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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02703-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02703-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las solicitudes de desvinculación elevadas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali y por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial conforme a lo expuesto. 2. Amparar los derechos fundamentales al trabajo y al descanso de la señora Leidy Carolina Torres Medicis conforme a lo expuesto. 3. En consecuencia ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, que de acuerdo con sus competencias y de manera coordinada, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en calidad de nominador de la demandante dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del CDP, designe su reemplazo para que materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado. 4. De no ser impugnada, enviar la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02703-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

18 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02703-00
Demandante: Leidy Carolina Torres Medicis

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02703-00
Demandante: Leidy Carolina Torres Medicis
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y otros
Temas: Derecho al descanso remunerado. Vacaciones individuales
del régimen especial de la Rama Judicial. Falta de
disponibilidad presupuestal – ampara

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por la señora Leidy
Carolina Torres Medicis contra la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 9 de abril de 2026, la señora Leidy Carolina Torres Medicis ejerció acción de tutela
contra la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali por considerar vulnerados los
derechos fundamentales a la salud, al trabajo y a la igualdad, así como el derecho al
descanso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Solicito respetuosamente al despacho que:
1. Ampare los derechos fundamentales invocados.
2. Ordene a las entidades accionadas resolver de fondo, de manera inmediata, la solicitud
de disfrute de vacaciones elevada por la accionante.
3. Ordene garantizar el goce efectivo, real e inaplazable de al menos uno de los períodos
de vacaciones causados.».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Leidy Carolina Torres Medicis manifestó que ha ocupado distintos cargos
en la Rama Judicial, así:

• Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías del Juzgado 028 de
Cali, en la modalidad de encargo por vacaciones, en el periodo comprendido
entre el 2 de julio de 2019 y el 23 de julio de 2019.
• Abogada Asesora del Despacho 003 de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Cali, de forma provisional, en el periodo comprendido entre el 4 de agosto de
2020 y el 21 de septiembre de 2021.

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Demandante: Leidy Carolina Torres Medicis

• Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías del Juzgado 028 de
Cali, de forma provisional, en el periodo comprendido entre el 22 de septiembre
de 2021 y el 1 de febrero de 2023.
• Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, en propiedad, en el
periodo comprendido entre el 2 de febrero de 2023 y el 22 de abril de 2025.
• Juez Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Buenaventura, de forma provisional, en el periodo comprendido entre el 23 de
abril de 2025 y el 9 de mayo de 2025.
• Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, en propiedad, en el
periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2025 y el 23 de junio de 2025.
• Juez Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura, de forma provisional, en
el periodo comprendido entre el 24 de junio de 2025 y el 18 de julio de 2025.
• Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, en propiedad, en el
periodo comprendido entre el 19 de julio de 2025 y el 30 de julio de 2025.
• Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Buga,
de forma provisional, en el periodo comprendido entre el 31 de julio de 2025 y
el 1 de febrero de 2026.
• Jueza Segunda Promiscua de Familia del Circuito de Palmira, de forma
provisional, en el periodo comprendido entre el 2 de febrero de 2026 y la
actualidad.

Indicó que, en enero de 2026, cuando ocupaba el cargo de Juez Primera Penal
Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Buga (Valle del Cauca)
(sometido al régimen de vacaciones individuales), inició el trámite de programación
anual de vacaciones, obteniendo el respectivo Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP).

Señaló que posteriormente, tras asumir el cargo de Juez Segunda Promiscuo de
Familia del Circuito de Palmira, solicitó mediante correo electrónico del 16 de febrero
de 2026 a la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el efectivo
disfrute del período vacacional causado entre el 7 de febrero de 2024 y el 6 de febrero
de 2026. En dicha petición solicitó el visto bueno para disfrutar su descanso a partir
del día 19 de mayo hasta el 9 de junio de 2026, inclusive, adjuntando el CDP expedido
previamente para atender el pago y el nombramiento de su reemplazo

Mediante oficio núm. 66 del 9 de abril de 2026, la demandante reiteró su solicitud dado
que a la fecha de presentación de la acción de tutela no había sido atendido el
requerimiento.

Mediante escrito adicional, la actora señaló que, con posterioridad a la admisión de la
solicitud de amparo, la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
profirió el Oficio PTS–2026–067 del 17 de abril de 2026.

En dicha comunicación, el tribunal le indicó que no resultaba viable gestionar la
expedición del CDP requerido para el reconocimiento de sus vacaciones. Lo anterior,
fundamentado en el concepto del Área Financiera y de Presupuesto, el cual determinó
que el periodo reclamado se causó cuando la actora laboraba en la Secretaría de la
Sala Penal (despacho de régimen colectivo) y, por ende, no le era aplicable la
excepción prevista en el literal c) del Acuerdo PCSJA24-12172. Además, reiteró que
dicha excepción opera únicamente para los eventos en los cuales el servidor causa el
período bajo el régimen individual y posteriormente pasa al régimen colectivo.

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En ese sentido, la entidad precisó que los periodos solicitados debían ser otorgados
durante las vacancias judiciales (del 20 de diciembre al 10 de enero siguiente) mientras
permanezca vinculada a un despacho con régimen colectivo o, en su defecto,
solicitarlos ante un eventual cambio al régimen individual.

En ese contexto, el Tribunal Superior aclaró que no se trataba de una negativa
atribuible a esa corporación, sino a una imposibilidad de continuar con el trámite al
carecer de la autorización presupuestal correspondiente, requisito indispensable para
el disfrute del descanso.

3. Argumentos de la tutela

La demandante manifestó que las vacaciones son un derecho adquirido por el tiempo
laborado y con la decisión que resolvió negar el descanso remunerado, la Dirección
Ejecutiva vulneró su derecho fundamental al descanso y desconexión laboral.

Además, indicó que debido a la falta de descanso presentó quebrantos de salud por
un episodio de ansiedad generalizada y depresión por sobrecarga laboral, por lo cual
ha requerido acompañamiento en psiquiatría ambulatoria, manejo farmacológico y
controles periódicos por medicina laboral y EPS.

Explicó que la mencionada disparidad está generando un impacto negativo en su salud
física y mental, ya que la acumulación continua de obligaciones impide que su período
de descanso sea realmente efectivo.

Finalmente, sostuvo que la Circular DESAJCLC24‐86 de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali dispone expresamente que las vacaciones individuales
no pueden acumularse por más de 3 períodos consecutivos, que deben concederse
en estricto orden de causación, además el descanso no puede supeditarse a trámites
administrativos ni presupuestales.

4. Trámite previo

Mediante auto del 14 de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la actora, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga -
Presidencia y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali en
calidad de demandados, a quienes remitió copia de la demanda.

En auto del 15 de mayo de 2026 el despacho ponente consideró necesario requerir a
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, para que informara:

i) ¿Cuál es el período de causación (fechas de inicio y fin) que la entidad imputó
contablemente al registro de la señora Leidy Carolina Torres Medicis por el
descanso disfrutado durante la vacancia judicial comprendida entre el 20 de
diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025?
ii) cual cargo específico que ocupaba la accionante y a qué régimen de
vacaciones (individual o colectivo) pertenecía durante: a) la causación del
periodo pagado con el referido descanso; y b) el momento en que
materialmente hizo efectivo dicho descanso (diciembre de 2024 a enero de
2025).
iii) Por qué el descanso disfrutado durante la vacancia judicial de diciembre de
2024 a enero de 2025 no se imputó al periodo causado entre el 7 de febrero de
2024 y el 6 de febrero de 2025, pese a que la accionante laboraba en un

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despacho de régimen colectivo, y por qué dicho periodo continúa registrado en
el sistema con estado «pendiente».

Además se vinculó a la Dirección ejecutiva de Administración Judicial en calidad de
tercera con interés para que se pronunciara sobre la solicitud de amparo.

5. Oposiciones

El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cali (Valle del Cauca) informó que el Área de Recursos Humanos de esa
Dirección señaló que los períodos de vacaciones reclamados del 7 de febrero de 2024
al 6 de febrero de 2025 y del 7 de febrero de 2025 al 6 de febrero de 2026 se causaron
bajo el régimen de vacaciones colectivas.

Explicó que, para el primer período, la accionante se desempeñaba como secretaria
de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, y para el segundo
periodo, como Juez Segundo Promiscuo de Familia de Palmira; en ambos cargos, el
descanso se rige por lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
que establece que las vacaciones se disfrutan de manera colectiva entre el 20 de
diciembre y el 10 de enero del año siguiente.

En consecuencia, a esa Dirección Seccional no le estaba permitido solicitar recursos
para expedir un CDP destinado al reemplazo de vacaciones individuales en cargos
que están sujetos al régimen colectivo, pues esto implicaría una transgresión de las
normas presupuestales y administrativas vigentes.

Manifestó que la administración ya ha resuelto de fondo la situación mediante el
Certificado de Estudio de Vacaciones y se le informó a la actora que el período 2024-
2025 sería liquidado y disfrutado en la próxima vacancia judicial (diciembre de 2026),
siguiendo el orden cronológico de causación y siempre que se mantenga en un
despacho de régimen colectivo.

Expuso que no existe una barrera administrativa caprichosa, sino una imposibilidad
legal de otorgar vacaciones individuales a quien pertenece al régimen colectivo, salvo
que su vinculación laboral termine y deba procederse a la indemnización, lo cual no ha
ocurrido en el caso objeto de estudio.

Recordó que esa Dirección Seccional actúa como autoridad pagadora, pero la
concesión del descanso corresponde a la autoridad nominadora, conforme al artículo
131, numeral 7 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Por tanto, no ha
vulnerado el debido proceso, pues ha cumplido con sus funciones de certificación y
estudio dentro del marco de su competencia.

Señaló que, aunque la demandante alega problemas de salud mental, el derecho al
descanso no ha sido negado, sino que se encuentra programado conforme a la ley, y
la acción de tutela no puede ser utilizada para saltarse el régimen legal de vacaciones
colectivas de la Rama Judicial, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos los
servidores que pertenecen a despachos que no son de vacaciones individuales.

Finalmente, solicitó ser desvinculada del trámite de la referencia porque no es la
llamada a responder o cumplir las órdenes que se expidan para las garantías
constitucionales de la parte accionante pues actuó conforme a la normativa
presupuestal y de carrera judicial.

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga solicitó que se niegue la acción
de tutela de la referencia al considerar que dicha autoridad judicial no ha incurrido en
vulneración ni amenaza de los derechos fundamentales a la salud, al descanso, al
trabajo en condiciones dignas, ni al debido proceso administrativo de la actora.

Indicó que el 21 de enero de 2026, la señora Leidy Carolina Torres Médicis, en calidad
de Juez Primera Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de
Buga (Valle del Cauca), esto es, bajo el régimen de vacaciones individuales, solicitó el
reconocimiento del período de vacaciones comprendido entre el 7 de febrero de 2024
y el 6 de febrero de 2025, de conformidad con la certificación expedida el 16 de enero
de 2026 por la Coordinadora de Talento Humano de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali, Valle del Cauca.

En atención a dicha solicitud, el 23 de enero de 2026, esa Corporación procedió a
suscribir el formato de programación de vacaciones correspondiente, el cual fue
diligenciado en su calidad de Juez Primera Penal Municipal con función de control
de garantías ambulante de Buga, con derecho al régimen de vacaciones
individuales. Así mismo, se solicitó el CDP, el cual fue otorgado mediante el Certificado
núm. 7726 del 9 de enero de 2026.

Explicó que, posteriormente, mediante Resoluciones de Sala Plena Núm. 009 y 010
del 28 de enero de 2026, se dispuso el nombramiento de la señora Torres Medicis
como Juez Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Palmira (Valle del Cauca),
y se aceptó su renuncia al cargo de Juez Primera Penal Municipal con función de
control de garantías ambulante de Buga, con efectos a partir del 2 de febrero de 2026,
inclusive.

El 16 de febrero de 2026, la señora Torres Médicis, en calidad de Juez Segundo
Promiscuo de Familia del Circuito de Palmira solicitó nuevamente el disfrute de sus
vacaciones correspondientes al período causado entre el 7 de febrero de 2024 y el 6
de febrero de 2025, para disfrutarlas a partir del día 19 de mayo hasta el 9 de junio de
2026, inclusive.

En atención a lo anterior, el 23 de febrero de 2026 elevó consulta ante el Área
Financiera y de Presupuesto y la Oficina de Asuntos Laborales de Buga (Valle del
Cauca), con el fin de determinar la viabilidad administrativa y presupuestal de la
solicitud. Lo anterior, teniendo en cuenta el cambio de régimen de vacaciones y el
hecho de que el certificado de disponibilidad presupuestal fue expedido respecto del
cargo de Juez Primera Penal Municipal con función de control de garantías de Buga,
y no respecto del cargo que actualmente desempeña como Juez Segundo Promiscuo
de Familia del Circuito de Palmira. Dicha consulta fue reiterada el día 9 de abril de
2026.

En respuesta a lo solicitado, el Área Financiera y de Presupuesto, en comunicación
electrónica del 9 de abril de 2026, informó que la señora Torres Medicis tiene pendiente
por disfrutar el periodo de vacaciones causado entre el 7 de febrero de 2024 al 6 de
febrero de 2025. Además, dijo que verificó con el grupo de nómina que en dicho
periodo, la servidora judicial, laboró como Secretaría de la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga, despacho que pertenece al régimen de
vacaciones colectivas, razón por la que no era factible solicitar presupuesto para
expedir certificado de disponibilidad presupuestal, toda vez que la excepción
establecida en el Acuerdo PCSJA24-12172 del 2 de mayo de 2024, literal c, aplica
para servidor judicial que hubiere causado el período en régimen de vacaciones
individuales y pase al de colectivas.
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De igual forma, precisó que la servidora judicial, conforme estudio de vacaciones tiene
2 períodos pendientes, los cuales se le deben liquidar y disfrutar en los períodos de
vacancia judicial (régimen colectivo) esto es del 20 de diciembre al 10 de enero
siguiente, mientras se encuentre en despacho de régimen de vacaciones colectivas o
en su defecto, solicitarlos si cambia a régimen de individuales, lo que ocurra primero,
es decir, la presente anualidad (07/02/2024 al 06/02/2025) se disfrutaría del
20/12/2026 al 10/01/2027, y así sucesivamente.

Señaló que no resultaba viable gestionar la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal requerido para el reconocimiento de las vacaciones solicitadas por la
actora. Por ello, mediante oficio núm. PTS-2026-067 del 17 de abril de 2026, esa
Corporación negó lo solicitado por la accionante, exponiendo las razones de orden
administrativo y presupuestal que impedían dar continuidad al trámite requerido.

En ese contexto, adujo que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados
por la demandante, en tanto actuó de manera oportuna frente a las solicitudes
presentadas; adelantó las gestiones administrativas necesarias para el reconocimiento
de las vacaciones y dio respuesta de fondo a la solicitud elevada.

No obstante, resaltó que la imposibilidad de continuar con el trámite de vacaciones
obedece exclusivamente a que el Área de Administración y Presupuesto que no otorgó
el CDP el cual es requisito indispensable para adelantar el trámite respectivo frente al
periodo de vacaciones solicitado. Por lo que, la decisión adoptada por la Corporación
no obedeció a criterios arbitrarios o caprichosos, sino al concepto emitido por la entidad
encargada de expedir el presupuesto para la concesión de vacaciones solicitadas.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva dado que no es la autoridad competente para
resolver reclamaciones administrativas relacionadas con la situación administrativa de
las vacaciones de los servidores judiciales en dicha circunscripción territorial; por
consiguiente, es la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali la
competente para estudiar la viabilidad o no de la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal - CDP de cara a disponer el reemplazo de las vacaciones
de los empleados y funcionarios judiciales adscritos a los despachos que hacen parte
dentro del ámbito de su jurisdicción, en esa medida es la entidad llamada a responder
por la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por
la parte actora, máxime cuando actúa como un ente desconcentrado frente a esta
entidad.

En ese orden de ideas, precisó que, dentro del análisis de las pruebas aportadas en la
solicitud de amparo, no se advierte la intervención de la DEAJ en el marco de las
actuaciones administrativas, de allí que no se encuentra legitimada para soportar la
presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados.

En respuesta al requerimiento realizado por el despacho sustanciador la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali -Valle del Cauca en escrito del 25 de
mayo de 2026 informó que:

i) Respecto al periodo de causación en que fue imputado el descanso de la señora
Leidy Carolina Torres Medicis, durante la vacancia 20 de diciembre de 2024 a 10
de enero de 2025, conforme al estudio de vacaciones emitido corresponde al
periodo comprendido entre el 7 de febrero de 2023 y el 6 de febrero de 2024.

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Para la época de disfrute de vacaciones comprendido entre el 20 de diciembre de
2024 y el 10 de enero de 2025, la demandante fungía como Secretaria del Tribunal
de la Secretaria Sala Penal Buga – Tribunal Superior de Buga, es decir se
encontraba sujeta al régimen de vacaciones colectivo.

ii) Respecto a por qué el descanso disfrutado durante la vacancia judicial de diciembre
de 2024 a enero de 2025 no se imputó al periodo causado entre el 7 de febrero de
2024 y el 6 de febrero de 2025, pese a que la accionante laboraba en un despacho
de régimen colectivo, y por qué dicho periodo continúa registrado en el sistema con
estado «pendiente».

Explicó que las vacaciones deben disfrutarse en orden de causación porque son
una prestación social cuyo objetivo principal es garantizar el descanso continuo y
la recuperación física y mental del trabajador por cada año de labores. Por esto, la
ley prohíbe el disfrute anticipado de periodos futuros.

En el caso en concreto la accionante a la fecha de disfrute del periodo colectivo 20
de diciembre de 2024 a 10 de enero de 2025, tenía pendiente el periodo causado
7 de febrero de 2023 a 6 de febrero de 2024, como se indicó en el estudio de
vacaciones.

Así mismo, explicó que el disfrute de cada periodo de vacaciones o la respectiva
compensación en dinero prescribe en cuatro (4) años, contados a partir de la fecha
en que se haya causado el derecho – fecha en que se hicieron exigibles, o a partir
de la fecha del aplazamiento consagrado en el respectivo acto administrativo, se
disfruta respetado el orden de causación de los periodos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si las autoridades demandadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la señora Leidy Carolina Torres Medicis al no
reconocer el disfrute de las vacaciones correspondientes a los periodos 2024-2025 y
2025-2026, debido a la decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali de no expedir certificado de disponibilidad presupuestal que permita
nombrar un reemplazo de la demandante durante el periodo de disfrute de vacaciones.

La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales al descanso y al trabajo
en condiciones dignas de la señora Leidy Carolina Torres Medicis.

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Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: (i) de la
legitimación en la causa por pasiva; (ii) de la tutela como mecanismo transitorio; y, (iii)
del análisis del caso concreto.

i) De la legitimación en la causa por pasiva

La Sala observa que en el caso objeto de estudio la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali fue vinculada al presente trámite en calidad de
demandada. Sin embargo, en su intervención indicó que en el caso objeto de estudio
había lugar a desvincularla de cualquier responsabilidad. Al respecto, se tiene que la
vinculación de la referida entidad se dio en atención a que la solicitud de amparo se
dirigió en su contra, razón por la que fue necesaria su vinculación al presente trámite.

En ese sentido, las funciones de la referida Dirección se encuentran relacionadas con
la controversia expuesta por la parte actora como vulneradora de derechos
fundamentales y, en consecuencia, cualquier decisión que se adopte puede involucrar
el ejercicio del derecho de defensa y contradicción de la entidad. En virtud de lo
anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada.

Adicionalmente, se tiene que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó
ser desvinculada del trámite de la referencia por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al respecto se tiene que su vinculación en calidad de tercera con interés
obedeció por ser el superior jerárquico de la Dirección Seccional para que de
considerarlo pertinente se pronunciara frente a los hechos objeto de debate, no
obstante es claro que la solicitud de amparo no se dirige en su contra por eso fue
vinculada como tercera interesada y se dejó a su disposición la posibilidad de intervenir
o no hacerlo. En virtud de lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada.

ii) De la procedencia de la acción de tutela

La Sala no pasa por alto que siendo un asunto de carácter laboral, en principio, la
acción de tutela de la referencia resultaría improcedente, porque la demandante
cuenta con otros recursos administrativos y judiciales para obtener el disfrute del
descanso remunerado a que tiene derecho. No obstante, como lo ha señalado esta
Sección, el requisito de la subsidiariedad puede darse por superado cuando los medios
de defensa no resultan ser idóneos y adecuados para la defensa del derecho que se
está invocando.

Sobre el particular esta Sección ha señalado que1, de acuerdo con el criterio
establecido por la Corte Constitucional, existen dos eventos en los que aun cuando
existe otro medio de defensa, es procedente la acción de tutela: uno de ellos se refiere
a la eficacia e idoneidad del medio y, el otro, cuando la tutela se instaura como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, se encuentra necesario verificar si nos encontramos frente a la
primera excepción, esto es, si el mecanismo con el que cuenta la parte actora resulta
ser eficaz e idóneo para la garantía inmediata de los derechos invocados.

Esta Sala en algunos casos en los que se analiza la procedibilidad de la acción de
tutela, ha señalado que cuando hay actos administrativos de por medio, el medio de
control que resulta idóneo es el de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual

1 Ver sentencia del 1 de agosto de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2019-02714-00,

Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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se cuenta con la posibilidad de hacer uso de la figura de la suspensión provisional de
los actos, para evitar un posible perjuicio que llegue a tener la característica de
irremediable.

Sin embargo, pese a que para el caso de la actora existe una decisión que negó el
disfrute de las vacaciones solicitadas, la cual podría controvertir en sede ordinaria, con
la exposición de las causales de nulidad que considere pertinentes, en el presente
caso, el medio de control no resulta idóneo y eficaz para solicitar el reconocimiento del
derecho al descanso.

No cabe duda de que el descanso es una garantía propia del derecho al trabajo, por
lo que, impedir su disfrute con fundamento en restricciones administrativas, resultaría
ser una carga desproporcionada que no debe soportar el funcionario que cumplió con
todas las condiciones para acceder al beneficio prestacional.

Lo anterior en concordancia con la sentencia de unificación SU-296 de 2023 en la que
la Corte Constitucional estableció que los medios de control consagrados en la Ley
1437 de 2011 no resultan idóneos y eficaces para controvertir los actos administrativos
mediante los que se niega el reconocimiento de vacaciones a servidores judiciales y
la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.

En dicha oportunidad la Corte Constitucional indicó:

«la Sala considera necesario dictar una regla de unificación en torno a la procedencia de
la acción de tutela para reclamar la protección del derecho al descanso, cuando quiera
que se advierta la negativa de la DESAJ de expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para que el nominador pueda conceder el periodo vacacional al cual tienen
derecho los funcionarios y empleados judiciales. Esto, bajo el entendido de que, en estos
casos, resulta desproporcionado exigirle a los funcionarios y empleados judiciales que han
causado periodos vacacionales, como es el caso de los actores en los procesos sub
examine, que acudan ante al juez contencioso administrativo, cuando lo que se encuentra
en juego es la salud mental y física del trabajador y esta afectación se causa por una
compleja interacción entre al menos tres actos administrativos: la circular del Consejo
Superior de la Judicatura, que regula en términos generales el asunto; la negativa de las
Seccionales, que con fundamento en la circular niegan el certificado de disponibilidad
presupuestal; y la cancelación, suspensión o negativa de las vacaciones, por parte de los
nominadores, al no tener dicho certificado y, por tanto, no poder designar un reemplazo.

Con base en lo expuesto, la Sala concluye que el requisito de subsidiariedad se encuentra
acreditado en cada uno de los casos objeto de examen. Esto es así porque, tratándose
de la negativa de la concesión de las vacaciones a las cuales tienen derecho los
empleados judiciales, los medios de control previstos en el proceso contencioso
administrativo no constituyen un mecanismo judicial idóneo y eficaz para proteger
el derecho de los actores al descanso. Dada la posibilidad de que se prolongase en
el tiempo la negativa de las DESAJ sin que los actores puedan disfrutar de manera
efectiva de las vacaciones a las cuales tienen derecho, esto podría incrementar el
desgaste físico y mental del trabajador, lo cual contraría el derecho fundamental al
descanso, como se verá más adelante»
(negrita fuera de texto).

Así las cosas, en aplicación de la regla establecida en la sentencia de unificación SU-
296 de 2023 la Sala considera que la tutela bajo estudio cumple con el requisito de
subsidiariedad, en consideración que se trata, justamente, de un caso en que se negó
el certificado de disponibilidad presupuestal y, con ello, el disfrute de las vacaciones
causadas y pendientes de la accionante. Por lo tanto, se proseguirá al estudio de fondo
del asunto.

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Demandante: Leidy Carolina Torres Medicis

iii) Del derecho fundamental al descanso, vacaciones de servidores
judiciales y su análisis en el caso concreto

En aras de resolver el asunto sometido a conocimiento y teniendo en cuenta la tesis
reiterada que la Sección ha manejado en casos con identidad fáctica al del sub lite2,
es necesario tener en cuenta que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (Decreto 3135 de 1968 - artículo 8
• y Decreto 1045 de 1978).

Las vacaciones son un aspecto que se encuentra establecido en el artículo 146 de la
Ley 270 de 1996, así:
«VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales
mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución
de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses. Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades
del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador
en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio».

De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que «las vacaciones anuales remuneradas
como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental al descanso que les asiste a los
trabajadores derivado del desgaste continuo al que se encuentran sometidos por la prestación
ininterrumpida de sus servicios por espacios prolongados de tiempo», con lo que ha reiterado que
el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en
condiciones dignas.

En la misma línea, esta Sección ha indicado que «(…) El descanso remunerado, denominado
vacaciones, tiene por objeto que el empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un
tiempo dedicado a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen
una naturaleza de derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos
para que se causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a otorgar las vacaciones
al trabajador3.»

Dicho lo anterior, se encuentra que el artículo 74 de la Ley 2430 de 2024 modificó el
artículo 146 de la Ley 270 de 1996 que originalmente establecía que las vacaciones
de los servidores judiciales de los juzgados promiscuos de familia tendrán vacaciones
individuales. Con la modificación introducida por la Ley 2430, dichos servidores
pasaron a hacer parte del régimen de vacaciones colectivas, ya que la norma dispuso
que solamente tendrán descanso individual aquellos que laboren en el Consejo
Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y sus direcciones seccionales, los juzgados
penales municipales y los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad,
de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Con fundamento en dicho marco normativo y en el concepto emitido por el Área
Financiera y de Presupuesto, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali
dispuso no expedir el CDP para el nombramiento de un reemplazo de la demandante

2 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01,

Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado
número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.
3 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01,

Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado
número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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por las vacaciones correspondientes a los periodos laborados entre el 7 de febrero de
2024 y el 6 de febrero de 2026. Sustentó su negativa en que, al verificarse la causación
del periodo (específicamente el de 2024-2025), la actora se encontraba laborando en
la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, un despacho que
pertenecía al régimen de vacaciones colectivas.

En consecuencia, la administración determinó que no le era aplicable la excepción
contenida en el literal c) del Acuerdo PCSJA24-12172 (la cual opera únicamente para
quienes causan el derecho en el régimen individual y pasan al colectivo) y concluyó
que dichos descansos deberán ser disfrutados en los periodos de vacancia judicial (del
20 de diciembre al 10 de enero siguiente), mientras la tutelante permanezca vinculada
a un despacho con régimen colectivo.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga avaló dicha interpretación.
Inicialmente, en el Oficio PTS– 2026 -067 del 17 de abril de 2026 negó la solicitud de
vacaciones correspondiente al periodo laborado de febrero del 2024 a febrero de 2026.
Para fundamentar su decisión, sostuvo lo siguiente:

«el Área Financiera, dependencia encargada del manejo del gasto público, señaló que no
resulta viable gestionar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
requerido para el reconocimiento de las vacaciones solicitadas. Lo anterior, por cuanto la
excepción prevista en el Acuerdo PCSJA24- 12172, literal c), aplica únicamente a los
eventos en los cuales el servidor judicial haya causado el período vacacional bajo el
régimen de vacaciones individuales y posteriormente haya pasado al régimen de
vacaciones colectivas; precisando además que, los periodos de vacaciones solicitados
deberán ser otorgados durante los períodos de vacancia judicial (del 20 de diciembre al
10 de enero siguiente), mientras permanezca vinculada a un despacho con régimen de
vacaciones colectivas, o, en su defecto, podrán ser solicitados en caso de un eventual
cambio al régimen de vacaciones individuales, lo que ocurra primero.

En ese contexto, el Área de Administración y Presupuesto no otorgó la disponibilidad
presupuestal requerida para la concesión de sus vacaciones en el cargo de Juez Segunda
Promiscuo de Familia del Circuito de Palmira. En consecuencia, no se trata de una
negativa atribuible a esta dependencia, sino de la falta de autorización presupuestal por
parte del área competente, requisito indispensable para adelantar el trámite respectivo
frente al periodo de vacaciones solicitado.».

Esa aseveración resulta imprecisa, debido a que, en el asunto bajo estudio, revisadas
las pruebas y los informes aportados al expediente de tutela, se encuentra que durante
el periodo comprendido entre el 7 de febrero de 2024 y el 6 de febrero de 2026 la
accionante fue:

(i) Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, en propiedad, en
el periodo comprendido entre el 2 de febrero de 2023 y el 22 de abril de 2025
(régimen colectivo de vacaciones).
(ii) Juez Quinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Buenaventura, en provisionalidad, entre el 23 de abril y el 9 de mayo de 2025
(régimen individual).
(iii) Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga, en propiedad, entre el 10 de mayo y el 23 de junio de 2025 (régimen
colectivo).
(iv) Juez Segunda Promiscua de Familia de Buenaventura, en provisionalidad,
entre el 24 de junio y el 18 de julio de 2025 (régimen colectivo, en virtud de
la modificación introducida por el artículo 74 de la Ley 2430 de 2024 al
artículo 146 de la Ley 270 de 1996).

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(v) Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga, en propiedad, entre el 19 y el 30 de julio de 2025 (régimen colectivo).
(vi) Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de
Buga, en provisionalidad, entre el 31 de julio de 2025 y el 1 de febrero de
2026 (régimen individual).

Sobre el particular, se adjunta pantallazo de la certificación de Talento Humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Cali:

De igual forma, conforme con el Estudio de Vacaciones expedido por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali, se encuentra acreditado que la señora
Torres Medicis no disfrutó las vacaciones causadas en los dos últimos periodos, esto
es, del 7 de febrero de 2024 al 6 de febrero de 2025 y del 7 de febrero de 2025 al 6 de
febrero de 2026, los cuales figuran como «pendientes», así:

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En ese mismo documento, la Coordinadora del Área de Talento Humano reportó lo
siguiente:

En este contexto, de las pruebas aportadas y del informe rendido con ocasión del
requerimiento efectuado por el despacho sustanciador, se encuentra acreditado que
la accionante tiene causados y pendientes de disfrute dos períodos vacacionales, a
saber: el primero, comprendido entre el 7 de febrero de 2024 y el 6 de febrero de 2025;
y el segundo, entre el 7 de febrero de 2025 y el 6 de febrero de 2026.

En cuanto al primer periodo pendiente, la Sala observa que se causó en un cargo del
régimen colectivo, pues durante todo ese lapso la accionante ocupó el cargo de
secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, en propiedad (2 de febrero
de 2023 a 22 de abril de 2025).

Ahora bien, conforme lo certificó la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cali en respuesta al requerimiento de este despacho (oficio DESAJCLO26-2482 del
25 de mayo de 2026), el descanso que la servidora disfrutó durante la vacancia judicial
comprendida entre el 20 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025 (oportunidad
ordinaria en la que, bajo el régimen colectivo, habría correspondido el disfrute del
período causado en la anualidad 2024) no fue imputado a dicho período, sino a uno
causado con anterioridad, esto es, el comprendido entre el 7 de febrero de 2023 y el 6
de febrero de 2024, que para esa fecha era el más antiguo pendiente de disfrute.

Dicha imputación obedeció a la regla conforme a la cual las vacaciones se disfrutan
en estricto orden de causación.

Esa circunstancia pone en evidencia que la accionante arrastraba desde antes un
rezago de un período en el disfrute de sus vacaciones, pues cada vacancia judicial de
diciembre venía aplicándose a la anualidad causada un año atrás, de manera que el
único descanso anual que ofrece el régimen colectivo alcanzaba para satisfacer el
período antiguo, mientras simultáneamente se causaba uno nuevo.

Por ello, el disfrute de la vacancia de diciembre de 2024 (imputado al período 2023-
2024) dejó intacto, con la condición de «pendiente», el período 2024-2025.

En cuanto al segundo período de vacaciones pendiente (7 de febrero de 2025 a 6 de
febrero de 2026), se causó en el cargo de Juez Penal Municipal con Función de Control
de Garantías Ambulante de Buga (del 31 de julio de 2025 al 1 de febrero de 2026),
perteneciente al régimen individual de vacaciones.

Esta última circunstancia resulta determinante, porque la vacancia judicial colectiva
comprendida entre el 20 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026 (oportunidad
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en la que, de haber permanecido en un despacho del régimen colectivo, el descanso
se habría imputado al período 2024-2025, esto es, el más antiguo pendiente)
transcurrió mientras la accionante se desempeñaba en un despacho del régimen
individual que no suspende actividades durante la vacancia y que, por el contrario,
presta sus servicios precisamente en ese lapso.

En consecuencia, no le era posible acceder al descanso por la vía de las vacaciones
colectivas en esa oportunidad, y el rezago que arrastraba, en lugar de corregirse, se
amplió, porque al cierre de la anualidad, el 6 de febrero de 2026, registraba ya dos
períodos causados sin disfrutar.

Cabe destacar que, encontrándose en el régimen individual, el 26 de septiembre de
2025 la accionante elevó la solicitud de estudio de vacaciones; el 21 de enero de 2026
radicó el Formato DEAJ de programación de vacaciones individuales respecto del
período más antiguo pendiente (2024-2025), formato que la Corporación suscribió el
23 de enero siguiente; y para entonces ya se había expedido el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 7726 del 9 de enero de 2026, destinado a los
reemplazos por vacaciones de los jueces del régimen individual en la vigencia 2026.
Sin embargo, ese trámite no fue decidido de fondo antes de que, mediante
Resoluciones de Sala Plena núms. 009 y 010 del 28 de enero de 2026, la accionante
fuera nombrada Juez Segunda Promiscua de Familia del Circuito de Palmira
(despacho del régimen colectivo) con efectos a partir del 2 de febrero de 2026.

Además, está probado que la actora solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga, el 16 de febrero de 2026, autorización para el disfrute de las vacaciones
correspondientes al periodo 2024-2025. Esa petición fue negada por el nominador con
fundamento en el oficio PTS– 2026 -067 del 17 de abril de 2026 emitido por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, autoridad que sostuvo que la
situación de la señora Torres Medicis no configuraba alguna de las excepciones
previstas en el literal c del artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12172 del 2 de mayo de
2024. Dicha norma previó lo siguiente:

«Artículo 2. REEMPLAZO PARA SERVIDORES DEL RÉGIMEN DE VACACIONES
COLECTIVAS. No es procedente el reemplazo y la consecuente expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para funcionarios y empleados judiciales del régimen de
vacaciones colectivas, salvo en las siguientes excepciones:

[...]
c. Cuando el funcionario o empleado judicial del régimen individual sea designado en
juzgados del régimen de vacaciones colectivas y le hayan quedado pendientes vacaciones
por disfrutar.»

De modo que, como se vio, la accionante: (i) no disfrutó el período 2024-2025 en la
vacancia de diciembre de 2024, porque ese descanso fue imputado, por orden de
causación, a un período causado con anterioridad (2023-2024); (ii) no pudo acceder a
la vacancia colectiva de diciembre de 2025, porque para entonces ocupaba un cargo
del régimen individual que no suspende actividades en ese lapso; (iii) tampoco logró
el disfrute por la vía del régimen individual, pese a haber surtido íntegramente el
trámite, pues este no fue resuelto antes de su cambio de cargo y la Dirección Seccional
negó posteriormente la disponibilidad presupuestal; y (iv) al posesionarse el 2 de
febrero de 2026 en un despacho del régimen colectivo, quedó sometida a la
interpretación del literal c) del artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12172 de 2024 que la
propia Dirección Seccional sostiene en este trámite, conforme a la cual solo podría
disfrutar sus períodos pendientes en las vacancias judiciales venideras.

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Expuesto lo anterior, la Sala examinará por separado la situación de cada uno de los
períodos vacacionales pendientes de disfrute.

Primer período pendiente de disfrute (7 de febrero de 2024 a 6 de febrero de 2025)

En cuanto al primer período, cabe recordar que se causó en un cargo del régimen de
vacaciones colectivas y que la respuesta de las autoridades accionadas consistió en
remitir su disfrute a las vacancias judiciales venideras, conforme al estricto orden de
causación.

Esa remisión a las vacancias futuras no soluciona la situación de la accionante, sino
que la perpetúa.

Al respecto, la Sala encuentra que, bajo la interpretación de la entidad, la vacancia de
diciembre de 2026 a enero de 2027 se imputaría (nuevamente por orden de causación)
al período más antiguo pendiente (2024-2025); pero para el 7 de febrero de 2027 ya
se habría causado una nueva anualidad, de suerte que la servidora volvería a registrar
dos períodos sin disfrutar, y así sucesivamente.

Como el régimen colectivo ofrece un único descanso por año mientras cada año se
causa un período nuevo, quien (como la accionante, por razón de su tránsito entre
regímenes) quedó rezagada en la secuencia de disfrute carece, dentro de ese
régimen, de mecanismo alguno para saldar la acumulación, porque el aplazamiento
del período causado se renueva indefinidamente, sin que el descanso remunerado
llegue a materializarse, con el riesgo adicional de que opere la prescripción cuatrienal
del derecho que la propia Dirección Seccional invocó en su informe.

Sobre el particular, para la Sala no resulta constitucionalmente admisible que a la
accionante no se le permita el disfrute efectivo del período causado entre el 7 de
febrero de 2024 y el 6 de febrero de 2025, pues lo cierto es que la materialización del
descanso remunerado no ha sido posible por circunstancias que no le son imputables,
sino que derivan de la mecánica de imputación de los disfrutes, de los tránsitos entre
regímenes propios de sus nombramientos y de la falta de decisión oportuna del trámite
que adelantó en debida forma.

En este sentido, la interpretación expuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali y avalada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga, conforme a la cual el disfrute de este período solo procedería en las
vacancias judiciales venideras, se erige como una barrera para el goce efectivo del
derecho fundamental al descanso remunerado. Tal entendimiento sacrifica el derecho
adquirido y causado por la actora en el periodo comprendido entre el 7 de febrero de
2024 y el 6 de febrero de 2025, bajo la premisa de que aquel no se vulnera por el
hecho de que la servidora podrá disfrutar del periodo vacacional previsto en el régimen
colectivo para la anualidad 2026, el cual corresponde a un periodo distinto y posterior
al causado, lo cual desconoce que las vacaciones deben disfrutarse en orden de
causación y que la postergación indefinida del descanso equivale, en la práctica, a la
negación del derecho.

A lo anterior se suma que, la Circular DESAJCLC24-86 de la propia Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali señala que las vacaciones deben
concederse en estricto orden de causación, que no pueden acumularse más de tres
períodos consecutivos y que el disfrute del descanso no puede supeditarse a
trámites administrativos ni presupuestales. De manera que la posición asumida en
este caso contradice las directrices fijadas por la propia entidad.
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La Corte Constitucional ha señalado que «las vacaciones anuales remuneradas como
acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental al descanso que les
asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se encuentran
sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios prolongados
de tiempo», con lo que ha reiterado que el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.

En la misma línea, esta Sala ha indicado que «Las vacaciones, tienen una naturaleza
de derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos
para que se causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a
4
otorgar las vacaciones al trabajador .»

Conforme con lo anterior, para la Sala no son de recibo los argumentos de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, pues en el caso es claro que el
eventual disfrute de las vacaciones colectivas a partir del 20 de diciembre de la
presente anualidad por parte de la accionante no presupone que a esta se le
garantizará el uso, disfrute y pago del periodo de vacaciones causado entre el 7 de
febrero de 2024 y el 6 de febrero de 2025.

Segundo período pendiente de disfrute (7 de febrero de 2025 a 6 de febrero de
2026)

En cuanto al segundo período pendiente, cabe señalar que se causó mientras la
accionante ocupaba el cargo de Juez Penal Municipal con Función de Control de
Garantías Ambulante de Buga, perteneciente al régimen individual de vacaciones, de
modo que la controversia gira en torno a la interpretación del literal c) del artículo 2 del
Acuerdo PCSJA24-12172 del 2 de mayo de 2024.

Al respecto, contrario a lo que afirmó la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, la Sala observa que la situación administrativa de la
señora Torres Medicis sí se encuadra en el supuesto previsto en el literal c) ibídem,
pues la norma exceptúa de la regla general de improcedencia del reemplazo al
funcionario o empleado judicial del régimen individual que sea designado en un
juzgado del régimen de vacaciones colectivas y al que le hayan quedado pendientes
vacaciones por disfrutar. Ese es, precisamente, el caso de la actora, quien causó este
período en un cargo del régimen individual y, al posesionarse el 2 de febrero de 2026
como Juez Segunda Promiscua de Familia del Circuito de Palmira (despacho del
régimen de vacaciones colectivas), tenía pendiente su disfrute.

En esta línea, el argumento expuesto por las accionadas según el cual la regla general
del artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12172 impediría la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal, por estar la accionante actualmente vinculada a un
despacho del régimen colectivo, desconoce precisamente la excepción consagrada en
el literal c) del referido acuerdo (servidor del régimen individual designado en juzgado
del régimen de vacaciones colectivas con vacaciones pendientes de disfrutar).

4
Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01, Sección Cuarta
del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado número 2019-04007-00 Sección
Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 5 de diciembre de 2024, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-
2024-05853-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 31 de cotubre de 2025 expediente con radicado número:
11001-03-15-000-2025-05975-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado

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De igual forma, una lectura restrictiva como la propuesta por la entidad dejaría sin
efecto útil la excepción que el propio Consejo Superior de la Judicatura previó para los
servidores que, como la accionante, transitan del régimen individual al colectivo con
períodos pendientes de disfrute. Cabe recordar, además, que la servidora surtió en
debida forma el trámite de programación de vacaciones individuales (referido al
período más antiguo pendiente), sin que este fuera decidido de fondo antes de su
cambio de cargo, omisión administrativa que no le es imputable y que evidencia su
diligencia para obtener el descanso.

Aunado a lo anterior, y en lo que atañe a ambos períodos pendientes de disfrute, para
la Sala no es admisible que a través de la aplicación retroactiva de una ley se
desconozca el derecho adquirido al descanso remunerado de la actora, pues como ha
sido reconocido por la ley y reafirmado por la jurisprudencia constitucional «es claro que
la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de
favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de
aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los
derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan
afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que
5
tengan lugar a partir de su vigencia .»

En este sentido, el entendimiento que se le ha dado en este caso a la entrada en
vigencia de la Ley 2430 de 2024 desconoce el principio constitucional de
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales,
consagrado en el artículo 53 superior, particularmente, el derecho al descanso
remunerado producto de la causación durante el periodo comprendido entre el 7 de
febrero de 2025 y el 6 de febrero de 2026, el cual constituye un derecho adquirido
conforme lo dispone el artículo 58 de la Carta Política.

Como se expresó, en el sub examine se encuentran involucrados dos periodos
vacacionales causados y pendientes de disfrute (el comprendido entre el 7 de febrero
de 2024 y el 6 de febrero de 2025, y el causado entre el 7 de febrero de 2025 y el 6 de
febrero de 2026), los cuales deben ser garantizados con la finalidad de quedar al día
y no seguir arrastrando periodos causados con anterioridad.

Por lo expuesto, la Sala amparará los derechos fundamentales al descanso y al trabajo
en condiciones dignas de la señora Leidy Carolina Torres Medicis respecto a los
periodos causados entre el 7 de febrero de 2024 y el 6 de febrero de 2026.

En consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali que, de acuerdo
con sus competencias y de manera coordinada, en el término de cinco (5) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan para que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, en calidad de nominador de la actora, proceda a designar el
reemplazo de la demandante con la finalidad de que materialice el derecho al disfrute
del descanso remunerado.

Una vez se cuente con la disponibilidad de los recursos presupuestales para el
nombramiento del reemplazo de la actora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del CDP, en calidad de

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Sentencia C-529 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02703-00
Demandante: Leidy Carolina Torres Medicis

nominador procederá a garantizar el disfrute de las vacaciones causadas y solicitadas
por la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las solicitudes de desvinculación elevadas por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali y por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
conforme a lo expuesto.
2. Amparar los derechos fundamentales al trabajo y al descanso de la señora Leidy
Carolina Torres Medicis conforme a lo expuesto.
3. En consecuencia ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, que de acuerdo
con sus competencias y de manera coordinada, en el término de cinco (5) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan para que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, en calidad de nominador de la demandante dentro de los
cinco (5) días siguientes a la expedición del CDP, designe su reemplazo para que
materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado.
4. De no ser impugnada, enviar la presente providencia a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
5. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro
medio expedito.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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