Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00378-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00378-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00378-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00378-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
21 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: relación laboral encubierta. Subtema 3:
defecto fáctico y desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly en contra de la
sentencia del 20 de febrero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Adolfo de Jesús Silva Covelly, por intermedio de su apoderado, presentó
acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y el principio de primacía de la
realidad sobre las formas, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 2
de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 08001-33-33-
002-2021-00100-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. El señor Adolfo de Jesús Silva Covelly prestó sus servicios profesionales al
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)1, en el cargo de instructor vinculado al área
de hotelería (Gestión Hotelera, Organización de Eventos), en los diversos programas
1
En adelante, SENA
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
de formación titulada y/o complementaria que maneja el Centro de Comercio y
Servicios del SENA Regional Atlántico.
3. El accionante se encontraba vinculado al SENA a través de sucesivos contratos de
prestación de servicios que se ejecutaron entre el 19 de diciembre de 2003 y el 18 de
diciembre de 2019. Mediante correo electrónico del 13 de enero de 2021, radicado en
el SENA con el núm. 7-2021-008750, solicitó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales causadas durante el período en que estuvo vinculado a la
entidad.
4. El SENA, a través de la comunicación electrónica núm. 8-9302-101 del 22 de enero
de 2021, negó el requerimiento del accionante con el argumento de que no existió
contrato de trabajo alguno.
5. El tutelante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del SENA, con el fin de que se dejara sin efectos el referido acto administrativo, se
declarara la existencia de una relación laboral y se ordenara el pago de las acreencias
laborales, junto con los correspondientes aportes a seguridad social.
6. El Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla, mediante sentencia del 26 de
junio de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Contra dicha
decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación.
7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, a través
de providencia del 2 de agosto de 2024, revocó la decisión de primera instancia y, en
su lugar, negó las peticiones de la demanda, al considerar que no se encontraba
suficientemente probado el elemento de subordinación.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:
1. Solicito que se le tutelen a mi poderdante el Señor ADOLFO DE JESÚS SILVA
COVELLY sus derechos fundamentales conculcados como son: Igualdad, Debido
Proceso, derecho al trabajo, situación más favorable al trabajador, Primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones laborales, remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho, buena fe, por haber incurrido la parte accionada en su
decisión en vía de hecho por Defecto Fáctico, Defecto Material o Sustantivo,
Defecto Procedimental absoluto, Desconocimiento del precedente judicial del
Consejo de Estado y violación de la constitución, y todos aquellos que se
encuentren en conexidad con los anteriores.
2. Ordenar al HONORABLE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO – DESPACHO 003- SALA DE DECISIÓN ORAL – SECCIÓN B a
que proceda en el término perentorio de 48 horas siguientes a la notificación del
presente fallo de tutela, para que dicte una nueva providencia (SENTENCIA) en los
términos y parámetros que disponga esta Honorable Corporación, en el sentido de que
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00378-00, índice 2, certificado núm. C9E4A333F7CDE872 C5E9F26801160B61
E8D227CB490C63F6 4A678A3BDC11C0BC.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
acceda a la declaratoria y existencia de la relación laboral (contrato realidad - Art. 53
de la C.N.) existente entre las partes durante el periodo comprendido del 19 de
Diciembre del año 2.003 hasta el 18 de Diciembre del año 2.019 sin solución de
continuidad salvo las interrupciones habidas entre cada contrato de acuerdo a las
pretensiones del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ya
referenciado en precedencia.
3. En el evento de que no sea posible disponer que se dicte una nueva providencia, SE
DEJE SIN EFECTOS la Sentencia proferida por el Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo del Atlántico – Despacho 003- Sala De Decisión Oral – Sección B de
fecha 02 de Agosto de 2024, Y SE CONFIRME la Sentencia dictada en Primera
Instancia por el Juzgado Segundo (2) Administrativo del Circuito Oral de Barranquilla
de fecha 26 de Junio de 2024; o por el contrario para que en su REMPLAZO se dicte
la providencia que profiera esta Honorable Corporación.
4. Exhortar a la accionada corporación que en lo sucesivo en casos similares se
proceda a dictar sus providencias en los términos y parámetros que para tal efecto esta
Honorable Corporación le imponga3.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó, en concreto,
que la sentencia del 2 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, incurrió en defecto fáctico porque concluyó que no se demostró el elemento
de la subordinación y, por ende, no había lugar a reconocer la relación laboral
encubierta, a partir de una valoración defectuosa de los testimonios, la declaración de
parte del demandante y los documentos aportados al proceso ordinario.
10. En este sentido, precisó que las pruebas allegadas al expediente permitían inferir
que las labores desarrolladas por el actor, en su calidad de instructor de formación,
eran de naturaleza similar a las realizadas por los servidores de planta del SENA.
Asimismo, atendía las reglas de la entidad, asistía de forma obligatoria a las
capacitaciones, reuniones y encuentros académicos como cualquier empleado, bajo
una continua subordinación, sin que pudiera realizar sus actividades de forma
autónoma, independiente o libre. Circunstancias que no fueron valoradas por el
Tribunal en la providencia acusada.
11. De igual manera, resaltó que la parte demandante, en el trámite del proceso
ordinario, acreditó que los horarios, la asignación de cursos, salones, sedes,
contenidos programáticos, las guías de estudio, el montaje de las evaluaciones y los
talleres eran diseñados por la Dirección Nacional del SENA, sin que el docente instructor
pudiera gozar de autonomía ni de la posibilidad de tomar decisiones por fuera de las
exigencias, requerimientos e instrucciones de la entidad demandada.
12. Por otro lado, advirtió que la providencia cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente, por cuanto no tuvo en cuenta los límites del
contrato de prestación de servicios definidos en las sentencias de unificación de la
Sección Segunda del Consejo de Estado4.
3
Se transcribe incluso con errores.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado núm. 23001-23-33-000-
2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005- 16 y del 9 de septiembre de 2021, radicado núm. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (SU-
025-CE-S2-2021).
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
2.3. Trámite procesal
13. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante auto del 28 de enero de 20255,
admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del
Atlántico y puso en conocimiento el escrito de tutela al SENA y al Juzgado Segundo
Administrativo de Barranquilla, en calidad de terceros interesados.
2.4. Intervenciones
14. El Tribunal Administrativo del Atlántico6 pidió que se declare improcedente o,
en su defecto, se niegue el amparo de tutela, porque no se configura ninguna de las
causales especiales de procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.
15.En este sentido, indicó que la sentencia cuestionada valoró los elementos
aportados al proceso ordinario y resolvió negar las pretensiones de la demanda, al
concluir que, en el presente asunto, no se acreditó el elemento de dependencia o
subordinación, carga que, evidentemente, debió asumir el tutelante.
16. Asimismo, explicó que la providencia cuestionada se fundamentó en la Ley 80 de
1993 y en la línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al contrato realidad,
particularmente, en las sentencias CESUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 SUJ-
025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 y del 19 de febrero de 2009, radicado
núm. 3074-05 del Consejo de Estado.
17. Adicionalmente, refirió que la defensa de la decisión se encuentra en los
argumentos planteados en la sentencia del 2 de agosto de 2024, por cuanto en esta
se realizó una exposición suficiente de las razones por las cuales se revocó el fallo del
26 de junio de 2024, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla.
18.El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),7 solicitó que se declare
improcedente la solicitud de tutela, por cuanto no se evidencia alguna circunstancia
que justifique la procedencia de la acción en contra de la decisión del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
19. Así pues, indicó que el accionante pretende utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, que se
ajuste a las pretensiones expuestas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
20. Asimismo, expresó que el accionante fundamentó la tutela en una valoración
subjetiva de la sentencia cuestionada, desconociendo la autonomía e independencia
que rige a las autoridades judiciales.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00378-00, índice 4, certificado núm. EB43AB795582434D D9C46F3CB96327E4
2838DF0F44FDB94E B26D18358B82A454. .
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00378-00, índice 9, certificado núm. F8941F9F4DDC4286 961A0685B260D5D9
23D1FA7669BD3BD8 36B8CC6BEC8A58BB.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00378-00, índice 12, certificado núm. E374A6418534225 126BA6BB6CB2CE20
AB34825E4F83B993 647F6483AAC29044.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
21. El Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla 8 remitió a esta
corporación, el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
2.5. Sentencia de primera instancia
22. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 20 de febrero de
20259, declaró improcedente la solicitud de amparo, con el argumento de que el asunto
no cumplía con el requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que no
desarrolló una carga argumentativa y probatoria dirigida a acreditar los defectos
alegados en contra de la sentencia del 2 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
23. Al respecto, indicó que la controversia propuesta por el señor Adolfo de Jesús Silva
Covelly se circunscribía a un desacuerdo con la valoración probatoria realizada por la
autoridad accionada; sin embargo, no explicó las razones o circunstancias concretas
por las cuales consideraba que la decisión censurada no realizó un adecuado análisis
de los elementos de prueba y, en consecuencia, vulneró sus derechos fundamentales.
24. De este modo, concluyó que los argumentos del tutelante únicamente se
enfocaron en debatir aspectos decididos por el juez natural, sin proponer un verdadero
debate constitucional respecto de la providencia del 2 de agosto de 2024, por lo que
la discusión del asunto en este escenario judicial se tornaba improcedente.
2.6. Impugnación
25.
La parte actora presentó impugnación10 contra la sentencia del Consejo de Estado,
Sección Quinta, para lo cual argumentó que el requisito de la relevancia constitucional
se encontraba superado, comoquiera que se cuestionaba la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y el principio de
primacía de la realidad sobre las formas.
26. En este sentido, afirmó que era procedente realizar un análisis de fondo de los
argumentos de la tutela para determinar si la providencia cuestionada se ajustó a las
garantías constitucionales, pues, en su criterio, las pruebas aportadas al proceso se
apartaron de la realidad procesal y fueron interpretadas en detrimento de los derechos
del accionante, desconociendo la existencia de la relación laboral encubierta.
27. Asimismo, afirmó que no pretendía proponer una discusión de naturaleza
económica, sino que planteaba una controversia de carácter constitucional ante una
situación que afectó los derechos fundamentales, derivada de una omisión en el
análisis crítico y objetivo de las funciones que desempeñaba el accionante en el SENA,
en atención a su calidad de docente y a sus condiciones de vinculación, con los cuales
se podía advertir la existencia de una relación subordinada.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00378-00, índice 13, certificado núm. FA795B8884F9F19D CF6E53F876C0E29C
A745A5A52508BA53 7F1ED53AE557DA65.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00378-00, índice 15, certificado núm. E64045BDE9464FC B486BE9F1F8F6898
33D93D9A9F9E1D60 D1335543789A3BF1.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05309-00, índice 18, certificado num. 5930BED43762687 B9A02EF3F952C101
726870EB9FA9999D 2036E836D1A55780.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
28.
Por otro lado, refirió que acudió a la tutela para reclamar la protección de derechos
laborales que tienen fundamento en normas constitucionales y no como una instancia
adicional del proceso ordinario, por lo que la solicitud de amparo resulta procedente.
29.Finalmente, pidió que se revoque la providencia impugnada y, en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
30.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 20 de
febrero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
31. La legitimación en la causa por activa del señor Adolfo de Jesús Silva Covelly
está acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus
derechos fundamentales.
32. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Atlántico, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia del
2 de agosto de 2024 objeto de estudio.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional12.
34.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
36. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución14.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
37. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional15 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
38. Así pues, la Corte Constitucional16 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»17 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»18;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
39. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
14
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su
juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
40. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
41. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 2 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, fue notificada el 11 de octubre de 202419, y la demanda de tutela se presentó
el 24 de enero de 202520, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional21 y del Consejo de Estado22 como razonable.
42. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.
43. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con las causales del defecto fáctico y el desconocimiento
del precedente, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que
planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
45. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 20 de febrero de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo
interpuesta por el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly.
46. En particular, deberá establecer si el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital
y el principio de primacía de la realidad sobre las formas del accionante, e incurrió en
defecto fáctico y en desconocimiento del precedente, al proferir la sentencia del 2 de
agosto de 2024, mediante la cual revocó la sentencia del 26 de junio de 2024, expedida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda relacionadas con el reconocimiento de la relación laboral
encubierta con el SENA y el pago de las respectivas acreencias laborales.
19
Samai, exp. 08001-33-33-002-2021-00100-01, índice 13.
20
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00378-00, índice 1.
21
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente Nº 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
47. Para el efecto, se estudiará: (i) las generalidades de los defectos invocados; y (ii)
el caso concreto.
Generalidades de los defectos invocados
48. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en el defecto
fáctico y desconocimiento del precedente.
El defecto fáctico
49. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»23. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión24» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.
50. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»25. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»26.
51. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso27.
52. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial28, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
23
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
27
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
28
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»29.
53. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]30.
El desconocimiento del precedente judicial
54. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas31.
55. Al respecto, la Corte Constitucional32 ha considerado que el precedente se define
como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del
precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
29
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
30
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
31 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo, lo
cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial tiene
entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez
cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de
que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario
desconoce el precedente horizontal».
32 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el
concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido
amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales33.
56. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia 34.
57. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación
con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»35.
58. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela36.
59. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación37.
60.
Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
33 Se transcribe incluso con errores.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
35 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
36 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal o
vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez enuncie
las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues
“solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones
suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio
jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la
igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
37 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de la
autonomía judicial.
3.5 . Caso concreto
61. En el asunto bajo estudio, el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly presentó escrito
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del SENA, con la pretensión de declarar la existencia de una relación laboral encubierta
y, en consecuencia, ordenar el pago de las acreencias laborales, junto con los
correspondientes aportes a seguridad social. En primera instancia, el Juzgado
Segundo Administrativo de Barranquilla, mediante providencia del 26 de junio de 2024,
accedió a las súplicas de la demanda.
62. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Atlántico emitió
sentencia el 2 de agosto de 2024, a través de la cual revocó el fallo de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones del demandante.
63. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela que el Tribunal
Administrativo del Atlántico incurrió en defecto fáctico, por cuanto omitió valorar
adecuadamente los testimonios y los documentos aportados al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, los cuales acreditaban el elemento de subordinación de
la relación laboral que sostuvo con el SENA.
64. En concreto, precisó que las pruebas allegadas al expediente permitían inferir que
cumplió horarios, desarrolló sus actividades conforme a los contenidos programáticos,
las guías de estudio, el montaje de las evaluaciones y los talleres elaborados por el
SENA, sin que pudiera gozar de autonomía ni de la posibilidad de tomar decisiones por
fuera de las exigencias, requerimientos e instrucciones de la entidad demandada.
65. Por otro lado, advirtió que la providencia cuestionada se apartó del precedente
porque no tuvo en cuenta los límites del contrato de prestación de servicios definidos
en los pronunciamientos del Consejo de Estado38.
66. Al respecto, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el fallo objeto de tutela39,
se pronunció sobre la configuración de los elementos de la relación laboral reclamada
por el accionante, con fundamento en los siguientes medios de prueba: i) los contratos
de prestación de servicios suscritos por el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly y ii) las
declaraciones del demandante y la señora Sixta Tulia Moya Vásquez recibidas en la
audiencia de pruebas del 25 de agosto de 2022.
67. De esta manera, el Tribunal Administrativo del Atlántico, al examinar el contenido
de los contratos de prestación, evidenció que entre el señor Adolfo de Jesús Silva
Covelly y el SENA existía una relación contractual que tenía por objeto desarrollar la
actividad de instructor contratista de carácter temporal en el área de asistencia en
procesos de selección y manejo de personal para la formación titulada del «Programa
de Servicios Administrativos, Salud, Hotelería y Turismo en el Centro de Comercio y
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado núm. 23001-23-33-000-
2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005- 16.
39
sentencia del 2 de agosto de 2024
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Servicios», entre otras dependencias.
68. Así pues, para la autoridad judicial, los mencionados documentos demostraban la
prestación personal del servicio desarrollada por el actor al interior del SENA y el valor
de la contraprestación pactada; esto es, dos de los elementos esenciales que rigen las
relaciones laborales.
69. Ahora bien, en cuanto al presupuesto de la subordinación, el Tribunal
Administrativo del Atlántico realizó una valoración de las declaraciones recibidas en el
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con las cuales concluyó
lo que sigue:
Conforme el anterior recuento fáctico-probatorio, en cuanto a las pruebas de la
subordinación, se observa que, si bien el actor señala inicialmente que cumplía horario, la
testigo SIXTA TULIA MOYA VÁSQUEZ no es categórica en esta afirmación, pues,
además que no “sabía los horarios”, parte de la suposición de que el aquí accionante lo
cumplía en la mañana y en la tarde, e incluso en la noche, por cruzarse con él. Ahora,
como se sabe esa circunstancia, per se, no configura la dependencia o subordinación,
máxime que, la formación académica presencial (no virtual), en cualquiera de sus
modalidades, implica el agotamiento de unos requisitos de tiempo de dedicación, tanto
para los aprendices como para los formadores. Obsérvese que la testigo indicó que, las
labores podían desarrollarse en jornadas de mañana, tarde o noche, dependiendo de las
circunstancias. Además, el servicio se prestó en lugares distintos, según las necesidades
requeridas.
Aunado a lo anterior, tal como se estableció anteriormente, de los periodos en los que
puede predicarse una verdadera relación laboral, van del 14 de febrero al 14 de diciembre
de 2018 (Contrato No. 1703 de 09 de febrero de 2018), y del 4 de febrero al 18 de
diciembre de 2019 (Contrato No. 0386 de 04 de febrero de 2019), al existir solución de
continuidad entre estas y las demás relaciones contractuales, conforme se demostró
precedentemente. Ahora, en su testimonio, quedó claro que la testigo SIXTA TULIA MOYA
VÁSQUEZ ingresó al SENA en el mes de marzo de 2011, retirándose en el mes de agosto
de 2016, razón por la cual, mal podría dar luces a esta colegiatura respecto de las
circunstancias que convergieron en la ejecución de los referidos contratos.
Siguiendo con el análisis del asunto sub examine, tenemos que, si el objeto de todos los
contratos fue prestar servicio como instructor, ello impone que las actividades a desarrollar
deban necesariamente asignarse por la entidad contratante, acorde con sus instrucciones,
dependiendo en específico de la asignatura o área temática a impartir. En este orden de
ideas, en el plenario no aparecen relacionadas pruebas tendientes a demostrar que, para
las actividades contratadas, existían personas vinculadas a la planta de la entidad
demandada, con conocimientos especializados, a fin de atenderlas en aquellos periodos
en los cuales fue contratado con el objeto de desarrollar conocimientos en cada área, más
allá de lo manifestado por el actor en su disertación en la etapa de pruebas y por la testigo
que rindió testimonio40.
70. Como se observa, la autoridad accionada precisó que, si bien el demandante en
su declaración afirmó que cumplía un horario de trabajo, también indicó que «este no
era fijo, siendo preestablecido por la coordinadora de la accionada, pudiendo tener 2
horas en la mañana y 4 horas en la tarde, o 2 horas en la noche, o viceversa; no era
un horario fijo, dependía de la disponibilidad que tenía cada uno del grupo».
40
Se transcribe incluso con errores
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
71.
Asimismo, la sentencia acusada puso de presente que el testimonio de la señora
Sixta Tulia Moya Vásquez no fue categórico, pues indicó que no «sabía los horarios»
en los cuales el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly realizaba sus actividades, en tanto
refirió de manera general que algunas veces acudía al SENA en las mañanas, otras en
las tardes e incluso en las noches, dependiendo de las circunstancias, sin precisar un
espacio de tiempo concreto.
72. En este sentido, el Tribunal destacó que la formación académica presencial que
se realiza en el SENA exige unos periodos de dedicación, tanto para los aprendices
como para los formadores. No obstante, en el caso objeto de estudio no se tenía
certeza del tiempo laborado por el accionante. Además, precisó que los elementos de
prueba aportados al proceso daban cuenta de que el servicio se prestó en lugares
distintos, según las necesidades requeridas, por lo que no se podía inferir que el
servicio se prestó bajo unas condiciones uniformes.
73. Adicionalmente, la sentencia cuestionada resaltó que el testimonio de la señora
Sixta Tulia Moya Vásquez indicaba que el tutelante ingresó al SENA en el mes de marzo
de 2011 y se retiró en el mes de agosto de 2016; sin embargo, los periodos en los que
se podía predicar la existencia de una verdadera relación laboral comprendían del 14
de febrero al 14 de diciembre de 201841 y del 4 de febrero al 18 de diciembre de 201942,
por cuanto en las demás relaciones contractuales, anteriores a estas, se configuró una
solución de continuidad e incluso la prescripción.
74. De esta manera, para el Tribunal en el expediente no se acreditó por el
demandante que el SENA, para desarrollar las actividades contratadas también contara
con personas vinculadas a la planta de la entidad, las cuales tenían conocimientos
especializados, para prestar el servicio en los periodos en los cuales fue contratado
con el objeto de desarrollar conocimientos en cada área, más allá de las afirmaciones
del tutelante.
75.
Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó que en el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho no existían suficientes elementos
de juicio para acreditar la continua dependencia o subordinación que permitiera
reconocer la existencia de la relación laboral reclamada, por lo que no era posible
acceder a las pretensiones de la demanda.
76.
En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 2 de agosto de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, no incurrió en vía de hecho
por defecto fáctico, pues la decisión de revocar la providencia de primera instancia 43,
para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, estuvo soportada en un
estudio razonable de los hechos y de las pruebas documentales y testimoniales
aportadas al expediente, lo que le permitió concluir que la actividad profesional
desarrollada por el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly para el SENA no se realizó
dentro de contexto de subordinación, razón por la cual no había lugar a declarar la
existencia de la relación laboral.
77. En efecto, es posible advertir que los elementos de convicción allegados al
proceso ordinario no eran lo suficientemente sólidos y convincentes para demostrar
41
Contrato núm. 1703 de 09 febrero de 2018.
42
Contrato núm. 0386 de 04 febrero de 2019.
43
Sentencia de 26 de junio de 2024, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
que el servicio prestado por el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly estaba
completamente dirigido y sometido a las directrices de la entidad demandada, pues el
análisis realizado por la autoridad judicial en la providencia acusada puso en evidencia
que no se demostró la existencia de un superior jerárquico que le impartiera órdenes
en cuanto al modo, cantidad y tiempo de trabajo que debía cumplir durante todo el
periodo de duración del contrato.
78. Sobre el particular, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado44, en cuanto al alcance del elemento subordinación y la carga probatoria que
le asiste a la parte interesada que pretende obtener el reconocimiento de una relación
laboral encubierta, ha dicho lo siguiente:
(i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor
público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo
o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante
el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que
la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de
comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos
por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de
servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la
existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales
a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que
ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado
público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de
nombramiento o elección y su correspondiente posesión. [subrayado fuera de texto].
79. Acorde con lo expuesto, resulta oportuno advertir que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, «incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen […]». Ello se traduce en que, en los procesos que cursan ante el juez de lo
contencioso-administrativo, corresponde a los sujetos procesales la carga de la
prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones.
80. De esta manera, cuando la parte actora no cumple con el deber probatorio que le
corresponde, la consecuencia jurídica que habrá de asumir será la desestimación de
las pretensiones de la demanda en la sentencia.
81.
En el presente asunto, no se puede desconocer que el accionante omitió ejercer
una adecuada actividad probatoria dirigida a acreditar la condición de subordinación
de la relación laboral que pretendía le fuera reconocida dentro del trámite del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual el juez de
segunda instancia desestimó sus pretensiones.
82. En este orden, para la Sala, el análisis realizado por el Tribunal Administrativo del
Atlántico sobre los elementos probatorios allegados al proceso se realizó dentro de
unos parámetros de razonabilidad, sin que se pueda advertir la existencia de un
defecto fáctico. Por consiguiente, la inconformidad de la parte actora, frente a la
valoración efectuada por la autoridad judicial no implica una vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado núm. 23001-23-33-000-
2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
83.
Por otro lado, tampoco se observa que la decisión objeto de tutela haya incurrido
en desconocimiento del precedente, pues, contrario a lo manifestado por la parte
actora, el Tribunal efectuó un análisis de los alcances y límites del contrato de
prestación de servicios definidos en distintos pronunciamientos del Consejo de Estado,
entre otros, las sentencias de unificación del 25 de agosto de 2016 (CE-SUJ2-005-16)
y del 9 de septiembre de 2021 (SU-025-CE-S2-2021), con las cuales precisó que el
reconocimiento de la existencia de un «contrato realidad» dependía de que el
demandante ejerciera una adecuada actividad probatoria que le permitiera al juez tener
el convencimiento de la continuada subordinación a la que estuvo sometido durante el
tiempo en que prestó sus servicios en la modalidad de contratista.
84.
Así pues, una vez analizada la actividad probatoria desarrollada por el accionante
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal
Administrativo del Atlántico determinó que no había lugar a declarar la existencia de la
relación laboral, debido a la ausencia de suficientes elementos de juicio con los cuales
se pudiera acceder a lo pretendido por el actor.
85. Conforme a lo expuesto, la Sala considera que la sentencia del 2 de agosto de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, realizó una adecuada
valoración de los hechos, las pruebas y los criterios jurisprudenciales aplicables al
caso concreto, bajo los principios de autonomía e independencia judicial y sana crítica.
De esta manera, si bien la providencia objeto de tutela no resultó favorable a la parte
tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus derechos fundamentales.
86. Así las cosas, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso
de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir
el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.
IV. CONCLUSIONES
87. Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico no vulneró los derechos fundamentales invocados por el
accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por los defectos fáctico y desconocimiento de
precedente que exija la intervención del juez de tutela.
88. En consecuencia, se modificará la sentencia del 20 de febrero de 2025 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, se negará la solicitud de
amparo invocada por el accionante.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-01
Accionante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 20 de febrero de 2025
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en
esta providencia. En su lugar, quedará así:
PRIMERO: NEGAR la tutela interpuesta por el señor Adolfo de Jesús Silva
Covelly, en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones
consignadas en esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
JLAS/SEJV
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.