Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2024-00365-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2024-00365-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-33-000-2024-00365-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
Accionado: John Jairo Rincón Preciado
Tema: Violación del régimen de inhabilidades por intervención en
la celebración de contratos con entidades públicas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia de 26 de noviembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura1
1. El señor Omar Javier Medina Alfonso, por conducto de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20112, solicitó la pérdida de investidura del señor John Jairo Rincón
Preciado, concejal del municipio de Sogamoso (Boyacá) para el periodo 2024-2027.
I.1.1. Los hechos
2. Señaló que el señor John Jairo Rincón Preciado se inscribió como candidato al
concejo de Sogamoso por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y
resultó elegido en las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023.
3.Mencionó que el 3 de enero de 2023, el señor John Jairo Rincón Preciado,
suscribió el contrato individual de trabajo núm. 044, como trabajador oficial, con la
Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., Coservicios, dentro del
año anterior a la elección, el cual debía ejecutarse en el municipio de Sogamoso.
1
El accionante presentó demanda y escrito de subsanación. Cfr. índices 3 y 10 del expediente digital de la primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
I.1.2. La causal de pérdida de investidura
4. Adujo que el accionado incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista
en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 3, modificado
por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20004, relativa a la intervención
en la celebración de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a la
elección, el cual debía ejecutarse en el municipio de Sogamoso.
5.Destacó que la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P.,
Coservicios es una empresa de servicios públicos domiciliarios mixta, cuyos
aportes del Estado son del 62.40 %, por lo que es una entidad pública y no puede
equipararse a las sociedades de economía mixta, según lo indicó la Corte
Constitucional, en sentencia C-736 de 2007.
6. Relató que el 23 de mayo de 2023, cuando faltaban cinco (5) meses para
efectuarse las elecciones al concejo, el alcalde de la época realizó una publicación
en su perfil de Facebook relacionada con la entrega de unas obras públicas y en
una foto aparece el concejal John Jairo Rincón Preciado junto con el alcalde
municipal, los líderes de la junta de acción comunal y el gerente de Coservicios que
demuestran que el accionado se encontraba en ejercicio de funciones proselitistas
y valiéndose de la condición que le brinda el hecho de ostentar la condición de
trabajador oficial en una entidad pública.
7. Manifestó que el contrato de trabajo le proporcionó al accionado una ventaja
electoral en comparación con los demás candidatos, ya que su labor como cajero
le permitió contactar usuarios, acceder a bases de datos y captar potenciales
electores.
I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia
8. Por auto de 2 de octubre de 20245, la magistrada sustanciadora de la primera
instancia inadmitió la demanda y mediante auto de 10 de octubre de 2024 6 se
admitió la solicitud y se ordenó que se surtieran las notificaciones y trámites de ley.
9. La notificación personal de la providencia al accionado se efectuó al correo
electrónico señalado en el escrito de la demanda (johnrrincon81@hotmail.com7) y
que pertenece al accionado.
3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.[…]”
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.
5
Cfr. índice 5 del expediente digital de la primera instancia.
6
Cfr. índice 12 del expediente digital de la primera instancia.
7
Cfr. índice 19 del expediente digital de la primera instancia. « Soporte notificación Auto Admite Demanda (.pdf) NroActua
19» y « 7EnviodeNotifi_acuse1pdf(.pdf) NroActua 19».
3
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
I.3. La oposición del demandado
10. El accionado a pesar de haber sido notificado guardó silencio.
I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia
11. Por auto de 29 de octubre de 20248, la magistrada sustanciadora de la primera
instancia: i) tuvo por no contestada la demanda por parte del señor John Jairo
Rincón Preciado; ii) dio apertura al período probatorio y; iii) fijó fecha para la
realización de la audiencia pública prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881
de 15 de enero de 20189.
12. El 12 de noviembre de 202410, se realizó la audiencia pública con la participación
del accionante quien reiteró los argumentos de la demanda. El demandado no
asistió a dicha diligencia y el Ministerio Público no asistió a la audiencia, previa
presentación de excusa.
I.5. La sentencia de primera instancia11
13. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 26
de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
14. Estimó que el problema jurídico que debía analizarse tenía por objeto
establecer si el señor John Jairo Rincón Preciado incurrió en la inhabilidad prevista
en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617.
I.5.1. Estudio del elemento objetivo
15. El Tribunal de la primera instancia encontró acreditada la cosa juzgada prevista
en el artículo 1. de la Ley 1881 frente al estudio del elemento objetivo de la
inhabilidad prevista en el numeral. 3 del artículo 43 de la Ley 136, modificado por
el artículo 40 de la Ley 617, efectuado por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
en sentencia de 24 de octubre de 202412, al resolver la demanda de nulidad
electoral contra el accionado, fallo judicial que se encontraba ejecutoriado.
16. Explicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la citada sentencia,
declaró la nulidad del acto de elección del concejal Jairo Rincón Preciado al
encontrar probados los elementos que estructuran la causal de inhabilidad
previamente referida, puesto que: i) el señor Rincón Preciado celebró un contrato
de trabajo con Coservicios S.A. E.S.P., cuya naturaleza es la de una empresa de
servicios públicos mixta (con participación mayoritaria estatal), y por ende, se
8
Cfr. índice 23 del expediente digital de la primera instancia.
9
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS CONGRESISTAS,
SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES. […]”.
10
Cfr. índice 32 del expediente digital de la primera instancia.
11
Cfr. índice 38 del expediente digital de la primera instancia.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24 de octubre de 2025, CP: Gloria
María Gómez Montoya, radicado núm.: 15001-23-33-000-2023-00456-01.
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Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
considera una entidad estatal; ii) la suscripción del acuerdo de voluntades se
produjo el 3 de enero de 2023, es decir, dentro del año anterior a las elecciones
que se realizaron el 29 de octubre de 2023; iii) se celebró en interés propio y, iv)
debía ejecutarse en el municipio de Sogamoso.
I.5.2. Estudio del elemento subjetivo
17. Expuso que la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 10 de mayo
de 202213 adujo que dada la naturaleza sancionatoria de la pérdida de investidura
se debe analizar la conducta del demandado en concreto, considerando si conocía
o debía conocer la ilicitud de la conducta (modalidad de culpabilidad), y si era
exigible en su caso un comportamiento diverso (exigibilidad).
18. Añadió que la configuración del dolo requiere de una actuación consciente y
voluntaria del demandado, encaminada a un resultado contrario al ordenamiento
jurídico. Por su parte, la culpa grave supone una actuación manifiestamente
descuidada teniendo en cuenta las especiales condiciones del candidato o servidor
público de elección popular (deber objetivo), así como la previsibilidad del resultado
(deber subjetivo). En ambos escenarios, debe valorarse si el accionado tenía la
posibilidad de actuar de forma diferente.
19. Explicó que la solicitud de pérdida de investidura, en consonancia con los
alegatos, se fundamentó en que el señor John Jairo Rincón Preciado actuó
dolosamente por (i) la ventaja que la vinculación laboral le otorgó en la contienda
electoral, y (ii) su participación en un acto proselitista, argumentos que analizó de
manera individual.
20. En cuanto a la ventaja en la contienda electoral, explicó que, de conformidad
con el contrato de trabajo, la empresa Coservicios S.A. E.S.P. contrató al accionado
para desempeñar el cargo de cajero en la Dirección de Finanzas y Administración.
Sin embargo, a juicio del a quo, tal situación no era suficiente para acreditar la
intención de obtener una ventaja electoral por falta de prueba.
21. En este contexto, advirtió que el accionante no aportó elementos de convicción
que demostraran que la suscripción de dicho contrato se haya hecho con la
finalidad de promocionar sus intenciones políticas o que ello le haya permitido
aproximarse a sus electores e, incluso, tampoco se demostró el ejercicio efectivo
de las funciones del empleo, sus características ni el tiempo que duró la vinculación
laboral, más allá de la suscripción formal del acuerdo de voluntades.
22. Adujo, en síntesis, que “[…] la alegación que efectúa la solicitud es meramente
contextual y parte de suponer que el desempeño del cargo de cajero permitía al
señor John Jairo Rincón Preciado emplear todos los recursos de Coservicios S.A.
E.S.P. a su favor en la campaña electoral, incluso más allá del alcance de un cargo
de ese tipo, pero sin un sustento probatorio real. […]”.
13
C.E., Sala Plena, Sent. 2019-00771, may. 10/2022. M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
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Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
23. En cuanto a la presunta participación del accionado en actos proselitistas, el a
quo explicó, en principio, que la publicación que en su momento realizó el entonces
alcalde de la localidad, el 23 de mayo de 2023 en la red social Facebook y las
fotografías anexas “[…] cumplen los requisitos de equivalencia funcional y
autenticidad, lo cual permite su valoración probatoria en los términos de los
artículos 11 de la Ley 527 de 1999 y 176 del CGP […]”.
24. Advirtió, luego de analizar su contenido, que no era posible demostrar que el
señor John Jairo Rincón Preciado haya participado en actos proselitistas y tampoco
se podía establecer si asistió como organizador, trabajador de Coservicios S.A.
E.S.P., o como miembro de la comunidad beneficiada con las obras públicas,
motivo por el cual dicha publicación no ameritaba reproche alguno.
25. Señalo que “[…] la prueba de la conducta dolosa no puede consistir en
suposiciones o inferencias que se derivan únicamente de la configuración del
elemento objetivo del análisis (configuración de la inhabilidad). […]”.
26. Destacó que si bien la inhabilidad por intervención en la celebración de
contratos con el Estado busca precaver vicios en la relación del aspirante a ocupar
un cargo de elección popular con las entidades públicas y evitar que el candidato
utilice sus vínculos y relaciones con las entidades públicas en beneficio de su
proyecto electoral, no podía por ello podía asumirse que tales situaciones se
presentan de manera automática, ya que ello supondría aplicar un régimen objetivo
de responsabilidad el cual se encuentra proscrito.
27. Anotó que el juicio de pérdida de investidura es de naturaleza sancionatoria en
el cual operan con rigurosidad las garantías propias del debido proceso, por lo que
no era dable a la autoridad judicial variar los argumentos en los que se sustenta la
demanda para estudiar el elemento subjetivo, so pena de desconocer el principio
de congruencia el cual cobra especial relevancia en juicios de naturaleza
sancionatoria como la pérdida de investidura.
I.6. El recurso de apelación14
28. El apoderado judicial del accionante interpuso recurso de apelación, en los
siguientes términos:
29. Insistió en que quedó demostrado, a través de la publicación en Facebook
realizada el 23 de mayo de 2023, que el accionado, quien para ese momento tenía
la condición de trabajador oficial, participó en un acto proselitista para obtener un
provecho o ventaja electoral junto con dirigentes de la Junta de Acción Comunal, el
alcalde municipal y el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso
S.A. E.S.P., Coservicios, situación que constituye un hecho notorio.
14
Cfr. índice 42 del expediente digital de la primera instancia.
6
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
30. Consideró que la sentencia de primera instancia carece de motivación
suficiente al no encontrar demostrado el elemento subjetivo dado que el accionado,
de manera malintencionada, utilizó dicha ventaja al momento de aspirar al concejo
y resultar elegido.
31. Indicó que la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P.,
Coservicios “[…] ha sido el fortín político de las administraciones de turno, para
pagar favores políticos, esto notoriamente se ve reflejado en el asunto que nos
ocupa, pues, vemos como se utilizó por el demandado la condición de servidor
público de esta entidad pública, como apalancamiento para lograr el cometido de
ser elegido concejal de Sogamoso, aspecto que no necesita pruebas adicionales
para ser demostrado. […]”.
32. Precisó que “[…] el desconocimiento de la Ley no exime de responsabilidad, y
vemos como el Concejal JHON (sic) JAIRO RINCON PRECIADO, estando incurso
en la causal de perdida de investidura prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la
Ley 136 de 1.994, por haber incurrido en violación del régimen de inhabilidades,
decidió participar en la contienda política, teniendo como base la condición que
ostentó como servidor público – trabajador oficial, situación que NOTORIAMENTE
le trajo beneficios electorales […]”.
33. Adujo que “[…] en aras de encontrar la justicia real y material, es necesario que
se evalué y observe en segunda instancia, toda la prueba documental aportada por
la parte actora, para que, a partir de ella, se encuentre debidamente probado el
elemento subjetivo de la causal de perdida de investidura que se enrostra al
demandado JHON (sic) JAIRO RINCON PRECIADO. […]”.
34. Por último, reiteró que el accionado participó en las elecciones al concejo, a
pesar de encontrarse incurso en la causal de pérdida de investidura y a sabiendas
de que dicha situación le reportó beneficios y ventajas electorales debido a que en
su calidad de cajero tuvo contacto directo con los usuarios de la entidad y con las
autoridades administrativas y participó en la entrega de obras públicas.
I.7. Trámite del recurso de apelación
35. La magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia, a través de
proveído de 21 de enero de 202515, concedió la alzada y remitió el proceso al
Consejo de Estado.
36. Por auto de 28 de febrero de 202516, se admitió el recurso de apelación y se
ordenó que se surtieran los traslados y notificaciones de ley.
37. Dentro del traslado anterior, el accionado, por conducto de apoderado judicial,
intervino17 en el siguiente sentido:
15
Cfr. índice 44 del expediente digital de la primera instancia.
16
Cfr. índice 4 del expediente digital de la segunda instancia.
17
Cfr. índice 8 del expediente digital de la segunda instancia.
7
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
38. Adujo que en el sub examine existe una sentencia previa proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la nulidad de la
elección del concejal John Jairo Rincón Preciado, motivo por el cual el hoy
accionado “[…] no tiene investidura que perder […]”. A su juicio, una interpretación
en sentido contrario resulta contraria a la lógica jurídica, toda vez que no puede
considerarse que un acto resulta nulo y al mismo tiempo genera la pérdida de
investidura.
39. Explicó que la configuración de la inhabilidad alegada exige que se demuestre
el beneficio electoral y en todo caso en el expediente no existe prueba de que la
celebración del contrato le reportó una ventaja electoral.
40. Explicó que la publicación en Facebook no puede servir de sustento para la
configuración del elemento subjetivo, toda vez que la fotografía solamente
demuestra que el accionado participó en un acto público de entrega de obras como
miembro de la comunidad.
41. Adujo que el demandado actuó amparado en la buena fe calificada, toda vez
que la jurisprudencia no ha sido pacífica, a tal punto que el Tribunal Administrativo
de Boyacá, al fallar el proceso electoral, consideró que no se encontró configurada.
42. Anotó que, sin entrar a cuestionar el estudio del elemento objetivo, debía
tenerse en cuenta que la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P.
no es una entidad pública en punto a la causal de inhabilidad y que si bien es cierto
que se incluyó a las empresas de servicios públicos dentro de la estructura de la
rama ejecutiva, en materia electoral no resulta posible acudir a interpretaciones
sistemáticas y, si en gracia de discusión se aceptara lo contrario, la duda debe
resolverse a favor del inculpado.
43. Sostuvo que, para salir de la duda, el accionado elevó petición ante el
Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que mediante Oficio
20232060085112 indicó: “[…] esta Dirección Jurídica considera que un empleado
de una empresa de servicios públicos mixta no se encuentra inhabilitado para
aspirar al concejo municipal, en el entendido de que no tiene la calidad de empleado
público y, en ese sentido, no le es aplicable el régimen de inhabilidades.[…]”.
44.En el mismo escrito, elevó petición de nulidad procesal, la cual fue rechazada
de plano por el consejero sustanciador del proceso en auto de 3 de octubre de
202518.
18
Cfr. índice 10 del expediente digital de la primera instancia. En este auto se indicó: “[…] Por lo tanto, se rechazará de plano
la solicitud de nulidad presentada por el apoderado judicial del accionado, en razón a que no se invocó la configuración de
alguna de las causales contenidas en el artículo 133 de la Ley 1564. […] De acuerdo con lo anterior: i) las decisiones proferidas
en este proceso le han sido notificadas al accionado en el correo electrónico informado en la demanda, el cual coincide con
la dirección electrónica relacionada por el accionado en el poder que fue allegado en el trámite de la segunda instancia; y ii)
la parte accionada tuvo a su disposición la consulta integral del expediente digital, en el que se encuentra el recurso de
apelación instaurado por el accionante contra la sentencia de primera instancia. […]”.
8
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
45. La Sala para resolver la presente controversia analizará: i) la competencia; ii) la
acreditación de la condición del accionado como concejal; iii) el problema jurídico;
iv) los fines de la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos con
entidades públicas; v) la cosa juzgada frente al estudio del elemento objetivo de la
inhabilidad analizada; vi) el estudio del elemento subjetivo.
II.1. La competencia
46. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 150
de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de
201919, modificado por el artículo 1. del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 202420.
II.2. La acreditación de la condición del accionado como concejal
47. La calidad del señor John Jairo Rincón Preciado se encuentra acreditada con
el Formulario E-26 CON, mediante el cual se declara su elección como concejal en
el municipio de Sogamoso (Boyacá) para el periodo 2024-2027. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el literal b) del artículo 5. de la Ley 1881.
II.3. El problema jurídico
48. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201221, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y
306 de la Ley 1437, se debe establecer si el concejal John Jairo Rincón Preciado
incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3. del artículo
43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 61722, por haber celebrado
el contrato individual de trabajo núm. 044, con la Empresa de Servicios Públicos de
Sogamoso S.A. E.S.P., Coservicios, dentro del año anterior a la elección, en interés
propio y el cual debía ejecutarse en el mismo municipio para el cual resultó elegido.
49. En este sentido se debe analizar si se configuran los elementos objetivos y el
subjetivo de la causal de inhabilidad alegada.
19
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.
20
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
21
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
22
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]".
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Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
II.4. Los fines de la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos
con entidades públicas
50. La jurisprudencia ha señalado que, pese a que el artículo 48 de la Ley 617 no
prevé de manera expresa la violación del régimen de inhabilidades como causal de
pérdida de investidura, esto no significa que haya desaparecido del ordenamiento
jurídico, porque el numeral 6. del artículo 48 ibidem señala con claridad que los
diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales perderán
su investidura por las demás causales expresamente previstas en la ley23.
51. La inhabilidad aparece prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, que señala lo siguiente:
“[…] Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital:
[…]
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito. […]” (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
52. De acuerdo con la causal prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617, esta se encuentra integrada por tres
hipótesis: (i) la primera: la intervención en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital; (ii) la segunda: la intervención en la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio
o de terceros siempre que deban ejecutarse en el mismo municipio, y (iii) la tercera:
la representación legal de entidades que administren tributos o contribuciones
parafiscales o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios, o de
seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
53. La jurisprudencia ha señalado que la inhabilidad por celebración de contratos
busca evitar que quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular y a
participar en la conformación del poder político obtengan algún beneficio o interés
derivado de su intervención en la gestión o en la celebración de contratos, en interés
propio o de terceros, en desmedro del principio de igualdad en el desarrollo de las
contiendas electorales.
54. De allí, esta Corporación ha señalado que esta causal persigue dos fines
preventivos: “[…] de una parte, evitar que quien gestiona o contrata con el Estado,
goce de una condición de privilegio frente a la comunidad que ha sido beneficiada
23
Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de junio de 2002. Rad.: 7177. Magistrado
Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Sentencia de 30 de junio de 2017. Rad.: 2016 – 00731. Magistrado Ponente: doctor Hernando Sánchez Sánchez.
10
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
con la gestión u obra contratada, y de otra, que la condición de candidato,
potencialmente elegible, le derive una situación de ventaja frente a los eventuales
contratistas […]24”.
55. Ahora bien, la causal de inhabilidad relativa a la intervención en la celebración
de contratos objeto de análisis exige para su configuración que se demuestren los
siguientes elementos:
Sujeto de las prohibiciones: Quien aspire al concejo.
Conducta prohibida: Celebrar contratos con entidades públicas de
cualquier nivel.
Circunstancias modales de la Que las conductas prohibidas ocurran:
prohibición:
• En interés propio o de terceros
• Dentro del año anterior a la elección
• En el respectivo municipio o distrito en el cual
resultó elegido el servidor.
56. Así las cosas, para la configuración de esta causal no es necesario que la
ventaja o el beneficio electoral se materialice, toda vez que ello no se acompasa
con el propósito de la inhabilidad previamente analizada, la cual tiene un carácter
eminentemente preventivo orientado a preservar la igualdad en el proceso electoral
y evitar las asimetrías entre los candidatos.
57. En consecuencia, para su configuración basta que se demuestre que el
aspirante a ocupar un cargo de elección popular intervenga en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio
o distrito, sin que se exija que se demuestre un resultado específico que demuestre
la ventaja o beneficio electoral.
II.5. La cosa juzgada frente al estudio del elemento objetivo de la inhabilidad
analizada
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de enero de 2010, número de radicado:
11001-03-15-000-2009-00708-00(PI), actor: Salud Villar Jiménez, demandado: Martha Lucía Ramírez de Rincón, MP:
Gerardo Arenas Monsalve. Esta sentencia, añade: “[…] Así se expresó en las discusiones de la Asamblea Nacional
Constituyente frente al articulado que consagra el régimen de inhabilidades de los congresistas, puntualmente en lo que se
relaciona con la causal enunciada en el numeral 3. del artículo 179 de la C.P. “En cuanto al tema de porque la gestión de
negocios inhabilita para presentarse como candidato y para ser elgido (sic), es un tema que muchos de los presentes han
tratado y algunos no entienden la razón de ser, básicamente tiene dos cuestiones, uno es el hecho de evitar que una persona
con dineros del estado, si es contratista, haga las labores de la campaña o a travs (sic) de hacer la obra en una comunidad
que se siente beneficiada, adquiera la influencia necesaria para ser elegida, (…); adicionalmente, no hay duda de que la
eventualidad de ser elegido a una corporación crea una situación de ventaja frente a la entidad o empleado público ante la
cual una persona está gestionando (…).”.
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Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
58. El parágrafo del artículo 1. de la Ley 1881 prevé la garantía del principio de non
bis in idem como parte integrante del derecho fundamental al debido proceso
aplicable a los procesos de pérdida de investidura y de nulidad electoral. Esta
garantía se configura bajo la premisa consistente en que cuando una misma
conducta da lugar a un proceso de desinvestidura y a uno electoral, el primer fallo
hace tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos objetivos
juzgados -en aquello que resulte compatible-, lo que no ocurre en relación con el
análisis del aspecto subjetivo o la culpabilidad por ser un asunto propio de la
institución de la pérdida de investidura. La citada norma es del siguiente tenor:
“[...] ARTÍCULO 1o.
[…]
PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in ídem. Cuando una misma conducta
haya dado lugar a una acción electoral y a una de pérdida de investidura de
forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro
proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad
del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura. En
todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada
respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la
causal. […]” (Negritas fuera de texto)
59. La parte demandada, al descorrer el traslado del auto que admitió el recurso de
apelación en la segunda instancia, aseguró que no podía perder su investidura
porque la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 24 de
octubre de 2024, declaró la nulidad del acto de elección del concejal John Jairo
Rincón Preciado, motivo por el cual el hoy accionado “[…] no tiene investidura que
perder […]”.
60. Al respecto, la Sala considera pertinente resaltar que el proceso de nulidad
electoral es autónomo e independiente del juicio de pérdida de investidura. Estos
procesos presentan marcadas diferencias en cuanto a los objetivos que persiguen,
la naturaleza y las normas procedimentales, así como los efectos que se derivan de
las sentencias.
61. La nulidad electoral juzga la legalidad del acto de elección que permitió el
acceso a la dignidad del cargo. Por su parte, la pérdida de investidura analiza la
conducta del servidor público elegido por voto popular por incurrir en las conductas
previstas por el constituyente y el legislador como causales de indignidad política
por resultar contrarias al interés general, la transparencia, la pulcritud y demás
principios que irradian la función administrativa exigibles a quienes están llamados
a ser voceros de la voluntad popular y ejercer la representación democrática y
política en los cuerpos colegiados y termina con la imposición de una sanción que
se traduce en la muerte política.
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Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
62. Precisado lo anterior, la Sala constata que la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 24 de octubre de 202425, declaró la nulidad del acto
de elección del señor John Jairo Rincón Preciado como concejal del municipio de
Sogamoso, al encontrar demostrado el elemento material y objetivo de la causal de
inhabilidad prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617, en los siguientes términos:
77. En este punto, es importante traer a colación el artículo 14 de Ley 142 de 1994,
que contiene los siguientes conceptos:
14.21. Servicios públicos domiciliarios. Son los servicios de acueducto, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y
distribución de gas combustible, tal como se define en este capítulo.
78. Por lo anterior, se puede concluir que las actividades que presta la organización
son de aquellas que la ley consagra como servicios públicos domiciliarios, las cuales
se encuentran acreditadas dentro del objeto social de la empresa.
79. Respecto de la constitución y participación accionaria de la Empresa de Servicios
Públicos de Sogamoso S.A, E.S.P, Coservicios, se encuentra que su mayor accionista
es el municipio de Sogamoso con el 62,40%, como se desprende a continuación:
[…]
82. Estas empresas mixtas constituyen una tipología especial de entidades
públicas, con un régimen y una naturaleza jurídica propios, definidos por la Ley 142
de 1994, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 365 y 367 de la Constitución
Política. Su naturaleza jurídica y régimen propios las diferencian de las sociedades
de economía mixta, tal como lo aclaró la Corte Constitucional, en la Sentencia C-736
de 2007, específicamente en los numerales 5.2 y 5.3 en el que precisó que las
empresas de servicios públicos mixtas son de naturaleza pública […]
83. Es así como el alto Tribunal Constitucional, en la mencionada sentencia, señaló
que no pueden confundirse a las empresas de servicios públicos mixtas con las
sociedades de economía mixtas, pues son dos clases diferentes de entidades, y
reiteró la naturaleza especial de aquellas para finalmente señalar que las empresas
de servicios públicos mixtas, si bien están constituidas por capital público y privado,
al igual que una sociedad de economía mixta, son una tipología especial, que tienen
un régimen y una naturaleza jurídica propios, por así determinarlo el constituyente
primario en los artículos 365 y 367 de la Constitución, características que están
definidas en la Ley 142 de 1994, como se indicó.
84. Lo anterior nos lleva a concluir que las empresas de servicios públicos mixtas son
sociedades por acciones, constituidas tanto por capital público como por privado, en
las que los aportes estatales son iguales o superiores al 50% del capital total de la
sociedad (Ley 142 de 1994, artículos 14.6 y 17).
86. En suma, puede concluirse que: i) la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso
S.A., E.S.P. - Coservicios, es una empresa de servicios públicos mixta por contar con
aportes públicos superiores al 50% y, en esa medida, detenta la calidad de entidad
pública, ii) es una entidad de tipología especial, pero su naturaleza es pública, por así
determinarlo los artículos 365 y 367 de la Constitución, características que están
definidas en la Ley 142 de 1994.
25
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP: Gloria María Gómez Montoya, sentencia de 24 de octubre de
2024, radicado núm.: 15001-23-33-000-2023-00456-01, actor: Omar Javier Medina Alfonso; demandado: John Jairo Rincón
Preciado.
13
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
88. Para determinar si en efecto la parte demandada se encuentra dentro de la
inhabilidad alegada, debe verificarse si se cumple con el verbo rector “celebrar
contratos” a partir del extremo temporal prohibido, esto es, desde el 29 de octubre
de 2022 al 29 de octubre de 2023 y tal como se indicó en precedencia se encontró
acreditado que John Jairo Rincón Preciado suscribió contrato de trabajo individual el
3 de enero de 2023 con la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P-
Coservicios-, es decir, dentro del período inhabilitante
89. Posición que ha sido sostenida por la Sección26 a señalar que «En otras palabras,
la inhabilidad de “celebración de contratos” se materializa sí y solo sí el negocio
jurídico correspondiente se celebró o suscribió dentro del periodo inhabilitante.
Cosa distinta es que también se requiera demostrar que la ejecución o cumplimiento
del contrato celebrado se realizó en la respectiva circunscripción electoral en la cual
el candidato resultó elegido27».
90. Por lo anterior, la inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, establece que la
inhabilidad tiene que ver con la celebración de contratos con entidades públicas de
cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, circunstancias que se
acreditaron en el caso sub judice28. […]”. (Negrilla del texto).
63. A partir del estudio anterior, el referido fallo arribó a la siguiente conclusión:
“[…] 91. Acorde con lo expuesto, en este caso no existe duda de la concreción del
elemento material u objetivo de la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3º
del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por encontrarse probado que el demandado
suscribió contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P-
Coservicios, entidad que como se dijo en precedencia es de tipología especial de
naturaleza pública. Además, el hecho de que la relación con la entidad provenga de
un contrato de trabajo que se rige por normas de derecho privado, esta circunstancia
no cambia la naturaleza pública de la entidad con la que lo celebró que es lo que hace
que se configure la causal de inhabilidad.
92. Tal como se ha señalado de forma pacífica por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, la inhabilidad estudiada proscribe a los candidatos la celebración de
contratos con entidades públicas, dentro de los 12 meses anteriores a la elección,
esto es, entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023, elemento que se
encontró acreditado dentro del proceso.
[…]”.
64. Así las cosas, de los apartes transcritos, se encontró demostrado que el
accionado suscribió contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso
S.A. E.S.P- Coservicios, entidad pública de tipología especial de naturaleza pública,
26
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Consejero ponente:
ALBERTO YEPES BARREIRO Bogotá D.C, catorce (14) de julio dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 54000-23-23-
000-2015-00509-01, en el que la Sala en un proceso similar evidenció que en este caso se celebró «contrato individual de
trabajo a término fijo inferior a un año Nº 326 suscrito el 9 de julio de 2014 entre el señor José Ignacio Rangel Andrade y la
Universidad Francisco de Paula Santander.»
27
En el mismo sentido, Consejo de Estado Sección Quinta, auto de Sala del 28 de abril de 2016, radicación Nº25000-23-24-
000-2015-02753-01 CP. Alberto Yepes Barreiro.
28
Tal como se señaló en la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA, once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024), Radicación: 05001-23-33-000-
2024-00384-01. En este caso se observo (sic) que «En el proceso obra el contrato individual de trabajo nro. 08 “a término fijo
inferior a un año” celebrado el 1 de febrero de 2022 entre el alcalde municipal de Yalí y el señor Yony Alonso Jiménez
Valencia14, que tuvo por objeto la prestación de “(...) Servicios generales para mantenimiento del ornato y zonas verdes en
los escenarios deportivos del Municipio de Yalí, Antioquia.»
14
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
dentro del año anterior a su elección, el cual debía ejecutarse en el mismo municipio
para el cual resultó elegido.
65. Verificada la configuración de la cosa juzgada frente al elemento objetivo de la
causal de inhabilidad prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617, frente a lo decidido por la Sección Quinta
en sentencia de 24 de octubre de 2024, la Sala se detendrá en el estudio del
elemento subjetivo.
II.6. El estudio del elemento subjetivo
66. A partir de la expedición de la Ley 1881, el legislador incorporó como norma el
principio de culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura, cuyo
reconocimiento había sido objeto de desarrollo jurisprudencial por la Corte
Constitucional desde la sentencia C- 254A de 201229, la SU-501 de 201530 y la SU
424 de 201631.
67. En la citada sentencia de unificación 424 de 2016, la Corte Constitucional indicó
que era necesario probar la responsabilidad subjetiva del inculpado a fin de dar
aplicación a todos los principios que integran el debido proceso, en el siguiente
sentido:
“[…] el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios
que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo
un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada
en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico
(principio de antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el
juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura
el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto
es, atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y
analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que
desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se
configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna
circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una
situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia
que permita descartar la culpa […]”. (negrilla fuera de texto).
29
Corte Constitucional, sentencia C- 254A de 2012, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta sentencia de constitucionalidad
se indicó que los procesos de pérdida de investidura deben gozar de todas las garantías del derecho sancionador, en especial
las propias del debido proceso, con las debidas especificidades que entraña esta clase de procesos por la naturaleza y su
finalidad. Y para fundar tal afirmación, la Corte Constitucional se remite a los numerales 1, 2 y 7 del artículo 40 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en nuestra legislación
interna mediante Ley 74 de 1968 el cual reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación del orden
político sin restricciones indebidas y en especial la Observación General número 25 del Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas que indicó que “[…] el derecho a elegir y ser elegido puede ser objeto de limitación siempre y cuando se
cumpla con parámetros de legalidad, objetividad, razonabilidad y proporcionalidad […]”.
30
Corte Constitucional, sentencia SU-501 de 2015, MP: Magistrada Ponente (e): Myriam Avila Roldán.
31
Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
68. De acuerdo con la citada sentencia de unificación, el juez, luego de determinar
si se configura la causal de pérdida de investidura, debe evaluar si existe alguna
circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una
situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia
que permita descartar la culpabilidad.
69. El artículo 1. de la Ley 1881, modificado por el artículo 4. de la Ley 2003 de 19
de noviembre de 201932, establece que el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura “[…] es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en
contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en
la Constitución […]”. Por ende, para establecer el grado de responsabilidad es
necesario demostrar el dolo o la culpa grave. (Negrilla fuera de texto).
70. Ahora bien, desde la sentencia de 25 de mayo de 201733 hasta la fecha la
jurisprudencia de esta Corporación ha analizado en numerosos pronunciamientos
la forma cómo se debe abordar el estudio del aspecto subjetivo, los cuales fueron
reiterados en el fallo de 19 de abril de 202134, cuyos apartes más relevantes son:
“[…] El estudio de la culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura
124. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, “[…] [e]l proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra
de los […] [miembros de las corporaciones públicas de elección popular] que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]” (Destacado fuera de
texto).
[…]
126. Esta Corporación ha considerado que “[…] [e]l análisis subjetivo del juicio que
debe efectuar el juez de la pérdida de la investidura en razón de su carácter
sancionatorio, a la luz del artículo 29 constitucional, impone, por demás, un análisis
de responsabilidad basado en la culpabilidad y que la doctrina constitucional ha
interpretado como la proscripción de la responsabilidad objetiva en el ejercicio del jus
puniendi del Estado […]”.
127. Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró que en el marco de las
solicitudes de pérdida de la investidura se debía determinar en cada caso si se
configuraba o no el elemento subjetivo de culpabilidad de quien ostenta la dignidad
porque el juicio de responsabilidad contiene un elemento objetivo, sobre la
adecuación típica de la conducta, y un elemento subjetivo que “[…] atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]” (Destacado fuera de texto).
32
“[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de mayo de 2017, número
único de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI), CP: María Elizabeth García González
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 19 de abril de 2021, radicado: 44001-23-40-000-2020-00030-01(PI).
16
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
[…]
130. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben
analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la conducta;
es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
131. Por un lado, en los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de
investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la
misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por el otro, en aquellos
eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta
pero que, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad, debía
saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar
su realización, se estaría ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas
circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]
La conducta dolosa o gravemente culposa
133. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003.
134. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta -
en este caso, haber incurrido en conflicto de intereses- se encontraba prohibida por
la Constitución Política y la ley.
135. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción contraria
a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención
en la misma.
136. Asimismo, la pérdida de investidura solamente tendrá lugar si la conducta es
“gravemente culposa”, lo que conlleva que debe ser inexcusable. […]”. (Negrilla del
texto).
71. A partir de los anteriores lineamientos, el estudio del aspecto subjetivo exige
analizar tanto los hechos como la ilicitud de la conducta, es decir, se debe
determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba
contrario al ordenamiento jurídico. Así las cosas, pueden presentarse dos hipótesis.
72. La primera de ellas, si se comprueba que el demandado conocía plenamente
que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, se
estaría en presencia de una situación de total intención en la realización de esta,
por ende, de un grado de culpabilidad a título de dolo. La segunda hipótesis, cuando
la persona no conozca la ilicitud de la conducta pero que, en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba
contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante
un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran
impedido.
17
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
73. Ahora, existen situaciones que pueden justificar la configuración de la conducta
prohibida porque el servidor actúa con buena fe calificada y en presencia de un
error invencible, por ejemplo: i) cuando los jueces han interpretado la disposición
de una manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de
confianza legítima; ii) cuando la persona se asesora de un profesional idóneo y este
le aconseja mal, ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto
que se discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, porque
si esta es clara no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar el concepto.
74. Resulta importante resaltar que no basta para exonerarse de la sanción de
pérdida de investidura argumentar la buena fe simple, pues quien aspira a ser
elegido a un cargo de elección popular está en la obligación de conocer y
asesorarse adecuadamente de los deberes que el cargo le impone y las
prohibiciones previstas en el ordenamiento jurídico que traen como consecuencia
la pérdida de investidura.
75. El estudio de la conducta por parte del juez de la pérdida de investidura no se
agota en el análisis del elemento objetivo de la causal pues, luego de superarse
este primer escrutinio, y en observancia estricta a las garantías que gobiernan el
debido proceso, debe efectuar un estudio riguroso de las pruebas con el fin de
poder identificar si el accionado actuó con la diligencia requerida o al amparo de
alguna de las causales de exculpación de responsabilidad que impidan el reproche
subjetivo en su actuar.
76. A partir de la anterior premisa, la Sala entrará a analizar los elementos de
prueba aportados en el expediente para determinar si el obrar del inculpado se
realizó con dolo o culpa grave o si, por el contrario, se está en una situación de
buena fe calificada exenta de culpa.
77. El 3 de enero de 2023, el señor John Jairo Rincón Preciado suscribió el contrato
individual de trabajo 044 a término indefinido35, con la Empresa de Servicios
Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., Coservicios, cuyo objeto consistió en:
“[…] El Empleador contrata al trabajador para desempeñar el cargo de CAJERO en
la Dirección de Finanzas y Administración, lo que implica el desarrollo de las
funciones contempladas en el manual de funciones, reglamento interno de trabajo y
demás inherentes a su cargo. Adicionalmente, será su deber colaborar con el cuidado
de las instalaciones de la empresa, su área de trabajo, custodiar los bienes y guardar
la información de manera confidencial, en general, toda información de la compañía
que sea ejecutada durante la ejecución de las actividades que por ende hacen parte
del buen desempeño y resultados del trabajador en sus funciones. […]”.
78. Según sus estatutos, la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A.
E.S.P., Coservicios es una empresa de servicios públicos domiciliarios mixta,
anónima, sujeta a las reglas del derecho privado, en los siguientes términos:
35
Cfr. índices 10 del expediente digital de la primera instancia
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Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
“[…] Artículo 1°. La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., fue
constituida mediante ESCRITURA PUBLICA SEISCIENTOS VEINTINUEVE (629)
DEL SEIS (6) DE MAYO DEL AÑO de 1.955 DE LA NOTARIA PRIMERA MUNICIPAL
DE SOGAMOSO. Se someterá al control de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y a los organismos que la Ley establezca para este tipo de
empresas y se denominará COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SOGAMOSO S.A. E.S.P. “COSERVICIOS”.
PARAGRAFO 1º- Es una Empresa de Servicios Públicos Mixta, con carácter de
empresa anónima, sujeta a las reglas del derecho privado y a las normas que rijan
para las empresas que prestan servicios públicos.
PARAGRAFO 2º, Tendrá carácter Nacional, con domicilio principal en la ciudad de
Sogamoso, departamento de Boyacá y podrá crear sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del país por disposición de la Asamblea General y con
arreglo a la ley. […]”. (Negrilla fuera del texto).
79. De acuerdo con el documento titulado “[…] INFORME DE VIGILANCIA
DETALLADA – EVALUACIÓN INTEGRAL DE PRESTADORES – COMPAÑÍA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P COSERVICIOS S.A. E.S.P.
[…]36” el principal accionista de la citada empresa es el municipio de Sogamoso,
con participación del 62.40% del capital, en el siguiente sentido:
80. Según la estructura organizacional, la planta de personal cuenta con 186
personas distribuidas mediante la siguiente modalidad de contratación:
36
Cfr. índices 10 del expediente digital de la primera instancia. Documento elaborado por: SUPERINTENDENCIA DELEGADA
PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO Bogotá, julio de 2023.
19
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
81. Para la Sala la causal de inhabilidad materia de análisis está delimitada por el
verbo celebrar y utiliza la expresión “[…] contratos con entidades públicas […]”, sin
añadir ningún ingrediente normativo adicional como el referente al régimen jurídico
aplicable. De allí que en aplicación del artículo 27 del Código Civil que introduce el
principio general que indica que en donde la ley no distingue, no le es permitido al
interprete hacerlo.
82. En efecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado de manera coincidente y
pacífica ha señalado que para la demostración de la inhabilidad previamente
analizada basta demostrar que el accionado celebró dentro del año anterior a su
elección un contrato con una entidad pública, sin que importe el régimen jurídico
aplicable37.
83. Por otro lado, a partir de la sentencia de constitucionalidad C-736 de 200738,
proferida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad previsto en el
artículo 241 de la Constitución Política, de carácter vinculante y obligatorio para las
personas, esta Corporación tanto en ejercicio de su función consultiva39 y
jurisdiccional40 ha señalado que las empresas de servicios públicos mixtas son
entidades públicas las cuales poseen un régimen especial previsto en la Ley 142 de
1994, por así disponerlo la Carta Política en sus artículos 365 y 367.
84. Pretender partir de una distinción entre los contratos celebrados con entidades
públicas, según el régimen jurídico aplicable, desconoce no solo lo previsto en el
numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617,
sino también el principio de legalidad y la jurisprudencia de esta corporación que ha
señalado que basta demostrar que el accionado celebró dentro del año anterior a
37
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 31 de mayo de 2007, radicado núm.: 11001-03-06-000-
2007-00020-00(1815), MP: Enrique José Arboleda Perdomo, entre otros.
38
Sentencia C- 736 de 2007, MP: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
39
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 26 de abril de 2007, radicado: 11001-03-06-000-2007-
00020-00(1815), CP: Enrique José Arboleda Perdomo y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de
23 de septiembre de 2008, radicado: 11001-03-06-000-2008-00068-00(1921), MP: Gustavo Aponte Santos.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de abril de 2014, Sección Primera, radicado:
73001-23-31-000-2010-00348-02, actor: Rubiel Orlando Espinoza Triana y otro, demandado: Municipio de Ibagué – Concejo
Municipal de Ibagué, MP: Guillermo Vargas Ayala. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia de 25 de noviembre de 2021, radicado: 08001-23-33-000-2015-00073-02(25452), actor: Genaro Mauricio Celia
Adachi, MP: Milton Chaves García.
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Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
su elección un contrato con una entidad pública, con independencia del régimen
jurídico aplicable.
85. Aun así, si el accionado tenía alguna duda en relación con la configuración de
la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617, persistía en él la obligación de indagar
y auscultar la normatividad aplicable para ocupar el cargo de elección popular,
empleando la diligencia requerida para evitar incurrir en este régimen prohibitivo.
86. Se insiste, la revisión de los requisitos y del marco normativo que rige al cargo
al cual se aspira constituye una obligación general para quien pretende acceder a
un cargo de elección popular, máxime si se tiene en cuenta que las disposiciones
que regulan su acceso son de obligatoria observancia y de estricto cumplimiento.
87. La Sala considera que la prueba de la diligencia y cuidado como eximente de
culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura se rige igualmente por el
principio probatorio según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, de conformidad
con el artículo 167 de la Ley 156441.
88. El accionado, al descorrer el traslado del auto que admitió el recurso de alzada,
manifestó que fue diligente porque, previo a su inscripción como candidato al
concejo municipal de Sogamoso, presentó petición ante el Departamento
Administrativo de la Función Pública para solicitar concepto sobre su situación
particular y que dicha entidad, mediante Oficio de radicado 20232060085112, le
indicó: “[…] Por ende y, para dar respuesta puntual a su consulta, esta Dirección
Jurídica considera que un empleado de una empresa de servicios públicos mixta
no se encuentra inhabilitado para aspirar al concejo municipal, en el entendido de
que no tiene la calidad de empleado público y, en ese sentido, no le es aplicable
el régimen de inhabilidades. […]”. (Negrilla fuera del texto).
89. En relación con los conceptos y las asesorías jurídicas como prueba de la
diligencia y cuidado, se debe recordar que la Sala42, ha señalado lo siguiente:
“[…] (iii) No es cualquier gestión la que permite demostrar diligencia y cuidado por
parte de quien es acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de
pérdida de investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado
una inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener por
superada la censura de su conducta. Precisamente, como se indicó en líneas atrás,
el análisis de la culpabilidad del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la
obligación de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el
comportamiento desplegado por el demandado.
Además, en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a entidades públicas,
cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías jurídicas requeridas a
profesionales del derecho, se debe propender por la formulación correcta y
41
Aplicable a los procesos de pérdida de investidura de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1881.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia
de 11 de marzo de 2021, radicado núm.: 15001-23-33-000-2020-00065-01(PI).
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Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00365-01
Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser necesario, de la
documentación y elementos que permitan su debida comprensión, inquietud
que debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos
motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de pérdida de
investidura; y de la respuesta del asunto que se ha encomendado, las
apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y
asesorías deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad,
congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo
tal que de estos se desprenda un convencimiento justificado, defendible y
razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de
investidura […]”. (Negrilla fuera del texto).
90. Según se indicó, la jurisprudencia ha desarrollado una línea pacífica 43 en el
sentido de señalar que no cualquier gestión permite demostrar la diligencia y
cuidado y, en consecuencia, los conceptos para que actúen como eximentes de
responsabilidad deben contener una serie de exigencias, a saber: i) consultar la
jurisprudencia; ii) contener una formulación correcta de las preguntas; iii) incluir
apreciaciones conclusivas y; iv) contener criterios de idoneidad, congruencia,
pertinencia y sustentación razonada en su elaboración.
91. En el caso concreto, la Sala observa que el accionado no aportó al proceso el
concepto que rindió el Departamento Administrativo de la Función Pública, que
permita a esta Corporación realizar un análisis y valoración de este, con el propósito
de determinar, no solo la formulación correcta, completa y oportuna de la consulta,
sino que también para definir si los supuestos fácticos y jurídicos allí planteados
coinciden con los que son objeto de pronunciamiento en este caso concreto.
Asimismo, que el pronunciamiento de la respectiva autoridad sea idóneo,
congruente, pertinente y sustentado razonadamente para su elaboración en la
jurisprudencia de esta Corporación y que contenga apreciaciones conclusivas.
92. Adicional a lo anterior, la Sala observa que los apartes que extrae el accionado
del concepto supra, no guardan relación con la causal de pérdida de investidura
objeto del caso concreto en la medida en que en el presente asunto no se debate
si el demandado tenía o no la condición de empleado público de cara a la
configuración de alguna inhabilidad, por ejemplo, la prevista en el numeral 2. 44 del
artículo 4345 de la Ley 136, sino que lo que interesa en este caso es definir, en los
términos del numeral 3. del artículo 4346 de la Ley 136, modificado por el artículo
40 de la Ley 617, si el inculpado celebró dentro del año anterior a la elección un
contrato con una entidad pública de cualquier nivel, en interés propio o de terceros.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia
de 11 de marzo de 2021, radicado núm.: 15001-23-33-000-2020-00065-01(PI) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 2 de mayo de 2025, radicado núm.: 25000
2315 000 2024 00502 01.
44
“[…] 2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público,
jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado
público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos
de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. […]”. (negrilla
fuera del texto).
45
Modificado por el artículo 40 de la Ley 617.
46
Ibidem.
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Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
93. Por ende, la Sala considera no solo que no se probó en ese sentido ni la
diligencia ni el cuidado, sino que lo argumentado por el accionado no guarda
relación con el caso objeto de estudio.
94. Por otro lado, la parte accionada, en el trámite de la segunda instancia, alegó
haber obrado de buena fe calificada para lo cual señaló que la causal de inhabilidad
no resulta pacífica toda vez que lo celebrado fue un contrato de trabajo que se rige
por las normas del derecho privado.
95. Describió que, en este escenario, i) el Tribunal Administrativo de Boyacá,
mediante sentencia de 9 de julio de 2024, al resolver la demanda de nulidad
electoral en contra del accionado, negó las pretensiones de la demanda al no
encontrar acreditado el elemento objetivo de la inhabilidad, en particular, por
considerar que la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P. era una
sociedad de economía mixta la cual se rige por las reglas del derecho privado y; ii)
ante la falta de claridad el hoy demandado interpuso una acción de tutela la cual se
tramita con el número de radicado 11001-0315-000-2024-06450-00.
96. Para la Sala, los anteriores argumentos no justifican el deber de diligencia de
su conducta, porque no identificó ni invocó cuáles sentencias emitidas por este
órgano de cierre respaldaban su comportamiento y que derivaran la creencia en el
accionado de estar amparado en la confianza legítima por una interpretación válida
de esta Corporación.
97. Tales argumentos denotan en realidad su inconformismo frente al estudio y
análisis del elemento objetivo de la conducta, el cual, según se indicó anteriormente,
fue objeto de análisis por la Sección Quinta de esta Corporación, en sentencia de
24 de octubre de 2024, fallo judicial que hace tránsito a cosa juzgada frente al
estudio del elemento objetivo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 1. de la Ley 1881.
98. La cosa juzgada ha sido definida por la Corte Constitucional como una cualidad
intrínseca que se predica de las sentencias ejecutoriadas que las convierte en
inmutables, obligatorias, inobjetables y definitivas. La cosa juzgada tiene como
función negativa generar una regla jurídica prohibitiva a los funcionarios judiciales
para conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y como función positiva, dotar de
seguridad jurídica a las relaciones entre los particulares, en procura del
mantenimiento de un orden justo y para asegurar la convivencia social en un Estado
Democrático de Derecho. Precisamente, en sentencia C-522 de 200947, la Corte
Constitucional expresó que se trata de:
“[…] una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual
aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el
asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni
dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que
47
MP: Nilson Pinilla Pinilla.
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Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
persiga igual objeto. Como institución, la cosa juzgada responde a la
necesidad social y política de asegurar que las controversias llevadas a
conocimiento de un juez tengan un punto final y definitivo, a partir del cual la
sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisión así alcanzada,
destacándose la sustancial importancia para la convivencia social al brindar
seguridad jurídica, y para el logro y mantenimiento de un orden justo, que pese
a su innegable conveniencia y gran trascendencia social no tiene carácter
absoluto”.
99. Finalmente se debe resaltar que el tribunal de primera instancia adujo que en el
presente caso no se probó la ventaja o el beneficio electoral que le reportó la
celebración de contratos; el apelante insiste en que la ventaja sí se presentó y el
accionado, al descorrer el traslado de la admisión del recurso de alzada, adujo que
no se presentó ningún beneficio electoral.
100. Conforme se indicó anteriormente, del tenor del numeral 3. del artículo 43 de la
Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 no se desprende que para la
configuración de esta inhabilidad se exija demostrar la ventaja o beneficio electoral.
101. Esta interpretación contraviene la jurisprudencia de esta Corporación en la que
se ha señalado que esta causal de inhabilidad tiene un carácter preventivo que
busca evitar que el interés particular ceda ante el interés general y el rompimiento
de la igualdad electoral que debe imperar en los procesos electorales.
102. En este sentido, el accionante aportó junto con la demanda un enlace de
Facebook en el cual se aprecia unas personas en un acto de entrega de una obra
pública, dicho elemento de prueba está encaminado a demostrar la presunta ventaja
electoral o la posible participación en un acto proselitista. No obstante, se insiste,
este aspecto no es relevante para la configuración de la causal de pérdida de
investidura analizada, puesto que es suficiente para su acreditación con que el
aspirante haya celebrado un contrato con una entidad pública en provecho propio o
de un tercero, dentro del año anterior a la elección y cuya ejecución deba realizarse
en el mismo municipio en el cual se participa en los comicios.
103. La interpretación según la cual se debe demostrar la ventaja electoral no se
desprende de la norma y no se acompasa con el propósito de la inhabilidad por
celebración de contratos con entidades públicas la cual tiene un carácter
eminentemente preventivo orientado a preservar la igualdad de los aspirantes
enfrentados en una contienda electoral, bajo el propósito de precaver, por un lado,
la indebida utilización de la condición de candidato en las diligencias que este
adelante ante entidades públicas y, por otro lado, la utilización de sus vínculos y
relaciones con estos entes para acreditarse ante el electorado.
104. De acuerdo con lo anterior y siguiendo los postulados de la sentencia SU 424
de 2016 y luego de valorar la totalidad de las pruebas aportadas en el expediente
de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional, no puede
predicarse la existencia de un mínimo grado de diligencia en la conducta del
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Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
accionado de cara a indagar, conocer y auscultar la normatividad que resultaba
aplicable para aspirar a ocupar un cargo de elección popular, así como las
consecuencias que derivaban del hecho de incurrir en las prohibiciones previstas
por el legislador con efecto de desinvestidura.
105. En consecuencia, la Sala considera que el acusado incurrió en la conducta
prohibida con culpa grave, toda vez que celebró un contrato con una empresa de
servicios públicos de naturaleza mixta, la cual es una entidad estatal, dentro del
período inhabilitante el cual debía ejecutarse en el respectivo municipio de
Sogamoso, sin que haya desplegado ninguna conducta de cara revisar el marco
jurídico que el era aplicable y su conducta además no se encuentra justificada en la
buena fe calificada.
106. Por todo lo expuesto, se encuentra probado que el demandado incurrió en la
causal de inhabilidad prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 48, al haber celebrado el contrato
individual de trabajo el 3 de enero de 2023, con la Empresa de Servicios Públicos
de Sogamoso S.A. E.S.P., dentro del año anterior a su elección, conforme lo indicó
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia de 24 de octubre de 2024,
la cual se encuentra ejecutoriada y tiene efectos de cosa juzgada en este proceso
de pérdida de investidura frente al estudio del elemento objetivo de conformidad
con el parágrafo del artículo 1. de la Ley 1881, conducta que se cometió con culpa
grave.
107. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia de 26 de
noviembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Boyacá para, en su lugar, decretar la pérdida de investidura del señor John Jairo
Rincón Preciado, quien resultó elegido concejal del municipio de Sogamoso
(Boyacá) para el periodo 2024-2027.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de noviembre de 2024, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DECRETAR la pérdida de investidura del señor John Jairo Rincón
Preciado, quien resultó elegido como concejal del municipio de Sogamoso (Boyacá)
para el periodo 2024-2027.
48
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.
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Accionante: Omar Javier Medina Alfonso
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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