Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05486-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Sujeto procesal: no releva al juez ordinario del deber de resolver de fondo la cuestión litigiosa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05486-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05486-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: NUBIA MOSCOSO MORENO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Reiteración de requisitos para su
procedencia / DEFECTO PROCEDIMENTAL - Caracterización / INDEBIDA VINCULACIÓN DE UN
SUJETO PROCESAL– No releva al juez ordinario del deber de resolver de fondo la cuestión litigiosa .
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la corporación
judicial accionada y la entidad territorial vinculada, contra la sentencia del 5 de
noviembre de 2024, mediante la cual la Sección Tercera – Subsección B de esta
Corporación, concedió el amparo solicitado1.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 11 de octubre de 2024, la señora Nubia Moscoso Moreno, a través de
apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío,
con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y la seguridad social.
Hechos relevantes
2. El 9 de marzo de 2020, la accionante presentó ante la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio una solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías definitivas por los servicios prestados como
docente nacional en la Institución Educativa Antonio Nariño del Municipio de
Calarcá, Quindío, siendo atendida favorablemente mediante la Resolución No. 04-
01948, emitida el mismo día, y el acto administrativo fue notificado el 1 de abril de
2020. El pago del auxilio económico se hizo efectivo el 14 de julio de 2020, a través
de la consignación bancaria.
3. El 12 de noviembre de 2020, la señora Moscoso Moreno presentó una
reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
1 Proceso que ingresó para fallo el 9 de diciembre de 2024 (índice 003 del aplicativo Samai).
1
Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: Nubia Moscoso Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria de conformidad con la Ley 1071 de
2006, sin obtener una respuesta por la autoridad competente, configurándose el
silencio administrativo negativo.
4. La aquí accionante promovió un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación -Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, con miras de obtener la anulación del
precitado acto ficto y el reconocimiento consecuencial de la sanción moratoria
reclamada.
5. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Armenia, a quien correspondió el
conocimiento de dicha causa en primera instancia, vinculó como litisconsorte
necesario por pasiva al departamento del Quindío mediante providencia del 16 de
agosto de 2022. Posteriormente, el asunto fue redistribuido al Juzgado Séptimo
Administrativo de Armenia, quien por auto del 14 de febrero de 2023 dispuso la
vinculación de la Fiduprevisora S.A.2, en calidad de litisconsorte necesario por
pasiva.
6. En sentencia del 21 de junio de 2023, el juzgado de conocimiento declaró la
nulidad del acto administrativo demandado y ordenó a la Fiduprevisora reconocer,
liquidar y pagar a la accionante la sanción moratoria reclamada.
7. La entidad condenada impugnó aquella decisión y, en sentencia del 19 de
septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Quindío dispuso su revocación
y, en su lugar, declaró la indebida vinculación de la Fiduprevisora.
Pretensiones
8. La accionante solicitó lo siguiente:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN en la sentencia proferida el día 19 de septiembre de
2024, en el expediente rad. No. 63001-3333-001-2022-00446-01, transgredió
los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL Y TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA de la accionante, por considerar que las razones de la
decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales
por parte del accionado.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO- SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEJAR
SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y, en su
lugar, PROFERIR nueva decisión haciendo un estudio de fondo sobre la
2 En adelante, también, Fiduprevisora.
2
Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: Nubia Moscoso Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
controversia sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías de la señora Nubia Moscoso Moreno de conformidad
con la normatividad las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.”
Fundamentos de la demanda de tutela
9. Manifestó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Sostuvo para
el efecto que dicha autoridad judicial, en la decisión demandada, se limitó a
cuestionar la vinculación de la Fiduprevisora al proceso en calidad de litisconsorte
necesario, obviando que dicha figura procesal perseguía finalidades superiores,
materializadas en la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, la adecuada
integración del contradictorio en función del interés que le asistía a dicha entidad en
la controversia.
10. Sostuvo que la decisión del juez ordinario de primera instancia, al integrar el
contradictorio con la Fiduprevisora, buscaba evitar una decisión inhibitoria, en virtud
de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 180 del CPACA y, por lo tanto, no era
procedente para el Tribunal “debatir la existencia de una irregularidad cuando ya se
había implementado el remedio jurídico necesario para corregirla, con el fin de que
el proceso culminara de manera normal con una sentencia de mérito”.
11. Añadió que la vinculación de la Fiduprevisora se encontraba jurídicamente
justificada por virtud de lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019, y que a partir de su
integración al proceso por parte del a quo ordinario, se generó en la demandante
una expectativa legítima de que el asunto se resolvería de fondo.
Trámite en primera instancia
12. Mediante auto del 16 de octubre de 20243, el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia, ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, al
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia, al municipio de Calarcá
(Quindío), al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio y a la Fiduprevisora S.A., por considerar que les asistía interés en el
resultado del proceso.
Intervenciones
13. La Fiduprevisora contestó la demanda señalando que: i) la acción de amparo
promovida era improcedente, en tanto no fueron satisfechas las causales generales
y específicas de procedencia; ii) no existió vulneración de los derechos
fundamentales invocados, pues las autoridades judiciales que conocieron del
proceso ordinario actuaron de conformidad con la normatividad vigente y aplicable
al caso4.
3 Índice 005 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
4 Índice 009 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
3
Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: Nubia Moscoso Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
14. El municipio de Calarcá, por su parte, solicitó su desvinculación de la acción
de tutela, afirmando que no posee ninguna obligación frente al reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales de la parte actora5.
15. La corporación judicial accionada y las demás entidades vinculadas no se
pronunciaron.
La sentencia de primera instancia
16. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de noviembre de 20246, accedió al amparo solicitado por la
accionante, dejó sin efectos la providencia del 19 de septiembre de 2024, dictada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 63001-33-
33-001-2022-00446-01 y ordenó al tribunal enjuiciado proferir una decisión de
reemplazo.
17. Como sustento de lo anterior, señaló que: i) la Fiduprevisora sí ostentaba la
condición de litisconsorte necesario, en atención a que entre ella y las entidades
accionadas existe una relación sustancial inescindible e indiscutible, pues todas
participan en la elaboración, reconocimiento, aprobación y pago de las cesantías, e
idéntica situación se predica respecto de la responsabilidad por la causación y pago
de la sanción moratoria; ii) por ese motivo, el juez estaba facultado para vincular
oficiosamente al proceso a dicho organismo; iii) el ad quem no podía declarar
probada la excepción de indebida vinculación de un sujeto procesal; iv) el tribunal
accionado no podía inhibirse de fallar de fondo, lo que en el caso concreto supuso
una vulneración al debido proceso de la accionante.
Impugnación
18. El Tribunal Administrativo del Quindío impugnó la sentencia de tutela,
señalando, en primer lugar, que la acción de amparo carece de relevancia
constitucional, en la medida en que lo debatido es de carácter legal y
eminentemente económico, pues la accionante persigue con la tutela el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria; y en segundo lugar, sostuvo que la
vinculación de la Fiduprevisora no podía ser atribuida a la figura procesal del
litisconsorcio necesario sino al facultativo, pues a partir de la expedición de la Ley
1955 de 2019 -y en particular por lo dispuesto en el parágrafo del artículo 57 ibidem-
la responsabilidad de las entidades que participan en el trámite del reconocimiento,
liquidación y pago de las cesantías parciales o definitivas se volvió individual y
divisible, motivo por el cual, corresponde al demandante de forma exclusiva dirigir
la demanda contra el o los responsables del retardo en el reconocimiento y/o en el
pago7.
5 Índice 011 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
6 Índice 013 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
7 Índice 017 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
4
Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: Nubia Moscoso Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
19. Por su parte, el vinculado municipio de Calarcá sostuvo que el juez
constitucional de primera instancia incurrió en error al vincularlo al presente trámite,
en la medida que nunca hizo parte del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho primigenio, razón por la cual impugnó el fallo para solicitar su
desvinculación8.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Cuestión previa
20. Antes de desatar el fondo de la controversia sometida a juicio de la
Subsección, resulta imperativo efectuar las siguientes consideraciones en torno a
la vinculación al presente trámite constitucional del departamento del Quindío, en
los siguientes términos:
21. Encontrándose el trámite constitucional de la referencia en etapa de dictar
sentencia de segunda instancia, el Despacho Sustanciador advirtió que al mismo
no fue vinculada la mencionada entidad territorial, a pesar de que, por haber
integrado el extremo pasivo de la relación jurídica trabada en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicación 63001-33-33-001-2022-00446-01, le
asistía interés directo en las resultas de la presente acción de amparo.
22. Esa circunstancia, que a voces del artículo 133 del CGP constituye una
causal de nulidad de saneable9, fue puesta en conocimiento del departamento del
Quindío mediante providencia del 20 de enero de 202510 para que en el término de
3 días se pronunciara en torno a dicha irregularidad. Transcurrido dicho plazo, la
entidad territorial guardó silencio.
23. En atención a lo anterior, y al hecho de que, conforme lo prescribe el artículo
137 del CGP, si dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la providencia
que ordena poner en conocimiento de la parte afectada la misma no alega la nulidad
“esta quedará saneada y el proceso continuará su curso”; impone concluir que la
irregularidad procesal advertida ha sido superada y, por consiguiente, la Sala se
encuentra habilitada para decidir de fondo la presente controversia.
Acción de tutela contra providencias judiciales
24. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
fallo de 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales11.
8 Índice 018 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
9 A cuyo tenor, el proceso es nulo, en todo o en parte, cuando no se ha notificado el auto admisorio
de la demanda a todas las personas que tienen un interés legítimo en la actuación procesal o que
pueden resultar afectadas con la decisión.
10 Índice 005 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de
2012, exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
5
Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: Nubia Moscoso Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
25. Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala
Plena de la Corporación adoptó los las reglas fijadas por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo
señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente
a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características12.
26. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los
requisitos generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son13:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
27. A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
6
Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: Nubia Moscoso Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
28. Así las cosas, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de
tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal
manera que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura,
por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser
alegados por el interesado14.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
7
Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: Nubia Moscoso Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Caso concreto
29. Descendiendo al caso concreto, en los términos de los escritos de
impugnación, esta Subsección despejará los siguientes interrogantes: i) ¿satisfizo
la presente acción de tutela el requisito general de procedencia relacionado con la
relevancia constitucional?; ii) en caso afirmativo, ¿acertó el a quo constitucional al
considerar que el fallo del 19 de septiembre de 2024, proferido por el Tribunal
Administrativo del Quindío, incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto por declarar probada de oficio “la excepción de indebida vinculación de
un sujeto procesal – litisconsorte facultativo - como parte demandada por el juez del
asunto, respecto a la Fiduciaria la Previsora SA,”? Por último, la Sala deberá
pronunciarse sobre la solicitud de desvinculación formulada por el municipio de
Calarcá a la acción de tutela.
La relevancia constitucional:
30. Con ese propósito, la Sala comienza por recordar que la jurisprudencia
constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia constitucional tiene
por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e independencia judicial y
evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia del juez natural de la
causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten derechos fundamentales e c) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces15.
31. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber16: i) que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
32. Revisada la presente demanda, se evidencia que, contrario a lo sostenido
por el tribunal impugnante, el mecanismo constitucional no fue empleado por la
accionante como una tercera instancia para revivir o prolongar la discusión jurídica
adelantada en sede ordinaria.
33. En efecto, no se aprecia que la argumentación de la solicitud de amparo
constituya una paráfrasis de la empleada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 63001-33-33-001-2022-00446-01, con
15 Corte Constitucional, Sentencia T–422 del 16 de octubre del 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: Nubia Moscoso Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
miras al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006. La discusión propuesta en esta sede constitucional se
centra en el comportamiento que, desde el punto de vista procesal, desplegó el
tribunal accionado al dar aplicación a la figura del litisconsorcio facultativo y las
consecuencias que de ello se derivaron, en punto a la no adopción de una sentencia
de fondo que se pronunciara respecto al derecho que le asiste a la docente al pago
de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de la señalada prestación social
y con ello, la eventual transgresión de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora Moscoso Moreno.
34. Naturalmente, una vez superados los requisitos de procedencia y acreditado
alguno de los defectos admitidos por la jurisprudencia, todo cuestionamiento de una
decisión judicial en sede de tutela repercute, al fin, en aspectos propios de la
discusión jurídica adelantada en sede ordinaria, sin que por ello puede afirmarse
que la acción de amparo constituye, per se, una tercera instancia; y ciertamente,
como se acaba de indicar, en el caso que nos ocupa no se percibe ese carácter.
35. Por lo anterior, se despachará negativamente este punto de la impugnación.
El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto:
36. Como lo ha definido la Corte Constitucional, el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto puede entenderse, en términos generales, como el apego
estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materialización de los derechos
sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones judiciales
justas17. En palabras del alto tribunal, “la validez de la decisión adoptada
judicialmente no solo se determina por el cumplimiento estricto de las reglas
procesales, sino que además depende de la protección de los derechos
sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no puede
utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas,
en la medida que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del
contenido material que propenden”18.
37. Según se indicó en líneas anteriores, la jurisprudencia ha concluido que una
autoridad judicial puede incurrir en un error procedimental por exceso ritual
manifiesto cuando profiere, de manera injustificada, un fallo inhibitorio. En la
aludida sentencia T-024 de 2017, la Corte Constitucional advirtió que el juez incurre
en este defecto cuando al proferir una providencia judicial, actúa con excesivo
apego a las ritualidades, perdiendo de vista que la finalidad del procedimiento es
lograr la efectividad de los derechos, por lo tanto, en sus actuaciones el fallador
debe procurar: “(i) impartir justicia, (ii) buscar que las sentencias se basen en una
verdad judicial que se acerque lo más posible a la verdad real, y (iii) evitar
pronunciamientos inhibitorios que dificulten la eficacia de las actuaciones de la
Administración de Justicia y de los derechos materiales.”
17 Sentencia SU-061 de 2018.
18 Corte Constitucional, Sentencias T-1306 de 2001, T-579 de 2006, C-131 de 2002, T-268 de 2010,
SU-636 de 2015 y SU-215 de 2016.
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Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: Nubia Moscoso Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
38. En todo caso, la misma jurisprudencia constitucional ha precisado que no
todo fallo inhibitorio configura un defecto de este tipo, como se dijo, dicha decisión
debe ser injustificada. Por ejemplo, en la sentencia T-031 de 2018, la Corte
Constitucional amparó “los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de
justicia ante las decisiones de los jueces, que sin haber agotado todas las opciones
que ofrece el ordenamiento jurídico para resolver el caso, profieren un fallo que deja
en suspenso la resolución del asunto puesto a su consideración.”
39. A partir de las piezas procesales que integran el expediente, y en particular
los fallos ordinarios de primera y segunda instancia proferidos en el proceso con
radicación 63001-33-33-001-2022-00446-01, aportados por la parte actora19, se
observa que la señora Nubia Moscoso Moreno persiguió la anulación del acto ficto
negativo emanado de la petición no contestada, presentada el 12 de noviembre de
2020 ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio20, en la que se solicitaba el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías previstas en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006.
40. Pese a que la aquí accionante promovió el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la referida entidad, el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Armenia admitió la demanda y vinculó como litisconsorte
necesario al departamento del Quindío con fundamento en la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 y el artículo 57 de la Ley
1955 de 2019. Posteriormente, el proceso fue redistribuido al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Armenia, quien vinculó como litisconsorte necesario a
la Fiduprevisora S.A., bajo el siguiente razonamiento21:
“Bajo este contexto y atendiendo que dentro del presente asunto la parte actora
pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley
1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019, por cuanto presuntamente las entidades
demandadas, sobrepasaron los términos allí previstos vulnerando sus derechos, el
Despacho realizará las siguientes precisiones respecto al objeto del litigio:
i.) Que a la demandante le fueron reconocidas unas cesantías definitivas por medio
de Resolución 04-01948 del 9 de marzo de 2020.
ii.) Según se constata en el expediente, a partir de la documentación aportada con
el escrito de la demanda, la radicación de la solicitud de reconocimiento de las
cesantías se llevó a cabo el 9 de marzo de 2020.
iii.) También emerge de las documentales que reposan en el plenario que el
desembolso de estos recursos, se generó presuntamente el 14 de julio de 2020.
19 Índice 002 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
20 Consultable en el expediente digital del proceso 63001-33-33-001-2022-00446-01, a través del
siguiente link suministrado por la parte actora en su escrito de tutela:
https://drive.google.com/drive/folders/10cZScX6VJAO1hc7La8KItXgx4TJ-rPCZ.
21 Ibidem.
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Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: Nubia Moscoso Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
iv.) Con base en estas fechas, de manera preliminar, es plausible concluir por parte
del Despacho y tal como lo afirma la parte demandante, que la sanción moratoria
aquí reclamada, se causó -presuntamente- en vigencia de la Ley 1955 -25 de mayo
de 2019-, motivo por el cual, es necesario realizar un análisis del caso concreto a la
luz de recientes pronunciamientos proferidos por el Superior Funcional del Juzgado.
En efecto, el Tribunal Administrativo del Quindío en sede de apelación, estudió
casos con similares hechos y pretensiones al aquí debatido, concluyendo en lo que
resulta relevante que: i.) de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley
1955 del 2019, en el evento de que la solicitud de cesantías se haya realizado en
vigencia de dicha norma y se pruebe la sanción moratoria, los entes territoriales
deben responder patrimonialmente por los días y/o períodos en que la misma se
cause y no se trasladará dicha responsabilidad al FOMAG, ii.) como consecuencia
de lo anterior, afirmó que entre el Fondo -FOMAG-, la Fiduciaria y el ente territorial
-para los eventos en los que se reclame la sanción moratoria- existe una obligación
divisible y por ende un litisconsorcio voluntario, lo cual implica que si la demanda se
formula sin la vinculación de la entidad a cargo de quien se determina la
responsabilidad pecuniaria, esto acarrearía la negativa de las pretensiones, iii.) Con
base en la misma norma, determinó que con posterioridad al 31 de diciembre de
2019 no puede decretarse el pago de indemnizaciones económicas en vía judicial o
administrativa con cargo el FOMAG, sino que esta será imputable a la sociedad
fiduciaria con su patrimonio (si no es atribuible al ente territorial), porque es la
administradora de los recursos.
Las anteriores consideraciones, fueron sintetizadas en sentencia del 09 de febrero
de 2023 – y aunque se encuentren transcurriendo los términos de ejecutoria de esta
providencia, dicha posición es mayoritaria por parte de la Corporación- así:
“(...) significando que, a partir de la vigencia de la Ley 1955 de 2019, el
trámite del reconocimiento de cesantías y la responsabilidad que su tardanza
genere, es el siguiente:
“(i) A partir de la vigencia de la Ley 1955 de 2019 (25 de mayo de 2019), la
entidad territorial correspondiente responderá por la mora que le sea
imputable, la cual se genera cuando se expide el acto administrativo en el
que se concede la cesantía con posterioridad al plazo de 15 días hábiles que
preceptuado el artículo 4.o de la Ley 1071 de 2006.
(ii) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG
responderá por la mora que se cause hasta el 31 de diciembre de 2019,
dicha mora consiste en el incumplimiento del término de 45 días hábiles en
realizar el pago de las cesantías reconocidas, lo anterior de conformidad con
lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 1071 de 2006.
(iii) La Fiduciaria la Previsora S.A., responderá por la mora en el pago de las
cesantías a partir del 1 de enero de 2020, de acuerdo con lo señalado en el
art. 5 de la Ley 1071 de 2006. Se resalta de lo expuesto que la
responsabilidad de las entidades es individual y divisible, constituyéndose
un Litis consorte facultativo entre estos, por lo que, si no se demanda al
causante de la mora habrá que negarse las pretensiones sin necesidad de
realizar ninguna vinculación o pronunciamiento adicional al respecto”.
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Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: Nubia Moscoso Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
A partir de todo lo esbozado, esta Juzgadora estima que en aras a salvaguardar los
derechos al debido proceso y confianza legítima de la parte actora –por cuanto la
demanda se promovió el 29 de junio de 2022 -, es decir, con anterioridad a que el
Tribunal Administrativo del Quindío empezara a pronunciarse en el sentido ya
indicado (21 de octubre de 2022)-, resulta imperativo vincular de oficio al proceso a
la Fiduciaria la Previsora S.A- Fiduprevisora S.A (en adelante Fiduprevisora) con el
fin de que integre la litis en razón a que, se puede suscitar una condena a su cargo,
para lo cual se le concederá los términos de Ley a fin de que se pronuncie.”
41. En sentencia del 21 de junio de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Armenia anuló el acto administrativo demandado y a título de restablecimiento del
derecho, ordenó a la Fiduprevisora reconocer, liquidar y pagar a la señora Moscoso
Moreno la sanción moratoria prevista en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071
de 2006. Como fundamento de su decisión, relevante para el caso que nos ocupa,
sostuvo22:
“En tal sentido, se encuentra acreditado que la demandante era docente de
vinculación departamental, quien presentó petición de reconocimiento y pago de
cesantías parciales el día 9 de marzo de 2020, la cual fue resuelta mediante la
Resolución nro. 0401948 del 09 de marzo de 2020, esto es dentro del término de
los 15 días que tenía la entidad para resolver, resolución que fue notificada
personalmente por correo electrónico el 1 de abril de 2020, con renuncia a términos
de ejecutoria el 16 de abril del mismo año.
Así las cosas, de acuerdo a la fecha de presentación de la petición, el término de 45
días hábiles para obtener el pago efectivo de dichas cesantías, feneció el 24 de junio
de 2020. Y es dable concluir con el acervo probatorio que quien causó la mora en
el presente asunto fue la Fiduprevisora S.A., toda vez que la disposición del dinero
se realizó el 14 de julio de 2020.
En ese orden de ideas, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de
la sanción por mora de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, por el periodo
comprendido entre el 25 de junio de 2020 al 13 de julio de 2020, para un total de 19
días de mora.
No obstante lo anterior y de conformidad con el recuento normativo y jurisprudencial
reciente, según lo concluido por el precedente vertical con el Tribunal Administrativo
del Quindío, a la Nación – Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, sólo se le puede atribuir la mora en el pago de las cesantías
parciales o definitivas hasta el 31 de diciembre de 2019, tal como se estableció el
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, y en el presente caso dicha mora acaeció con
posterioridad a dicha fecha, siendo la misma imputable a la Fiduciaria La Previsora
S.A.”
42. Inconforme con la anterior decisión, la Fiduprevisora interpuso recurso de
apelación, señalando que, como vocera y administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales obró dentro de los plazos establecidos, por lo cual se puede
22 Ibidem.
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Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
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Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
evidenciar que pagó la prestación de la docente dentro de los 45 días hábiles que
prescribe la norma, art. 5 de la Ley 1071 de 2006, y que, en todo caso, de considerar
que la mora existió, la misma sería atribuible a la entidad territorial vinculada al
trámite.
43. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Quindío sostuvo, en la sentencia
a la que se atribuye la transgresión iusfundamental (proferida el 19 de septiembre
de 2024), lo siguiente23:
“La parte actora solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas el día
9 de marzo de 2020; y le fueron reconocidas por la Secretaría de Educación
territorial mediante Resolución No. 04-01948 del 9 de marzo del 2020. Los recursos
fueron puestos a su disposición el día 14 de julio de 2020; sin que haya discusión
sobre aquellos aspectos por las partes, y como lo ha sostenido en este Tribunal en
reiteradas oportunidades, que siendo la mora una penalidad por el incumplimiento
de una obligación que favorece al empleado y perjudica al empleador, la tardanza
cesa para cuando el empleador cumple con aquella y esto acontece en el momento
en que se genera la disponibilidad de los recursos a favor del beneficiario,
colmándose así el cumplimiento de la obligación legal a cargo de la entidad
demandada.
Respecto de la responsabilidad de la Fiduprevisora SA – ente recurrente en causa
propia- en la generación de la misma y su posibilidad de ser condenada en el asunto,
la Sala de oficio constata la configuración de la excepción de indebida vinculación
de un sujeto procesal – litis consorte facultativo - como parte demandada por el juez
del asunto.
Es así como la Sala no concuerda con la posición asumida por el juzgado de
instancia de haber vinculado oficiosamente como parte demandada y además
condenado a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A en causa propia, cuando está
visto que no ha habido ningún interés de la parte actora en vincularle como parte
demandada al proceso.
Es bien sabido que esta entidad participa en el proceso de pago de las cesantías
parciales y definitivas solicitadas y reconocidas, pero tal circunstancia no la
convierte en un Litis consorte necesario a voces del artículo 61 del CGP y que
obligue al juez a disponer su vinculación al asunto de manera oficiosa para poder
resolver de manera uniforme y de mérito so pena de su nulidad procesal ( CGP art
134 inciso final) , dado que la responsabilidad de las entidades que participan en el
trámite del reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a partir de la
expedición de la ley 1955 de mayo 25 de 2019 art 57 parágrafo, se volvió individual
y divisible, motivo por el cual, si no se demanda por el propio interesado al causante
de la mora habrá que negarse las pretensiones sin necesidad de realizar ninguna
vinculación o pronunciamiento adicional al respecto, en tanto se trata de una carga
procesal atribuible a la parte interesada, es decir al demandante, y no puede ser
suplida por el juez.
(…)
23 Ibidem.
13
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Es claro entonces que mientras en el litisconsorcio necesario existe una única
relación jurídica sustancial e inescindible entre los sujetos llamados a intervenir y
ello hace forzosa su vinculación, aún de oficio por el Juez, en tanto la decisión
repercute en todos, en el litisconsorcio facultativo los sujetos tienen relaciones
jurídicas independientes, razón por la cual las decisiones que se deban adoptar
respecto a ellos es individual y no afecta positiva o negativamente a los demás”
44. De lo anterior se extraen cuatro aspectos: i) el despacho judicial que conoció
en primera instancia del proceso ordinario era consciente de la postura
jurisprudencial de su superior funcional respecto de la divisibilidad de la
responsabilidad frente a la causación de la sanción moratoria entre las distintas
entidades encargadas del reconocimiento, liquidación y pago del auxilio de
cesantías docentes [Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
entidades territoriales y Fiduprevisora S.A. (sic)], así como del hecho de que, por
virtud de lo anterior, el Tribunal consideraba que existía entre ellas un litisconsorcio
facultativo; ii) lo decidido por el Tribunal Administrativo del Quindío en la sentencia
que se cuestiona en esta sede constitucional coincide plenamente con esa postura
jurisprudencial; iii) la anterior disyuntiva se originó, desde el punto de vista normativo
por lo dispuesto en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019; y iv) la
vinculación de la Fiduprevisora dispuesta por el a quo ordinario obedeció al hecho
de que la demanda fue promovida con anterioridad a la postura jurisprudencial
adoptada por el Tribunal Administrativo del Quindío, y no a pesar de ella.
45. Frente a lo anterior, es oportuno citar lo que el mencionado artículo 57 de la
Ley 1955 de 201924, consagra respecto a la responsabilidad de la sanción moratoria
por el no pago o pago tardío de las cesantías:
“ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las
cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989
serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad
territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del
proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser
elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo
de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará la firma
del Secretario de Educación de la entidad territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo
deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en
la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de
los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los
servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros.
24 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”.
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo
podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales
y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá
decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa
con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción
por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los
plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de
cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del
pago de las cesantías.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo modificado por el artículo 324 de la Ley
2294 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de financiar el pago de
las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio causados a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o
varias sociedades fiduciarias públicas, así mismo, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los
mismos. El Consejo Directivo de Fomag efectuará la adición presupuestal de los
recursos de los que trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe
presupuestarse para efectos de su redención” (énfasis añadido).
46. Con base en la anterior previsión normativa, el Tribunal estableció una
separación en la responsabilidad atribuible a las entidades públicas competentes
frente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria; esa circunstancia traería
aparejado que la relación jurídica sustancial predicable entre aquellas entidades,
cuando sean convocadas a un proceso judicial por esa causa, no pudiera ser
entendida como de carácter uniforme o inescindible, ni que los actos de una
redunden en provecho o perjuicio de las otras.
47. Con todo, al margen de que corresponda exclusivamente al juez ordinario
definir el carácter o no necesario de la relación jurídica sustancial, a juicio de la Sala
esa consideración no impedía al Tribunal que decidiera de mérito frente a los
restantes. Y es precisamente en este punto en donde radica la vulneración de los
derechos fundamentales de la accionante, pues el hecho de que exista un
litisconsorcio facultativo y no uno necesario, como consideró la autoridad judicial,
no supone, como mal concluyó el Tribunal, que no puedan estudiarse de fondo las
pretensiones del asunto respecto de los demás sujetos procesales involucrados.
48. Como se reseñó previamente, el Tribunal consideró que “si no se demanda
por el propio interesado al causante de la mora habrá que negarse las pretensiones
sin necesidad de realizar ninguna vinculación o pronunciamiento adicional al
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respecto, en tanto se trata de una carga procesal atribuible a la parte interesada, es
decir al demandante, y no puede ser suplida por el juez”. Con independencia de que
ese juicio resultara o no acertado, la consecuencia jurídica que en él se expresa -
negar pretensiones sin pronunciamiento adicional- no puede aplicarse de forma
absoluta y abstraída de la realidad procesal del caso en cuestión. Así, en el trámite
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 63001-33-33-001-2022-
00446-00/01, a pesar de lo que se decidiera frente a la vinculación del administrador
del FOMAG, no podía desconocerse que la demanda fue dirigida contra otras
entidades frente a las cuales la accionante efectuó un señalamiento concreto de
responsabilidad frente a la causación de la sanción moratoria y se trabó una relación
jurídica procesal que exigía un pronunciamiento de fondo que dirimiera la
controversia.
49. En otras palabras, justamente en atención a la condición de litisconsorte
facultativo que ostentaba la administradora del FOMAG, el hecho de que hubiese
sido indebidamente vinculada al proceso -como lo entendió el Tribunal- no suponía
que la discusión jurídica propuesta frente a las demás autoridades administrativas
(v. gr. departamento del Quindío) pudiese ser omitida, ni que las pretensiones contra
ellas dirigidas debieran ser negadas de forma automática.
50. Incluso, pese a que en el trámite judicial ordinario la Fiduprevisora fue el
único apelante, los argumentos de su recurso de alzada apuntaban al hecho de que
la sanción moratoria demandada no fue causada, en tanto el auxilio de cesantías
fue oportunamente pagado a la demandante, y que, en caso de considerarse que sí
había existido tardanza, la responsabilidad al respecto era atribuible a las demás
entidades vinculadas al trámite procesal. Veamos25:
“En el presente caso, FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora de los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pagó la
prestación del docente tal como se observa de la prueba que se allega al expediente
“CERTIFICADO DE PAGO DE CESANTÍA”, Como se observa, el pago realizado, si
bien fue realizado por la Fiduciaria, lo fue con ocasión al propio deber contractual,
más no por una mora en cabeza de la Fiduciaria, en calidad de vocera y
administradora; el pago efectivamente realizado lo fue dentro del término legal y
nada distinto podrá inferirse respecto de su actividad o gestión.
De igual forma, es importante mencionar que se insiste y reitera los argumentos que
para realizar el pago de la prestación de la docente, esto es, dentro del término de
los 45 días hábiles que señala el parágrafo del artículo 5 de la ley 1071 de 2006, por
consiguiente, al haberse realizado el pago dentro del término legal, no pudo
causarse, ni mucho menos activarse la sanción moratoria, pues se insiste, la
Fiduciaria, como entidad pagadora, desde la fecha en que, la secretaría de
educación radicó en la fiduciaria la solicitud de pago del acto administrativo del
reconocimiento de la prestación. Por manera que, al no haber surgido la sanción
moratoria, por haberse realizado dentro del término legal, mal hace la parte
25 Ibídem. Documento consultable, así mismo, en el expediente digital del proceso 63001-33-33-001-
2022-00446-00, visible en el índice 029 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
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accionante cobrar un crédito que esta sociedad fiduciaria no le adeuda, ni por virtud
del acto administrativo, no (sic) por lo dispuesto en la ley 1071 de 2006.
(…)
En el entendido que la norma señala que existe una entidad OBLIGADA al
reconocimiento, evidentemente de un derecho, es ella la que debe salir al
restablecimiento del derecho que invoca el actor, y no mi poderdante, esto es,
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en el entendido que es aquella la que tiene una
obligación legal y no ésta que actúa en virtud de un contrato como ejecutor (vocero
y administrador de recursos) de las órdenes impartidas por el fideicomitente a través
de los medios que para ello existan.
Es necesario indicar que, hasta tanto la Secretaría de Educación respectiva adopte,
otorgue, elabore, PROFIERA y notifique en debida forma el Acto Administrativo por
el cual se reconoce un derecho a determinado peticionario o respectivo docente, no
existe deber u obligación alguna a cargo de la entidad financiera respecto de tercero
o beneficiario del derecho para que esta entidad financiera sea la obligada o la
llamada al pago de los valores que la propia Secretaría de Educación ha señalado
en su manifestación a través del Acto Administrativo respectivo. Menos aún, cuando
es evidente, que esta entidad financiera no ha desatendido el deber legal en cuanto
a los términos para pago respecta, y por ello, no debe ser esta la que deba ser
llamada a juicio ni condenada por las pretensiones de la demanda; nótese que el
demandante no demostró ni lo ha hecho, explicar en dónde y a partir de cuándo las
entidades han incurrido en la pretendida falta, pues solo, de manera general, señala
que existe un término otorgado por ley, pero no se detiene en verificar en dónde
está la posible y necesaria falla que permita inferir que en realidad existe algún tipo
de responsabilidad a las entidades que “participan” en el trámite de
RECONOCIMIENTO y posterior pago del derecho, reitero, reconocido al
demandante.
Ahora bien y si de encontrarse demostrado dentro del plenario, que la sanción mora
es por culpa atribuible al ente territorial (Secretaría de Educación), será este quien
deberá entrar a responder patrimonialmente con sus propios recursos.
Corolario de lo expuesto, de la consulta del presente asunto ante la DIRECCIÓN DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL FOMAG, para verificar el trámite efectuado
a la solicitud de reconocimiento y pago de la prestación solicitada por la aquí
demandante, al respecto debe señalarse que la entidad efectuó en debida forma,
según los certificados que se aportan, el pago oportuno y debido que corresponde
a las cesantías del aquí demandante.”
51. De acuerdo con la anterior transcripción, es claro para la Sala que la
inconformidad planteada en el recurso de alzada por la Fiduprevisora S.A., como
administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, consistía en que pagó la prestación del docente conforme a su deber
contractual y dentro del término legal de 45 días hábiles, tal como establece la Ley
1071 de 2006, y que por ello no se genera la sanción moratoria. Adicionalmente, la
administradora indicó que, en caso de encontrarse demoras en el pago de la
cesantía, la sanción era atribuible exclusivamente al departamento del Quindío. Por
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consiguiente, la respuesta judicial que debía adoptar el Tribunal en segunda
instancia no era otra que la de analizar, con fundamento en los plazos señalados en
la ley, si se generó o no la mora y de ser así determinar, con fundamento en el
artículo 57 de la ley del plan nacional de desarrollo, a qué autoridad era atribuible.
52. Es preciso aclarar, por demás, que en la parte resolutiva de la sentencia del
19 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Quindío dispuso “negar las
pretensiones”26. No obstante, el decisum no fue consecuencia de un estudio de
fondo sobre el objeto de la litis, sino que fue el resultado exclusivo de declarar
probada la excepción de indebida vinculación de un sujeto procesal, pues en la parte
motiva de aquella decisión no se consignaron consideraciones que dirimieran, como
se solicitó en la alzada, si la sanción moratoria discutida fue causada y, si lo fue, a
quién resultaba jurídicamente imputable.
53. De esa suerte, aunque en la providencia censurada en este trámite
constitucional no se hubiese indicado de forma expresa que “se inhibía de fallar de
mérito”, la decisión de negar las pretensiones de la demanda por el hecho exclusivo
de la indebida vinculación de la Fiduprevisora al proceso constituyó una decisión
inhibitoria y transgredió los postulados propios del debido proceso, pues por la
aplicación a una figura procesal se abstuvo de impartir justicia efectiva y decidir de
fondo el asunto sometido a su conocimiento, configurándose, ciertamente, un
defecto procedimental. Lo anterior resulta inadmisible, se insiste, si se tiene en
cuenta que: i) eran varios los sujetos vinculados al trámite; ii) la demanda efectuó
una imputación jurídica a personas distintas de aquella que estuvo indebidamente
vinculada; iii) si el litisconsorcio no era necesario sino facultativo, la imposibilidad de
discutir en este proceso la relación jurídica sustancial existente entre la demandante
y el vinculado facultativo no implica la imposibilidad correlativa de dirimir las demás
relaciones sustanciales existentes propuestas por la demanda; iv) al declarar mal
vinculada a la Fiduprevisora, subsistía la cuestión relacionada con la causación de
la sanción moratoria y su reprochabilidad a las entidades frente a las cuales fue
dirigida la demanda.
54. No debe olvidarse que el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011, establece el
principio de convalidación de acuerdo con el cual, las autoridades judiciales deben
realizar el control de legalidad en cada etapa del proceso para sanear los vicios que
acarren nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán
alegar en las etapas siguientes. De tal suerte que la ausencia de debate de los
sujetos procesales respecto a la vinculación de la entidad litisconsorte efectuada
por el juzgado y que la vinculada actuara en el proceso sin manifestar inconformidad
alguna frente dicho proceder, conminaba a la autoridad judicial accionada adoptar
una decisión de fondo de cara a las pretensiones de la demanda.
26 “PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de indebida vinculación de un sujeto
procesal – litis consorte facultativo - como parte demandada por el juez del asunto, respecto a la
Fiduciaria la Previsora SA, y en consecuencia REVOCAR la sentencia proferida el veintiuno (21) de
junio de dos mil veintitrés (2023) por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia
Quindío, y en consecuencia se deniegan las pretensiones de la demanda”.
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
55. Por las consideraciones que anteceden, la Sala confirmará el fallo
impugnado.
Desvinculación del municipio de Calarcá
56. Finalmente, corresponde referirse a los argumentos de la impugnación
presentada por el municipio de Calarcá, vinculado en la primera instancia. Al
respecto se tiene que, efectivamente, como lo sostuvo la entidad territorial, no se
observan razones sustanciales para mantenerlo ligado al presente trámite
constitucional, en tanto el devenir proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
63001-33-33-001-2022-00446-00/01 revela que ni la demanda fue dirigida contra
aquél, ni el a quo o el ad quem ordinarios dispusieron la integración del
contradictorio con el municipio, razón por la cual no le asiste interés alguno en las
resultas de la presente acción de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia, la
sentencia proferida el 5 de noviembre de 2024, por la Sección Tercera – Subsección
B, del Consejo de Estado.
SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite al municipio de Calarcá, por lo
expuesto en esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
19
Radicación número:11001-03-15-000-2024-05486-01
Accionante: Nubia Moscoso Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
20
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