Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06450-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06450-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06450-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06450-00.
Accionante: John Jairo Rincón Preciado
Accionados: Consejo de Estado, Sección Quinta
Tema: Tutela contra providencia judicial.
Decisión: Niega el amparo de tutela por no configurarse los defectos alegados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por el señor John Jairo Rincón Preciado contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de la expedición de la providencia
judicial del 24 de octubre de 2024, dentro del medio de control de nulidad electoral
que se siguió bajo el radicado 15001-23-33-000-2023-00456-01, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político y a la igualdad.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
El señor John Jairo Rincón Preciado fue elegido el 29 de octubre de 2023 como
concejal del municipio de Sogamoso por el partido Movimiento Alternativo
Indígena y Social – MAIS, y frente a este hecho el señor Omar Javier Medina
Alfonso presentó una demanda de nulidad electoral.
La solicitud del señor Medina Alfonso estuvo sustentada en el hecho de que el
señor Rincón Preciado suscribió el 3 de enero de 2023, un contrato individual de
trabajo a término fijo inferior a un año, cuyo término de ejecución fue hasta el 31
de julio de 2023, con la empresa mixta de servicios públicos de Sogamoso S.A.
E.S.P. COSERVICIOS, cuya participación mayoritaria es del ente territorial.
Mediante sentencia1 del 9 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá
negó las pretensiones de la demanda.
La decisión fue apelada por el apoderado del señor Medina Alfonso, quien
argumentó que el actor se benefició de forma directa en la captación de sus
posibles electores pues prestó personalmente sus servicios en el cargo de cajero,
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Accionante: John Jairo Rincón Preciado.
lo que le permitió tener un vínculo directo con estos.
Por otro lado, sostuvo que pese a lo expuesto por el a quo, con referencia a que
no se determina la naturaleza jurídica de la ESP mixta dentro de una entidad
pública, en todo caso con la suscripción del contrato el accionante adquirió el
carácter de servidor público como trabajador oficial, por lo que estaba sujeto al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
La Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia
y declaró la nulidad de la elección del accionante.
2.2. Fundamento jurídico
La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada trasgredió los
principios de eficacia del voto, capacidad electoral, pro libertate, pro homine y el
de taxatividad e interpretación restringida en materia de inhabilidades electorales,
con lo que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a participar en
la conformación, ejercicio y control del poder político y a la igualdad.
Sostuvo que en su criterio la decisión objeto de cuestionamiento incurrió en los
siguientes defectos:
2.2.1. Defecto sustantivo: Afirmó que la Sección Quinta de esta corporación dio
una aplicación incorrecta a la normativa, toda vez que no tuvo en cuenta que las
ESP mixtas se regían por normas de derecho privado y no público.
En ese entendido, el actor consideró que la accionada desatendió y omitió aplicar
los numerales 3º y 4º del artículo 1º del Código Electoral, así como el artículo 27
de la Ley 142 de 1994.
Aunado a lo anterior, expuso que el artículo 38 de la Ley 489 de 1992 tampoco
enlistó entre los organismos y entidades del poder público a las ESP mixtas.
Por otro lado, expuso que, en la sentencia del 17 de mayo de 2018, la Sección
Quinta del Consejo de Estado2 señaló que una “empresa de servicios públicos
mixta, no tiene calidad de autoridad y tampoco de particular en ejercicio de
funciones públicas”.
Asimismo, citó la sentencia T-1212 de 2004 de la Corte Constitucional y un
concepto3 de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación en los que
se determinó que este tipo de empresas de servicios públicos domiciliarios tienen
un régimen privado y no pueden considerarse como entidades públicas al no
formar parte del organigrama descentralizado por servicios de la rama ejecutiva
del poder público.
2 Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado: 68001-23-33-000-2018-00212-01 del 17 de mayo de 2018,
magistrada ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
3 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia del 28 de enero de 1999, magistrado
ponente: Javier Henao Hidrón.
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Accionante: John Jairo Rincón Preciado.
Alegó que consideraba que el criterio dispuesto en el artículo 104 del CPACA con
respecto a lo que se entiende por entidad pública solamente aplicaba con relación
a ese código, por lo que para el caso de la inhabilidad estudiada debía aplicarse
lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, que nada decía sobre el particular.
Aunado a lo expuesto, manifestó que el contrato de trabajo suscrito no era de
naturaleza estatal sino privada, no había sido publicado en la plataforma del
SECOP por estar gobernado por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo
y no existía norma que indicara que un trabajador particular tuviera inhabilidad
para postularse como concejal.
2.2.2. Defecto por violación directa de la Constitución: el actor expuso que la
accionada vulneró el artículo 13 constitucional, así como el derecho fundamental
al debido proceso y al respeto a las garantías procesales, pues se le aplicó la ley
de forma injusta, teniendo en cuenta que no se podía equiparar a un trabajador
subordinado de una empresa de servicios públicos privada y mixta, a uno de una
empresa de servicios públicos oficiales.
Por lo anterior, manifestó que, en su criterio, no le era aplicable el numeral 3º del
artículo 40 de la Ley 617 de 2000, pues la autoridad judicial accionada le estaría
dando un trato diferenciado a los dos tipos de trabajadores referidos con respecto
al régimen de inhabilidades.
2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…) PRIMERO: Sírvanse Honorables Magistrados AMPARAR MIS
DERECHOS FUNDAMENTALES A ELEGIR Y SER ELEGIDO, AL DEBIDO
PROCESO Y A LA IGUALDAD que fueron vulnerados con la sentencia de
segunda instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el
día 24 de octubre de 2024 dentro del medio de control de nulidad electoral
adelantado bajo radicado 15001-23-33-000-2023-00456-01.
SEGUNDO: Sírvanse Honorables Magistrados DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado el día 24 de octubre de 2024 dentro del medio de control de nulidad
electoral adelantado bajo radicado 15001-23-33-000-2023-00456-01.
TERCERO: Sírvanse Honorables Magistrados ORDENAR A la Sección
Quinta del Consejo de Estado adoptar una nueva decisión de reemplazo
sobre el caso concreto en el sentido de CONFIRMAR la sentencia de primera
instancia por no configurarse el elemento material de la inhabilidad endilgada
en aplicación de los principios rectores del derecho electoral, y en protección
de los derechos que se invocan.». (Sic a toda la cita)
2.4. Intervenciones
La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto 4 del 26 de
noviembre de 2024, a través del cual se ordenó notificar a la Sección Quinta del
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Consejo de Estado como accionada y como terceros interesados en el resultado
del proceso a la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá,
la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, el
Concejo Municipal de Sogamoso, el Movimiento Indígena y Alternativo y Social -
MAIS, la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A y al señor Omar Javier
Medina Alfonso.
Asimismo, se notificó de la acción a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para lo de su competencia. Por otro lado, no se decretó la medida
provisional solicitada por la parte actora.
El 16 de enero5 de 2025, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
impedimento para conocer del presente asunto en atención a que sostenía una
amistad intima con la Dra. Gloria María Gómez Montoya, quien suscribió la
providencia de segunda instancia que se discute en esta sede.
En atención a que la Sala de Subsección no contaba con el quórum necesario
para resolver la manifestación de impedimento, por auto del 24 de enero de 20256,
se ordenó el sorteo de conjueces.
No obstante, dado que el doctor Juan Camilo Morales Trujillo se incorporó como
nuevo magistrado a partir del 4 de febrero de 2025, se integró la Sala y por auto
del 20 de febrero de 2025, se declaró infundado el impedimento manifestado por
el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez.
2.4.1. El Consejo Nacional Electoral7, solicitó ser desvinculado de la acción por
no estar legitimado en la causa por pasiva.
2.4.2. El señor Luis Germán Peña García8, actuando en calidad de apoderado
del señor Omar Javier Medina Alfonso, quien fungió como demandante en el
medio de control de nulidad electoral, solicitó se declarara improcedente la acción,
por no cumplir con los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencia
judicial.
2.4.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil9, a través del jefe de la Oficina
Jurídica solicitó desvincular a esa entidad de la acción constitucional por no haber
trasgredido los derechos fundamentales del accionante, ni estar legitimada en la
causa por pasiva. Aunado lo anterior, expuso que el actor estaba utilizando
inadecuadamente la solicitud de amparo como si se tratase de una tercera
instancia.
2.4.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado10, a través de la magistrada
Gloria María Gómez Montoya, solicitó declarar la improcedencia de la acción por
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no cumplir con el requisito de relevancia constitucional o en su defecto negar las
pretensiones de la demanda.
2.4.4. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes
3.2. Cuestión previa
De conformidad con el artículo 86 de la constitución política y el artículo 1.° del
Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, de
manera excepcional, contra particulares.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa
por pasiva en sede de tutela se refiere «a la aptitud legal de la persona contra
quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental».11
Sobre el particular, se tiene que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral solicitaron que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva por inexistencia de un nexo de causalidad entre la presunta
vulneración de derechos fundamentales invocados en protección y estas
entidades.
No obstante, es menester señalar que por auto calendado el 26 de noviembre de
2024, se ordenó vincular a la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo
Nacional Electoral por tener interés en el resultado del proceso y con la finalidad
de garantizar su derecho a la defensa.
Así las cosas, la Sala procederá a negar las solicitudes de desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con las consideraciones
anteriormente expuestas.
3.3. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la providencia del 24 de
octubre de 2024, que revocó la decisión del 9 de julio de 2024 proferida por la Sala
de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá, incurrió en los defectos
sustantivo y de violación directa de la Constitución.
11 Sentencia T- 1051 de 2006, MP. Álvaro Tafur Galvis.
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3.4.- Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por
parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados
en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de
defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que
aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando
no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
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3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de un presunto defecto sustantivo y de violación directa de la
Constitución en la decisión reprochada, y el actor cumplió con la carga
argumentativa mínima requerida que permite evidenciar que no se trata de un
reproche meramente legal.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de
la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»12.
En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se
mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas
de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por
su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en
su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias
12Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
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judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de
una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar
justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido
y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque,
a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»13.
Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la
normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.
3.6. La violación directa de la Constitución Política como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial
En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
13 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
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providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«[…] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre
otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto
se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un
caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación
claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar
la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los
postulados superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de
las partes en el proceso.
Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar
que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor
normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de
tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados14.»
3.7.- Análisis de los defectos de violación directa de la Constitución y
sustantivo en la sentencia del 24 de octubre de 2024:
Se procede a estudiar la supuesta existencia de los defectos alegados en la
providencia de manera conjunta, al estar íntimamente relacionados conforme al
planteamiento del actor en su escrito de tutela.
El actor argumentó que la autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo al
interpretar incorrectamente la normativa. Según él, la accionada no aplicó
adecuadamente los numerales 3º y 4º del artículo 1º del Código Electoral y el
artículo 27 de la Ley 142 de 1994.
Alegó que consideraba que el criterio dispuesto en el artículo 104 del CPACA con
respecto a lo que se entiende por entidad pública solamente aplicaba con relación
a ese código, por lo que para el caso de la inhabilidad estudiada debía aplicarse
lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, que nada decía sobre el particular.
Por otro lado, sostuvo que el sustento de la providencia atacada estuvo basado
en una sentencia referente a las sociedades de economía mixta que no aplicaba
a su caso, con lo que la accionada realizó una interpretación extensiva respecto
al concepto de entidad pública.
Afirmó que la Sección Quinta, en su tesis, vulneró el derecho a la igualdad al
equiparar las empresas de servicios públicos oficiales con las mixtas y privadas,
como entidades públicas.
14 Corte Constitucional, sentencia T – 587 de 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente:
Alberto Rojas Ríos.
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Accionante: John Jairo Rincón Preciado.
Respecto al presunto defecto de violación directa de la Constitución, reiteró el
argumento expuesto en precedencia, planteando la supuesta existencia de un
trato diferenciado respecto de las inhabilidades para postularse al Concejo
Municipal, entre los trabajadores subordinados de las empresas de servicios
públicos privadas y mixtas con relación a los trabajadores de las empresas de
servicios públicos oficiales.
Ahora bien, al revisar la decisión objeto de cuestionamiento, la Sección Quinta del
Consejo de Estado realizó el siguiente análisis:
«[…] 70. En el caso bajo estudio se encuentra acreditado, y no es objeto
de discusión: i) que el señor John Jairo Rincón Preciado resultó electo
concejal del municipio de Sogamoso para el periodo 2024-2027, como se
desprende del formulario E-26 CON del 29 de octubre de 2023; ii) que
suscribió contrato de trabajo individual el 3 de enero de 2023 con la
Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P- Coservicios-, y
iii) que el lugar de ejecución de este fue el municipio de Sogamoso.
71. El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A.
E.S.P- Coservicios-, es una sociedad de naturaleza mixta y en este sentido
al no tratarse de una entidad pública el señor John Jairo Rincón Preciado
no se encontraba incurso en la causal de inhabilidad, asimismo, precisó
que las entidades mixtas se rigen por las reglas de derecho privado, para
finalmente concluir que no se acreditó la causal alegada.
72. Contrario a lo concluido por el tribunal de instancia el apelante afirmó
que la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P-
Coservicios-,es una entidad de naturaleza pública y que el a quo en su
fallo desconoció el precedente vinculante de la sentencia C-736 de 2007,
que estudió la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 142 de 1994,
numeral 6 y precisó que deben entenderse estas sociedades de naturaleza
mixta como entidades que forman parte de la Rama Ejecutiva del sector
descentralizado nacional, sentencia de la que no puede apartarse el
juzgador de instancia, como equivocadamente se hizo, por lo que solicitó
se revoque la decisión apelada.
(…)
75. De conformidad con lo anterior, se desprende que la entidad es una
empresa de servicios públicos mixta, anónima, sujeta a las reglas del
derecho privado.
(…)
76. Asimismo, en los estatutos se estableció en su artículo 3 que prestará
los servicios públicos domiciliarios determinados en la ley, para lo cual
puede ejecutar todas las actividades conexas y complementarias,
especialmente las siguientes:
77. En este punto, es importante traer a colación el artículo 14 de Ley 142
de 1994, que contiene los siguientes conceptos:
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14.21. Servicios públicos domiciliarios. Son los servicios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada,
telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible, tal como se define
en este capítulo.
78. Por lo anterior, se puede concluir que las actividades que presta la
organización son de aquellas que la ley consagra como servicios públicos
domiciliarios, las cuales se encuentran acreditadas dentro del objeto social
de la empresa.
79. Respecto de la constitución y participación accionaria de la Empresa
de Servicios Públicos de Sogamoso S.A, E.S.P, Coservicios, se encuentra
que su mayor accionista es el municipio de Sogamoso con el 62,40%,
(…)
80. Ahora bien, conviene advertir que en el concepto 113811 de 2020
concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública se
pronunció sobre la naturaleza de entidad pública de las empresas de
servicios públicos mixtas, postura también que fue expuesta por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en la cual se resaltó que dichas empresas
pertenecen a la estructura del Estado en los términos de la Ley 489 de
1998.
81. En igual sentido, en concepto 2454 de 2020, la Sala de Consulta y
Servicio Civil precisó que tales empresas son una tipología especial
de entidades públicas que no deben confundirse con las sociedades
de economía mixta. Al respecto, sostuvo que: «si bien están constituidas
por capital público y privado, al igual que una sociedad de economía mixta,
son una tipología especial de entidades públicas, que tienen un
régimen y una naturaleza jurídica propios, por así determinarlo el
constituyente primario en los artículos 365 y 367 de la Constitución,
características que están definidas en la Ley 142 de 1994» (resalto fuera
de texto)
82. Estas empresas mixtas constituyen una tipología especial de entidades
públicas, con un régimen y una naturaleza jurídica propios, definidos por
la Ley 142 de 1994, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 365 y
367 de la Constitución Política. Su naturaleza jurídica y régimen propios
las diferencian de las sociedades de economía mixta, tal como lo aclaró la
Corte Constitucional, en la Sentencia C-736 de 2007, específicamente en
los numerales 5.2 y 5.3 en el que precisó que las empresas de servicios
públicos mixtas son de naturaleza pública, asimismo, señaló: (…) la Corte
estima que la naturaleza y el régimen jurídico especial de la prestación de
los servicios públicos dispuesto por el constituyente en el artículo 365 de
la Carta impiden considerar que las empresas de servicios públicos
constituidas bajo la forma de sociedades por acciones, en las cuales
concurran en cualquier proporción el capital público y el privado, sean
“sociedades de economía mixta”. A juicio de la Corporación, y por lo dicho
anteriormente, se trata de entidades de tipología especial expresamente
definida por el legislador en desarrollo de las normas superiores antes
mencionadas, que señalan las particularidades de esta actividad. (...) Por
todo lo anterior, la Corte encuentra que cuando el numeral 6 del artículo
14 de la Ley 142 de 1994 dispone que una empresa de servicios públicos
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mixta “(e)s aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o
las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o
superiores al 50”, y cuando el numeral 7 de la misma disposición agrega
que una empresa de servicios públicos privada “(e)s aquella cuyo capital
pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de
convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos
efectos a las reglas a las que se someten los particulares”, simplemente
está definiendo el régimen jurídico de esta tipología especial de entidades,
y estableciendo para este propósito diferencias fundadas en la mayor o
menor participación accionaria pública. (resalto fuera de texto)
83. Es así como el alto Tribunal Constitucional, en la mencionada
sentencia, señaló que no pueden confundirse a las empresas de servicios
públicos mixtas con las sociedades de economía mixtas, pues son dos
clases diferentes de entidades, y reiteró la naturaleza especial de aquellas
para finalmente señalar que las empresas de servicios públicos mixtas, si
bien están constituidas por capital público y privado, al igual que una
sociedad de economía mixta, son una tipología especial, que tienen un
régimen y una naturaleza jurídica propios, por así determinarlo el
constituyente primario en los artículos 365 y 367 de la Constitución,
características que están definidas en la Ley 142 de 1994, como se indicó.
84. Lo anterior nos lleva a concluir que las empresas de servicios públicos
mixtas son sociedades por acciones, constituidas tanto por capital público
como por privado, en las que los aportes estatales son iguales o superiores
al 50% del capital total de la sociedad (Ley 142 de 1994, artículos 14.6 y
17).
85. Por su parte, el artículo 104 del CPACA establece lo siguiente:
ARTÍCULO. 104.—De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La
jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer,
además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales,
de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que
estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa. (...) PARÁGRAFO. — Para los solos
efectos de este código, se entiende por entidad pública todo órgano,
organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las
sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual
o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación
estatal igual o superior al 50%”. (Resalto fuera de texto)
86. En suma, puede concluirse que: i) la Empresa de Servicios
Públicos de Sogamoso S.A., E.S.P. - Coservicios, es una empresa de
servicios públicos mixta por contar con aportes públicos superiores
al 50% y, en esa medida, detenta la calidad de entidad pública, ii) es
una entidad de tipología especial, pero su naturaleza es pública, por
así determinarlo los artículos 365 y 367 de la Constitución,
características que están definidas en la Ley 142 de 1994. 87. Lo
anterior implica que, al ser la Empresa de Servicios Públicos de
Sogamoso, S.A E.S.P una entidad de naturaleza pública se cumple con el
elemento objetivo que conlleva a la concreción de la inhabilidad, en tanto,
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tal como se acreditó el demandado suscribió dentro del término
inhabilitante un contrato con aquella, (…)
88. Para determinar si en efecto la parte demandada se encuentra
dentro de la inhabilidad alegada, debe verificarse si se cumple con el
verbo rector “celebrar contratos” a partir del extremo temporal
prohibido, esto es, desde el 29 de octubre de 2022 al 29 de octubre de
2023 y tal como se indicó en precedencia se encontró acreditado que
John Jairo Rincón Preciado suscribió contrato de trabajo individual
el 3 de enero de 2023 con la Empresa de Servicios Públicos de
Sogamoso S.A. E.S.P- Coservicios-, es decir, dentro del período
inhabilitante.
89. Posición que ha sido sostenida por la Sección a señalar que «En otras
palabras, la inhabilidad de “celebración de contratos” se materializa sí y
solo sí el negocio jurídico correspondiente se celebró o suscribió dentro
del periodo inhabilitante. Cosa distinta es que también se requiera
demostrar que la ejecución o cumplimiento del contrato celebrado se
realizó en la respectiva circunscripción electoral en la cual el candidato
resultó elegido».
90. Por lo anterior, la inhabilidad establecida en el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617 de 2000, establece que la inhabilidad tiene que ver con la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel
en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito,
circunstancias que se acreditaron en el caso sub judice.
91. Acorde con lo expuesto, en este caso no existe duda de la
concreción del elemento material u objetivo de la causal de
inhabilidad contenida en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de
2000, por encontrarse probado que el demandado suscribió contrato
con la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P-
Coservicios, entidad que como se dijo en precedencia es de tipología
especial de naturaleza pública. Además, el hecho de que la relación
con la entidad provenga de un contrato de trabajo que se rige por
normas de derecho privado, esta circunstancia no cambia la
naturaleza pública de la entidad con la que lo celebró que es lo que
hace que se configure la causal de inhabilidad.
92. Tal como se ha señalado de forma pacífica por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, la inhabilidad estudiada proscribe a los
candidatos la celebración de contratos con entidades públicas,
dentro de los 12 meses anteriores a la elección, esto es, entre el 29
de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023, elemento que se
encontró acreditado dentro del proceso.
93. Así las cosas, es procedente revocar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, toda vez que el
señor John Jairo Rincón Preciado incurrió en la causal de
inelegibilidad prevista en el artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994
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modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. “[…]”» (Negrilla y
subrayado fuera de texto).
A partir de la transcripción de la providencia la Sala encuentra que no se
configuraron los defectos endilgados, puesto que los argumentos expuestos
resultan plausibles, y se basan en una interpretación razonable de las
disposiciones que rigen el caso concreto.
No se evidenció que la accionada utilizara una norma claramente inaplicable al
caso o dejara de aplicar la que evidentemente lo era, ni optara por una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica,
por lo que la providencia no adoleció de defecto sustantivo alguno.
Por el contrario, la decisión se basó tanto en las disposiciones de la Ley 617 de
2000 y 142 de 1994, como en la interpretación que de las mismas ha realizado el
mismo Consejo de Estado, tanto en su función consultiva como en la de máximo
órgano de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez15, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.
Visto lo anterior, lo que queda demostrado, es que la autoridad judicial accionada
no incurrió en los defectos endilgados ni vulneró ningún derecho fundamental del
accionante; en particular, el del acceso a la administración de justicia, pues se
evidenció que siempre fue respetuosa del debido proceso y que el accionante
simplemente pretendió defender la interpretación de la normativa que considera
acertada.
Así las cosas, la Sala considera que no hay lugar amparar los derechos
fundamentales del señor John Jairo Rincón Preciado al no demostrarse la
configuración de los defectos sustantivo y de violación directa de la Constitución
alegados por este.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral, de conformidad con las razones anteriormente
expuestas.
15 Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina
Pardo Schlesinger.
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Accionante: John Jairo Rincón Preciado.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela por no configurarse los
defectos alegados con relación a la providencia del 24 de octubre de 2024
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Tercero: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada esta providencia, envíese a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIERREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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