Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05486-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05486-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05486-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
5 de noviembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cinco (5) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05486-00
Demandante: NUBIA MOSCOSO MORENO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE
CESANTÍAS A DOCENTE OFICIAL AFILIADO AL FOMAG.
VINCULACIÓN DE LITISCONSORTE NECESARIO. SE
AMPARAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
Síntesis del caso: se cuestionó la sentencia de segunda instancia mediante la cual se declaró
probada de oficio la excepción de “indebida vinculación del litis consorte facultativo” y se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria. A juicio de la demandante, esa providencia
incurrió en un defecto procedimental, por cuanto entendió erróneamente que La Fiduprevisora
SA era un litisconsorte facultativo -y no necesario como en efecto era- y ese razonamiento lo
llevó a declarar probada de oficio la excepción en comento y a inhibirse de fallar de fondo. La
Sala amparará los derechos fundamentales invocados, por cuanto se advierte que el tribunal no
podía proferir un fallo inhibitorio, pues, la entidad vinculada no era un litisconsorte facultativo
como lo entendió, de modo que la vinculación de oficio de esa entidad en su condición de
litisconsorte necesaria era procedente para evitar un fallo inhibitorio porque sin su comparecencia
al proceso no podía decidirse el asunto.
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Nubia Moscoso Moreno1,
por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Quindío
para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso,
acceso a la administración de justicia y seguridad social consagrados en los artículos 29,
48 y 229 de la Carta Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia
de 19 de septiembre de 2024 proferida por dicha autoridad judicial.
1 Mediante escrito presentado el 11 de octubre de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05486-00
Demandante: Nubia Moscoso Moreno
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) La señora Nubia Moscoso Moreno sostuvo que se desempeñó como docente nacional
en la Institución Educativa Antonio Nariño del municipio de Calarcá.
2) Elevó solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías parciales, lo cual le fue
reconocido a través de la Resolución no. 0401948 del 9 de marzo de 2020.
3) Las cesantías le fueron canceladas el 14 de julio de 2020.
4) El 12 de noviembre de 2020, la demandante le solicitó al FOMAG el pago y
reconocimiento de la sanción por mora, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1071
de 2006; sin embargo, no recibió ninguna respuesta.
5) Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que solicitó la nulidad del acto administrativo
ficto que le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria y los perjuicios
materiales por el pago tardío de los intereses a las cesantías 2.
6) Mediante providencia del 16 de agosto de 2022, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Armenia admitió la demanda y vinculó como litisconsorte
necesario al departamento del Quindío - Secretaría de Educación, con fundamento en la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 y en el artículo 57
de la Ley 1955 de 2019.
7) El proceso fue remitido al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Armenia, despacho judicial que por auto del 14 de febrero de 2023 también vinculó a la
Fiduprevisora SA con similar razonamiento.
8) En sentencia de 21 de junio de 2023, el juzgado accedió a las pretensiones de la
demanda y, por lo tanto, declaró la nulidad del acto ficto que surgió producto del silencio
2 Proceso con radicación no. 63001-33-33-001-2022-00466-00/01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05486-00
Demandante: Nubia Moscoso Moreno
Acción de tutela
administrativo negativo de la entidad y ordenó a la Fiduprevisora SA reconocer y pagar
a la demandante la sanción por mora de 19 días de retardo.
6) La Fiduprevisora SA apeló esa decisión y solicitó que se modificara la condena, en
atención a que los días de mora debían contarse desde el momento del envío de la
resolución por parte del ente territorial, instante a partir del cual iniciaban a contabilizarse
los 45 días a su cargo para que se realizara el pago correspondiente.
7) A través de la sentencia de 19 de septiembre de 20243, el Tribunal Administrativo del
Quindío revocó la decisión y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de
“indebida vinculación del litisconsorte facultativo”, por cuanto, en su parecer, no era
procedente vincular de oficio a la Fiduprevisora SA, pues, no existía ningún interés de la
demandante para que esa autoridad actuara como demandada en el proceso; además
porque, si bien la fiduciaria participa en el pago de las cesantías, la responsabilidad de
las autoridades que tienen a cargo el trámite del reconocimiento, liquidación y pago de
esta prestación social es “individual y divisible”.
2. Los fundamentos de la vulneración
La demandante reprochó la sentencia del 19 de septiembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío porque, en su criterio, incurrió en un defecto
procedimental.
El tribunal omitió considerar que la vinculación de la sociedad fiduciaria se encontraba
plenamente respaldada en el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011, que confiere al juez
la facultad de ejercer un control de legalidad en cada etapa del proceso, con el propósito
de subsanar cualquier irregularidad procesal que pueda surgir, y así asegurar que se
emita una decisión de fondo que resuelva integralmente la controversia.
A partir de que se admitió la demanda y se vinculó como litisconsorte necesario al
departamento del Quindío, la Secretaría de Educación y la Fiduprevisora SA, la parte
actora adquirió una expectativa legítima de que se resolvería de fondo la discusión, pues
se habían cumplido los requisitos legales establecidos en esa fase inicial, por lo cual el
tribunal no podía proceder como lo hizo e inhibirse por una supuesta irregularidad,
porque aún si se entendiera que se trataba de una nulidad en cualquier caso ya se había
subsanado y, por tanto, no era procedente declarar probada la excepción de indebida
vinculación e inhibirse de fallar con esa excusa.
3 Decisión que fue notificada por correo electrónico el 20 de septiembre de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05486-00
Demandante: Nubia Moscoso Moreno
Acción de tutela
La irregularidad relacionada con la indebida integración del contradictorio en el proceso
se subsanó con la vinculación de la sociedad fiduciaria, lo cual permitió que concurrieran
todas las entidades involucradas en el asunto.
El juzgado actuó conforme a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional,
pues, subsanó la falencia en la integración del contradictorio dentro de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y vinculó a la Fiduprevisora SA, quien tenía un
interés legítimo en las resultas del proceso y su comparecencia era estrictamente
necesaria para fallar, dadas sus funciones en cuanto al trámite compartido por varias
entidades en el reconocimiento, aprobación y pago de las cesantías de los docentes
afiliados al FOMAG.
La autoridad judicial demandada limitó el acceso a la justicia cuando desestimó la
participación de todas las partes interesadas en el proceso ordinario y privilegió el debate
procedimental por encima de la realización de la justicia material.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN en la sentencia proferida el día 19 de septiembre
de 2024, en el expediente rad. No. 63001-3333-001-2022-00446-01,
transgredió los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO, DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL Y
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA de la accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales por parte del accionado.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO- SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEJAR
SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y, en su
lugar, PROFERIR nueva decisión haciendo un estudio de fondo sobre la
controversia sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías de la señora Nubia Moscoso Moreno de conformidad
con la normatividad las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 (…)”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI, negrillas y mayúsculas
del original)
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Demandante: Nubia Moscoso Moreno
Acción de tutela
4. Actuación procesal
Mediante auto de 16 de octubre de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Quindío, al ministro de Educación Nacional, al director del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al alcalde del Municipio de Calarcá, al
presidente o quien haga sus veces de la Fiduprevisora SA y al titular del Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia, entregándoles copia de la demanda y
los anexos.
5. Intervenciones de las autoridades demandadas
La Fiduprevisora S.A., como vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), manifestó que la acción de tutela es improcedente, por cuanto no
se presenta trasgresión alguna en contra de las garantías fundamentales de la
demandante.
Además, solicitó su desvinculación, en consideración a que no se encuentra legitimada
en la causa por pasiva para responder por las pretensiones invocadas en la demanda.
El municipio de Calarcá solicitó su desvinculación de la acción de tutela, por cuanto no
posee ninguna obligación frente al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
de la parte actora.
Las demás autoridades demandadas, pese a haber sido notificadas en debida forma,
guardaron silencio en esta oportunidad.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
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Demandante: Nubia Moscoso Moreno
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constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales de la
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo del Quindío con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de la decisión judicial adoptada en la sentencia del 19 de septiembre de 2024,
por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto procedimental.
El municipio de Calarcá y la Fiduprevisora SA solicitaron que se les desvinculara de la
acción de tutela, debido a que no les asistía responsabilidad alguna por la presunta
vulneración de los derechos invocados por la parte demandante.
Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a las solicitudes de
desvinculación en consideración a que dichas autoridades fueron vinculadas como
terceros con interés, pues fungieron como demandado y litisconsorte necesario en el
proceso ordinario, en el cual se profirió la providencia objeto del presente estudio.
En los términos en los que fue propuesta la controversia la Sala amparará los derechos
fundamentales invocados, por las razones que procederán a exponerse:
El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional en cuanto a este cargo en específico, por cuanto: (i) se
agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona
afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el
requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de
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los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada4; (iii) el presente caso
no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de
la parte actora; (iv) la parte demandante identificó de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v) no se ataca
una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia
constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos constitucionales
fundamentales con la sentencia de segunda instancia, pues declaró probada de oficio la
excepción de indebida vinculación del litisconsorte facultativo y no resolvió de fondo el
asunto, argumentos que no constituyen una reiteración de lo discutido en el proceso
ordinario.
Superado dicho análisis pasa la Sala a resolver el defecto procedimental alegado.
2.1 Generalidades del defecto procedimental
Este defecto encuentra su razón de ser en los artículos 29 y 228 de la Constitución, los
cuales consagran las garantías constitucionales del debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal5.
En términos generales esta causal específica y propia de acciones de tutela contra
providencias judiciales se configura cuando el juez actúa completamente por fuera del
procedimiento establecido por el legislador, bien sea porque i) desconoce abiertamente
o se aparta por completo del procedimiento, ora ii) cuando el goce efectivo de los
derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales.
En el primer caso estamos en presencia de la modalidad que la jurisprudencia ha
denominado “defecto procedimental absoluto” y en el segundo en un “exceso ritual
manifiesto”.
La jurisprudencia constitucional ha establecido al respecto que “(a) el defecto
procedimental absoluto ocurre cuando se aparta por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe
a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite
4 La sentencia fue notificada el 20 de septiembre de 2024 y la demanda fue presentada el 11 de octubre
del mismo año.
5 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
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etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de
defensa y contradicción de una de las partes del proceso. (b) El defecto procedimental
por exceso de ritual manifiesto, ocurre cuando la autoridad judicial (…) un funcionario
utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia ; es
decir, el funcionario judicial incurre en esta causal cuando “(i) no tiene presente que el
derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los
ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos
probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, (iv)
pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos
fundamentales6”.
De igual manera, no cualquier irregularidad, vicio o falencia constituye un defecto
procedimental en cualquiera de sus modalidades, sino que el defecto requiere,
principalmente, que se trate de un yerro de procedimiento protuberante, grave y con
incidencia en la decisión final, esto es, que influya en la decisión de fondo, y, además,
que la anomalía no pueda de ninguna manera imputarse directa ni indirectamente a la
persona que alega la vulneración al derecho a un debido proceso7.
2.2 El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en el caso concreto
1) La parte demandante puso de presente que el tribunal, en aplicación estricta de las
formalidades procesales, omitió que el juzgado, con el fin de evitar una sentencia
inhibitoria, integró debidamente el contradictorio y vinculó a la Fiduprevisora SA, quien
realmente contaba con la calidad de litisconsorte necesario, pues tenía un interés
legítimo en las resultas del proceso, porque una decisión de fondo en el asunto podía
afectarlo directamente.
2) A partir de que se admitió la demanda y se vinculó como litisconsorcio necesario al
departamento del Quindío, a la Secretaría de Educación y a la Fiduprevisora SA, la parte
actora adquirió una expectativa legítima de que se resolvería de fondo la controversia,
debido a que se habían cumplido los requisitos legales establecidos en esa fase inicial,
por lo cual el tribunal no podía desconocer que la irregularidad relacionada con la
indebida integración del contradictorio ya se había subsanado y, por tanto, que no era
procedente declarar probada la excepción de indebida vinculación.
6 Corte Constitucional, sentencia T-367 de 2018.
7 Corte Constitucional, sentencia T-SU-537 de 2017.
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3) En esa medida, como frente a ello recae la controversia la Sala estima preciso
establecer las diferencias y alcances entre las figuras del litisconsorte facultativo y el
necesario.
4) Al respecto, se advierte que el litisconsorte es una figura procesal que se aplica en los
eventos en los cuales la legitimación, bien por activa ora por pasiva, puede -litisconsorcio
facultativo- o debe -litisconsorcio necesario- estar integrada por más de una persona
natural o jurídica en virtud de una relación sustancial determinada.
5) En cuanto al litisconsorcio necesario, el artículo 61 del Código General del Proceso
establece que cuando el asunto versa sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los
cuales, por su naturaleza o por disposición legal, debe resolverse de manera uniforme y
no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos
de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse
por todas o dirigirse contra todas.
6) En caso contrario, en el auto que admite la demanda, el juez debe ordenar notificarlas
y dar traslado de ella a quienes falten para integrar el contradictorio u ordenará la citación
de estas hasta tanto no se haya proferido sentencia de primera instancia.
7) En consecuencia, la característica principal de esta figura radica en que no será
posible dictar sentencia de mérito sin la comparecencia del litisconsorte necesario, pues
su vinculación al proceso, dada la relación sustancial que lo ata con la parte procesal, es
estrictamente imprescindible.
8) Por su parte, de conformidad con el artículo 60 del Código General del Proceso, el
litisconsorcio será facultativo o voluntario cuando concurran libremente al litigio varias
personas, bien sea en calidad de demandantes o demandados, ya no en virtud de una
única relación jurídica inescindible sino de otra que pueda surgir dentro del proceso.
9) En este caso, el proceso puede adelantarse con o sin presencia del tercero ajeno a la
relación jurídica principal porque el contenido de la sentencia en últimas no lo perjudica
ni lo beneficia.
10) La jurisprudencia de esta Corporación ha distinguido entre ambas figuras y señalado
que el juez de manera oficiosa está facultado para vincular únicamente a los
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Demandante: Nubia Moscoso Moreno
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litisconsortes necesarios, pues ni siquiera en el caso de los litisconsortes facultativos
dicha vinculación será procedente8.
11) Lo anterior, en la medida en que únicamente en tal hipótesis, como se explicó, será
necesaria la comparecencia del litisconsorte para pronunciarse de fondo sobre las
pretensiones de la demanda.
12) En el asunto sub examine, se recuerda que inicialmente los Juzgados Primero y
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia vincularon, de oficio, al
departamento del Quindío – Secretaría de Educación y a la Fiduprevisora SA por su
condición de litisconsorte necesarios, en la medida que no era posible resolver sin su
comparecencia, decisión contra la cual no se interpuso ningún recurso.
13) Por su parte, en la sentencia de segunda instancia el tribunal declaró probada de
oficio la excepción de “indebida vinculación”, en atención a que, como no existía una
única relación jurídica sustancial e inescindible entre los sujetos llamados a intervenir, el
juez de manera oficiosa no podía integrar la parte pasiva, pues, supuestamente en ese
caso el único con interés para integrarla era el demandante, por lo tanto, como la
demanda no se dirigió en contra del departamento del Quindío – Secretaría de Educación
y La Fiduprevisora SA, no era procedente su participación en el proceso en calidad de
litisconsorte necesario.
14) No obstante, para la Sala resulta diáfano que en este caso se incurrió en la
vulneración de los derechos invocados por la parte actora, en la medida que la
vinculación oficiosa que realizó el juez en la primera instancia del proceso era procedente
debido a que el departamento del Quindío – Secretaría de Educación y La Fiduprevisora
SA sí tenían la condición de litisconsorte necesarios, de tal manera que el juzgador
estaba habilitado para integrar el contradictorio con esas autoridades, pese a no haber
sido demandadas.
15) Si bien la demandante en el escrito de demanda nunca indicó o cuando menos
sugirió que se les vinculara al proceso como litisconsortes, el juez hizo bien en integrar
el contradictorio con el departamento del Quindío – Secretaría de Educación y a la
Fiduprevisora SA, en atención a que, en los términos explicados en precedencia, era
necesaria e indispensable su presencia para que se pudiera emitir una decisión de fondo
sobre las pretensiones de la demanda, pues, entre ellas existe una relación sustancial
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 29 de junio de 2016, exp.
17001233300020130037801 (51.243), MP Danilo Rojas Betancourth.
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Demandante: Nubia Moscoso Moreno
Acción de tutela
inescindible e indiscutible debido a que todas participan en la elaboración,
reconocimiento, aprobación y pago de las cesantías y de la sanción moratoria y, el hecho
de que sus funciones se puedan determinar, no significa, como equivocadamente lo
entendió el tribunal, que su responsabilidad sea igualmente divisible en esos términos.
16) En un caso similar esta Corporación se pronunció al respecto en los siguientes
términos:
“De igual forma la Sala advierte, adicionalmente, que en este caso la vinculación
oficiosa de la Fiscalía General de la Nación era claramente improcedente. El juez
debe vincular de manera oficiosa a entidades que no han sido demandadas,
solo cuando ellas tienen la condición de litisconsortes necesarios de la
parte pasiva y, debe hacerlo en ese caso porque, de lo contrario, no podrá
proferir una decisión de fondo; de igual forma, cuando existan terceros que
puedan resultar también responsables de manera solidaria con la parte
demandada, el juez no tiene competencia para citarlos porque en este caso no
hay un litisconsorcio necesario: no es necesaria su presencia en el proceso para
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda9.”.
17) De esta manera, resulta claro que el juez podía vincular de manera oficiosa a esas
autoridades, a pesar de no haber sido demandadas, en consideración a que tenían la
condición de litisconsortes necesarios de la parte pasiva (FOMAG), pues, el no hacerlo
impedía que se pudiera proferir una decisión de fondo en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
18) Ahora bien, aún si en gracia de discusión se aceptara que la vinculación de esas
autoridades no era procedente, el tribunal no podía en segunda instancia declarar
probada de oficio la excepción de “indebida vinculación de un sujeto procesal – litis
consorte facultativo”, en atención a que las partes que se vincularon al proceso en calidad
de litisconsortes necesarios tuvieron la oportunidad de oponerse a esa decisión, pero no
lo hicieron, lo cual evidencia que se saneó esa posible nulidad, en los términos del
artículo 132 del Código General del Proceso10.
19) Por consiguiente, resulta claro que, como el juez de primera instancia estaba
facultado para vincular de oficio como litisconsortes necesarios al departamento del
Quindío – Secretaría de Educación y a la Fiduprevisora SA, y, además, que se
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de enero de 2023, exp. Radicación:
73001-23-33-000-2014-00470-01 (57.612).
10“Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes
casos:
(…).
Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por
los mecanismos que este código establece.”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05486-00
Demandante: Nubia Moscoso Moreno
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encontraba saneada cualquier posible nulidad que hubiere podido configurarse respecto
de la integración del contradictorio, el tribunal no podía proferir un fallo inhibitorio.
20) En consecuencia, la Sala observa que la decisión del tribunal de inhibirse de fallar
de fondo vulnera el derecho fundamental del debido proceso de la parte actora, pues
para esa etapa procesal la señora Moscoso Moreno tenía la plena confianza de que las
autoridades vinculadas eran parte legítima del proceso, situación que impedía que la
autoridad judicial demandada emitiera una decisión contraria a la justicia real y material.
21) En este contexto, para la Sala es claro que se incurrió en el defecto procedimental
invocado y, de contera, en la vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales de la parte actora, por lo cual la Sala accederá al amparo deprecado,
dejará sin efectos la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2024, en el proceso de
nulidad y restablecimiento con radicación 63001-33-33-001-2022-00446-01 y, ordenará
al tribunal demandado que expida una providencia de reemplazo en la que tenga en
cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia, respecto de la vinculación de
los litisconsortes necesarios.
22) Es preciso aclarar que la orden que aquí se adopta de ninguna manera significa que
el tribunal accionado deba expedir una sentencia de reemplazo condenatoria, sino que
una vez reconozca la condición de litisconsorte necesario de la entidad y en el marco de
su competencia y de la autonomía judicial que le es propia emita una decisión sobre el
fondo del asunto puesto a su consideración.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
FALLA:
1º) Ampáranse los derechos invocados por la demandante, por los motivos expuestos
en esta providencia.
2º) Déjase sin efectos la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2024, en el proceso
de nulidad y restablecimiento con radicación 63001-33-33-001-2022-00446-01.
3º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Quindío que expida una providencia de
reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia,
respecto de la vinculación de los litisconsortes necesarios.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05486-00
Demandante: Nubia Moscoso Moreno
Acción de tutela
4°) Niégase las solicitudes de desvinculación presentadas por el municipio de Calarcá y
la Fiduprevisora SA, por las razones expuestas en la presente providencia.
5º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
6°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente). (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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