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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2023-00456-01

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2023-00456-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, el 9 de julio de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en su lugar, DECLÁRASE la nulidad del acto de elección de John Jairo Rincón Preciado, concejal del municipio de Sogamoso (Boyacá), periodo 2024-2027, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: En consecuencia, cancélase la credencial de concejal, la cual se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 15001-23-33-000-2023-00456-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

24 de octubre de 2024

Demandante: Omar Javier Medina Alfonso
Demandado: John Jairo Rincón Preciado, concejal del municipio de
Sogamoso (Boyacá), periodo 2024-2027
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00456-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00456-01
Demandante: Omar Javier Medina Alfonso
Demandado: John Jairo Rincón Preciado, concejal del municipio de
Sogamoso (Boyacá), periodo 2024-2027

Temas: Inhabilidad por la celebración de contratos prevista en el
numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Elementos que la
configuran

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
Cuarta, del 9 de julio de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El ciudadano Omar Javier Medina Alfonso, actuando a través de apoderado en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la
Ley 1437 del 2011, presentó demanda, el 5 de diciembre de 20231, en la que solicitó la
nulidad del acto de elección del señor John Jairo Rincón Preciado como concejal del
municipio de Sogamoso (Boyacá) para el periodo constitucional 2024-20272.

1.2. Hechos

Sostuvo el demandante lo siguiente:

2. Que el señor John Jairo Rincón Preciado se inscribió como candidato al Concejo del
municipio de Sogamoso y resultó electo el 29 de octubre de 2023.

3. Adujo que el 3 de enero de 2023, celebró el contrato individual de trabajo 044, como
trabajador oficial, con la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P.,
Coservicios, prestaciones que se ejecutaron en el municipio de la elección hasta el 31
de julio de 2023.
1
Samai índice 0003 (índice 001 del expediente principal)
2
Como consta en el formulario E-26 CON del 3 de noviembre de ese año, por medio del cual se declaró la elección.
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Demandante: Omar Javier Medina Alfonso
Demandado: John Jairo Rincón Preciado, concejal del municipio de
Sogamoso (Boyacá), periodo 2024-2027
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00456-01

1.3. Concepto de la violación

4. La parte actora consideró que la elección cuestionada es nula en virtud de lo
dispuesto en los artículos 258 y 265 de la Constitución Política, 40.3 de la Ley 617 de
2000 y 275.5 de la Ley 1437 de 2011.

5. Señaló que en el caso concreto el acto de elección se encuentra viciado de nulidad
por infracción de las normas en que debía fundarse y falsa motivación, en tanto, el
señor John Jairo Rincón Preciado se encontraba incurso en causal de inhabilidad
relativa a la celebración de contratos durante el año anterior a la elección, con una
entidad pública, esto es, la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P. –
Coservicios, sociedad de naturaleza mixta que tiene aportes del Estado en un 62.40%.

1.4. Trámite procesal de primera instancia

6. El despacho conductor de primera instancia inadmitió la demanda3; la cual fue
subsanada el 13 de diciembre de 2023; el 18 de enero de 2024 se ordenó correr
traslado de la medida cautelar y mediante auto de 5 de marzo de 2024 se admitió la
demanda y se negó la cautela4.

7. El demandado5, mediante apoderado, contestó la demanda y expuso como
argumento defensivo central, que en el presente caso no se acreditó el supuesto
material para la configuración de la causal de nulidad, e indicó que el contrato
celebrado entre el señor Rincón Preciado y la Empresa de Servicios Públicos de
Sogamoso S.A. E.S.P., Coservicios, es un contrato de trabajo individual regido por
reglas de derecho privado.

8. Manifestó que la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P.,
Coservicios, es una sociedad anónima constituida por capital de derecho público y
privado cuyos aportes públicos se regulan por el derecho privado, además que esta
clase de personas jurídicas no fueron consagradas por el legislador en el artículo 38 de
la Ley 489 de 1992 como integrantes del poder público.

9. Sostuvo que la vinculación del señor John Jairo Rincón Preciado no se dio como
contratista ni como servidor público, sino que fue vinculado mediante una relación
contractual de derecho privado y en este escenario no se cumple con el presupuesto
para que se configure la inhabilidad invocada, para lo cual citó el concepto de la
Función Pública que en consulta realizada le informó que «un empleado de una empresa
de servicios públicos mixta no se encuentra inhabilitado para aspirar al concejo municipal, en el
entendido de que no tiene la calidad de empleado público y, en ese sentido, no le es aplicable
el régimen de inhabilidades ».

10. Indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá6 estudió la naturaleza jurídica de la
Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., Coservicios, y señaló que es
3
Mediante auto de 12 de diciembre de 2023, con el fin de que precisara los requisitos de la demanda esto es la precisión, claridad y
debida acumulación de pretensiones y los fundamentos de derecho. (sic)
4
Decisión que fue recurrida mediante recurso de reposición la cual fue negada mediante auto de 9 de abril de 2024
5
Índice 003 Samai (documento 056 al 66 del expediente principal)
6
Tribunal Administrativo de Boyacá, sentencia del 26 de junio de 2023, MP: Felix Alberto Rodríguez Riveros. Rad.
15759333300220230008401.
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una empresa mixta con carácter de anónima, sujeta a las reglas de derecho privado y a
las normas que regulan a las empresas de servicios públicos, además que no tiene la
calidad de autoridad, en tanto no ejerce poder derivado del Estado.

11. Citó el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, para precisar que las personas que se
vinculan a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas tienen el carácter de
trabajadores particulares y están sometidas al Código Sustantivo del Trabajo.

12. Concluyó que el señor Rincón Preciado: (i) no celebró un contrato con una entidad
estatal, porque la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P.,
Coservicios, es una sociedad regida bajo el derecho privado por disposición legal y
jurisprudencial, y (ii) el contrato celebrado no es de naturaleza estatal, por tratarse de
un contrato de trabajo gobernado por el Código Sustantivo del Trabajo, en este sentido
afirmó que no incurrió en causal de inhabilidad para ocupar el cargo de concejal.

13. El Consejo Nacional Electoral7 propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva.

14. Por su parte, la Registraduría Nacional del Servicio Civil, no contestó la demanda.

15. Mediante providencia del 28 de mayo de 2024, el tribunal en virtud de lo establecido
en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, dispuso: i) dar aplicación a la figura de la
sentencia anticipada, ii) decretar pruebas, iii) fijar el litigio8 y iv) correr traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía,
rindiera concepto.

16. Las partes alegaron de conclusión, reiterando los argumentos expuestos en la
demanda y su contestación.

17. El Ministerio Público9 estimó que debía negarse la nulidad, toda vez que
Coservicios es una empresa de naturaleza mixta, descentralizada cuyo objeto es la
prestación de servicios públicos la cual se encuentra sujeta a la Ley 142 de 1994 y, en
los aspectos no previstos por ella, a la Ley 489 de 1998, debido a que son entidades de
naturaleza jurídica especial.

18. Indicó que en el caso concreto se encuentra acreditado que el señor John Jairo
Rincón Preciado suscribió un contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un
año con la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P. - Coservicios,
entidad descentralizada, cuya vigencia se extendió entre el 3 de enero y el 31 de julio
de 2023, y desempeñó el cargo de cajero en la Dirección de Finanzas y Administración.

7
Índice 003 Samai (documento 058 del expediente principal)
8
De conformidad con el inciso segundo del literal d) del numeral 1, artículo 182 A, de la Ley 2080 de 2021, resulta procedente fijar
el litigio en los siguientes términos: ¿El acto administrativo electoral contenido Formulario E 26 CON de 3 de noviembre de 2023,
mediante el cual se declaró la elección del demandado se encuentra viciado de nulidad por infracción de las normas en que debía
fundarse y falsa motivación, debido a la posible configuración de la causal de inhabilidad contenida en el artículo 40.3 de la Ley 617
de 2000, relacionada con la celebración de contrato con entidad pública dentro del año anterior a la fecha de inscripción de la
candidatura?
¿Se configura o no la falta de legitimación en causa propuesta por el CNE?
9
Indice 0003 Samai (expediente principal índice 76)
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19. Precisó que el ejercicio del cargo de cajero bajo la modalidad de contrato a término
fijo no puede entenderse como una situación prohibitiva para participar en política a la
luz de las disposiciones constitucionales y legales.

20. Añadió que los artículos 127 constitucional y 40 de la Ley 617 de 2000 consagran
prohibiciones en materia de participación en política por parte de servidores públicos,
dentro de las cuales no se encuentran cobijados los trabajadores oficiales como el
demandante.

21. Por lo tanto, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.

1.5. Sentencia de primera instancia

22. Mediante providencia del 9 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión Cuarta, negó las pretensiones de la demanda al no encontrarse
acreditada la causal de inhabilidad alegada por la parte actora.

23. Para ello, indicó que el 3 de enero de 2023 el señor John Jairo Rincón Preciado
suscribió con la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., Coservicios,
el contrato individual de trabajo 044 de 2023 a término fijo inferior a un año, cuyo objeto
fue desempeñar el cargo de cajero, el plazo de ejecución transcurrió entre el 3 de enero
y el 31 de julio de 2023 y se cumplió en el municipio de Sogamoso.

24. Sostuvo que en el contrato se estipularon las siguientes funciones:

• Cumplir procedimientos establecidos para el manejo de valores.
• Realizar el cobro de conformidad con los procedimientos establecidos.
• Facilitar el servicio a los clientes internos y externos.
• Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad
administrativa.
• Conciliar los movimientos de depósitos, retiros y pagos por transferencias de acuerdo con
las normas de la entidad.
• Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el nivel, naturaleza y área de
desempeño.

25. Señaló que la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P.,
Coservicios, es una entidad de naturaleza mixta, con carácter de sociedad anónima por
acciones, sujeta a las reglas de derecho privado y a las normas que rigen a las
empresas de servicios públicos, su objeto social es la prestación de servicios públicos
domiciliarios y el 62.40% de su capital es público, tal como se extrae de los estatutos
sociales.

26. Indicó que al analizar los elementos que componen la causal de inhabilidad
consagrada en el artículo 40.3 de la Ley 617 de 2000, encontró acreditado los
siguientes elementos:

• Temporal: el contrato se suscribió el 3 de enero de 2023, esto es, durante el
anterior a la elección, el cual transcurrió entre el 28 de octubre de 2022 y el 28 de
octubre de 2023.
• Modal o subjetivo: el negocio jurídico fue suscrito por el demandado en interés
propio.
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• Territorial: el lugar de ejecución fue la sede principal de Coservicios en el
municipio de Sogamoso, misma municipalidad donde se produjo la elección.

27. Sin embargo, manifestó que no se encuentra acreditado el material u objetivo que
se refiere a que el contrato sea celebrado con una entidad pública, toda vez que la
Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., Coservicios, es de
naturaleza mixta, en tanto posee un capital público del 62.40%.

28. Respecto de la naturaleza de la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A.
E.S.P., Coservicios, indicó que está constituida como sociedad anónima (artículo 17 de
la Ley 142 de 1994) bajo la forma de entidad mixta, que, como lo establece el artículo
14.6 de la misma, se trata de «aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o
las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%.
En tal sentido, Coservicios S.A. E.S.P. ostenta capital público y privado».

29. Así las cosas, precisó que, de conformidad con el régimen jurídico aplicable en
materia de contratación, salvo disposición en contrario, las empresas que presten
servicios públicos no estarían sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, sino que sus contratos se regirían por las reglas del derecho
privado (civil, comercial y laboral).

30. Teniendo en cuenta lo anterior, sostuvo finalmente que la inhabilidad se acredita
cuando el contrato se ha celebrado con una empresa pública y en el sub judice fue
celebrado con una entidad de naturaleza mixta que se rige por las reglas de derecho
privado, en este sentido no se encuentra acreditada la causal de inhabilidad alegada.

31. Respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta
por el CNE, dispuso declararla probada10.

1.6. Recurso de apelación

32. El apoderado del demandante11, mediante escrito de 17 de julio 2024, apeló la
anterior providencia y expuso los siguientes motivos de inconformidad.

33. Además, indicó que existe un vacío normativo en cuanto a la naturaleza jurídica de
la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., Coservicios, por lo que no
puede aplicarse una interpretación distinta a la restrictiva o taxativa, en tanto vulnera
derechos políticos, para afirmar que el demandado celebró un contrato de trabajo con
una empresa de naturaleza mixta que tiene la calidad de entidad pública.

34. Sostuvo que la anterior decisión conlleva a celebrar cualquier tipo de acto jurídico
con entidades de tal naturaleza sin que dicho vínculo pueda llevar a una causal de
inhabilidad, además, refirió que el tribunal se apartó del precedente vinculante de la
sentencia C-736 de 2007, que estudió la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 142

10
Como se expuso, el sustento de la presunta nulidad del acto acusado no fue otro que la celebración de un contrato con una
empresa de servicios públicos mixta. Lo que derivó en causal de inhabilidad. Si bien, con arreglo al artículo 33 de la Ley 1475 de
2011, el CNE ostenta competencia para la verificación de eventuales inhabilidades, lo cierto es que el objeto de la demanda no se
circunscribió a acción u omisión en tal sentido, así como tampoco se realizó imputación fáctica ni jurídica en contra de la referida
autoridad electoral. Razones suficientes para considerar que no hay lugar a continuar con su comparecencia como parte
procesal, dado que, carece de legitimación en causa para resistir las pretensiones de la demanda
11
Índice 0003 Samai (documento 083 del expediente principal)
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de 1994, numeral 6, que precisó que deben entenderse estas sociedades de naturaleza
mixta como entidades que forman parte de la Rama Ejecutiva del sector
descentralizado.

35. Reiteró que en el presente caso se acreditaron los elementos que conllevan a la
causal de inhabilidad, para precisar que las funciones asignadas al señor John Jairo
Rincón Preciado permitían tener un vínculo directo con los usuarios y acceso a las
bases de datos, situación que le genera ventaja con relación a los demás candidatos.

36. Finalmente solicitó que se revoque la decisión y en su lugar se declare que el señor
Rincón Preciado incurrió en la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3 del
artículo 40 de la Ley 617 de 2000, principalmente frente a la concurrencia del requisito
material u objetivo, dado que no puede caber interpretación distinta a la cual obliga la
ratio decidendi de la sentencia C-736 de 2007, respecto a la condición de empresas de
servicios públicos, como entidad pública, que forma parte de la Rama Ejecutiva en su
sector descentralizado y sus consecuencias frente a las pretensiones de la demanda.

1.7. Auto que concedió el recurso de apelación

37. El Tribunal Administrativo de Boyacá, el 13 de agosto de 2024, concedió el recurso
de apelación interpuesto por el demandante.

1.8. Actuaciones en segunda instancia

38. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del
28 de agosto de 2024, admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegaciones finales.

39. El apoderado del demandante12 reiteró los argumentos presentados en la demanda
y en la sustentación del recurso de apelación para sostener que las empresas de
servicios públicos mixtas que hacen parte de la administración se encuentran
clasificadas como descentralizadas sometidas a un régimen jurídico propio de los
servicios, situación que fue desconocida por el tribunal en tanto se apartó del
precedente de la Sentencia C-736 de 2007, que establece que las empresas de
servicios públicos mixtas forman parte de la Rama Ejecutiva del poder público en su
sector descentralizado, y por tanto, deben ser consideradas entidades públicas.

40. Además, indicó que el contrato de trabajo suscrito entre el señor Rincón Preciado y
Coservicios generó beneficios patrimoniales y extrapatrimoniales, dándole al
demandado una ventaja electoral indebida al haber tenido acceso directo a los usuarios
de la empresa y la posibilidad de captar potenciales electores.

41. El apoderado del demandado13 manifestó que el contrato celebrado entre Rincón
Preciado y Coservicios es de trabajo regido por el Código Sustantivo del Trabajo y no
por normas de derecho público, dado que Coservicios es una empresa de servicios
públicos de carácter mixto, no una entidad estatal. Por lo tanto, no puede considerarse
un contrato estatal, y no se configura la inhabilidad alegada.
12
Índice Samai 010, escrito radicado por la ventanilla virtual el 4 de septiembre de 2024.
13
Índice Samai 011, escrito radicado por la ventanilla virtual el 6 de septiembre de 2024.
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42. Respecto de la naturaleza de Coservicios sostiene que, aunque es una empresa
mixta, no tiene la calidad de entidad pública, según lo establecido por varias decisiones
judiciales y la normativa aplicable. Se cita jurisprudencia14 del Consejo de Estado, del
Tribunal Administrativo de Boyacá y la Corte Constitucional, todas las cuales afirman
que las empresas mixtas de servicios públicos domiciliarios no son entidades públicas
ni ejercen funciones públicas.

43. Señaló que, en materia electoral, las inhabilidades son taxativas y deben
interpretarse de manera restrictiva, es decir, sin extender su alcance más allá de lo
establecido explícitamente en la ley. Alega que no hay lugar para aplicar una
interpretación extensiva de la norma para hacerla aplicable al contrato laboral en
cuestión, para finalmente, sostener que debe prevalecer el principio de eficacia del voto,
que favorece la expresión libre de la voluntad de los electores. En este caso, se debe
respetar el derecho de los ciudadanos que eligieron a Rincón Preciado como concejal.

44. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

45. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 15015 y
152.7.a)16 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problemas jurídicos

46. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, del 9 de
julio de 2024, mediante la cual se negó la nulidad del acto de elección de John Jairo
Rincón Preciado como concejal del municipio de Sogamoso para el período
constitucional 2024-2027, por lo cual se deben resolver los siguientes interrogantes:

• ¿La empresa de servicios públicos de Sogamoso S. A E.S.P, Coservicios, es una entidad
de tipología especial de naturaleza pública?

• ¿El contrato suscrito por el señor John Jairo Rincón Preciado tiene la connotación de
inhabilitarlo para participar en elecciones?

14
“(Consejo de Estado sentencia del 17 de mayo de 2018, rad. 68001233300020180021201), (Tribunal Administrativo de Boyacá,
sentencia del 26 de junio de 2023), (Corte Constitucional, sentencia T 1212 de 2004: Estudia naturaleza jurídica de ISA SA ESP)”
15
«ARTÍCULO 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También
conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este
código. (Inciso 1, modificado por el Art. 26 de la Ley 2080 de 2021)»
16
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos
a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, (…), de los
miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos; (…)»
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Sogamoso (Boyacá), periodo 2024-2027
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• ¿Se configura la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, frente al señor John Jairo Rincón
Preciado como concejal del municipio de Sogamoso, periodo 2024-2027, por haber
celebrado contrato de trabajo con la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A.
E.S.P. – Coservicios, dentro de los doce meses anteriores a la elección?

47. Para resolver los cuestionamientos planteados, la Sala abordará los siguientes
tópicos: (i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular; (ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada; (iii) de las
entidades prestadoras de servicios públicos, y, iv) el caso concreto y la naturaleza de
las empresas de servicios públicos de Sogamoso S.A. E.S.P, Coservicios.

2.3. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular17

48. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los
ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como acceder
a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y transparencia, según lo
disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El derecho a la participación política,
específicamente, ha sido erigido como derecho fundamental, tal como se desprende de
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. En tal sentido, ha expresado este
alto tribunal:

Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro
de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos
fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política
de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la
persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo18

49. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés
general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las
personas a la función pública19. Dentro de estas limitaciones encontramos el régimen
de inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad «garantizar que a los
cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes
negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio
por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral»20.

50. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha señalado que
el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en « lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses
generales de la comunidad sobre los personales del aspirante»21. Así mismo, en la
realización del principio democrático22 esta Sala ha reconocido que estos regímenes
tienen como finalidad «prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se deben

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra,
Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
18
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-00087-
03(IJ).
21
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
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desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones personales de los
aspirantes»23. También, ha indicado la jurisprudencia:

(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública,
para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad,
posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con
arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen
servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.

Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y
moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o cargos24.

51. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis, situaciones
o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser candidato25, que unas
veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la condena a pena privativa de
la libertad, y otras propenden por conservar el equilibrio que debe guiar la contienda
política, como las que tienen que ver con el ejercicio de autoridad o la celebración de
contratos por parte del candidato antes de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran
el ejercicio democrático.

2.4. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada

52. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para los
concejales la siguiente causal:

ARTÍCULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley
136 de 1994 quedará así: Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni
elegido concejal municipal o distrital:

(…) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito... (Se destaca)

53. Acorde a lo anterior, de este tipo normativo se desprenden tres situaciones
diferenciadas, las cuales, a su vez, consagran hipótesis que constituyen inhabilidades
autónomas o independientes, así: i) aquella relativa a la intervención en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, ii) la relacionada con la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, y iii) la referida a haberse
desempeñado como representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social de salud en el régimen subsidiado.

23
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016
24
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
25
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya verificación le
impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en términos prácticos, la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas condiciones expresas en normas que
definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926).
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54. Comoquiera que el problema planteado tiene que ver con una de las situaciones
descritas en la norma invocada, esto es, haber celebrado contratos en el año anterior
a las elecciones, a ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, en
interés propio o de terceros, procede la Sala, seguidamente, a estudiar los elementos
de la referida inhabilidad, previo a decidir el caso concreto.

55. Es abundante la jurisprudencia de la Corporación26 sobre la inhabilidad por
celebración de contratos encaminada a preservar la igualdad entre los candidatos que
participan en una contienda electoral, en relación con el supuesto de existir un vínculo
contractual, jurídicamente relevante con el Estado, potencialmente ventajoso, y que sin
duda genera un desequilibrio para acceder a los cargos de elección popular.

56. En punto a la celebración de contratos, la Sección Quinta ha discurrido sobre su
finalidad en los siguientes términos:

[l]a inhabilidad por celebración de contratos tiene una clara finalidad constitucional –de
hecho, todas la tienen–, tendiente a proteger la moralidad e imparcialidad del proceso
electoral y del cargo al que se aspira, pues, de un lado, “busca evitar una confusión entre
intereses públicos y privados”, ya que, “quien ha intervenido en nombre propio o de terceros
en la celebración de un contrato con la administración, en principio defiende los intereses
particulares frente a los intereses del Estado”; y del otro, “obstaculiza el aprovechamiento de
recursos públicos para desfigurar los procesos electorales27.

57. Así mismo, como factores configurativos de la causal, la Sala ha identificado los
siguientes: (i) un elemento temporal, previsto en la norma, según el cual, el contrato
ha debido celebrarse un año antes del certamen electoral; (ii) un elemento espacial o
geográfico que lo constituye el lugar donde se ejecutó o ha debido cumplirse el
contrato, esto es, el mismo municipio o municipio en que el candidato aspira a ser
concejal; (iii) un elemento material u objetivo, consistente en la conducta de
suscripción o celebración del contrato y; (iv) un elemento subjetivo, relacionado con el
interés propio o de terceros que persigue la celebración del contrato estatal28.

58. En lo que atañe puntualmente al elemento material, existe coincidencia al interior
de la Sección en cuanto a que los actos de ejecución y liquidación de los contratos no
configuran la causal de celebración de contratos, dado que estas actividades se ubican
por fuera de los supuestos que contemplan las respectivas normas, es decir, con
posterioridad a su celebración29.

59. Sumado a lo anterior, en punto al elemento subjetivo, se ha reconocido la
posibilidad de que la celebración de contratos ocurra de forma directa o indirecta, en
este último caso, para que queden comprendidos terceros que no lo suscriben, pero
frente a quienes logra probarse la intervención en la contratación en virtud de una
simulación, por interpuesta persona, por delegación, designación o representación 30.
26
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2020-00013; sentencia de
3 de septiembre de 2020, Rad. 2020-00010; sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080., Rad 2023-004335-01
27
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926.
28
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2020-00013; sentencia de
3 de septiembre de 2020, Rad. 2020-00010; sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080.
29
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre
de 2020, Rad. 2020-03518. Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926; sentencia de 31 de julio de
2009, Rad. 2007-00966-02.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 2018-02417. Sala
Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, Rad. 2018-02417. Sala 13 Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre de 2020, Rad. 2020-03518.
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60. Finalmente, para que se configure esta causal de inhabilidad, es necesaria la
concurrencia de todos y cada uno de sus elementos definitorios.

2.5. Las entidades prestadoras de servicios públicos

61. A partir de la Constitución Política de 1991 se adoptó el modelo del Estado Social
de Derecho, en virtud del cual este asumió, entre otras, la responsabilidad de garantizar
aspectos fundamentales para el logro de la prosperidad general y los derechos de la
población. Entre los efectos derivados de dicha responsabilidad, está la atribución
constitucional de la dirección estatal de la economía, en la que debe intervenir en
múltiples materias, entre ellas, la prestación de servicios públicos31.

62. En desarrollo de las citadas disposiciones, el Congreso de la República expidió la
Ley 142 de 199432, la cual se aplica a las actividades de acueducto, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, entre otros, y en su artículo 15
estableció quiénes pueden prestar servicios públicos:

ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS. Pueden prestar los
servicios públicos:

15.1. Las empresas de servicios públicos.

15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como
consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del
objeto de las empresas de servicios públicos.

15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central,
la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios públicos en
municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.

15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de
transición previstos en esta Ley.

15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al
momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se
ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17. (Subraya la Sala).

63. En relación con las empresas a que se refiere el numeral 1 de la norma citada, el
artículo 14 ibídem, en sus numerales 5, 6 y 7, aclara que las mismas pueden ser de
naturaleza privada, mixta u oficial, así:

14.5. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIAL. Es aquella en cuyo capital la
Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen
el 100% de los aportes.

14.6. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo capital la Nación,
las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes
iguales o superiores al 50%.

31
Artículos 334, 365 y 366 de la Constitución Política
32
«Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras Disposiciones»
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14.7. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital pertenece
mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que
deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los
particulares.

64. De las disposiciones citadas, se infiere que la prestación de servicios públicos
puede hacerse a través de diferentes formas asociativas, entre ellas: las empresas de
servicios públicos domiciliarios que deben ser sociedades por acciones, ya sean
empresas oficiales, mixtas o privadas; los entes territoriales cuando asumen la
prestación en forma directa; y las organizaciones autorizadas conforme a dicha ley para
adelantar esas actividades en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas
urbanas específicas.

65. La Sección Primera de esta corporación se ha ocupado de precisar el
entendimiento que debe darse cuando la norma se refiere a entidades que presten
servicios públicos domiciliarios, como en el caso de la que consagra la causal de
inhabilidad que se invoca, indicando al respecto lo siguiente33:

«(…) la expresión entidades que presten servicios públicos domiciliarios es específica
frente a su acepción genérica en el lenguaje natural de la palabra entidades (entendidas
como personas jurídicas) e incluso frente a quienes pueden prestar servicios públicos, los
cuales están señalados en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 con la denominación de
“PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS”; pero a la vez es genérica en
relación con las personas jurídicas a quienes por definición legal les está dado ese objeto,
como es el caso de las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial que antes de
esa ley venían prestando algunos de esos servicios como su principal objeto, y de las
empresas de servicios públicos previstas en la citada ley, a las cuales justamente debían
convertirse aquellas entidades descentralizadas después de la vigencia de la misma y por
mandato de ella.

De modo que cuando el artículo 40, numeral 3, de la Ley 617 de 2000 alude a entidades que
presten servicios públicos domiciliarios, se está refiriendo a las entidades que tenían como
objeto legal dicha prestación, sea cual fuere su denominación (empresa, instituto o
establecimiento público), al igual que a las empresas de servicios públicos delimitadas en la
Ley 142 de 1994.

(…) De suerte que dentro de lo que la ley relaciona como personas que prestan servicios
públicos cabe distinguir las que son entidades prestadoras de esos servicios (entidades
descentralizadas y empresas de servicios públicos) (…)

66. Ahora bien, la naturaleza de las empresas de servicios públicos mixtas34, fue objeto
de definición por parte de la Corte Constitucional mediante sentencia C-736 de 200735,
que precisó lo siguiente:

(i) El artículo 38 de la Ley 498 de 1998, titulado “Integración de la Rama Ejecutiva del
Poder Público en el orden nacional”, norma que, al enlistar los organismos que conforman
el sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva, en su literal d) incluye a “las
empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios”, pero no a las empresas mixtas o
privadas de la misma naturaleza. Debe recordarse que según lo define el numeral 5° del
artículo 14 de la Ley 142 de 1994, no demandado en esta oportunidad, la empresa de

33
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera. Sentencia del 18 de mayo de 2006. C.P. Rafael E.
Ostaur de Lafont Pianeta. Radicación: 25000-23-15-000-2004-02430-01(PI)
34
5.3 Las empresas de servicios públicos mixtas y privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de participación
pública, son entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman la Rama Ejecutiva.
35
Mediante la Sentencia C-736 de 2007, la Corte Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1°
(parcial) del Decreto Ley 128 de 1976, los artículos 38 numeral 2° literal d) (parcial), 68 (parcial) y 102 (parcial) de la Ley 489 de
1998, y el artículo14 numerales 6 y 7 de la Ley 142 de 1994.
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servicios públicos oficial “es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o
las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.”

(ii) El artículo 68 de la misma Ley que señala que “(s)on entidades descentralizadas del
orden nacional …, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades
creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones
administrativas, la prestación de servicios públicos (…) Como puede observarse, esta
disposición incluye dentro de las entidades descentralizadas del orden nacional a las
empresas oficiales de servicios públicos, pero no hace lo propio con las empresas mixtas o
privadas de la misma naturaleza.

Nótese cómo una empresa de servicios públicos privada es aquella que mayoritariamente
pertenece a particulares, lo cual, a contrario sensu, significa que minoritariamente
pertenece al Estado o a sus entidades. Y que una empresa de servicios públicos mixta es
aquella en la cual el capital público es igual o superior al cincuenta por ciento (50%), lo cual
significa que minoritariamente pertenece a particulares. Así las cosas, una y otra se
conforman con aporte de capital público, por lo cual su exclusión de la estructura de la
Rama Ejecutiva y de la categoría jurídica denominada “entidades descentralizadas” resulta
constitucionalmente cuestionable, toda vez que implica, a su vez, la exclusión de las
consecuencias jurídicas derivadas de tal naturaleza jurídica, dispuestas expresamente por
la Constitución.

la Corte observa que una interpretación armónica del literal d) del artículo 38 de la Ley 489
de 1998, junto con el literal g) de la misma norma, permiten entender que la voluntad
legislativa no fue excluir a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas de la
pertenencia a la Rama Ejecutiva del poder público. Ciertamente, el texto completo del
numeral 2° del artículo 38 es del siguiente tenor:

Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La
Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes
organismos y entidades: (…)

g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree,
organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

(...)Así las cosas, de cara a la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 498 de 1998, y
concretamente de la expresión “las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios”
contenida en su literal d), la Corte declarará su exequibilidad, por considerar que dentro del
supuesto normativo del literal g) se comprenden las empresas mixtas o privadas de
servicios públicos, que de esta manera viene a conformar también la Rama Ejecutiva del
poder público.

67. Asimismo, en la citada providencia la Corte señaló:

Obsérvese que si bien el legislador sólo considera explícitamente como entidades
descentralizadas a las empresas oficiales de servicios públicos, es decir a aquellas con un
capital cien por ciento (100%) estatal, lo cual haría pensar que las mixtas y las privadas no
ostentarían esta naturaleza jurídica, a continuación indica que también son entidades
descentralizadas “las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo
objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios
públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio.” (Subraya la Corte). Así las cosas, de manera
implícita incluye a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas como entidades
descentralizadas, por lo cual la Corte no encuentra obstáculo para declarar su
constitucionalidad.

68. De lo anterior, se permite concluir que las empresas de servicios públicos que tenga
cualquier porcentaje de participación pública son entidades descentralizadas y
constitucionalmente conforman la Rama Ejecutiva.
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69. Por lo anterior, para la Sala no existe duda que: i) la naturaleza especial de las
empresas de servicios públicos es de tipología pública, ii) Las empresas de servicios
públicos mixtas y privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de participación
pública, son entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman la Rama
Ejecutiva, iii) que están reguladas por la Ley 142 de 1994 y iv) finalmente que son una
tipología especial

2.6. Caso concreto

70. En el caso bajo estudio se encuentra acreditado, y no es objeto de discusión: i) que
el señor John Jairo Rincón Preciado resultó electo concejal del municipio de Sogamoso
para el periodo 2024-202736, como se desprende del formulario E-26 CON del 29 de
octubre de 2023; ii) que suscribió contrato de trabajo individual el 3 de enero de 2023
con la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P- Coservicios-, y iii) que
el lugar de ejecución de este fue el municipio de Sogamoso.

71. El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P- Coservicios-, es una
sociedad de naturaleza mixta y en este sentido al no tratarse de una entidad pública el
señor John Jairo Rincón Preciado no se encontraba incurso en la causal de inhabilidad,
asimismo, precisó que las entidades mixtas se rigen por las reglas de derecho privado,
para finalmente concluir que no se acreditó la causal alegada.

72. Contrario a lo concluido por el tribunal de instancia el apelante afirmó que la
Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P- Coservicios-,es una entidad
de naturaleza pública y que el a quo en su fallo desconoció el precedente vinculante de
la sentencia C-736 de 2007, que estudió la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley
142 de 1994, numeral 6 y precisó que deben entenderse estas sociedades de
naturaleza mixta como entidades que forman parte de la Rama Ejecutiva del sector
descentralizado nacional, sentencia de la que no puede apartarse el juzgador de
instancia, como equivocadamente se hizo, por lo que solicitó se revoque la decisión
apelada.

73. Definido así el objeto central del recurso de alzada que ocupa la atención de la
Sección, se procederá al análisis correspondiente. Veamos:

2.6.1. Naturaleza jurídica de la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A.
E.S.P- Coservicios

74. Dicha empresa ha sido constituida conforme a los términos establecidos en sus
estatutos, de la siguiente forma:

36
De conformidad con el formulario E-26 CON del 29 de octubre de 2023, que se encuentra en el documento 008 del expediente
principal de Samai.
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75. De conformidad con lo anterior, se desprende que la entidad es una empresa de
servicios públicos mixta, anónima, sujeta a las reglas del derecho privado.

76. Asimismo, en los estatutos se estableció en su artículo 3 que prestará los servicios
públicos domiciliarios determinados en la ley, para lo cual puede ejecutar todas las
actividades conexas y complementarias, especialmente las siguientes:

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77. En este punto, es importante traer a colación el artículo 14 de Ley 142 de 1994, que
contiene los siguientes conceptos:

14.21. Servicios públicos domiciliarios. Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de
gas combustible, tal como se define en este capítulo.

78. Por lo anterior, se puede concluir que las actividades que presta la organización son
de aquellas que la ley consagra como servicios públicos domiciliarios, las cuales se
encuentran acreditadas dentro del objeto social de la empresa.

79. Respecto de la constitución y participación accionaria de la Empresa de Servicios
Públicos de Sogamoso S.A, E.S.P, Coservicios, se encuentra que su mayor accionista
es el municipio de Sogamoso con el 62,40%, como se desprende a continuación:

80. Ahora bien, conviene advertir que en el concepto 113811 de 202037 concepto del
Departamento Administrativo de la Función Pública se pronunció sobre la naturaleza de
entidad pública de las empresas de servicios públicos mixtas, postura también que fue
expuesta por la Sección Tercera del Consejo de Estado38, en la cual se resaltó que
dichas empresas pertenecen a la estructura del Estado en los términos de la Ley 489
de 199839.

81. En igual sentido, en concepto 2454 de 202040, la Sala de Consulta y Servicio Civil
precisó que tales empresas son una tipología especial de entidades públicas que no
deben confundirse con las sociedades de economía mixta. Al respecto, sostuvo que: «si
bien están constituidas por capital público y privado, al igual que una sociedad de economía
mixta, son una tipología especial de entidades públicas, que tienen un régimen y una
naturaleza jurídica propios, por así determinarlo el constituyente primario en los artículos 365 y

37
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=134347
38
Sentencia 29703 de marzo 2 de 2006, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA
39
artículo 84º.- Empresas oficiales de servicios públicos. Las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios y las
entidades públicas que tienen por objeto la prestación de los mismos se sujetarán a la Ley 142 de 1994, a lo previsto en la presente
Ley en los aspectos no regulados por aquélla y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen.
40
CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL consejero Ponente: Óscar Darío Amaya Navas Bogotá D.C.,
veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020) Número Único: 11001-03-06-000-2020-00204-00No. Radicación: 2454

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Demandante: Omar Javier Medina Alfonso
Demandado: John Jairo Rincón Preciado, concejal del municipio de
Sogamoso (Boyacá), periodo 2024-2027
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00456-01

367 de la Constitución, características que están definidas en la Ley 142 de 1994» (resalto
fuera de texto)

82. Estas empresas mixtas constituyen una tipología especial de entidades públicas,
con un régimen y una naturaleza jurídica propios, definidos por la Ley 142 de 1994, en
desarrollo de lo dispuesto por los artículos 365 y 367 de la Constitución Política. Su
naturaleza jurídica y régimen propios las diferencian de las sociedades de economía
mixta, tal como lo aclaró la Corte Constitucional, en la Sentencia C-736 de 2007,
específicamente en los numerales 5.2 y 5.3 en el que precisó que las empresas de
servicios públicos mixtas son de naturaleza pública, asimismo, señaló:

(…) la Corte estima que la naturaleza y el régimen jurídico especial de la prestación de los
servicios públicos dispuesto por el constituyente en el artículo 365 de la Carta impiden
considerar que las empresas de servicios públicos constituidas bajo la forma de sociedades
por acciones, en las cuales concurran en cualquier proporción el capital público y el
privado, sean “sociedades de economía mixta”. A juicio de la Corporación, y por lo dicho
anteriormente, se trata de entidades de tipología especial expresamente definida por el
legislador en desarrollo de las normas superiores antes mencionadas, que señalan las
particularidades de esta actividad.
(...)
Por todo lo anterior, la Corte encuentra que cuando el numeral 6 del artículo 14 de la Ley
142 de 1994 dispone que una empresa de servicios públicos mixta “(e)s aquella en cuyo
capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o
éstas tienen aportes iguales o superiores al 50”, y cuando el numeral 7 de la misma
disposición agrega que una empresa de servicios públicos privada “(e)s aquella cuyo
capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios
internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las
que se someten los particulares”, simplemente está definiendo el régimen jurídico de esta
tipología especial de entidades, y estableciendo para este propósito diferencias fundadas
en la mayor o menor participación accionaria pública. (resalto fuera de texto)

83. Es así como el alto Tribunal Constitucional, en la mencionada sentencia, señaló que
no pueden confundirse a las empresas de servicios públicos mixtas con las sociedades
de economía mixtas, pues son dos clases diferentes de entidades, y reiteró la
naturaleza especial de aquellas para finalmente señalar que las empresas de servicios
públicos mixtas, si bien están constituidas por capital público y privado, al igual que una
sociedad de economía mixta, son una tipología especial, que tienen un régimen y una
naturaleza jurídica propios, por así determinarlo el constituyente primario en los
artículos 365 y 367 de la Constitución, características que están definidas en la Ley 142
de 1994, como se indicó.

84. Lo anterior nos lleva a concluir que las empresas de servicios públicos mixtas son
sociedades por acciones, constituidas tanto por capital público como por privado, en las
que los aportes estatales son iguales o superiores al 50% del capital total de la
sociedad (Ley 142 de 1994, artículos 14.6 y 17).

85. Por su parte, el artículo 104 del CPACA establece lo siguiente:

ARTÍCULO. 104.—De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo
contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en
actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los

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que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa.
(...) PARÁGRAFO. — Para los solos efectos de este código, se entiende por entidad
pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su
denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una
participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o
participación estatal igual o superior al 50%”. (Resalto fuera de texto)

86. En suma, puede concluirse que: i) la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso
S.A., E.S.P. - Coservicios, es una empresa de servicios públicos mixta por contar con
aportes públicos superiores al 50% y, en esa medida, detenta la calidad de entidad
pública, ii) es una entidad de tipología especial, pero su naturaleza es pública, por así
determinarlo los artículos 365 y 367 de la Constitución, características que están
definidas en la Ley 142 de 1994.

87. Lo anterior implica que, al ser la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso, S.A
E.S.P una entidad de naturaleza pública se cumple con el elemento objetivo que
conlleva a la concreción de la inhabilidad, en tanto, tal como se acreditó el demandado
suscribió dentro del término inhabilitante un contrato con aquella, como se evidencia a
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88. Para determinar si en efecto la parte demandada se encuentra dentro de la
inhabilidad alegada, debe verificarse si se cumple con el verbo rector “celebrar
contratos” a partir del extremo temporal prohibido, esto es, desde el 29 de octubre de
2022 al 29 de octubre de 2023 y tal como se indicó en precedencia se encontró
acreditado que John Jairo Rincón Preciado suscribió contrato de trabajo individual el 3
de enero de 2023 con la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P-
Coservicios-, es decir, dentro del período inhabilitante.

89. Posición que ha sido sostenida por la Sección41 a señalar que «En otras
palabras, la inhabilidad de “celebración de contratos” se materializa sí y solo sí el
negocio jurídico correspondiente se celebró o suscribió dentro del periodo
inhabilitante. Cosa distinta es que también se requiera demostrar que la ejecución o
cumplimiento del contrato celebrado se realizó en la respectiva circunscripción electoral
en la cual el candidato resultó elegido42».

90. Por lo anterior, la inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, establece que la
inhabilidad tiene que ver con la celebración de contratos con entidades públicas de
cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, circunstancias que se
acreditaron en el caso sub judice43.

41
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Consejero ponente: ALBERTO
YEPES BARREIRO Bogotá D.C, catorce (14) de julio dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 54000-23-23-000-2015-00509-
01, en el que la Sala en un proceso similar evidenció que en este caso se celebró «contrato individual de trabajo a término fijo
inferior a un año Nº 326 suscrito el 9 de julio de 2014 entre el señor José Ignacio Rangel Andrade y la Universidad Francisco de
Paula Santander.»
42
En el mismo sentido, Consejo de Estado Sección Quinta, auto de Sala del 28 de abril de 2016, radicación Nº25000-23-24-000-
2015-02753-01 CP. Alberto Yepes Barreiro
43
Tal como se señaló en la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA, once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024), Radicación: 05001-23-33-000-2024-00384-01. En este caso
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91. Acorde con lo expuesto, en este caso no existe duda de la concreción del
elemento material u objetivo de la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3º del
artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por encontrarse probado que el demandado suscribió
contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P- Coservicios,
entidad que como se dijo en precedencia es de tipología especial de naturaleza pública.
Además, el hecho de que la relación con la entidad provenga de un contrato de trabajo
que se rige por normas de derecho privado, esta circunstancia no cambia la naturaleza
pública de la entidad con la que lo celebró que es lo que hace que se configure la
causal de inhabilidad.

92. Tal como se ha señalado de forma pacífica por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, la inhabilidad estudiada proscribe a los candidatos la celebración de
contratos con entidades públicas, dentro de los 12 meses anteriores a la elección, esto
es, entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023, elemento que se
encontró acreditado dentro del proceso.

93. Así las cosas, es procedente revocar la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda, toda vez que el señor John Jairo Rincón Preciado
incurrió en la causal de inelegibilidad prevista en el artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión Cuarta, el 9 de julio de 2024, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, en su lugar, DECLÁRASE la nulidad del acto de elección
de John Jairo Rincón Preciado, concejal del municipio de Sogamoso (Boyacá), periodo
2024-2027, por las razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, cancélase la credencial de concejal, la cual se hará
efectiva a la ejecutoria de la sentencia.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

se observo que «En el proceso obra el contrato individual de trabajo nro. 08 “a término fijo inferior a un año” celebrado el 1 de
febrero de 2022 entre el alcalde municipal de Yalí y el señor Yony Alonso Jiménez Valencia14, que tuvo por objeto la prestación de
“(...) Servicios generales para mantenimiento del ornato y zonas verdes en los escenarios deportivos del Municipio de Yalí,
Antioquia.»
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Demandado: John Jairo Rincón Preciado, concejal del municipio de
Sogamoso (Boyacá), periodo 2024-2027
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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