Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00596-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00596-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00596-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
3 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 25
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00596-00
Recurrente: José Mauricio Ordóñez Villamil
Opositores: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Ser el fallo contrario a otro
anterior que constituye cosa juzgada / COSA JUZGADA – Elementos para su configuración
– No se cumplen en el presente caso / SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD – No
adoptó alguna decisión particular frente al recurrente – La naturaleza del litigio en el marco
del cual se dictó difiere del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / CONDENA
EN COSTAS – Criterio objetivo – Demostración de su causación.
1. La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor
José Mauricio Ordóñez Villamil contra la sentencia del 28 de septiembre de 2023,
dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante la cual se confirmó el fallo denegatorio de primera instancia.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La parte recurrente consideró que frente a la sentencia censurada se
configuró la causal establecida en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, toda vez que contradijo una providencia que la Corte Constitucional profirió
en el marco de una acción pública de inconstitucionalidad, decisión que, aunque
reguló lo relacionado con el régimen salarial de los servidores públicos, el juez de
segunda instancia no aplicó al resolver el litigio declarativo.
ANTECEDENTES
Proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión
3. El 9 de julio de 20191, el señor José Mauricio Ordóñez Villamil presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -en
adelante, Casur-, con el fin de que se declarara la nulidad de los siguientes oficios:
(i) S-2019–001185 / ANOPA–GRULI–1.10 del 10 de enero de 2019, por medio del
cual se negó la solicitud de reajuste de la asignación mensual pagada desde enero
de 2005, y (ii) E– 00001–201904727–CASUR id 407070 del 6 de marzo siguiente,
a través del cual se resolvió de manera desfavorable la petición de reliquidación de
la asignación mensual de retiro junto con las prestaciones sociales, conforme al
Índice de Precios al Consumidor -en lo sucesivo, IPC- dejado de percibir entre 1992
y 2004.
1 Folios 6 a 65 del cuaderno digital 1 que obra en el índice 24 de SAMAI.
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Recurrente: José Mauricio Ordóñez Villamil
Opositores: Nación-Ministerio de Defensa-
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
4. A título de restablecimiento del derecho, el actor pidió que se condenara a
las demandadas a: (i) reajustar su salario desde el 1º de enero de 1992 al 31 de
diciembre de 2004, conforme al IPC y la asignación básica de un oficial en el grado
de general o almirante; (ii) reconocer las diferencias que se generen en su favor
hasta la fecha en la que él se retiró de la institución policial; (iii) reliquidar sus
salarios y prestaciones sociales a partir del 2005, tomando el factor que resulte más
favorable entre la inflación causada en el año anterior o de conformidad con el
decreto que expidió el Gobierno Nacional; (iv) realizar las respectivas correcciones,
adiciones o modificaciones en la hoja de servicios, e (v) indexar las sumas
correspondientes.
5. Además, señaló que a las entidades accionadas les correspondía pagar: (vi)
por concepto de perjuicio moral 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes -
en lo subsiguiente, smlmv-; (vii) por lucro cesante las sumas retenidas desde el 1º
de enero de 2004 y hasta la fecha en que se retiró del servicio, más los intereses
moratorios y la sanción prevista en la Ley 244 de 1995; (viii) por daño emergente el
30% del total de la sentencia condenatoria, y (ix) las costas generadas en el litigio.
6. En la demanda se indicó que el señor Ordóñez Villamil ingresó a la Policía
Nacional, en el grado de subteniente, desde el 2 de noviembre de 1990 y hasta el 4
de marzo de 2018, fecha en la que fue retirado del servicio activo como coronel de
la referida entidad.
7. El 13 de diciembre de 2018, el demandante les solicitó a las demandadas
que efectuaran la reliquidación, reconocimiento y pago de la diferencia entre la
asignación mensual, salarios y prestaciones sociales pagadas hasta la fecha del
retiro de la mencionada institución, conforme a la inflación causada y acumulada
entre 1992 a 2004, ajuste que también pidió efectuar frente a la asignación de retiro.
8. Mediante Oficio S – 2019 – 001185 / ANOPA – GRULI – 1.10 del 10 de enero
de 2019, la Policía Nacional negó la solicitud formulada por el accionante, por
cuanto no existía decreto que dispusiera la reliquidación y reasignación mensual
con base en el IPC. A su vez, mediante Acto E – 00001 – 201904727 –Id 407070
del 6 de marzo de ese mismo año, Casur indicó que no se le adeudaba suma alguna
al actor, por lo que no era procedente acceder a la petición de reajuste de la
asignación de retiro.
9. La parte demandante sostuvo que, de conformidad con el Decreto 4158 del
31 de diciembre de 2004, el poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y las
pensiones están sujetas al incremento salarial en función de cada grado. A su juicio,
la accionada desconoció la sentencia C-931 de esa misma anualidad, providencia
por medio de la cual la Corte Constitucional reconoció el derecho a la actualización
de los salarios y, por ende, mantener el ingreso real de todos los servidores públicos,
incluso los integrantes de la Fuerza Pública, lo cual no podía llevarse a cabo “si no
se actualizan la asignación básica y los gastos de representación fijados a los
Ministros del Despacho de conformidad con el índice acumulado de inflación”2.
2 Folio 29 de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
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10. El Ministerio de Defensa-Policía Nacional contestó la demanda3, oportunidad
en la que señaló que al señor José Mauricio Ordóñez Villamil se le liquidaron y
pagaron todos los salarios y prestaciones sociales a las que tuvo derecho, según el
decreto expedido año a año por el Gobierno Nacional. Como consecuencia, no era
posible reliquidar factores salariales sin tomar como referencia los valores fijados
en la respectiva normatividad, lo que evidencia que los actos administrativos
censurados fueron acordes a la Constitución y la ley.
11. Casur se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda4, porque
al señor Ordóñez Villamil se le ha reajustado la asignación mensual de retiro
periódicamente a partir del 2 de agosto de 2013, conforme a lo establecido en el
Decreto 1212 de 1990. Además, la prima de actualización desapareció del
ordenamiento desde el 1º de enero de 1996 y, por ende, no era posible reliquidar
prestación social alguna.
12. Mediante sentencia del 28 de octubre de 20205, la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda. Precisó que, de acuerdo con el material probatorio
que obraba en el expediente, lo relacionado con el reajuste de la asignación de retiro
con base en el IPC de 1992 a 2004 carecía de vocación de prosperidad, en cuanto
los decretos por medio de los cuales el Gobierno estableció los incrementos
salariales se presumían legales.
13. Además, el accionante no fue afectado por desequilibrio respecto de la
fijación de la asignación mensual, porque dicho rubro se liquidó y pagó acorde a los
montos previstos en la normatividad aplicable año a año y tampoco sufrió
menoscabo alguno por el ajuste anual de la asignación de retiro, toda vez que el
señor Ordóñez Villamil no percibía dicha prestación durante el mencionado período.
14. El a quo explicó que, si bien se ha reconocido el ajuste con base en el IPC,
lo cierto es que ello se ha efectuado frente al personal retirado de la Fuerza Pública
con anterioridad al 2004, pero no respecto de miembros activos, sin que sea dable
deprecar dicho aumento a los retirados, para que posteriormente se refleje en la
asignación de retiro.
15. La parte actora apeló la anterior determinación6, para lo cual argumentó que
el Tribunal de instancia lo revictimizó al invocar la presunción de legalidad de los
decretos a través de los cuales se fijaron los salarios para los miembros de la Fuerza
Pública, sumado a ello, dichos decretos desconocieron los derechos adquiridos de
los servidores y provocaron una pérdida en la capacidad adquisitiva, lo cual le causó
un detrimento patrimonial y, en todo caso, se violó el derecho de igualdad, porque
en casos similares se ha accedido a las pretensiones de la demanda.
3 Folios 179 a 195 del cuaderno digital 1.
4 Folios 156 a 166 del cuaderno digital 1.
5 Providencia que obra en los folios 253 a 265 del cuaderno digital 1.
6 Folios 272 a 292 del cuaderno digital 1.
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16. Mediante fallo del 28 de septiembre de 2023, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de primer grado y, por ende,
negó las pretensiones de la demanda.
17. El ad quem explicó que, en virtud del literal e) del numeral 19 del artículo 150
de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, la
cual facultó al Gobierno Nacional para fijar la escala porcentual de remuneración
del personal activo y en retiro de la Fuerza Pública. Como consecuencia, cada año
y por medio de decreto, se han establecido los incrementos salariales de los
miembros activos de las instituciones castrenses.
18. Por otra parte, precisó que el régimen prestacional especial de los
uniformados tiene como finalidad brindar medidas de protección superiores a las
previstas en el Sistema General de Seguridad Social. En ese sentido, si bien el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 determinó que los pensionados de las Fuerzas
Militares y de la Policía no eran acreedores del reajuste tomando en consideración
el IPC del año anterior, sino por medio del principio de oscilación, no es menos cierto
que la Ley 238 de 1995 dispuso que dichos servidores sí son beneficiarios de ese
método de actualización. Con todo, se aclaró que esa disposición estuvo vigente
hasta 2004, año en el que se expidió la Ley 923, según la cual, el correspondiente
cálculo debía efectuarse a través del principio de oscilación, norma que fue
reglamentada por medio del Decreto 4433.
19. Así las cosas, el juez de segundo grado concluyó que, de acuerdo con el
material probatorio que obraba en el expediente: (i) el señor José Mauricio Ordóñez
Villamil nació el 11 de mayo de 1968; (ii) estuvo vinculado a la Policía Nacional por
29 años, 8 meses y 29 días, el último cargo que ocupó fue el de coronel, y (iii)
mediante Resolución 407 del 9 de febrero de 2018, se le reconoció y ordenó pagar
asignación de retiro, en cuantía equivalente al 95% del sueldo básico de actividad,
efectiva a partir del 4 de marzo siguiente.
20. En ese sentido, indicó que, de acuerdo con jurisprudencia de la Sección
Segunda de esta Corporación, los incrementos que se realicen sobre la asignación
de retiro de un oficial o suboficial de la Fuerza Pública retirado a partir de la entrada
en vigor el Decreto 4433, esto es, el 1.º de enero de 2005, deben tener en cuenta
el incremento de la variación porcentual del IPC de 1996 a 2004.
21. Bajo ese contexto, consideró que, para la fecha en la que efectivamente el
accionante se retiró del servicio activo, ya era aplicable nuevamente el principio de
oscilación previsto en la Ley 923 de 2004, razón por la cual, el reconocimiento de la
asignación de retiro se efectuó acorde al salario básico de un coronel para 2018,
junto con los porcentajes y las partidas señaladas en Decreto 4433 de 2004. Así las
cosas, la situación del señor José Mauricio Ordóñez Villamil “difiere de quienes
percibían su asignación de retiro antes del año 1997, quienes demandaron para
que ésta se reajustara hasta el año 2004 con el IPC, en atención a lo dispuesto por
la Ley 238 de 1995 y el artículo 14 de la Ley 100 de 1993”7 (se destaca).
7 Folio 21 de la sentencia censurada.
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22. Por lo anterior, concluyó que al actor no le asistía derecho a la reliquidación
de la asignación básica ni la de retiro conforme al IPC, porque estuvo en servicio
activo entre 1996 y 2004, de ahí que no era cierto que frente a otras personas en
similares situaciones fácticas se hubiese accedido a tal pretensión.
Recurso extraordinario de revisión y su trámite
23. El 5 de febrero de 20258, el señor José Mauricio Ordóñez Villamil interpuso
recurso extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, para lo cual
invocó la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011-
ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada-, porque el fallo objeto de revisión no
tuvo en cuenta la sentencia C-931 proferida el 29 de septiembre de 20049, por la
Sala Plena de la Corte Constitucional, decisión que, en su criterio, rige lo
concerniente al reajuste salarial de los empleados públicos y cumple con los
parámetros de cosa juzgada.
24. En criterio del recurrente, por medio del referido fallo, la Corte Constitucional
ordenó garantizar a todos los servidores públicos el derecho a la actualización plena
de los salarios durante el año fiscal 2004 y asegurar el presupuesto del año siguiente
para preservar el poder adquisitivo.
25. La Policía Nacional10, en síntesis, sostuvo que el recurrente lo que pretende
es abrir nuevamente la discusión sobre el supuesto desconocimiento del fallo C-
931, lo cual hizo parte de los ejes temáticos del litigio declarativo y no es posible
pronunciarse sobre ello en sede extraordinaria de revisión.
26. El Ministerio de Defensa Nacional11 allegó escrito de oposición de manera
extemporánea.
27. Casur12 consideró que la causal alegada no se configura en el presente caso,
dado que no existe una decisión contraria que se hubiese proferido antes de que se
dictara el fallo censurado13.
28. El Ministerio Público rindió concepto en el sub júdice14, oportunidad en la
que indicó que en el presente caso se presenta “una tergiversación exótica de la
institución procesal de la cosa juzgada”15, toda vez que no se cumplen con los
requisitos de identidad de objeto, causa y partes. Por el contrario, la verdadera
intención del recurrente es promover una tercera instancia del proceso declarativo.
8 Memorial presentado en tal fecha a la 1:01 p.m., por medio del aplicativo de la ventanilla virtual de
Samai. Índice 2 de SAMAI.
9 M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, exp: D-5125.
10 Índice 15 de SAMAI.
11 Índice 17 de SAMAI.
12 Vinculada al sub lite por medio de providencia del 23 de julio de 2025, decisión mediante la cual
se resolvió: (i) notificar personalmente a la referida entidad del respectivo auto admisorio y, (ii)
correrle traslado del escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión de la referencia por el
plazo máximo de diez (10) días. Índices 27 y 33 de SAMAI.
13 Índice 36 de SAMAI.
14 Índice 13 de SAMAI.
15 Folio 3 del mencionado concepto.
5
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29. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
30. Mediante proveído del 6 de junio de 202516, se dispuso: (i) declarar que el
escrito de la oposición del recurso extraordinario de la referencia presentada por el
Ministerio de Defensa fue extemporáneo, y (ii) resolver las solicitudes probatorias
formuladas por la parte recurrente17, determinación que quedó en firme18.
CONSIDERACIONES
Delimitación de los problemas jurídicos y metodología para adoptar la
presente decisión
31. La Sala decidirá el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
recurrente contra la sentencia de segunda instancia del 28 de septiembre de 2023,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, en
cuanto no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, y se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de:
competencia, recurso en tiempo y legitimación en la causa.
32. Para lo anterior, se resolverá el siguiente problema jurídico: ¿es posible
alegar la causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con base en una
sentencia dictada por la Corte Constitucional en el marco de una acción pública de
inconstitucionalidad?
33. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se analizará si respecto
de las providencias supuestamente contradictorias existe identidad de partes, objeto
y causa, para lo cual es determinante establecer la naturaleza de cada uno de los
litigios en los que se expidieron los correspondientes fallos y los efectos de esas
decisiones. Posteriormente, se determinará si realmente la intención de la parte
recurrente es promover una instancia adicional del litigio declarativo, según lo
expuesto por las entidades opositoras y el Ministerio Público.
34. De manera previa, se presentarán algunas consideraciones generales frente
a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión y el alcance de la causal
establecida en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
35. El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las
sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas en
aquellos casos en los que se han obtenido por medios irregulares o carecen de
verdad, por razones no imputables a la parte afectada, conservando la finalidad de
16 Índice 18 de SAMAI.
17 Como consecuencia, se decretaron como pruebas algunas piezas del litigio declarativo, la
sentencia C-931 de 2004 y se libró oficio para que el Tribunal a quo allegara copia del expediente
del proceso ordinario, el cual fue remitido a esta Corporación el 13 de junio de 2025. Índice 24 de
SAMAI.
18 El expediente ingresó al despacho del magistrado ponente para dictar sentencia el 17 de
septiembre de 2025. Índice 44 de SAMAI.
6
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preservar el valor de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa
juzgada19; por ende, ese mecanismo judicial no tiene como finalidad promover otra
instancia del proceso ordinario20.
36. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación ha sostenido lo siguiente:
“El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto
objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice
una vez más (…).
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta
con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro
del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la
legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)”21 (se resalta).
37. En las condiciones analizadas, el recurso extraordinario de revisión no está
instituido para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, sino
que procede en determinadas y especiales circunstancias taxativamente
consagradas en la ley, las cuales, en todo caso, no deben ser imputables al afectado
con el fallo. Así lo ha precisado la jurisprudencia22:
“El recurso de revisión, como extraordinario que es, sólo tiene cabida en los
precisos casos que señala la ley y sobre la base de que se interponga dentro
del término que este establece. Como no constituye una tercera instancia, que
sería contraria al sistema procesal que rige en Colombia, el recurrente no puede
mediante el recurso suplir las deficiencias de orden probatorio en que se incurrió
en el proceso cuya sentencia quiere que sea revisada o en sus alegaciones
jurídicas o remediar omisiones cometidas en defensa de los intereses de la
parte que resultó desfavorecida.
La regla general, en el recurso de que se trata, es la posibilidad de desvirtuar la
presunción de legalidad y acierto que ampara a las sentencias res iudicata pro
veritate habetur, demostrando plenamente que esa sentencia estaba fundada
en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas
falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido,
omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito
u obra de la parte contraria, en cuya virtud las pruebas pertinentes no pudieron
ser allegadas al proceso, y además en ambos casos, que de no haber mediado
esas circunstancias imprevistas e irresistibles para el interesado, la decisión
habría sido otra”.
38. En suma, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse “para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 20 de febrero de 2020, exp: 56.976.
20 Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: (i) sentencia
del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; (ii) sentencia del 8 de mayo de 2019,
C.P.: Marta nubia Velásquez Rico exp: 46.453, y (iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera, exp: 41.222.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de
2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110.
22 Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de febrero
de 1974, G.J. T. CXLVII, págs. 46 y 47.
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valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material”23. Es fundamental
que los hechos del caso se subsuman en la causal invocada sin recurrir a
interpretaciones amplias que reabran la discusión como si fuera una nueva instancia
judicial.
Alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 8 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011
39. El instituto de la cosa juzgada tiene por finalidad dotar a las providencias
judiciales del carácter de definitivas y vinculantes, en aras de evitar que se abra un
nuevo litigo entre idénticas partes y en el que se promuevan pretensiones iguales a
las que fueron objeto de determinación por vía judicial. Este principio de la res
iudicata se soporta en el artículo 29 de la Constitución Política y, por ende, su origen
en el debido proceso busca que la decisión esté cobijada por la seguridad jurídica,
elemento inherente a la función del juez y el correcto funcionamiento de la
administración de justicia, según los artículos 228 ejusdem y 1 de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia.
40. Esta Corporación24 ha establecido que para que se configure la causal de
revisión establecida en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es
necesario que: (i) existan dos sentencias contradictorias; (ii) que la providencia
contrariada constituya cosa juzgada, lo cual sucede en procesos donde están
involucradas las mismas partes, que versan sobre el mismo objeto y se adelantan
por la misma causa, y (iii) la cosa juzgada no se haya alegado como medio
exceptivo en el segundo proceso.
41. De conformidad con el artículo 30325 del CGP26, para que se configure la
cosa juzgada se requiere la identidad de los siguientes elementos: (i) objeto; (ii)
causa, y (iii) partes.
42. Bajo esa línea argumentativa, se ha señalado que la causa petendi es el
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de
Decisión, sentencia del 3 de agosto de 2022, C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez, exp: 2021-11463-
00 (REV).
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013,
C.P: Gerardo Arenas Monsalve, exp: 2001-00118-01 (REV). En ese mismo sentido, también se
pueden consultar la sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 8 de noviembre de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 51.617.
25
A cuyo tenor: “Artículo 303. Cosa Juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por
causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al
secuestro en los demás casos. En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para
que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación
con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso
extraordinario de revisión”.
26
Aplicable al sub lite, en virtud de la remisión normativa establecida en el artículo 306 de la ley 1437
de 2011.
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
hecho jurídico que sirve de razón, motivo y fundamento de la pretensión, es decir,
responde al interrogante del porqué del litigio27. Como consecuencia, la identidad
de causa consiste en que los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos en
virtud de los cuales se demanda sean en esencia los mismos expuestos en el primer
proceso, de manera que, si varían, el segundo litigio es diferente y no existe cosa
juzgada28.
43. Respecto de la identidad de partes, la Sección Tercera de esta Corporación29
ha explicado que esta se concreta no en la equivalencia física, sino jurídica de los
sujetos vinculados al correspondiente litigio30, en virtud del principio de relatividad
de las sentencias establecido en el artículo 17 del Código Civil 31, según el cual, la
fuerza obligatoria de la respectiva providencia judicial se limita a las personas que
han intervenido en el proceso en el cual se profirió. Esta Corporación ha
considerado que la identidad jurídica y no de personas, se predica solo en los casos
de sucesión por causa de muerte o cuando media un contrato que otorgó dicha
facultad de representación.
44. Frente a la identidad de objeto, se ha precisado que se refiere a la relación o
situación jurídica sobre la cual versa el derecho que se busca en la sentencia y que
se somete a la decisión del juez32. Como consecuencia, la pretensión que se ha
solicitado en la nueva demanda debe coincidir con la del otro proceso previamente
resuelto, toda vez que no se configura esta institución procesal sobre peticiones que
no han sido materia de pronunciamiento en providencia anterior33.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de abril de 2024, exp: 69754.
28 Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente:
“Por causa, de antaño tiene decantado la Corporación, debe entenderse el hecho jurídico que
sirve de fundamento a las súplicas, vale decir, la situación que el actor hace valer en su
demanda como cimiento de la acción, distinto por supuesto de ésta, porque de un solo y
mismo sustrato fáctico pueden derivar varias acciones; es, igualmente, la ´(…) narración del
libelo, la relación del caso que ha originado los derechos y dado motivo a la reclamación en justicia”
(se destaca). Sentencia del 14 de noviembre de 2017, M.P: Luis Armando Tolosa Villabona, exp:
STC18789-2017.
29 Sobre el requisito de identidad de las partes de cara a la cosa juzgada, se puede consultar el auto
proferido el 24 de noviembre de 2017, por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación, C.P: Danilo Rojas Betancourth, exp: 60.048. En ese mismo sentido, también se pueden
ver las siguientes decisiones: (i) Sección Segunda, Subsección A, auto del 29 de agosto de 2019,
C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, exp: 2014-00070-01, y (ii) Sección Primera, auto del 7 de
diciembre de 2017, C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2015-02253-01.
30 Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente: “
(…) atañe a la posición jurídica o situación jurídica de la parte, titular del interés asignado por el
derecho, ab origine o ab posteriore, comprendiendo hipótesis de adquisición originaria y derivativa,
traslaticia o constitutiva y presupone la concurrencia al proceso del titular del derecho debatido,
relación, situación o posición jurídica para deducir una pretensión frente a alguien,
contemplándose los extremos de la relación procesal, esto es, el titular de la pretensión (parte
activa o demandante) y vinculado a ésta (parte pasiva o demandada) o, lo que es igual, la
coincidencia de los titulares de la relación jurídica sustancial y procesal debatida en juicio”
(se destaca). Sentencia del 19 de septiembre de 2009, M.P: William Namen Vargas, exp: 2003-
00318-01.
31 A cuyo tenor “Articulo 17. Fuerza de las sentencias judiciales - interpretación por vía de decisión o
de especie. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en
que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su
competencia por vía de disposición general o reglamentaria” (se destaca).
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 26 de
noviembre de 2009, C.P: Gerardo Arenas Monsalve, exp: 2005-00167-01.
33 Respecto de la identidad de objeto, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: “Identidad de
objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00596-00
Recurrente: José Mauricio Ordóñez Villamil
Opositores: Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
45. Por su parte, la Sección Segunda34 de esta Corporación ha explicado que: (i)
la identidad de objeto se refiere cuando sobre lo pretendido se presenta un derecho
reconocido, declarado o modificado respecto de una o varias cosas o frente a una
relación jurídica; (ii) para que exista identidad de causa petendi es necesario que la
correspondiente demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada tengan los
mismos fundamentos o hechos como sustento, y (iii) la similitud de partes se da
cuando al litigio concurren idénticos intervinientes que resultaron vinculadas y
obligadas por la providencia que constituye cosa juzgada.
46. En suma, la cosa juzgada como causal de revisión procura hacer eficaz la
unidad de jurisdicción dado que los fallos contradictorios generan incertidumbre en
la comunidad jurídica. Además, porque cuando se propicia la falta de certeza de la
decisión se afectan los principios fundantes de las sentencias, es decir, el carácter
inmutable, vinculante y definitivo de este tipo de providencias que se materializa en
que: (i) no pueden ser modificadas, ni siquiera por el mismo juez que la profirió; (ii)
son de obligatorio cumplimiento, y (iii) lo decidido no puede ser discutido
nuevamente en sede judicial.
Determinación respecto de la supuesta configuración de la cosa juzgada
frente a la sentencia censurada en el sub-lite
47. En criterio de la parte recurrente, el fallo censurado desconoció la sentencia
C-931 proferida el 29 de septiembre de 2004 por la Corte Constitucional, por lo que
la causal de revisión invocada se configuraba por las siguientes razones: (i) se
presentan dos fallos contradictorios, porque, aunque la citada Corporación dispuso
que era necesario restablecer la actualización plena del poder adquisitivo de los
servidores, en el fallo objeto de revisión se negaron las pretensiones que buscaban
el reajuste del salario y de la asignación de retiro del señor Ordóñez Villamil; (ii)
existe identidad de objeto, toda vez que los respectivos litigios se edificaron sobre
las mismas pretensiones, aunado a ello, hay similitud de partes y causa petendi, en
cuanto ambos procesos fueron promovidos por personas naturales contra entidades
estatales y los efectos erga omnes del precedente constitucional implican su
obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios judiciales, y (iii) la cosa
juzgada no se alegó como medio exceptivo en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
48. Por su parte, la Policía Nacional y Casur coincidieron en señalar que la
providencia invocada por el recurrente no tenía efectos de cosa juzgada en relación
con la sentencia controvertida y, en todo caso, por medio del recurso extraordinario
de revisión no es posible promover una tercera instancia del litigio de nulidad y
restablecimiento del derecho en el marco del cual se garantizó el debido proceso
la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no
fueron declarados expresamente (…)” (se resalta). Sala Tercera de Revisión, sentencia T-380 del 28
de junio de 2013, M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez, exp: T-3.806.497.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 10 de julio de 2024, C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar, exp: 2018-02464-01 (0245-
2023). Reiterada por la Subsección A en fallo del 12 de junio de 2025, C.P.: Jorge Iván Duque
Gutiérrez, exp: 2010-00152-03 (2889-2020).
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
del señor José Mauricio Ordóñez Villamil, quien tuvo la oportunidad de intervenir en
cada una de las fases procesales.
49. El Ministerio Público consideró que los proveídos señalados por el recurrente
son disímiles, en cuanto la sentencia C-931 fue dictada por la Corte Constitucional
en sede de control de abstracto, mientras que en el proceso ordinario solamente se
analizó la legalidad de los actos administrativos censurados. Aunado a ello, no
existe similitud de partes, toda vez que las correspondientes acciones fueron
promovidas por personas diferentes, por ende, lo que en realidad se busca vía
revisión es reabrir el debate del litigio declarativo, lo cual resulta ajeno al recurso
extraordinario de la referencia.
Decisión del cargo de revisión
50. La Sala determinará si se cumplen con los presupuestos que la ley exige para
que se configure la cosa juzgada, por ende, por cuestiones metodológicas, se
elabora el siguiente cuadro comparativo:
Requisito Proceso de nulidad y Acción pública de
restablecimiento del derecho inconstitucionalidad
con radicado 25000-23-42-000- expediente D-5125
2019-01067-01
Parte José Mauricio Ordoñez Villamil Rosalía Inés Jaramillo Murillo
demandante
Parte Nación-Ministerio de Defensa- N/A
demandada Policía Nacional y Casur
Objeto Obtener la nulidad de los Declarar la inconstitucionalidad
siguientes oficios: (i) S-2019– del artículo 2 de la Ley 848 de
001185 / ANOPA–GRULI–1.10 2003 “por la cual se decreta el
del 10 de enero de 2019, por Presupuesto de Rentas y
medio del cual se negó la Recursos de Capital y la Ley de
solicitud de reajuste de la Apropiaciones para la vigencia
asignación mensual pagada por fiscal del 1º de enero al 31 de
la referida entidad desde enero diciembre de 2004”.
de 2005, y (ii) E– 00001–
201904727–CASUR id 407070
del 6 de marzo siguiente, a
través del cual se resolvió de
manera desfavorable la petición
de reliquidación de la asignación
mensual de retiro junto con las
prestaciones sociales conforme
al IPC dejado de percibir entre
los años 1992 a 2004.
A título de restablecimiento del
derecho, pidió que se condenara
a la parte demandada a: (i)
reajustar el salario desde el 1 de
enero de 1992 al 31 de
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Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
diciembre de 2004, conforme al
IPC y la asignación básica de un
oficial en el grado de general o
almirante; (ii) pagar las
diferencias que se generen en su
favor hasta la fecha en la que él
se retiró de la institución policial;
(iii) reliquidar los salarios y
prestaciones sociales a partir del
2005, tomando el factor que
resulte más favorable entre la
inflación causada en el año
anterior y/o el decreto que
expidió el Gobierno Nacional; (iv)
realizar las respectivas
correcciones, adiciones o
modificaciones en la hoja de
servicios; (v) indexar las
correspondientes sumas; (vi)
100 smlmv por concepto de
perjuicio moral; (vii) por lucro
cesante las sumas retenidas
desde el 1 de enero de 2004 y
hasta la fecha en la que el señor
Ordóñez Villamil se retiró del
servicio, los intereses moratorios
y la sanción prevista en la Ley
244 de 1995; (viii) por daño
emergente el 30% del total de la
sentencia condenatoria, y (ix) las
costas generadas en el litigio.
Causa Se invocaron como normas Se adujo que la norma
petendi vulneradas las siguientes: (i) demandada desconocía el
artículos 4, 48, 53, 217, 218, Preámbulo y los artículos 1, 2, 3,
220, 230, 373 de la Constitución 13, 22, 25, 46, 48, 53, 67, 69, 85,
Política; (ii) 2 y 13 de la Ley 4 de 103, 334, 345, 346, 347, 366, 373
1992, y (iii) 271 de la Ley 1450 y 378 de la Constitución Política.
de 2011.
La demandante indicó que se
Como concepto de violación presenta una omisión legislativa,
señaló que el mantenimiento del en cuanto la Ley 848 de 2003 no
poder adquisitivo de las contiene las apropiaciones para
asignaciones de retiro y de las atender los ajustes salariales y
pensiones, están legalmente pensionales de quienes ganen,
ligadas al incremento de las por estos conceptos, más de 2
asignaciones en actividad para smlmv, lo que constituye una
cada grado, lo cual opera a partir violación del derecho a la
del 31 de diciembre de 2004, y igualdad.
desconoce el precedente
jurisprudencial de la Corte La accionante sostuvo que los
Constitucional de la sentencia C efectos de la citada ley
– 931 de 2004. implicaban el aumento en un 6%
de los salarios y pensiones de
Resaltó que los porcentajes de quienes devengaran hasta 2
los sueldos básicos de los smlmv, así como de la asignación
integrantes de la Fuerza Pública, mensual, entre otros, de los
fijados desde el 2004 mediante senadores, representantes,
el Decreto 4158 de 2004, se generales y almirantes de la
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conservan incólumes, lo cual Fuerza Pública.
significa que no podría En contraste, a los demás
producirse ningún ajuste que servidores y pensionados no se
tuviese como finalidad un les reajustaba su correspondiente
aumento en las remuneraciones asignación.
o aún el solo mantenimiento del
poder adquisitivo de las mismas. La actora señaló que el
fundamento para esta omisión
fue la propuesta que, sobre la
congelación de salarios y
pensiones que se incluyó en el
referendo realizado en 2003. Sin
embargo, dado que el
constituyente primario manifestó
su desacuerdo con tal
proposición, la norma
demandada desconoce la
eficacia jurídica de tal
manifestación.
51. Mediante sentencia C-931 de 2004, la Corte Constitucional resolvió lo
siguiente:
“Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en cuanto
prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación registrada para el
año 2003, a favor de aquellos servidores públicos que devengan hasta dos
salarios legales mínimos mensuales.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003
condicionado a que el Gobierno y el Congreso, al momento definir
concretamente cuál será la limitación del derecho a mantener el poder
adquisitivo real de los salarios de los servidores públicos que devengan más
de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la vigencia
presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales
recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente
Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para
mantener, en los términos de esta providencia, actualizados los salarios de los
servidores públicos de ingresos medio[s] o altos.
En consecuencia, ORDENA al Gobierno Nacional y al Congreso de la
República que con carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del ámbito
de sus competencias, tomen las medidas necesarias para realizar el pago de
los reajustes salariales de todos los servidores públicos cobijados por la ley de
presupuesto general de la Nación, antes de que expire la vigencia fiscal del año
2004. Para esos propósitos, deberán efectuarse las adiciones o traslados
presupuestales necesarios, antes de que expire dicha vigencia fiscal.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, con el
condicionamiento según el cual las autoridades competentes, es decir, el
Gobierno y el Congreso, deberán respetar el derecho de los pensionados a
mantener el poder adquisitivo real de la pensión, mediante su reajuste anual en
los términos del artículo 53 y del último inciso del artículo 48 de la Constitución
Política. En consecuencia, para esos propósitos el Gobierno Nacional y el
Congreso de la República, dentro de sus competencias, si aún no lo han hecho,
deberán efectuar las adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes
de que expire la vigencia fiscal de 2004.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00596-00
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
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Cuarto: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en el
entendido según el cual el rubro allí mencionado debe incluir las partidas
necesarias para mantener, cuanto menos, los niveles alcanzados de cobertura
y calidad del servicio público de educación superior, en los términos de la parte
motiva de la presente Sentencia. En consecuencia, el Gobierno Nacional y el
Congreso de la República, dentro de sus competencias, si aún no lo han hecho,
deberán efectuar las adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes
de que expire la vigencia fiscal de 2004.
Además, esto es sin perjucio (sic) de mantener la actualización de los salarios
de los servidores públicos de las universidades, teniendo en cuanta (sic) como
mínimo lo previsto en esta sentencia, en especial la consideración jurídica
3.2.11.8.4.
Quinto. Ordenar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que, en la
aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente al
año 2005, tengan en cuenta que al final de cuatrienio correspondiente a la
vigencia del actual Plan Nacional de Desarrollo, debe haberse reconocido la
actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario
de todos los servidores públicos, en los términos de la consideración jurídica
número 3.2.11.8.4. de la presente Sentencia”.
52. En la referida providencia, la Corte consideró que lo pretendido por el
Gobierno Nacional con el proyecto que dio origen a la Ley 848 de 2003, era: (i)
disminuir de manera permanente el nivel de gasto público, y (ii) reducir las
necesidades de financiación del presupuesto.
53. Al respecto, esa Corporación precisó que la política de congelación de
salarios del sector público superiores a 2 smlmv, contenida en el proyecto del
presupuesto general de la Nación para 2004, formaba parte de las propuestas
económicas del referendo, el cual no había tenido lugar para la fecha en la que se
radicó la ley ante el Congreso de la República. En ese sentido, explicó que, aunque
el Gobierno Nacional argumentó que lo pretendido era limitar el progresivo
incremento del déficit fiscal, no demostró que, desde el punto de vista constitucional,
dicha medida era imperiosa y por qué las características del diseño de tal limitación
eran constitucionales; de ahí que no se justificó la necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad de tal determinación.
54. A su vez, la Corte Constitucional indicó que el artículo acusado presentaba
una omisión legislativa relativa en materia de ajuste de pensiones, pues a partir de
una interpretación del artículo 2 de la citada ley concluyó que “el legislador previó la
congelación de las pensiones superiores a dos SLMM cobijadas por la Ley de
presupuesto. A esta conclusión llega también a partir de los antecedentes
legislativos del proyecto correspondiente en el Congreso de la República, que
revelan que el rubro que en este artículo se menciona fue calculado teniendo en
cuenta dicha congelación”. Por lo anterior, ese Tribunal advirtió que “el artículo 2°
de la Ley 848 de 2003 será declarado exequible, con el condicionamiento según el
cual las autoridades competentes, es decir, el Gobierno y el Congreso, deberán
respetar el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo real de la
pensión, mediante su reajuste anual en el mismo índice de la variación del I.P.C.
registrada para el año inmediatamente anterior”.
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de 2011)
55. A juicio de la Sala, de conformidad con el análisis precedente y las
consideraciones que la Corte Constitucional expuso en la sentencia C-931 de 2004,
no se configuran los presupuestos necesarios de la cosa juzgada, dado que, si bien
el fallo dictado en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad tiene efectos
erga omnes, lo cierto es que no existe identidad de partes, objeto ni de causa
petendi en los litigios.
56. Al respecto, resulta pertinente precisar que las sentencias que la parte
recurrente indicó como contradictorias y con base en las cuales fundó la
configuración de la causal octava de revisión, fueron proferidas en procesos de
naturaleza distinta, toda vez que la providencia objeto de controversia se profirió en
el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se discutía
la legalidad de actos administrativos particulares que negaron el reajuste salarial y
de la asignación de retiro de un servidor público, mientras que la sentencia C-931
fue dictada por la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de una
norma, lo cual evidencia que el objeto de cada una de dichas decisiones es
diferente.
57. En efecto, al resolver la acción pública de inconstitucionalidad, esa
Corporación centró su análisis en determinar si la facultad de congelar los salarios
y pensiones prevista por la Ley 848 de 2004 era acorde con la Constitución Política;
en cambio, en el fallo objeto de revisión se examinó si era posible o no reliquidar la
asignación mensual del señor José Mauricio Ordoñez Villamil conforme al IPC
dejado de percibir entre 1992 a 2004, así como el correspondiente reajuste frente a
la asignación de retiro, para lo cual se estableció que tal cálculo solo procedía frente
a los uniformados que se hubiesen retirado del servicio antes del 2004, lo cual no
ocurrió respecto del señor Ordóñez Villamil, quien para esa época todavía era parte
del personal activo de la Policía Nacional.
58. Aunado a ello, tampoco se observa que en la sentencia de constitucionalidad
se hubiese resuelto de manera expresa alguna situación particular frente al
recurrente que el ad quem debió tomar en consideración al dictar el fallo censurado.
Al respecto, la Sala no advierte que la Corte decidiera o hiciera alusión a la
posibilidad de reajustar una reliquidación de retiro en los términos solicitados en el
proceso ordinario en que se dictó la providencia objeto de revisión.
59. Bajo este contexto, la Sala considera que en realidad el recurrente disiente
del criterio jurídico expuesto por la Subsección B de la Sección Segunda en la
sentencia del 28 de septiembre de 2023 porque, a su juicio, debió accederse a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, por ende,
reliquidar la asignación mensual y reajustar la de retiro en los términos planteados
en el litigio declarativo, argumento que no abre paso a la revisión solicitada, en
cuanto el recurso extraordinario de la referencia no tiene como finalidad que se
concuerde con el razonamiento probatorio y/o jurídico propuesto por las partes.
60. Así las cosas, lo que se observa es una discrepancia de criterio de la parte
recurrente porque la providencia cuestionada resultó adversa a sus intereses, no
siendo este un motivo suficiente que amerite la intervención de esta Corporación
frente a la referida sentencia, pues, se insiste, tal propósito resulta ajeno al recurso
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00596-00
Recurrente: José Mauricio Ordóñez Villamil
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
de la referencia, el cual, dada su naturaleza excepcional, no fue creado para
instituirse como una instancia adicional dentro de los juicios ordinarios.
61. En un caso de similares características, en el que también se invocó la causal
de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 con
base en la sentencia C-931 de 2004, la Sala de lo Contencioso Administrativo
consideró lo siguiente:
“(…) 131. En este orden de ideas, la Sala observa que no se reúnen los
presupuestos que permitan concluir que se configura la causal invocada,
pues no se encuentra una violación al principio de cosa juzgada toda vez
que, si bien es cierto, la sentencia dictada en el marco de la acción pública
de inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes, también lo es que, no
existe identidad de partes, objeto y causa petendi en los referidos
procesos.
132. De otra parte, el recurso extraordinario de revisión carece de carga
argumentativa para sustentar la causal invocada, puesto que no presenta de
manera concreta alguna situación jurídica particular que haya sido objeto de
pronunciamiento de forma clara y expresa en la sentencia de la Corte
Constitucional y que, por tal motivo, justifique la necesidad de ser evaluada en
su caso concreto por parte de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado.
133. Sobre la base de este contexto, lo que se advierte es que el recurrente
pretende que a través de este mecanismo extraordinario se reabra el
debate para que se acceda a las pretensiones de la demanda formuladas
en el proceso ordinario, aspecto que resulta contrario a la misma
naturaleza de la causal, pues en el evento de encontrarse probada la figura de
la cosa juzgada, lo que procede es estarse a lo resuelto en la decisión que la
fundamenta, evento en el cual se infirma el fallo y se ordena dictar una nueva
providencia en esos términos (…)”35 (se destaca).
62. En suma, la parte recurrente no demostró la configuración de la causal
invocada –numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011- y, por ende, el recurso
extraordinario de revisión formulado por el señor José Mauricio Ordoñez Villamil
carece de fundamento y así se declarará.
Costas
63. De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 36,
en concordancia con el artículo 365 del CGP, se condenará en costas cuando se
declare infundado el recurso extraordinario de revisión, tal como ocurrió en este
asunto.
64. En lo relacionado con las agencias en derecho como elemento integrante de
las costas, la Sala advierte que el Consejo Superior de la Judicatura, en el numeral
35 Sala Especial de Decisión 6, sentencia del 16 de julio de 2025, C.P.: Omar Joaquín Barreto Suárez,
exp: 2025-00594 (RER).
36 “Artículo 255. Sentencia. (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021) Vencido
el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará
en costas y perjuicios al recurrente” (se destaca).
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
9 del artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 201637, fijó las tarifas frente a los
recursos extraordinarios de revisión entre 1 y 20 smlmv.
65. En el sub lite la Policía Nacional y Casur comparecieron ante esta
Corporación en sede extraordinaria mediante sus correspondientes apoderados
judiciales, quienes tuvieron a su cargo la vigilancia del proceso y desplegaron
actuaciones como las relacionadas con la oposición del recurso extraordinario de
revisión. Además, aunque el escrito allegado por el Ministerio de Defensa se
declaró extemporáneo, lo cierto es que esa entidad confirió poder a una abogada
para que la representara en el sub lite, por lo que la fijación de agencias en derecho
resulta procedente incluso respecto de la citada cartera ministerial38.
66. Así las cosas, a cargo de la parte recurrente, se fijan las agencias en derecho
en un (1) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, suma que se
reconocerá a favor del Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Casur, por lo que el
referido monto se dividirá en tres (3) partes iguales.
67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por el señor José Mauricio Ordóñez Villamil contra la sentencia de
segunda instancia dictada el 28 de septiembre de 2023, por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2019-01067-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, señor José Mauricio
Ordóñez Villamil, las cuales serán liquidadas por la Secretaría General del Consejo
de Estado, teniendo en consideración las expensas demostradas en el proceso.
Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente se fija el monto
equivalente a un (1) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a favor del
Ministerio de Defensa-Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, para lo cual la referida suma de dinero se dividirá en tres (3) partes
iguales.
37 El recurso de revisión se presentó el 12 de septiembre de 2024, fecha posterior a la entrada en
vigor del Acuerdo 10554 de 2016.
38 Criterio que ha reiterado la Sala Veinticinco Especial de Decisión en las sentencias de 6 de marzo
de 2018, exp: 201501542 (REV) y 201602187 (REV) y sentencia de 2 de julio de 2019, exp:
20160292900 (REV).
17
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00596-00
Recurrente: José Mauricio Ordóñez Villamil
Opositores: Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
TERCERO: Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho del
consejero ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en
costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento parcial de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Con salvamento parcial de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILSON RAMOS GIRÓN
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
18
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