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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00378-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00378-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly contra el Tribunal Administrativo del Atlántico SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00378-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

20 de febrero de 2025

Demandante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00378-00
Demandante: ADOLFO DE JESÚS SILVA COVELLY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 24 de enero de 2024, el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly, mediante apoderado
judicial, radicó acción de tutela, con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al derecho al trabajo, «primacía de
la realidad sobre las formas en las relaciones laborales, remuneración vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo».

Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que en sentencia de 2 de agosto de 2024, revocó1 el
fallo de 26 de junio de 2024, en el que el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Barranquilla había accedido a las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó el actor contra el
Servicio Nacional de Aprendizaje, en adelante SENA, y que se identificó con el
número 08-001-33-33-002-2021-00100-00/01.

1.2. Pretensión

El accionante presentó las siguientes:

1. Solicito que se le tutelen a mi poderdante el Señor ADOLFO DE JESÚS SILVA
COVELLY sus derechos fundamentales conculcados como son: Igualdad,
Debido Proceso, derecho al trabajo, situación más favorable al trabajador,
Primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales,
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;

1 Al no haberse probado la subordinación «cargo que debió asumir el interesado», a fin de que se

declarara la existencia de la relación de carácter laboral.
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Demandante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
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estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, buena fe, por
haber incurrido la parte accionada en su decisión en vía de hecho por Defecto
Factico, Defecto Material o Sustantivo, Defecto Procedimental absoluto,
Desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado y violación
de la constitución, y todos aquellos que se encuentren en conexidad con los
anteriores.

2. Ordenar al HONORABLE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – DESPACHO 003- SALA DE DECISIÓN
ORAL – SECCIÓN B a que proceda en el término perentorio de 48 horas
siguientes a la notificación del presente fallo de tutela, para que dicte una nueva
providencia (SENTENCIA) en los términos y parámetros que disponga esta
Honorable Corporación, en el sentido de que acceda a la declaratoria y existencia
de la relación laboral (contrato realidad - Art. 53 de la C.N.) existente entre las
partes durante el periodo comprendido del 19 de Diciembre del año 2.003
hasta el 18 de Diciembre del año 2.019 sin solución de continuidad salvo las
interrupciones habidas entre cada contrato de acuerdo a las pretensiones del
medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ya referenciado en
precedencia.

3. En el evento de que no sea posible disponer que se dicte una nueva
providencia, SE DEJE SIN EFECTOS la Sentencia proferida por el Tribunal De
Lo Contencioso Administrativo del Atlántico – Despacho 003- Sala De Decisión
Oral – Sección B de fecha 02 de Agosto de 2024, Y SE CONFIRME la Sentencia
dictada en Primera Instancia por el Juzgado Segundo (2) Administrativo del
Circuito Oral de Barranquilla de fecha 26 de Junio de 2024; o por el contrario
para que en su REMPLAZO se dicte la providencia que profiera esta Honorable
Corporación.

4. Exhortar a la accionada corporación que en lo sucesivo en casos similares se
proceda a dictar sus providencias en los términos y parámetros que para tal efecto
esta Honorable Corporación le imponga2. (Mayúsculas sostenidas y negrillas
originales)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

1.3.1. El señor Adolfo de Jesús Silva Covelly, a través de apoderado judicial,
promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
SENA, con el fin de que «se declarara la existencia de una relación de carácter
laboral sin resolución de continuidad en virtud del denominado contrato realidad».

1.3.2. En primera instancia, el proceso le correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, que en sentencia de 26 de
junio de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda.

Para arribar a tal decisión, estudió la existencia de los elementos verdaderos del
contrato laboral, que conforme el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, lo
constituyen la actividad personal, la continuada subordinación y el salario, de modo
que, concluyó que está demostrado que:

2 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

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[E]ntre el demandante y el SENA, se dio una verdadera relación laboral, no
obstante, su formalización a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, el Despacho declarará la nulidad parcial del oficio No. 8-9302-101
comunicado al demandante el 22 de enero de 2021, a través del cual, el Subdirector
de Centro de Comercio y Servicios del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –
SENA, no accedió a las peticiones del hoy demandante, señor ADOLFO DE JESUS
SILVA COVELLY, relacionadas con el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales derivadas de esa relación laboral, durante el tiempo comprendido entre 19
de diciembre de 2003 hasta el 18 de diciembre de 2019.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, y no como reparación
integral del daño, ordenará a la demandada a reconocer y pagar todas las sumas
que por concepto de prestaciones sociales devengan los empleados públicos
vinculados a la entidad demandada, correspondientes a los períodos laborados
comprendidos desde el 29 de diciembre de 2006 hasta el 18 de diciembre de 2019,
tomando como base para la liquidación, el valor pactado en los contratos y el
consecuente cómputo de ese tiempo para efectos pensionales, para lo cual la entidad
demandada hará las correspondientes cotizaciones y de las suma a pagar deberá
realizar los correspondientes descuentos de ley que correspondan al demandante.
(Negrillas fuera del texto original)

1.3.3. Inconforme con esa decisión, el SENA interpuso recurso de apelación, el
cual fue conocido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que, en fallo de 2
de agosto de 2024, revocó la decisión del a quo, y en su lugar negó las
pretensiones del medio de control, con base en que no se probó con suficiencia
el elemento de dependencia o subordinación, carga que debió asumir el señor
Adolfo de Jesús Silva Covelly, «como lo ha establecido la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en casos similares al presente».

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la decisión del tribunal accionado incurrió en un defecto
fáctico, comoquiera que omitió el decreto, la práctica y valoración de ciertas
pruebas, lo cual impidió una debida conducción al proceso de ciertos hechos que
resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.

Puntualmente, expuso que el Tribunal Administrativo del Atlántico hizo una
valoración probatoria desacertada, «a los documentos excluidos, testimoniales,
correos electrónicos excluidos que evidencian la permanencia como instructor del
docente durante todo el tiempo de vinculación al Sena y refuerzan el elemento
subordinante o de sujeción al cual este estaba sometido».

Igualmente, indicó que «dentro del acervo probatorio testimonial y declaración de
parte, y la declarante Sixta Tulia Moya Vásquez manifestaron de forma responsiva,
contundente, clara y diáfana que las labores por el actor desarrolladas en su calidad
de instructor de formación en cuanto a funciones, obligaciones y tareas asignadas
eran de la misma naturaleza, igualdad y jerarquía por las desarrolladas por los
funcionarios e instructores de planta la valoración de las pruebas documentales y
testimoniales recaudas en el proceso, con lo cual desconoció hechos que
claramente daban cuenta de la existencia de una verdadera relación laboral con la
entidad demandada».

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Adujo que el fallo reprochado había desconocido el precedente fijado en la
«sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021 del Consejo de Estado y
sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016, CP: Carmelo Perdomo Cuéter,
Exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005- 16», en el que se
expuso que «el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que
no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe
actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la
ley contractual».

También adujo que la Corte Constitucional «al estudiar la constitucionalidad de las
Expresiones no puedan realizarse con personal de planta o" y "En ningún
caso...generan relación laboral ni prestaciones sociales contenidas en el precitado
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80, en sentencia C-154 de 19 de marzo de
1997[36], precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de
carácter laboral, así: Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos
diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél
se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del
mismo».

Mencionó que «del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -
contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus
elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste
singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos».

Precisó que, en síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya
que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales.

A pesar de lo anterior, el yerro referente al desconocimiento del precedente lo
encaminó finalmente en la «escueta argumentación que tuvo el tribunal para hacer
una ponderación distante de la realidad procesal probatoria incurriendo en
evidentes errores protuberante de derecho y de hecho que pone en tela de juicio su
verdadera formación del convencimiento, ya que las consideraciones cuestionadas
son carentes de estructura racional, objetiva e imparcial donde su deber de
administrar justicia no fue aplicado de acuerdo a la regla de la sana critica al asunto
en controversia».

Para finalizar expuso que:

(i) El Tribunal Administrativo del Atlántico «ignoró o pretermitió tener por descontado
sin que lo hubiese hecho en su decisión la naturaleza, actividad, función y objeto
misional del Sena donde la formación integral de aprendices para el trabajo es de
la esencia de la estructura institucional donde se adquieren habilidades y

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competencias a través de la formación por parte de instructores siendo la profesión
docente para su ejercicio la permanencia y continuada subordinación de la
institución educativa Sena donde la relación de carácter laboral es propia de este
tipo de actividad docente, siendo las tareas, funciones y obligaciones a que debe
someterse el instructor para el desarrollo de su labor».

(ii) El tribunal no se preocupó por hacer una aplicación jurídico legal de las normas
que regulan la materia, apartándose de su deber de impartir justicia en observancia
del mandato constitucional que así lo impone.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 28 de enero de 2025, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, así como al Tribunal
Administrativo del Atlántico, en calidad de accionado, y le otorgó el término de dos
días para que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de
1991.

Como terceros con interés, vinculó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Barranquilla [autoridad judicial que conoció en primera instancia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho] y al SENA [extremo pasivo al
interior del expediente contencioso], para que, si lo consideran del caso, intervinieran
en el presente trámite tutelar.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictó la providencia censurada.

Finalmente, reconoció al abogado Oscar Fabián Utria Devia, como apoderado del
demandante, de conformidad con el poder otorgado en su favor.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico

En correo de 31 de enero de 2025, el magistrado ponente de la decisión de 2 de
agosto de 2024, intervino en el presente trámite tutelar y puso de presente los
hechos y las pretensiones que originaron la acción constitucional.

Adujo que las censuras que expone el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly resultan
inadmisibles porque este no es el escenario natural para generar ese debate, puesto
que es evidente que pretende convertir esta acción constitucional en una tercera
instancia, puesto que, lo que busca el actor es que el Consejo de Estado emita un
juicio jurídico, más no constitucional, del asunto materia de discusión en el medio
de control antes identificado, lo cual resultaría contrario a la naturaleza propia de
esta acción constitucional.

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Manifestó que la providencia censurada por vía constitucional no transgrede ningún
precedente judicial, tampoco se incurrió en ningún defecto para la procedibilidad de
la acción de tutela contra sentencia judicial, ni por causales genéricas, ni
específicas.

Pues, contrario a lo dicho por el tutelante, la providencia «se fundamentó en la línea
jurisprudencial que desarrolla lo atinente al contrato realidad, por las siguientes
normas y sentencias: Ley 80 de 1993, sentencia de unificación CESUJ2-005-16 de
25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 09 de septiembre de 2021 del
Consejo de Estado, y sentencia de 19 de febrero de 2009 Rad. 3074-05 del Consejo
de Estado».

Arguyó que la sentencia de segunda instancia, esgrimió las razones por las cuales
se revocó el fallo de 26 de junio de 2024, proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, de manera que, la defensa
del despacho la constituyen los argumentos expuestos en la sentencia de 2 de
agosto de 2024.

Reiteró que en el fallo censurado se negaron las pretensiones, con fundamento en
que después de que se valoraran los medios de convicción, se concluyó que, en el
presente asunto, no fluyó suficientemente probado el elemento de dependencia o
subordinación, carga que evidentemente debió asumir el señor Silva Covelly.

Adicionalmente, allegó el expediente digital del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado número 08-001-33-33-
002-2021-00100-00/01.

1.6.2. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

En memorial de 3 de febrero de 2025, la directora del SENA – Regional Atlántico
manifestó que se acogía a lo expuesto por el despacho del Tribunal Administrativo
del Atlántico en la sentencia reprochada, a través de la cual expuso sus argumentos
de defensa al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el actor contra esa entidad.

Esgrimió que el actor de manera oportuna controvirtió ante las instancias judiciales
competentes y por medio de las acciones establecidas por la ley, los actos
administrativos que consideró objeto de debate judicial, los cuales, en su momento,
fueron analizados y decididos por parte del juez natural de la causa

Dijo que la tutela es un mecanismo excepcional que brinda protección inmediata de
los derechos constitucionales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción de cualquier autoridad pública, pero de ninguna manera se establece como
un medio que sea sustitutivo de los medios de control ordinarios que se ejercen ante
las autoridades jurisdiccionales competentes.

También se opuso a las pretensiones expuestas por el accionante y a la presunta
transgresión de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
derecho al trabajo, «primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones
laborales, remuneración vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de

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trabajo», por lo tanto, se debe declarar la improcedencia de este mecanismo
constitucional.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo del derecho fundamental
del accionante, el cual consideró vulnerado por el Tribunal Administrativo del
Atlántico con la sentencia de 2 de agosto de 2024, en la que revocó el fallo de 26
de junio de 2024 del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Barranquilla, que había accedido a las pretensiones del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que presentó el actor contra el SENA, y que se
identificó con el número de radicado 08-001-33-33-002-2021-00100-00/01.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás, (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

2.4.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20227 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para

6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 8.

2.4.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por
el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, las inconformidades planteadas no contienen la
carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto
requiere la intervención del fallador de esta sede.

En efecto, si bien el actor planteó la configuración de un defecto fáctico y un
desconocimiento del precedente, el cual al final lo sustentó en una «escueta
argumentación que tuvo el tribunal para hacer una ponderación distante de la
realidad procesal probatoria incurriendo en evidentes errores protuberante de
derecho y de hecho que pone en tela de juicio su verdadera formación del
convencimiento», lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva
constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación de la
Corte Constitucional, SU-215 de 2022, además que los reparos planteados en este
escenario fueron resueltos por los operadores judiciales naturales.

Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al derecho al trabajo, «primacía de
la realidad sobre las formas en las relaciones laborales, remuneración vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo», no conlleva a que el asunto puesto
en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en
torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la
competencia de este operador judicial se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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Demandante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-00

Asimismo, deviene de manera indiscutible, la circunstancia evidente
correspondiente a que la controversia propuesta por el señor Silva Covelly se
circunscribe a un simple desacuerdo con la valoración probatoria, al haberse
cimentado en que el ad quem del proceso ordinario, en su sentir, omitió la valoración
de las pruebas documentales, testimoniales y las que reposaban en correos
electrónicos, con las cuales, según explicó, estaban plenamente demostrados los
elementos de la relación laboral, en especial el de la subordinación, de lo cual daba
cuenta los contratos de prestación de servicios suscritos entre el actor y el SENA.

Al respecto, en la sentencia censurada, el Tribunal Administrativo del Atlántico,
manifestó que, durante el proceso, no se probó con suficiencia el elemento de
dependencia o subordinación por parte del SENA, carga que debió asumir el señor
Adolfo de Jesús Silva Covelly, «como lo ha establecido la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en casos similares al presente».

Asimismo, y en relación con las pruebas recaudadas para efectos de la acreditación
del elemento de la subordinación, entre otras cosas, refirió:

Conforme el anterior recuento factico-probatorio, en cuanto a las pruebas de la
subordinación, se observa que, si bien el actor señala inicialmente que cumplía
horario, la testigo SIXTA TULIA MOYA VASQUEZ no es categórica en esta
afirmación, pues, además que no “sabia los horarios”, parte de la suposición de que
el aquí accionante lo cumplía en la mañana y en la tarde, e incluso en la noche, por
cruzarse con él. Ahora, como se sabe esa circunstancia, per se, no configura la
dependencia o subordinación, máxime que, la formación académica presencial (no
virtual), en cualquiera de sus modalidades, implica el agotamiento de unos requisitos
de tiempo de dedicación, tanto para los aprendices como para los formadores.
Obsérvese que la testigo indicó que, las labores podían desarrollarse en jornadas de
mañana, tarde o noche, dependiendo de las circunstancias. Además, el servicio se
prestó en lugares distintos, según las necesidades requeridas.

Aunado a lo anterior, tal como se estableció anteriormente, de los periodos en los que
puede predicarse una verdadera relación laboral, van del 14 de febrero al 14 de
diciembre de 2018 (Contrato No. 1703 de 09 febrero de 2018), y del 4 de febrero al
18 de diciembre de 2019 (Contrato No. 0386 de 04 febrero de 2019), al existir solución
de continuidad entre estas y las demás relaciones contractuales, conforme se
demostró precedentemente. Ahora, en su testimonio, quedó claro que la testigo
SIXTA TULIA MOYA VASQUEZ ingresó al SENA en el mes de marzo de 2011,
retirándose en el mes de agosto de 2016, razón por la cual, mal podría dar luces a
esta colegiatura respecto de las circunstancias que convergieron en la ejecución de
los referidos contratos.

Siguiendo con el análisis del asunto sub examine, tenemos que, si el objeto de todos
los contratos fue prestar servicio como instructor, ello impone que las actividades a
desarrollar deban necesariamente asignarse por la entidad contratante, acorde con
sus instrucciones, dependiendo en específico de la asignatura o área temática a
impartir. En este orden de ideas, en el plenario no aparecen relacionadas pruebas
tendientes a demostrar que, para las actividades contratadas, existían personas
vinculadas a la planta de la entidad demandada, con conocimientos especializados,
a fin de atenderlas en aquellos periodos en los cuales fue contratado con el objeto de
desarrollar conocimientos en cada área, más allá de lo manifestado por el actor en su
disertación en la etapa de pruebas y por la testigo que rindió testimonio.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-00

Así las cosas, es claro para esta colegiatura que lo pretendido por la parte actora
es reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez natural de la causa, tornándose
la discusión, en este escenario, en un asunto exclusivamente de índole valorativo lo
cual torna en improcedente la tutela.

En efecto, lo que se vislumbra es una inconformidad o discrepancia del tutelante
con la decisión de 2 de agosto de 2024, adoptada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, para lo cual busca, por medio de este mecanismo de amparo, que el
asunto sea nuevamente estudiado, sin además realizar el respectivo ejercicio
hermenéutico de carácter constitucional.

Conforme a lo anterior, no es posible, en este caso, la intervención del juez
constitucional, pues como se indicó anteriormente, la línea argumentativa que se
trae en esta sede coincide con la expuesta en la demanda y en el recurso de
apelación, luego el último fin que persiguió el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly
con este mecanismo era que se creara una tercera instancia.

Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los
argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del
trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho
extremo procesal frente a la apreciación de las pruebas del proceso contencioso
expuestos en la solicitud de amparo, sin el adecuado contraste de un indebido e
irracional estudio por parte de la autoridad judicial; atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.

No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.

2.5. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo presentada por el señor Adolfo de Jesús Silva Covelly
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, comoquiera que no se encontró
satisfecho el requisito de relevancia constitucional, pues, no se cumplió con la carga
ius fundamental requerida en los casos de tutela contra providencia judicial
conforme lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-
215 de 2022.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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Demandante: Adolfo de Jesús Silva Covelly
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00378-00

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Adolfo de Jesús Silva Covelly contra el Tribunal Administrativo del Atlántico

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicado en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”.

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