Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05853-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05853-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05853-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
5 de diciembre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05853-00
Demandante: Marlem Eliana Dorado Paz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05853-00
Demandante: MARLEM ELIANA DORADO PAZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
POPAYÁN Y TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE POPAYÁN, SALA DE GOBIERNO
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Vacaciones individuales de
funcionaria de la Rama Judicial. Procedencia de la acción de tutela.
Derecho al trabajo en condiciones dignas y descanso remunerado
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Marlem Eliana Dorado Paz, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
del Cauca y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante manifestó que en su calidad de titular del Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao, Cauca, solicitó al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán que le concediera vacaciones
remuneradas, por haberse causado el periodo comprendido entre 5 de junio de
2022 al 5 de junio de 2023, las cuales planeaba disfrutar a partir del 18 de
noviembre hasta el 12 de diciembre de 2024.
Afirmó que, dado lo anterior, el tribunal profirió la Resolución No. 083 del 25 de
julio de 2024, “Por medio de la cual se conceden unas vacaciones individuales” y,
en consecuencia, emitió la Resolución No. 066 del 8 de agosto de 2024 “Por la
cual se hace un nombramiento en provisionalidad”, designando para el reemplazo
de sus vacaciones al abogado Diego Felipe Pérez Redondo, con ocasión de la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal No. 124 de 4 de enero de
2024 por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán.
Sostuvo que el 29 de octubre de 2024, recibió al correo institucional el oficio STSP
No. 1568 de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán,
por medio del cual se le remitía la Resolución No. 133 del 28 de octubre de la
misma anualidad, en la que la Sala de Gobierno de esa corporación dejó sin
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efectos la Resolución No. 083 del 25 de julio de 2024, mediante la cual le habían
concedido las vacaciones, “acto administrativo de carácter particular y concreto
que creó una situación jurídica de carácter particular y la única forma de revocar
este acto administrativo era con mi consentimiento, previo y expreso como lo
menciona el art. 97 del CPACA, por lo cual vulnera garantías constitucionales toda
vez que se hace sin mi consentimiento”.
Indicó que el fundamento de la decisión de revocar sus vacaciones radicó en que
la Ley Estatutaria 2430 del 9 de octubre de 2024, “Por la cual se modifica la Ley
270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia”, en su artículo 74
enlista de manera taxativa los funcionarios que gozan del régimen individual de
vacaciones, sin inclusión de los Jueces Promiscuos de Familia, entendiéndose
que quedan cobijados por el régimen de vacaciones colectivas que se disfruta a
partir del 20 de diciembre de cada año hasta el 10 de enero siguiente, inclusive.
Refirió que, como fundamento de su decisión, el tribunal agregó que mediante
oficio DESAJPOO24-1357 del 23 de octubre de 2024, el director ejecutivo
seccional de administración judicial de Popayán le había informado que, teniendo
en cuenta que el reemplazo por sus vacaciones se había asignado con ocasión
del certificado de disponibilidad presupuestal No. 124 del 4 de enero de 2024, con
la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024, en el que no fue considerada en el
régimen de vacaciones individuales y pasó al régimen de vacaciones colectivas,
“se deja sin efectos la aplicación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
CDP para el pago del reemplazo por vacaciones de la funcionaria Dra. MARLEN
ELIANA DORADO PAZ, Juez Segundo Promiscuo de Familia de Santander de
Quilichao – Cauca, por cuanto estaría en contravía de la nueva reglamentación”.
Para terminar, adujo que, habiéndose dejado sin efectos la aplicación del
certificado de disponibilidad presupuestal que garantizaba el pago de un
reemplazo durante sus vacaciones, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán dejó sin efecto la Resolución No. 083 del 25 de julio
de 2024, por medio de la cual se concedieron vacaciones individuales, decisión
frente a la que la magistrada Claudia Cecilia Toro Ramírez, en calidad de
presidenta de la Sala Laboral, presentó aclaración de voto en la que sostuvo que,
al haberse dejado sin efectos el mencionado certificado por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, “no le queda otro camino que el de
aprobar la Resolución en comento; no sin antes advertir ante mi formación
laboralista que me lleva a proteger los derechos de los trabajadores, que la
funcionaria judicial lleva laborando ininterrumpidamente hasta la fecha, 877 días, y
el descanso correspondiente a las vacaciones colectivas a disfrutar entre el 20 de
diciembre de 2024 y 10 de enero de 2025 no compensa el tiempo laborado por la
referida jueza”.
2. Fundamentos de la acción
La accionante interpuso acción de tutela con el fin de que el juez constitucional
proteja los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al descanso
y a la igualdad, los cuales considera vulnerados con ocasión de lo determinado en
la Resolución No. 133 del 28 de octubre de 2024, mediante la cual se dejó sin
efectos la Resolución No. 083 del 25 de julio de 2024, a través de la cual se le
habían concedido unas vacaciones causadas en el periodo comprendido entre el 5
de junio de 2022 y el 5 de junio de 2023, acto administrativo de carácter particular
que, señala, fue revocado sin su consentimiento previo y expreso, lo que
desconoce el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-.
Adujo que la Resolución No. 133 del 28 de octubre de 2024, da aplicación
retroactiva a la Ley Estatutaria 2430 de 2024, pues pretende modificar un derecho
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adquirido, concedido y notificado, dejando sin efectos un acto administrativo de
carácter particular, “sin ni siquiera preguntarme si estoy de acuerdo con tal
decisión, como lo establece claramente el artículo 97 del CPACA, afectando de
manera latente mis derechos laborales y especialmente el principio in dubio pro
operario, pues en caso de duda o conflicto de normas, se debe favorecer al
trabajador”.
Sostuvo que en la actualidad tiene causados dos periodos de vacaciones y, de
aplazarle de manera indefinida el disfrute de su descanso remunerado,
prontamente se van a convertir en tres periodos, negándose el disfrute de su
derecho al descanso.
Indicó que causa gran extrañeza que la presidencia del Consejo Seccional de la
Judicatura del Cauca mediante oficio CSJCAUOP24-1909 del 18 de octubre de
2024, dirigido al director seccional de Administración Judicial de Popayán, con
asunto “Aplicación Ley 2430 de 2024 – Vacaciones Jueces Promiscuos de
Familia”, solicitara que se revisen los efectos de los certificados de disponibilidad
presupuestal expedidos con ocasión de los periodos de vacaciones concedidos a
los despachos de los Juzgados Promiscuos de Familia por los respectivos
nominadores, aduciendo que ha solicitado al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Popayán y a los jueces promiscuos de familia del distrito revocar aquellos actos
administrativos que estén en contravía de la nueva reglamentación, “máxime que
tales decisiones comprometen certificados de disponibilidad presupuestal, como si
fuera cualquier situación administrativa, pues las resoluciones que conceden
vacaciones a los servidores judiciales son actos administrativos de carácter
particular y concreto, por lo tanto no podrán ser revocados sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular, situación que ni la presidencia del
Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca ni la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Popayán, tuvieron en cuenta al momento de dejar
sin efectos la resolución que concedió mis vacaciones, aunado a ello me cierra la
posibilidad de recurrir el mismo”.
Refirió que las entidades accionadas conocen que padece dos diagnósticos de
enfermedades laborales “trastorno de estrés postraumático y trastorno de pánico”,
dados por la ARL Positiva, razón que aúna argumentos para que no se proceda
como la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán lo
está haciendo, dejando sin efectos sus vacaciones causadas y otorgadas.
Agregó que luego de que le concedieran las vacaciones, planeó dos viajes con su
grupo familiar, el primero al Amazonas desde el domingo 17 al 21 de noviembre
de esta anualidad y el segundo a Islas Margarita en Venezuela, desde el 30 de
noviembre al 7 de diciembre de 2024, por lo que con la resolución objetada se
causan grandes perjuicios de índole moral y económico a su grupo familiar.
Finalmente, añadió que en una oportunidad anterior el Consejo de Estado, en
primera y segunda instancia decidió a su favor una situación similar a la que hoy
experimenta, al amparar sus derechos y ordenar que se expidiera el certificado de
disponibilidad presupuestal necesario para garantizar su reemplazo durante sus
vacaciones.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“1. Se deje sin efecto la Resolución N° 133 del 28 de octubre de 2024, que decide
“DEJAR SIN EFECTOS la Resolución No. 083 de 25 de julio de 2024, por medio de la
cual se concedió vacaciones individuales a la Doctora MARLEM ELIANA DORADO
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PAZ, Juez Segundo Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao, Cauca, desde el
18 de noviembre al 12 de diciembre de 2024, inclusive”.
2. Se ordene a las entidades accionadas de manera coordinada y de acuerdo con sus
competencias, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondan, para el cumplimiento de la Resolución 083 del 25 de Julio de 2024, por
medio de la cual se me concedió vacaciones individuales en calidad de Juez Segundo
Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao, Cauca, desde el 18 de noviembre al
12 de diciembre de 2024, inclusive.
3. Que se materialice la posesión del abogado DIEGO FELIPE PEREZ REDONDO con
C.C. No. 1.061.771.534, en razón del nombramiento que se le hiciere con resolución
No. 066 del 8 de agosto de 2024 para mi reemplazo durante el periodo de mis
vacaciones entre el 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2024 inclusive y que
corresponden al periodo causado desde el 5 de junio de 2022 al 4 de junio de 2023.
4. Se conmine a las entidades accionadas para que, en el futuro, esta situación no se
vuelva a presentar de nuevo, toda vez que vulnera los derechos fundamentales
relacionados y sin necesidad de recurrir a la acción constitucional, pues ya es la
segunda vez que recurro a la acción de tutela en defensa de mis derechos
fundamentales, como en los anexos se refleja con los fallos del Consejo de Estado”.
4. Trámite procesal
Por auto del 7 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la solicitud
de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la accionante y a las
autoridades accionadas. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código
General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
288565 a 288569 del 12 de noviembre de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión1.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura
La oficina del despacho de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
rindió informe en el que solicitó que se declarara la falta de legitimación en la
causa por pasiva a su favor, en tanto, indicó, no es viable endilgarle alguna
responsabilidad en el caso, toda vez que las acciones u omisiones que atribuye la
accionante como vulneradoras de sus derechos recaen exclusivamente sobre la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán, entidad que actúa
como ordenador del gasto de conformidad con los numerales 2 y 6 del artículo 103
de la Ley Estatutaria 270 de 1996 y que tiene a cargo expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para designar los reemplazos de los funcionarios y
empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones.
5.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declare probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y se ordene su
desvinculación de las presentes diligencias, en tanto, adujo, “no existe legitimación
en la causa por pasiva para comparecer en calidad de sujeto pasivo de la acción
constitucional de la referencia, máxime cuando las actuaciones reprochadas por la
doctora Marlem Eliana Dorado en el marco de la presente solicitud, no involucran
alguna intervención por parte de la DEAJ”.
1 Indice 10 de Samai.
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5.3. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
El presidente de la corporación rindió informe en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no cumple con los requisitos de
procedencia.
En primer lugar, indicó que, en su criterio, la solicitud no supera el requisito de
subsidiariedad, pues la acción de tutela no es el medio idóneo para controvertir la
legalidad de los actos administrativos objetados, ya que la accionante cuenta con
un mecanismo de defensa, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
administrativa, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
De otra parte, señaló que la accionante en su escrito de tutela no demuestra que
hubiera interpuesto los recursos de ley frente a la decisión adoptada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, que dejó sin efectos el acto
administrativo a través del cual se le concedieron las vacaciones, por lo que no
agotó la vía gubernativa, y no hizo uso de los medios de defensa que tenía a su
alcance para reclamar la protección de sus derechos, lo que desatiende el
requisito de subsidiariedad.
Adujo que la acción de tutela no procede como mecanismo transitorio por cuanto
no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable, y que en el caso se
presenta inexistencia de vulneración por parte de esa corporación, en la medida
en que no se encuentra acreditada ninguna conducta atribuible a esta entidad que
se pueda constituir como amenaza o violación de los derechos fundamentales
señalados, toda vez que la situación planteada por la accionante debe ser
atendida por el nominador, como en efecto ocurrió, y la decisión adoptada debió
ser controvertida mediante el ejercicio de los recursos con los que cuenta la
servidora judicial, ante la autoridad nominadora que expidió el acto administrativo,
razón por la cual se debe declarar la improcedencia del presente trámite tutelar
frente a esta Seccional.
Finalmente, arguyó que, de accederse a las pretensiones de la accionante, no solo
se estaría causando un detrimento patrimonial, sino que también la funcionaria
judicial disfrutaría de dos periodos de vacaciones, el primero concedido bajo los
lineamientos de la Ley Estatutaria 270 de 1996, como régimen de vacaciones
individuales, y el segundo bajo la nueva normatividad, es decir, el régimen de
vacaciones colectivas establecidas en la Ley Estatutaria 2430 de 2024.
5.4. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán
La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó que se le desvinculara
de la presente acción, ya que, sostuvo, ha dado cumplimiento a lo ordenado en las
sentencias de tutela frente a situaciones similares, especialmente, a la
normatividad vigente que rige la materia, “sin embargo, en el caso de hoy la
accionante, las condiciones han variado con la vigencia de la Ley que modifica la
Ley 270 de 1996, por lo tanto, si la Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
expide un CDP, no se tendría un sustento Jurídico para sostener dicho gasto
presupuestal”.
De otra parte, indicó que esa dirección no está violando ninguno de los derechos
fundamentales de la accionante, ya que, adujo, las vacaciones no se le han
negado a la actora por falta de presupuesto, “por el contrario, antes de la
modificación a la Ley Estatutaria, se expidió un CDP, que aseguró el
nombramiento del reemplazo durante su periodo vacacional”, no obstante, el
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despacho donde labora la actora, con la Ley 2430 de 2024 que modificó la Ley
Estatutaria 270 de 1996, pasó de un régimen de vacaciones individuales a
régimen de vacaciones colectivas, por lo que sus pagos vacacionales se
encuentran contemplados dentro del presupuesto con su respectiva disponibilidad
presupuestal, y el certificado de disponibilidad presupuestal no tendría objeto,
teniendo en cuenta que dentro del régimen de vacaciones colectivas no existe la
figura del reemplazo en los despachos judiciales para los funcionarios y
empleados, por cuanto se encuentran con suspensión de términos, en virtud de la
vacancia judicial que se encuentra comprendida entre el 20 de diciembre y 10 de
enero de cada año.
Agregó que, si bien es cierto que la actora no saldrá a vacaciones en las fechas
por ella contempladas, si tendrá pago y disfrute en el año 2024, conforme lo
establecen el régimen de vacaciones colectivas, por lo tanto, no se le estarían
vulnerando sus derechos al descanso y la debida remuneración, ya que “lo que se
presenta es un cambio de la forma del disfrute de las vacaciones, lo que no
implica una vulneración a sus derechos invocados, solo fue una mutación, pero en
ningún momento se le estaría negando los derechos con la modificación a la Ley
Estatutaria y ante las directrices impartidas por el Consejo Seccional de la
Judicatura del Cauca mediante el Oficio CSJCAUOP24-1909 que insta a la
Dirección Seccional, para la aplicación de la Ley 2430 de 2024, frente a las
vacaciones de los Juzgados Promiscuos de Familia”.
Por último, refirió que una vez revisado el sistema de la entidad se encontró que a
la actora se le han concedido las últimas vacaciones por el periodo comprendido
entre el 05/06/2021 al 04/06/2022, y su disfrute fue desde el 17 de noviembre
hasta el 11 de diciembre de 2023, “lo que nos indica que la actora ha disfrutado
sus vacaciones en el periodo inmediatamente anterior y, si se encuentra en una
acumulación de periodos vacacionales, es posible, que no sea atribuible al
empleador, por cuanto hay que tener en cuenta que la fecha de cumplimiento de
las vacaciones en este caso en concreto, es en el mes de junio, es decir, de junio
a junio de cada año y con el derecho que le asiste a la actora ha programado las
vacaciones en los meses de noviembre de cada año. Además, de las sentencias
aportadas por la actora se extrae que ha disfrutado un periodo vacacional en el
mes de enero de 2023 al 3 de febrero de 2023”.
5.5. Respuesta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán
La presidenta de la corporación accionada rindió informe en el que solicitó que se
denegaran las pretensiones de la acción por cuanto, adujo, la decisión adoptada
por esa Sala de Gobierno a través de la Resolución No. 133 del 28 de octubre de
2024, protege el derecho al descanso anual de la servidora judicial, el cual se hará
efectivo a partir del 20 de diciembre de 2024 y al mismo tiempo garantiza la
aplicación de la Ley Estatutaria 2430 del 9 de octubre de 2024, las disposiciones
del Estatuto Orgánico del Presupuesto y la continuidad en el servicio esencial de
administración de justicia.
Luego de hacer un recuento de los hechos, sostuvo que la Resolución No. 133 del
28 de octubre no es un acto de revocatoria directa, y tampoco comporta una
revocatoria o desconocimiento del derecho a las vacaciones de la accionante,
“puesto que las mismas serán disfrutadas en el periodo de vacaciones colectivas,
y en tal virtud, no hay lugar a la aplicación del artículo 97 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Indicó que habiéndose dejado sin efectos la aplicación del certificado de
disponibilidad presupuestal que garantizaba el pago de un reemplazo durante las
vacaciones de la actora, la Sala de Gobierno, actuando como autoridad
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nominadora, “obrando con prudencia y en acatamiento a las disposiciones
legales”, procedió a dejar sin efectos el acto administrativo que concedió
vacaciones individuales a la actora, ya que proceder en contrario comportaría una
violación al artículo 71 del Decreto 111 de 1996, que prohíbe a todas las
autoridades expedir actos administrativos que afecten apropiaciones
presupuestales sin contar con el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal, so pena de incurrir en las responsabilidades que allí mismo se
contemplan.
Adujo que la determinación de dejar sin efectos el disfrute de las vacaciones
individuales concedidas a la actora mediante Resolución No. 083 del 25 de julio de
2024, es necesaria ante la imposibilidad de cubrir la vacante temporal de la titular
del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao, porque el
despacho no puede quedar acéfalo, debiéndose garantizar la continuidad del
servicio esencial de administración de justicia, que a voces de la Ley Estatutaria
270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024, es de naturaleza esencial.
Respecto de la vulneración de derechos adquiridos, arguyó que el disfrute de
vacaciones, “si bien es un derecho de todos los trabajadores, no es de carácter
absoluto, encontrándose en todo caso supeditado a las necesidades de servicio” y
que en este caso el derecho al descanso remunerado de la actora no ha sido
negado ni revocado, “sino acompasado a las disposiciones de la Ley 2430 de
2024 que cambió el régimen de vacaciones individuales a colectivas de los Jueces
Promiscuos de Familia”.
Finalmente, sobre el desconocimiento del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y la
falta de notificación de la decisión que dejó sin efecto el certificado de
disponibilidad presupuestal, sostuvo que no se vulneraron los derechos de la
actora, pues se puso en conocimiento de la interesada la Resolución No. 133 del
28 de octubre de 2024, en garantía de sus derechos fundamentales, al punto que
esta interpuso recurso de reposición contra dicho acto, “que en la actualidad se
encuentra pendiente de resolución por parte de la Sala Gobierno, programada en
la fecha”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
En el escrito de contestación de la solicitud, el Consejo Superior de la Judicatura y
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron que se les
desvinculara del presente trámite, por cuanto, señalaron, en el caso se configura
la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto, dadas sus
funciones, no son responsables de materializar las pretensiones de la accionante.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del
Decreto 2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades
públicas o particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo
esa línea, la Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20223 señaló que
dicho requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se
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dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada”.
La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la
Judicatura, por cuanto, dada su eventual participación en las órdenes que se
profieran con ocasión de lo aquí decidido, se le remitirá copia de la sentencia para
su conocimiento y fines pertinentes, por lo que su vinculación se encuentra
justificada.
De igual forma, no se accederá a la solicitud de desvinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, porque dadas sus funciones como
ordenadora del gasto para cumplir con las obligaciones de la Rama Judicial, y
administradora de los recursos y bienes destinados al funcionamiento de esta, su
vinculación al presente asunto, en el que se dirime la necesidad de adelantar las
gestiones que sean del caso para garantizar el derecho al descanso remunerado
de una funcionaria judicial, se encuentra plenamente justificada.
3. Planteamiento del problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al descanso y a la
igualdad de la accionante, con ocasión de lo determinado en la Resolución No.
133 del 28 de octubre de 2024, mediante la cual se dejó sin efectos la Resolución
No. 083 del 25 de julio de 2024, a través de la cual le habían sido concedidas a la
actora las vacaciones causadas en el periodo comprendido entre el 5 de junio de
2022 al 5 de junio de 2023, en su calidad de Jueza Segunda Promiscua de Familia
de Santander de Quilichao, y por la revocatoria de dicho acto administrativo de
carácter particular y concreto sin su consentimiento previo y expreso, lo que,
alega, desconoce el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-.
La Sala accederá al amparo de los derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas y al descanso remunerado de la accionantes, en tanto la
decisión de dejar sin efectos el acto administrativo que había reconocido sus
vacaciones se torna arbitrario e infundado.
4. Alcance constitucional del derecho fundamental al descanso en el marco
del disfrute de las vacaciones
De conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política el marco normativo
labora deberá regirse por algunos principios mínimos fundamentales, entre los que
se destacan “la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; (…) la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales; (…) la garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario”, último que la Corte Constitucional ha
definido como uno de los derechos fundamentales del trabajador, “el cual está
definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el
trabajo o fatiga”2.
Esta garantía individual se encuentra prevista en los Convenios 014 de 1921 y 052
de 1936, proferidos por la Organización Internacional del Trabajo -OIT-. En el
primero se establece que los trabajadores de la industria tienen el derecho a
descansar como mínimo 24 horas consecutivas en el curso de un periodo de siete
2 Sentencia T-076 de 2001.
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días. En el segundo se consagra el derecho del trabajador a gozar de vacaciones
anuales pagadas de mínimo seis días laborales por un año de trabajo 3.
De igual manera, el derecho a las vacaciones periódicas pagadas está previsto en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 24) y en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 7).
La Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-296 de 20234, destacó
que de tiempo atrás en su jurisprudencia se ha reconocido que el derecho al
descanso es un derecho fundamental autónomo que se deduce de la
interpretación sistemática de los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución, “y supone,
al menos, dos variables que deben ser cabalmente aseguradas por el Estado
colombiano. Por una parte, la jornada laboral diaria y semanal, de suyo, debe
contemplar un periodo de descanso obligatorio. Por otra parte, por cada año de
trabajo efectivo el trabajador debe gozar igualmente de un lapso de descanso que,
además, sea pagado por su empleador (vacaciones periódicas pagadas)”.
En esa misma decisión destacó que “la Sección Segunda del Consejo de Estado
se pronunció sobre la naturaleza e importancia de las vacaciones e insistió, en
línea con la postura que ha sido reseñada, que el trabajador sólo puede reponer
las energías que invierte en el desempeño de sus labores si tiene un prudente y
digno tiempo de descanso. Desde esa óptica, este derecho es vital para proteger
su salud física y mental; permite que el trabajador cumpla con sus obligaciones
familiares y sociales y desarrolle otras dimensiones de su personalidad asociadas
a tareas que no se limiten al ámbito laboral; al tiempo que constituye un incentivo
para que sus labores se desempeñen con mayores niveles de eficiencia5”.
Así mismo, recordó que el disfrute del periodo de vacaciones pagadas, en tanto
dimensión central del derecho fundamental al descanso, tiene sustento
constitucional y debe ser asegurado por el Estado y la sociedad por i) el “desgaste
biológico” que está llamado a ser recuperado en el marco del periodo de
vacaciones, ii) como espacio de realización humana y, por ende, de vida digna y
iii) en tanto contribuye a un desempeño más eficiente del empleado en su lugar de
trabajo.
En definitiva, esa corporación judicial destacó que esas prerrogativas son
extensibles a los servidores y empleados judiciales, “quienes también deben gozar
del derecho fundamental al descanso y por ende al periodo de vacaciones. En
este ámbito el Estado está llamado a conciliar dos intereses: los derechos de sus
servidores y la prestación continua de un servicio público esencial. Sin que lo
segundo pueda alcanzarse en desmedro de lo primero, so pena de transgredir los
derechos fundamentales al descanso y la dignidad humana de la población
trabajadora”.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Procedencia de la acción de tutela
La señora Marlem Eliana Dorado Paz, quien funge como Jueza Segunda
Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao, considera que la Resolución No.
133 del 28 de octubre de 2024, mediante la cual se dejó sin efectos la Resolución
No. 083 del 25 de julio de 2024, a través de la cual le habían sido concedidas las
vacaciones causadas en el periodo comprendido entre el 5 de junio de 2022 al 5
3 En la sentencia SU-296 de 2023, se indicó que, en su orden, fueron aprobados en Colombia el 20 de junio
de 1933 y el 7 de junio de 2963.
4 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
5 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia del 27 de abril de 2010, rad. 17001-
23-31-000-2010-00041-01.
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de junio de 2023, vulnera los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, al descanso y a la igualdad.
En ese orden de ideas, pide al juez constitucional que se deje sin efectos ese acto
administrativo y que se ordene a las demandadas, de manera coordinada y
conforme a sus competencias, adelantar todas las gestiones administrativas y
presupuestales para que se garantice el cumplimiento de la resolución que
accedió al disfrute de las vacaciones y que tome posesión quien había sido
designado en su reemplazo.
Esta Sala, al estudiar la procedencia de la acción de tutela en casos relacionados
con el disfrute de las vacaciones de funcionarios y empleados de la Rama Judicial,
ha señalado que cuando hay actos administrativos de por medio, como ocurre en
esta ocasión con la Resolución No. 133 del 28 de octubre de 2024, por medio de
la cual se dejó sin efectos la Resolución No. 083 del 25 de julio de 2024, en la que
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán había
autorizado el periodo de vacaciones solicitado por la accionante, el medio de
control que, en principio, procede para cuestionar su legalidad, es el de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011
modificada por la Ley 2080 de 2021, el cual contempla la posibilidad de pedir
medidas cautelares, incluidas las de urgencia.
El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6º numeral 1º del Decreto
2591 de 1991 contemplan la subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela, condición sobre la que la Corte Constitucional ha precisado que,
pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, si en el caso concreto se
evidencia que este no es idóneo, la acción de tutela es procedente como
mecanismo principal, supuesto de aplicación para el caso concreto.
Sobre el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, la Corte
Constitucional en sentencia T-417 de 20176, indicó:
“Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del Decreto
2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protección de
los derechos que se consideran vulnerados, existen algunas excepciones al principio
de subsidiariedad que harían procedente la acción de tutela. La primera de ellas es
que se compruebe que el mecanismo judicial ordinario diseñado por el Legislador no
es idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales vulnerados o
amenazados; y la segunda; que “siendo apto para conseguir la protección, en razón a
la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la
procedencia excepcional de la tutela”.
Respecto de la procedencia de la acción de tutela en el marco del derecho al
descanso remunerado, la Corte Constitucional en la sentencia SU-296 de 2023,
precisó que (i) no es adecuado entender que cuando se niega la concesión de las
vacaciones, el recurso de reposición constituye un medio eficaz para proteger los
derechos invocados y (ii) que resulta desproporcionado exigirle a los funcionarios
y empleados judiciales que han causado periodos vacacionales, “que acudan ante
el juez contencioso administrativo, cuando lo que se encuentra en juego es la
salud mental y física del trabajador (…)”.
En el caso bajo examen, pese a que existe una decisión que dejó sin efectos el
acto administrativo que le había concedido el disfrute de las vacaciones solicitadas
a la demandante, la cual podría controvertir en sede ordinaria con la exposición de
las causales de nulidad que considere pertinentes, se trata de un medio de control
que no es idóneo ni eficaz para solicitar el reconocimiento del descanso
6 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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remunerado derivado del disfrute de sus vacaciones individuales, razón por la cual
la acción de tutela se impone como el mecanismo judicial principal a efectos de
analizar la situación puesta a consideración del juez constitucional.
Por lo tanto, en el presente caso, procede como mecanismo definitivo la acción de
tutela para amparar los derechos fundamentales invocados por la parte actora, en
tanto es el mecanismo constitucional que puede garantizar, de manera oportuna y
eficaz, la efectividad del derecho al descanso.
5.2. Las autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales al
trabajo en condiciones dignas y al descanso remunerado de la actora
5.2.1. De las pruebas allegadas al expediente, la Sala observa que la señora
Marlem Eliana Dorado Paz, quien funge como Jueza Segunda Promiscuo de
Familia de Santander de Quilichao, disfrutó como últimas vacaciones las causadas
en el periodo comprendido entre el 5 de junio de 2021 y el 4 de junio de 2022, y
tiene causados y pendientes de disfrute las vacaciones causadas en dos periodos,
entre estos el comprendido entre el 5 de junio de 2022 al 4 de junio de 2023.
Adicionalmente, se observa que mediante Resolución No. 083 del 25 de julio de
2024, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala de Gobierno,
resolvió lo siguiente:
“ARTICULO PRIMERO: CONCEDER las vacaciones solicitadas por la abogada
MARLEM ELIANA DORADO PAZ, en su condición de Juez Segundo Promiscuo
de Familia de Santander de Quilichao - Cauca, a partir del día 18 de noviembre al
12 de diciembre de 2024, inclusive, por 25 días continuos, las cuales se imputarán
al periodo comprendido entre el 05 de junio de 2022 al 04 de junio de 2023,
conforme a las motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia de la presente Resolución a la Presidencia
del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial y a la interesada para su conocimiento”.
De otra parte, se evidencia que mediante Resolución No. 133 del 28 de octubre de
2024, esa misma autoridad judicial dejó sin efecto el citado acto administrativo,
tras considerar que la Ley Estatutaria 2430 del 9 de octubre de 2024, “Por la cual
se modifica la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia y se
dictan otras disposiciones”, en su artículo 74 “enlista de manera taxativa los
funcionarios que gozan del régimen individual de vacaciones sin inclusión de los
Jueces Promiscuos de Familia, entendiéndose que quedan cobijados por el
régimen de vacaciones colectivas que se disfruta a partir del 20 de diciembre de
cada año hasta el 10 de enero siguiente, inclusive”.
En dicha resolución se señaló, de otra parte, que teniendo en cuenta lo anterior,
mediante oficio DESAJPOO24-1357 del 23 de octubre de 2024, el director
ejecutivo Seccional de administración judicial de Popayán, informó que “se deja
sin efectos la aplicación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP para
el pago del reemplazo por vacaciones de la funcionaria Dra. MARLEN ELIANA
DORADO PAZ, Juez Segundo Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao –
Cauca, por cuanto estaría en contravía de la nueva reglamentación”, por lo que,
“habiéndose dejado sin efectos la aplicación del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal que garantizaba el pago de un reemplazo durante las vacaciones
concedidas a la Doctora MARLEM ELIANA DORADO PAZ, y ante la imposibilidad
de la Corporación de cubrir tal vacante temporal, dado que el Despacho no puede
quedar acéfalo, debe ahora la Sala de Gobierno proceder a dejar sin efecto la
Resolución 083 de 25 de julio de 2024”.
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Ahora bien, en el escrito de contestación de la acción de tutela, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán adujo que la decisión adoptada por la
Sala de Gobierno a través de la Resolución No. 133 del 28 de octubre de 2024,
“protege el derecho al descanso anual de la servidora judicial”, el cual se hará
efectivo a partir del 20 de diciembre de 2024, y garantiza la aplicación de la Ley
Estatutaria 2430 del 9 de octubre de 2024. Igualmente, sostuvo que la Resolución
No. 133 del 28 de octubre de 2024 no comporta una revocatoria o
desconocimiento del derecho a las vacaciones de la accionante, “puesto que las
mismas serán disfrutadas en el periodo de vacaciones colectivas, y en tal virtud,
no hay lugar a la aplicación del artículo 97 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán sostuvo que, si bien la actora no saldrá a vacaciones en las fechas
solicitadas, “si tendrá pago y disfrute en el año 2024, conforme lo establecen el
régimen de vacaciones colectivas”, por lo que no se le estarían vulnerando sus
derechos al descanso y a la debida remuneración.
5.2.2. Para la Sala, las razones presentadas por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán no encuentran sustento constitucional y legal,
pues se trata de consideraciones que comprometen la efectividad del derecho
fundamental al descanso remunerado, en tanto se está sacrificando el derecho
adquirido y causado por la actora en un periodo de vacaciones -5 de junio de 2022
al 4 de junio de 2023-, bajo la premisa de que su derecho no se vulnera en tanto
podrá disfrutar del periodo vacacional establecido para el régimen colectivo de
vacaciones para el año 2024, lo que desconoce que el periodo de descanso
solicitado por aquella no corresponde a las vacaciones causadas durante esta
última calenda, sino a un periodo anterior.
En efecto, como se anotó, en el expediente obra la certificación DESAJPOCER24-
464 del 24 de julio de 2024, emanada del Área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, en la que consta que
la accionante tiene causados y pendientes de disfrute las vacaciones causadas en
los periodos i) de 5 de junio de 2022 al 4 de junio de 2023 y ii) de 5 de junio de
2023 al 4 de junio de 2024, siendo el primero de estos el que solicitó y le fue
concedido cuando su régimen vacacional era individual.
La Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones anuales remuneradas
como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental al descanso
que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se
encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por
espacios prolongados de tiempo”, con lo que ha reiterado que el descanso
constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas. En la misma línea, esta Sala ha indicado que “Las vacaciones, tienen una
naturaleza de derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales
establecidos para que se causen. El empleador o nominador, es la persona que
está llamada a otorgar las vacaciones al trabajador7”'.
Conforme con lo anterior, para la Sala no son de recibo los argumentos de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, pues en el
caso es claro que el eventual disfrute de la vacaciones colectivas a partir del 20 de
diciembre de la presente anualidad por parte de la accionante, no presupone per
se que a esta se le garantizará el uso, disfrute y pago del periodo de vacaciones
7 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756
01, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con
radicado número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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causado entre el 5 de junio de 2022 al 4 de junio de 2023 que le fue concedido y
luego revocado unilateralmente.
Al respecto se observa que, si bien la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán manifiesta que la acumulación de periodos “es
posible que no sea atribuible al empleador”, lo cierto es que esa eventual
circunstancia no puede fundamentar que a la actora se le desconozcan los
derechos adquiridos al descanso remunerado en el periodo que le había sido
concedido, por lo que la Sala amparará el derecho fundamental al descanso
remunerado de la actora, y ordenará que se adelanten las gestiones
administrativas y presupuestales con el fin de garantizarle el derecho al descanso
de las vacaciones causadas y no disfrutadas en el periodo comprendido entre el 5
de junio de 2022 al 4 de junio de 2023.
En el caso se observa que ni la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán, ni ninguna de las autoridades demandadas ha ofrecido una
fórmula que permita a la accionante hacer uso de las vacaciones que causó y
tiene pendientes de disfrute, que conforme con la jurisprudencia citada constituyen
un derecho adquirido, sino que todas se limitan a afirmar que la determinación de
dejar sin efectos el acto administrativo que le había concedido las vacaciones
desde el 18 de noviembre de la presente anualidad se encuentra conforme con el
cambio legislativo sobre la materia, lo que no resulta suficiente para considerar
que el derecho al descanso remunerado de la actora ha sido plenamente
satisfecho.
Para la Sala, no es admisible que a través de la aplicación retroactiva de una ley
se desconozca el derecho adquirido al descanso remunerado de la actora, pues
como ha sido reconocido por la ley y reafirmado por la jurisprudencia
constitucional “es claro que la modificación o derogación de una norma surte
efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las
situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquélla no
pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto
constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en
cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual
únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de
su vigencia8".
En este sentido, el entendimiento que se le ha dado en este caso a la entrada en
vigencia de la Ley 2430 de 2024 desconoce el principio constitucional de
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales,
consagrado en el artículo 53 superior, particularmente, el derecho al descanso
remunerado producto de la causación durante el periodo comprendido entre el 5
de junio de 2022 y el 4 de junio de 2023, lo que se constituye en un derecho
adquirido conforme lo dispone el artículo 58 de la Carta Política.
Adicionalmente, de conformidad con lo manifestado por la accionante y probado
en el expediente, la Sala no puede pasar desapercibido el hecho de que la
Resolución No. 133 del 28 de octubre de 2024, dejó sin efectos un acto
administrativo de carácter particular y concreto, esto es, la Resolución No. 083 del
25 de julio de 2024, por medio de la cual habían sido concedidas las vacaciones a
la accionante, sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la titular, como lo
establece el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-9.
8 Sentencia C-529 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
9 ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado
o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual
categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
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En efecto, de conformidad con la citada disposición, en los casos en que una
entidad pública considere la inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto
administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o fraudulentos,
debe acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no cuente con
el consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos reconocidos
en el respectivo acto administrativo, lo que ocurrió en el caso.
La Corte Constitucional ha establecido la importancia del consentimiento del titular
del acto administrativo que pretende ser revocado o modificado por la
Administración en forma directa, pues de no contar con dicha autorización la
autoridad pública deberá acudir a la jurisdicción administrativa para demandar su
propio acto, a través de la acción de lesividad10.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que “si la administración
produce una declaración de voluntad y crea con ella una situación concreta a
favor de una persona natural y jurídica, y posteriormente advierte que ese acto se
opone, en forma ostensible, a la Constitución o a la ley, o no está conforme con el
interés público o social, o causa agravio injustificado a otra persona, puede
revocarlo pero con el consentimiento del respectivo titular porque de lo contrario
tal acto es inmodificable en la vía gubernativa y sólo es posible su anulación por
los tribunales contencioso administrativos11”.
Por las razones expuestas, la Sala accederá a la protección constitucional
reclamada y amparará los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas y al descanso remunerado de la señora Marlem Eliana Dorado Paz. En
consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán que, de
conformidad con sus competencias y de manera coordinada, en el término de
cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia,
adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que sean del caso con el
fin de que se garantice el derecho al descanso remunerado de la demandante, por
el periodo de vacaciones causado entre el 5 de junio de 2022 y el 4 de junio de
2023. Vencido ese término, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán dentro de los cinco (5) días siguientes, garantizará la
materialización del derecho al disfrute del descanso remunerado de la actora.
De igual manera, se remitirá copia de esta providencia al Consejo Superior de la
Judicatura, para su conocimiento y fines que estime pertinentes.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero.- AMPARAR los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas y al descanso remunerado de la señora Marlem Eliana Dorado Paz, quien
actúa en nombre propio.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la
ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir
al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa.
10 Sentencia T-163 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
11 Sentencia del 1 de febrero de 1979, MP Alberto Carbonell Quintero, expediente 2199.
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Segundo.- ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán que, de
conformidad con sus competencias y de manera coordinada, en el término de
cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia,
adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que sean del caso con el
fin de que se garantice el derecho al descanso remunerado de la señora Marlem
Eliana Dorado Paz, por el periodo de vacaciones causado entre el 5 de junio de
2022 y el 4 de junio de 2023. Vencido ese término, la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán dentro de los cinco (5) días
siguientes, garantizará la materialización del derecho al disfrute del descanso
remunerado de la actora.
Tercero.- REMITIR copia de esta providencia al Consejo Superior de la
Judicatura, para su conocimiento y fines que estime pertinentes.
Cuarto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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