desconocimiento de la
prohibición de la doble militancia por parte de algunos miembros de Nueva Fuerza
Democrática, se negaron las pretensiones de la demanda, al amparo de la excepción
prevista por el CNE en los actos mediante los cuales le reincorporó la personería
jurídica al referido partido.
Sobre el particular, sea lo primero indicar que, los argumentos de la apelación se dirigen
esencialmente a controvertir la excepción de legalidad que fue declarada por el Tribunal
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Administrativo del Huila respecto de los parágrafos primero y segundo del artículo 6° de
la Resolución 1549 del 1° de marzo de 2023 del Consejo Nacional Electoral, lo que
impidió que se aplicara la excepción contemplada en dichas disposiciones, sobre la
prohibición de doble militancia.
No obstante, también se refieren los recurrentes a las pruebas que, según el tribunal, no
demostraban que la señora Clarena Mora Méndez era antigua militante o simpatizante
de Nueva Fuerza Democrática y que, bajo ese entendido, el tribunal consideró que no
era factible aplicar la excepción que previó el Consejo Nacional Electoral a quienes se
reincorporaban durante el término otorgado a dicho partido.
De modo que, es sobre estas consideraciones que los recurrentes fundan la apelación y
se dirigen a cuestionar la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad aplicada por el
tribunal, así como la valoración probatoria efectuada por el a quo. Con ello, pretenden
demostrar la excepción a la doble militancia en la que se encontraba la demandada, al
amparo de la resolución del CNE que reconoció la personería jurídica a Nueva Fuerza
Democrática.
Sobre el particular, la Sala considera en primer término que, en lo que concierne a la
excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad que de oficio fue declarada por el tribunal
de primera instancia, dicha apreciación pasó por alto algunos aspectos que eran de vital
importancia considerar. En efecto, cualquier determinación sobre la legalidad de los
parágrafos primero y segundo del artículo 6° de la Resolución 1549 del 1° de marzo de
2023 del Consejo Nacional Electoral, le corresponde zanjarla al Consejo de Estado, a
través del medio de control de nulidad que en la actualidad cursa en esta corporación,
bajo los radicados 11001-03-28-000-2023-00034-00 (acumulado) 11001-03-28-000-
2023-00028-00 y 11001-03-28-000-2023-00040-00. Hasta la fecha no hay una decisión
definitiva sobre el particular y, de cualquier forma, será el máximo órgano de la
jurisdicción de lo contencioso - administrativo, el que determine los efectos de su
sentencia respecto de las situaciones jurídicas consolidadas.
En ese orden de ideas, el estudio oficioso que hizo el tribunal respecto de la Resolución
1549 del 1° de marzo de 2023 del CNE y sus actos posteriores de aclaración y
reposición, no tuvo en cuenta que en esta corporación cursa una demanda de nulidad9
(acumulada) contra esa actuación y que cualquier análisis sobre el particular, podía
comprometer principios como la estabilidad y seguridad de la decisión que finalmente
pueda adoptar el máximo órgano de cierre y, con ello, principios y derechos
constitucionales que deben garantizarse a todos los usuarios de la administración de
justicia. Por lo tanto, el problema jurídico que debía desatar el Tribunal Administrativo
del Huila en este asunto tenía que considerar la presunción de legalidad de los referidos
actos administrativos del Consejo Nacional Electoral; cualquier determinación adicional
sobre la validez o no de la restitución de la personería jurídica de NFD o la excepción a
la doble militancia establecida por dicha autoridad, desbordaba el objeto de la litis.
No desconoce la Sala que la potestad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad o
ilegalidad a un caso concreto se encuentra en cabeza de todos los jueces de la
9
En la que incluso se resolvió la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución 1549 del 1°
de marzo de 2023 del Consejo Nacional Electoral mediante providencia del 12 de octubre de 2023, Rad:
11001-03-28-000-2023-00034-00 (acumulado). M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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república, siempre que se advierta una clara y abierta contradicción de una disposición
específica con una norma superior. Sin embargo, la ponderación que le corresponde a
cada autoridad judicial en un asunto de esta categoría debe observar la armonía de
todo el sistema judicial y, con ello, reconocer principios como la seguridad jurídica y las
situaciones particulares consolidadas bajo el postulado de la confianza legítima.
Por lo tanto, el a quo debía limitarse a verificar los contornos fácticos y jurídicos que
rodearon el presunto desconocimiento de la prohibición de doble militancia por parte de
la demandada, lo que, naturalmente implicaba hacer una valoración de las resoluciones
del CNE, mediante las cuales se restituyó la personería jurídica de Nueva Fuerza
Democrática, más no hacer un análisis sobre su validez. Además, porque la Sección
Quinta ya se había pronunciado en un asunto similar en el que se demandó la elección
de un concejal de Montenegro (Quindío), quien también fue avalado por NFD, mediante
providencia del 20 de junio de 2024, radicado: 63001-23-33-000-2024-00007-01.
Con esa claridad, la Sala efectuará el análisis particular y probatorio surtido en este
proceso, para efectos de determinar si, la conducta de la señora Clarena Mora Méndez
calificaba en el régimen de excepción establecido por la sentencia SU-257 de 2021 y la
Resolución 1549 de 2023 del CNE y sus actos aclaratorios y, en consecuencia, no
debía regirse por el ordenamiento común que impone la renuncia a la colectividad, en
este caso el Partido de la U, y a la curul que obtuvo con dicho partido, con una
antelación de doce (12) meses al primer día de inscripciones.
Como se detalló en párrafos precedentes, el Consejo Nacional Electoral en el
pluricitado acto señaló expresamente que, aquellos antiguos militantes o simpatizantes
que quisieran reincorporarse al partido político Nueva Fuerza Democrática, lo podrían
hacer dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo.
Asimismo, se previó que, quienes fueran reincorporados a dicha agrupación política
dentro del plazo indicado, no incurrirían en la prohibición de doble militancia prevista en
los artículos 107 constitucional y 2 de la Ley 1475 de 2011.
Posteriormente, aclaró que las personas que tramitaran su reintegración ante la Nueva
Fuerza Democrática, pero hubiesen sido elegidos en corporaciones públicas o cargos
uninominales en representación de otras organizaciones políticas, no perderían la
dignidad que ocupan.
También explicó que, por «antiguos militantes o simpatizantes» debía entenderse
aquellos ciudadanos que mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida
con la agrupación política, en los términos de la Sentencia SU-257 de 2021.
Adicionalmente, en las resoluciones 2776 del 12 de abril de 2023 y 4258 del 7 de junio
del mismo año, el CNE consideró lo siguiente:
Esta relación directa y públicamente reconocida deberá ser acreditada por el partido
político conforme al procedimiento y los medios probatorios permitidos en la ley que
estime idóneos para tal fin, que se reincorporen a la Nueva Fuerza Democrática dentro
del plazo indicado en este artículo, no incurrirán en la prohibición de doble militancia
prevista en los artículos 107 superior y 2 de la Ley 1475 de 2011.
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En tales condiciones, es preciso determinar si la demandada en este asunto surtió el
trámite previsto por la autoridad electoral, para efectos de reincorporarse a su antiguo
partido, Nueva Fuerza Democrática. En primer lugar, de las pruebas aportadas al
expediente se observa que la señora Clarena Mora Méndez sí renunció al Partido de la
U, el 24 de julio de 2023, dimisión que fue allegada al correo electrónico de la referida
colectividad:
Ahora bien, al expediente se allegó una respuesta a una solicitud efectuada al Partido
de la U, en la que consta que la demandada allegó la referida renuncia el 24 de julio de
2023:
De la respuesta en comento se evidencia que la demandada sí presentó la renuncia
ante el partido el 24 de julio de 2023, al correo electrónico señalado. Sin embargo, la
referida colectividad sostuvo que no la aceptó, en tanto la señora Clarena Mora Méndez
tenía el deber legar de renunciar a la curul que ocupaba en el Concejo de Pitalito
(Huila), por esa agrupación política.
Sobre los efectos de la renuncia a un partido político, esta Sección ha precisado lo
siguiente:
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En materia electoral, hablando propiamente de la renuncia que se presenta a seguir
perteneciendo a un partido o movimiento político, esta se puede considerar como un
retiro o abandono consiente y discrecional a continuar representando los intereses de
aquel en el cual una persona natural se encuentra militando; lo anterior, por cuanto la
Constitución Política en el inciso primero del artículo 107 garantiza a todos los
ciudadanos “…la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse”. Es entonces la voluntad
propia, concebida como la “Elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a
otro respeto o reparo” la característica principal de un acto de renuncia y, en tal medida,
quien así lo exprese, no puede ser obligado a continuar engrosando las filas de una
determinada colectividad política, porque aceptar un comportamiento como el descrito,
vulneraría en grado sumo la Carta Política10.
Como se lee, una vez presentada la renuncia por el militante de una colectividad, se
entiende que surte plenos efectos desde ese momento y no requiere de aceptación del
partido político.
Ahora, en lo que concierne a la renuncia a la curul que ostentaba la señora Clarena
Mora Méndez, doce (12) meses antes del primer día de inscripciones, es un asunto que
debe analizarse con más detalle, de cara a la excepción que se configuró en la
Resolución 1549 de 2023 del CNE y sus actos aclaratorios. Como se advirtió en
párrafos precedentes, las personas que tramitaran su reintegración ante la Nueva
Fuerza Democrática, pero hubiesen sido elegidos en corporaciones públicas o cargos
uninominales en representación de otras organizaciones políticas, no perderían la
dignidad que ocupan.
En este asunto, la demandada dentro del término otorgado por el Consejo Nacional
Electoral11, tramitó su reincorporación a Nueva Fuerza Democrática acogiéndose a lo
dispuesto en la mencionada resolución, lo cual fue certificado por dicha agrupación el
25 de julio de 2023. En virtud de lo anterior, y dado que el CNE profirió un acto
administrativo que aclaró que los «simpatizantes y antiguos militantes» que se
reintegraran al partido Nueva Fuerza Democrática, no incurrirían en doble militancia, los
recurrentes afirman que no era posible limitar el derecho fundamental a elegir y ser
elegido de la señora Mora Méndez.
Según el tribunal, aun en el evento en que se considerara la legalidad de las
resoluciones que le restituyeron la personería jurídica a la Nueva Fuerza Democrática,
la demandada no logró demostrar que antes era «simpatizante o antigua militante» de
esa agrupación.
Al respecto, la Sala debe precisar que, según la Resolución 1549 de 2023 del CNE y
sus actos posteriores en los que se aclararon algunos aspectos, se dispuso que se
entendería por antiguos militantes o simpatizantes, aquellos que mantuvieron una
relación directa y públicamente reconocida con la agrupación política.
Para demostrar esa condición, la señora Mora Méndez allegó ante el partido y en esta
sede judicial, la declaración juramentada ante notario primero de Pitalito (Huila) en la
que dos (2) personas indicaron conocerla y les consta «que en el año 1988 fue
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 3 de noviembre de
2017. Rad.: 20001-23-39-000-2016-00591-02. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
11
Correspondía a los 30 días siguientes a la ejecutoria de la resolución, el cual, después de resolverse el
recurso de reposición, se extendió hasta el 2 de agosto de 2023.
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simpatizante de la nueva fuerza democrática y del presidente Andrés Pastrana Arango,
haciendo parte de las juventudes conservadoras campesinas del sur del Huila».
Expresamente señalaron lo siguiente:
Igualmente, la demandada reiteró ser simpatizante de NFD, en una declaración
juramentada anexa al «Formulario de inscripción para aspirantes a ser candidatos a las
elecciones regionales del 29 de octubre de 2023 por el Partido Nueva Fuerza
Ciudadana»:
En consideración a lo anterior, dado que había libertad probatoria12 para acreditar el
vínculo con esa colectividad, dicho partido, el 25 de julio de 2023, certificó la
reincorporación como militante de la señora Clarena Mora Méndez, en los siguientes
términos:
12
En un asunto similar, la Sala llegó a la misma conclusión. Para el efecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20 de junio de 2024, Rad.: 63001-23-33-000-2024-00007-
01 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Con esa claridad, la Sala debe precisar que el contenido de la certificación expedida por
el partido Nueva Fuerza Democrática que convalidó que la señora Mora Méndez era
simpatizante de la colectividad, no fue controvertida en primera instancia. Pese a que
las pruebas documentales fueron decretadas e incorporadas al expediente, la
demandante guardó silencio y no cuestionó el contenido ni la idoneidad de las
evidencias para demostrar los hechos que acreditaban su simpatía con la referida
agrupación política.
De manera que, con fundamento en aquella constancia, junto con las declaraciones
extrajuicio, la demandada presentó ante el partido su solicitud de reincorporación y, con
base en esa circunstancia se deben analizar los supuestos de la doble militancia al
amparo de la excepción que consagró el acto administrativo mediante el cual el CNE le
reconoció personería jurídica a NFD.
Sin embargo, para el tribunal las referidas declaraciones no resultaban suficientes para
acreditar que la señora Mora Méndez era «simpatizante o antigua militante» de NFD;
con todo, el a quo no sustentó las razones para considerar que dichos medios de
prueba no resultaban idóneos, con miras a que la demandada se reincorporara a la
colectividad en comento.
En este asunto, se reitera que el problema jurídico que debía resolverse consistía
únicamente en verificar si la demandada desconoció la prohibición de doble militancia
en la modalidad de miembro de corporación pública, al no renunciar con doce (12)
meses de antelación a la curul que obtuvo como concejal de Pitalito (Huila) por el
Partido de la U, y reincorporarse a Nueva Fuerza Democrática, para luego resultar
elegida en la misma dignidad por esta última colectividad.
Al revisar las pruebas allegadas al expediente, no es posible alegar que la demandada
incurrió en la referida prohibición, en tanto que, aquella renunció al Partido de la U el 24
de julio de 2023, dentro del término previsto por la Resolución 1549 de 2023; solicitó su
reincorporación ante NFD, agrupación que certificó y convalidó su petición el 25 de julio
de 2023, esto es, dentro del término otorgado por el CNE (hasta el 2 de agosto de
2023) y, posteriormente, bajo el amparo de dicho acto administrativo, fue inscrita y
avalada como candidata al Concejo de Pitalito (Huila) por Nueva Fuerza Democrática.
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En tales condiciones, debe aclararse que, la posibilidad de retornar a NFD por los
ciudadanos que compartían su ideario político, es un asunto que competía verificar y
validar al propio partido. Luego, aun cuando el CNE precisó que debía demostrarse una
relación directa y públicamente reconocida, no calificó la actividad probatoria para ello,
pues señaló que podría acreditarse ante la colectividad con los medios probatorios
permitidos en la ley.
Nótese que, en el ordenamiento jurídico, antes del año 2011 con la expedición de la Ley
1475, no existía un registro de afiliados a este tipo de agrupaciones políticas. Solo fue
con la promulgación de dicha regulación estatutaria, que se empezó a llevar un control
sobre los militantes de cada colectividad ante el Consejo Nacional Electoral13. Si Nueva
Fuerza Democrática aceptó las declaraciones allegadas por la señora Clarena Mora
Méndez, bajo los postulados de la buena fe, era a esa colectividad a quien le
correspondía valorar tales afirmaciones.
No comparte la Sala el argumento del tribunal al afirmar que las declaraciones
aportadas por la demandada no son válidas y resultan contrarias al régimen probatorio,
en tanto que preconstituyó unilateralmente la evidencia. Se recuerda que ese es un
medio de prueba idóneo sobre todo cuando se trata de acreditar un hecho que le
compete demostrar a quien la rinde. Se insiste en que, los partidos políticos, antes de
2011, no tenían un registro sobre la afiliación de sus integrantes, de manera que, la
calidad de simpatizante o militante de una colectividad le correspondía declararla a
quien alegara su reincorporación a la respectiva agrupación y era esta última la que
debía certificar la validez de la filiación.
Adicionalmente, no puede dejarse de lado que la Corte Constitucional, en la sentencia
SU-257 de 2021, señaló que una de las formas de reparación a favor de la colectividad
política que demostró el padecimiento de grave violencia, es permitir la recomposición
de sus filas, sin que existan sanciones como las derivadas de la aplicación de la doble
militancia.
Frente a esto, la Corte razonó de la siguiente manera:
215. (…) la persecución con la misma finalidad de eliminar a sus demás líderes por parte
de organizaciones delincuenciales que, en su momento, le resultaba imposible controlar
al Estado, modificó la situación de que gozaban sus dirigentes frente a las demás
organizaciones políticas (…) Por lo tanto, a quienes sufrieron los hechos antes
señalados les asiste el derecho a reagruparse (…).
398. (…) para garantizar la interpretación sistemática de las normas que protegen a las
personas que en últimas fueron víctimas de las conductas cometidas (…) incluye el
derecho a recobrar su personería jurídica, por lo cual una forma de reparación consiste
en devolvérsela y el derecho de sus fundadores y dirigentes de la época que en que
existió y que fueron elegidos en representación del Partido y hoy están en otras
13
Ley 1475 de 2011. Artículo 3°. Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. El Consejo Nacional Electoral
llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales
registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con
la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así cómo el registro de sus
afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los mencionados documentos previa
verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la
Constitución, la ley y los correspondientes estatutos.
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agrupaciones políticas a que retornen al Partido y en él puedan continuar ejerciendo
sus derechos políticos.
399. Este caso obliga a plantear la necesidad de desbloquear la democracia porque
las barreras existentes como las que son objeto de análisis impiden el desarrollo e
implementación del principio pluralista que facilite la democracia militante y que afecta
tanto a las nuevas organizaciones políticas como a sectores o tendencias de los propios
partidos y movimientos políticos, porque obtenida su personería jurídica, dada la
rigidez de las reglas constitucionales y legales, ésta se pierde o se debe cancelar,
(…).
410.Así mismo, en la medida en que esta Sentencia se profiere y se notifica en el
momento en que ya está en curso el calendario electoral para las elecciones
congresariales de marzo de 2022, quedarán exceptuados de la obligación de haber
renunciado a la curul que actualmente ocupan en representación de otros
Partidos, al menos con 12 meses antes del primer día de inscripción, quienes
fueron sus fundadores, integrantes de sus cuerpos directivos o elegidos a corporaciones
públicas como candidatos de ese Partido entre 1980 y 1988 y quienes mantuvieron
una relación directa y públicamente reconocida con el Partido Nuevo Liberalismo
(esta última acreditada por el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo) y ahora
aspiren a ser elegidos en representación de ese Partido en las elecciones a celebrarse
en 2022. (Negrilla fuera de texto).
Como se lee, el máximo órgano constitucional no solo permitió regresar a los
fundadores, directivos y elegidos a corporaciones públicas como candidatos del partido
Nuevo Liberalismo entre 1980 y 1988 sino también a quienes mantuvieron una relación
directa y públicamente reconocida con la colectividad. Esa relación, según el máximo
órgano constitucional, debía ser acreditada por el mismo partido, de modo que, mutatis
mutandis dadas las circunstancias en que fue reconocida la personería jurídica de
Nueva Fuerza Democrática, al amparo de la referida sentencia de unificación, le
correspondía al partido validar la relación que la señora Clarena Mora Méndez mantuvo
públicamente con aquel, lo cual sucedió al aceptar su reincorporación.
De manera que, exigir pruebas adicionales o específicas para demostrar la simpatía
que afirmó tener la demandada con Nueva Fuerza Democrática, constituiría una
actividad judicial desbordada respecto a los verdaderos requisitos que previó la
organización electoral para la reincorporación a la colectividad, con fundamento en la
sentencia de unificación de la Corte Constitucional citada líneas atrás.
Así las cosas, les asiste razón a los recurrentes y al Ministerio Público, al señalar que la
Resolución 1549 de 2023 goza de presunción de legalidad hasta la fecha y, además, se
cumplieron los requisitos exigidos en ella para realizar la reincorporación de la señora
Mora Méndez al partido Nueva Fuerza Democrática, sin que con su actuar, haya
incurrido en la prohibición de doble militancia, en la modalidad de miembro de una
corporación pública. Ello si se tiene en cuenta, además, las expectativas y confianza
legítima que generó en los ciudadanos la actuación del Consejo Nacional Electoral, al
permitir la reintegración de las filas de NFD sin la consecuencia jurídica de la doble
militancia; de manera que, al margen de que el tribunal considerara que los actos de
dicha autoridad resultaban contrarios a la ley y la Constitución, lo cierto es que el
análisis de la situación particular de la demandada, debió analizarse bajo tales
garantías y postulados constitucionales.
No puede obviarse que el principio de confianza legítima exige que el Estado respete
las normas y los reglamentos previamente establecidos, de modo que los particulares
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tengan certeza frente a los trámites o procedimientos que deben agotar cuando acuden
a la administración. De modo que, esta garantía exige cierta estabilidad o convicción
frente a las decisiones de la administración14, por cuanto el ciudadano tiene derecho a
actuar en el marco de reglas estables y previsibles. No obstante, tal y como lo ha
previsto esta corporación, eso no implica la inmutabilidad o intangibilidad de las
relaciones jurídicas entre los particulares y la administración15, pues, de todos modos,
esta última puede justificadamente cambiar las decisiones o reglamentos que adopta
cuando, por ejemplo, advierte que la actuación particular es contraria al ordenamiento
jurídico.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:
El principio de confianza legítima funciona entonces como un límite a las actividades de
las autoridades, que pretende hacerle frente a eventuales modificaciones intempestivas
en su manera tradicional de proceder, situación que además puede poner en riesgo el
principio de seguridad jurídica. Se trata pues, de un ideal ético que es jurídicamente
exigible. Por lo tanto, esa confianza que los ciudadanos tienen frente a la estabilidad que
se espera de los entes estatales, debe ser respetada y protegida por el juez
constitucional16.
En suma, este principio angular pretende que la administración y el Estado en general
se abstenga de modificar situaciones jurídicas consolidadas originadas en actuaciones
precedentes que generan expectativas justificadas (y en ese sentido legítimas) en los
ciudadanos. Ello, con base en la seriedad que, se presume, reviste las actuaciones de
las autoridades, en virtud del principio de buena fe y de la inadmisibilidad de conductas
arbitrarias, que caracteriza al Estado constitucional de derecho17.
Visto así el asunto, los argumentos de los apelantes sí prosperan y, en consecuencia,
se revocará la providencia del 29 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila del
29 de mayo de 2024, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.
TERCERO: CONMINAR al Tribunal Administrativo del Huila para que, en lo sucesivo,
observe el procedimiento especial para el trámite del proceso contencioso electoral, que
dispone que la solicitud de suspensión provisional deberá resolverse en el mismo auto
admisorio, de acuerdo con el artículo 277 del CPACA.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 31 de
marzo de 2016, Rad: 11001-03-15-000-2016-00402-00, M.P. William Hernández Gómez.
15
Ibidem.
16
Corte Constitucional, sentencia T-453 de 2018.
17
Ibidem
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CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Aclara voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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