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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05975-00

Fecha
31 de octubre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05975-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en condiciones dignas del señor Jairo Antonio Salazar Rodríguez por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. En consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que sean del caso con el fin de que se garantice el derecho al descanso remunerado del señor Jairo Antonio Salazar Rodríguez y su consecuente reemplazo, por el periodo de vacaciones causado entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Vencido ese término, ordenar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Neiva que, dentro de los cinco (5) días siguientes, garantice la materialización del derecho al disfrute del descanso remunerado del actor, mediante el reconocimiento de las vacaciones correspondientes al periodo de vacaciones causado entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05975-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

31 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-05975-00
Demandante JAIRO ANTONIO SALAZAR RODRÍGUEZ
Demandada CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Derechos fundamentales al descanso y al trabajo en condiciones
dignas de servidor judicial. Cambio de régimen de vacaciones en
virtud de la Ley 2430 de 2024. Obstáculos administrativos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por el señor Jairo Antonio Salazar
Rodríguez, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de agosto de 20251, el señor Jairo Antonio Salazar Rodríguez interpuso
acción de tutela, en nombre propio, contra la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, el Tribunal Superior de Neiva, el Consejo Superior
de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, debido
proceso, igualdad y descanso.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Se AMPAREN mis derechos fundamentales al TRABAJO EN CONDICIONES
DIGNAS, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD y DESCANSO, que se encuentran vulnerados por
la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA,
ÁREA DE TALENTO HUMANO, TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA,
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL
HUILA.
SEGUNDO: Se ordene al ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA, emitir el respectivo Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que permita al TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
DE NEIVA, conceder las vacaciones causadas por el periodo laborado entre el 01 de enero
de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, así como también, por el periodo de 3 días laborados
en la vacancia judicial de semana santa del 2024.
TERCERO: Se exhorte al ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA, para que en adelante no
anteponga trabas de esta índole a los funcionarios y empleados que cambian de régimen de
vacaciones, de tal forma, que cumplan las disposiciones legalmente establecidas y que
realicen los ajustes necesarios en el sistema para que no se presenten este tipo de
inconsistencias».

2. Hechos

Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:

1
El 23 de septiembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia remitió el asunto al Consejo de Estado.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05975-00
Demandante: Jairo Antonio Salazar Rodríguez

2.1. El señor José Antonio Salazar Rodríguez funge como juez único promiscuo
de familia de La Plata (Huila).

2.2. Mediante Resolución 086 del 15 de octubre de 2024, el Tribunal Superior de
Neiva le concedió al actor 25 días de vacaciones correspondientes al periodo
laborado entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, las cuales
se disfrutarían a partir del 12 de noviembre de 2024.

2.3. El 22 de octubre de 2024, la Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva le remitió
al tutelante correo electrónico, en el cual le informó que la Ley 2430 de 2024
modificó el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 frente a las vacaciones
individuales. En virtud de tal modificación, se le indicó que ese tipo de
vacaciones serían solamente para el Consejo Superior de la Judicatura, los
consejos seccionales de la judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y sus direcciones seccionales, los juzgados penales municipales y los
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.

En consecuencia, como los juzgados promiscuos de familia pasaron al
régimen de vacaciones colectivas, se le indicó que era posible tramitar la
Resolución 086 del 15 de octubre de 2024 expedida por el Tribunal Superior
de Neiva.

2.4. El tutelante afirmó que, pese a la negativa inicial de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Neiva frente al trámite de las vacaciones correspondientes al
periodo laborado en el año 2022, reconocidas en Resolución 086 del 15 de
octubre de 2024, finalmente estas sí fueron pagadas y disfrutadas a partir del
12 de noviembre de 2024.

En consecuencia, atendiendo a que aún quedaban pendientes por disfrutar
las vacaciones correspondientes al año 2023, presentó solicitud de 4 de julio
de 2025, en la cual le pidió al Tribunal Superior de Neiva el reconocimiento de
las vacaciones del periodo laborado entre el 01 de enero de 2023 al 31 de
diciembre de 2023, causado en el régimen de vacaciones individuales.

Asimismo, el 17 de julio de 2025 el actor solicitó al Tribunal Superior de Neiva
el reconocimiento de los 3 días de vacaciones pendientes por haber laborado
en vacancia de Semana Santa del año 2024, puesto que para esa época
pertenecía al régimen de vacaciones individuales, y al pasar a vacaciones
colectivas no se reconocieron esos 3 días. Por lo tanto, pidió que las
vacaciones fueran otorgadas por el lapso total de 28 días, los cuales serían
disfrutados entre el 11 de agosto de 2025 y hasta el 7 de septiembre de 2025.

2.5. Mediante Resolución 056 del 22 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Neiva
negó la solicitud de vacaciones por el periodo laborado en 2023, debido a que
mediante el oficio DESAJNEO25-2424 de 16 de julio de 2025 el Área de
Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva le informó que las vacaciones correspondientes al año 2024
fueron causadas durante la vigencia de la Ley 2430 de 09 de octubre de 2024.

El tutelante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra
dicha decisión, en el que insistió que el periodo por el cual solicitó el
reconocimiento de las vacaciones corresponde al año 2023, momento para el
cual aún no había entrado en vigencia la Ley 2430 de 9 de octubre de 2024.
Subrayó que no pretendía el reconocimiento de las vacaciones del año 2024.
Precisó que «la Ley 2430 del 2024 (…) entró en vigencia a partir de su promulgación, de
forma tal, que en razón al principio de legalidad el cual comporta la irretroactividad de la Ley,
no puede aplicarse a situaciones consolidadas antes de su entrada a vigor, lo que en el caso
en concreto es igual, a las vacaciones ya causadas por el periodo del año 2023».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05975-00
Demandante: Jairo Antonio Salazar Rodríguez

2.6. Mediante Resolución 063 del 12 de agosto de 2025, la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Neiva dispuso no reponer el acto administrativo
controvertido ni conceder el recurso de apelación. Dicha autoridad
fundamentó su decisión en el oficio DESAJNEO25-2424 de 16 de julio de 2025
remitido por la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial
de Neiva. Allí esta última informó que el actor disfrutó las vacaciones
correspondientes al 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 en el periodo de
vacaciones colectivas del 2024; y que «el periodo pendiente causado con
posterioridad a la Ley 2430 de 2024, se liquidará y cancelará en el mes de diciembre de 2025,
dentro del régimen de vacaciones colectivas».

En suma, la Sala de Gobierno concluyó que el juez «sí ha disfrutado del derecho al
descanso, como quiera que hizo uso del disfrute de dos (2) periodos de vacaciones en el año
2024, correspondientes a los laborados en los años 2022 y 2023, además, es imposible para
la Corporación conceder vacaciones si no existe la certificación de disponibilidad presupuestal
que permita la designación del reemplazo del titular del Despacho».

2.7. En respuesta a la petición 17 de julio de 2025 referente a los 3 días de
vacaciones pendientes por haber laborado en vacancia de Semana Santa del
año 2024, la Presidencia del Tribunal Superior de Neiva expidió el oficio 088
de 14 de agosto de 2025. Allí se negó la solicitud en los siguientes términos:
«la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en sesión
desarrollada el 12 de agosto del año en curso, decidió unánimemente darle traslado de la
respuesta recibida por la Coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, quien señaló mediante oficio No.
DESAJNEO25-2715 fechado de 05 de agosto de 2025, que, para el disfrute de los días
pendientes de vacaciones por la semana santa, se debe dar aplicación a la Circular No.
DEAJC24-47 de 13 de diciembre de 2024, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo
CSJHUA23-11 DE 17 de febrero de 2023, modificado por el Acuerdo CSJHUA24-34 de 13 de
marzo de 2024, esto es, deben ser disfrutados como compensatorios».

3. Fundamentos de la acción

El actor reprochó (i) que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Neiva se haya negado a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
para disfrutar las vacaciones individuales correspondientes al periodo laborado en
el año 2023, bajo el argumento de que estas fueron disfrutadas en el lapso de las
vacaciones colectivas de 2024; y (ii) que el Tribunal Superior de Neiva haya
convalidado tal decisión al negar el reconocimiento de las vacaciones
correspondientes al periodo laborado del 2023. A su vez, consideró que el Consejo
Superior de la Judicatura y la Seccional de la Judicatura del Huila están llamados a
intervenir al no haber regulado el tema con claridad.

Aseguró que laboró el año exigido por la norma para tener el derecho a vacaciones,
específicamente entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, bajo el
régimen de vacaciones individuales que establecía el artículo 146 de la Ley 270 de
1996 antes de ser modificado por la Ley 2430 de 2024. Este derecho se encuentra
adquirido y consolidado a tal punto, que a partir del mes de enero de 2024 podía
solicitar las vacaciones.

Reconoció que en virtud del cambio introducido por la Ley 2430 del 9 de octubre de
2024 los juzgados promiscuos de familia dejaron de pertenecer al régimen de
vacaciones individuales y pasaron al de colectivas. Sin embargo, enfatizó que la Ley
2430 del 2024 entró en vigencia a partir de su promulgación, de forma tal que esta
no puede aplicarse retroactivamente a situaciones consolidadas antes de su
vigencia. En virtud del principio de legalidad esta norma no aplica a los derechos ya
adquiridos, sino por el contrario a situaciones hacia el futuro.

El tutelante aseguró que dicha interpretación fue avalada por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial que mediante oficio de 16 de diciembre de 2024 dispuso

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Demandante: Jairo Antonio Salazar Rodríguez

que en el año 2025 podrían ser disfrutadas las vacaciones causadas antes de la
entrada en vigencia de la citada ley.

Resaltó que en el mencionado oficio la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial jamás indicó que las vacaciones colectivas del 2024 suplirían las
vacaciones causadas en el régimen individual. Además, en Circular DEAJC24-47
del 13 de diciembre de 2024 el Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que «los
periodos causados de vigencias anteriores, pueden ser disfrutados en el año 2025».

Por ende, no había lugar a interpretar que las vacaciones individuales no disfrutadas
hasta antes de la entrada en vigencia de Ley 2430 del 9 de octubre de 2024 se
entenderían disfrutadas con las vacaciones colectivas de 2024, como erróneamente
lo interpretó Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva. De hecho, en la mencionada circular se estableció que «De
requerirse expedición de CDP, para reemplazo, se seguirán las instrucciones dadas en el Acuerdo
PCSJA24-12172 del 2 de mayo de 2024, “(…) por el cual se establecen directrices para la
programación de vacaciones individuales de servidores judiciales y se dictan otras disposiciones».

Sostuvo que en el citado Acuerdo PCSJA24-12172 del 02 de mayo de 2024, artículo
2, literal c, el Consejo Superior de la Judicatura estableció que cuando los
funcionarios del régimen individual pasan al régimen de vacaciones colectivas y les
ha quedado vacaciones pendientes podrán disfrutarlas, para lo cual se autorizó el
nombramiento de un reemplazo.

Por consiguiente, reprochó que se haya interpretado que las vacaciones colectivas
que disfrutó en el año 2024, en virtud de la modificación hecha por la Ley 2430 del
9 de octubre de 2024, corresponden a las vacaciones individuales por el periodo
laborado en el año 2023. Aceptar esa interpretación implicaría que jamás podrá
gozar de las vacaciones del lapso comprendido entre 1 de enero de 2024 al 31 de
diciembre de 2024, por ya encontrarse en el régimen de vacaciones colectivas.
Añadió que bajo la excusa de que el sistema automáticamente aplicó las vacaciones
colectivas a las individuales ya causadas más antiguas, se avaló una interpretación
totalmente errónea que vulnera los derechos de los servidores judiciales.

Precisó que es cierto que en el año 2024 disfrutó dos periodos de vacaciones: el
primero de ellos reconocido por el Tribunal mediante la Resolución 086 del 15 de
octubre de 2024, el cual correspondía al periodo causado entre el 01 de enero de
2022 y el 31 de diciembre de 2022; y el segundo periodo de vacaciones fue el
disfrutado durante la vacancia colectiva del 2024, que corresponde al periodo
laborado en el mismo año, pues los Juzgados Promiscuos de Familia entraron al
régimen de vacaciones colectivas a partir de la vigencia de la Ley 2430 de 2024. Lo
anterior significa que se encuentra pendiente el disfrute de las vacaciones causadas
en el año 2023.

Con todo, sostuvo que la razón por la cual disfrutó de dos periodos de vacaciones
en un mismo año fue por la acumulación de vacaciones no gozadas con
anterioridad. A su juicio, la circunstancia de disfrutar tardíamente periodos
aplazados no desvirtúa la necesidad real de disfrutar de los demás descansos
causados.

También manifestó su inconformidad respecto a la respuesta dada por la
Presidencia del Tribunal Superior de Neiva frente a los 3 días laborados en la
vacancia de Semana Santa de 2024. Indicó que esos días fueron trabajados en el
régimen de vacaciones individuales y por esto deben ser reconocidos como días de
vacaciones y pagados conforme establece la norma. Al respecto, explicó que bajo
el régimen de vacaciones individuales se trabaja en Semana Santa de cada año,
por esto se adquiere el derecho a 25 días continuos de vacaciones. Insistió en que
laboró en Semana Santa del 2024; sin embargo, en las vacaciones colectivas del
2024 no se me reconocieron esos 3 días adicionales.

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A su vez, relató que la misma situación que le está sucediendo le ocurrió a la oficial
mayor que trabaja en el despacho que él preside, con la diferencia de que a ella sí
se le expidió el certificado de disponibilidad presupuestal para disfrutar las
vacaciones correspondientes al periodo laborado en el año 2023. Narró que
inicialmente la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva se
negó a darle trámite a la resolución en la que él, en su calidad de nominador,
reconoció las vacaciones bajo el mismo argumento, esto es, que la oficial mayor
pertenecía a vacaciones colectivas, y que el periodo más antiguo de vacaciones lo
disfrutó en la vacancia judicial de diciembre del 2024.

Sin embargo, informó que ante esta situación él remitió escrito a dicha dependencia
solicitando el respeto por el derecho al descanso de la empleada judicial. En
respuesta, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
emitió el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal por el periodo
inicialmente negado. De manera que, a diferencia de su situación, la empleada de
su despacho sí pudo gozar del periodo de vacaciones que aún no había disfrutado
correspondiente al año 2023. Sin embargo, censuró que en su caso, pese a ser la
misma situación narrada, se le negó su derecho. Este panorama transgrede su
derecho a la igualdad.

Finalmente, sobre la procedencia de la tutela, manifestó que, si bien la ley
contempla una serie de medios de control en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, lo cierto es que estos no son idóneos tratándose de asuntos
relacionados con el reconocimiento de vacaciones de servidores judiciales. Así lo
explicó la Corte Constitucional en la «sentencia SU-293 del 2023» (sic):
«Con base en lo expuesto, la Sala concluye que el requisito de subsidiariedad se encuentra
acreditado en cada uno de los casos objeto de examen. Esto es así porque, tratándose de la
negativa de la concesión de las vacaciones a las cuales tienen derecho los empleados
judiciales, los medios de control previstos en el proceso contencioso administrativo no
constituyen un mecanismo judicial idóneo y eficaz para proteger el derecho de los actores al
descanso. Dada la posibilidad de que se prolongase en el tiempo la negativa de las DESAJ
sin que los actores puedan disfrutar de manera efectiva de las vacaciones a las cuales tienen
derecho, esto podría incrementar el desgaste físico y mental del trabajador, lo cual contraría
el derecho fundamental al descanso, como se verá más adelante».
Es así, como en estos escenarios, se ha viabilizado la procedencia de la acción de tutela, tras
considerar que los funcionarios y empleados judiciales, nos enfrentamos a condiciones
particulares de sobrecarga laboral, relacionada con la congestión de los despachos tal y como
así lo establece la sentencia de unificación citada y que constituye precedente judicial».

4. Trámite e intervenciones

4.1. En auto de 2 de septiembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas Nro. 1 remitió el asunto al
Consejo de Estado, en virtud de las reglas de reparto contenidas en el Decreto
333 de 2021. Allí se establece que «cuando se trate de acciones de tutela presentadas
por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción
ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo».

4.2. Tras la remisión del expediente, mediante auto de 2 de octubre de 2025 se
admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Jairo Antonio Salazar
Rodríguez contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva; y se ordenó efectuar las
notificaciones correspondientes.

4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvo que se encarga de
la administración de la Rama Judicial. Aun así ciertas funciones inherentes a
esa labor han sido desconcentradas en las direcciones seccionales, quienes

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las asumen en sus respectivas regiones o departamentos. Allí estas últimas
tienen jurisdicción y cuentan con la autonomía suficiente para su ejercicio.
Justamente, la ordenación del gasto y la función pagadora son funciones que
se encuentran desconcentradas en cabeza de cada dirección seccional, dado
lo dispuesto en la Ley 270 de 1996.

Por consiguiente, afirmó que las situaciones administrativas sobre vacaciones
son resueltas en primera instancia por el respectivo nominador y de manera
consecuente por la dirección seccional de administración judicial a la que se
encuentra adscrito el respectivo despacho en el que presta o prestó sus
servicios el reclamante. Lo anterior obedece a que las direcciones seccionales
son las que administran y custodian la información de la hoja de vida,
novedades, aportes al sistema y demás aspectos asociados a la vinculación
legal y tiempos del servicio del trabajador.

Entonces, en el caso del tutelante le corresponde al Tribunal Superior de
Neiva, en su calidad de nominador, conceder las vacaciones mediante acto
administrativo y, posteriormente, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva le compete el trámite de expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal.

En consecuencia, aseveró que carece de legitimación en la causa por pasiva,
ya que no es la autoridad competente para resolver reclamaciones
administrativas sobre la situación administrativa de las vacaciones del actor.
Razón por la cual solicitó su desvinculación del trámite de tutela.

4.4. El Consejo Seccional de la Judicatura del Huila aseguró que no tiene
legitimación en la causa por pasiva, ya que no funge como el nominador del
tutelante, ni es el ordenador del gasto. Por ende, no es el competente para
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal ni los actos
administrativos requeridos por el accionante para disfrutar de las vacaciones
a que tiene derecho.

Explicó que el artículo 101 de la Ley 270 de 1996 establece en forma taxativa
las funciones de los consejos seccionales de la judicatura, hoy consejos
seccionales de la judicatura, las cuales se pueden clasificar en varias
categorías. Dentro tales labores no se encuentra autorizar las vacaciones de
servidores judiciales que no hagan parte de la Corporación, ni expedir
certificados de disponibilidad presupuestal, pues no funge como ordenador del
gasto.

De otra parte, se refirió a las funciones de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial. Indicó que la Ley 270 de 1996, artículo 98 establece
que corresponde a tal autoridad la ejecución de las actividades administrativas
de la Rama Judicial. En desarrollo de este precepto, la Ley 270 de 1996,
artículo 103 define las funciones de los directores seccionales de
administración judicial, entre las cuales se encuentra actuar como ordenador
del gasto.

Con base en lo anterior, afirmó que corresponde a la Dirección Ejecutiva, por
intermedio de los directores seccionales, la ordenación del gasto para la
ejecución del presupuesto y, concretamente a estos últimos el reconocimiento
de los sueldos y prestaciones sociales de los servidores judiciales en el ámbito
de su competencia, como lo dispone el Acuerdo PSAA09-6203 del 2 de
septiembre de 2009.

Con fundamento en lo expuesto, concluyó que no ha intervenido, ni tiene
responsabilidad alguna, por acción u omisión, en las actuaciones que pudieran

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dar origen a la afectación o vulneración de los derechos fundamentales
descritos por el accionante y tampoco le corresponde decidir lo solicitado por
el juez Salazar Rodríguez. Por lo tanto, solicitó negar el amparo en lo que a
dicha entidad le concierne.

4.5. El Tribunal Superior de Neiva informó que para dar respuesta a la solicitud del
tutelante de 4 de julio de 2025, mediante oficio de 7 de julio del año en curso
le pidió a la Coordinación de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial que certificara los periodos de vacaciones
pendientes por disfrutar por parte del actor, así como la expedición del
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal que permitiera la
designación de su reemplazo durante el disfrute de las vacaciones.

En respuesta a lo anterior, la Coordinadora de Talento Humano remitió oficio
DESAJNEO25-2424 de 16 de julio de 2025, en el cual informó que no era
posible acceder a la solicitud, puesto que el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2023 fue liquidado en la nómina del mes de
diciembre de 2024 y disfrutado entre el 20 de diciembre de 2024 y el 10 de
enero de 2025. Adicionalmente, indicó que el periodo causado al 31 de
diciembre de 2024 se generó bajo la vigencia de la Ley 2430 de 2024 y que
conforme a las instrucciones del nivel central no era procedente expedir
certificado de disponibilidad presupuestal.

Con base en lo anterior, sostuvo que en sesión ordinaria celebrada el 22 de
julio de 2025 la Sala de Gobierno del Tribunal resolvió mediante la Resolución
056 de la misma fecha negar la solicitud de vacaciones presentada por el juez
Jairo Antonio Salazar Rodríguez. Dicha decisión fue recurrida por el
accionante.

Informó que mediante Resolución 063 del 12 de agosto de 2025 se decidió no
reponer la decisión inicial, debido a que la Coordinación de Talento Humano
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva no
expidió la certificación de periodos pendientes ni la disponibilidad presupuestal
requerida. Por el contrario, señaló que el cambio de régimen de vacaciones
derivado de la entrada en vigor de la Ley 2430 de 2024 modificó la oportunidad
para el disfrute de vacaciones individuales.

Por las razones expuestas, solicitó declarar que de su parte no ha existido
vulneración de los derechos fundamentales del accionante, y en
consecuencia, pidió su desvinculación del trámite de la presente acción de
tutela.

4.6. La Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva sostuvo que no es procedente la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal ni del nombramiento
de un reemplazo. Explicó que, de conformidad con el Acuerdo PCSJA24-
12172 de 2 de mayo de 2024 solo hay lugar a la expedición de certificado
cuando el funcionario o empleado judicial sea designado en un juzgado del
régimen de vacaciones colectivas y le hayan quedado pendiente vacaciones
por disfrutar. Aseguró que ese no es el caso del actor dado que «el periodo de
vacaciones que tiene pendiente correspondía a un periodo causado en el régimen de
vacaciones individuales, que fue reconocido, pagado y disfrutado en el mes de diciembre de
2024. Precisando que, en este caso no es aplicable el literal C del artículo 2, dado que esta
norma solo corresponde a los que estando en vacaciones se les haya designado en un
Juzgado de vacaciones colectivas y le hayan quedado vacaciones por disfrutar, sin establecer
el reconocimiento económico».

A renglón seguido afirmó que «el periodo de vacaciones que tiene pendiente
corresponde a un periodo causado en el régimen de vacaciones individuales, y tiene pendiente
no solo por disfrutar si no su reconocimiento económico».

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Demandante: Jairo Antonio Salazar Rodríguez

Por consiguiente, aseguró que el periodo de vacaciones comprendido entre el
1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 fue reconocido y cancelado
con la nómina de diciembre de 2024, tal y como se observa en el desprendible
de pago. De manera que no se adeuda concepto alguno relacionado con la
prestación social de vacaciones como pretende el accionante, razón por la cual
consideró que de su parte no ha existido vulneración a los derechos
fundamentales del actor.

De otra parte, sostuvo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 98
de la Ley 270 de 1996, las direcciones ejecutivas seccionales de
administración judicial fungen como órganos técnicos y administrativos que
tienen a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama
Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de gobierno y de
administración a cargo del Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo tanto, no es de su competencia pronunciarse respecto de la concesión
o negación de compensatorios por laborar en la vacancia judicial de Semana
Santa del 2024, dado que este reconocimiento es de competencia del Tribunal
Superior de Neiva, corporación que funge como nominador del accionante y
que, por ende, es la única competente para reconocer el derecho a compensar
este tiempo laborado.

A su vez, aseguró que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, debido
a que el tutelante puede acudir a los medios de control contemplados en la
Jurisdicción Contenciosa y, además, tiene la posibilidad de solicitar
mecanismos transitorios mientras se decide de fondo. Motivo por el cual
solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.

4.7. El Consejo Superior de la Judicatura manifestó que quienes se encuentran
legitimadas para dirimir la controversia administrativa señalada por la parte
actora son o la Unidad de Recursos Humanos de las direcciones seccionales
de administración judicial o la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Lo anterior en virtud del numeral 4° del artículo 4 del Acuerdo PSAA09-6203
de 2009, según el cual son funciones del área de talento humano organizar y
controlar el reconocimiento de sueldos y prestaciones sociales.

Por consiguiente, afirmó que en virtud de la desconcentración de funciones no
cuenta con la aptitud legal para dar solución a la controversia administrativa
relatada por el actor. De otro lado, informó que la petición de 22 de octubre fue
remitida a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva.

Por las razones expuestas, concluyó que no cuenta con legitimación en la
causa por pasiva y, consecuentemente, solicitó su desvinculación del trámite
tutelar.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, la Sala determinará si las
autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al descanso y
trabajo digno del accionante, al no reconocer el disfrute de las vacaciones
correspondientes al periodo 2023. Previo a esto, se establecerá si la acción de tutela
cumple con el requisito de subsidiariedad.

3. Cuestión previa

3.1. La Sala negará las solicitudes de desvinculación presentadas en el curso de
la acción de tutela. Con relación al Tribunal Superior de Neiva, no hay lugar a
su desvinculación pues es quien funge como el nominador del actor y,
consecuentemente, le corresponde el reconocimiento de las vacaciones en el
régimen individual de descanso. Esto se desprende de los artículos 146 y 131,
numeral 7 de la Ley 270 de 1996 que respectivamente disponen lo siguiente:
«Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio
por el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales de la judicatura, por la
sala de gobierno del respectivo tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los
demás casos» y que «Las autoridades nominadoras de la Rama Judicial, son: (...) 7. Para
los cargos de Jueces de la República: El respectivo Tribunal».

Justamente, fue dicho Tribunal el que en el caso del actor negó el
reconocimiento de las vacaciones correspondientes al año 2023. Esta
circunstancia denota que su comparecencia al presente debate judicial es
imprescindible, conforme a su rol de nominador y a sus competencias en
materia de vacaciones del régimen individual.

3.2. Tampoco se accederá a la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de
la Judicatura, pues dada su eventual participación en las órdenes que se
profieran con ocasión de lo aquí decidido, se le remitirá copia de la sentencia
para su conocimiento y fines pertinentes, por lo que su participación se
encuentra justificada.

Se recuerda que el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 dispone como funciones
administrativas del Consejo Superior de la Judicatura las siguientes: «34.
Coadyuvar para la protección y seguridad personal de los funcionarios y de la Rama Judicial».

3.3. De igual forma, no se accederá a la solicitud de desvinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, debido a sus funciones como ordenadora
del gasto para cumplir con las obligaciones de la Rama Judicial y
administradora de los recursos y bienes destinados al funcionamiento de esta.

Al respecto, el artículo 98 de la Ley 270 de 1996 establece que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial «es el órgano técnico y administrativo que tiene
a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con
sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura». De manera
que esta última tiene la obligación de adelantar las labores necesarias para el
funcionamiento de la Rama Judicial y, consecuentemente, de los despachos
judiciales.

En desarrollo de tal competencia, al director ejecutivo de administración
judicial se le asignaron como funciones en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996
«Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y
responder por su correcta aplicación o utilización» y «Actuar como ordenador del gasto para
el cumplimiento de las obligaciones que correspondan».

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A su vez, el artículo 103 de ese mismo cuerpo normativo estableció como
funciones de las direcciones ejecutivas seccionales de administración judicial
dentro de su jurisdicción y entorno territorial, entre otras, la siguiente:
«Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial
y responder por su correcta aplicación o utilización» y «Actuar como ordenador del gasto
para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan».

Por ende, se corrobora la imposibilidad de acceder a las solicitudes de
desvinculación propuestas.

4. Requisito de subsidiariedad y su análisis en el caso

4.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. La norma señala que este mecanismo constitucional «solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa para amparar los derechos
fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual
procederá como mecanismo transitorio de protección.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.

Con fundamento en este requisito, la jurisprudencia de las altas Cortes ha
concluido que, por regla general, esta acción es improcedente cuando se
pretende controvertir actos administrativos, puesto que el interesado puede o
pudo discutir su contenido a través de distintos medios de control,
dependiendo de la naturaleza del acto, sea general o particular, salvo cuando
se acredite la existencia de un perjuicio irremediable.

4.2. No obstante lo anterior, mediante sentencia de unificación SU-296 de 2023 la
Corte Constitucional estableció que los medios de control consagrados en la
Ley 1437 de 2011 no resultan idóneos y eficaces para controvertir los actos
administrativos mediante los que se niega el reconocimiento de vacaciones a
servidores judiciales y la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal. Así lo explicó la mencionada Corte:
«Unificación de la jurisprudencia. En vista de las anteriores circunstancias, la Sala considera
necesario dictar una regla de unificación en torno a la procedencia de la acción de tutela para
reclamar la protección del derecho al descanso, cuando quiera que se advierta la negativa de
la DESAJ de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para que el nominador pueda
conceder el periodo vacacional al cual tienen derecho los funcionarios y empleados judiciales.
Esto, bajo el entendido de que, en estos casos, resulta desproporcionado exigirle a los
funcionarios y empleados judiciales que han causado periodos vacacionales, como es el caso
de los actores en los procesos sub examine, que acudan ante al juez contencioso
administrativo, cuando lo que se encuentra en juego es la salud mental y física del trabajador
y esta afectación se causa por una compleja interacción entre al menos tres actos

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administrativos: la circular del Consejo Superior de la Judicatura, que regula en términos
generales el asunto; la negativa de las Seccionales, que con fundamento en la circular niegan
el certificado de disponibilidad presupuestal; y la cancelación, suspensión o negativa de las
vacaciones, por parte de los nominadores, al no tener dicho certificado y, por tanto, no poder
designar un reemplazo.
126. Con base en lo expuesto, la Sala concluye que el requisito de subsidiariedad se encuentra
acreditado en cada uno de los casos objeto de examen. Esto es así porque, tratándose de la
negativa de la concesión de las vacaciones a las cuales tienen derecho los empleados
judiciales, los medios de control previstos en el proceso contencioso administrativo no
constituyen un mecanismo judicial idóneo y eficaz para proteger el derecho de los
actores al descanso. Dada la posibilidad de que se prolongase en el tiempo la negativa
de las DESAJ sin que los actores puedan disfrutar de manera efectiva de las vacaciones
a las cuales tienen derecho, esto podría incrementar el desgaste físico y mental del
trabajador, lo cual contraría el derecho fundamental al descanso, como se verá más
adelante» (Negrillas propias).

Así las cosas, en aplicación de la regla establecida en la sentencia de
unificación SU-296 de 2023 la Sala considera que en el caso la tutela bajo
estudio cumple con el requisito de subsidiariedad, en consideración que se
trata, justamente, de un caso en que se negó el certificado de disponibilidad
presupuestal y el reconocimiento de las vacaciones causadas en el régimen
individual, antes de la modificación introducida por la Ley 2430 del 9 de octubre
de 2024. Por lo tanto, se proseguirá al estudio de fondo del asunto.

5. Del derecho fundamental al descanso, vacaciones de servidores
judiciales y su análisis en el caso

5.1. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época
muy temprana3, como un derecho fundamental derivado especialmente del
artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el
legislador. Así como del artículo 25 ibidem, que señala que todas las personas
tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Adicionalmente, en el marco internacional existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
artículo 7° determina que los Estados parte reconocen el derecho de todas las
personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran «el descanso, el disfrute
del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los días festivos». En similar sentido lo indica el
artículo 7° del Protocolo de San Salvador 4.

La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene una amplia y consolidada línea
jurisprudencial que ha establecido que «uno de los derechos fundamentales del
trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como
quietud o pausa en el trabajo o fatiga»5. En efecto, el carácter fundamental de este
derecho se deriva de la interpretación sistemática de los artículos 1, 25 y 53
de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación
laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo.

En ese contexto, las vacaciones son consideradas como la manera de
recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo

3
Corte Constitucional, Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004 y C-035 de 2005.
4
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales "Protocolo de San Salvador”. Artículo 7: “Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el
derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas,
equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera
particular: (…) h). El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días
feriados nacionales”.
5
Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 2007.

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dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un
mayor o menor grado de dificultad para ejecutarlas.

En relación con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-019 de 2004
estableció lo siguiente:
«El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga al
empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud física y
mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de encuentro fraternal, para
abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el
conocimiento, y, a manera de posibilidad estética, para acercarse paulatinamente al hacer
artístico en sus múltiples manifestaciones. (…)
El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de Derecho que
en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de todo el régimen de
seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el trabajador que le ha ayudado al patrono
a crear riqueza para él y su empresa, necesita su apoyo en todas las contingencias que
puedan perjudicarle o cuando se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al
patrono (accidentes de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada
acto de trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y debe
reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues de lo contrario se
agota, envejece o muere prematuramente. (…)
(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado
en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que
guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de
manera constitucional y legal».

A su vez, esta Sección ha indicado que «El descanso remunerado, denominado
vacaciones, tiene por objeto que el empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego
de un tiempo dedicado a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las
vacaciones, tienen una naturaleza de derecho adquirido para quien ha cumplido con los
requisitos legales establecidos para que se causen. El empleador o nominador, es la persona
que está llamada a otorgar las vacaciones al trabajador»6.

Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, además de ser un derecho adquirido, es un derecho fundamental
que por disposición jurisprudencial debe ser protegido por vía de tutela, a fin
de impedir que trabas administrativas afecten su núcleo esencial.

5.2. Dicho lo anterior, se encuentra que el artículo 74 de la Ley 2430 de 2024
modificó el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 que originalmente establecía
que las vacaciones de los servidores judiciales de los juzgados promiscuos de
familia tendrían vacaciones individuales. Con la modificación introducida por
la Ley 2430 dichos servidores pasaron a hacer parte del régimen de
vacaciones colectivas, ya que la norma dispuso que solamente tendrán
descanso individual aquellos que laboren en el Consejo Superior de la
Judicatura y consejos seccionales de la judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y sus direcciones seccionales, los juzgados penales
municipales y los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, de
la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Con fundamento en dicho cambio legislativo, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Neiva dispuso no expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para el nombramiento de un reemplazo del actor,
por las vacaciones correspondientes al periodo laborado entre el 1° de enero
de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Lo anterior por considerar que tales
vacaciones sí fueron disfrutadas por el tutelante en el periodo de vacaciones
colectivas del año 2024.

6
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01.
C.P. Milton Chaves García.

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El Tribunal Superior de Neiva avaló dicha interpretación. Inicialmente, en la
Resolución 056 del 22 de julio de 2025 dicha autoridad negó la solicitud de
vacaciones correspondiente al periodo laborado del año 2023.

Para fundamentar su decisión, sostuvo lo siguiente: «Que la Coordinadora del Área
de Talento Humano mediante el oficio DESAJNEO25-2424 de 16 de julio de 2025, informó
que, dado el periodo pendiente de vacaciones causado el 31 de diciembre de 2024 por el
doctor Jairo Antonio Salazar Rodríguez, fue causado durante la vigencia de la Ley 2430 de 09
de octubre de 2024, no es posible expedir certificado de disponibilidad presupuestal para el
disfrute de vacaciones». Aseveración que resulta imprecisa, debido a que el
reconocimiento de vacaciones solicitado no fue el del año 2024, sino el del
2023. De ahí que no resulta acertado afirmar que tal periodo se causó cuando
ya estaba en vigencia Ley 2430 de 2024, pues esta empezó a regir desde el 9
de octubre 2024 y las vacaciones del 2023 se causaron previo a esta fecha.

Al margen de tal imprecisión, en la Resolución 063 del 12 de agosto de 2025,
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Neiva dispuso no reponer su
decisión inicial ni conceder el recurso de apelación. Dicha autoridad
fundamentó su decisión en que, según la Dirección Ejecutiva de la Seccional
de Administración Judicial de Neiva, el actor disfrutó las vacaciones
correspondientes al 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 en el periodo de
vacaciones colectivas del 2024. Así lo explicó la autoridad:

Se observa, entonces, que tanto la Dirección Ejecutiva de la Seccional de
Administración Judicial de Neiva como el Tribunal Superior de Neiva
interpretaron erróneamente que las vacaciones colectivas de las cuales el
actor disfrutó en el año 2024 no corresponden al periodo laborado en ese
mismo año, sino que realmente equivalen a las vacaciones individuales
causadas en el 2023 previo a la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024.

La Sala desestima dicha interpretación, pues la verdadera razón por la cual el
actor tuvo la posibilidad de descansar durante la vacancia judicial del año 2024
fue por la modificación que la Ley 2430 de 2024 efectuó en materia de
vacaciones. Como esta norma eliminó a los juzgados promiscuos de familia
del régimen de vacaciones individuales, tras su entrada en vigencia
automáticamente esos despachos judiciales empezaron a hacer parte del
régimen general de vacaciones de la Rama Judicial, que es el de descanso
colectivo. Por consiguiente, en virtud del principio de irretroactividad de la ley
se entiende que desde el 9 de octubre 2024, fecha de entrada en vigencia de
la Ley 2430 de 2024, los juzgados promiscuos de familia empezarían a gozar
de vacaciones colectivas.

Así las cosas, la única razón por la cual el actor disfrutó de la vacancia
colectiva en diciembre de 2024 obedece al cumplimiento de la Ley 2430 de
2024 y el cambio que esta trajo en materia de vacaciones. Por consiguiente,
no puede simplemente entenderse que las vacaciones colectivas de las que

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gozó el actor en el año 2024 dada la modificación legislativa corresponden a
las que se habían causado en el 2023 antes de la vigencia de esa norma, pues
no hay fundamento jurídico que respalde tal tesis. Ni siquiera existe un acto
administrativo del cual se desprenda que las vacaciones individuales de dicho
periodo se disfrutarían en el 2024.

Por ende, ante a falta de fundamento jurídico que soporte la postura expuesta
por las autoridades mencionadas, debe entenderse que el motivo por el cual
el actor gozó de vacaciones en diciembre de 2024 a enero de 2025 sin que
existiera una decisión administrativa que avalara tal disfrute es porque estas
correspondían a las vacaciones colectivas causadas durante el 2024 y a las
cuales el actor tenía derecho por el mencionado cambio legislativo. Este
escenario denota que queda pendiente por disfrutar las vacaciones
correspondientes al periodo laborado entre el 1° de enero de 2023 y el 31 de
diciembre de 2023.

Resulta incomprensible el motivo por el cual la Dirección Ejecutiva de la
Seccional de Administración Judicial de Neiva y el Tribunal Superior de Neiva
simplemente optaron por interpretar que con las vacaciones colectivas del
2024 se entendían disfrutadas las individuales correspondientes al 2023. Por
una parte, dicha interpretación carece de sustento legal y jurisprudencial.

Por la otra, mediante circular DEAJC24-47 de 13 de diciembre de 2024 la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial explícitamente estableció que
las vacaciones de los juzgados promiscuos de familia que pasaron del régimen
individual al colectivas correspondientes a la vigencia 2024 se disfrutarían en
la vacancia judicial colectiva de ese mismo año, esto es del 20 de diciembre
de 2024 al 10 de enero de 2025. Además, en dicho instrumento se dispuso
que los periodos causados en vigencias anteriores se disfrutarían en el año
2025. Veamos:

De lo anterior se desprende que la lectura adoptada por la Dirección Ejecutiva
de la Seccional de Administración Judicial de Neiva y el Tribunal Superior de
Neiva se encuentra en contravía de lo dispuesto en la circular DEAJC24-47 de
13 de diciembre de 2024, sin justificación alguna al respecto.

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La información contenida en la circular DEAJC24-47 de 13 de diciembre de
2024 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, además, se
encuentra en armonía con el artículo 2, literal c del Acuerdo PCSJA24-12172
de 2 de mayo de 20247 que establece que hay lugar al nombramiento de un
reemplazo cuando el servidor judicial perteneciente al régimen de vacaciones
individuales sea designado en juzgados del régimen de vacaciones colectivas
y le hayan quedado pendientes vacaciones por disfrutar.
Sin embargo, la Sala advierte que tal circular se expidió con posterioridad a la
causación del período de vacaciones que reclama el tutelante (año 2023).
Ahora bien, no se pasa por alto que la Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva
también sostuvo que «en relación con el periodo de vacaciones comprendido ente el 1 de
enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, este fue reconocido y cancelado con la nómina
de diciembre de 2024». Sin embargo, a renglón seguido dicha autoridad aseveró
que «el periodo de vacaciones que tiene pendiente corresponde a un periodo causado en el
régimen de vacaciones individuales, y tiene pendiente no solo por disfrutar si no su
reconocimiento económico».

Sobre este punto, se acreditó que en la nómina de octubre de 2024 se
cancelaron dos rubros por concepto de «1130 pago de vacaciones en tiempo», uno
por 19 días y valor de $8.044.315 y el otro por 6 días y valor de $2.540.310.
Asimismo, se comprobó que en diciembre de 2024 se pagaron, también por
concepto de «1130 pago de vacaciones en tiempo», 12 días por valor de $5.080.620
y 10 días por valor de $4.233.850. A su vez, se recuerda que mediante
resolución 086 de 15 de octubre de 2024 el Tribunal Superior de Neiva
reconoció al accionante 25 días de vacaciones remuneradas correspondientes
al periodo laborado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
Por lo tanto, se encuentra que el pago efectuado en la nómina de octubre de
2024 por 25 días de vacaciones correspondió al descanso del régimen
individual que le fue reconocido en ese mismo mes por el período de
vacaciones causado en el año de 2022.
A su vez, el pago efectuado en diciembre de 2024 por 22 días de vacaciones
corresponde al descaso colectivo por el año trabajado en el 2024. Por ende,
aunque la Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva aseveró que el pago por las
vacaciones del 2023 fue cancelado en la nómina de 2024, las pruebas
allegadas al expediente dan cuenta de que no fue así. De ahí que tanto el
reconocimiento de las vacaciones del 2023 como su pago aún se encuentran
pendientes.
Hecha tal precisión, la Sala considera que la lectura adoptada por la Dirección
Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Neiva y el Tribunal
Superior de Neiva implica la vulneración a los derechos fundamentales al
descanso y al trabajo en condiciones dignas del tutelante, debido a que impide
el disfrute de un periodo de vacaciones, pese a que este fue causado
debidamente tras un año completo de trabajo y, por ende, constituye un
derecho adquirido para el tutelante.

En esa línea, en sentencia de 5 de diciembre de 20248 esta Sección resolvió
un caso similar de una juez que en virtud del cambio legislativo hecho por la
7
Acuerdo PCSJA24-12172 de 2 de mayo de 2024. Artículo 2. «REEMPLAZO PARA SERVIDORES DEL RÉGIMEN DE
VACACIONES COLECTIVAS. No es procedente el reemplazo y la consecuente expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para funcionarios y empleados judiciales del régimen de vacaciones colectivas, salvo en las
siguientes excepciones:
a. Cuando el disfrute del periodo de vacaciones coincida con licencia por maternidad o paternidad.
b. Cuando el disfrute del periodo de vacaciones coincida con licencia por enfermedad.
c. Cuando el funcionario o empleado judicial del régimen individual sea designado en juzgados del régimen de
vacaciones colectivas y le hayan quedado pendientes vacaciones por disfrutar.
d. Cuando el funcionario o empleado judicial del régimen de vacaciones colectivas sea designado en programas de
descongestión judicial, cuya vigencia coincida total parcialmente con el periodo de la vacancia judicial».
8
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 5 de diciembre de 2024. Radicado: 11001-03-15-000-2024-05853-00.

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Ley 2430 de 2024 pasó del régimen individual de vacaciones al colectivo. En
esa oportunidad, las autoridades accionadas también negaron el
reconocimiento del descanso bajo el argumento de que las vacaciones que se
causaron bajo el régimen individual antes de la entrada en vigencia de la Ley
2430 de 2024 se entenderían disfrutadas al gozar de la vacancia colectiva de
la Rama Judicial del año 2024. Interpretación que fue desestimada por esta
Sección en los siguientes términos:
« 5.2.2. Para la Sala, las razones presentadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Popayán y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Popayán no encuentran sustento constitucional y legal, pues se trata de consideraciones
que comprometen la efectividad del derecho fundamental al descanso remunerado, en tanto
se está sacrificando el derecho adquirido y causado por la actora en un periodo de vacaciones -
5 de junio de 2022 al 4 de junio de 2023-, bajo la premisa de que su derecho no se vulnera en tanto
podrá disfrutar del periodo vacacional establecido para el régimen colectivo de vacaciones para
el año 2024, lo que desconoce que el periodo de descanso solicitado por aquella no corresponde
a las vacaciones causadas durante esta última calenda, sino a un periodo anterior. En efecto, como se anotó, en el expediente obra la certificación DESAJPOCER24 464 del 24
de julio de 2024, emanada del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Popayán, en la que consta que la accionante tiene causados y
pendientes de disfrute las vacaciones causadas en los periodos i) de 5 de junio de 2022 al 4
de junio de 2023 y ii) de 5 de junio de 2023 al 4 de junio de 2024, siendo el primero de estos
el que solicitó y le fue concedido cuando su régimen vacacional era individual. (…)
Conforme con lo anterior, para la Sala no son de recibo los argumentos de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, pues en el caso es claro que el
eventual disfrute de la vacaciones colectivas a partir del 20 de diciembre de la presente
anualidad por parte de la accionante, no presupone per se que a esta se le garantizará el uso,
disfrute y pago del periodo de vacaciones causado entre el 5 de junio de 2022 al 4 de junio de
2023 que le fue concedido y luego revocado unilateralmente. Al respecto se observa que, si bien la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Popayán manifiesta que la acumulación de periodos “es posible que no sea atribuible al
empleador”, lo cierto es que esa eventual circunstancia no puede fundamentar que a la actora
se le desconozcan los derechos adquiridos al descanso remunerado en el periodo que le había
sido concedido, por lo que la Sala amparará el derecho fundamental al descanso remunerado
de la actora, y ordenará que se adelanten las gestiones administrativas y presupuestales con
el fin de garantizarle el derecho al descanso de las vacaciones causadas y no disfrutadas en
el periodo comprendido entre el 5 de junio de 2022 al 4 de junio de 2023. En el caso se observa que ni la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán, ni ninguna de las autoridades demandadas ha ofrecido una fórmula que permita a la
accionante hacer uso de las vacaciones que causó y tiene pendientes de disfrute, que conforme
con la jurisprudencia citada constituyen un derecho adquirido, sino que todas se limitan a
afirmar que la determinación de dejar sin efectos el acto administrativo que le había concedido
las vacaciones desde el 18 de noviembre de la presente anualidad se encuentra conforme con
el cambio legislativo sobre la materia, lo que no resulta suficiente para considerar que el
derecho al descanso remunerado de la actora ha sido plenamente satisfecho.

Para la Sala, no es admisible que a través de la aplicación retroactiva de una ley se
desconozca el derecho adquirido al descanso remunerado de la actora, pues como ha sido
reconocido por la ley y reafirmado por la jurisprudencia constitucional “es claro que la
modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad,
de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquélla no
pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos
individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por
la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a
partir de su vigencia". En este sentido, el entendimiento que se le ha dado en este caso a la entrada en vigencia de
la Ley 2430 de 2024 desconoce el principio constitucional de irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en las normas laborales, consagrado en el artículo 53 superior,
particularmente, el derecho al descanso remunerado producto de la causación durante el
periodo comprendido entre el 5 de junio de 2022 y el 4 de junio de 2023, lo que se constituye
en un derecho adquirido conforme lo dispone el artículo 58 de la Carta Política» (Negrillas
propias).

Se considera, entonces, que limitar el derecho del tutelante a gozar de
vacaciones periódicas implica una afectación grave e inminente, en tanto que
se estaría obligando al cumplimiento de deberes laborales, sin el descanso

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05975-00
Demandante: Jairo Antonio Salazar Rodríguez

debido. Todo lo cual atenta contra el derecho fundamental al descanso y el
derecho al trabajo en condiciones dignas, y con esto a obligaciones
contempladas en instrumentos internacionales9 en materia laboral y a lo
dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política. Tal escenario podría
comprometer la salud mental y física del accionante, debido al ejercicio
continúo de tareas laborales sin el descanso necesario. Lo cual también
corrobora una afectación grave e inminente.

Adicionalmente, esta Sección ha reiterado que «asuntos de índole administrativa no
pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente les asiste
a los trabajadores, aún más si se tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas. (…) Impedir el derecho al
descanso con base en restricciones administrativas no es una carga que deban soportar las
actoras, puesto que las vacaciones constituyen una garantía fundamental que tienen todos los
empleados, por lo que no puede ser transgredida, ni en función del servicio ni por cuestiones
de índole presupuestal»10.

No cabe duda, entonces, de que el descanso es una garantía propia del
derecho al trabajo en condiciones dignas. Por lo que impedir su disfrute con
fundamento en restricciones administrativas resultaría ser una carga
desproporcionada que no debe soportar quien cumplió con todas las
condiciones para acceder al beneficio prestacional.
5.3. Finalmente, resta por decir que no se incluirá en tal orden lo relacionado con
los 3 días laborados en Semana Santa del año 2024, en tanto que estos días
deben tramitarse como compensatorios, ya que no corresponden al periodo
laborado en el año 2023, sino a la vigencia del 2024.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala amparará los derechos fundamentales al
descanso y al trabajo en condiciones dignas del tutelante.

En consecuencia, le ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva adelantar las
gestiones administrativas y presupuestales que sean del caso con el fin de que se
garantice el derecho al descanso remunerado del accionante y su consecuente
reemplazo, por el periodo de vacaciones causado entre el 1° de enero de 2023 al
31 de diciembre de 2023. Posteriormente, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Neiva deberá garantizar la materialización del derecho al disfrute del descanso
remunerado del actor, mediante el reconocimiento de las vacaciones
correspondientes a tales lapsos.

Sin embargo, no se incluirá en tal orden lo relacionado con los 3 días laborados en
Semana Santa del año 2024, en tanto que estos deben tramitarse como
compensatorios. Esto obedece a que estos no corresponden al periodo laborado en
el año 2023, sino, como se indicó, a la vigencia del 2024.

Finalmente, en virtud del artículo 24 del Decreto 2591, según el cual el juez de tutela
tiene la potestad de prevenir «a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado
para evitar la repetición de la misma acción u omisión», la Sala prevendrá a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Neiva para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas
que atenten contra los derechos fundamentales de descanso y al trabajo en
condiciones dignas de los servidores judiciales.
9
En el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se prevé que «Toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas». Asimismo, el PIDESC y el artículo 7 del Protocolo de San Salvador señalan que los trabajadores tienen derecho
al descanso.
10
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 26 de febrero de 2020. Radicado: 11001-03-15-000-2020-00143-00.
C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05975-00
Demandante: Jairo Antonio Salazar Rodríguez

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en condiciones
dignas del señor Jairo Antonio Salazar Rodríguez por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

2. En consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva que,
en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, adelanten las gestiones administrativas y
presupuestales que sean del caso con el fin de que se garantice el derecho al
descanso remunerado del señor Jairo Antonio Salazar Rodríguez y su
consecuente reemplazo, por el periodo de vacaciones causado entre el 1 de
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

Vencido ese término, ordenar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Neiva que, dentro de los cinco (5) días siguientes, garantice la materialización
del derecho al disfrute del descanso remunerado del actor, mediante el
reconocimiento de las vacaciones correspondientes al periodo de vacaciones
causado entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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