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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00874-00

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00874-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia del 1 de febrero de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor del Ministerio de Defensa – Policía Nacional y de Casur, dividido en partes iguales. Por Secretaría liquidar los gastos procesales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00874-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00874-00
Recurrente: JHON HAROL GÓMEZ GALLEGO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – CAJA DE
SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
Providencia objeto SENTENCIA DEL 1 DE FEBRERO DE 2024,
de revisión: PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

Temas: Causal 8 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo1, existir una sentencia contraria a otra anterior
que constituya cosa juzgada. Presupuestos para la configuración de la causal.

SENTENCIA

1. La Sala Veintisiete Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de
revisión interpuesto en contra de la sentencia del 1 de febrero de 2024 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección A, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2019-
01371-012.

1. ANTECEDENTES

1.1. Proceso ordinario

2. El 20 de septiembre de 2019 el señor Jhon Harol Gómez Gallego, por
intermedio de apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa y de la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional – Casur3, y solicitó la nulidad del acto administrativo
contenido en los oficios nros. S-2019-017422/ANOPA-GRULI-1.10 del 2 de abril de
2019 de la Policía Nacional, y E-00001-201907998-CASUR Id 420787 de 9 de abril
de 2019 de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el fin de obtener
el reajuste de la asignación de retiro, teniendo en cuenta la aplicación de los factores
computables previstos en las normas que regulaban la materia, y la variación
porcentual del IPC para los años 1992 a 2004, junto con la actualización por la
inflación causada en el año 2003.

3. La demanda correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, bajo el radicado 25000-23-42-000-2019-01371-00 y terminó con
sentencia el 4 de noviembre de 20214, que negó las pretensiones de la demanda, al

1
En adelante CPACA.
2
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2025-00874-00; Índice 00002.
3
En adelante Casur.
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SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2025-00874-00; Índice 00002.

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Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00874-00
Demandante: Jhon Harold Gómez Gallego

considerar que no había lugar a reliquidar la asignación mensual de retiro junto con
las prestaciones sociales conforme al IPC dejado de percibir entre 1992 y 2004.

4. La parte demandante interpuso el recurso de apelación5, el cual le
correspondió conocer a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
quien profirió sentencia del 1° de febrero de 20246 y confirmó la decisión del a quo.
En la decisión se recalcó que el sistema de liquidación de las asignaciones de retiro
de los militares y policías con base en el IPC solamente estuvo vigente hasta el 31
de diciembre de 2004, teniendo en cuenta que a partir de los artículos 3 de la Ley
923 del 30 de diciembre de 2004 y 42 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004
se volvió a establecer el incremento pensional con base en el principio de oscilación,
por lo tanto, solo se reconoce la reliquidación de las asignaciones de retiro causadas
en el periodo comprendido entre 1997 a 2004 que reúnan los requisitos para ello.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

5. Se interpone el recurso con fundamento en la causal prevista en el numeral
8 del artículo 250 del CPACA, esto es, «Ser la sentencia contraria a otra anterior
que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y fue rechazada.» 7

6. Se fundamenta la causal en la sentencia C-931 proferida el 29 de septiembre
de 2004 por la Corte Constitucional, que, según el recurrente, rige el reajuste salarial
de los empleados públicos y cumple con los parámetros de cosa juzgada, en tanto
al revisarse la constitucionalidad de la Ley 848 de 2003 se ordenó garantizar el
derecho a la actualización plena de los salarios durante el año fiscal 2004 y asegurar
el presupuesto del año siguiente para preservar el poder adquisitivo.

7. Dice que como la sentencia de la Corte Constitucional tiene efectos erga
omnes, con carácter obligatorio, es inmodificable y oponible a todas las personas y
a las autoridades, sin excepción alguna, constituyéndose en cosa juzgada
constitucional entre las partes.

1.3. Trámite procesal

8. Una vez cumplidos los requisitos8, la demanda se admitió el 26 de mayo de
20259 y se ordenó notificar a la parte demandada Nación - Ministerio de Defensa y
Casur; al Agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. Dichas notificaciones se surtieron el 30 de mayo de 202510.

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9. El 3 de septiembre de 202511 se dictó auto de pruebas, en el que se tuvieron
como tales, los documentos allegados por las partes.

1.4. Intervenciones

10. Casur contestó oportunamente12, manifestando que la asignación mensual de
retiro reconocida al señor Gómez Gallego se encontraba ajustada a derecho
conforme a la normatividad legalmente aplicable para el momento del retiro y el
tiempo de servicio activo certificado.

11. Negó que las sentencias de primera y segunda instancia hubieran
desconocido la sentencia C-931 de 2004 o la Ley 917 de 2004, en tanto se
fundamentaron en una interpretación armónica, sistemática y conforme al régimen
especial que rige las asignaciones de retiro de la Fuerza Pública.

12. Sostuvo que la sentencia constitucional declaró la exequibilidad condicionada
del artículo 1° de la Ley 848 de 2003, que prorrogó los efectos del Decreto 2137 de
1995, referente a la base salarial para la liquidación de las mesadas pensionales y
no estableció un principio general y automático de reajuste de las asignaciones de
retiro con el IPC para todos los casos. Que, por su parte, la Ley 917 de 2004, se
refirió a la adición de recursos al Fondo de Solidaridad Pensional y no creó un
derecho al reajuste de asignaciones de retiro con el IPC.

13. Solicitó negar las pretensiones, por cuanto el objeto del recurso extraordinario
de revisión es la nulidad de la sentencia judicial, y no se trata de reabrir el debate
sobre la interpretación de normas, actos administrativos o jurisprudencia, ni para
ventilar la inconformidad con las políticas gubernamentales o el cumplimiento que
el ejecutivo debe dar a fallos constitucionales.

14. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional por su parte, manifestó que13 el
Gobierno Nacional es el único exclusivamente autorizado para efectuar los reajustes
pensionales mediante decreto, y que la institución cumplió con lo contemplado en
la norma vigente realizando los respectivos ajustes año por año conforme los
Decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 062 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745
de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007,
673 de 2008, 737 de 2009, 1529 de 2010, 1050 de 2011, 0842 de 2012 y 1017 de
2013.

15. El Ministerio Público14 consideró que el recurso no estaba fundamentado y se
tergiversó la institución procesal de la cosa juzgada, al pretender que se desconozca
el precedente de la sentencia C-931 de 2004, planteando una contradicción
meramente aparente, no solo porque los elementos que configuran la cosa juzgada,
en los términos de la jurisprudencia y el artículo 306 CPACA, no son aplicables a

11
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dos clases de sentencias disímiles, sino porque la aparente contradicción esconde
una intención del recurrente de revivir la discusión de fondo.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

16. La Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso extraordinario
de revisión interpuesto conforme a lo dispuesto en los artículos 24915 y 10716 del
CPACA, así como por la distribución de negocios al interior del Consejo de Estado,
establecida en el artículo 29 del Acuerdo No. 80 de 201917.

2.2. Ejercicio oportuno del recurso extraordinario

17. La sentencia recurrida fue proferida el 1 de febrero de 202418, y notificada el 15
de febrero de 202419, quedando ejecutoriada el 22 de febrero de 202420. La parte
recurrente interpuso el recurso extraordinario de revisión oportunamente, esto es, el
17 de febrero de 202521, dentro del término de un (1) año contado a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia, como lo exige el inciso primero del artículo 251
del CPACA.

2.3. Problema jurídico

18. ¿Es posible alegar la causal de revisión de cosa juzgada prevista en el
numeral 8 del artículo 250 del CPACA con fundamento en una sentencia de
exequibilidad dictada por la Corte Constitucional?

19. Para resolver dicho interrogante, se estudiará: (i) la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión; (ii) el alcance de la causal invocada; y (iii) el análisis del
caso concreto.

15
Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la
decisión. (…)”. Norma declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-450 de 2015
16
Artículo 107. Integración y composición. (…) Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además
de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.
Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión
de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el
reglamento interno.”
17
Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de
competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo
de Estado. (…)”.
18
SAMAI; Expediente 25000-23-42-000-2019-01371-01. Índice 00021.
19
SAMAI; Expediente 25000-23-42-000-2019-01371-01. Índice 00024.
20
Conforme con los artículos 203 y 205 del CPACA y las reglas fijadas en el auto del 29 de noviembre de 2022, expediente
68001-23-33-000-2013-00735-02, la notificación quedó surtida el 19 de febrero de 2024 en los dos días siguientes al envío,
por lo tanto, quedó ejecutoriado el 22 de febrero de 2024, en los tres días siguientes a la notificación.
21
SAMAI; expediente 11001-03-15-000-2025-00874-00. Índice 00001.

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2.4. Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial

20. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Su
finalidad es la infirmación de la providencia cuando se considera que resulta contraria
a la justicia y al derecho, con el propósito de que se adopte una nueva decisión
conforme a la ley.

21. El legislador ha establecido de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, con el fin de evitar su uso indebido
como medio de impugnación que implique la apertura de un nuevo debate probatorio
o interpretativo, y de esta manera, impedir que se tramite una tercera instancia. Las
causales de revisión se encuentran enumeradas en el artículo 250, cuyo texto es el
siguiente:

Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

22. Por su parte, el artículo 252 del mismo ordenamiento establece que el recurso
debe interponerse mediante escrito que debe contener: (i) la identificación de las
partes y sus representantes; (ii) el nombre y domicilio del recurrente; (iii) los hechos
u omisiones que le sirven de fundamento; y (iv) la indicación precisa y razonada de
la causal invocada.

23. De lo anterior se desprende que uno de los requisitos formales del recurso
consiste en invocar con precisión la causal que se estima configurada, con una
indicación clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los
cuales deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado.

24. Se precisa que el recurso extraordinario de revisión no procede para
controvertir las razones del fallo ni para corregir los errores en la apreciación de los

5
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hechos y de las pruebas, en los cuales, a juicio del recurrente, haya incurrido el
fallador. Un entendimiento distinto equivaldría a convertir el recurso en un trámite
en el que se discutirían nuevamente los asuntos ya dilucidados con fuerza de cosa
juzgada22.

25. Según la sentencia del 11 de octubre de 200523, «no se trata de controvertir
la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación
de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir
el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo
de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de
cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que
vician su validez».

2.5. Alcance de la causal 8 del artículo 250 del CPACA

26. La causal pretende que se respeten los principios de seguridad jurídica y el
derecho a una tutela judicial efectiva, de manera que haya un solo pronunciamiento
sobre un mismo asunto en el que se debaten los mismos derechos entre las mismas
personas y por la misma causa. Lo que se busca es que una vez definido el asunto
litigioso por sentencia en firme, no pueda volverse a discutir y dar paso a un nuevo
debate con el riesgo de que se profiera una sentencia contraria. Es una garantía del
debido proceso.

27. El artículo 303 del Código General del Proceso establece como requisitos
para la configuración de la cosa juzgada la identidad de los siguientes elementos:
(i) objeto; (ii) causa, y (iii) partes. Así mismo, en la norma se dispone que la cosa
juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. Dice la disposición:

Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si
se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en
relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. (Subrayas de la
Sala)

22
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01 [47300], Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, MP Guillermo Sánchez Luque Consejo de Estado, que reitera la sentencia del
11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
23
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 MP Ligia
López Díaz.

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28. Sobre el instituto de la cosa juzgada, tanto la Corte Constitucional24, como
esta Corporación25 han sostenido que cuando se produce una decisión jurisdiccional
definitiva que pone fin a un conflicto, ésta se vuelve intangible, por lo que ningún
otro juez puede volver sobre el asunto y, de llegar a expedirse dos sentencias
contradictorias sobre una misma controversia, se violaría el debido proceso.

29. En esta medida, para que prospere la causal octava del recurso
extraordinario de revisión debe demostrarse: i) que existen dos sentencias
contradictorias; ii) que la sentencia anterior se haya dictado en un proceso con
identidad de objeto, partes y causa petendi respecto de la segunda sentencia y que
de aquella se predique la cosa juzgada; y iii) que no haya sido rechazada cuando
se propuso como excepción en el segundo proceso.

2.6. Caso concreto

30. Alega el recurrente que el fallo del 1 de febrero de 2024 proferido por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado incurrió en la causal de
revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, esto es, «8. Ser la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.».

31. La censura se fundamenta en que dicha sentencia es contraria a la C-931 de
2004 proferida por la Corte Constitucional, que decidió sobre la constitucionalidad
del artículo 2 de la Ley 848 de 2003.

32. Considera que se cumplen los presupuestos de la causal de revisión
invocada por las siguientes razones: (i) se presentan dos fallos contradictorios,
porque, aunque la Corte Constitucional dispuso que era necesario restablecer la
actualización plena del poder adquisitivo de los servidores, en el fallo objeto de
revisión se negaron las pretensiones que buscaban el reajuste del salario y de la
asignación de retiro del señor Gómez Gallego; (ii) existe identidad de objeto, toda
vez que los respectivos litigios se edificaron sobre las mismas pretensiones, aunado
a ello, hay similitud de partes y causa petendi, en cuanto ambos procesos fueron
promovidos por personas naturales en contra de entidades estatales y los efectos
erga omnes del precedente constitucional implican su obligatorio cumplimiento por
parte de todos los funcionarios judiciales, y (iii) la cosa juzgada no se alegó como
medio exceptivo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

24
Corte Constitucional, C-100 del 6 de marzo de 2019. MP Alberto Rojas Ríos
25
Véanse entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 4 de
marzo de 2021. Expediente 11001-03-25-000-2013-01223-00 (3095-13). CP César Palomino Cortés; Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 30 de diciembre de 2014. Expediente 11001- 03-15-000-2012-00228-
00. CP Gustavo Gómez Aranguren; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de abril
de 2013. Expediente 11001-03- 15-000-2001-00118-01. CP Gerardo Arenas Monsalve; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, 20 de febrero de 2020, Expediente 11001-03- 25-000-2013-00997-00
(2212-13). CP Gabriel Valbuena Hernández; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce
Especial de Decisión. Sentencia del 5 de abril de 2016. Expediente 11001-03-15- 000-2007-01433-00.

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33. A efectos de establecer los anteriores elementos y la existencia de la cosa
juzgada, se partirá del siguiente paralelo:

Sentencia del 1° de febrero de
Elementos Sentencia C-931 de 2004
2024
Sección Segunda, Subsección A del
Corporación Corte Constitucional
Consejo de Estado
Radicado Expediente D-5125 25000-23-42-000-2019-01371-00
Medio de Nulidad y Restablecimiento del
Acción pública de inconstitucionalidad
control Derecho
Demandante Rosalía Inés Jaramillo Murillo Jhon Harold Gómez Gallego
Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Demandado N/A
Nacional y Casur
Declarar la inconstitucionalidad del Se declare la nulidad del Oficio nro. S-
artículo 2 de la Ley 848 de 2003 «por la 2019-017422/ANOPA-GRULI-1.10
cual se decreta el Presupuesto de del 2 de abril de 2019, por medio del
Rentas y Recursos de Capital y la Ley cual la demandada negó la
de Apropiaciones para la vigencia fiscal reliquidación de la asignación básica,
del 1º de enero al 31 de diciembre de cesantías y demás prestaciones
2004». sociales, incorporando los
porcentajes del IPC dejados de incluir
en la asignación básica, desde 2004
y hasta la fecha de su retiro, tomando
Objeto como ingreso base de liquidación en
la escala gradual, la asignación
básica del grado de General, ajustada
con el IPC, dejada de percibir en el
periodo comprendido entre 1992 y
2004 y del Oficio No. E-00001-
201907998-CASUR Id 420787 de 9
de abril de 2019, mediante el cual se
negó la reliquidación de la asignación
de retiro con el ajuste del sueldo
básico
La norma demandada desconocía el La demanda señaló como
Preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 13, 22, fundamentos de derechos los
25, 46, 48, 53, 67, 69, 85, 103, 334, 345, artículos 1, 2, 4, 48, 53, 93, 150, 218,
346, 347, 366, 373 y 378 de la 220, 230 y 373 de la Constitución
Constitución Política. Política, y las Leyes 4 de 1992, 238
de 1995, artículos 2 y 3 y 1450 de
Se presenta una omisión legislativa, en 2011.
cuanto la Ley 848 de 2003 no contiene
las apropiaciones para atender los Señaló, que el régimen especial de la
ajustes salariales y pensionales de Fuerza Pública implica la
quienes ganen, por estos conceptos, imposibilidad de someter a sus
más de 2 smlmv, lo que constituye una beneficiarios al sistema normativo
violación del derecho a la igualdad. general.

Causa La accionante sostuvo que los efectos Que la Ley 4 de 1992 dispuso que el
de la citada ley implicaban el aumento Gobierno fijaría los regímenes salarial
en un 6% de los salarios y pensiones de y prestacional de la fuerza pública,
quienes devengaran hasta 2 smlmv, así para lo cual debía establecerse una
como de la asignación mensual, entre escala gradual porcentual y nivelar la
otros, de los senadores, representantes, remuneración del personal activo y el
generales y almirantes de la Fuerza retirado,
Pública. En contraste, a los demás
servidores y pensionados no se les Con la Ley 923 de 2004 y el Decreto
reajustaba su correspondiente 4433 del mismo año, se estableció el
asignación. principio de oscilación para el reajuste
de las pensiones para el
La actora señaló que el fundamento mantenimiento del poder adquisitivo
para esta omisión fue la propuesta que, de las asignaciones de retiro, las que
sobre la congelación de salarios y estaban ligadas al incremento de las

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Demandante: Jhon Harold Gómez Gallego

Sentencia del 1° de febrero de
Elementos Sentencia C-931 de 2004
2024
pensiones que se incluyó en el asignaciones en actividad para cada
referendo realizado en 2003. Sin grado.
embargo, dado que el constituyente
primario manifestó su desacuerdo con No obstante, dicha asignación no se
tal proposición, la norma demandada ha reajustado en debida forma, y ha
desconoce la eficacia jurídica de tal presentado progresivamente una
manifestación. pérdida del poder adquisitivo entre los
años 1993 y 2004, la cual debe
reconocerse de acuerdo con lo
dispuesto por la Corte Constitucional
en Sentencia C-931 de 2004, en la
cual ordenó reconocer la
actualización plena del derecho a
mantener el poder adquisitivo del
salario de todos los servidores
públicos, entre los que se encuentran
los miembros de la Fuerza Pública,
conforme al índice acumulado de
inflación, lo cual no se ha cumplido
hasta la fecha.

34. Lo primero que se advierte es que se trata de dos procesos de naturaleza
distinta, toda vez que la providencia objeto de controversia se profirió en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en donde se discutió
la legalidad de actos administrativos particulares que negaron el reajuste de la
asignación de retiro de un servidor público, mientras que la sentencia C-931 fue
dictada por la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de una norma,
lo cual evidencia que el objeto de cada una de dichas decisiones es diferente, lo
cual tornaría innecesario el análisis de los demás elementos que configuran la cosa
juzgada.

35. Sin embargo, para ilustrar más claramente la situación, se precisa que:

• No hay equivalencia de objeto toda vez que los respectivos litigios no se
edificaron sobre las mismas pretensiones.

• No hay similitud de partes, en cuanto ambos procesos fueron promovidos por
personas naturales diferentes y en contra de entidades disimiles.

• Tampoco hay identidad de causa petendi, dado que la sentencia de
constitucionalidad revisó la exequibilidad de una ley, cuyo resultado tiene efectos
erga omnes; mientras que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
buscaba la satisfacción de una pretensión particular que fue negada, esto es, el
reajuste del salario, de la asignación de retiro y la aplicación, en palabras del
recurrente, del precedente contenido en la sentencia de constitucionalidad.

36. Acorde con lo expuesto, no se configuran los presupuestos de la cosa
juzgada y, por ende, no está llamada a prosperar la causal de revisión prevista en
el numeral 8 del artículo 250 del CPACA.

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37. A juicio de la Sala, lo que busca el recurrente es plantear un desacuerdo con
la sentencia del 1 de febrero de 2024 de la Sección Segunda Subsección A del
Consejo de Estado, al considerar que no se dio aplicación a la C-931 de 2004
porque se le negó la reliquidación del salario y la asignación mensual en los términos
planteados en dicho medio de control, situación que no tiene cabida en el recurso
extraordinario de revisión, pues dada su naturaleza excepcional, no está llamado a
constituir una instancia adicional dentro de los juicios ordinarios.

38. Esta Corporación ha declarado improcedente el recurso extraordinario de
revisión en casos similares, cuando se ha invocado la causal de revisión prevista en
el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, alegando cosa juzgada con
fundamento en la sentencia C-931 de 2004, así:

131. En este orden de ideas, la Sala observa que no se reúnen los presupuestos que
permitan concluir que se configura la causal invocada, pues no se encuentra una
violación al principio de cosa juzgada toda vez que, si bien es cierto, la sentencia
dictada en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad tiene efectos erga
omnes, también lo es que, no existe identidad de partes, objeto y causa petendi en
los referidos procesos.

132. De otra parte, el recurso extraordinario de revisión carece de carga
argumentativa para sustentar la causal invocada, puesto que no presenta de manera
concreta alguna situación jurídica particular que haya sido objeto de pronunciamiento
de forma clara y expresa en la sentencia de la Corte Constitucional y que, por tal
motivo, justifique la necesidad de ser evaluada en su caso concreto por parte de la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

133. Sobre la base de este contexto, lo que se advierte es que el recurrente pretende
que a través de este mecanismo extraordinario se reabra el debate para que se
acceda a las pretensiones de la demanda formuladas en el proceso ordinario, aspecto
que resulta contrario a la misma naturaleza de la causal, pues en el evento de
encontrarse probada la figura de la cosa juzgada, lo que procede es estarse a lo
resuelto en la decisión que la fundamenta, evento en el cual se infirma el fallo y se
ordena dictar una nueva providencia en esos términos (…)26 (Subrayas de la sala)

39. Por las anteriores razones, se declarará infundado el presente recurso
extraordinario de revisión.

2.7. Costas

40. Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080
de 2021 -norma vigente para la fecha de presentación de la demanda-, se
condenará en costas a la parte recurrente cuando se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión. Así mismo, conforme con el artículo 306 ibidem, para la
liquidación y ejecución de las costas se remitirá a la norma procesal general.

41. El artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por los
gastos procesales y por las agencias en derecho; y de acuerdo con el artículo 365-

26
Consejo de Estado, Salo de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 6, sentencia del 16 de julio de 2025,
CP Omar Joaquín Barreto Suárez, expediente 11001 03 15 000 2025-00594 00 (RER); reiterada el 3 de octubre de 2025 por
la Sala Especial de Decisión 25, CP Fernando Alexei Pardo Flórez, Expediente 11001-03-15-000-2025-00596-00.

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8 del mismo código, «[s]olo habrá lugar a su imposición cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

42. En este caso están demostradas las agencias en derecho, dado que tanto el
Ministerio de Defensa como Casur, presentaron escrito de oposición, dando lugar a
que se condene en costas al recurrente por este componente.

43. Según el artículo 366-4 del CGP y el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la tarifa de agencias en derecho,
tratándose del recurso extraordinario de revisión, se tasa entre uno (1) y veinte (20)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así las cosas, la Sala considera
razonable tasar las agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual a
favor del Ministerio de Defensa – Policía Nacional y de Casur, dividido en partes
iguales, liquidado a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala Veintisiete Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto en contra de la sentencia del 1 de febrero de 2024 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que confirmó la sentencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, a favor del Ministerio de Defensa – Policía Nacional y de Casur, dividido en
partes iguales. Por Secretaría liquidar los gastos procesales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Magistrado

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
Aclara voto

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado (E)

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado
Aclara voto

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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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